DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, No. de publicación 070/2026, Ciudad de México, miércoles 25 de marzo de 2026. Incluye el ACUERDO del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas por el que se aprueba la actualización del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como la modificación a los Lineamientos del Protocolo de Alerta Común (CRT), la Sentencia en la Acción de Inconstitucionalidad 194/2024 (SCJN), Acuerdos del INE y diversos avisos y convocatorias

La Plataforma Única de Identidad (PUI) se define como una herramienta tecnológica interconectada que opera de forma permanente y en tiempo real para realizar 'búsquedas continuas' de coincidencias entre el RNPDNO, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, el Banco Nacional de Datos Forenses, Registros Administrativos con datos biométricos, y 'cualquier registro, base o sistema de información de particulares' (financieros, transporte, salud física y mental, telecomunicaciones, educación, asistencia privada, paquetería, registros patronales y de seguridad social, religiosos, centros de adicciones, etc.). Aunque no se nombra 'inteligencia artificial', un sistema que realiza confronta/cruce continuo y automatizado de millones de registros biométricos e identitarios (vinculado además a la CURP biométrica del RENAPO) es funcionalmente un sistema de matching/identificación que casi inevitablemente incorpora o incorporará técnicas algorítmicas de comparación biométrica y de detección de coincidencias. RIESGOS: R3 (privacidad) por el procesamiento masivo de datos personales y biométricos sensibles de toda la población sin consentimiento individual, con interconexión obligatoria de bases públicas y privadas. R9 (vigilancia) porque la misma infraestructura -consulta en tiempo real, geolocalización, interoperabilidad total de registros estatales- es la arquitectura técnica de un sistema de vigilancia poblacional que, sin controles, puede desviarse a fines distintos a la búsqueda. R2 (sesgo) porque las coincidencias automáticas pueden producir falsos positivos/negativos que afectan a personas vulnerables (migrantes, personas en situación de calle, indígenas) cuyos datos son menos consistentes. GAPS: el texto invoca el principio pro persona y 'diseño descentralizado' y remite a 'reglamento y lineamientos' del RENAPO para mecanismos mínimos de seguridad, gestión y control de accesos y trazabilidad, pero NO define umbrales de coincidencia, no exige auditoría algorítmica independiente, no prevé revisión humana obligatoria de los 'positivos', ni evaluación de impacto algorítmico/en derechos, ni límites técnicos al uso secundario de la plataforma. CONTEXTO MEXICANO: capacidad de enforcement limitada del órgano garante (el INAI fue extinto; ver H6), historial de uso indebido de bases de datos estatales, y un universo de datos biométricos (CURP biométrica) recién creado y de calidad heterogénea.

El Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI) se define como el sistema en el que 'se integran y confrontan rutinariamente todos los registros relevantes' y al que deben enlazarse las bases de las autoridades informadoras 'para posibilitar su cotejo completo, rutinario y automatizado'. La 'Búsqueda Generalizada' es, textualmente, el cotejo masivo y rutinario del RNPDNO contra registros de albergues, hospitales psiquiátricos, centros de adicciones, Registro Nacional de Detenciones, fosas comunes, actas de defunción del RENAPO, etc. Esto es procesamiento automatizado masivo de datos personales y biométricos a escala nacional. RIESGOS: R3 y R9 por las mismas razones que H1 (cotejo masivo automatizado de poblaciones enteras, incluidas personas detenidas, internadas o en situación de calle). R1 (errores) porque el 'cotejo automatizado' que arroja 'positivos o posibles positivos' puede equivocarse: confundir identidades, generar falsas localizaciones/identificaciones de cuerpos, con consecuencias irreversibles (cambio de estatus jurídico de una persona a 'fallecida', restitución errónea de restos -el propio Protocolo prevé el supuesto de identificación errónea-). GAPS: el texto ordena cotejo 'automatizado y rutinario' pero deja la 'interoperabilidad' a lineamientos del Comité del SUITI por definir; no fija estándares de exactitud, tasas máximas de error aceptables, ni protocolos de validación científica de los algoritmos de confronta; la verificación humana del 'positivo' se menciona en algunos métodos pero no como salvaguarda algorítmica general. CONTEXTO MEXICANO: enorme volumen de personas desaparecidas y de cuerpos no identificados; recursos forenses y de cómputo desiguales entre entidades; riesgo de que la automatización se trate como infalible ('automation bias') por falta de capacidad para verificar.

