Diario Oficial de la Federación, No. de publicación 102/2026, Ciudad de México, viernes 24 de abril de 2026 (Edición Matutina)

El Reglamento crea y profesionaliza un cuerpo de 'Agentes de Investigación e Inteligencia' de la SSPC cuya función se ejerce 'con base en la inteligencia, la información estratégica, el análisis... y el aprovechamiento de tecnología informática'. En la práctica contemporánea, la inteligencia policial y el 'análisis' a gran escala se apoyan en sistemas de analítica de datos, cruce masivo de bases, análisis predictivo de criminalidad y herramientas de IA, aunque el texto no los nombra. El Reglamento también ordena (Art. 31) un 'sistema informático llamado Kardex electrónico' que concentra datos sociodemográficos, de salud y profesionalización del personal, y (Art. 29) la generación de la Clave Única de Identificación Permanente (CUIP) y el alta en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. RIESGOS: R9 (Vigilancia autoritaria): un cuerpo de inteligencia que opera sobre 'tecnología informática', 'análisis' e 'información estratégica' es el dominio típico donde se despliega vigilancia masiva, análisis predictivo y cruce de bases de datos. El instrumento no fija controles democráticos, límites al uso de IA, ni requisito de orden judicial para análisis de datos personales de terceros. R3 (Privacidad): el Kardex electrónico y la CUIP implican concentración de datos personales y potencialmente biométricos (la CUIP del SNSP se asocia a datos biométricos del personal de seguridad), sin que el Reglamento detalle salvaguardas de minimización, retención o auditoría. R2 (Sesgo): la 'certificación individual', el 'control de confianza' y el 'Diagnóstico de Necesidades de Capacitación' mediante 'análisis de distintas fuentes de información' pueden apoyarse en herramientas automatizadas de scoring del personal, sin garantías de no discriminación ni de revisión humana. GAPS: no se menciona IA ni analítica de datos, no hay evaluación de impacto en derechos humanos ni en privacidad, no se prevé supervisión del INAI/órgano garante sobre el cruce de bases, ni controles sobre el uso de inteligencia automatizada por un cuerpo especializado de investigación. CONTEXTO MEXICANO: capacidad limitada de control externo sobre cuerpos de inteligencia; historial de uso indebido de herramientas de vigilancia (p. ej. Pegasus) contra periodistas y defensores; la opacidad de los sistemas de inteligencia eleva el riesgo de abuso.

El Plan implementa el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero (VMRE) incluyendo la modalidad de voto electrónico por internet a través del Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI), regida por los Lineamientos del voto electrónico por internet (LOVEI), además de urnas electrónicas y voto postal. Una sentencia del TEPJF (SUP-JDC-1076/2021) ordenó al INE 'explorar las herramientas' y valorar 'si en las sedes diplomáticas se instalan urnas electrónicas o si se adecuan espacios para que las y los connacionales puedan ejercer su voto en la modalidad electrónica'. RELEVANCIA PARA IA Y TECNOLOGÍA DE ALTO RIESGO: R3 (Privacidad): el voto por internet implica autenticación remota de identidad de la persona votante y el manejo de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero; los sistemas modernos de autenticación remota recurren a verificación biométrica/facial y análisis automatizado de identidad, con riesgo de procesamiento de datos sensibles sin salvaguardas explícitas. R4 (Integridad electoral/desinformación): los canales digitales de votación y promoción del voto en el extranjero son superficie de ataque para suplantación de identidad, manipulación e influencia algorítmica; la integridad y secrecía del voto electrónico es un punto crítico para la confianza democrática. GAPS: el Acuerdo no aborda los riesgos de IA asociados a la autenticación remota (verificación facial/biométrica), ni la posibilidad de contenido sintético/deepfakes en campañas dirigidas al electorado en el extranjero, ni auditoría algorítmica del SIVEI por terceros independientes. CONTEXTO MEXICANO: el voto electrónico por internet es un terreno especialmente sensible en un país con alta polarización; la dependencia de proveedores tecnológicos y la verificación remota de identidad de millones de connacionales exigen estándares estrictos de ciberseguridad, transparencia y auditabilidad.

