Diario Oficial de la Federación, edición matutina, No. de publicación 022/2026, martes 27 de enero de 2026

1) RELEVANCIA PARA IA: Ambos convenios establecen el intercambio en línea y en tiempo real (“Servicios Web de CURP”) y la “Confronta” masiva y semestral de padrones completos de usuarios contra la Base de Datos Nacional de la CURP (BDNCURP), administrada por RENAPO. La confronta automatizada de identidades a gran escala entre bases de datos poblacionales es la infraestructura típica sobre la que operan sistemas de validación/deduplicación y motores de coincidencia (matching) que crecientemente incorporan técnicas de aprendizaje automático; el texto describe el procesamiento masivo de datos personales sin nombrar la tecnología subyacente. 2) RIESGOS: R3 (Privacy) por el cruce sistemático del universo de registros de alumnos (Campeche) y de beneficiarios de programas de asistencia social (Morelos: niñez, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia) contra una base poblacional nacional, con transmisiones cíclicas y retención. R2 (Discrimination) porque errores de confronta o inconsistencias en la CURP pueden derivar en exclusión de servicios educativos o de apoyos alimentarios para poblaciones ya vulnerables; el convenio de Morelos vincula la CURP directamente a la integración del padrón de beneficiarios del FAM-AS vía el SIIPP-G. 3) GAPS: No se exige evaluación de impacto en protección de datos, ni auditoría de la lógica de confronta, ni mecanismo de impugnación/corrección para la persona cuya identidad no “empate”, ni umbral de tasa de error aceptable, ni límite claro de retención más allá de cláusulas genéricas de confidencialidad. 4) CONTEXTO MEXICANO: La validación de identidad como puerta de acceso a educación y a apoyos sociales en un país con alta informalidad y errores históricos en actas/CURP puede excluir a personas sin que exista un recurso ágil; el INAI/órganos garantes tienen capacidad de enforcement limitada sobre convenios interinstitucionales operativos.

1) RELEVANCIA PARA IA: El acuerdo aprueba la conformación de la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado e incorpora una “prueba piloto de voto electrónico por internet” para personas con discapacidad y sus cuidadoras primarias (en cumplimiento de SUP-JDC-639/2024). Aunque no se menciona IA, un sistema de voto por internet conlleva componentes de autenticación de identidad, detección de fraude/anomalías y verificación de unicidad del voto que típicamente se automatizan; además implica el procesamiento, digitalización, resguardo y transferencia de datos personales de electores (SIILNEVA) y su confronta contra el Padrón Electoral y la LNE. 2) RIESGOS: R3 (Privacy, Muy Alta) por el tratamiento de datos personales de una población vulnerable (PcD) y la transmisión/digitalización de solicitudes individuales; R4 (electoral integrity) por la introducción de un canal de voto digital cuya manipulación, suplantación o intervención sintética amenazaría la autenticidad del sufragio; R1 (Malfunctions) por riesgos de fallo, indisponibilidad o errores del sistema informático de votación en un proceso democrático crítico. 3) GAPS: El acuerdo remite el procedimiento técnico de la votación electrónica a normatividad operativa posterior (DEOE/UTSI) sin fijar en el propio instrumento garantías verificables de auditabilidad, verificabilidad de extremo a extremo, ni evaluación independiente de seguridad del sistema de internet voting. 4) CONTEXTO MEXICANO: La adopción de voto por internet, aun como piloto acotado, sienta precedente; la capacidad de auditoría técnica independiente y la confianza pública en sistemas electorales digitales son sensibles en el contexto político mexicano.

