Diario Oficial de la Federación, No. de publicación 015/2026, Edición Matutina del lunes 19 de enero de 2026 (incluye Decretos de reforma a la Ley Monetaria sobre monedas de diez y veinte pesos; Decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular; Anexo 18 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 (SIPRED 2025); Convenios de coordinación de SEDATU y de la Secretaría de las Mujeres; Calendario presupuestal de Talleres Gráficos de México; Tipo de cambio y tasas del Banco de México; Encadenamiento del INPC del INEGI; y Avisos judiciales y generales)

1) RELEVANCIA PARA IA: La nueva Ley General de Economía Circular ordena crear e integrar una 'Plataforma Nacional del Sistema Nacional de Información Pública de Economía Circular' con un 'Registro' público y un módulo de 'Trazabilidad' que captura 'los datos de los flujos del Ciclo de Vida' de productos y materiales a lo largo de toda la cadena de manejo (Art. 3 frac. XXIX y la definición de Trazabilidad en el Art. 3 frac. XV). Aunque el texto NO menciona inteligencia artificial, machine learning, ni analítica automatizada, una infraestructura nacional de trazabilidad e indicadores de cumplimiento de esta escala es el tipo de sistema que típicamente incorpora, en fases posteriores (Reglamento o acuerdos generales de implementación de la REP), análisis automatizado de datos, scoring de cumplimiento de productores y modelos predictivos. Se trata de un GAP REGULATORIO PROSPECTIVO de gobernanza de datos. ADEMÁS de la plataforma de datos, la Ley instituye un VERDADERO SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DECISIÓN sobre actores económicos: el Art. 13 faculta a la Secretaría para 'Evaluar la Gestión Circular' y, con base en ella, CONDICIONAR, AUTORIZAR o NEGAR la inscripción en el Registro; el Art. 12 ordena fijar 'metas que cada persona productora o importadora debe cumplir... así como los indicadores y metodologías para medirlas'; el Art. 3 frac. XII define 'Indicadores de Economía Circular' cuantitativos (índice de materiales, huella de carbono, huella hídrica, índice de aprovechamiento energético) que conforman una 'Huella Ambiental' (Art. 3 frac. XI) usada como criterio para NEGAR la inscripción si 'no se reduzca significativamente' (Art. 13-III-b); y el Art. 16 permite 'ratificar, modificar o cancelar la inscripción' a partir de reportes de cumplimiento. Esto es, en sustancia, un esquema de SCORING DE CUMPLIMIENTO y de decisiones administrativas sobre el acceso de productores e importadores a un registro con efectos jurídicos y de mercado (preferencia en compras públicas, Art. 25). 2) RIESGOS ESPECÍFICOS: R2 (discriminación/sesgo) y R1 (errores) porque, SI la evaluación de la Gestión Circular y el cálculo de indicadores/Huella Ambiental se automatizan en el Reglamento o en los acuerdos REP, decisiones de condicionar/negar/cancelar inscripción podrían afectar de manera diferenciada a micro, pequeñas y medianas empresas (la propia Ley reconoce su menor capacidad técnica en el Art. 47) y producir falsos negativos de cumplimiento sin verificación humana; R10 (concentración) porque la operación de la plataforma y de la 'Huella Ambiental' calculada podría delegarse a proveedores tecnológicos externos sin requisitos de soberanía, interoperabilidad o auditabilidad; R3 (privacidad/datos) en la medida en que el Registro integra información comercial y de cadena de valor de personas productoras e importadoras, sin que la Ley fije límites de uso secundario, retención o transparencia algorítmica si en el futuro se automatiza el análisis. 3) GAPS: La Ley delega al Reglamento (Art. 28 y Segundo Transitorio) toda la arquitectura técnica de la plataforma y de la evaluación, sin establecer principios de transparencia algorítmica, derecho de impugnación de evaluaciones automatizadas (la inscripción puede 'negarse' o 'condicionarse' conforme al Art. 13, y existe inscripción ficta por silencio a los 60 días hábiles según el Art. 14), ni auditoría de cualquier sistema de cómputo que llegue a usarse para calcular indicadores o decidir inscripciones. 4) CONTEXTO MEXICANO: México suele construir estas plataformas con proveedores extranjeros y sin capacidad institucional de auditoría técnica; la SEMARNAT y la PROFEPA tienen recursos limitados de enforcement tecnológico. Es un gap de baja severidad presente pero relevante para vigilancia regulatoria futura, sobre todo por el componente de evaluación/scoring de cumplimiento sobre empresas.

1) RELEVANCIA PARA IA: El Convenio de SEDATU ordena integrar, actualizar y 'alimentar' un 'Sistema de Información determinado por LA SEDATU' para conformar un 'padrón de beneficiarios', recabando 'información socioeconómica' y datos personales con consentimiento (incisos h), r) y z) y cláusula VIGÉSIMO SEXTA). Por su parte, los Convenios Modificatorios de la Secretaría de las Mujeres financian Refugios y Centros Externos de Atención que, por su naturaleza, manejan datos personales SENSIBLES de mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos; sin embargo, EL FRAGMENTO CITADO PERTENECE AL CONVENIO DE SEDATU: los convenios de la Secretaría de las Mujeres publicados en esta edición son meramente MODIFICATORIOS que solo amplían recursos presupuestarios (cláusula SEGUNDA) y no reproducen aquí cláusulas de padrón ni de datos. Ninguno describe tratamiento automatizado, perfilamiento ni cruce de bases con IA; el manejo es administrativo y se rige por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados con consentimiento y avisos de privacidad. Por ello el riesgo de IA es solo POTENCIAL/PROSPECTIVO. 2) RIESGOS ESPECÍFICOS: R3 (privacidad) por la concentración de datos de personas beneficiarias y, en el caso de los refugios, de población en situación de extrema vulnerabilidad, en padrones y Sistemas de Información gubernamentales; si en el futuro estos sistemas se interconectan o se someten a analítica automatizada (p. ej. para 'focalización' o 'valoración de riesgo'), el daño potencial sería grave. 3) GAPS: Los convenios no prohíben el uso secundario automatizado de los datos, no fijan minimización ni medidas técnicas reforzadas para datos de víctimas, y no contemplan evaluación de impacto en caso de futura automatización del padrón. 4) CONTEXTO MEXICANO: La filtración o mal uso de padrones de beneficiarios y, sobre todo, de víctimas puede poner en riesgo la vida; la capacidad de enforcement de protección de datos es limitada. Es un gap de baja severidad presente, pero de alta sensibilidad potencial.