El Programa Institucional del CFCRL prevé de forma explícita el uso de 'inteligencia artificial' y 'analítica predictiva' en la justicia laboral, así como 'verificación automatizada de la documentación relativa al registro de asociaciones, contratos colectivos y reglamentos interiores' e 'integración de herramientas automatizadas para el análisis predictivo y la eficiencia operativa' (Objetivo 2). Además contempla un 'sistema de monitoreo y mejora continua', interoperabilidad de padrones entre el CFCRL, el Poder Judicial y otras autoridades, conexiones para 'compartir información en tiempo real' con la STPS y autoridades locales, validación automatizada contra bases de datos oficiales, y un 'asistente virtual (chatbot)' para orientación. RIESGOS: R2 (Discriminación/sesgo): el análisis predictivo y la verificación automatizada de registros sindicales y contratos colectivos pueden incorporar sesgos que afecten el reconocimiento de sindicatos, la validación de documentos o el perfilamiento de casos. El Programa reconoce que los grupos vulnerables (sector informal, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad) 'suelen quedar excluidos', y la automatización podría amplificar esa exclusión (p. ej. brecha digital frente a plataformas). R1 (Errores): la 'verificación automatizada' y la 'reducción de errores' por automatización pueden generar falsos rechazos/aprobaciones de registros con efectos jurídicos sobre derechos colectivos; no se prevé revisión humana obligatoria ni mecanismo de impugnación específico ante decisiones automatizadas. R7 (Desplazamiento laboral): la digitalización y automatización de procesos en una institución pública apunta a 'reducir tiempos y costos operativos que implican los trámites manuales', con potencial reconfiguración/reducción de plazas humanas. GAPS: aunque el Programa cita la Ley General de Protección de Datos Personales y la ciberseguridad, no establece auditoría de sesgo, transparencia algorítmica, derecho a explicación, ni revisión humana de decisiones automatizadas en materia de justicia laboral. CONTEXTO MEXICANO: el Nuevo Sistema de Justicia Laboral atiende a poblaciones con alta informalidad y brecha digital; automatizar el acceso a la justicia laboral sin salvaguardas puede profundizar desigualdades en el ejercicio de derechos colectivos.

El Programa del CENAM reconoce explícitamente la adopción de IA e IoT en la Industria 4.0 y la 'automatización industrial', y plantea 'Desarrollo de herramientas informáticas e inteligencia artificial que ayude a procesos de medición confiables y eficientes', así como capacidades de prueba para 'seguridad vehicular, aeronaves y drones' y monitoreo remoto multiparamétrico. Se inscribe en la política nacional de 'Digitalización más grande de la historia' y de hacer de México 'potencia tecnológica y de innovación'. RIESGOS: R7 (Desplazamiento/transición laboral): el propio documento identifica una 'brecha de habilidades' por la automatización e IA en la manufactura avanzada y el nearshoring; sin programas de reconversión laboral, esto puede desplazar trabajadores poco calificados. R10 (Concentración/dependencia tecnológica): la manufactura avanzada con IA, robótica e IoT depende de proveedores y plataformas extranjeras; el fortalecimiento de capacidades nacionales de metrología es positivo pero el riesgo de dependencia tecnológica persiste. NIVEL DE EVIDENCIA: mención explícita pero de carácter diagnóstico/aspiracional (planeación), no regula sistemas concretos de IA en operación; severidad media y monitoreo recomendado. CONTEXTO MEXICANO: el nearshoring concentra empleo de alta tecnología; la metrología es habilitadora pero la política industrial debe acompañarse de reconversión laboral y de desarrollo de capacidades nacionales para reducir dependencia.

