Diario Oficial de la Federación, No. de publicación 127/2026, Ciudad de México, lunes 18 de mayo de 2026 (Edición Matutina). Decreto por el que se aprueban 19 programas especiales, sectoriales y regionales derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, y texto íntegro de dichos programas y de diversos convenios y acuerdos

No. de publicación: 127/2026 Ciudad de México, lunes 18 de mayo de 2026 CONTENIDO Presidencia de la República Secretaría de Gobernación Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Secretaría del Trabajo y Previsión Social Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Suprema Corte de Justicia de la Nación Banco de México Avisos 2 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 INDICE PODER EJECUTIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Decreto por el que se aprueban diversos programas especiales y uno regional, derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. .......................................................................................... 4 Programa Nacional de Población 2026-2030. .................................................................................. 7 Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2026-2030. .............................. 65 Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2026-2030. ............................................. 119 Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030. .................................................................. 185 Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2026-2030. .......................................... 216 Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030. ......................................................................... 262 Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2026-2030. .......... 285 Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030. ..................................................................... 318 Programa Nacional Forestal 2026-2030. .......................................................................................... 381 Programa Nacional Hídrico 2026-2030. ........................................................................................... 434 Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030. ...................................... 481 Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2026-2030. ...................................... 503 Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2026-2030. ................................................................. 542 Programa Especial en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030. ....................................................................................................................................... 564 Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2026-2030. ........... 637 Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2026-2030. ........................................................................................................................ 668 Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030. ....................................................................................................................................... 740 Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030. ............................................................ 786 Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030. ................................................. 815 SECRETARIA DE GOBERNACION Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de México, para promover la adopción, el uso y la certificación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) entre los usuarios de la SEMOV EDOMEX. ........................................................................ 906 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Acuerdo General por el que se establecen acciones de simplificación y mejora administrativa para trámites que se realizan ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. .................................... 918 Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. ......................................................................................................................................... 922 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 3 Oficio mediante el cual se modifican los términos de la autorización para organizarse y operar como institución de fondos de pago electrónico, otorgada a Clip AI, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico, antes Pocketgroup Technologies, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico. ............................................................................................................ 923 SECRETARIA ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas públicas del Estado, a la Fiscalía General de la República, a las entidades federativas y sus municipios, así como a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Musa del Pacífico, S.A. de C.V. ........................................................................................................ 924 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Convenio de Revisión Integral del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas. ........................................................................................... 926 Acta de instalación de la Convención Revisora en su aspecto integral del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas. .................... 928 Acta de Clausura de la Convención Revisora en su aspecto integral del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas. .................... 930 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del DIF Ciudad de México, para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en movilidad en 2026, conforme al Acuerdo que autoriza la habilitación de espacios de alojamiento y cuidados alternativos para NNA en contexto de migración, publicados el 17 de febrero de 2021 y el 9 de julio de 2025, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. ................................................................ 931 Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, para el fortalecimiento para niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana, 2026, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos. ................................................................. 942 PODER JUDICIAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 155/2024. ........................................................................................ 953 ORGANISMOS AUTONOMOS BANCO DE MEXICO Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. ........................................................................................................................ 963 Tasas de interés interbancarias de equilibrio. .................................................................................. 963 Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario. ................................ 963 AVISOS Judiciales. ......................................................................................................................................... 964 El contenido, forma y alcance de los documentos publicados son estricta responsabilidad de su emisor. 4 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 PODER EJECUTIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DECRETO por el que se aprueban diversos programas especiales y uno regional, derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 25 y 26 de la propia Constitución; 9o., 10, 16, fracciones IV y VIII, 18, 22, 25, 26 Bis, 27 y 29 al 32, de la Ley de Planeación; 9o., 26, 27, 28, 29, 30, 30 Bis, 31, 32, 32 Bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 Bis, 39, 40, 41, 41 Bis, 42, 42 Bis y 42 Ter, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 22 al 25, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; 19 y 20, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; 4, 7 y 8, de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar; 14 y 35, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 7, fracción I, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 5, fracción II, 38, 39, 41, fracciones II y IV, 42, fracción IV, 44, fracción VI, 46, fracción IX, 46 Bis, fracción VIII, 46 Ter, fracción VII, 48, fracción I, 49, fracción IV, y 50, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias; 12, fracciones I a V, 17, 18, fracción II, 20, 29 y 30, de la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; 3o. y 5o., de la Ley General de Población; 20, fracción XXII, 24, fracción II, y 30, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 118, fracción II, 125, fracción VII, 130, fracción II, 137, fracción IX, 141, 142 y 144, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 35 y 36, de la Ley General de Protección Civil; 4, 14 y 20, de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 13, fracción III, de la Ley de Seguridad Nacional; 4, fracciones XV y XX, 15, 16, 17, 22, fracción III, y 63 fracción XIV, de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; 11, fracción III, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y 9, fracción XI, y 34, de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y CONSIDERANDO Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”; Que el artículo 26, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé las bases para que el Estado organice el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, señalando que los fines del proyecto nacional contenidos en la propia Constitución determinarán los objetivos de la planeación; Que la Ley de Planeación en su artículo 16, fracciones IV y VIII, establece que corresponde a las dependencias de la Administración Pública Federal asegurar la congruencia de los programas especiales con el Plan Nacional de Desarrollo, así como coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, la elaboración y ejecución de los programas especiales y regionales que les correspondan; Que la Ley de Planeación en su artículo 25 dispone que “Los programas regionales se referirán a las regiones que se consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el Plan, y cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia responsable de coordinar la elaboración y ejecución de cada uno de estos programas”; Que la Ley de Planeación en su artículo 26 señala que los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país, fijados en el Plan Nacional de Desarrollo o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector, por lo que el Ejecutivo Federal señalará la dependencia responsable de coordinar la elaboración y ejecución de cada uno de estos programas; Que desde el inicio de la presente administración, la planeación nacional fue guiada por los “100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación” y, en cumplimiento a la Ley de Planeación, el 15 de abril de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados, verificando su congruencia con los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 5 Que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 establece los ejes generales: 1. “Gobernanza con justicia y participación ciudadana”; 2. “Desarrollo con bienestar y humanismo”; 3. “Economía moral y trabajo”, y 4. “Desarrollo sustentable”, así como los ejes transversales: 1. “Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres”; 2. “Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional”, y 3. “Derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas”; Que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 indica, entre otros, los programas regionales y especiales que deben ser elaborados, sin perjuicio de aquellos cuya elaboración se encuentre prevista en las leyes o que determine la Presidenta de la República, estos programas observarán congruencia con el plan, y su vigencia no excederá del período constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor; Que las secretarías de Estado, en colaboración y coordinación con diversas entidades de la Administración Pública Federal, participaron en la elaboración de los programas siguientes:  Secretaría de Gobernación: Programa Nacional de Población 2026-2030; con la participación del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2026-2030; con la participación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2026-2030, y el Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030;  Secretaría de Relaciones Exteriores, con la participación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2026-2030;  Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la participación del Consejo Nacional de Protección Civil el Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030; con la participación del Sistema Nacional de Seguridad Pública el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2026-2030, y el Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030;  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Programa Nacional Forestal 2026-2030; con la participación de la Comisión Nacional del Agua el Programa Nacional Hídrico 2026-2030, y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030;  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con la participación del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar: Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2026-2030, y el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2026-2030;  Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación: Programa Especial en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030;  Secretaría del Trabajo y Previsión Social: Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2026-2030;  Secretaría de las Mujeres: Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2026-2030, y con la participación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030;  Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con la participación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030, y  Oficina de la Presidencia de la República: Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030. Que, por lo anterior, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se sometieron a la consideración del Ejecutivo Federal a mi cargo los programas anteriormente descritos; por lo que he tenido a bien emitir el siguiente DECRETO ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueban los programas siguientes: I. Programa Nacional de Población 2026-2030; II. Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2026-2030; III. Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2026-2030; IV. Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030; V. Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2026-2030; VI. Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030; VII. Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2026-2030; VIII. Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030; IX. Programa Nacional Forestal 2026-2030; 6 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 X. Programa Nacional Hídrico 2026-2030; XI. Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030; XII. Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2026-2030; XIII. Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2026-2030; XIV. Programa Especial en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030; XV. Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2026-2030; XVI. Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2026-2030; XVII. Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030; XVIII. Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030, y XIX. Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030. ARTÍCULO SEGUNDO. Los programas señalados en el ARTÍCULO PRIMERO del presente decreto, son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. ARTÍCULO TERCERO. Las dependencias coordinadoras de sector, con la participación que, conforme a su respectivo ámbito de competencia, le corresponda a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y Anticorrupción y Buen Gobierno, en términos de las disposiciones aplicables, darán seguimiento a la implementación y cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción, según corresponda, previstos en los programas señalados en el ARTÍCULO PRIMERO del presente decreto, con base en los indicadores y metas correspondientes. ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el ámbito de su competencia, vigilará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en el presente decreto. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Las dependencias coordinadoras de sector de la Administración Pública Federal, en términos de las disposiciones aplicables, coordinarán la ejecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción, con base en los indicadores y metas de los programas señalados en el ARTÍCULO PRIMERO del presente decreto, según corresponda, con cargo a su presupuesto aprobado en los Presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales que correspondan. Las dependencias y entidades que tengan a su cargo líneas puntuales previstas en los citados programas, las ejecutarán con cargo a su presupuesto aprobado en los Presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales que correspondan. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en Ciudad de México a 11 de mayo de 2026.- Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo.- Rúbrica.- Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.- Rúbrica.- Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.- Rúbrica.- Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.- Rúbrica.- Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.- Rúbrica.- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch.- Rúbrica.- Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora.- Rúbrica.- Secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.- Rúbrica.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra.- Rúbrica.- Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.- Rúbrica.- Secretario de Economía, Marcelo Luis Ebrard Casaubon.- Rúbrica.- Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez.- Rúbrica.- Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina.- Rúbrica.- Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez.- Rúbrica.- Secretario de Educación Pública, Mario Martín Delgado Carrillo.- Rúbrica.- Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez.- Rúbrica.- Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz.- Rúbrica.- Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López.- Rúbrica.- Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel.- Rúbrica.- Secretaria de Cultura, Claudia Stella Curiel de Icaza.- Rúbrica.- Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.- Rúbrica.- Subsecretaria de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres, en suplencia por ausencia de la persona titular de la Secretaría de las Mujeres, en términos del artículo 21 del Reglamento Interior de la Secretaría de las Mujeres, María Elvira Concheiro Borquez.- Rúbrica.- Subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, en suplencia por ausencia de la persona titular de la Secretaría de las Mujeres, en términos del artículo 21 del Reglamento Interior de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Aurora Gómez Saracíbar.- Rúbrica.- Titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.- Rúbrica. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 7 PROGRAMA Nacional de Población 2026-2030. PROGRAMA NACIONAL DE POBLACIÓN 2026-2030 1. Índice 1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo 6. Objetivos 6.1 Relevancia del objetivo 1: Fortalecer las políticas públicas conforme a los cambios demográficos, con un enfoque de resiliencia demográfica, para enfrentar sus desafíos y aprovechar sus oportunidades para el desarrollo 6.2 Relevancia del objetivo 2: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población, para reducir las brechas de desigualdad 6.3 Relevancia del objetivo 3: Mejorar el equilibrio en la distribución territorial de la población y las oportunidades de desarrollo para disminuir las desigualdades regionales 6.4 Relevancia del objetivo 4: Fortalecer la cultura demográfica para promover el conocimiento y el uso de la información poblacional en la toma de decisiones libres, informadas y responsables a lo largo de su vida 6.5 Relevancia del objetivo 5: Impulsar una gobernanza de la política de población que integre la dinámica demográfica en la planeación del desarrollo nacional para reducir las brechas de desigualdad 6.6 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Población 2026-2030 7. Estrategias y líneas de acción 8. Indicadores y metas 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo. 3. Siglas y acrónimos AGRICULTURA: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural APF: Administración Pública Federal BIENESTAR: Secretaría de Bienestar BUEN GOBIERNO: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación COESPO: Consejos Estatales de Población COMUNICACIONES: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 8 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 COMUPO: Consejos Municipales de Población CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFOR: Comisión Nacional Forestal CONAPO: Consejo Nacional de Población CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CULTURA: Secretaría de Cultura DESARROLLO TERRITORIAL: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ECONOMÍA: Secretaría de Economía EDUCACIÓN: Secretaría de Educación Pública EIS: Educación Integral en Sexualidad ENADID: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica ENAPEA: Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes ENERGÍA: Secretaría de Energía ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición GOBERNACIÓN: Secretaría de Gobernación HACIENDA: Secretaría de Hacienda y Crédito Público IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS BIENESTAR: Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INSUS: Instituto Nacional del Suelo Sustentable ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado LGP: Ley General de Población MEDIO AMBIENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales MEFSA: Mujeres en Edad Fértil Sexualmente Activas MUJERES: Secretaría de las Mujeres NAFIN: Nacional Financiera, S.N.C. ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible PEA: Población Económicamente Activa PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 PNP 2026-2030 o Programa: Programa Nacional de Población 2026-2030 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 9 RELACIONES EXTERIORES: Secretaría de Relaciones Exteriores SALUD: Secretaría de Salud SEGURIDAD: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia SNIEG: Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica STCONAPO: Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población TGF: Tasa Global de Fecundidad TRABAJO: Secretaría del Trabajo y Previsión Social TRANSFORMACIÓN DIGITAL: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 4. Fundamento normativo Los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) mandatan al Estado organizar un Sistema de Planeación Democrática para conducir el desarrollo nacional y garantizar un crecimiento con solidez, dinamismo y equidad. Conforme a la Ley de Planeación en sus artículos 3o. y 9o., la planeación nacional es la ordenación sistemática de acciones para transformar la realidad del país, por lo que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) deben sujetar sus actividades a dichos objetivos. El Programa Nacional de Población 2026-2030 (PNP 2026-2030), programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND 2025-2030), atiende a lo dispuesto en los artículos 26, 26 Bis, 27, 29, 30 y 31 de la Ley de Planeación. Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la fracción VI, del artículo 27, faculta a la Secretaría de Gobernación (GOBERNACIÓN) para formular y conducir la política de población e interculturalidad. En este marco, la Ley General de Población (LGP) establece que dicha Secretaría debe adecuar los programas de desarrollo a las necesidades demográficas del país. Por su parte, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) tiene a su cargo la planeación demográfica para vincularla con los programas de desarrollo, identificando las prioridades en la materia, tal y como lo señalan los artículos 3o. y 5o. de la LGP y 9o. del Reglamento de la Ley General de Población. El PNP 2026-2030, se erige sobre el marco de derechos humanos garantizados por la CPEUM. Su fundamento constitucional directo es el artículo 1o., el cual, además de proscribir toda forma de discriminación, establece el principio pro-persona como mandato para que toda autoridad interprete las normas otorgando la protección más amplia a los derechos de las personas. Sus objetivos se vinculan con el respeto, protección y garantía de derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna, entre los que destacan: • El derecho a la igualdad y no discriminación (artículo 1o.). • Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a su libre determinación y autonomía (artículo 2o.). • El derecho a la educación (artículo 3o.). • Los derechos a la identidad, a la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, a decidir de manera libre sobre el número y espaciamiento de los hijos, a la protección de la salud, a un medio ambiente sano, al agua, a la vivienda y los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad (artículo 4o.). • El derecho al trabajo (artículo 5o.). • La libertad de tránsito, el derecho de asilo y el reconocimiento de la condición de refugiado (artículo 11). 10 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Asimismo, el Programa es congruente con instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como instrumento fundamental del sistema universal. Para dar cumplimiento a esta normativa y a los objetivos del PND 2025-2030, GOBERNACIÓN, mediante la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población (STCONAPO), es la responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del Programa. Este busca promover una política poblacional humanista e integral, con enfoque de derechos humanos, de género e intercultural, para construir un modelo de desarrollo sustentable, con inclusión e igualdad. Finalmente, el programa se elabora en cumplimiento de lo señalado en el Anexo I: Sistema Nacional de Planeación Democrática del PND 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2025. 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo Situación actual México es el decimocuarto país más extenso del mundo, la decimosegunda economía más grande y el undécimo más poblado, con casi 133 millones de personas.1 Gráfica 1. Los 15 países más poblados del mundo, 2026 (millones de habitantes) Fuente: Portal de datos de la División de Población de las Naciones Unidas ONU, Proyecciones de la población mundial, 2024. Datos disponibles en: https://population.un.org/dataportal/data/indicators/49/locations/50,76,156,180,818,231,356,360,392,484,566,586,608,643,8 40/start/2000/end/2026/bar/barvertical?df=f18528fe-dfa5-4e8a-8775-d4fa7783b84f El país experimenta una transformación profunda en su dinámica y estructura demográfica. La tasa de crecimiento poblacional disminuyó de forma sostenida, al pasar de 3.2% anual en la década de los años 70, cuando la población tendía a duplicarse cada 20 años, a menos del 1% en la actualidad. 1 Organización de las Naciones Unidas. (s/d). Portal de datos de la División de Población de las Naciones Unidas ONU, Proyecciones de la población mundial, 2024. Consultado el 1 de abril de 2026. https://population.un.org/dataportal/data/indicators/49/locations/50,76,156,180,818,231,356,360,392,484,566,586,608,643,840/start/2000/end/ 2026/bar/barvertical?df=f18528fe-dfa5-4e8a-8775-d4fa7783b84f Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 11 Gráfica 2. República Mexicana. Tasa de crecimiento de la población, 1970-2070 Fuente: Elaboración propia de la STCONAPO con base en la Conciliación Demográfica de México 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2020-2070. Bases de datos/ 0_Pob_Mitad_1950_2070.xlsx. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/conapo/documentos/bases-de- datos-de-la-conciliacion-demografica-1950-a-2019-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-2020-a-2070. También descendió la fecundidad, se redujo la mortalidad y aumentó la esperanza de vida; actualmente, la esperanza de vida del total de población mexicana es de 75.85 años, 79.24 para las mujeres y 72.74 años para los hombres, 15 años más que en 1970.2 En consecuencia, el país se encuentra en un proceso de envejecimiento acelerado, que acarrea transformaciones significativas que impactarán en la estructura por edades, la distribución territorial de la población y un amplio conjunto de necesidades sociales. Gráfica 3. República Mexicana. Tasa bruta de mortalidad y natalidad, 1970-2070 Fuente: Elaboración propia de la STCONAPO con base en la Conciliación Demográfica de México 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2020-2070. Bases de datos/ 0_Pob_Mitad_1950_2070.xlsx, 1_Defunciones_1950_2070.xlsx y 4_Tasas_Especificas_Fecundidad_proyecciones.xlsx. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/conapo/documentos/bases-de-datos-de-la-conciliacion- demografica-1950-a-2019-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-2020-a-2070. 2 Consejo Nacional de Población. (2023). Conciliación Demográfica de México 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2020-2070. Bases de datos/ 6_Esperanza_Vida_Nacer_1950_2070.xlsx. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/conapo/documentos/bases-de-datos-de-la-conciliacion-demografica-1950-a-2019-y-proyecciones-de-la-poblacion-de- mexico-2020-a-2070. 12 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 La reducción de la fecundidad va acompañada de una disminución en el tamaño de las familias, que también se vuelven más diversas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 el promedio general de integrantes de los hogares fue de 3.3 personas, 3.5 en los hogares con jefatura masculina y 3 en los encabezados por mujeres3 y se estima que seguirá descendiendo por efecto de la baja fecundidad y del cambio en las preferencias reproductivas de las mujeres y las familias. El envejecimiento poblacional suele ir acompañado de una reducción en el tamaño de los hogares, principalmente por el aumento de hogares unipersonales. Este fenómeno se enmarca en un contexto de transformación profunda iniciado en 2018 con el primer gobierno de la Cuarta Transformación, periodo en el cual se ha priorizado la mejora sustancial en las condiciones de vida de las familias mexicanas. Al situar el bienestar social en el centro de la agenda pública, se ha logrado que la transición hacia hogares más pequeños no sea un factor de vulnerabilidad, sino una oportunidad para consolidar el desarrollo humano a través de una red de protección social más robusta. La transición demográfica en México impone nuevos desafíos y abre oportunidades para el desarrollo que, como establece el PND 2025-2030, requieren ser contemplados en las políticas económicas y sociales, incluidas las laborales, de educación, salud, seguridad social, vivienda y otras, tanto a escala nacional como regional y local, y en los sistemas de protección social y de cuidados, conforme a los principios del Humanismo Mexicano que buscan una sociedad libre, democrática y participativa, con prosperidad compartida, una justa distribución de la riqueza, igualdad sustantiva y sin ninguna forma de discriminación, para expandir las oportunidades y lograr que la población participe de los beneficios del desarrollo al que contribuye.4 El PNP 2026-2030 aporta de manera decisiva al cumplimiento del PND 2025-2030 al colocar a la población como eje articulador de las políticas públicas. Este enfoque reconoce que todas las acciones de gobierno deben orientarse a mejorar las condiciones de vida de las personas, comunidades y territorios, reconociendo su diversidad y sus derechos. El programa plantea una intervención activa y deliberada del Estado para incidir sobre las causas estructurales de las desigualdades y garantizar que el desarrollo sustentable, la redistribución de recursos y la justicia social sean pilares de la acción pública. Asimismo, el PNP 2026-2030 articula la política poblacional con las transformaciones sociales que exige la realidad actual: (I) el inminente cierre de la ventana de oportunidad demográfica, (II) la disminución de la fecundidad, (III) el envejecimiento de la población, (IV) la persistencia de desigualdades territoriales y (V) los desafíos derivados de fenómenos y procesos sociodemográficos, como la creciente urbanización, las transformaciones en la estructura y tamaño de los hogares, la movilidad humana y la adaptación al cambio climático, entre otros. Cambios en la estructura por edad El avance de la transición demográfica implicó una transformación de la estructura por edad de la población mexicana y abrió una ventana de oportunidad transitoria durante el curso de las primeras cuatro décadas del siglo. En este periodo concurren las condiciones demográficas más propicias para impulsar el desarrollo de México, debido a que el número de personas en edades potencialmente dependientes (niñas, niños y personas mayores) es menor que el número de personas en edades laborales, con lo cual se incrementa el potencial productivo del país. El bono demográfico es una oportunidad irrepetible y aprovecharlo contribuirá a acelerar un desarrollo social y económico sostenible, reducir las desigualdades, propiciar la cohesión social y a generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos. 3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023. Base de datos tabulados/tabulados predefinidos/tabulados oportunos/Tema 16 - Hogares y viviendas/01EST_T16 Hogares y vivienda ENADID 2023.xlsx/Cuadro 16.19. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2023/#tabulados. 4 Gobierno de México. (2025). Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.dof.gob.mx/2025/PRESREP/PND%202025-2030.pdf. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 13 Gráfica 4. República Mexicana. Fases del bono demográfico de acuerdo con la relación de dependencia Fuente: Elaboración propia de la STCONAPO con base en la Conciliación Demográfica de México 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2020-2070. Bases de datos/ 5_Indicadores_demográficos_proyecciones. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/conapo/acciones-y- programas/conciliacion-demografica-de-1950-a-2019-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades- federativas-2020-a-2070. En 2026, la mayor parte de la población se concentra en edades potencialmente productivas y reproductivas. La niñez menor de 12 años representa 18.45% del total, las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años conforman 29.74%, las personas de 30 a 59 años concentran 38.56% de la población y las personas de 60 años y más son 13.24% del total. Hacia 2034, se estima que habrá mayor proporción de personas mayores que de niñas y niños (16.8% frente a 16.2%).5 Gráfica 5. República Mexicana. Distribución porcentual de grandes grupos de edad Fuente: Elaboración propia de la STCONAPO con base en la Conciliación Demográfica de México 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2020-2070. Bases de datos/0_Pob_Mitad_1950_2070.xlsx. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/conapo/acciones-y- programas/conciliacion-demografica-de-1950-a-2019-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades- federativas-2020-a-2070. 5 Consejo Nacional de Población. (2023). Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2020-2070. Explorador Poblacional de México (EXPOB-MX) [mapa interactivo]. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/conciliacion-demografica-de-1950-a-2019-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de- las-entidades-federativas-2020-a-2070. 14 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 No obstante, es importante considerar que la mayor proporción de personas adultas entre 30-59 años continuará siendo una mayoría entre 2009 y 2070, lo cual es favorable para implementar políticas de desarrollo que favorezcan el crecimiento de la economía e incrementen la productividad. Para ello, se requiere reforzar las políticas en los ramos educativo, laboral, sanitario, de seguridad social y desarrollo regional, entre otros. En el largo plazo, México tendrá una estructura de población con una elevada proporción de personas mayores que serán más longevas y tendrán una menor descendencia, lo que requiere una atención especial de la política de población con el propósito de impulsar que las políticas públicas se adapten al cambio en la estructura por edad, con principal atención en las dimensiones de salud, educación, empleo, programas de protección social y seguridad social, así como la articulación de un sistema de cuidados acorde con las necesidades de diferentes grupos de edad. Gráfica 6. República Mexicana. Pirámides de población en años seleccionados Fuente: Elaboración propia de la STCONAPO con base en la Conciliación Demográfica de México 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y las entidades federativas, 2020-2070. Bases de datos/0_Pob_Mitad_1950_2070.xlsx. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/conapo/acciones-y- programas/conciliacion-demografica-de-1950-a-2019-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades- federativas-2020-a-2070. Es importante señalar que la dinámica demográfica varía entre entidades federativas y a nivel local, de modo que los cambios en la estructura por edad se manifiestan en procesos de envejecimiento que transitan por distintas etapas. El siguiente esquema ofrece una aproximación a esta heterogeneidad, al mostrar el año en que cada entidad registra un mayor número de personas mayores en comparación con la población de niñas y niños. En las próximas décadas, la mayoría de las entidades experimentarán este relevo poblacional; destaca la Ciudad de México, que lo presentó desde 2019, en contraste Chiapas lo alcanzará hasta 2055, siendo la entidad más alejada en el horizonte de proyección. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 15 Gráfica 7. Año en el que se estima que la proporción de personas con 60 años o más igualará a la de menores de 12 años Fuente: Elaboración propia de la STCONAPO con base en la Conciliación Demográfica de México 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y las entidades federativas, 2020-2070. Bases de datos/0_Pob_Mitad_1950_2070.xlsx. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/conapo/acciones-y- programas/conciliacion-demografica-de-1950-a-2019-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades- federativas-2020-a-2070. Características de la población de México Educación Se estima que la escolaridad promedio en México en 2024 fue de 10.2 años de estudio, lo que equivale a completar la educación básica y parte de la media superior. Existe una variación significativa en la escolaridad promedio entre entidades federativas, que refleja disparidades en el acceso y la calidad de la educación entre las distintas regiones del país. La Ciudad de México registra el nivel más alto, con un promedio de 11.8 años de escolaridad, Chiapas tiene el nivel más bajo, con un promedio de 8.2 años.6 Aunque la cobertura en educación primaria es prácticamente universal, se deben atender brechas en niveles superiores y seguir garantizando el acceso y permanencia en el sistema educativo. En el ciclo escolar 2024-2025, la cobertura fue de 89.3% en educación básica; 80.6% en media superior; y 45.1% en la superior. En materia de cobertura de educación inicial y preescolar: 3.8% de infantes de 0 a 2 años 11 meses asistieron a la educación inicial y 63.9% de las niñas y niños de entre 3 a 5 años fueron inscritos en un servicio educativo.7 Las diferencias en acceso, calidad y permanencia educativa, así como la necesidad de incrementar la escolaridad para estar en posibilidades de aprovechar la fase final del bono demográfico y el aumento del tamaño de la población en edad de cursar nivel medio superior y superior, requerirán una profunda reestructuración del sistema educativo. No sólo es necesario garantizar la cobertura de educación inicial y preescolar para dar cumplimiento a la obligatoriedad de la educación básica, sino también cubrir la creciente demanda en los niveles medio superior y superior y atender las necesidades de aprendizaje a lo largo de la vida, incluidas acciones para cerrar la 6 Secretaría de Educación Pública. (2025). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025, pp. 50, 89 y 93. Consultado el 5 de marzo de 2026. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025_bolsillo.pdf. 7 Secretaría de Educación Pública. (2025). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025, pp. 19, 21, 23, 35 y 41. Consultado el 5 de marzo de 2026. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025_bolsillo.pdf. 16 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 “brecha digital” y mejorar las competencias de la población en el uso de las tecnologías de información y comunicación. Conforme a datos del INEGI, de 2015 a 2024 el porcentaje de personas usuarias de Internet pasó de 57.4% a 83.1%; por otro lado, en este último año de la población usuaria de internet el 81.3% lo usó con fines educativos o de capacitación.8 Estos desafíos exigen políticas públicas integrales que garanticen el derecho a una educación gratuita, laica y de calidad para todas y todos a lo largo del curso de vida, sin importar su origen étnico, género, condición de discapacidad, ubicación geográfica o condición socioeconómica. Estas políticas están estrechamente relacionadas con acciones para mejorar condiciones de bienestar y oportunidades de acceso que promueven la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” y la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Elisa Acuña, que reflejan el compromiso del Gobierno de México con la educación como motor del cambio social y pilar en la construcción de un país justo e igualitario. Trabajo Al cuarto trimestre de 2025, la población ocupada a nivel nacional fue de 59.8 millones de personas, de ellas, 24.5 millones fueron mujeres y 35.3 millones hombres. Por otro lado, subsisten brechas de desigualdad importantes entre personas trabajadoras formales e informales.9 Por lo que debe continuar la creación de empleos de calidad para satisfacer la creciente demanda laboral. Las personas trabajadoras informales representan más de la mitad de la población ocupada, y por ello es necesario seguir impulsado acciones para la formalización de las relaciones laborales, como las que se promovieron con empresas de plataformas digitales, lo que favoreció el acceso a la seguridad social y contribuyó a la formalidad laboral de las personas trabajadoras. De las 658 mil personas que están empleadas a través de plataformas digitales, aproximadamente 272 mil tienen ingresos superiores al salario mínimo.10 Por ello, es imprescindible cerrar la brecha de protección y aportar certeza jurídica a dicha población, así como a quienes realizan trabajo remunerado en el hogar, de cuidados, agrícola estacional y otros trabajadores informales. Por otro lado, las personas jóvenes presentan tasas de desempleo abierto superiores al promedio nacional, con desafíos adicionales, como la falta de experiencia laboral y oportunidades de formación. Si bien hay avances, con el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el reforzamiento de la política para el desarrollo de capacidades de la población joven, permitirá apoyar su inserción al trabajo formal.11 Según datos del INEGI, durante el cuarto trimestre de 2025, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 61.3 millones de personas12 (una tasa de participación de 59.2%), la PEA femenina fue de 25.2 millones y la masculina de 36.2 millones.13 Así, 45.8 de cada 100 mujeres fueron económicamente activas y 74.6 de cada 100 hombres. Por otra parte, 3.5 millones de mujeres en edad laboral se encuentran en la Población No Económicamente Activa disponible, es decir, mujeres que no se encuentran buscando trabajo activamente, pero tienen disponibilidad de trabajar si tuvieran la oportunidad; en contraste, solo 1.9 millones de hombres se encuentran en esta misma situación.14 8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024 [Presentación de diapositivas], pp. 3 y 9. Consultado el 5 de marzo de 2026. https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2024/. 9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) [Presentación de diapositivas], Cuarto trimestre. pp. 7, 9 y 18. Consultado el 5 de marzo de 2026. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_presentacion_ejecutiva_trim4_2025.pdf. 10 Cámara de Diputados, (2024) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 49; LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 50; LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 127; EL CAPÍTULO IX BIS Y EL ARTÍCULO 997 - Â DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO”, p.225, consultada el 1 de abril de 2026. https://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/Prog_leg_LXVI/026_DOF_24dic24.pdf#:~:text=Exposici%C3%B3n%20de%20Motivos%20 Ante%20el%20confinamiento%20social,un%20click%20y%20directamente%20hasta%20su%20domicilio . 11 Para mayores elementos de diagnóstico consultar: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2022). Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2022, p. 52. Consultado el 5 de marzo de 2026. https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Diagnostico_Trabajo_2022.pdf. 12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2025 [Presentación de diapositivas], Cuarto trimestre, p. 7. Consultado el 5 de marzo de 2026. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_presentacion_ejecutiva_trim4_2025.pdf. 13 Para calcular la PEA femenina se consideró la suma de dos variables: ocupados y desocupados, el mismo procedimiento se realizó para el caso de la PEA masculina. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2025 [Presentación de diapositivas], Cuarto trimestre, p. 9. Consultado el 5 de marzo de 2026. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_presentacion_ejecutiva_trim4_2025.pdf 14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2025 [Presentación de diapositivas], Cuarto trimestre, p. 10. Consultado el 5 de marzo de 2026. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_presentacion_ejecutiva_trim4_2025.pdf. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 17 A finales de 2025 también había 2.3 millones de personas que se dedicaron al trabajo del hogar remunerado de las cuales el 91.8% fueron mujeres y el 8.1% hombres, mientras que de la población con interés para trabajar, pero bajo un contexto que le impide hacerlo, el 80.9% fueron mujeres.15 Por otro lado, en 2024 las mujeres dedicaban en promedio 39.7 horas semanales al trabajo no remunerado en el hogar, de cuidados, comunitario y voluntario, mientras que los hombres solo destinaban 18.2 horas.16 Estas desigualdades de género en el mercado laboral y en la distribución del trabajo no remunerado en el hogar y de cuidados, pueden empezar a eliminarse mediante el impulso de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados y de medidas para ampliar y flexibilizar el mercado laboral, como las que llevan a cabo el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras y la Pensión Mujeres Bienestar. Lo anterior permitiría mejorar las condiciones para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, e impulsar condiciones para que las mujeres ingresen en el mercado de trabajo remunerado y puedan desarrollarse profesionalmente, lo que contribuiría al aprovechamiento del bono de género.17 Así, es imperativo aprovechar no sólo el potencial del bono demográfico, sino también del bono de género, entendido como el potencial de desarrollo que representa la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo remunerado, para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo del país. Además, la política laboral debe prepararse para el creciente ritmo de envejecimiento poblacional tomando en cuenta la rápida transformación de la población económicamente activa y del mercado de trabajo. Se requiere una política resiliente que promueva una participación laboral adecuada de personas mayores que decidan seguir en la actividad laboral remunerada, una continua formación y adquisición de nuevas competencias, y la creación de nuevos modelos de jubilación que contemplen una transición gradual y flexible en los últimos años de trabajo. Seguridad social y pensiones Las reformas implementadas en los últimos años han mejorado la viabilidad financiera del sistema de pensiones. La dependencia económica de las personas mayores de sus familias, especialmente en contextos de pobreza, visibiliza la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección social para este grupo etario, tal como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Aunque se avanza en la afiliación a instituciones de salud, aún hay población que requiere acceso efectivo a servicios de seguridad social, esto se puede observar en el porcentaje de personas de 65 años o más con esa carencia, que disminuyó de 41.4% en 2018 a 28.8% en 2020.18 Asimismo, los datos más recientes muestran que la carencia de acceso a la seguridad social para la población total descendió de 50.2% en 2022 a 48.2% en 2024, lo cual muestra la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos que permitan el ahorro para las etapas del retiro.19 Salud El sistema de salud mexicano atiende actualmente el desafío que plantean las enfermedades crónicas no transmisibles, principales indicadores de la carga de enfermedad en el país. Ante el aumento de la supervivencia y la prevalencia de condiciones crónicas o discapacidades asociadas, la política de salud se orienta a robustecer los servicios de atención especializada y rehabilitación, garantizando la cobertura universal y el bienestar colectivo.20 15 Se consideran "personas con interés para trabajar, pero bajo un contexto que les impide hacerlo" aquéllas que son explícitas en cuanto a que nadie más en el hogar se hace cargo de los niños pequeños, enfermos o ancianos, o porque algún familiar les prohíbe trabajar o también por algún impedimento físico de carácter temporal (embarazo difícil o avanzado, convalecencia de una enfermedad o accidente). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2025, Cuarto trimestre. Tabulados/tabulados predefinidos/trimestrales/indicadores estratégicos/IV Trimestre (ENOE). Consultado el 5 de marzo de 2026. https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#tabulados. 16 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024 [Presentación de diapositivas]. p 20. Consultado el 5 de marzo de 2026. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2024/doc/enut_2024_presentacion_resultados.pdf. 17 La Comisión Económica para América Latina define el bono de género como el aporte potencial que pueden realizar las mujeres a los ingresos de sus hogares y por lo tanto al crecimiento económico y a la reducción de la Pobreza debido al incremento significativo de su participación en la actividad económica. Para más información se puede consultar: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2012). Bono de género en América Latina y el Caribe Conceptos, metodología y aplicaciones. Consultado el 5 de noviembre de 2025 https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2014/08/bono_de_genero_en_america_latina_y_el_caribe_conceptos.pdf; Isalia Nava, Consejo Nacional de Población. (2023). Conferencia “Las posibilidades de los dividendos demográficos en México”. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/conapo/articulos/conferencia-las-posibilidades-de-los-dividendos-demograficos-en-mexico. 18 Cámara de Diputados, (2023). Iniciativa “Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel y diversos integrantes del Grupo Parlamentario del PT”. Gaceta Parlamentaria, año XXVI, número 6362-IV-5, martes 12 de septiembre de 2023. Consultado el 5 de marzo de 2026. https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2023/sep/20230912-IV-5.html#Iniciativa1. 19 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Pobreza Multidimensional. [Comunicado de prensa 118/2025] Consultado el 6 de marzo de 2026. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pm/pm2025_08.pdf. 20 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR). [Comunicado de Prensa 117/25] Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/edr/EDR2024_CP_ene-dic.pdf. 18 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 El aumento de las enfermedades está asociado a factores como el exceso de peso y la obesidad, la falta de actividad física y el consumo de alimentos poco saludables, lo que conlleva a prever futuras sobrecargas al sistema de salud, ya que exige una atención especializada y cuidados de largo plazo, así como costos para el sistema de seguridad por pensiones por incapacidad para trabajar. Por ello, se realizan políticas de prevención y promoción que sigan fomentando hábitos saludables desde la infancia y a lo largo de la vida, para disminuir las enfermedades desde edades tempranas y promover una vida sana e independiente durante la vejez.21 La transición epidemiológica de México no es homogénea, existe una doble carga para el sector salud al enfrentar enfermedades crónicas, como diabetes y enfermedades cardiovasculares, y enfermedades infecciosas y desnutrición, con notables desigualdades entre regiones, entidades, municipios y grupos sociales. El fortalecimiento de las políticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades, como el Programa Salud Casa por Casa y otros, deben tener un enfoque de curso de vida, diferenciado y territorial de largo plazo que contribuyan a resolver las inequidades de acceso y resultados relacionadas con los determinantes sociales y la diversidad de condiciones socioeconómicas de la población, de acuerdo con la etapa de la transición demográfica en que se encuentran.22 Derechos sexuales y reproductivos La tasa global de fecundidad para 2014 fue de 2.21, en 2018 de 2.07 y para 2023 fue de 1.60 hijos e hijas por mujer.23 Esta tendencia refleja el proceso de apropiación y ejercicio de uno de los derechos humanos fundamentales: la libertad de decidir tener o no tener hijas e hijos, cuántos y cuándo tenerlos. Las decisiones reproductivas son cada vez más libres e informadas y los modelos de maternidad y paternidad responsables han logrado ser interiorizadas gradualmente por la mayoría de la población. El empoderamiento de las mujeres y las transformaciones en los roles de género, en gran medida asociadas a su creciente participación en distintas esferas de la sociedad, favorecieron cambios en la organización social y familiar. El deseo de tener hijos sigue disminuyendo, tal como ocurrió hace algunas décadas en los países de ingresos altos.24 De 2018 a 2023, el porcentaje de mujeres sin hijos y sin deseo de tenerlos aumentó de 31.3% a 50.1%. En el rango de 15 a 19 años, el porcentaje de mujeres sin hijos y sin deseo de tenerlos creció de 25.2% a 44.4%, y en las jóvenes de 20 a 24, subió de 23.7% a 43.2%.25 Las decisiones reproductivas también son condicionadas por el contexto socioeconómico, incluida la falta de oportunidades laborales, de ingresos adecuados, dificultades en conciliar el trabajo con el cuidado de hijas e hijos, la falta de acceso a una vivienda asequible, el temor a no poder garantizar una educación de calidad y la falta de protección social, entre otras razones. Por ello, se requieren políticas públicas para seguir avanzando para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos reproductivos. Mantener un ritmo de crecimiento lento (menor al 1% anual) y una tasa de fecundidad relativamente baja hace posible a largo plazo impulsar políticas económicas y sociales financieramente sostenibles. En todas las entidades federativas se registró una disminución de la fecundidad, sin embargo, persisten diferencias notables. Los resultados de Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 indican que en la Ciudad de México la tasa es de 0.96 hijos por mujer, mientras que en Chiapas es de 2.39; las mujeres hablantes de lengua indígena presentan una Tasa Global de Fecundidad (TGF) de 2.51 hijos por mujer, mientras que las mujeres no hablantes de lengua indígena tienen una TGF de 1.67. Las mujeres con 21 Consejo Nacional de Evaluación de política de Desarrollo Social. (2023). Estudio sobre el derecho a la salud 2023: un análisis cualitativo. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/IEPSM/Documents/E_Derecho_Salud_2023.pdf. 22 Secretaría de Salud. (2019). Primer Informe sobre Desigualdades en Salud en México: Observatorio Nacional de Inequidades en Salud (ONIS). Consultado el 5 de noviembre de 2025. http://www.onis.salud.gob.mx/site4/documentos/docs/1_informe_desigualdad_mexico.pdf. 23 Estimaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población de la TGF por características seleccionadas con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 (INEGI, 2023). Microdatos / Bases de datos. Datos disponibles en https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2023/#microdatos. 24 Para mayores elementos de diagnóstico se recomienda consultar: Fondo de Población de las Naciones Unidas (2025), Informe sobre el estado de la población mundial. La verdadera crisis de fecundidad. Alcanzar la libertad reproductiva en un mundo de cambios, Consultado el 5 de noviembre de 2025 en https://www.unfpa.org/es/swp2025 25 Ídem. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 19 nivel educativo menor que secundaria registran 2.42 hijos por mujer, mientras que aquellas con educación media superior o superior tienen una TGF de 1.44; las mujeres residentes en localidades rurales tienen una TGF de 2.22 hijos por mujer, en comparación con 1.56 en áreas urbanas.26 Las brechas de fecundidad existentes no sólo reflejan dinámicas culturales y decisiones individuales, sino que están profundamente asociadas a condiciones de marginación y desigualdad de género. La prevalencia de uso de anticonceptivos y la autonomía de las mujeres es menor sobre todo en contextos rurales, indígenas y urbanos marginados. Mientras que la prevalencia de uso de anticonceptivos entre Mujeres en Edad Fértil Sexualmente Activas (MEFSA) es de 74.7% a escala nacional, en mujeres hablantes de lengua indígena el uso es de 66.3% y entre las mujeres que habitan zonas rurales de 72.1%.27 Para garantizar el derecho de todas las personas a decidir de manera libre, informada y responsable sobre su vida reproductiva —en condiciones de igualdad y sin discriminación— es indispensable sostener un enfoque de derechos humanos y de justicia social, que facilite el acceso a servicios de educación y salud adecuados y pertinentes; superar las prácticas sociales que penalizan las decisiones reproductivas de las mujeres en contextos de pobreza y exclusión, en función de la pertenencia étnica, edad, localidad de residencia o situación de movilidad.28 Embarazo en adolescentes Seguir generando acciones para disminuir el porcentaje de embarazo en adolescentes es motivo de especial atención, no sólo por los riesgos que tiene la fecundidad en edades tempranas para la salud de la madre y su descendencia, sino también porque limita las oportunidades de desarrollo personal de las madres adolescentes y tiene importantes implicaciones socioeconómicas en sus proyectos y trayectorias de vida, así como en las de sus hijas e hijos. Como resultado de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) 2023, que busca garantizar los derechos sexuales y reproductivos de este grupo poblacional, la tasa específica de fecundidad adolescente se redujo un 30% en el último quinquenio, actualmente hay 50.6 nacimientos por cada mil adolescentes. La prevalencia de uso de anticonceptivos entre adolescentes sexualmente activas es de 61.6%, con un predominio del condón masculino (80%).29 Con el fortalecimiento de la estrategia se busca garantizar los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes para reducir a 32.6 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años para 2030.30 Uniones forzadas y violencia sexual en contra de niñas En cuanto a la fecundidad forzada en niñas menores de 15 años se había observado un estancamiento relacionado con prácticas patriarcales milenarias, como los matrimonios forzados o arreglados y la violencia sexual. Entre 2018 y 2025, y con la implementación de la ENAPEA, la tasa de fecundidad forzada mostró una reducción de 22.6% al pasar de 3.09 a 2.39 nacimientos entre niñas madres por cada mil niñas de 12 a 14 años.31 26 Estimaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población (2025) con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 (INEGI, 2023). Microdatos / Bases de datos. Datos disponibles en https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2023/#microdatos CONAPO. (2023). Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2021-2070. Bases de datos/0_Pob_Mitad_1950_2070.xlsx. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/conciliacion-demografica-de-1950-a-2019-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de- las-entidades-federativas-2020-a-2070. 27 Consejo Nacional de Población. (2025). Datos abiertos/Visualizaciones de datos [base de datos]/Porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas cuyas necesidades de planificación familiar se encuentran satisfechas, a nivel nacional y entidad federativa, 2023 (seleccionar año y variable específica para consultar cada dato en la base). Consultado el 5 de noviembre de 2025 en: https://www.datos.gob.mx/dataset/salud_sexual_reproductiva/resource/3634ed84-0fef-4c02-9567-f32721643197 28 Para abundar en el tema se sugiere consultar: Consejo Nacional de Población. (2024). 50 años de CONAPO. Transformación de la Política de Población. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/conapo/documentos/50-anios-del-conapo-transformacion-de-la- politica-de-poblacion. Y Consejo Nacional de Población. (2020). Situación de los derechos sexuales y reproductivos. República Mexicana, 2018. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/conapo/documentos/situacion-de-los-derechos-sexuales-y-reproductivos- republica-mexicana-2018. 29 Estimaciones de la STCONAPO (2025) con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 (INEGI, 2023). Microdatos / Bases de datos. Datos disponibles en https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2023/#microdatos 30 Gobierno de México (2024). Sistema de indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (SIMS-ENAPEA) Informe de principales resultados 2018-2024. P. 14. Consultado el 2 de abril de 2026. https://conapo.segob.gob.mx/work/models/CONAPO/Datos_Abiertos/SaludSexualyReproductiva/INF_ResultSIMS_2018_2024_17122024.pdf 31 Consejo Nacional de Población. (2026). Fecundidad forzada en niñas de 10 a 14 años. Características sociodemográficas de las niñas madres y de los progenitores de las (os) hijas(os) de niñas de 10 a 14 años, p. 4. Consultado el 6 de marzo 2026. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1058034/Infografia_menores_15_STCONAPO_2018_2025_V_FINAL_WEB.pdf 20 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Los esfuerzos de la estrategia para erradicar por completo las uniones forzadas y la maternidad infantil deben multiplicarse y lograr una mayor eficacia, incluyendo un enfoque integral que promueva la creación de espacios seguros y el perfeccionamiento de los mecanismos de protección. Ninguna niña puede ser víctima de violencia sexual, ser despojada de sus derechos, ni ser madre, en ninguna circunstancia. Mortalidad materno-infantil Se debe continuar con el trabajo para reducir la mortalidad materno-infantil. Como muestra de esto, en la actualidad se estima una mortalidad materna promedio de 34.6 defunciones de mujeres por cada cien mil nacidos vivos, donde los estados con menor tasa de defunciones son Campeche con 8.72 y Aguascalientes con 11.36, mientras que los estados con mayor tasa de defunciones son Guerrero (55.67) y Chihuahua (70.66).32 Por su parte, la mortalidad neonatal se ubica en 8.37 defunciones por cada mil nacidos vivos en 2023,33 por lo que se requiere especial atención en los primeros días de vida de las y los recién nacidos, sobre todo fortalecer la atención prenatal y postnatal para disminuir las mortalidades materna y neonatal. La tasa de mortalidad infantil sigue en descenso y en la actualidad se ubica en 12.07 defunciones de menores de un año de vida por cada mil nacidos vivos. Por entidad federativa, en Nuevo León se estiman 9.25 defunciones (de menores de un año) por cada mil nacidos vivos, en Guerrero hay 14.14 decesos y en Chiapas 14.08 Para romper esta tendencia es necesario reforzar las condiciones económicas y de salud de las madres, de su familia y entorno, con prioridad en los grupos y regiones marginadas del país.34 Mapa 1. República Mexicana. Tasa de mortalidad infantil por entidad federativa, 2026 Fuente: Elaboración propia de la STCONAPO con base en la Conciliación Demográfica de México 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y las entidades federativas, 2020-2070. Visualizador demográfico. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/conciliacion-demografica-de-1950-a-2019-y- proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2020-a-2070. 32 Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (s/d) Objetivo 3. Salud y Bienestar. Meta 3.1./Indicador 3.1.1 Razón de Mortalidad Materna/Indicador/Mapa. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS003000030010&cveind=26&cveCob=99&lang=es#/Indicator. 33 Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (s/d) Objetivo 3. Salud y Bienestar. Meta/3.1. Indicador/3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal/Datos. Consultado el 5 de noviembre de 2025 en: https://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS003000050020&cveind=623&cveCob=99&lang=es#/Indicator 34 Consejo Nacional de Población. (2024). Explorador Poblacional de México: Mortalidad, consulta interactiva de datos para entidades federativas seleccionadas. Consultado el 5 de noviembre de 2025 en: https://conapo.segob.gob.mx/work/models/CONAPO/pry23/PP/index.html. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 21 Distribución territorial de la población y movilidad humana La distribución territorial de la población mexicana se caracteriza por una marcada concentración en zonas urbanas, con una tendencia creciente hacia la urbanización y una disminución relativa de población en las áreas rurales. Actualmente, en las más de 184 mil localidades rurales (comunidades con menos de 2,500 habitantes, dispersas en todo el país, con mayor presencia en Oaxaca, Chiapas y Guerrero)35 reside aproximadamente 20% de la población. Esta configuración territorial plantea áreas de oportunidad para fortalecer la cobertura de servicios básicos e infraestructura. Bajo la visión del Humanismo Mexicano, la política de planeación nacional se orienta a transformar estos retos de dispersión geográfica en estrategias de conectividad y bienestar regional, con el fin de nivelar las condiciones económicas y garantizar que el desarrollo llegue a todas las comunidades, independientemente de su tamaño o ubicación. Cerca de 11.4 millones de personas habitan en 790 municipios con alta y muy alta marginación36 mientras 4.5 millones residen en 28,410 localidades en la misma situación.37 No obstante que en las últimas décadas se han conseguido progresos en diversos indicadores sociales como los relativos al acceso a la educación y a servicios básicos, derivados en gran parte de los avances de programas y acciones en la materia, persisten desafíos en determinadas poblaciones y zonas del país. Mapa 2. México. Grado de marginación por municipio, 2020 Fuente: CONAPO. (2023). Índices de marginación 2020, p. 73. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/848423/Indices_Coleccion_280623_entymun-p_ginas-1-153.pdf 35 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). ¿Qué hay en las localidades rurales de México?, p. 1. Consultado el 5 de noviembre de 2025 en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463915119.pdf 36 Consejo Nacional de Población. (2020). Índice de marginación 2020, p. 22. Consultado el 6 de marzo de 2026. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/848423/Indices_Coleccion_280623_entymun-p_ginas-1-153.pdf. 37 Consejo Nacional de Población. (2020). Índice de marginación por localidad 2020, p. 420. Consultado el 6 de marzo de 2026. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/835461/Indices_Coleccion_280623_localidad.pdf 22 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 En este sentido, se identificó que 6.7 millones de personas viven en localidades con grados de accesibilidad deficientes, concentrados en 624 municipios.38 La implementación de políticas de desarrollo regional sostenible contribuiría a la mejora de las condiciones de vida de esta población y a una distribución poblacional más equilibrada. Mapa 3. México. Grado de accesibilidad a nivel municipal, 2020 Fuente: Consejo Nacional de Población; Instituto Mexicano del Transporte y CentroGeo [Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial]. (2022). Análisis geoespacial de la accesibilidad a centros urbanos de las localidades de México, p. 59. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/859244/Parte_4.pdf En las 3,448 localidades en transición rural-urbano (consideradas en el tamaño de localidad de 2,500 a 14,999 habitantes) vive alrededor de 14.9% de la población.39 Estas localidades en proceso de urbanización, con mejoras en infraestructura y servicios, funcionan como centros de conexión entre zonas rurales y urbanas, facilitando el acceso a mercados y servicios. En 453 ciudades —13 de las cuales tienen un millón o más de habitantes— se concentra aproximadamente 69% de la población del país.40 La profunda transformación urbana de las últimas cinco décadas, marcada por un crecimiento poblacional acelerado y una expansión territorial significativa de las ciudades, refleja la transición de un modelo urbano relativamente compacto a uno disperso, con un aumento notable de la urbanización en las periferias. Este proceso se asocia, entre otros factores, con la industrialización, así como con políticas públicas que favorecieron la expansión habitacional a bajo costo. 38 Consejo Nacional de Población; Instituto Mexicano del Transporte y CentroGeo [Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial]. (2022). Análisis geoespacial de la accesibilidad a centros urbanos de las localidades de México. Análisis geoespacial de la accesibilidad a centros urbanos de las localidades de México (parte 3), p. 46, (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/859245/Parte_3.pdf) para identificar la cifra de habitantes se debe sumar los conceptos bajo y muy bajo grado de accesibilidad y Análisis geoespacial de la accesibilidad a centros urbanos de las localidades de México (parte 4), p. 59 (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/859244/Parte_4.pdf) para identificar los 624 municipios se debe sumar los conceptos bajo y muy bajo grado de accesibilidad. Consultado el 5 de noviembre de 2025. 39 Consejo Nacional de Población; Instituto Mexicano del Transporte y CentroGeo [Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial]. (2022). Análisis geoespacial de la accesibilidad a centros urbanos de las localidades de México. p. 48. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/859244/Parte_4.pdf. 40 Consejo Nacional de Población. (2024). Sistema Urbano Nacional 2020, 02. El Sistema Urbano Nacional 1900-2020. pp. 13 y 33 Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/951564/SUN_2020_Parte1.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 23 Este crecimiento descontrolado generó grandes retos, como la fragmentación del territorio urbano, la segregación socioespacial y el deterioro ambiental. Las metrópolis, como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara vieron surgir cinturones de marginación y pobreza urbana, caracterizados por deficiencias en infraestructura básica, transporte público ineficiente y baja calidad de vida. En este sentido, se requiere una planeación urbana integral, sostenible e incluyente, que atienda los problemas de cobertura de servicios urbanos, ambientales, de movilidad, trabajo y vivienda, entre otros. Vivienda El rezago habitacional dificulta a la población adquirir una vivienda adecuada, derecho humano que ocupa un lugar importante en la agenda nacional, por ello, el Gobierno de México llevará a cabo el Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar y la construcción de un millón de viviendas nuevas durante la presente administración, privilegiando la vivienda popular, principalmente para jóvenes, con créditos a bajo costo. Los desafíos de la concentración de población y la presión sobre los recursos naturales —en particular, el agua—, así como de servicios e infraestructura en un creciente número de ciudades, contrastan con algunas áreas que presentan despoblamiento. Migración internacional México es un país en el que coexisten diversos flujos de migración internacional: emigración de connacionales (principalmente a Estados Unidos), migración de retorno, migración de tránsito e inmigración y refugio. Si bien entre 2020 y 2024 la proyección del saldo neto migratorio presenta valores inferiores (117 mil en promedio anual) a los del promedio anual de la década pasada (172 mil), persiste la pérdida de población por migración internacional.41 El país enfrenta retos significativos para una movilidad internacional segura, ordenada y regular de personas que buscan protección internacional y de las deportaciones de connacionales desde Estados Unidos. México se convertirá cada vez más en un país de destino y de retorno permanente, lo que obliga a implementar activamente una política humanista, centrada en los derechos humanos y promotora de la inclusión, orientada a garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas,42 y sumar su potencial al desarrollo nacional. Mapa 4. México. Grado de intensidad migratoria por municipio, 2020 Fuente: López Vega, R., Et al. (2022). Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2020. Consejo Nacional de Población, p. 56. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048709/IIMMexEEUU2020_act2026_.pdf 41 Consejo Nacional de Población, Base de datos de las proyecciones de la población de México y las entidades federativas 2020- 2070/05_Indicadores_demograficos_proyecciones.csv. Consultado el 5 de marzo de 2026. https://conapo.segob.gob.mx/work/models/CONAPO/Datos_Abiertos/pry23/05_Indicadores_demograficos_proyecciones.csv / Para consultar la información seleccionar año y Columna T. 42 Con el término “personas refugiadas”, el PNP 2026-2030 hace referencia a las personas solicitantes de la condición de refugiado, personas refugiadas y personas con protección complementaria en las comunidades de acogida. 24 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Una de las tendencias emergentes más relevantes es la potencial reorientación de flujos poblacionales hacia el sur-sureste del país, donde se realizan grandes inversiones en infraestructura y desarrollo. Esta dinámica requiere una planificación equilibrada que considere las necesidades y características específicas de esta región, con el objetivo de crear polos de desarrollo y bienestar. También se debe prestar atención a la población flotante —personas que se mueven frecuentemente entre regiones por motivos laborales y otros—, lo que plantea retos en materia de vivienda, transporte, servicios y gestión urbana.43 Cultura demográfica La cultura demográfica ha sido una vertiente estratégica y exitosa de la política de población de México, al promover el conocimiento, la reflexión crítica y el ejercicio informado de los derechos en relación con la dinámica poblacional. En un país caracterizado por una profunda transformación en su estructura por edad, una diversidad creciente de formas de familia, una movilidad interna e internacional sostenida y en un contexto de profundas desigualdades históricas, comprender los vínculos entre población y desarrollo es fundamental tanto para las instituciones públicas, como para la sociedad mexicana. Durante décadas, México ha sido pionero en el desarrollo de estrategias de comunicación y educación orientadas a la cultura demográfica. Los cambios recientes en el entorno informativo, tecnológico y sociocultural exigen renovar los enfoques y contenidos de las estrategias de comunicación, para responder a demandas como la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; el reconocimiento y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas mayores; de la diversidad sexual; personas con discapacidad y poblaciones migrantes que enfrentan retos específicos de información, protección e inclusión social, por mencionar algunos.44 Es necesario fortalecer contenidos demográficos en los planes de estudio y libros de texto, ampliar materiales accesibles y multilingües, así como difundir campañas públicas con enfoque de derechos y diversidad para favorecer la apropiación social del conocimiento demográfico y para aumentar la capacidad de las personas para ejercer su derecho al desarrollo, bienestar y a la toma de decisiones libres e informadas sobre aspectos fundamentales de su vida: cuántos hijos tener, cuándo y con quién, cuándo emigrar, hasta cuándo estudiar, cómo cuidar su salud, cómo hacer exigibles sus derechos, qué cuidados requerir o cómo planificar su envejecimiento. Coordinación de la política de población Se requiere fortalecer la coordinación de la política de población para que las políticas de desarrollo incorporen de manera más sustantiva la perspectiva demográfica y, con ello, aprovechar el potencial de la dinámica poblacional para el desarrollo. Tomando en cuenta el avance de la transición demográfica, el proceso de envejecimiento poblacional y las desigualdades regionales y sociales estructurales, la gobernanza exige articular esfuerzos adicionales entre los distintos ámbitos de gobierno, sectores sociales y actores institucionales. Es necesario que la dimensión demográfica se articule de forma más sistemática en los instrumentos de planeación nacional, estatal y municipal para garantizar que las políticas respondan de manera efectiva a los desafíos y oportunidades que se desprenden de la transición demográfica. Para ello, se requiere que los sectores prioritarios de desarrollo integren ejercicios de prospectiva poblacional en su planeación con el propósito de que la formulación de la política tenga un enfoque de largo plazo, en temas de educación, trabajo, vivienda, pensiones y transferencias no contributivas, como las de bienestar, entre otros. Es importante considerar que para hacer frente al envejecimiento de la población es fundamental cuidar la sostenibilidad financiera e integrar un enfoque de economía intergeneracional con perspectiva de género a mediano y largo plazo, así como dar seguimiento a indicadores que permitan identificar el impacto económico del cambio demográfico que está experimentado el país y orientar en lo subsecuente las políticas de población actuales y futuras. La experiencia aprendida de los países de ingreso alto, donde la fecundidad disminuyó y contribuyó a un envejecimiento poblacional significativo, nos advierte sobre la necesidad de atender en México las causas socioeconómicas, culturales y ambientales por las que las nuevas generaciones deciden no tener hijos. Atender oportunamente estas necesidades a través de políticas públicas adecuadas podría desacelerar el ritmo del envejecimiento poblacional. 43 Para más información consultar: Consejo Nacional de Población. (2024). 50 años del CONAPO. Transformación de la Política de Población. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/conapo/documentos/50-anios-del-conapo-transformacion-de-la- politica-de-poblacion 44 Para más información consultar: Consejo Nacional de Población. (2024). 50 años del CONAPO. Transformación de la Política de Población. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/conapo/documentos/50-anios-del-conapo-transformacion-de-la-politica-de-poblacion Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 25 También es necesario avanzar en la armonización legislativa para alinear el marco normativo nacional y local con los compromisos internacionales sobre población y desarrollo y los más altos estándares de protección de los derechos humanos. Las administraciones públicas locales requieren fortalecer sus equipos técnicos, además de asesoría para la elaboración de sus propios programas estatales de población y para la producción y uso de datos sociodemográficos. Es necesario mejorar el sistema de información sociodemográfica en términos de la disponibilidad de análisis sociodemográficos actualizados y pertinentes, así como fortalecer la generación de datos desagregados, considerando diversas escalas espaciales y variables como edad, sexo, discapacidad, etnicidad, país de origen, orientación sexual, identidad de género, intersexualidad, para fortalecer el diseño de políticas públicas. Prioridades del Programa Nacional de Población 2026-2030 México atraviesa una transformación profunda en su estructura por edad, marcada por el avance del envejecimiento y la progresiva disminución del crecimiento poblacional. Ante este escenario, es prioritario adoptar un enfoque de resiliencia demográfica, entendida como la capacidad del país para adaptarse proactivamente a los cambios demográficos, mitigar sus impactos negativos y aprovechar sus oportunidades, asegurando el desarrollo sostenible, el respeto y la protección de los derechos humanos sin distinción alguna. Ello significa aprovechar el bono demográfico antes de que se cierre; impulsar una educación inclusiva y de calidad a lo largo del curso de vida; fomentar el trabajo decente45 e inclusivo, ampliando las oportunidades laborales para mujeres, jóvenes y grupos discriminados; preparar al país para una sociedad longeva; fortalecer el sistema de salud con enfoque preventivo, inclusivo y de curso de vida; ampliar la seguridad social como eje de inclusión; así como reducir desigualdades estructurales y territoriales. La creación gradual de un sistema nacional y progresivo de cuidados que garantice este apoyo del Estado para niñas y niños, personas con discapacidad, mayores dependientes y personas cuidadoras, tiene el potencial de contribuir a reducir el trabajo no remunerado, ampliar la autonomía económica y favorecer el acceso a servicios en beneficio de millones de mujeres, aumentar las oportunidades de desarrollo, mejorar la calidad de vida y crear empleos formales que contribuyan al desarrollo económico del país. En estrecha vinculación con programas en los ámbitos del bienestar, protección social, salud, trabajo, sistema de pensiones y educación, un sistema nacional de cuidados abre la oportunidad de potenciar el bono demográfico y el llamado bono de género y generar beneficios a favor de la productividad y el crecimiento económico derivado de la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Además, los servicios de cuidados tienen el potencial de reducir la brecha entre la fecundidad real y la deseada, al proveer servicios de cuidado para las infancias, lo que podría contribuir a la desaceleración del envejecimiento demográfico. En este contexto, el Objetivo 1 del PNP: Fortalecer las políticas públicas conforme a los cambios demográficos, con un enfoque de resiliencia demográfica, para enfrentar sus desafíos y aprovechar sus oportunidades para el desarrollo, permitirá anticipar los efectos del cambio demográfico mediante la adopción de un enfoque de resiliencia demográfica en las políticas públicas, que combine la previsión a futuro con la acción concreta en el presente, promoviendo el fortalecimiento de la acción pública y la construcción de democracia, conforme al principio del gobierno del pueblo y para el pueblo. El ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos tiene un gran potencial para contribuir al desarrollo humano, ampliar las capacidades y libertades de las personas y para llevar a cabo los proyectos de vida. Permite además alcanzar una vida sexual y reproductiva más sana y placentera, a través de la prevención de embarazos no deseados, contribuye a mejorar el estado de salud y reducir la incidencia de la mortalidad perinatal y materna. Por otro lado, al generar una actitud responsable frente a la reproducción y la maternidad y paternidad, mejoran las condiciones para aprovechar otras oportunidades de bienestar individual y familiar. La actual visión busca promover la autonomía reproductiva y el empoderamiento de las mujeres, fortalecer la Educación Integral en Sexualidad (EIS), prevenir el embarazo adolescente, erradicar las uniones forzadas, así como la violencia sexual en contra de niñas, combatir la mortalidad materno-infantil y reforzar la coordinación intersectorial e intergubernamental para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. 45 La Organización Internacional del Trabajo define al trabajo decente como la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. 