Diario Oficial de la Federación, No. de publicación 114/2026, Ciudad de México, miércoles 6 de mayo de 2026 (Edición Matutina)

El Acuerdo formaliza la operación del Sistema del Voto Electrónico por Internet (SIVEI) para una prueba piloto de Voto Anticipado por Internet dirigida a ciudadanía con discapacidad y personas cuidadoras primarias en Coahuila (PEL 2025-2026). Aunque el acuerdo se centra en designar a las cinco personas custodias de la llave criptográfica de descifrado, el sistema subyacente es una infraestructura tecnológica electoral crítica que emite, cifra, transmite por Internet, almacena ('bóveda de votos') y computa votos en dispositivos personales. RELEVANCIA PARA IA Y TECNOLOGÍA: El SIVEI es un sistema digital crítico cuya integridad depende de software, criptografía y validación automatizada de votos y de identidad del votante. Sistemas de voto por Internet incorporan crecientemente componentes de autenticación biométrica/remota, detección automatizada de anomalías y antifraude, y verificación de identidad asistida por algoritmos; el documento no describe estos componentes ni su gobernanza, lo que constituye un punto ciego regulatorio. RIESGOS: R1 (Malfunctions): Un sistema de voto por Internet es de misión crítica; errores de software, fallos en el cifrado/descifrado, o defectos en el cómputo automatizado de resultados pueden alterar resultados electorales sin posibilidad de recuento físico verificable. El acuerdo descansa en 'buenas prácticas' y estándares (NIST FIPS 140-2, compartición de secretos) pero no establece auditoría independiente del código fuente, pruebas de penetración públicas, ni verificabilidad end-to-end del votante. R3 (Privacy): El voto se cifra 'directamente en el dispositivo' personal del votante (computadora, tableta o teléfono), exponiéndolo a malware, vigilancia del dispositivo y trazabilidad de IP. Se trata de un padrón especialmente vulnerable (personas con discapacidad), cuyos datos de identidad, residencia y participación se procesan digitalmente. El secreto del voto y la no coerción a domicilio no quedan tecnológicamente garantizados. R4 (Integridad electoral / manipulación): El voto por Internet amplía la superficie de ataque para manipulación de resultados, suplantación de identidad y campañas de desinformación que socaven la confianza en el sistema; es el vector donde la manipulación tecnológica del proceso democrático es más sensible. GAPS REGULATORIOS: (1) No se exige auditoría técnica independiente ni código abierto del SIVEI; (2) no hay evaluación de impacto en protección de datos del padrón de votantes con discapacidad; (3) no se regula el uso de componentes algorítmicos/biométricos de autenticación remota; (4) no se establece verificabilidad individual y universal de los votos (el votante no puede confirmar que su voto fue registrado como se emitió); (5) la responsabilidad recae en custodios humanos de la llave, pero no en la auditabilidad del software que computa los resultados.

Tres convenios prácticamente idénticos transfieren cuantiosos recursos federales y estatales (decenas de millones de pesos por entidad) para 'fortalecer' instituciones de seguridad pública estatales y municipales, conforme a Ejes Estratégicos, Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional del Consejo Nacional de Seguridad Pública. El gasto incluye capacitación, evaluación de control de confianza, evaluación de competencias y desempeño del personal policial, y software de seguimiento ('Herramienta de Seguimiento y Control' del Servicio Profesional de Carrera). RELEVANCIA PARA IA: El financiamiento de capacidades de seguridad pública en México frecuentemente subsidia adquisición de tecnologías de vigilancia (videovigilancia, plataformas C5/C4, reconocimiento facial, análisis de datos, geolocalización, sistemas predictivos de criminalidad) que crecientemente incorporan IA. Los Subprogramas con Prioridad Nacional históricamente incluyen 'Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento'. El convenio no especifica ni acota qué tecnologías se adquirirán con los recursos ni establece salvaguardas sobre vigilancia algorítmica, lo que crea un canal de financiamiento de tecnología de vigilancia sin gobernanza de IA ni de datos personales. RIESGOS: R9 (Vigilancia): Recursos públicos canalizados a instituciones de seguridad pueden financiar sistemas de vigilancia masiva, monitoreo y análisis predictivo sin controles democráticos ni judiciales explícitos en el instrumento. R3 (Privacy): Las 'evaluaciones de control de confianza' y de desempeño implican tratamiento masivo de datos sensibles (biométricos, poligráficos, psicológicos) del personal policial, sin mención de salvaguardas de privacidad ni límites de retención. GAP REGULATORIO: El convenio regula un dominio de alto riesgo (seguridad/vigilancia) sin condicionar la adquisición tecnológica a evaluaciones de impacto, transparencia algorítmica, ni controles de protección de datos.

