Diario Oficial de la Federación, No. de publicación 122/2026, Ciudad de México, martes 12 de mayo de 2026, Edición Matutina (incluye convenios de subsidio para búsqueda de personas, convenios FASP de seguridad pública, acuerdos de aumento de capital de NAFIN y BANJERCITO, convenios de inspección agropecuaria SENASICA, convenio específico de salud pública, actualización del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, declaraciones de indicaciones geográficas, acuerdos y sentencia de la SCJN, indicadores del Banco de México y acuerdos del INE sobre tiempos en radio y televisión y la Estrategia contra la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género)

El convenio faculta a la CNBP para realizar identificación humana forense 'desde la perspectiva individualizada o generalizada a través de un enfoque masivo o a gran escala'. La identificación humana masiva (cotejo de perfiles genéticos, dactiloscópicos, dentales o biométricos contra bancos de datos como el Banco Nacional de Datos Forenses, RENAPO o registros de personas desaparecidas) es un dominio donde, en la práctica, se emplean o se emplearán herramientas algorítmicas de cotejo, matching biométrico y priorización de coincidencias. 1) Relevancia para IA: el procesamiento 'a gran escala' de datos altamente sensibles (genéticos, biométricos) de víctimas, familiares y población es un terreno típico de sistemas automatizados de matching. 2) Riesgos: falsos positivos/negativos en la identificación (R3 sobre datos sensibles; potencial R1 si se delega sin verificación pericial humana) y sesgos en la priorización o en la calidad de los datos de poblaciones marginadas (R2). 3) Gap regulatorio: el convenio NO menciona criterios de validación humana pericial obligatoria, auditoría, trazabilidad ni salvaguardas específicas para el tratamiento masivo y automatizado de datos genéticos/biométricos forenses. 4) Contexto mexicano: alta cifra de personas desaparecidas, capacidades forenses dispares entre entidades y antecedentes de errores de identificación elevan el riesgo de revictimización.

Los cuatro convenios FASP 2026 transfieren montos muy elevados (cientos de millones de pesos por entidad) para financiar 'Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional', cuyo detalle queda remitido a anexos técnicos no publicados en esta edición. Históricamente, estos Programas con Prioridad Nacional incluyen sistemas de videovigilancia, centros C2/C4/C5, plataformas de análisis de información, bases de datos criminales interconectadas (Plataforma México) y, crecientemente, capacidades de reconocimiento facial, lectura de placas y analítica de video. 1) Relevancia para IA: el gasto de seguridad pública es la principal vía por la que el Estado mexicano adquiere e implanta tecnología de vigilancia que puede incorporar IA, aunque el texto del convenio no lo nombre. 2) Riesgos: vigilancia masiva y monitoreo poblacional sin control judicial (R9) e invasión de privacidad por procesamiento masivo de datos personales/biométricos (R3). 3) Gap regulatorio: el convenio no establece salvaguardas, transparencia algorítmica, límites de uso, auditoría ni controles democráticos sobre las tecnologías que se adquieran con estos recursos; la cláusula de transparencia solo cubre montos y desempeño financiero, no el diseño tecnológico ni su impacto en derechos. 4) Contexto mexicano: capacidad de supervisión heterogénea entre entidades y debilidad de contrapesos elevan el riesgo de abuso.

La Estrategia del INE reconoce explícitamente como eje temático la violencia política contra las mujeres en razón de género 'en medios de comunicación y plataformas digitales', y la define como susceptible de cometerse por 'medios de comunicación o particulares'. La violencia política digital de género se produce y amplifica en plataformas cuyos sistemas algorítmicos de recomendación y distribución (R8) potencian contenidos divisivos, y puede valerse de contenido sintético/manipulado (deepfakes, imágenes degradantes generadas por IA) dirigido contra mujeres en política (R4). 1) Relevancia para IA: la prevención y atención efectiva de la VPMRG digital depende cada vez más de la dinámica algorítmica de las plataformas y, eventualmente, de herramientas de monitoreo y detección que el INE podría desplegar. 2) Riesgos: amplificación algorítmica de violencia digital de género (R8) y uso de contenido sintético/manipulado para agredir a mujeres candidatas o funcionarias (R4). 3) Gap regulatorio: la Ruta es un instrumento de planeación y presupuesto; no aborda la responsabilidad de las plataformas digitales, ni la detección de contenido sintético, ni criterios para un eventual monitoreo de redes que respete la privacidad (R3). 4) Contexto mexicano: brecha digital, baja denuncia y limitada capacidad institucional dificultan atender la violencia digital de género a la velocidad de su difusión algorítmica.

La Ruta del INE invoca como antecedente operativo dos mecanismos de verificación masiva de elegibilidad de candidaturas: la “Medida 8 de 8 contra la violencia” (que constata que las personas candidatas no hayan incurrido en delitos contra la libertad sexual, violencia familiar, VPMRG o ser deudoras alimentarias morosas) y el “Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de VPMRG”. Estos mecanismos implican el cruce/confronta de los datos de miles de aspirantes contra registros de sentencias, sanciones y padrones (judiciales, deudores alimentarios, registros de personas sancionadas), una tarea que en la práctica se automatiza o se automatizará para resolverse en los plazos electorales. 1) Relevancia para IA: la verificación a escala de elegibilidad mediante cruce automatizado de padrones y registros de sancionados es un caso clásico de toma de decisiones automatizada sobre acceso a un derecho (la candidatura), aunque el texto no nombre la tecnología. 2) Riesgos: errores de identidad/homonimia y falsos positivos que nieguen indebidamente el registro de una candidatura (R2, decisión automatizada sobre acceso a oportunidad política, sin mecanismo de impugnación explícito en el texto); y tratamiento de datos personales sensibles (antecedentes penales, situación de deudor alimentario, registros de violencia) sin salvaguardas específicas de minimización ni de decisión humana revisable (R3). 3) Gap regulatorio: el instrumento no establece criterios de validación humana, trazabilidad, auditoría ni derecho de impugnación frente a un resultado de cruce de padrones que niegue la elegibilidad; tampoco aborda la calidad/actualización de los registros confrontados. 4) Contexto mexicano: registros judiciales y administrativos dispersos, de calidad heterogénea y con homonimias frecuentes, elevan el riesgo de exclusión errónea de candidaturas, con impacto directo en derechos político-electorales.