1) RELEVANCIA PARA IA: Los Lineamientos para la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva regulan la captura, base de datos inicial, fichas antropométricas y “información biométrica; fotografía y huellas dactilares” de personas privadas de la libertad para credencializarlas (Lista Nominal con Fotografía – LNEFPP). La captura y cotejo de rasgos biométricos (rostro y huellas) es el insumo directo de sistemas de reconocimiento facial/dactilar y de deduplicación biométrica, tecnologías que la taxonomía asocia a R3 aunque el texto no nombre el algoritmo. 2) RIESGOS: R3 (Privacy, Muy Alta) por el tratamiento de datos biométricos sensibles de una población cautiva y especialmente vulnerable (personas en prisión preventiva, amparadas por presunción de inocencia); R9 (Surveillance) por el riesgo de que una base biométrica de personas privadas de la libertad, alojada y transferida entre instituciones (INE, SSPC, centros penitenciarios), sea reutilizada para vigilancia, identificación o cruce con otros registros más allá del fin electoral. 3) GAPS: No se establece en el acuerdo prohibición expresa de uso secundario de la biometría, ni garantías técnicas contra la creación de un sistema de identificación biométrica permanente, ni plazo de destrucción de las plantillas biométricas tras concluido el proceso electoral. 4) CONTEXTO MEXICANO: La concentración de biometría de personas detenidas, gestionada con participación de autoridades de seguridad, es de alto riesgo de abuso en un contexto de capacidades de control penitenciario y de seguridad pública con débil supervisión independiente.

1) RELEVANCIA PARA IA: El acuerdo del SEPOMEX (sectorizado a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones) invoca el mandato constitucional de “digitalización de trámites” y “capacidades tecnológicas públicas” y ordena inscribir los trámites en un “Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios”. Estos son eufemismos típicos de transformación digital que pueden, a futuro, incorporar automatización de procesos. La evidencia de IA aquí es débil: el instrumento solo elimina/fusiona requisitos y plazos, sin describir sistemas automatizados de decisión. 2) RIESGOS: R7 (Labor Displacement, Media) como riesgo potencial-prospectivo: la digitalización y automatización de trámites postales podría reducir plazas operativas; no hay evidencia de despliegue de IA en este acto. 3) GAPS: No aplica un gap de alto riesgo presente; es un gap potencial menor a monitorear conforme se construyan los portales digitales únicos. 4) CONTEXTO MEXICANO: La agenda de transformación digital del Estado debe acompañarse de transparencia sobre si los “portales únicos” incorporarán decisión automatizada que afecte a personas usuarias.

1) RELEVANCIA PARA IA: El Acuerdo designa a una persona servidora pública de la Fiscalía de Tamaulipas con facultad para gestionar ante Jueces de Control la 'localización geográfica en tiempo real', la 'entrega de datos conservados' (metadatos retenidos por las telcos) y los requerimientos de información a concesionarios de telecomunicaciones y a proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos. Aunque el texto no nombra IA, la localización geográfica en tiempo real y el análisis de grandes volúmenes de datos conservados (registros de tráfico, ubicación, asociación de líneas) son insumos que en la práctica operan sobre plataformas automatizadas de geolocalización, análisis de patrones de comunicación y minería de metadatos; la taxonomía asocia 'vigilancia', 'localización', 'monitoreo' y el análisis predictivo/masivo de datos a R3 y R9 aunque el instrumento no describa el algoritmo subyacente. 2) RIESGOS: R9 (Authoritarian Surveillance, Muy Alta) por habilitar el rastreo de la ubicación en tiempo real de personas y el acceso a su historial de datos conservados por parte de una fiscalía estatal, en un estado (Tamaulipas) con antecedentes de problemas de seguridad y débil control independiente; R3 (Privacy, Muy Alta) por el tratamiento de datos personales y de geolocalización altamente sensibles, susceptibles de inferencias sobre desplazamientos, relaciones y conductas. El riesgo de abuso se agrava porque la localización en tiempo real (a diferencia de los datos conservados) puede gestionarse 'por cualquier medio' y con la urgencia del 'inmediato desahogo'. 3) GAPS: El Acuerdo se limita a designar al servidor público facultado y NO fija salvaguardas verificables: no establece controles de auditoría sobre el volumen y proporcionalidad de los requerimientos, ni límites a la retención y uso secundario de los datos de geolocalización obtenidos, ni transparencia estadística, ni evaluación de impacto en privacidad sobre las herramientas tecnológicas empleadas para la localización y el análisis de los datos conservados. La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (16 jul 2025) amplía este andamiaje de acceso sin que el instrumento estatal incorpore garantías técnicas. 4) CONTEXTO MEXICANO: La geolocalización en tiempo real y el acceso a metadatos conservados han sido históricamente puntos de tensión con la privacidad y el debido proceso en México (jurisprudencia de la SCJN sobre el artículo 303 del CNPP); la capacidad de supervisión independiente sobre fiscalías estatales es limitada y el riesgo de uso indebido contra periodistas, activistas u opositores es real.