El Acuerdo opera una arquitectura de sistemas digitales electorales interconectados (SIFIJE - Sistema de Fiscalización de la Jornada Electoral; SIF - Sistema Integral de Fiscalización; SIJE; Sistema de Registro de Representantes; SNE - Sistema de Notificaciones Electrónicas) que procesan datos personales y financieros de miles de representantes partidistas y cruzan bases de datos entre el OPL de Oaxaca, los partidos y la Unidad Técnica de Fiscalización. RELEVANCIA PARA IA/TECNOLOGÍA: Aunque hoy son sistemas de captura, cruce y validación de datos, constituyen infraestructura de procesamiento masivo de datos personales propensa a incorporar automatización (validación, detección de inconsistencias, scoring de riesgo de fiscalización). El propio acuerdo evidencia la dependencia tecnológica y su fragilidad: ante 'limitaciones presupuestales' los sistemas no operaron, forzando mecanismos alternos manuales. RIESGOS: R3 (Privacy): Tratamiento e interconexión de datos personales (identidad, cuentas bancarias de origen/destino, montos pagados) de representantes ciudadanos sin que el instrumento detalle salvaguardas de protección de datos. R2 (Discrimination/Bias): Si se introdujera validación o detección automatizada de irregularidades en la fiscalización, podría sesgar señalamientos contra ciertos actores políticos sin mecanismos de impugnación específicos. GAP: Es un gap regulatorio de menor prioridad: dominio sensible (fiscalización electoral) sobre infraestructura digital, sin previsiones de gobernanza de datos ni de eventual automatización.

El Acuerdo INE/CG180/2026 cita como fundamento el artículo 33 de la Ley de Revocación de Mandato para el estado de Oaxaca (LRMEO), que mandata al INE e IEEPCO realizar el 'monitoreo de los medios de comunicación, prensa y medios electrónicos' durante el proceso de revocación de mandato. Aunque el acuerdo se centra en fiscalización financiera, este mandato de monitoreo masivo de medios es relevante para IA. RELEVANCIA PARA IA/TECNOLOGÍA: El monitoreo a gran escala de prensa, radio, televisión y 'medios electrónicos' (incluidas redes sociales) para verificar equidad informativa y detectar propaganda prohibida se apoya crecientemente en herramientas automatizadas de raspado web (web scraping), clasificación de contenido y análisis de sentimiento mediante procesamiento de lenguaje natural. El instrumento no describe la tecnología empleada ni su gobernanza, configurando un punto ciego. RIESGOS: R9 (Vigilancia): El monitoreo automatizado de medios y medios electrónicos por la autoridad electoral puede derivar en vigilancia de actores políticos, periodistas y ciudadanía sobre opinión publicada, sin controles de proporcionalidad ni transparencia algorítmica. R4 (Integridad informativa): La clasificación automatizada de qué contenido constituye 'propaganda' prohibida o influye en preferencias puede incurrir en errores y sesgos que afecten la libertad de expresión y el debate público durante el proceso democrático. GAP REGULATORIO: Es un gap de menor prioridad: dominio sensible (monitoreo de medios en proceso electoral) sin previsiones sobre la tecnología de monitoreo, criterios de clasificación, ni salvaguardas frente al uso de IA para vigilancia o moderación de contenido.

Esta es la única MENCIÓN EXPLÍCITA de 'inteligencia artificial' en toda la edición del DOF. Aparece en una convocatoria del Servicio Profesional de Carrera de la SEMARNAT (Subsecretaría de Biodiversidad y Restauración Ambiental / CONABIO) para un puesto cuyo objetivo es implementar metodologías de minería de textos e inteligencia artificial, desarrollar modelos para extraer automáticamente información y construir pipelines de procesamiento de lenguaje natural (NLP) sobre biodiversidad. RELEVANCIA PARA IA: A diferencia de los demás hallazgos (implícitos), aquí el Estado mexicano reconoce y formaliza el uso de IA/NLP/minería de textos en una función pública concreta. Se trata de un uso de bajo riesgo intrínseco (extracción de conocimiento científico-ambiental de fuentes textuales, sin decisiones automatizadas sobre personas), pero es relevante porque: (1) contradice el supuesto de ausencia de menciones explícitas de IA en el documento; (2) la extracción automatizada de información desde 'fuentes de datos de texto' puede involucrar obras protegidas por derechos de autor (R5) si los corpus de entrenamiento o consulta no cuentan con licenciamiento adecuado; (3) refleja la adopción institucional incipiente de IA en la APF, que conviene monitorear (R15) en cuanto a gobernanza, trazabilidad y calidad de los modelos. RIESGOS: R5 (Propiedad intelectual): La minería de textos y el entrenamiento/consulta de modelos sobre 'fuentes de datos de texto' externas plantea cuestiones de derechos de autor sobre los corpus utilizados y sobre los outputs generados. R15 (Emergente): Adopción de IA/NLP en el sector público ambiental sin un marco de gobernanza de IA explícito; conviene asegurar calidad, verificabilidad y atribución de los modelos. GAP REGULATORIO: No constituye un gap de alto riesgo; es una señal de adopción explícita de IA en la APF que el documento no acompaña de criterios de gobernanza, licenciamiento de datos ni evaluación de calidad de los modelos.