El Protocolo incorpora expresamente el 'reconocimiento facial', el cotejo dactiloscópico y genético, la 'reconstrucción facial' y la 'progresión/regresión de edad' de imágenes como técnicas de identificación humana, y ordena confrontar 'rutinariamente' dictámenes integrados (genéticos, dactiloscópicos, faciales) contra la información de personas desaparecidas, cargándolos al Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) y al RNPFNINR. El reconocimiento facial, la comparación de rasgos y las progresiones/reconstrucciones de edad son tareas que en la práctica moderna se realizan con sistemas algorítmicos/IA de visión por computadora. RIESGOS: R3 por el tratamiento de biometría facial y genética sensible y su retención/centralización indefinida. R1 por la conocida tasa de error del reconocimiento facial, especialmente en cuerpos/restos deteriorados y en poblaciones diversas, lo que puede llevar a identificaciones erróneas (con el daño de notificar una muerte falsa o restituir restos equivocados). GAPS: no se establecen requisitos de validación, umbrales, ni la obligatoriedad de que el reconocimiento facial sea solo una hipótesis sujeta a confirmación por métodos primarios (genética/dactiloscopia); no se regula el uso del repositorio biométrico facial para fines distintos a la identificación de personas desaparecidas. CONTEXTO MEXICANO: la creación de grandes repositorios biométricos (CURP biométrica, BNDF) sin un órgano garante robusto incrementa el riesgo de uso secundario y de errores no auditables.

La 'Búsqueda por Patrones' y el 'análisis de contexto' consisten en producir, recopilar y procesar sistemáticamente grandes volúmenes de información (incluidos medios de comunicación, redes sociales, motores de búsqueda, expedientes, registros forenses y de inteligencia) para 'identificar patrones', 'asociar casos' y formular hipótesis. El propio Protocolo prevé que las comisiones puedan emitir 'alertas por municipio, entidad o región' presumiendo la comisión de delitos cuando ciertos 'atributos de las personas operan como factores de vulnerabilidad'. Estas tareas de minería de datos, asociación de casos y perfilamiento por atributos son precisamente el tipo de funciones donde se aplican o se aplicarán técnicas de analítica predictiva/IA, aun cuando hoy se realicen de forma mixta. RIESGOS: R9 porque integra inteligencia, fuerzas armadas (SEDENA/SEMAR), análisis de redes sociales y de archivos de inteligencia bajo un mismo flujo de información, con riesgo de derivar en vigilancia de poblaciones o de disidencia. R2 porque emitir alertas/presunciones a partir de 'atributos' (género, etnia, ocupación, condición migratoria) es perfilamiento que puede estigmatizar o discriminar a grupos enteros. R3 por el rastreo de redes sociales y agregación de datos de fuentes abiertas. GAPS: aunque el Protocolo prohíbe usar los atributos para 'culpabilizar, estigmatizar, criminalizar', no regula la herramienta analítica en sí: no exige transparencia metodológica, ni controles sobre eventual uso de IA para asociación de casos o analítica predictiva, ni salvaguardas frente al perfilamiento de grupos. CONTEXTO MEXICANO: el análisis de contexto tiene una finalidad legítima y garantista (derecho a la verdad), pero la misma capacidad puede ser dual; debe distinguirse el uso humanitario del uso de inteligencia/seguridad.

El 'rastreo remoto' obliga a consultar 'en tiempo real' sistemas informáticos, 'sistemas centralizados de videovigilancia' (tipo C5), y a solicitar a concesionarios la 'localización geográfica en tiempo real' del dispositivo de la persona, así como sábanas de llamadas georreferenciadas, datos conservados, registros bancarios (SIARA), telepeaje y arcos carreteros. Estas capacidades -reconocer recorridos en video centralizado, geolocalizar líneas y dispositivos- se apoyan crecientemente en analítica de video y de datos (visión por computadora, analítica de localización), funcionalmente próximas a la IA aunque el texto no la nombre. RIESGOS: R3 por la geolocalización en tiempo real y el acceso a datos de telecomunicaciones, financieros y de desplazamiento de una persona. R9 porque la infraestructura de videovigilancia centralizada y de geolocalización es la misma que sostiene la vigilancia masiva; el Protocolo además permite, en casos urgentes, ordenar la localización en tiempo real con control judicial ex post (no previo). GAPS: el control judicial ex post facto reduce la garantía previa; no se regulan los sistemas de analítica de video que harían viable 'rastrear recorridos' en grabaciones masivas; no se fijan plazos de retención ni límites al cruce de datos de localización. CONTEXTO MEXICANO: finalidad humanitaria legítima (urgencia de la búsqueda), pero con riesgo de normalizar el acceso a geolocalización y videovigilancia sin orden judicial previa.

