Diario Oficial de la Federación, edición matutina del jueves 4 de junio de 2026 (No. de publicación 146/2026). Incluye, entre otros, el Programa Espacial Mexicano 2026-2030 de la ATDT, el Título de Asignación del Ramal ferroviario Lechería-AIFA, convenios de subsidios para búsqueda de personas (CNBP), convenio de salud pública (Tamaulipas), proyectos PROY-NOM-016-SSA-2026 y PROY-NOM-032-SSA-2026, y avisos/convocatorias.

El PEM ordena desplegar una constelación de satélites de Observación de la Tierra cuyas finalidades incluyen expresamente 'seguridad', 'Vigilancia y Seguridad', 'Defensa Nacional' y 'Vigilancia de fronteras y territorios'. Aunque el texto enmarca la OT en gestión de desastres y monitoreo ambiental, el mismo documento lista usos de seguridad/defensa como prioridades de diseño de la carga útil, e indica imágenes ópticas de Muy Alta Resolución (VHR) con resolución de hasta 31 cm y tiempos de revisita de 24 horas o menos. RIESGOS: R9 (Vigilancia autoritaria): infraestructura satelital estatal con capacidad de monitoreo persistente del territorio para fines de 'seguridad' y 'defensa' es la base material de vigilancia masiva sin orden judicial. El procesamiento de estas imágenes a escala requiere IA/visión por computadora (detección de objetos, cambio de uso de suelo, conteo y seguimiento), capacidad que el propio PEM reconoce al citar que 'la Inteligencia Artificial (IA) permite que los datos de OT se utilicen de manera rutinaria para la toma de decisiones'. R3 (Privacidad): VHR submétrica + alta revisita permite inferencias sobre actividades, asentamientos y movimientos de personas; no hay límites, garantías ni control judicial en el documento. R1 (Errores): decisiones de seguridad basadas en detección automatizada sobre imágenes (falsos positivos, mala georreferenciación) sin estándares de exactitud ni supervisión humana descritos. GAPS: el Programa no define (1) límites al uso de OT con fines de seguridad/defensa sobre población civil, (2) controles judiciales/parlamentarios, (3) evaluación de impacto en derechos humanos, (4) estándares de exactitud y supervisión humana, ni (5) régimen de retención y acceso a las imágenes y a sus productos analíticos.

El PEM reconoce EXPLÍCITAMENTE el uso de Inteligencia Artificial y cómputo en la nube para explotar de forma rutinaria los datos de Observación de la Tierra en la 'toma de decisiones... a escala', y ordena crear un Centro Nacional que CENTRALIZARÁ el procesamiento y análisis de las imágenes para 'las diversas dependencias gubernamentales', incluida la seguridad nacional, el monitoreo ambiental y la planeación urbana. RIESGOS: R10 (Concentración de poder): la centralización en la ATDT del procesamiento/análisis de imágenes de TODO el gobierno crea un punto único de control sobre inteligencia geoespacial nacional; el texto reconoce dependencia de 'terceros' para la analítica, lo que puede trasladar capacidad crítica a proveedores (incluido análisis con IA), agravando dependencia tecnológica. R9/R3: un nodo único que produce 'información procesable' a escala para todas las dependencias amplifica el potencial de vigilancia y de inferencias sobre el territorio y la población, sin que el documento prevea contrapesos. R1: usar productos de IA 'de manera rutinaria' para decisiones públicas, sin estándares de validación, fomenta el sesgo de automatización (tratar el output como infalible). GAPS: no se establecen requisitos de transparencia algorítmica, auditoría, validación de exactitud, supervisión humana, ni gobernanza de acceso para el Centro Nacional y sus capacidades de IA.

El documento adopta como objetivo sectorial el 'Uso de Inteligencia de Datos' para 'optimizar la función de gobierno y la toma de decisiones'. 'Inteligencia de datos' y 'análisis de datos' son eufemismos burocráticos que, a escala gubernamental, implican analítica avanzada y muy probablemente aprendizaje automático aplicado a datos administrativos y poblacionales. RIESGOS: R2 (Discriminación): si la 'inteligencia de datos' alimenta decisiones sobre asignación de programas, focalización territorial (el PEM ya prevé 'análisis de información que considere... condición social, nivel socioeconómico' para delimitar población objetivo) o priorización de servicios, puede reproducir sesgos contra poblaciones marginadas, indígenas o rurales. R1: decisiones de gobierno 'optimizadas' por modelos sin validación pueden incurrir en error sistemático. R3: la agregación de datos para 'inteligencia' puede habilitar inferencias sensibles sobre individuos. GAP: el objetivo se enuncia sin salvaguardas (auditoría de equidad, derecho a impugnación, transparencia del método), pese a su impacto potencial en derechos y acceso a servicios.