Los tres Convenios FASP 2026 destinan recursos federales y estatales a 'Programas con Prioridad Nacional' de seguridad pública, cuyo detalle se remite a un 'anexo técnico' que NO se publica en el cuerpo del DOF (se difunde en páginas de internet). Históricamente, estos Programas con Prioridad Nacional financian infraestructura de videovigilancia (C5/C4), plataformas de interconexión de bases de datos (Plataforma México), sistemas biométricos y tecnologías de monitoreo. RIESGO/GAP: al no publicarse el anexo técnico, el DOF regula el flujo de cientos de millones de pesos a tecnología de seguridad sin transparencia sobre si incluye videovigilancia con reconocimiento facial, análisis de datos masivos o sistemas predictivos. Esto constituye un gap de transparencia y de control: R3 (privacidad por posible videovigilancia/biometría) y R9 (vigilancia) quedan sin escrutinio público en el instrumento publicado. NIVEL DE EVIDENCIA: implícito débil; el riesgo depende del contenido del anexo técnico no publicado. Se recomienda monitoreo. CONTEXTO MEXICANO: la opacidad de los anexos técnicos del FASP dificulta el control ciudadano sobre la adquisición de tecnología de vigilancia por entidades federativas.

Esta publicación es una 'Aclaración' (correcciones de redacción) al Acuerdo General que regula el expediente electrónico judicial federal, el Portal de Servicios en Línea, la firma electrónica y el uso de videoconferencias. Aunque el acto publicado es menor, expone un dominio de alto riesgo para la IA: la digitalización de expedientes judiciales y de audiencias por videoconferencia es la antesala de la incorporación de herramientas de clasificación automática, transcripción, búsqueda y eventual apoyo algorítmico a la decisión judicial. RIESGO/GAP: el marco del expediente electrónico no menciona límites al uso de IA en el procesamiento de expedientes ni en audiencias por videoconferencia (transcripción/identificación automatizada). R1 (errores) y R3 (privacidad de datos sensibles en expedientes y grabaciones) son riesgos latentes si se introducen sistemas automatizados sin salvaguardas. NIVEL DE EVIDENCIA: implícito débil (gap potencial); el documento en sí solo corrige texto. Se recomienda monitoreo del Acuerdo General de fondo. CONTEXTO MEXICANO: la reforma judicial y la digitalización de expedientes crean presión por eficiencia que podría incentivar el uso de IA sin un marco de garantías de debido proceso.

Además de la automatización del registro y la conciliación (H3), el Programa del CFCRL contempla expresamente la 'votación electrónica' sindical y el 'Fortalecimiento del Sistema de Verificación' de la voluntad de las personas trabajadoras 'mediante plataformas digitales seguras, auditables', con 'supervisión y monitoreo presencial o vía electrónica de los procedimientos de democracia sindical' y la verificación remota de la documentación (RENPE) para acreditar personalidad. Este es un dominio electoral/de votación interno (legitimación de contratos colectivos, elección de dirigencias sindicales) tan sensible como el voto político. RIESGOS: R4 (Integridad del voto sindical/desinformación): el voto y la consulta sindical electrónica son superficie de manipulación, suplantación e influencia; la integridad y secrecía del voto de las personas trabajadoras es crítica frente a la histórica injerencia patronal y prácticas de 'simulación de votaciones' que el propio Programa reconoce. Una plataforma de votación/verificación sin auditoría algorítmica independiente y verificabilidad de extremo a extremo abre la puerta a impugnaciones y a pérdida de confianza. R3 (Privacidad): el sistema de verificación y la confronta de padrones de personas trabajadoras (incluida la validación remota del RENPE y la 'conexión en tiempo real' con la STPS y autoridades locales) implica el tratamiento de datos sensibles (afiliación sindical, sentido del voto) cuya exposición puede derivar en represalias laborales. R1 (Errores): fallos del sistema de verificación o de la votación electrónica pueden invalidar consultas, registrar erróneamente la voluntad colectiva o excluir votos legítimos, con efectos jurídicos sobre derechos colectivos. GAP: el Programa promete plataformas 'seguras y auditables' pero no fija auditoría independiente de los componentes algorítmicos, verificabilidad de extremo a extremo del voto sindical, ni salvaguardas específicas de secrecía frente a la interoperabilidad con otras autoridades. CONTEXTO MEXICANO: la legitimación de contratos colectivos bajo la Reforma Laboral de 2019 ha sido un terreno de disputa con riesgo de injerencia patronal y de sindicatos de protección; trasladar la democracia sindical a plataformas electrónicas sin estándares estrictos de auditabilidad y secrecía puede reproducir digitalmente esos vicios.