26 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Asimismo, son necesarias políticas para demoler las barreras y crear condiciones favorables para el ejercicio de la maternidad. Entre los apoyos que contribuyen al aumento de la fecundidad, están los apoyos económicos por hija o hijo, las licencias parentales extendidas y compartidas, los programas de conciliación de la vida laboral y familiar, el acceso a servicios de educación inicial y preescolar, subsidios y servicios para la atención de la infertilidad, entre otros. El Objetivo 2 del PNP: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población, para reducir las brechas de desigualdad, contribuye a eliminar las barreras y ampliar las oportunidades y beneficios derivados del pleno ejercicio de un derecho fundamental en el ámbito demográfico, el decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de la descendencia, lo que implica promover y garantizar todo el conjunto de derechos sexuales y reproductivos, en concordancia con los principios de la igualdad sustantiva y de que la libertad es la esencia de la democracia. Para un desarrollo urbano y regional sostenible que reduzca las desigualdades, es crucial corregir los desequilibrios espaciales causados por el crecimiento urbano acelerado y el rezago en zonas marginadas, rurales e indígenas. La política pública debe priorizar una planeación integral, sostenible e incluyente, que fortalezca la conectividad entre estas áreas. El objetivo es promover un uso racional del suelo, mejorar la infraestructura y garantizar servicios básicos, tomando en cuenta los rezagos existentes y la dinámica de los movimientos migratorios internos e internacionales y su impacto en el desarrollo local y regional. Esto implica considerar una reorientación de la política de infraestructura y vivienda para atender el rezago habitacional actual, mediante la construcción de viviendas dignas, accesibles y cercanas a servicios, así como la necesidad de articular las obras con políticas de desarrollo enfocadas en localidades en transición rural- urbana como nodos de conexión y dinamización regional. Se requiere también diseñar y ejecutar una política de inclusión de personas migrantes y refugiadas, que garantice sus derechos y permita aprovechar sus contribuciones al desarrollo del país. A través del Objetivo 3: Mejorar el equilibrio en la distribución territorial de la población y las oportunidades de desarrollo para disminuir las desigualdades regionales, el PNP 2026-2030 busca articular políticas públicas para reducir las desigualdades entre los diferentes grupos de la sociedad y entre las regiones del país, en materias de servicios, infraestructura, vivienda, medio ambiente y movilidad humana. Alineado a los principios de prosperidad compartida y de un desarrollo que garantice el bienestar de la población, al mismo tiempo que protege el medio ambiente y los recursos naturales. El fortalecimiento de la cultura demográfica es clave para consolidar una política de población inclusiva y basada en evidencia, implica promover el acceso igualitario a la información, la incorporación de contenidos demográficos en el sistema educativo, el desarrollo de capacidades en diferentes sectores (educativo, sanitario, laboral, etc.), el fomento de la participación de las personas en el análisis, seguimiento y transformación de los procesos demográficos que configuran el presente y el futuro del país. Una sociedad informada y crítica en materia poblacional está mejor preparada para enfrentar los desafíos derivados de la transición demográfica, de la desigualdad, el cambio climático, la movilidad humana y el envejecimiento, y para construir un desarrollo verdaderamente sostenible, con justicia e igualdad. El Objetivo 4: Fortalecer la cultura demográfica para promover el conocimiento y el uso de la información poblacional en la toma de decisiones libres, informadas y responsables a lo largo de su vida, considera que la cultura demográfica de la población es un elemento fundamental del principio de la democracia como gobierno del pueblo y para el pueblo, ya que habilita a las personas para ejercer una ciudadanía libre, participativa y responsable a partir del derecho a tomar decisiones para llevar a cabo los propios proyectos de vida, lo que conforma un ejercicio colectivo de construcción del futuro de la sociedad fundado en la sabiduría popular de profundas raíces culturales. Se requiere fortalecer la gobernanza con la política de población y consolidar al CONAPO como órgano resolutivo y de coordinación estratégica para la integración y transversalización de la dimensión poblacional en las políticas públicas. Promover la federalización de la política de población, así como continuar con la articulación entre niveles de gobierno, sociedad civil y academia, así como fortalecer el sistema de información demográfica con datos desagregados para seguir contribuyendo a la planeación basada en evidencia, con enfoque diferenciado. Por ello, el Objetivo 5 del PNP: Impulsar una gobernanza de la política de población que integre la dinámica demográfica en la planeación del desarrollo nacional para reducir las brechas de desigualdad, reconoce que la mejora de las capacidades institucionales y la participación ciudadana para la gobernanza demográfica es estratégica en términos de que el Estado debe procurar la felicidad del pueblo y debe hacerlo con base en sólidos fundamentos conceptuales, normativos y operativos, que requieren la inclusión de criterios y consideraciones demográficas en el diseño de las políticas y programas públicos y, con ello, en el ejercicio democrático del quehacer público. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 27 De esta manera, el PNP 2026-2030 alinea sus objetivos con los postulados del PND 2025-2030, particularmente con su visión de construir una República democrática, justa, fraterna, educadora, de y para las mujeres, con trabajo y salario digno, y comprometida con la sostenibilidad y la inclusión. Al articular políticas sectoriales —como salud, educación, trabajo, cuidados, desarrollo urbano y regional, vivienda, cultura y medio ambiente— con una lectura demográfica integral, el programa no sólo responde a los desafíos actuales, sino que también prepara al país para el futuro, fortaleciendo la fraternidad, la cohesión social y la voluntad y capacidad de no dejar a nadie atrás. Vinculación con los anexos transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación Los elementos de diagnóstico presentados revelan que la transformación demográfica de México es un proceso multidimensional que impacta a todo el territorio y la sociedad. Dada la naturaleza transversal del PNP 2026-2030, sus objetivos y estrategias abarcan y se vinculan directamente con la mayoría de los grupos considerados en los anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente. Este análisis, centrado en el envejecimiento poblacional, la disminución de la fecundidad y las brechas de género y territoriales, permite enfocar la planeación nacional en el desarrollo humano, impactando directamente la asignación de recursos y la implementación de políticas para la población en su conjunto. Por ejemplo, la necesidad de un Sistema Nacional de Cuidados (Anexo 31) se fundamenta en el aumento de la población dependiente, mientras que la urgencia de fortalecer la educación y el empleo para aprovechar el bono demográfico y de género se refleja en el Programa para el Desarrollo de los Jóvenes (Anexo 17) y las erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Anexo 13). De manera similar, la persistencia de desigualdades en comunidades indígenas y rurales, así como la atención a grupos en situación de vulnerabilidad y el combate a la pobreza, se abordan explícitamente en los anexos 10 y 14. El diagnóstico subraya la situación de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes, destacando desafíos como la mortalidad materno-infantil, la fecundidad forzada en menores de 15 años y las brechas en la cobertura educativa. Estos problemas se vinculan directamente con el Anexo 18 (Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes), ya que este anexo es el instrumento presupuestal destinado para financiar programas y políticas que buscan revertir estos indicadores negativos. Las acciones para garantizar derechos sexuales y reproductivos en adolescentes y erradicar las uniones forzadas se traducen en la necesidad de destinar recursos específicos, como los detallados en este anexo, para fortalecer los servicios de salud, educación y la protección integral y reforzada de la niñez. Finalmente, la planeación para el desarrollo rural sustentable, la atención a la salud y el medio ambiente, así como la promoción de proyectos productivos, se complementan con los anexos sobre desarrollo rural (Anexo 11), humanidades, ciencias, tecnologías e innovación (Anexo 12) y cambio climático (Anexo 16). En suma, este diagnóstico no solo traza un mapa de la realidad social y demográfica del país, sino que además establece la ruta crítica que justifica la pertinencia y urgencia de las acciones presupuestales y programáticas contenidas en los anexos transversales, garantizando que la política pública se alinee con los desafíos y oportunidades que plantea la dinámica demográfica de México. Resiliencia demográfica y visión de largo plazo Frente a los profundos cambios estructurales que ha experimentado la población mexicana en las últimas décadas, es útil incorporar la noción de resiliencia demográfica como un eje transversal en la planeación del desarrollo. Este concepto se refiere a la capacidad de las sociedades, comunidades, instituciones e individuos para anticiparse, adaptarse y responder de manera proactiva a los cambios demográficos, preservando y fortaleciendo al mismo tiempo sus derechos, capacidades y condiciones de vida. Para construir resiliencia demográfica hay que entender que los cambios poblacionales no son desafíos meramente cuantitativos, sino procesos complejos que exigen respuestas integrales desde una visión de desarrollo sostenible centrado en las personas, sus medios y capacidades para ejercer sus derechos. Para aprovechar las oportunidades del cambio demográfico se requiere contar con sistemas institucionales que desarrollen medidas para anticipar y resolver con éxito los desafíos a mediano y largo plazo, como la transición demográfica, la reducción de la proporción de la población infantil y el aprovechamiento del mayor volumen de población en edad laboral y de la experiencia acumulada de las personas mayores al favorecer un envejecimiento saludable y participativo, así como ampliar el mercado laboral de las mujeres. La construcción de resiliencia demográfica demanda políticas públicas integradas, orientadas a cerrar brechas en el acceso a salud, educación, trabajo decente, vivienda adecuada, movilidad, seguridad social y sistemas de cuidados, con énfasis en las personas en situación de mayor vulnerabilidad. La tarea es aún más urgente en un contexto caracterizado por una creciente presión sobre los sistemas de salud y de cuidados, por la transformación de las estructuras familiares y por patrones de urbanización que acentúan las desigualdades territoriales. 28 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 La resiliencia demográfica es un componente estratégico del desarrollo sostenible y una herramienta para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Las estrategias del PNP 2026-2030 se alinean con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD,1994), con las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo (2013), así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en lo relativo a la reducción de la pobreza (ODS 1), la salud (ODS 3), la educación (ODS 4), la igualdad de género (ODS 5), el trabajo decente (ODS 8), la reducción de desigualdades (ODS 10) y la construcción de ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11).46 Lo importante es garantizar que todas las personas cuenten con los medios, capacidades y oportunidades necesarios para adaptarse a un entorno demográfico en transformación, ejercer plenamente sus derechos y contribuir activamente al desarrollo nacional y de sus comunidades, al tiempo que se beneficia de ese desarrollo para vivir una vida plena, satisfactoria y con oportunidades. Con horizontes a 2030 y 2050, la ejecución de la política de población formulada en el PNP 2026-2030, y los sucesivos, se habrá realizado de forma intersectorial, federalista y con la cooperación internacional para el desarrollo, con amplia participación de la sociedad civil y en estrecha colaboración con la academia, el sector privado, los medios de comunicación y otros actores sociales, para garantizar los derechos de las personas en el ámbito de la población y el desarrollo y expandir los más altos estándares de protección de derechos humanos, con perspectiva de género, de curso de vida, antidiscriminatoria e intercultural. En esta etapa crucial de la transición demográfica de México, el país habrá sentado las bases para aplicar las medidas adecuadas y eficientes que atiendan las necesidades actuales y anticipen las demandas de más largo plazo derivadas de la evolución de la fecundidad, el cambio en la estructura por edad de la población, la urbanización y la movilidad humana para hacer frente a sus efectos sociales, económicos y ambientales. México habrá aprovechado las ventajas que implica el último momento de predominio de población en edad productiva y estará preparado para encarar los desafíos de una sociedad más longeva. Las personas tendrán más acceso y mayores oportunidades para ejercer sus derechos a la salud, los cuidados, la educación, el trabajo, la seguridad y protección social, así como una amplia oferta de bienes y servicios públicos de calidad y distribuidos con justicia en el territorio nacional. La evolución demográfica de México habrá caminado en sintonía con las transformaciones estructurales del modelo de desarrollo basado en la prosperidad compartida y la igualdad sustantiva, orientadas a garantizar el bienestar y la justicia social como pilares en la construcción del futuro. Se habrá construido el conjunto de mecanismos necesarios para cerrar progresivamente las brechas de desigualdad socioeconómica y regional y romper el círculo perverso entre pobreza, carencias y rezago demográfico. Las personas tendrán a su alcance los medios y capacidades para buscar sus metas personales y familiares, con una sólida red de apoyo en programas de bienestar. México será capaz de cuidar a sus personas mayores, niñas y niños y cualquier persona en situación de dependencia temporal o permanente. La juventud y la vida adulta serán etapas productivas y aprovechables y la vejez no transcurrirá ente carencias y riesgos para la vida y el patrimonio. En suma, hacia la mitad de este siglo, el Estado habrá fortalecido su capacidad para regular los fenómenos demográficos a través de una política integral, coordinada y eficiente. Este enfoque permitirá que los esfuerzos institucionales encausen la dinámica, estructura y distribución de la población, asegurando que las personas participen de forma justa e igualitaria en los beneficios del desarrollo económico y social. El objetivo es que la población pueda disfrutar plenamente de sus libertades y derechos, tomando decisiones libres, responsables e informadas que les permitan realizar sus proyectos de vida. 6. Objetivos En un contexto de profundas transformaciones demográficas, como el envejecimiento acelerado, la disminución de la fecundidad, la urbanización creciente y las persistentes desigualdades sociales y territoriales, el PNP 2026-2030 establece una hoja de ruta estratégica para responder de manera integral, igualitaria y sostenible a los retos del presente y del futuro. Este programa reconoce que la dinámica poblacional no es neutra: impacta directamente en el acceso a derechos humanos, en la configuración del desarrollo y en la calidad de vida de las personas. 46 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el mecanismo a través del cual se da seguimiento a las metas comprometidas por todos los países miembros de la ONU, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual es un es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. La información puede ser consultada en Naciones Unidas (2015), Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, p. 1. Consultado el 2 de abril de 2026. Disponible en https://agenda2030.mx/docs/doctos/A_RES_70_1_es.pdf. El seguimiento y resultados de los ODS pues ser consultado en Gobierno de México (2025), Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, México, disponible en: https://agenda2030.mx/#/home Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 29 Por ello, propone una visión centrada en el bienestar, la inclusión y la justicia social, con un enfoque territorial, diferenciado de derechos humanos, perspectiva de género, de diversidad y de interseccionalidad. Los cinco objetivos que articulan el Programa tienen como finalidad fortalecer las capacidades institucionales y sociales para adaptarse proactivamente a los cambios demográficos y aprovechar sus oportunidades. Estos objetivos se enfocan en las prioridades que se derivan de esta transición demográfica y abarcan desde la construcción de resiliencia demográfica como eje transversal de la planeación, hasta la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, la promoción de un desarrollo urbano y regional equilibrado, el impulso a una cultura demográfica crítica y participativa, y el fortalecimiento de la gobernanza de la política de población a todos los niveles. Juntos, conforman un marco integral para avanzar hacia un desarrollo sostenible, justo y centrado en las personas. Objetivos del Programa Nacional de Población 2026-2030 1.- Fortalecer las políticas públicas conforme a los cambios demográficos, con un enfoque de resiliencia demográfica, para enfrentar sus desafíos y aprovechar sus oportunidades para el desarrollo. 2.- Garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población, para reducir las brechas de desigualdad. 3.- Mejorar el equilibrio en la distribución territorial de la población y las oportunidades de desarrollo para disminuir las desigualdades regionales. 4.- Fortalecer la cultura demográfica para promover el conocimiento y el uso de la información poblacional en la toma de decisiones libres, informadas y responsables a lo largo de su vida. 5.- Impulsar una gobernanza de la política de población que integre la dinámica demográfica en la planeación del desarrollo nacional para reducir las brechas de desigualdad. 6.1 Relevancia del objetivo 1: Fortalecer las políticas públicas conforme a los cambios demográficos, con un enfoque de resiliencia demográfica, para enfrentar sus desafíos y aprovechar sus oportunidades para el desarrollo Este objetivo reconoce que México atraviesa una transición demográfica con una alta proporción de población en edad productiva. Esta situación es una oportunidad única para impulsar el crecimiento, la cohesión social y el bienestar, por lo que constituye un llamado a la acción y a la responsabilidad histórica de todos los actores sociales para anticipar las necesidades que genera la nueva estructura por edad. El enfoque de resiliencia propone anticipar los cambios demográficos, construir capacidades para adaptarse a ellos y diseñar políticas coordinadas que permitan aprovechar esta transición para maximizar las oportunidades de bienestar colectivo, inclusión y desarrollo sostenible. Este objetivo fundamenta una política de población centrada en la justicia, la igualdad y los derechos, en concordancia con los principios del Humanismo Mexicano y la ruta del PND 2025-2030 para construir una República democrática, justa y libre; una República fraterna que cohesiona a la sociedad; una República educadora, humanista y científica; una República sana con acceso universal a la salud; una República de y para las mujeres, basada en la igualdad sustantiva; y una República con trabajo y salario justo. La primera gran prioridad es aprovechar el bono demográfico, periodo en el que la proporción de personas en edad productiva (15 a 64 años) es mayor que la de personas dependientes. La razón de dependencia demográfica es actualmente de 50 por cada 100 personas, aunque con un peso creciente de las personas mayores. Esto implica invertir en políticas que fortalezcan la educación, el empleo y la salud de la población activa para potenciar su contribución al desarrollo. En el ámbito educativo se requiere mejorar la inclusión y calidad a lo largo del curso de vida para disminuir el rezago educativo, que en 2022 fue de 19.4%. Un enfoque incluyente debe garantizar educación para todas las personas y cerrar las brechas de desigualdad que afectan de manera diferenciada, por ejemplo, para ese mismo año, en la población según pertenencia étnica fue de 35.3%, mientras que en el caso de la población hablante de lengua indígena incrementó a 46.4%, y entre las personas con discapacidad fue de 44.8%.47 47 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2025). Informe de la pobreza multidimensional en México, 2022. p. 27, 86 y 90. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Pobreza_Multidimensional_2022.pdf. 30 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Una población más educada requiere mayores oportunidades laborales para su desarrollo profesional. Se debe promover la creación de empleos formales con enfoque territorial, de género y generacional. Es necesario cerrar las brechas laborales de género, impulsar el empoderamiento económico de las mujeres y fomentar la corresponsabilidad en los cuidados, por lo que un Sistema Nacional de Cuidados es una medida eficaz para ello. Esto, a su vez, contribuye a incrementar la participación laboral femenina, actualmente del 44% (29 puntos porcentuales inferior a la de los hombres), permitiendo cristalizar el bono de género. Asimismo, México requiere fortalecer el sistema de salud con un enfoque preventivo e igualitario. Se estima que 39.1% de la población tiene carencia por acceso a servicios de salud, cifra que aumenta a 56.9% en población indígena.48 El sistema de salud debe atender los rezagos que enfrentan determinados grupos poblacionales, y anticiparse a las necesidades futuras, fortaleciendo la atención primaria y garantizando modelos de atención adaptados a la diversidad territorial y cultural. También es prioritario fortalecer los sistemas de pensión y protección social. Se debe reducir la carencia por acceso a seguridad social, que afecta al 50.2% de la población, con especial énfasis en la niñez (58%) y en las personas adultas mayores sin jubilación, de las cuales 29.3% tienen ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema.49 Estas medidas no sólo ayudan a reducir la pobreza y la desigualdad, sino que permiten enfrentar riesgos individuales y colectivos, así como aumentar la capacidad de adaptación de la sociedad ante el cambio del escenario demográfico. El objetivo, además, propone preparar al país para una sociedad longeva, donde la población mayor de 60 años pasará de representar el 12.84% en la actualidad al 14.96% en 2030, y su proporción será casi del doble (24.12) para 2050.50 El envejecimiento debe ser visto como una oportunidad para construir una sociedad que valore la experiencia de sus mayores y propicie la solidaridad intergeneracional, impulsando su participación productiva y comunitaria. Asimismo, se propone ampliar la cobertura de seguridad social para atender las necesidades de protección social de distintos grupos poblacionales y la diversidad de familias. Adoptar un enfoque de resiliencia demográfica en la política de población promoverá que México planifique su desarrollo con visión de largo plazo, construya políticas inclusivas y fortalezca su capacidad para adaptarse a los cambios en su población. Es una apuesta por una política que coloca en el centro a la justicia, la igualdad y los derechos. 6.2 Relevancia del objetivo 2: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población, para reducir las brechas de desigualdad Este objetivo reconoce que la garantía de los derechos sexuales y reproductivos fomenta la autonomía, igualdad de género, bienestar físico y emocional y en última instancia, la justicia social. Su relevancia radica en que responde a desigualdades históricas que afectan principalmente a mujeres, adolescentes, personas con discapacidad, poblaciones indígenas, personas de la diversidad sexual y de género y quienes habitan en contextos de marginación. Las estrategias y líneas de acción se vinculan con los principios de una República sana, que reconoce el derecho a la salud integral en todas las etapas de la vida, impulsa servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, gratuitos y de calidad y garantiza una atención respetuosa y sin discriminación. Aporta también a la construcción de una República de y para las mujeres, al promover la autonomía reproductiva, la eliminación de prácticas coercitivas y violencias y la garantía de una maternidad voluntaria, segura y protegida. Cumplirlo implica eliminar todas las barreras de acceso —económicas, geográficas, culturales, lingüísticas o institucionales— que actualmente limitan el ejercicio efectivo de estos derechos. Para lograr un alcance universal se requiere una cobertura suficiente de servicios en todas las regiones del país, personal capacitado con enfoque de derechos humanos y de género y una política pública que reconozca la diversidad de necesidades de la población. Ello permitirá incrementar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos, que es de 72% entre las MEFSA, pero que desciende a 68.1% entre las mujeres sin primaria y a 61.1% entre las mujeres hablantes de lengua indígenas.51 48 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2025). Informe de la pobreza multidimensional en México, 2022. p. 90. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Pobreza_Multidimensional_2022.pdf. 49 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2025). Informe de la pobreza multidimensional en México, 2022. p. 31, 77, 90. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Pobreza_Multidimensional_2022.pdf. 50 Consejo Nacional de Población (2023). Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2020-2070. Explorador Poblacional de México (EXPOB-MX) [Indicadores/Grupos de edad para años seleccionados]. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://conapo.segob.gob.mx/work/models/CONAPO/pry23/PP/index.html 51 Consejo Nacional de Población. (2020). Situación de los derechos sexuales y reproductivos. República mexicana, 2018. p. 11. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/628825/Resumen_ejecutivo_Derechos_sexuales_version_digital_con_ISBN_y_ano_de_edici on.pdf. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 31 Este enfoque universal debe contemplar las condiciones específicas de grupos históricamente excluidos, como las personas con discapacidad que enfrentan barreras físicas y actitudinales en los servicios; las y los adolescentes que son estigmatizados al solicitar información o anticonceptivos, las personas indígenas que no siempre reciben atención en su lengua o con pertinencia cultural, las personas migrantes a las que a veces se niega la atención, o a las personas que viven con VIH, a las que se trata con prejuicios. Por ello, la universalidad exige un enfoque transversal e interseccional que reconozca y atienda estas múltiples dimensiones de desigualdad. En 2023 la edad media a la que las mujeres de 30 a 39 años tuvieron su primera relación sexual fue a los 17.52 años, es decir, durante la adolescencia y fueron madres por primera vez a los 21.3 años. De las que tuvieron su primera relación sexual, casi 7 de cada 10 mujeres de 15 a 19 años y 6 de cada 10 de 20 a 24 años usaron un método anticonceptivo en ese evento.52 Entre las adolescentes se encuentra el porcentaje más alto de hijos no planeados (48.6%); mientras que entre las adolescentes que hablan lengua indígena, en 42.6% de los casos, la última hija o hijo no fue planeado o no fue deseado.53 Se busca la disminución sostenida del embarazo adolescente mediante EIS, atención interinstitucional con perspectiva de género y medidas estructurales que transformen las causas de fondo: pobreza, desigualdad, acceso a la educación, abuso sexual, falta de información y negación de derechos. La EIS es clave, pues además de prevenir embarazos e infecciones, desarrolla habilidades socioemocionales para relaciones igualitarias y decisiones informadas.54 Empoderar en sexualidad y reproducción fortalece la resiliencia demográfica y reduce la brecha entre la fecundidad real y la deseada. Paralelamente, deben promoverse apoyos efectivos en cuidados, educación y trabajo para fomentar una maternidad y paternidad voluntarias y responsables. Asimismo, resulta necesario garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva sin discriminación, justicia para quienes han sido víctimas de violencia sexual o negación de servicios y reparación para las niñas y adolescentes cuyas vidas han sido marcadas por la maternidad forzada. Al propio tiempo, es crucial fortalecer la atención integral de la salud materna e infantil para reducir las brechas que persisten. Esto implica reforzar la consejería, la atención prenatal (88.5%55 de cobertura en el primer trimestre) y la atención médica del parto (95.9%),56 además de transformar las instituciones mediante la formación del personal de salud y la creación de protocolos con enfoque de género y de derechos humanos. También considera la importancia de ejecutar acciones que favorezcan el logro de la fecundidad deseada cuando la decisión de las personas es tener más hijas e hijos, mediante la entrega de apoyos efectivos en los ámbitos de cuidados, educación, salud y trabajo, para una maternidad y paternidad voluntarias y responsables. Estas medidas, podrían tener un impacto en la fecundidad que está a la baja y contribuir a retrasar el proceso de envejecimiento poblacional. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Mejorar el equilibrio en la distribución territorial de la población y las oportunidades de desarrollo para disminuir las desigualdades regionales Este objetivo promueve la justicia espacial para cerrar las brechas históricas de desarrollo territorial, que son un reflejo de profundas desigualdades estructurales. Mientras 12 entidades presentan un grado de marginación bajo o muy bajo, otras 12 lo tienen alto o muy alto. A nivel municipal, la desigualdad es más aguda: 790 municipios (uno de cada tres) presentan marginación alta o muy alta, pero en 655 municipios de muy baja marginación se concentra el 71% de la población del país.57 Por ello, se requiere una intervención integral que articule la demografía con el desarrollo regional sostenible. Así como la marginación varía a lo largo del país, la dinámica demográfica no es uniforme: existen regiones que envejecen más rápido, otras donde sus habitantes disminuyeron y algunas que concentran población joven, así como regiones con diversos potenciales de desarrollo, en función de la diversidad de vocaciones económicas y desarrollo social. La política de población promueve un enfoque diferenciado regionalmente, que reconozca la diversidad de contextos y fomente el desarrollo con equidad a lo largo del país. 52 Estimaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población (2025) con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 (INEGI, 2023). Microdatos / Bases de datos. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2023 /#microdatos 53 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2025). Comunicado de Prensa 128/25. Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. 24 de Septiembre de 2025, p.4. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_EmbAdolesnt25.docx 54 Para más información sobre la Educación Integral en Sexualidad se puede consultar Consejo Nacional de Población. (2022). Perspectivas de la Educación Integral en Sexualidad. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/conapo/documentos/perspectivas-de-la- educacion-integral-en-sexualidad?idiom=es 55 Consejo Nacional de Población, 2020 Situación de los derechos sexuales y reproductivos. República Mexicana. 2018. Resumen Ejecutivo. P.226 Consultado el 5 de noviembre de 2025 en: Situación de los derechos sexuales y reproductivos. República mexicana, 2018. 56 Ídem. p.230. 57 IndiceMx. (s. f.). IME 2010-2020 [Mapa interactivo]. Recuperado el 27 de febrero de 2026, de https://indicemx.github.io/IMx_Mapa/IME_2010-2020.html. 32 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Las zonas rurales dispersas, los municipios indígenas, las periferias urbanas o los corredores migratorios requieren respuestas diferenciadas, construidas con base en diagnósticos poblacionales y territoriales. Además de promover el desarrollo regional mediante la inversión en infraestructura y servicios, se deben generar capacidades locales, fortalecer la participación comunitaria y diversificar las economías regionales. Además, es necesario vincular la política de población con el uso racional y sostenible de los recursos naturales, la conservación ambiental, la adaptación al cambio climático y la prevención de consecuencias de desastres asociados a fenómenos naturales que afecten a la población más vulnerable de zonas rurales y cercanas a las costas de México. En este contexto, el ordenamiento territorial con enfoque poblacional es fundamental para anticipar riesgos, reducir la exposición de asentamientos humanos en zonas vulnerables y promover ciudades y comunidades resilientes. La gestión ambiental con enfoque de curso de vida, género e interculturalidad permite diseñar intervenciones más eficaces para prevenir crisis socioambientales que generan migraciones y pérdidas humanas. Asimismo, fortalecer los vínculos entre población y medio ambiente, contribuye al bienestar colectivo y a la sostenibilidad a largo plazo. El acceso a la vivienda digna y adecuada es otro elemento clave para promover políticas que consideren el diseño universal, la accesibilidad y planeación territorial basada en criterios demográficos. Además, la integración de servicios básicos y conectividad digital fortalece las oportunidades educativas y laborales. Conforme a la medición de la Pobreza Multidimensional 2024 realizada por el INEGI, existe una carencia por calidad y espacios de la vivienda del 7.9% entre la población y de acceso a servicios básicos en la vivienda del 14.1%,58 cifras que se disparan entre la población indígena a 24.3% y 53.2%, respectivamente, y entre las personas hablantes de lengua indígena incluso a 27.3% y 62.5%,59 por lo que es crucial fortalecer la infraestructura social (agua, saneamiento, salud, educación, conectividad) en los territorios más rezagados para romper los ciclos de pobreza. Es fundamental garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Como país de origen, tránsito, destino y retorno, se implementan políticas públicas que promueven la incorporación de esta población a los servicios sociales y al empleo digno, y previenen la xenofobia. Además, se necesita articular los componentes territoriales, ambientales y sociales de la política de población, promueve el desarrollo inclusivo y sostenible, basado en la equidad espacial, la protección de derechos, la sostenibilidad de los ecosistemas y la integración de las personas en movilidad. Esta visión integral fortalece la resiliencia de las comunidades y de los sistemas locales frente a los desafíos estructurales, para reducir las brechas de desigualdad entre regiones. Este objetivo promueve un desarrollo territorial justo y equilibrado, al reconocer que el lugar donde se nace se habita o se transita no debe condicionar el acceso a derechos ni perpetuar desigualdades. De esta manera, se alinea con los principios del PND 2025-2030. Por un lado, impulsa el derecho a una vivienda digna para todas las personas, sin importar su condición social o geográfica. Por el otro, responde a la visión de una República soberana con energía sustentable, al integrar la planeación urbana y regional con el uso responsable del territorio, la energía limpia y una infraestructura resiliente al cambio climático. Este objetivo contribuye a construir una República próspera y conectada, a través de políticas que integran a las regiones marginadas al desarrollo económico, fortalecen los servicios en zonas rurales e indígenas y aseguran la conectividad como motor de bienestar. Se alinea también con la visión de una República que protege el medio ambiente, al orientar la expansión urbana, el ordenamiento del territorio y el uso de los recursos naturales bajo principios de sostenibilidad ecológica y justicia intergeneracional. Finalmente, el objetivo promueve una República con derecho al agua, garantizando el acceso igualitario a este recurso, a la vez que se previene la privatización, la escasez y la contaminación que amenazan a las comunidades y al equilibrio ambiental. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Fortalecer la cultura demográfica para promover el conocimiento y el uso de la información poblacional en la toma de decisiones libres, informadas y responsables a lo largo de su vida Este objetivo busca fortalecer la cultura demográfica —el conjunto de conocimientos y habilidades para comprender los procesos poblacionales— como una herramienta de empoderamiento para la justicia social. Una ciudadanía informada sobre la dinámica demográfica puede tomar decisiones libres y responsables a lo largo de su vida e incidir en la transformación de su entorno. Este propósito se alinea con la construcción de una República democrática, justa y participativa, que se basa en una ciudadanía activa, y de una República educadora, humanista y científica, que reconoce al saber como un instrumento para la libertad. 58 Instituto Nacional de Geografía y Estadística. (2025). Pobreza Multidimensional 2024 [presentación de diapositivas]. p. 38. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/desarrollosocial/pm/doc/pm_presentacion_2024.pdf. 59 Instituto Nacional de Geografía y Estadística. (2025). Pobreza Multidimensional 2024. Tabulados > tabulados predefinidos > Grupo de población (base de datos) > Cuadro 2 y 3. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 33 La relevancia de este objetivo se evidencia en las profundas brechas de conocimiento. Si bien, 89.2% de las mujeres en edad fértil han escuchado o visto información de métodos anticonceptivos, sólo tres métodos modernos superan 85% de conocimiento funcional (condón masculino, dispositivo intrauterino [DIU] e implante subdérmico). Sin embargo, persiste el reto de cerrar las brechas en esta materia, ya que mientras que el 72.2% de las MEFSA con preparatoria o más usan algún método anticonceptivo moderno, entre las mujeres que no tienen escolaridad o no completaron la primaria desciende a 68.1%. Por otro lado, la diferencia del uso de métodos anticonceptivos modernos entre la población rural y urbana es de 4.8% (68.3% frente a 73.1%).60 Cerrar estas brechas es fundamental para el ejercicio igualitario de los derechos. Este objetivo responde a los complejos desafíos de las transiciones demográficas, sociales y ambientales del país. Fenómenos como el envejecimiento poblacional, la movilidad humana, la diversidad familiar y los derechos sexuales y reproductivos exigen una ciudadanía informada. Para ello se necesitan estrategias educativas y de comunicación que brinden información confiable, accesible y culturalmente pertinente, que fomente así una comprensión crítica de estos temas desde una perspectiva de derechos y justicia. También se reconoce que la cultura demográfica debe ser construida desde una perspectiva transversal, interseccional e intercultural, que visibilice y atienda las desigualdades estructurales que afectan a diversos grupos de la población. Para ello, se contempla el desarrollo de herramientas pedagógicas multilingües y accesibles, inclusión de contenidos en lenguas indígenas, así como en formatos adecuados para personas con discapacidad, para contribuir a cerrar brechas en el acceso a la información y el conocimiento en territorios históricamente excluidos. Otro aspecto fundamental es la incorporación de la cultura demográfica en el sistema educativo nacional, desde la educación básica hasta la formación docente. Incluir contenidos actualizados sobre derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, medio ambiente, diversidad familiar y envejecimiento en los planes de estudio contribuye a formar generaciones con mayor conciencia social, sensibilidad frente a las desigualdades y capacidad de ejercer una ciudadanía activa. Además, al integrar estos temas en la educación formal, se garantiza su abordaje sistemático y sostenido en el tiempo. También es importante enfatizar el papel de la comunicación social que mediante campañas públicas de sensibilización difunden información clave sobre derechos, planificación familiar, migración, envejecimiento y corresponsabilidad en los cuidados. Estas acciones se dirigen a distintas audiencias —adolescentes, juventudes, personas mayores, cuidadoras— utilizando lenguajes visuales, narrativas locales y medios accesibles para llegar de forma efectiva a todos los sectores de la población. Además, el conocimiento demográfico puede incidir en la formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas, exigir mejores servicios y participar activamente en el ejercicio democrático. En este sentido, la cultura demográfica no sólo mejora la toma de decisiones individuales, también mejora la acción colectiva para la transformación social. Por otro lado, es importante promover el uso de tecnologías educativas innovadoras y offline para ampliar el acceso al conocimiento demográfico en contextos sin conectividad, mediante plataformas interactivas, simuladores, bibliotecas digitales portátiles y materiales que permiten llevar estos contenidos a zonas rurales e indígenas. Así como generar alianzas con medios comunitarios y radios indígenas que representan mecanismos efectivos de difusión local, adaptados a las lenguas y culturas de cada territorio. Por todo lo anterior, es necesario promover una cultura demográfica con enfoque de derechos, curso de vida, sostenibilidad e igualdad de género y contribuir a la construcción de un México más justo, informado y resiliente. Fortalecer estas capacidades desde edades tempranas y a lo largo de la vida es fundamental para enfrentar los retos presentes y futuros de manera colectiva y solidaria, reconociendo la diversidad como una riqueza para el desarrollo. 6.5 Relevancia del objetivo 5: Impulsar una gobernanza de la política de población que integre la dinámica demográfica en la planeación del desarrollo nacional para reducir las brechas de desigualdad Este objetivo considera la necesidad de una coordinación institucional robusta para una política de población eficaz, igualitaria y sostenible. En un contexto de transformaciones demográficas profundas, las respuestas institucionales deben articularse desde una perspectiva integral, transversal y basada en derechos humanos, lo que debe consolidarse en una política pública interinstitucional formalizada en instrumentos de coordinación entre la federación (GOBERNACIÓN y STCONAPO) y los gobiernos estatales, de los que, al cierre de 2025, se encontraban vigentes cinco convenios firmados: tres con vigencia indefinida —Baja California, Tlaxcala y Veracruz—, así como los correspondientes a Chiapas y Durango. 60 Consejo Nacional de Población. (2020). Situación de los derechos sexuales y reproductivos. República mexicana, 2018. p. 10 y 11. Consultado el 5 de noviembre de 2025. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/628825/Resumen_ejecutivo_Derechos_sexuales_version_digital_con_ISBN_y_ano_de_edici on.pdf. 34 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Incorporar sistemáticamente la dimensión demográfica en los instrumentos de planeación permitirá que las políticas respondan de manera adecuada a la estructura y distribución de una población diversa, esto es clave para lograr justicia social, mejorar el acceso a servicios, oportunidades y garantizar que las intervenciones del Estado tengan pertinencia social y territorial. A través de un enfoque diferenciado e interseccional, se busca atender a los grupos históricamente excluidos, como personas indígenas, con discapacidad, migrantes o en situación de pobreza, entre otros. El éxito de la política poblacional depende de su implementación efectiva en los niveles estatal y municipal. Las estructuras y dinámicas demográficas locales son diversas, así como los retos que enfrentan las sociedades locales, sin embargo, son muy pocas las entidades federativas que cuentan con un programa estatal de población u otro instrumento equivalente. En 2025, sólo siete entidades federativas contaban con Programa Estatal de Población vigente (Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco). Por ello, el objetivo contempla acciones para fortalecer las capacidades institucionales locales, la implementación de programas estatales de población y consolidar mecanismos de planeación y evaluación con base en evidencia sociodemográfica. Esta descentralización técnica contribuye a territorializar las políticas de manera pertinente e igualitaria. Actualmente, la STCONAPO coordina y participa en más de 80 espacios interinstitucionales e intergubernamentales, donde promueve la incorporación de la perspectiva y criterios demográficos en las políticas públicas. A medio siglo de la promulgación de la LGP, existen todavía 27 entidades federativas que no tienen una Ley Estatal de Población, que establezca el marco institucional de la política de población a escala estatal.61 Asimismo, la actualización y armonización del marco normativo es esencial para asegurar que la política de población y desarrollo se alinee con los compromisos internacionales en esta materia, como el Programa de Acción de El Cairo, el Consenso de Montevideo y los ODS, especialmente en temas vinculados al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, igualdad sustantiva y enfoque de curso de vida. Con ello, se plantea fortalecer la presencia y la voz del país en foros internacionales, promoviendo la cooperación y el intercambio de las mejores prácticas. También se busca consolidar mecanismos de seguimiento a compromisos internacionales, lo que permite visibilizar los avances y áreas de oportunidad para mejorar la calidad de vida de la población. Tener un sistema de información actualizada con datos sociodemográficos e identitarios permitirá robustecer la integración, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Esta información es la base para realizar diagnósticos precisos, identificar brechas de desigualdad y rezagos sociodemográficos, diseñar políticas más efectivas, monitorear, evaluar resultados y promover la investigación enfocada en generar evidencia útil que oriente a la toma de decisiones públicas. Se requiere así fortalecer la inteligencia demográfica para la planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de población y desarrollo. Se reconoce que la política de población debe ser un instrumento de transformación progresista y propositiva de alternativas en beneficio de todas y todos. Frente a escenarios de cambio estructural, se requiere anticipación, planeación y articulación, con perspectiva de derechos humanos, para que México siga en una perspectiva democrática, sostenible y con igualdad. Este objetivo tiende al fortalecimiento de la política poblacional basada en evidencia, con amplio consenso social, reconocimiento internacional, corresponsabilidad democrática, transparencia institucional y toma de decisiones informadas, en reconocimiento del papel fundamental del Estado, los gobiernos locales y la ciudadanía en la construcción de un país justo e igualitario. Se alinea con los principios de una República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable, al fortalecer los mecanismos de coordinación intergubernamental en materia poblacional, promover la participación social en el diseño y seguimiento de las políticas públicas, y garantizar la rendición de cuentas como eje de legitimidad. Asimismo, se vincula con la construcción de una República segura y con justicia, al apostar por instituciones sólidas, datos y diagnósticos confiables que permitan identificar y atender con eficacia las desigualdades demográficas que impactan la seguridad, la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos humanos. 61 Sólo cinco entidades tienen: Baja California, Coahuila, Ciudad de México, Hidalgo y Quintana Roo. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 35 6.6 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Población 2026-2030 El PND 2025-2030, específicamente el Eje General 1 Gobernanza con justicia y participación ciudadana, fundamenta la existencia e implementación de este PNP. Por lo que se encuentra alineado con los objetivos y estrategias que plantea el PND 2025-2030 para la consolidación de las políticas públicas que han de implementarse en el país. Objetivos del Programa Nacional de Población 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 1. Fortalecer las políticas públicas conforme a los cambios demográficos, con un enfoque de resiliencia demográfica, para enfrentar sus desafíos y aprovechar sus oportunidades para el desarrollo. 2.1 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 3.2 3.3 3.5 T1.1 T1.2 T1.3 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4; 2.1.8; 2.1.9 2.3.1; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.7 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3 2.6.1 2.7.3; 2.7.4; 2.7.7; 2.7.8; 2.7.9 2.8.1; 2.8.3 3.2.1; 3.2.2; 3.2.4; 3.2.7; 3.2.8 3.3.1 3.5.1 T1.1.1; T1.1.2; T1.1.4; T1.1.5; T1.1.6 T1.2.1; T1.2.3; T1.2.4; T1.2.5; T1.2.6 T1.3.1; T1.3.2 2. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población, para reducir las brechas de desigualdad. 2.7 2.8 T1.4 2.7.2; 2.7.3; 2.7.4; 2.7.6; 2.7.7; 2.8.2; 2.8.3 T1.4.4 3.- Mejorar el equilibrio en la distribución territorial de la población y las oportunidades de desarrollo para disminuir las desigualdades regionales 1.2 2.9 2.10 3.7 3.9 4.3 4.5 4.6 T3.6 1.2.8 2.9.5 2.10.3 3.7.1 3.9.1 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4 4.5.2; 4.5.3; 4.5.6; 4.5.8; 4.5.9 4.6.1; 4.6.2; 4.6.7 T3.6.7 4. Fortalecer la cultura demográfica para promover el conocimiento y el uso de la información poblacional en la toma de decisiones libres, informadas y responsables a lo largo de su vida. 1.1 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 T1.3 T1.4 T2.2 T2.4 1.1.4 2.3.3 2.3.5; 2.5.3; 2.5.4 2.6.2 2.7.4; 2.7.5 2.8.2 T1.3.2 T1.4.3; T1.4.4 T2.2.3 T2.4.3 5. Impulsar una gobernanza de la política de población que integre la dinámica demográfica en la planeación del desarrollo nacional para reducir las brechas de desigualdad. 1.1 1.2 1.7 T2.2 T2.4 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.7 1.2.1; 1.2.2 1.7.4; 1.7.6; 1.7.8 T2.2.3 T2.4.3 36 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 7. Estrategias y líneas de acción Los cinco objetivos del Programa se distribuyen en 21 estrategias y 102 líneas de acción que atienden a las prioridades de política de población, en estrecha alineación con los objetivos y estrategias del PND 2025-2030 y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, como el Consenso de Montevideo y la Agenda 2030. Esta estructura programática busca articular las dimensiones demográficas con los grandes desafíos nacionales: la desigualdad social y territorial, la transición epidemiológica, el envejecimiento poblacional, las migraciones, los cambios en las estructuras familiares y la necesidad de garantizar el ejercicio pleno de derechos para todas las personas, sin dejar a nadie atrás. De este modo, el Programa se convierte en una herramienta estratégica de planeación del desarrollo que pone al centro a la población y sus dinámicas y promueve una gobernanza demográfica basada en evidencia, derechos humanos, inclusión y sostenibilidad. Objetivo 1. Fortalecer las políticas públicas conforme a los cambios demográficos, con un enfoque de resiliencia demográfica, para enfrentar sus desafíos y aprovechar sus oportunidades para el desarrollo. Estrategia 1.1 Impulsar políticas que incluyan la inversión en educación y la generación de empleo decente sobre la base de la solidaridad intergeneracional para aprovechar el bono demográfico. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.1 Ampliar el acceso a la educación a lo largo de la vida, mediante extensión de la cobertura educativa desde la educación inicial hasta la educación superior, incluyendo la formación técnica para el trabajo. CONAFE, EDUCACIÓN 1.1.2 Reforzar las políticas para reducir el rezago educativo y el abandono escolar de grupos discriminados, mediante la provisión de apoyos y de modalidades educativas flexibles, híbridas y comunitarias con pertinencia cultural. CONAFE, CULTURA, EDUCACIÓN, INPI 1.1.3 Preparar al alumnado para las necesidades del futuro y promover una mejor asignación del talento en el mercado laboral, mediante la implementación de mecanismos para fortalecer el desarrollo de habilidades digitales, tecnológicas, lingüísticas y socioemocionales en todos los niveles educativos. EDUCACIÓN 1.1.4 Ampliar la inserción de las juventudes en el mercado laboral formal mediante programas de capacitación y trabajo decente. ECONOMÍA, EDUCACIÓN, IMSS, TRABAJO 1.1.5 Fomentar el acceso al trabajo decente a través del desarrollo de sectores generadores de empleo, como manufactura, servicios, salud, cuidados, infraestructura y tecnologías verdes, con enfoque de género, interseccionalidad y pertinencia cultural. CONAFOR, ECONOMÍA, MEDIO AMBIENTE, MUJERES 1.1.6 Promover la creación de fuentes de financiamiento para personas emprendedoras jóvenes, adultas y personas mayores, mediante programas, asesorías, créditos y fondos de apoyo. FINANCIERA PARA EL BIENESTAR, HACIENDA, NAFIN Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 37 Estrategia 1.2 Impulsar políticas públicas para obtener los máximos beneficios del bono de género y contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.1 Incentivar el acceso de las mujeres al sistema educativo mediante programas del bienestar y la atención de sus necesidades desde el territorio. EDUCACIÓN, MUJERES 1.2.2 Promover el acceso de las mujeres a carreras de alta demanda y prestigio en el mercado laboral, a través de medidas para impulsar su incorporación en programas de licenciatura y posgrado en áreas de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, entre otras. CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN, MUJERES 1.2.3 Ampliar las oportunidades de acceso de las mujeres al mercado laboral y fomentar la corresponsabilidad masculina en los cuidados familiares, mediante políticas laborales inclusivas, flexibles y que permitan conciliar la vida laboral y familiar. BUEN GOBIERNO, ECONOMÍA, MUJERES, TRABAJO 1.2.4 Ampliar las oportunidades de acceso de las mujeres a puestos de mayor jerarquía a través de medidas de igualdad laboral que eliminen la discriminación y asimetrías de género. BUEN GOBIERNO, CONAPRED, ECONOMÍA, MUJERES, TRABAJO 1.2.5 Apoyar el emprendimiento personal y comunitario de las mujeres y los liderazgos de mujeres empresarias, mediante esquemas de financiamiento accesible, acompañamiento técnico, acceso a información y formación. CONAFOR, CULTURA, ECONOMÍA, NAFIN 1.2.6 Sensibilizar a la población sobre la igualdad sustantiva en el trabajo y la corresponsabilidad en las tareas del hogar y de cuidados, mediante acciones de capacitación y campañas de información y comunicación. Todas las dependencias de la APF Estrategia 1.3 Garantizar las condiciones para un envejecimiento activo, saludable y digno, en respuesta a los cambios demográficos del país. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.1 Promover la salud, el autocuidado y la prevención de enfermedades, adicciones y suicidio en todos los niveles educativos mediante la activación física regular, fomento de hábitos alimentarios saludables y estrategias para el cuidado de la salud mental a lo largo del curso de vida. EDUCACIÓN, IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD, SNDIF 1.3.2 Contribuir al control de enfermedades, la reducción de la mortalidad prematura y al envejecimiento activo y saludable a través del acceso efectivo a servicios de atención primaria a la salud integrales, incluyentes y accesibles para todos los grupos poblacionales. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 1.3.3 Mantener la autonomía de las personas mayores y ampliar el acceso a cuidados de largo plazo y atención paliativa para personas en condición de dependencia funcional mediante el fortalecimiento de la prestación de servicios de atención gerontológica y geriátrica. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, MUJERES, SALUD, SNDIF 38 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.4 Incrementar la autonomía y calidad de vida de las personas mayores, mediante ingresos suficientes por pensiones, derivadas de programas y servicios sociales de calidad, con enfoque de género, interseccionalidad y pertinencia cultural. BIENESTAR, IMSS, ISSSTE 1.3.5 Fomentar la participación social, la empleabilidad, el emprendimiento y el bienestar cognitivo de las personas adultas y adultas mayores mediante programas de educación continua, escolarizada y no escolarizada. BIENESTAR, EDUCACIÓN 1.3.6 Promover el aprovechamiento de los saberes y experiencia laboral de las personas mayores, mediante medidas que favorezcan su inclusión y continuidad laboral, así como la diversidad generacional en los centros de trabajo. TRABAJO 1.3.7 Promover el acceso de las personas mayores a la vivienda, así como a seguros de salud y de vida, mediante mecanismos normativos y financieros. CONAVI, DESARROLLO TERRITORIAL, HACIENDA, ISSSTE 1.3.8 Promover la movilidad y accesibilidad de las personas mayores, en condición de discapacidad y con movilidad limitada, mediante la adaptación y construcción de entornos y sistemas de movilidad accesibles, inclusivos, seguros y adecuados. Todas las dependencias de la APF 1.3.9 Promover los derechos de las personas mayores mediante acciones de sensibilización sobre la no discriminación y el combate a la violencia por edad. BIENESTAR, CONAPRED, GOBERNACIÓN, IMSS, ISSSTE 1.3.10 Fortalecer el sistema de ahorro para el retiro y el fondo de pensiones para el bienestar, a fin de promover la obtención de pensiones suficientes para una vida digna. HACIENDA, IMSS Estrategia 1.4 Ampliar el acceso a la protección social y los cuidados a la población para asegurar su inclusión social a lo largo del curso de vida. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.4.1 Ampliar la cobertura efectiva de la protección social para grupos históricamente discriminados mediante la seguridad social y los programas para el bienestar. BIENESTAR, IMSS, ISSSTE, MUJERES 1.4.2 Ampliar la cobertura de servicios de cuidado infantil, atención a personas mayores y a personas con discapacidad, entre otros grupos, considerando la diversidad de familias, mediante reformas normativas y la implementación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidado. BIENESTAR, EDUCACIÓN, IMSS, MUJERES, SALUD, SNDIF 1.4.3 Promover la participación comunitaria en las tareas de cuidados, mediante modelos comunitarios, interculturales y domiciliarios de cuidado con un enfoque multidisciplinario que combine cuidado, salud y acompañamiento psicosocial, respetando contextos locales. BIENESTAR, IMJUVE, IMSS, INPI, ISSSTE, MUJERES, SALUD, SNDIF 1.4.4 Reconocer el trabajo del hogar y de cuidados no remunerado, mediante mecanismos de formación, certificación y acceso a los sistemas de protección social. BIENESTAR, IMSS, MUJERES Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 39 Objetivo 2. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población para reducir las brechas de desigualdad. Estrategia 2.1 Garantizar el acceso universal, gratuito y con calidad a servicios, insumos e información sobre salud sexual y reproductiva para el ejercicio de derechos sin discriminación. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.1 Ampliar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, mediante la oferta de una gama completa de métodos anticonceptivos modernos, acompañados de consejería integral para la prevención de embarazos no intencionados e infecciones de transmisión sexual. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.1.2 Fortalecer las capacidades y conocimientos del personal del sector salud para garantizar servicios de salud sexual y reproductiva y aborto seguro con enfoque diferenciado, culturalmente pertinentes y centrados en las personas, mediante acciones de capacitación y sensibilización. CULTURA, GOBERNACIÓN, IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.1.3 Adecuar los servicios de salud sexual y reproductiva a las necesidades de grupos poblacionales específicos, mediante protocolos y modelos de atención con enfoque de género, interculturalidad y derechos humanos. CULTURA, GOBERNACIÓN, IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, MUJERES, SALUD 2.1.4 Fomentar entre los hombres prácticas de cuidado de su salud sexual y reproductiva, así como modelos de paternidad responsable, mediante campañas y otras medidas para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados. EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, IMSS, ISSSTE, MUJERES, SALUD 2.1.5 Impulsar la implementación de la EIS en espacios comunitarios, casas de cultura, centros de salud y centros de reinserción social, para promover el ejercicio informado, libre y responsable de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. CULTURA, GOBERNACIÓN, IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, IMJUVE, INPI, MUJERES, SALUD, SEGURIDAD Estrategia 2.2 Implementar la FASE III de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), focalizada en las regiones y grupos con mayores rezagos para reducir la tasa de fecundidad adolescente y erradicar el embarazo infantil. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.1 Promover el fortalecimiento institucional, normativo y presupuestario de la ENAPEA mediante el establecimiento de compromisos para lograr una mayor eficacia en su implementación en los ámbitos federal, estatal y municipal. EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, IMSS, IMSS BIENESTAR, MUJERES, SALUD 2.2.2 Acelerar la reducción del embarazo infantil y adolescente desde un enfoque de derechos humanos mediante acciones focalizadas de la ENAPEA en municipios con altos niveles de marginación y mayores tasas de fecundidad en estos sectores de población. BIENESTAR, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, IMSS, IMSS BIENESTAR, INPI, MUJERES, SALUD 2.2.3 Ampliar el conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos en comunidades educativas mediante el fortalecimiento de contenidos de EIS en planes y programas de estudio, con enfoque de derechos humanos, igualdad y no discriminación, perspectiva de género, diversidad sexual y pertinencia cultural. EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, MUJERES, SALUD 40 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.4 Ampliar la cobertura de cursos de EIS mediante su inclusión en plataformas educativas públicas y de educación no escolarizada para fortalecer la capacitación de personal docente y promotores comunitarios. EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, MUJERES, SALUD 2.2.5 Favorecer el acceso de la población adolescente a los Servicios Amigables, los CASA, AMIGUISSSTE, EDUSEX en municipios prioritarios, mediante modelos y protocolos de atención integral, confidencial, con enfoque de derechos, curso de vida y pertinencia cultural. EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, MUJERES, SALUD 2.2.6 Erradicar la violencia sexual y el embarazo de niñas menores de 15 años a través del fortalecimiento de las acciones de prevención, atención y protección integral de niñas embarazadas y madres en todo el país. EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, IMSS, IMSS BIENESTAR, MUJERES, SALUD 2.2.7 Promover un cambio cultural en materia de salud sexual y reproductiva mediante campañas de comunicación en nuevas plataformas y espacios comunitarios. EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, IMSS, IMSS BIENESTAR, INPI, MUJERES, SALUD Estrategia 2.3 Generar condiciones de bienestar y apoyos para que las personas logren la fecundidad deseada. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.3.1 Promover las condiciones que permitan el logro de la fecundidad deseada por las personas mediante apoyos sociales, subsidios, apoyos fiscales, programas de vivienda, flexibilidad laboral, sistema de cuidados, licencias de maternidad y paternidad ampliadas, entre otros. CONAVI, DESARROLLO TERRITORIAL, IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, MUJERES, SALUD, TRABAJO 2.3.2 Apoyar el ejercicio de la maternidad y paternidad deseadas a través de estrategias de información y orientación para facilitar la toma de decisiones oportunas sobre la postergación del embarazo y la planificación reproductiva. GOBERNACIÓN, IMSS, ISSSTE, MUJERES, SALUD 2.3.3 Ampliar el acceso a servicios de reproducción asistida para la población que lo requiera, mediante la actualización del marco normativo y los apoyos gubernamentales. IMSS, MUJERES, SALUD Estrategia 2.4 Asegurar la atención integral de la salud materna e infantil sin discriminación para garantizar los derechos humanos de las mujeres y sus hijas e hijos. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.4.1 Fortalecer el acceso a los servicios de atención prenatal, de parto y posnatal mediante la mejora en la atención integral en salud, incluida la atención obstétrica humanizada, profesional y de calidad. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.4.2 Implementar la NOM-020-SSA-2025 para institucionalizar la coexistencia de la partería tradicional e indígena y fortalecer la conservación y desarrollo de esta praxis, mediante acciones de coordinación entre parteras y hospitales, incluida la capacitación. IMSS, IMSS BIENESTAR, SALUD Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 41 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.4.3 Promover el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su reproducción y disminuir la mortalidad materna mediante el acceso a servicios que integren acompañamiento médico y legal para el aborto seguro, conforme al marco legal vigente. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.4.4 Favorecer el desarrollo infantil y el vínculo materno a través de acciones para la promoción de la lactancia materna exclusiva. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD Estrategia 2.5 Eliminar prácticas de violencia y discriminación en la atención de la salud sexual y reproductiva para garantizar los derechos humanos. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.5.1 Promover la prohibición explícita de intervenciones médicas sin consentimiento informado, violencia obstétrica, esterilización forzada, negación de servicios de salud sexual y reproductiva y otras formas de violencia institucional mediante la armonización de marcos normativos nacionales y estatales. GOBERNACIÓN, IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, MUJERES, SALUD 2.5.2 Contribuir a una atención libre de violencia, con consentimiento informado, no discriminación, confidencialidad y respeto a la autonomía reproductiva de todas las personas, con énfasis en grupos históricamente discriminados, mediante acciones de capacitación continua dirigidas al personal de salud, administrativo y comunitario. CONAPRED, GOBERNACIÓN, IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, MUJERES, SALUD 2.5.3 Fortalecer la prevención, denuncia, sanción y reparación integral del daño de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos mediante la ejecución de mecanismos legales y administrativos que incorporen un enfoque diferenciado y especializado para grupos en condición de vulnerabilidad. BUEN GOBIERNO, GOBERNACIÓN, IMSS, ISSSTE, MUJERES, SALUD 2.5.4 Mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva mediante el fortalecimiento de sistemas de monitoreo y evaluación con la participación de personas usuarias y sociedad civil, que incluyan información desagregada por edad, sexo y grupos poblacionales. GOBERNACIÓN, IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, MUJERES, SALUD Objetivo 3. Mejorar el equilibrio en la distribución territorial de la población y las oportunidades de desarrollo para disminuir las desigualdades regionales. Estrategia 3.1 Impulsar políticas y estrategias de desarrollo regional para corregir desequilibrios, reducir desigualdades en las distintas escalas espaciales y mejorar el bienestar de poblaciones en localidades marginadas y vulnerables. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.1 Promover el desarrollo económico y social, orientar el poblamiento y consolidar opciones sustentables de migración y residencia, mediante el fortalecimiento de la inversión productiva e industrial en regiones estratégicas. AGRICULTURA, DESARROLLO TERRITORIAL, ECONOMÍA, INPI 42 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.2 Promover la ampliación de la cobertura de servicios básicos en zonas marginadas, de baja accesibilidad y vulnerabilidad ambiental, mediante la mejora de la infraestructura para combatir la segregación socioespacial, tomando en cuenta la estructura y dinámica demográfica, entorno físico y movilidad en el territorio. BIENESTAR, COMUNICACIONES, ENERGÍA, INPI, MEDIO AMBIENTE, SALUD 3.1.3 Mejorar las condiciones de seguridad, promover la cohesión social y la paz para reducir procesos de despoblamiento mediante la implementación de políticas para fortalecer los mercados regionales y locales. DESARROLLO TERRITORIAL 3.1.4 Contribuir a la mejora de las condiciones de bienestar y habitabilidad de las personas que residen en zonas de atención prioritaria, mediante la ampliación y el fortalecimiento de programas y apoyos sociales, con enfoque diferencial, perspectiva intercultural, de género y de derechos humanos. AGRICULTURA, BIENESTAR, CONAVI, DESARROLLO TERRITORIAL, ENERGÍA, INSUS 3.1.5 Incrementar el acceso a servicios en comunidades con accesibilidad geográfica reducida o en condiciones de riesgo, mediante soluciones tecnológicas innovadoras. DESARROLLO TERRITORIAL, ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Estrategia 3.2 Promover un desarrollo urbano sostenible para contribuir al bienestar de la población en zonas urbanas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.1 Cerrar brechas de desigualdad territorial en las ciudades, sus zonas periféricas y de influencia económica mediante el fortalecimiento de los programas de equipamiento, infraestructura y servicios. COMUNICACIONES, CULTURA, DESARROLLO TERRITORIAL 3.2.2 Moderar la expansión territorial de los asentamientos humanos y el crecimiento demográfico tanto en las metrópolis como en ciudades localizadas en ecosistemas frágiles, mediante la aplicación efectiva del marco normativo y la consideración de la disponibilidad de recursos naturales. DESARROLLO TERRITORIAL, MEDIO AMBIENTE 3.2.3 Desincentivar el poblamiento en zonas de riesgo, vulnerables, frágiles y de alto valor ambiental, mediante acciones de ordenamiento territorial. DESARROLLO TERRITORIAL, MEDIO AMBIENTE 3.2.4 Mejorar la gestión de residuos, sistemas integrados de transporte bajo en emisiones y eficiencia energética de las ciudades mediante la innovación en infraestructura y servicios. CIENCIA Y TECNOLOGÍA, COMUNICACIONES, DESARROLLO TERRITORIAL, ECONOMÍA, ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Estrategia 3.3 Impulsar políticas públicas que aseguren la protección y el uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas para mitigar las causas y efectos del cambio climático. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.1 Mejorar los servicios ecosistémicos y promover alternativas productivas sostenibles en los territorios con alta presión poblacional sobre recursos naturales clave y riesgo ambiental, mediante intervenciones integrales que reduzcan vulnerabilidades. AGRICULTURA, CONAFOR, DESARROLLO TERRITORIAL, ECONOMÍA, MEDIO AMBIENTE Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 43 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.2 Promover el uso racional del agua, biodiversidad y conservación ecológica en zonas con alta demanda de recursos, expansión urbana no planificada, zonas rurales de reducida accesibilidad geográfica y periurbanas, mediante proyectos vecinales y comunitarios. AGRICULTURA, DESARROLLO TERRITORIAL, MEDIO AMBIENTE 3.3.3 Atender a comunidades en situación de pobreza y marginación, así como regiones rurales, de reducida accesibilidad geográfica, indígenas y de alta intensidad migratoria, mediante estrategias resilientes y sostenibles de adaptación al cambio climático con enfoque de derechos y curso de vida. AGRICULTURA, DESARROLLO TERRITORIAL, INPI, MEDIO AMBIENTE Estrategia 3.4 Fortalecer las políticas públicas para ampliar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada, con accesibilidad a equipamiento urbano, servicios, sistemas de movilidad e infraestructura pública. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.4.1 Ampliar y diversificar el acceso a la vivienda dirigida a familias en situación de pobreza y zonas marginadas, en riesgo y de intensidad migratoria, para su reubicación mediante programas y esquemas de financiamiento progresivo y subsidios. CONAVI, DESARROLLO TERRITORIAL 3.4.2 Asegurar condiciones adecuadas en las viviendas, priorizando zonas de marginación y rezago habitacional, aislamiento y vulnerabilidad climática, mediante políticas de mejoramiento integral de vivienda con acceso a servicios, conectividad digital y materiales adecuados. CONAFOR, CONAVI, DESARROLLO TERRITORIAL, MEDIO AMBIENTE, TRANSFORMACIÓN DIGITAL 3.4.3 Promover la reducción del rezago habitacional entre jóvenes, personas en situación de pobreza y marginación, a través de políticas con enfoque de planeación demográfica y territorial. CONAVI, DESARROLLO TERRITORIAL 3.4.4 Impulsar proyectos habitacionales sostenibles e inclusivos, mediante la implementación de criterios de ubicación, movilidad, accesibilidad e integración con el entorno. CONAVI, DESARROLLO TERRITORIAL, ISSSTE Estrategia 3.5 Promover el ejercicio de los derechos de las personas migrantes y refugiadas a fin de mejorar las condiciones sociales en que ocurren los flujos desde, hacia y a través del territorio nacional. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.5.1 Implementar medidas para el ejercicio de derechos, inclusión social y laboral de las personas migrantes y refugiadas, en coordinación con gobiernos locales y organizaciones sociales, mediante acciones que promuevan el acceso a salud, educación, vivienda, empleo, protección social y entornos seguros. BIENESTAR, CONAPRED, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, IMSS, SALUD, SEGURIDAD, TRABAJO 3.5.2 Impulsar soluciones para el ejercicio del derecho a la identidad de las personas migrantes y refugiadas, con independencia de la situación migratoria, mediante mecanismos de interoperabilidad para facilitar el registro y la verificación de la identidad en territorio nacional. GOBERNACIÓN 44 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.5.3 Implementar protocolos de atención y protección en estaciones migratorias para salvaguardar la dignidad, integridad y seguridad de las personas migrantes. GOBERNACIÓN 3.5.4 Fomentar el aprovechamiento productivo de las remesas y el capital social transnacional, a través de mecanismos de inversión o coinversión en infraestructura comunitaria, y economía social en las comunidades de origen de las personas migrantes y refugiadas. GOBERNACIÓN 3.5.5 Promover que el retorno de personas repatriadas mexicanas se desarrolle de manera segura, ordenada y con dignidad a través de acuerdos bilaterales o regionales y del fortalecimiento de medidas para asegurar los derechos de las personas migrantes. GOBERNACIÓN, RELACIONES EXTERIORES Estrategia 3.6 Promover acciones y programas de desarrollo que contribuyan a prevenir, atender y buscar soluciones para las personas en situación de vulnerabilidad por fenómenos naturales o por la actividad humana, para mejorar sus condiciones de vida e integración social. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.6.1 Identificar territorios y grupos en riesgo de vulnerabilidad derivada de fenómenos perturbadores, mediante diagnósticos multidimensionales que consideren las causales de violencia, conflictos, desastres asociados a fenómenos naturales y cambio climático. CONAFOR, INECC, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD 3.6.2 Mejorar la convivencia pacífica en localidades en riesgo de vulnerabilidad por fenómenos perturbadores, mediante estrategias de seguridad pública y cultura de paz. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD 3.6.3 Atender a la población afectada por fenómenos perturbadores en las comunidades de origen y receptoras, mediante programas de integración socioeconómica, retorno voluntario seguro y soluciones duraderas que incluyan acceso al empleo, vivienda, educación, espacios de cuidado y salud. BIENESTAR, CONAVI, DESARROLLO TERRITORIAL, EDUCACIÓN, IMSS BIENESTAR, SALUD, TRABAJO 3.6.4 Atender a las personas durante y después de la ocurrencia de fenómenos perturbadores, mediante medidas diferenciadas de protección con enfoque de derechos, interseccionalidad e interculturalidad, incluyendo a la salud mental y el apoyo psicosocial. GOBERNACIÓN, MUJERES, SALUD, SEGURIDAD Objetivo 4. Fortalecer la cultura demográfica para promover el conocimiento y el uso de la información poblacional en la toma de decisiones libres, informadas y responsables a lo largo de su vida. Estrategia 4.1 Desarrollar acciones de información, comunicación y sensibilización de la población, a fin de promover la comprensión crítica de los procesos demográficos y su vínculo con los derechos humanos, la justicia social, el medio ambiente y la igualdad de género. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.1.1 Promover el conocimiento crítico sobre la dinámica poblacional, el ejercicio de derechos y la toma de decisiones informada mediante campañas, estrategias y materiales accesibles, incluyentes, con enfoque de género, solidaridad intergeneracional y culturalmente pertinente. BIENESTAR, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, MUJERES, SALUD Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 45 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.1.2 Incentivar la reflexión crítica sobre los temas de población, desarrollo y derechos, a través de foros, seminarios, actividades artísticas y culturales. CULTURA, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, ISSSTE 4.1.3 Fomentar una cultura del autocuidado en salud física y mental, mediante campañas y otras acciones de comunicación dirigida a toda la población que facilite la toma de decisiones informadas para tener una vida activa y saludable. Todas las dependencias de la APF 4.1.4 Impulsar la participación de la academia, sociedad civil y otros actores, en el diseño de estrategias comunicación y modelos educativos sobre temas demográficos, mediante convocatorias y desarrollo de proyectos de investigación, tesis, concursos, entre otras medidas. CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN 4.1.5 Promover la difusión de información demográfica a través de diferentes medios, herramientas y formatos accesibles. GOBERNACIÓN Estrategia 4.2 Incorporar contenidos de cultura demográfica en los planes de estudio y materiales didácticos del sistema educativo nacional para promover el conocimiento de temas prioritarios de población. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.2.1 Incluir contenidos actualizados sobre los ejes temáticos de la cultura demográfica en los libros de texto, guías y materiales pedagógicos del sistema educativo. EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, MEDIO AMBIENTE 4.2.2 Garantizar el acceso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes hablantes de lenguas indígenas y con discapacidad a contenidos de cultura demográfica mediante la producción de materiales educativos en lenguas indígenas, sistema braille y otros formatos accesibles. BIENESTAR, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, INALI, INPI 4.2.3 Difundir la cultura demográfica en espacios de educación no formales en regiones rurales, centros educativos multigrado y espacios comunitarios, mediante módulos de aprendizaje y guías metodológicas sobre temas de población. CULTURA, GOBERNACIÓN 4.2.4 Divulgar la cultura demográfica en comunidades sin acceso estable a internet mediante el uso de tecnologías educativas offline, como bibliotecas digitales portátiles, audioguías u otros recursos. CULTURA, GOBERNACIÓN Objetivo 5. Impulsar una gobernanza de la política de población que integre la dinámica demográfica en la planeación del desarrollo nacional para reducir las brechas de desigualdad. Estrategia 5.1 Fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de la Administración Pública Federal para el uso de evidencia y análisis demográfico en el ciclo de las políticas públicas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.1.1 Adecuar las políticas públicas a la dinámica sociodemográfica del país, mediante el uso de indicadores desagregados y la prospectiva para visibilizar y atender las desigualdades entre grupos y territorios, así como necesidades futuras. Todas las dependencias de la APF 46 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.1.2 Ampliar la coordinación estratégica y prospectiva demográfica en las políticas públicas mediante el establecimiento y cumplimiento de acuerdos del Pleno de CONAPO. GOBERNACIÓN 5.1.3 Incidir en la incorporación de la perspectiva demográfica en el diseño y la planeación de los programas y políticas públicas a través de la elaboración de directrices técnicas. GOBERNACIÓN 5.1.4 Impulsar la armonización del marco jurídico nacional en materia de población y desarrollo para la garantía de derechos y la promoción del desarrollo, en concordancia con compromisos internacionales, como los ODS y el Consenso de Montevideo, mediante la construcción de consensos entre actores clave. Todas las dependencias de la APF 5.1.5 Promover el acceso efectivo, oportuno y universal al derecho a la identidad de toda la población del país a través de la modernización tecnológica y la interoperabilidad de sistemas de identificación. GOBERNACIÓN 5.1.6 Ampliar la capacitación de personas servidoras públicas y tomadoras de decisiones en temas de población y análisis demográfico, mediante diplomados, seminarios, cursos, guías metodológicas y otras herramientas. BUEN GOBIERNO, GOBERNACIÓN 5.1.7 Apoyar la toma de decisiones, y la focalización de estrategias y recursos que permitan atender a la población con mayores necesidades mediante la elaboración y difusión de las proyecciones de población para el país, las entidades federativas y los municipios. GOBERNACIÓN 5.1.8 Fortalecer y promover el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas a través del análisis e investigación sociodemográfica, el uso de indicadores oportunos y la implementación de mecanismos de monitoreo, conforme a los estándares técnicos del (SNIEG). Todas las dependencias de la APF Estrategia 5.2 Fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos estatales y municipales para formular y conducir la política de población. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.2.1 Fortalecer los trabajos de la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas y sus subcomisiones regionales mediante la consideración de las particularidades sociodemográficas de las entidades federativas y los municipios en la política de población. GOBERNACIÓN 5.2.2 Fortalecer la colaboración en temas de población entre la federación y los gobiernos estatales mediante la elaboración de programas estatales de población y la firma de convenios. GOBERNACIÓN 5.2.3 Fortalecer el diseño e implementación de políticas de población a nivel local mediante la actualización de los marcos normativos estatales en la materia, estructura institucional y competencias de planeación demográfica de los COESPO y organismos equivalentes, así como de los COMUPO. GOBERNACIÓN Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 47 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.2.4 Fortalecer la política de población local a cargo de los COESPO y organismos equivalentes, así como de los COMUPO, a través de asistencia técnica e insumos de información sociodemográfica estratégica en articulación con el SNIEG. GOBERNACIÓN 5.2.5 Fortalecer los métodos y lineamientos para que los registros civiles del país homologuen la correcta aplicación del derecho a la identidad con los métodos de la política nacional, a través de convenios de coordinación y diseño de acciones de interconexión con el registro nacional de población. GOBERNACIÓN Estrategia 5.3 Desarrollar espacios y procesos de consulta, diálogo y monitoreo de las políticas demográficas para asegurar la participación social inclusiva en la gestión de la política de población. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.3.1 Promover la participación activa de distintos grupos poblacionales en espacios de consulta y participación ciudadana, con enfoque intercultural y de derechos, en los procesos de diseño y evaluación de políticas y programas de población. Todas las dependencias de la APF 5.3.2 Promover la participación ciudadana para la formulación y monitoreo de la política de población, mediante la operación del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. GOBERNACIÓN 5.3.3 Impulsar la instalación de consejos consultivos u otros espacios formales de participación social en los COESPO y organismos equivalentes, mediante la concertación de acuerdos con autoridades locales. GOBERNACIÓN Estrategia 5.4 Fortalecer la participación de México en los mecanismos multilaterales sobre población y desarrollo para consolidar el posicionamiento internacional del país y dar seguimiento a los compromisos internacionales asumidos. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.4.1 Fortalecer la política de población y desarrollo mediante mecanismos de cooperación internacional y el intercambio de mejores prácticas. GOBERNACIÓN, RELACIONES EXTERIORES 5.4.2 Alinear la política nacional de población con los compromisos multilaterales como el Consenso de Montevideo, la Agenda 2030 y los ODS a través de la participación del Estado mexicano en espacios internacionales de diálogo y cooperación en materia de población y desarrollo. GOBERNACIÓN, RELACIONES EXTERIORES 5.4.3 Consolidar el sistema de seguimiento a los compromisos internacionales con incidencia sobre las políticas públicas de población derivados de los instrumentos y foros de los que México es parte. GOBERNACIÓN, RELACIONES EXTERIORES 48 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 8. Indicadores y metas El PNP 2026-2030 contempla 9 indicadores y 6 subindicadores para medir los avances y resultados de las acciones, a fin de dar cumplimiento a los objetivos. Estos serán calculados periódicamente de manera transparente y pública para asegurar su disponibilidad, calidad e imparcialidad. Indicador 1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 1.1 Porcentaje de población ocupada que tiene acceso a seguridad social. Objetivo Objetivo 1. Fortalecer las políticas públicas conforme a los cambios demográficos, con un enfoque de resiliencia demográfica, para enfrentar sus desafíos y aprovechar sus oportunidades para el desarrollo. Definición o descripción Mide el porcentaje promedio anual de población ocupada con acceso a la seguridad social a partir de los resultados de los 4 trimestres del año de referencia. Derecho asociado Derecho al trabajo consagrado en el artículo 123 de la CPEUM Derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 123 Apartado A, fracción XXIX y Apartado B, fracción XI de la CPEUM Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Febrero del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance STCONAPO Método de cálculo Donde PPPOASS: Porcentaje promedio de personas ocupadas con acceso a seguridad social en el año de referencia PPOSSt= Porcentaje de población ocupada con acceso a seguridad social en el trimestre t Observaciones El indicador proviene de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que publica el INEGI por lo que el cálculo se actualizará conforme a las fechas en que dicha institución publique la información. En 2020 debido a la contingencia por COVID-19 únicamente se cuenta con la información de tres trimestres de la ENOE. En las personas ocupadas se toma en cuenta aquellas que no especificaron su condición de acceso a instituciones de salud. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Porcentaje de población ocupada con acceso a seguridad social en el trimestre 1 Valor variable 1 39.1 Fuente de información variable 1 ENOE 2024 Nombre variable 2 Porcentaje de población ocupada con acceso a seguridad social en el trimestre 2 Valor variable 2 39.5 Fuente de información variable 2 ENOE 2024 Nombre variable 3 Porcentaje de población ocupada con acceso a seguridad social en el trimestre 3 Valor variable 3 39.6 Fuente de información variable 3 ENOE 2024 Nombre variable 4 Porcentaje de población ocupada con acceso a seguridad social en el trimestre 4 Valor variable 4 39.9 Fuente de información variable 4 ENOE 2024 Sustitución en método de cálculo (39.1+39.5+39.6+39.9) / 4 = 39.5 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 39.5 A la fecha no se cuenta con cifras definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 41.1 La meta esperada supone la misma tendencia favorable observada en el periodo 2018-2024. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 37.6 37.5 38.9 38.4 38.6 38.9 39.5 ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 40.0 40.3 40.5 40.8 41.1 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 49 Indicador 1.1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 1.1.1 Porcentaje de mujeres ocupadas que tiene acceso a seguridad social. Objetivo Objetivo 1. Fortalecer las políticas públicas conforme a los cambios demográficos, con un enfoque de resiliencia demográfica, para enfrentar sus desafíos y aprovechar sus oportunidades para el desarrollo. Definición o descripción Mide el porcentaje promedio anual de mujeres ocupadas con acceso a la seguridad social a partir de los resultados de los 4 trimestres del año de referencia. Derecho asociado Derecho al trabajo consagrado en el artículo 123 de la CPEUM Derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 123 Apartado A, fracción XXIX y Apartado B, fracción XI de la CPEUM Nivel de desagregación Mujeres Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Febrero del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance STCONAPO Método de cálculo Donde PPMOASS: Porcentaje promedio de mujeres ocupadas con acceso a seguridad social en el año de referencia PMOSSt= Porcentaje de mujeres ocupadas con acceso a seguridad social en el trimestre t Observaciones El indicador proviene de datos de la ENOE que publica el INEGI por lo que el cálculo se actualizará conforme a las fechas en que dicha institución publique la información. En 2020 debido a la contingencia por COVID-19 únicamente se cuenta con la información de tres trimestres de la ENOE. En las personas ocupadas se toma en cuenta aquellas que no especificaron su condición de acceso a instituciones de salud. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Porcentaje de mujeres ocupadas con acceso a seguridad social en el trimestre 1 Valor variable 1 39.6 Fuente de información variable 1 ENOE 2024 Nombre variable 2 Porcentaje de mujeres ocupadas con acceso a seguridad social en el trimestre 2 Valor variable 2 40.3 Fuente de información variable 2 ENOE 2024 Nombre variable 3 Porcentaje de mujeres ocupadas con acceso a seguridad social en el trimestre 3 Valor variable 3 40.3 Fuente de información variable 3 ENOE 2024 Nombre variable 4 Porcentaje de mujeres ocupadas con acceso a seguridad social en el trimestre 4 Valor variable 4 40.6 Fuente de información variable 4 ENOE 2024 Sustitución en método de cálculo (39.6+40.3+40.3+40.6) / 4 = 40.2 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 40.2 A la fecha no se cuenta con cifras definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 41.9 La meta esperada supone la misma tendencia favorable observada en el periodo 2018-2024. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 38.6 38.0 40.7 39.9 39.7 39.7 40.2 ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 40.8 41.0 41.3 41.6 41.9 50 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 1.1.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 1.1.2 Porcentaje de hombres ocupados que tiene acceso a seguridad social. Objetivo Objetivo 1. Fortalecer las políticas públicas conforme a los cambios demográficos, con un enfoque de resiliencia demográfica, para enfrentar sus desafíos y aprovechar sus oportunidades para el desarrollo. Definición o descripción Mide el porcentaje promedio anual de hombres ocupados con acceso a la seguridad social a partir de los resultados de los 4 trimestres del año de referencia. Derecho asociado Derecho al trabajo consagrado en el artículo 123 de la CPEUM Derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 123 Apartado A, fracción XXIX y Apartado B, fracción XI de la CPEUM Nivel de desagregación Hombres Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Febrero del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance STCONAPO Método de cálculo Donde PPHOASS: Porcentaje promedio de hombres ocupados con acceso a seguridad social en el año de referencia PHOSSt= Porcentaje de hombres ocupados con acceso a seguridad social en el trimestre t Observaciones El indicador proviene de datos de la ENOE que publica el INEGI por lo que el cálculo se actualizará conforme a las fechas en que dicha institución publique la información. En 2020 debido a la contingencia por COVID-19 únicamente se cuenta con la información de tres trimestres de la ENOE. En las personas ocupadas se toma en cuenta aquellas que no especificaron su condición de acceso a instituciones de salud. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Porcentaje de hombres ocupados con acceso a seguridad social en el trimestre 1 Valor variable 1 38.8 Fuente de información variable 1 ENOE 2024 Nombre variable 2 Porcentaje de hombres ocupados con acceso a seguridad social en el trimestre 2 Valor variable 2 39.0 Fuente de información variable 2 ENOE 2024 Nombre variable 3 Porcentaje de hombres ocupados con acceso a seguridad social en el trimestre 3 Valor variable 3 39.1 Fuente de información variable 3 ENOE 2024 Nombre variable 4 Porcentaje de hombres ocupados con acceso a seguridad social en el trimestre 4 Valor variable 4 39.4 Fuente de información variable 4 ENOE 2024 Sustitución en método de cálculo (38.8+39.0+39.1+39.4) / 4 = 39.0 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 39.0 A la fecha no se cuenta con cifras definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 40.4 La meta esperada supone la misma tendencia favorable observada en el periodo 2018-2024. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 37.0 37.2 37.8 37.4 37.8 38.3 39.0 ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 39.5 39.7 40.0 40.2 40.4 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 51 Indicador 2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.1 Porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas con demanda satisfecha de métodos anticonceptivos modernos. Objetivo Objetivo 2. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población, para reducir las brechas de desigualdad. Definición o descripción Mide la proporción de la demanda total de planificación familiar de MEFSA que satisface mediante el uso actual de métodos anticonceptivos modernos en un momento dado, a nivel nacional. Derecho asociado Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos (Artículo 4 Constitucional). Nivel de desagregación Geográfica: Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Quinquenal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Junio 2029 Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Segundo semestre de 2028 Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance GOBERNACIÓN - STCONAPO. Método de cálculo Donde: Observaciones Se consideran mujeres en edad fértil a aquellas que tienen entre 15 y 49 años. Las mujeres sexualmente activas se definen como aquéllas que tuvieron al menos una relación sexual en el mes previo al levantamiento de la encuesta. El porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas con demanda total de anticoncepción en el momento t es la suma del porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas con necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en el momento t y la prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en mujeres en edad fértil sexualmente activas en el momento t. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 1.- Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en MEFSA en el momento t. Valor variable 1 71.86 Fuente de información variable 1 STCONAPO con base en la ENADID Nombre variable 2 2.- Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en MEFSA en el momento t. Valor variable 2 12.19 Fuente de información variable 3 STCONAPO con base en la ENADID Nombre variable 3 3.- Prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en MEFSA en el momento t. Valor variable 3 74.69 Fuente de información variable 3 STCONAPO con base en la ENADID Sustitución en método de cálculo Porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas con demanda satisfecha (2023) = (71.86/(74.69+12.19)) *100=82.71 52 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor nacional 82.71 Se toma como línea base 2023, toda vez que el indicador es quinquenal no se cuenta con información para 2025. Año 2023 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 84.00 La meta se ubica en el año 2028 para este indicador, ya que será la cifra más cercana disponible de acuerdo con la periodicidad de la fuente de información. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 83.26 NA NA NA NA 82.71 NA NA METAS . 2026 2027 2028 2029 2030 NA NA 84.00 NA NA Indicador 2.1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.1.1 Porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas residentes de zonas rurales con demanda satisfecha de métodos anticonceptivos modernos. Objetivo Objetivo 2. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población, para reducir las brechas de desigualdad. Definición o descripción Mide la proporción de la demanda total de planificación familiar de MEFSA que satisface mediante el uso actual de métodos anticonceptivos modernos en un momento dado en zonas rurales Derecho asociado Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos (Artículo 4 CPEUM). Nivel de desagregación Geográfica: Localidad rural (<=2,500 habitantes) Periodicidad o frecuencia de medición Quinquenal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Junio 2029 Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Segundo semestre de 2028 Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance GOBERNACIÓN - STCONAPO. Método de cálculo Donde: Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 53 Observaciones Se consideran mujeres en edad fértil a aquellas que tienen entre 15 y 49 años. Las mujeres sexualmente activas se definen como aquéllas que tuvieron al menos una relación sexual en el mes previo al levantamiento de la encuesta. El porcentaje de MEFSA con demanda total de anticoncepción en el momento t es la suma del porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas con necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en el momento t y la prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en mujeres en edad fértil sexualmente activas en el momento t. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 1.- Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en MEFSA en el momento t. Valor variable 1 69.30 Fuente de información variable 1 STCONAPO con base en la ENADID Nombre variable 2 3.- Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en MEFSA en el momento t. Valor variable 2 11.96 Fuente de información variable 2 STCONAPO con base en la ENADID Nombre variable 3 4.- Prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en MEFSA en el momento t. Valor variable 3 72.09 Fuente de información variable 3 STCONAPO con base en la ENADID Sustitución en método de cálculo Porcentaje de MEFSA residentes de zonas rurales con demanda satisfecha (2023) = (69.30/(72.09+11.96)) *100=82.45 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor nacional 82.45 Año 2023 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 83.00 La meta se ubica en el año 2028 para este indicador, ya que será la cifra más cercana disponible de acuerdo con la periodicidad de la fuente de información. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 81.34 NA NA NA NA 82.45 NA NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA NA 83.00 NA NA Indicador 2.1.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.1.2 Porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas residentes de zonas urbanas con demanda satisfecha de métodos anticonceptivos modernos. Objetivo Objetivo 2. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población, para reducir las brechas de desigualdad. Definición o descripción Mide la proporción de la demanda total de planificación familiar de MEFSA que satisface mediante el uso actual de métodos anticonceptivos modernos en un momento dado en zonas urbanas. Derecho asociado Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos (Artículo 4 CPEUM). Nivel de desagregación Geográfica: Localidad urbana (>2,500 habitantes) Periodicidad o frecuencia de medición Quinquenal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Junio 2029 Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Segundo semestre de 2028 Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance GOBERNACIÓN - STCONAPO. 54 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Método de cálculo Donde: Observaciones Se consideran mujeres en edad fértil a aquellas que tienen entre 15 y 49 años. Las mujeres sexualmente activas se definen como aquéllas que tuvieron al menos una relación sexual en el mes previo al levantamiento de la encuesta. El porcentaje de MEFSA con demanda total de anticoncepción en el momento t es la suma del porcentaje de MEFSA con necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en el momento t y la prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en MEFSA en el momento t. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 1.- Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en MEFSA en el momento t. Valor variable 1 72.70 Fuente de información variable 1 STCONAPO con base en la ENADID Nombre variable 2 3.- Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en MEFSA en el momento t. Valor variable 2 12.26 Fuente de información variable 2 STCONAPO con base en la ENADID Nombre variable 3 4.- Prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en MEFSA en el momento t. Valor variable 3 75.53 Fuente de información variable 3 STCONAPO con base en la ENADID Sustitución en método de cálculo Porcentaje de MEFSA residentes de zonas urbanas con demanda satisfecha (2023) = (72.70/(75.53+12.26)) *100=82.81 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor nacional 82.81 Año 2023 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 84.10 La meta se ubica en el año 2028 para este indicador, ya que será la cifra más cercana disponible de acuerdo con la periodicidad de la fuente de información. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 83.78 NA NA NA NA 82.81 NA NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA NA 84.10 NA NA Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 55 Indicador 2.1.3 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.1.3 Porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas, hablantes de lengua indígena con demanda satisfecha de métodos anticonceptivos modernos. Objetivo Objetivo 2. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población, para reducir las brechas de desigualdad. Definición o descripción Mide la proporción de la demanda total de planificación familiar de MEFSA hablantes de lengua indígena que satisface mediante el uso actual de métodos anticonceptivos modernos en un momento dado. Derecho asociado Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos (Artículo 4 CPEUM). Nivel de desagregación Grupos históricamente discriminados: hablantes de lengua indígena Periodicidad o frecuencia de medición Quinquenal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Junio 2029 Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Segundo semestre de 2028 Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance GOBERNACIÓN - STCONAPO. Método de cálculo Donde: Observaciones Se consideran mujeres en edad fértil a aquellas que tienen entre 15 y 49 años. Las mujeres sexualmente activas se definen como aquéllas que tuvieron al menos una relación sexual en el mes previo al levantamiento de la encuesta. El porcentaje de MEFSA con demanda total de anticoncepción en el momento t es la suma del porcentaje de MEFSA con necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en el momento t y la prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en MEFSA en el momento t. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 1.- Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en MEFSA en el momento t. Valor variable 1 62.60 Fuente de información variable 1 STCONAPO con base en la ENADID Nombre variable 2 3.- Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en MEFSA en el momento t. Valor variable 2 14.09 Fuente de información variable 2 STCONAPO con base en la ENADID Nombre variable 3 4.- Prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en MEFSA en el momento t. Valor variable 3 66.32 Fuente de información variable 3 STCONAPO con base en la ENADID Sustitución en método de cálculo Porcentaje de MEFSA, hablantes de lengua indígena con demanda satisfecha (2023) = (62.60/(66.32+14.09)) *100=77.85 56 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor nacional 77.85 Año 2023 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 80 La meta se ubica en el año 2028 para este indicador, ya que será la cifra más cercana disponible de acuerdo con la periodicidad de la fuente de información. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 75.64 NA NA NA NA 77.85 NA NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA NA 80 NA NA Indicador 2.1.4 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.1.4 Porcentaje de MEFSA no hablantes de lengua indígena con demanda satisfecha de métodos anticonceptivos modernos. Objetivo Objetivo 2. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población, para reducir las brechas de desigualdad. Definición o descripción Mide la proporción de la demanda total de planificación familiar de MEFSA no hablantes de lengua indígena que satisface mediante el uso actual de métodos anticonceptivos modernos en un momento dado, a nivel nacional. Derecho asociado Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos (Artículo 4 CPEUM). Nivel de desagregación Grupos históricamente discriminados: No hablante de lengua indígena Periodicidad o frecuencia de medición Quinquenal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Junio de 2029 Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Segundo semestre de 2028 Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance GOBERNACIÓN - STCONAPO. Método de cálculo Donde: Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 57 Observaciones Se consideran mujeres en edad fértil a aquellas que tienen entre 15 y 49 años. Las mujeres sexualmente activas se definen como aquéllas que tuvieron al menos una relación sexual en el mes previo al levantamiento de la encuesta. El porcentaje de MEFSA con demanda total de anticoncepción en el momento t es la suma del porcentaje de MEFSA con necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en el momento t y la prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en MEFSA en el momento t. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 1.- Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en MEFSA en el momento t. Valor variable 1 72.40 Fuente de información variable 1 STCONAPO con base en la ENADID Nombre variable 2 3.- Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en MEFSA en el momento t. Valor variable 2 12.08 Fuente de información variable 2 STCONAPO con base en la ENADID Nombre variable 3 4.- Prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en MEFSA en el momento t. Valor variable 3 75.17 Fuente de información variable 3 STCONAPO con base en la ENADID Sustitución en método de cálculo Porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas, no hablantes de lengua indígena con demanda satisfecha (2023) = (72.40/(75.17+12.08)) *100=82.98 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor nacional 82.98 Año 2023 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 84.50 La meta se ubica en el año 2028 para este indicador, ya que será la cifra más cercana disponible de acuerdo con la periodicidad de la fuente de información. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 83.66 NA NA NA NA 82.98 NA NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA NA 84.50 NA NA Indicador 2.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.2 Tasa de fecundidad forzada de niñas de 12 a 14 años. Objetivo Objetivo 2. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población, con énfasis en adolescentes y jóvenes, para reducir las brechas de desigualdad. Definición o descripción Mide el número de nacimientos ocurridos en niñas de entre 12 y 14 años que tienen lugar en un determinado año, por cada 1,000 niñas de 12 a 14 años a mitad de ese año, a nivel nacional. Derecho asociado Todas(os) las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso. Nivel de desagregación Nacional y por Entidad federativa Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Segundo semestre del año 58 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Unidad de medida Nacidas(os) vivas(os) por cada 1,000 niñas de entre 12 y 14 años Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance GOBERNACIÓN - STCONAPO. Método de cálculo Donde: Observaciones Los insumos para la estimación del indicador se obtienen de la actualización de las proyecciones de población cada vez que se levanta un Censo, un Conteo de Población y Vivienda o una Encuesta Intercensal. Los nacimientos son rescatados del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC). APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 1.- Total de hijas(os) nacidas(os) vivas(os) en mujeres de 12 a 14 años en un año t. Valor variable 1 7,852 Fuente de información variable 1 SALUD, Dirección General de Información en Salud. Nombre variable 2 2.- Población femenina de entre 12 y 14 años de edad. Valor variable 2 3,280,231 Fuente de información variable 2 CONAPO con base en las proyecciones de población. Sustitución en método de cálculo Tasa de fecundidad forzada (2025)=(7,852/3,280,231)x1000=2.39 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 2.39 nacimientos por cada 1,000 niñas de 12 a 14 años Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 1.84 nacimientos por 1,000 niñas menores de 15 años La ENAPEA contempla acciones para erradicar los nacimientos en niñas menores de 15 años SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 3.09 2.93 2.59 2.73 2.78 2.56 2.45 2.39 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 2.28 2.16 2.03 1.94 1.84 Indicador 3.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 3.1 Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias. Objetivo Objetivo 3.- Mejorar el equilibrio en la distribución territorial de la población y las oportunidades de desarrollo para disminuir las desigualdades regionales. Definición o descripción Es el porcentaje de ocupantes en viviendas particulares ubicadas en localidades urbanas (más de 15 mil habitantes) que presentan al menos una de las siguientes características: 1) falta de acceso a fuentes de agua mejoradas; 2) carencia de drenaje y saneamiento adecuado; 3) deficiencias en los materiales de construcción de sus viviendas (piso de tierra, muro o techo frágil); y 4) carencia de espacio suficiente para vivir. Derecho asociado Derecho a la vivienda, derecho a la salud garantizados por el artículo 4o. de la CPEUM. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 59 Nivel de desagregación Nacional y entidad federativa Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información 30 de julio de cada año terminado en impar Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto-noviembre de cada año de levantamiento. Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance GOBERNACIÓN - STCONAPO. Método de cálculo Donde: PPUVP: Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias en el año t. OVPU: Ocupantes de viviendas particulares ubicadas en localidades urbanas que habitan en viviendas precarias en el año t. OVU: Total de ocupantes de viviendas particulares ubicadas en localidades urbanas en el año t. Observaciones Según la definición de la ONU una vivienda de tugurio es aquella que carece de al menos una de las siguientes condiciones: 1. Acceso a fuentes mejoradas de agua. 2. Acceso a servicios de saneamiento mejorados. 3. Durabilidad de la vivienda. 4. Espacio suficiente para vivir. Las cifras se calculan con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH). APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Ocupantes de viviendas particulares ubicadas en localidades urbanas que habitan en viviendas precarias Valor variable 1 6,800,294 Fuente de información variable 1 Estimaciones de la STCONAPO con información de INEGI. MCS-ENIGH 2024. Nombre variable 2 Total de ocupantes en viviendas particulares ubicadas en localidades urbanas Valor variable 2 81,661,011 Fuente de información variable 2 Estimaciones de la STCONAPO con información de INEGI. MCS-ENIGH 2024. Sustitución en método de cálculo (6,800,294 / 81,661,011) * 100=8.33 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 8.33 Se utiliza la información de la última ENIGH 2024 con el indicador estimado por parte de la STCONAPO, en el entendido que este indicador ODS podría actualizarse más adelante por la institución oficial a cargo de la plataforma de indicadores de los ODS Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 6.66 Se estimó una meta factible tomando en cuenta el comportamiento observado en periodos recientes. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 13.14 NA 11.00 NA 10.00 NA 8.33 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 7.93 NA 7.22 NA 6.66 60 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 3.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 3.2 Porcentaje de viviendas en rezago habitacional. Objetivo Objetivo 3.- Mejorar el equilibrio en la distribución territorial de la población y las oportunidades de desarrollo para disminuir las desigualdades regionales. Definición o descripción El indicador mide el porcentaje de viviendas construidas con materiales deteriorados o regulares en piso, techo y paredes, y con precariedad en espacios, es decir, que no cuentan con sanitario o que el promedio de personas por cuarto es mayor a 2.5. Derecho asociado Derecho a la vivienda garantizado en el artículo 4 de la CPEUM Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio - Agosto de años impares Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Segundo semestre de años pares Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance DESARROLLO TERRITORIAL a través de la CONAVI. Método de cálculo Donde: PVRH: Porcentaje de viviendas en rezago habitacional en el año t VRH: Número de viviendas en rezago habitacional en el año t TV: Total de viviendas habitadas en el año t. Observaciones En cuanto a la definición del indicador, se precisa que el indicador mide el porcentaje de viviendas construidas con materiales deteriorados o regulares en piso, techo y paredes, y con precariedad en espacios, es decir, que no cuentan con sanitario o que el promedio de personas por cuarto es mayor a 2.5. Materiales deteriorados paredes: Material de desecho, lámina de cartón, carrizo, bambú o palma, embarro o bajareque. Materiales deteriorados techo: Material de desecho, lámina de cartón, palma o paja. Materiales regulares paredes: Lámina de asbesto o metálica, madera. Materiales regulares techo: Lámina metálica, lámina de asbesto, madera o tejamanil, teja. Materiales regulares piso: Tierra. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Viviendas en rezago habitacional Valor variable 1 8,381,545 Fuente de información variable 1 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Nombre variable 2 Viviendas totales Valor variable 2 38,356,042 Fuente de información variable 2 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Sustitución en método de cálculo PVRH = (8,381,545/38,356,042) * 100 = 21.85 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 21.85 La línea base de este indicador fue calculada con información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2024, publicada por el INEGI Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 20.0 Los datos para el cálculo del resultado alcanzado para este indicador estarán disponibles en el segundo semestre de 2031, de acuerdo con la publicación de la ENIGH por parte del INEGI SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 27.55 NA 25.17 NA 24.28 NA 21.85 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 21.5 NA 21.0 NA 20.0 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 61 Indicador 4.