El PEM menciona EXPLÍCITAMENTE la 'inteligencia artificial' como una de las áreas críticas de I+D que demanda el sector espacial. Es una mención programática/de fomento, sin regulación asociada, pero confirma que el Estado prevé desarrollar capacidades de IA ligadas a infraestructura espacial y de seguridad. Su relevancia es de monitoreo: marca que la IA es un componente declarado del ecosistema espacial-de-seguridad nacional cuyos usos concretos (analítica de OT, defensa) sí concentran riesgo (ver H1 y H2). GAP menor: el fomento de IA en el sector no viene acompañado de lineamientos de seguridad, ética o uso responsable de la IA desarrollada con recursos públicos para fines duales (civil/seguridad).

El Título de Asignación del nuevo ramal ferroviario Buenavista-Lechería-AIFA obliga a operar videovigilancia en estaciones, terminales y patios, además de sistemas de señalización y control de trenes, boletaje electrónico con QR/pago electrónico y registros estadísticos en 'sistemas automatizados'. Aunque el texto no menciona IA, los sistemas de videovigilancia masiva en infraestructura de transporte tienden a incorporar analítica de video (detección de personas/objetos, conteo, potencialmente reconocimiento facial) y el control de tráfico ferroviario incorpora automatización creciente. RIESGOS: R3 (Privacidad): videovigilancia masiva en espacios públicos de alto tránsito sin salvaguardas descritas (retención, prohibición de biometría, acceso) habilita vigilancia de pasajeros. R1 (Errores): la combinación de señalización/control automatizado y alarmas en un servicio crítico exige confiabilidad y supervisión humana. GAP: no se establecen límites al uso de analítica/biometría sobre el video, ni reglas de retención o de acceso de terceros (el Asignatario es privado).

Los convenios de subsidios para búsqueda de personas facultan a la CNBP para la 'búsqueda forense con fines de identificación de cuerpos y restos humanos... a través de un enfoque masivo o a gran escala'. La identificación humana masiva (confronta de perfiles genéticos/ADN, datos biométricos, dactiloscopia, cruce de bases de datos forenses y de personas desaparecidas) es un dominio donde se aplican o se aplicarán algoritmos de coincidencia (matching) y análisis automatizado a gran escala. RIESGOS: R3 (Privacidad): el tratamiento masivo de datos biométricos y genéticos de víctimas y familiares es altamente sensible; los convenios solo remiten a la normativa general de datos personales, sin salvaguardas específicas para identificación forense automatizada. R1 (Errores): errores de coincidencia en identificación masiva tienen consecuencias graves (identificaciones falsas, revictimización). R2 (Sesgo): sistemas de identificación pueden tener desempeño desigual según calidad de muestras o poblaciones. GAP: dominio crítico de derechos humanos donde el cruce automatizado a gran escala no se acompaña de estándares de exactitud, validación pericial humana, ni gobernanza específica de datos genéticos/biométricos.

El convenio de salud pública obliga a alimentar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) y diversos sistemas/plataformas de información en salud con datos individuales (incluida vigilancia entomológica y tamizajes). Se trata de procesamiento masivo de datos personales de salud, categoría sensible. No hay IA explícita, pero la consolidación de grandes bases de datos epidemiológicos es el sustrato sobre el que típicamente se aplican analítica predictiva y modelos. RIESGO R3 (Privacidad): tratamiento masivo de datos sensibles de salud; el convenio remite a la normativa general sin precisar minimización, anonimización para usos secundarios, ni límites a la analítica predictiva futura. GAP de baja prioridad: dominio de datos sensibles donde una eventual analítica/IA sobre los repositorios no está regulada de forma específica.

El PEM enuncia de forma EXPLÍCITA, como una de las 'Aplicaciones Específicas' clave de la infraestructura satelital de Observación de la Tierra, la 'Vigilancia de fronteras y territorios'. Esta es la formulación más directa y concreta del uso de la constelación de OT para vigilancia territorial-poblacional, y complementa la lista de aplicaciones prioritarias del diseño de la carga útil ('9. Vigilancia y Seguridad', '10. Defensa Nacional', Sección 7.1.5) y el rol declarado de la ATDT (constelación 'de seguridad', Tabla 4). RIESGOS: R9 (Vigilancia autoritaria): la vigilancia satelital persistente de 'fronteras y territorios' por el Estado, combinada con imágenes ópticas de Muy Alta Resolución (hasta 31 cm) y revisita de 24 horas o menos, y con la analítica con IA reconocida por el propio PEM (ver H1, H2), constituye una capacidad de control territorial y de monitoreo de movimientos de población (incluida migración fronteriza) sin que el documento prevea control judicial, límites materiales ni rendición de cuentas. R3 (Privacidad): el monitoreo territorial submétrico habilita inferencias sobre asentamientos, desplazamientos y actividades de personas y comunidades en zonas fronterizas y rurales. GAP: el uso de OT para 'vigilancia de fronteras y territorios' se enuncia como aplicación clave sin ninguna salvaguarda: no hay límites al monitoreo de población civil, controles judiciales/legislativos, evaluación de impacto en derechos humanos, ni régimen de acceso y retención de las imágenes y sus productos analíticos.