El Acuerdo INE/CG51/2026 documenta que, tras la reforma de simplificación orgánica que extinguió al INAI y a los organismos garantes locales, las nuevas funciones de autoridad garante en protección de datos personales se reparten (en el caso del INE, respecto de partidos políticos). Esto NO trata de IA directamente, pero es un GAP estructural de gran relevancia para todos los demás hallazgos de esta edición: la infraestructura de tratamiento masivo de datos personales y biométricos descrita en el Protocolo de Búsqueda (PUI, SUITI, BNDF, CURP biométrica) entra en operación justo cuando el órgano garante nacional especializado e independiente (INAI) ha desaparecido y sus facultades se han fragmentado entre sujetos obligados. RIESGOS: R3 por debilitamiento de la supervisión independiente sobre el tratamiento masivo de datos personales del Estado, lo que reduce los contrapesos frente a sistemas de identificación/vigilancia. GAPS: no existe en estos documentos un mandato de supervisión independiente y especializada sobre los sistemas algorítmicos/biométricos del Estado. CONTEXTO MEXICANO: la pérdida del órgano garante autónomo agrava todos los riesgos de privacidad y vigilancia identificados, al reducir la capacidad institucional de auditar y sancionar.

Dentro del listado tarifario de mostradores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aparece, como servicio cobrable a los transportistas aéreos, el de 'Lectores de reconocimiento facial' (y 'Lectores de reconocimiento documental'). Esto evidencia el despliegue normalizado de reconocimiento facial biométrico para la documentación de pasajeros en infraestructura aeroportuaria, sin que el aviso establezca salvaguarda alguna. RIESGOS: R3 por captura y tratamiento de biometría facial de pasajeros (potencialmente sin consentimiento informado real ni base de licitud clara). R2 porque los sistemas de reconocimiento facial presentan tasas de error diferenciadas por género y fenotipo, pudiendo afectar el embarque/documentación de ciertos grupos. GAPS: el instrumento es meramente tarifario y no regula el reconocimiento facial; no hay mención de consentimiento, retención, exactitud, ni órgano supervisor. CONTEXTO MEXICANO: despliegue de biometría facial en un aeropuerto estatal sin marco específico de IA biométrica ni supervisión robusta tras la extinción del INAI.

Las convocatorias de plazas del Servicio Profesional de Carrera prevén que la primera etapa del proceso de selección es una 'Revisión curricular de forma automatizada' a través del sistema TrabajaEn, que descarta aspirantes antes de cualquier intervención humana. El filtrado automatizado de candidatos a empleo público es un caso de toma de decisiones automatizada sobre acceso a oportunidades laborales. RIESGOS: R2 porque el cribado automatizado puede descartar personas por criterios formales o por sesgos en la codificación de requisitos, sin posibilidad de matización; afecta el acceso a empleo público. R7 en su vertiente de automatización de tareas administrativas de selección. GAPS: la convocatoria no informa los criterios algorítmicos del descarte automatizado, no prevé revisión humana del filtrado ni mecanismo de impugnación específico de esa etapa. CONTEXTO MEXICANO: el cribado automatizado en empleo público debe ser transparente y revisable para no excluir injustamente a aspirantes; el riesgo es de severidad media por tratarse de criterios curriculares relativamente objetivos, pero amerita salvaguardas mínimas.

El Acuerdo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones modifica el Protocolo de Alerta Común basado en Cell Broadcast Service (CBS), que permite difundir mensajes de alerta de nivel 1 ('Alerta Máxima' / equivalente a 'Presidential/National Alert') a todos los equipos móviles en un área, sin posibilidad de exclusión voluntaria para el nivel 1, alimentado por 'diferentes Sistemas de Monitoreo' y con 'segmentación geográfica'. Aunque la modificación concreta solo ajusta el título/descripción del mensaje, la infraestructura subyacente es un sistema de notificación masiva unidireccional gubernamental con monitoreo y segmentación geográfica. RIESGOS: R9 (potencial) porque un canal de difusión masiva obligatorio operado por el Estado, integrado a 'sistemas de monitoreo', es una herramienta de comunicación masiva que en abstracto podría usarse para fines de control o persuasión si no se delimita estrictamente a emergencias. R3 por la segmentación geográfica de destinatarios. GAPS: el instrumento se ciñe a estándares técnicos (ETSI/CAP) y no contempla riesgos de IA; el riesgo es bajo-medio y principalmente de gobernanza (límites de uso y transparencia de los 'sistemas de monitoreo'). CONTEXTO MEXICANO: el alertamiento de emergencia es legítimo y valioso; el riesgo es marginal y se incluye por completitud (segmentación geográfica + canal obligatorio).