Diario Oficial de la Federación, No. de publicación 134/2026, Ciudad de México, lunes 25 de mayo de 2026 (Edición Matutina)

Los Convenios de Coordinación del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros ordenan la actualización, migración, limpieza y homogenización de bases de datos que contienen datos personales e información patrimonial (registral y catastral) y su interconexión e interoperabilidad permanente con la 'Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral' y el 'Sistema de Información Territorial y Urbano'. El texto antecedente del propio convenio reconoce que el Programa busca 'la incorporación de nuevas tecnologías para la mejora de sus procesos' y 'la promoción del uso de tecnologías'. Aunque el documento no menciona explícitamente 'inteligencia artificial', los procesos descritos (limpieza, homogenización y vinculación masiva de padrones de propiedad con datos personales y bases cartográficas, consulta vía remota y desarrollo de 'aplicativos, desarrollos, plataformas y demás herramientas tecnológicas' entregables con código fuente, diccionario de datos y modelado) son la infraestructura típica donde se despliegan analítica avanzada, geolocalización y, eventualmente, modelos automatizados de valuación, perfilamiento territorial o detección de inconsistencias. RIESGOS: R3 (Privacy): se consolida e interconecta a escala nacional información altamente sensible (titularidad de inmuebles, ubicación, valor, datos personales de propietarios) que, al cruzarse, permite inferencias sobre patrimonio, residencia y nivel socioeconómico de millones de personas. La 'consulta vía remota' y la posibilidad de que la Dirección General reutilice los desarrollos en 'cualquier Entidad Federativa' amplifican el riesgo de uso secundario. R9 (Surveillance): la integración de inventarios de la propiedad de los tres órdenes de gobierno en una plataforma única, accesible al 'sector gubernamental, académico, comercial, social', crea un repositorio que podría usarse para vigilancia patrimonial, fiscalización extensiva o presión sobre poblaciones específicas sin controles judiciales. GAPS REGULATORIOS: 1. No se especifica evaluación de impacto a la privacidad ni minimización de datos en la interoperabilidad. 2. No se definen límites al uso secundario ni a la reutilización por terceros (comercial/académico) de bases con datos personales. 3. No hay reglas sobre decisiones automatizadas que pudieran derivarse de la analítica catastral (p. ej., revaluaciones automáticas o detección de irregularidades). 4. La salvaguarda de datos personales se enuncia genéricamente, sin estándares técnicos de cifrado, control de acceso por roles, retención ni auditoría independiente. CONTEXTO MEXICANO: capacidad limitada del INAI/órganos garantes (en transición institucional) para supervisar plataformas interoperables nacionales; brecha técnica municipal que delega el desarrollo a proveedores privados ('por obra por encargo'), generando dependencia tecnológica; riesgo de uso político-fiscal de padrones consolidados.

El Reglamento reformado dispone que, una vez incorporada la información de sanciones a la 'base de datos de la Guardia Nacional', el sistema 'expedirá automáticamente la boleta de infracción' a conductores reincidentes, y que la Guardia Nacional dispondrá de 'un sistema informático para administrar la información' de sanciones (Art. 229), con facultad EXCLUSIVA para 'rectificar los datos del sistema administrativo de información' (Art. 232: 'Corresponde únicamente a la Guardia Nacional rectificar los datos del sistema administrativo de información'). Adicionalmente, la Guardia Nacional puede 'celebrar convenios... para el intercambio de informes y registros sobre conductores, licencias, infracciones' (Art. 213) y proporciona información de infracciones y sanciones a la SICT (Art. 212). Aunque no se menciona IA, se establece la base normativa para una sanción administrativa PUNITIVA generada de forma automatizada a partir de un cruce de registros, ejecutada por una fuerza de seguridad militarizada (la Guardia Nacional, cuya 'SECRETARÍA' es la Defensa Nacional según el Art. 2, fracción XLVII reformado), sin que el texto prevea revisión humana específica para la determinación de reincidencia ni mecanismos de corrección previos a la emisión automática. RIESGOS: R1 (Malfunctions): un error en la base de datos (homonimia, placa mal capturada, duplicidad, sanción ya pagada) puede traducirse en boletas automáticas indebidas; la facultad de rectificación es exclusiva de la propia autoridad emisora (Art. 232), lo que elimina el control externo sobre los errores del sistema. Severidad Alta por tratarse de una decisión automatizada con efecto sancionador directo sobre personas, sin validación humana previa. R2 (Discrimination): la determinación automatizada de 'reincidencia' sobre personas, si se alimenta de registros incompletos o sesgados, puede afectar de forma desigual a conductores de autotransporte de menores recursos o de regiones con peor calidad de captura de datos; al no existir auditoría de equidad ni mecanismo de apelación previo, se perpetúan desigualdades sin intención explícita. R9 (Surveillance): la concentración, en una fuerza de seguridad bajo la Defensa Nacional, de una base de datos vehicular nacional con monopolio de rectificación (Art. 232) y facultad de interconectar e intercambiar registros de conductores, licencias e infracciones con otras dependencias y entidades federativas (Arts. 212 y 213), conforma una infraestructura de integración de bases de datos gubernamentales sobre la movilidad de las personas susceptible de uso para seguimiento y control poblacional sin controles judiciales ni supervisión independiente. GAPS: no se establece estándar de calidad/exactitud de los datos, ni proceso de revisión humana previa, ni notificación con posibilidad de impugnación antes de la ejecución automática; la impugnación general (Art. 214/226, Ley Federal de Procedimiento Administrativo) es posterior y reactiva. Tampoco se acotan los fines del intercambio de registros (Art. 213) ni se prevé supervisión del órgano garante de protección de datos sobre una base operada por una fuerza de seguridad. CONTEXTO MEXICANO: capacidad institucional limitada para depurar grandes bases de datos vehiculares; militarización de la función de tránsito federal (Guardia Nacional adscrita a la Defensa Nacional) que reduce el control civil y externo sobre el sistema automatizado; riesgo de afectación a la economía del autotransporte (alta informalidad) por sanciones automáticas no revisadas.