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 4.1 Porcentaje de mujeres en edad fértil que han escuchado o visto información de métodos anticonceptivos. Objetivo Objetivo 4 Fortalecer la cultura demográfica para promover el conocimiento y el uso de la información poblacional en la toma de decisiones libres, informadas y responsables a lo largo de su vida. Definición o descripción Mide el acceso a información sobre medios para ejercer el derecho a la toma de decisiones libres e informadas sobre el número y el espaciamiento de la descendencia. Derecho asociado Derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre su salud sexual y reproductiva garantizado por el artículo 4o. de la CPEUM Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Quinquenal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Primer semestre 2029 Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Segundo semestre 2028 Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance GOBERNACIÓN - STCONAPO. Método de cálculo Donde: Observaciones La fuente de información de este indicador es la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) por lo que para obtener las cifras de las variables referidas en el método de cálculo se deben usar factores de expansión, ya que es una encuesta con una muestra compleja. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Recuento ponderado de las mujeres que respondieron “Sí” a haber escuchado o visto información de métodos anticonceptivos en los últimos 12 meses Valor variable 1 28,319,689 Fuente de información variable 1 STCONAPO con base en la ENADID 2023 Nombre variable 2 Recuento ponderado de las mujeres que respondieron a la pregunta: ¿ha escuchado o visto información de métodos anticonceptivos en los últimos 12 meses? Valor variable 2 33,709,740 Fuente de información variable 2 STCONAPO con base en la ENADID 2023 Sustitución en método de cálculo Porcentaje de mujeres en edad fértil que han escuchado o visto información de métodos anticonceptivos= (28,319,689/33,709,740) *100=84 .01 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 84.01 Año 2023 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 90.00 La meta se ubica en el año 2028 para este indicador, ya que será la cifra más cercana disponible de acuerdo con la periodicidad de la fuente de información. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 89.20 NA NA NA NA 84.01 NA NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA NA 90.00 NA NA 62 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 4.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 4.2 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 años informados sobre el uso correcto del condón. Objetivo Objetivo 4 Fortalecer la cultura demográfica para promover el conocimiento y el uso de la información poblacional en la toma de decisiones libres, informadas y responsables a lo largo de su vida. Definición o descripción Este indicador mide la proporción de niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 años que están informadas(os) sobre el uso correcto del condón externo (masculino). Se considera que están bien informados sobre el uso del condón si saben que solo puede ser utilizado una vez y que se usa para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual. Derecho asociado Derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre su salud sexual y reproductiva garantizado por el artículo 4o. de la CPEUM Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Primer semestre del año posterior al levantamiento de información. Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Segundo semestre del año Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance GOBERNACIÓN - STCONAPO. Método de cálculo Donde: *El uso correcto del condón se determina si contestaron correctamente a las siguientes preguntas: ¿Cuántas veces se puede usar el mismo condón masculino? Respuesta correcta: Una sola vez ¿Para qué se utiliza el condón masculino? Respuesta correcta: se usa para prevenir embarazos y una infección de transmisión sexual. Observaciones El indicador forma parte del Componente 1. Educación inclusiva, integral, flexible y EIS y corresponde al C1.8 del sistema de indicadores de seguimiento y monitoreo de la ENAPEA. https://www.gob.mx/conapo/articulos/sistema-de-indicadores-para-monitoreo-y-seguimiento-de-la-enapea?idiom=es El indicador es estimado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en el marco del Grupo de Trabajo de Indicadores para el Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA (GTIMS-ENAPEA), el cual es coordinado por la STCONAPO y el Secretariado Técnico está a cargo del INSP. https://www.gob.mx/conapo/documentos/1-subgrupo-de-indicadores-para-el-monitoreo-y-seguimiento-de-la-estrategia- nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-enapea-112660 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población de niñas, niños y adolescente de 12 a 19 años informados sobre el uso correcto del condón. Cifras expandidas entre 1000 Valor variable 1 7028.4 Fuente de información variable 1 ENSANUT Continua 2023. Nombre variable 2 Población total de niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 años encuestados. Cifras expandidas entre 1000 Valor variable 2 14 461.7 Fuente de información variable 2 ENSANUT Continua 2023. Sustitución en método de cálculo PAHM= (7 028.4/14 461.7) *100=48.60 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 48.60 La ENSANUT Continua 2025 aún no están publicados y los resultados de la ENSANUT 2024 están siendo procesados. Año 2023 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 70.47 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 41.30 ND ND 34.30 59.10 48.60 ND ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 59.28 61.94 64.60 67.27 70.47 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 63 Indicador 5.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 5.1 Porcentaje de entidades federativas que cuentan con instrumento programático de política de población vigente. Objetivo Objetivo 5 Impulsar una gobernanza de la política de población que integre la dinámica demográfica en la planeación del desarrollo nacional para reducir las brechas de desigualdad. Definición o descripción Mide la institucionalidad formal de la política de población a escala territorial. Derecho asociado Derecho al desarrollo con equidad y justicia social garantizado por el artículo 26 de la CPEUM Nivel de desagregación Estatal Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Marzo del año siguiente a la recolección de información Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos enero a diciembre. Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance STCONAPO Método de cálculo Donde: Observaciones Se utiliza 2025 como línea base para que coincida con el ciclo sexenal de planeación. El número de entidades federativas con programa de población disminuyó de 9 a 3 entre 2024 y 2025, lo que guarda relación con el inicio de un nuevo periodo de administración de gobierno. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Instrumentos programáticos estatales de política de población vigentes Valor variable 1 7 Fuente de información variable 1 Encuesta de Detección de Oportunidades de Desarrollo de los Consejos Estatales de Población y organismos equivalentes (EDODEC) Nombre variable 2 Entidades federativas Valor variable 2 32 Fuente de información variable 2 Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 21.9 La disminución en los valores del indicador guarda relación con los cambios y tiempos de programación de las administraciones públicas estatales. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 56.3 La disminución en los valores del indicador entre 2024 y 2025 guarda relación con los cambios y tiempos de programación de las administraciones públicas estatales. Para el año 2030 se espera contar con 18 instrumentos programáticos estatales de política de población vigentes. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA 28. 28.1 25 15.6 28.1 21.9 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 25 37.5 43.8 46.7 56.3 64 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones Comisión Nacional de Vivienda Comisión Nacional Forestal Consejo Nacional de Fomento Educativo Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Instituto Nacional del Suelo Sustentable Instituto Mexicano de la Juventud Nacional Financiera, S.N.C. Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Secretaría de Bienestar Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación Secretaría de Cultura Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Secretaría de Economía Secretaría de Educación Pública Secretaría de Energía Secretaría de Gobernación Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Secretaría de las Mujeres Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de Salud Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Secretaría del Trabajo y Previsión Social Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana STCONAPO: Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población STPS: Secretaría del Trabajo y Protección Social UPMRIP: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas ___________________________________ Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 65 PROGRAMA Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2026-2030. PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2026–2030 Índice Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo 6. Objetivos 6.1 Relevancia del objetivo 1: Garantizar el acceso pleno a los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en sus diferentes etapas de desarrollo 6.2 Relevancia del objetivo 2: Proteger integralmente a niñas, niños y adolescentes contra las violencias que enfrentan en los diferentes entornos en los que se desarrollan. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Promover la inclusión social y la igualdad sustantiva para niñas, niños y adolescentes que son discriminados y que viven en condiciones de vulnerabilidad. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Impulsar la participación, el acceso a la información y entornos digitales de niñas, niños y adolescentes para que sus opiniones sean retomadas en el diseño de las acciones públicas de gobierno, promoviendo la perspectiva de niñez y adolescencia en los ámbitos social, comunitario e institucional. 6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2026-2030 7. Estrategias y líneas de acción 8. Indicadores y metas 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo. 3. Siglas y acrónimos AGRICULTURA: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural APF: Administración Pública Federal BIENESTAR: Secretaría de Bienestar BUEN GOBIERNO: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno CDN: Convención sobre los Derechos del Niño CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CFE: Comisión Federal de Electricidad CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación CISNNA: Comisión para la Igualdad Sustantiva entre Niñas, Niños y Adolescentes CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos CONAPO: Consejo Nacional de Población CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 66 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 COMPREVNNA: Comisión para poner fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes COMUNICACIONES: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPI: Comisión para la Primera Infancia CPINNAMSCR: Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado CTEIPIDNNA: Comité Técnico Especializado en Información sobre la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes CTICNNA: Comisión sobre Tecnologías de la Información y Contenidos Audiovisuales dirigidos a Niñas, Niños y Adolescentes del SIPINNA CULTURA: Secretaría de Cultura CURP: Clave Única de Registro de Población DEFENSA: Secretaría de la Defensa Nacional DESARROLLO TERRITORIAL: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ECONOMÍA: Secretaría de Economía EDUCACIÓN: Secretaría de Educación Pública ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación ENAPEA: Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes ENASIC: Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados ENDISEG: Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género ENDUTIH: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición GN: Guardia Nacional GOBERNACIÓN: Secretaría de Gobernación GTIEP: Grupo de trabajo interinstitucional que colabore en el diseño de instrumentos normativos relativos a la evaluación de las políticas en materia de niñas, niños y adolescentes, así como para la asignación de recursos suficientes en los presupuestos de los integrantes del Sistema para el cumplimiento de sus acuerdos, resoluciones y recomendaciones HACIENDA: Secretaría de Hacienda y Crédito Público IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-BIENESTAR: Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INSP: Instituto Nacional de Salud Pública INE: Instituto Nacional Electoral ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado LGBTI+: Siglas para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales LGDNNA: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes MARINA: Secretaría de Marina MEDIO AMBIENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales MUJERES: Secretaría de las Mujeres NOM-038-STPS-2024: NORMA Oficial Mexicana, referida a la clasificación de las actividades agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca, que permita a los patrones identificar aquellas de menor riesgo, y que no impliquen el uso de químicos, manejo de maquinaria y vehículos pesados para los menores Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 67 OPR: Oficina de la Presidencia de la República PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación PM: Pobreza multidimensional PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 PRONAPINNA 2026-2030 o Programa: Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2026-2030 RELACIONES EXTERIORES: Secretaría de Relaciones Exteriores SALUD: Secretaría de Salud SEGURIDAD: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SESIPINNA: Secretaría Ejecutiva del SIPINNA SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SHF: Sociedad Hipotecaria Federal SIPINNA: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación TRABAJO: Secretaría del Trabajo y Previsión Social TURISMO: Secretaría de Turismo 4. Fundamento normativo La elaboración del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2026-2030 (PRONAPINNA 2026-2030) tiene como punto de partida el marco de los derechos humanos previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual dispone que “...todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección...”. El precepto referido constituye el fundamento jurídico de la intervención del Estado en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al establecer la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cual se fortalece con lo establecido en el artículo 4o., el cual mandata al Estado velar y cumplir con el principio de interés superior de la niñez. Bajo este principio rector, y de conformidad con los artículos 25 y 26, apartado A, de la CPEUM, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y la obligación de organizar un sistema de planeación democrática que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. En virtud de lo anterior, el artículo 9o., de la Ley de Planeación, dicta que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) deberán planear y conducir sus actividades con perspectiva intercultural, de género y respeto a los derechos humanos; además deberán alinearse a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible. Aunado a estas directrices, México es parte de compromisos internacionales de suma importancia con los derechos de la niñez y adolescencia, entre ellos: la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), además de sumarse a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por otro lado, el artículo 1 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), define los principios rectores de la política nacional en la materia. Asimismo, delimita las competencias y esquemas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, los Poderes de la Unión y los organismos autónomos. 68 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Para asegurar una adecuada protección de los derechos de la niñez y adolescencia, y conforme al artículo 125 de la LGDNNA, se creó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), como una instancia encargada de establecer los instrumentos, políticas, servicios y acciones de protección necesarios mediante la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la planeación nacional del desarrollo. En el marco de la LGDNNA, sus artículos 125, fracción VII y 130, fracción II establecen la obligación de elaborar y aprobar el PRONAPINNA 2026-2030, como un programa derivado del PND 2025-2030 que debe contener las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores prioritarios en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ello en vinculación con derechos reconocidos en artículos de la CPEUM, tales como: el derecho a la educación (artículo 3o.); el derecho a la protección de la salud, el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a una vivienda adecuada (artículo 4o.); el derecho a la participación y al acceso a las tecnologías de la información y comunicación (artículo 6o.), y la igualdad sustantiva y no discriminación, conforme al principio del interés superior de la niñez. Además, el Programa contribuye a la garantía de una vida libre de violencias (artículo 17); el acceso a la justicia (artículo 21); y el derecho a la seguridad social (artículo 123). La Secretaría de Gobernación, a través de la SESIPINNA es la dependencia responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del PRONAPINNA 2026-2030. Finalmente, el Programa se elabora en cumplimiento de lo señalado en el “Anexo 1: Sistema Nacional de Planeación Democrática” del PND 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2025. 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo En México residen alrededor de 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 50.9% son hombres y el 49.1% mujeres,1 representando en conjunto el 28.7% de la población nacional. La República de y para niñas, niños y adolescentes, prevista en el PND 2025–2030, reconoce a este grupo como titulares de derechos y destaca la necesidad de eliminar las barreras que limitan su pleno desarrollo. Para ello, es necesario reconocer que la infancia y la adolescencia comprenden distintas etapas, cada una con necesidades específicas que deben ser atendidas de manera diferenciada: primera infancia (de 0 a 5 años), niñez (de 6 a 11 años) y adolescencia (de 12 a 17 años). Las etapas del desarrollo, al igual que otros atributos como el género, lugar de origen, etnicidad o discapacidad, son factores que influyen y están asociados a los problemas públicos que enfrenta esta población. De acuerdo con las proyecciones de población a inicio de año realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2026 la población de niñas, niños y adolescentes es de 38,382,073, de los cuales 12.2 millones son niñas y niños en primera infancia (31.83%), 12.7 millones en la niñez (33.11%) y 13.5 millones en la adolescencia (35.06%).2 Cuadro 1. Población de niñas, niños y adolescentes en México, 2026 Etapa del desarrollo Total Hombres Mujeres Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Primera infancia (0 a 5 años) 12,216,299 31.83 6,222,454 31.83 5,993,845 31.82 Niñez (6 a 11 años) 12,708,562 33.11 6,472,073 33.11 6,236,489 33.11 Adolescencia (12 a 17 años) 13,457,212 35.06 6,852,282 35.06 6,604,930 35.07 Total 38,382,073 100 19,546,809 100 18,835,264 100 Fuente: Elaboración propia de la SESIPINNA con base en los datos de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. (s/d). Proyecciones de población. Base de datos/Población a inicio de año, 1950-2070/ 00_Pob_Inicio_1950_2070.csv. Consultado el 14 de enero de 2026. https://datos.gob.mx/dataset/proyecciones- de-poblacion. 1 Secretaría General del Consejo Nacional de Población. (s/d). Proyecciones de población. Base de datos/Población a inicio de año, 1950- 2070/ 00_Pob_Inicio_1950_2070.csv. Consultado el 14 de enero de 2026. https://datos.gob.mx/dataset/proyecciones-de-poblacion. 2 Ídem. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 69 El presente diagnóstico no solo identifica los principales problemas públicos que enfrenta la niñez y la adolescencia, sino que también busca evidenciar sus efectos diferenciados e interseccionales. En general, el análisis aborda estos desafíos en su contexto nacional, considerando su evolución, causas estructurales y consecuencias. Este proceso se enmarca en los principios del Humanismo Mexicano3 y en los objetivos del Segundo piso de la Cuarta Transformación4, que buscan garantizar el bienestar integral de quienes más lo necesitan, así como bajo el mandato del interés superior de la niñez.5 También, se incorpora la visión de largo plazo, perspectiva que describe la situación hacia 2030, en consonancia con el Programa, así como una proyección hacia los próximos veinte años, orientada a cerrar brechas estructurales y consolidar un país con bienestar, justicia social y que priorice la atención a las infancias y adolescencias. Los principales problemas públicos que atiende el PRONAPINNA 2026–2030 son la pobreza infantil y adolescente, las diversas formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como las brechas y desigualdades estructurales que limitan su desarrollo. Estas problemáticas no solo obstaculizan su desarrollo integral, sino que también impiden el ejercicio pleno de sus derechos. El PRONAPINA, establece en su objetivo “1: Garantizar el acceso pleno a los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en sus diferentes etapas de desarrollo”, el cual atiende el problema público de la desigualdad estructural y la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia. Este problema se manifiesta en la restricción o negación de derechos fundamentales, lo que impide que este grupo poblacional alcance su máximo potencial. Esta situación contraviene los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento ratificado por el Estado mexicano, cuya garantía es indispensable para que niñas, niños y adolescentes accedan a una vida digna y ejerzan plenamente sus derechos. Por ello, al asegurar el acceso a servicios esenciales como salud, educación, vivienda digna y seguridad social, el Programa busca mitigar las barreras que perpetúan la pobreza y la exclusión. La estrategia de intervención no es meramente asistencial, sino que busca romper el ciclo de la pobreza intergeneracional y promover una sociedad más equitativa y justa. El problema de la denegación de derechos es un producto de los regímenes neoliberales en México. Durante ese periodo, la reducción de la inversión pública en el sector social y la privatización de servicios generaron un abandono del Estado de su responsabilidad de garantizar los derechos sociales. Esta política afectó de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, como la niñez en situación de pobreza, con discapacidad o de comunidades indígenas, quienes vieron limitado su acceso a servicios esenciales. Esta desigualdad en las condiciones de partida generó un freno en el desarrollo infantil y adolescente, lo que se traduce en una menor movilidad social y en una limitación de las oportunidades futuras. Por lo tanto, el Programa no solo busca seguir avanzando en la protección de la niñez en el presente, sino que sienta las bases para un desarrollo sostenible y un futuro más promisorio para toda la sociedad, revirtiendo las consecuencias de esas políticas. 3 El Humanismo Mexicano es un modelo de desarrollo ético, político y social que rige la planeación nacional, cuya prioridad absoluta es el bienestar de los sectores históricamente vulnerados bajo el principio rector: "Por el bien de todos, primero los pobres” Para más información se sugiere revisar el PND 2025-2030, el cual puede ser consultado en: https://www.gob.mx/presidencia/documentos/plan-nacional-de- desarrollo-2025-2030-391771; también se sugiere consultar el siguiente enlace: Gobierno de México. (2024). 10 principios del #HumanismoMexicano. [Video]. Consultado el 14 de enero de 2026. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zT00cImOSdA 4 Para ampliar el conocimiento sobre los objetivos del segundo piso de la cuarta transformación, se sugiere revisar el PND 2025-2030, el cual puede ser consultado en: https://www.gob.mx/presidencia/documentos/plan-nacional-de-desarrollo-2025-2030-391771 5 El principio del interés superior de la niñez tiene su origen normativo en el artículo 3, párrafo 1, de la CDN, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, instrumento ratificado por México y que le otorga carácter vinculante para los Estados parte. Dicho principio establece que en todas las medidas concernientes a las niñas, niños y adolescentes que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será su interés superior. 70 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Pobreza infantil y adolescente La pobreza infantil y adolescente es uno de los principales problemas públicos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en México, así como una de las prioridades que el Gobierno de México se ha propuesto atender, en coherencia con el principio de primero los pobres. El despliegue de políticas públicas en el marco del primer piso de la Cuarta Transformación ha permitido que alrededor de 5.6 millones de niñas, niños y adolescentes hayan salido de la pobreza, lo que representa una reducción de 11.6 puntos porcentuales, mientras que la pobreza extrema disminuyó 1.2 puntos porcentuales.6 Se trata de la mayor disminución de este indicador desde 2008, año en que se comenzó a medir la pobreza de forma oficial en México, bajo un enfoque multidimensional. No obstante, el mandato de colocar el interés superior de la niñez en el centro de la agenda pública sigue vigente, debido a que la pobreza infantil y adolescente continúa siendo más incidente que en la población adulta. Esto se explica por la dependencia económica de las familias y su vulnerabilidad ante la precariedad laboral e informalidad. Estas condiciones estructurales limitan el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes. En lo que respecta a los derechos sociales, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), derivado del aumento progresivo en los esquemas de protección social, así como de la ampliación de bienes, servicios, programas universales y derechos sociales destinados a la población infantil y adolescente, las carencias sociales disminuyeron durante el primer piso de la Cuarta Transformación (2018-2024). Gráfica 1. Pobreza infantil y adolescente en México, 2016-2024 Fuente: Elaboración propia de la SESIPINNA con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2025). Pobreza Multidimensional. Base de datos tabulados/tabulados predefinidos/Grupos de población 2016- 2024/pm_gp_2024.xlsx/Cuadro 11. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados 6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Pobreza Multidimensional. Base de datos tabulados/tabulados predefinidos/Grupos de población 2016-2024/pm_gp_2024.xlsx/Cuadro 11. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 71 Destaca la disminución de la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad que disminuyó 5.4 puntos porcentuales al pasar de 25.5% en 2018 a 17.1% en 2024; la carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda descendió 5.6 puntos porcentuales, al pasar de 23.2% a 17.6% en el mismo periodo, mientras que la carencia por calidad y espacios de la vivienda bajó 3.8 puntos porcentuales, pasando de 15.4% a 11.6%.7 El INEGI también reporta avances en materia de seguridad social, cuya carencia disminuyó 3.1 puntos porcentuales de 2018 a 2024, mientras que el rezago educativo decreció 0.5 puntos porcentuales, pasando de 9.9 % a 9.4% en el mismo periodo.8 No obstante, la implementación de la nueva estructura universal de salud enfrenta el desafío de lograr la incorporación plena de la totalidad de la niñez y adolescencia. Por ello, es imperativo fortalecer los mecanismos de coordinación y eficiencia para asegurar que todos los servicios de salud se entreguen de manera efectiva a esta población. La medición multidimensional de la pobreza también da cuenta de un aumento de la población de niñas, niños y adolescentes no pobres y no vulnerables, la cual pasó de 18.4% en 2018 a 25.8% en 2024.9 Este avance demuestra el éxito de las políticas públicas implementadas para proteger y asegurar el bienestar y los derechos de este grupo demográfico. En el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, las nuevas estrategias gubernamentales deberán centrarse en consolidar estos logros mientras priorizan la reducción de las brechas de desigualdad. El objetivo primordial es garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible para toda la niñez. Por otra parte, si bien persiste la pobreza infantil en la región sur del país, el enfoque humanista implementado por la Cuarta Transformación desde 2018 ha permitido mejorar las condiciones de vida y el ejercicio de derechos de millones de personas mexicanas. De 2018 a 2024, la pobreza en niñas, niños y adolescentes disminuyó en todas las entidades federativas del país. Tabasco, Yucatán y Quintana Roo presentaron disminuciones por debajo de la media nacional, pero incluso entidades con grandes desigualdades estructurales como Chiapas y Oaxaca tuvieron resultados alentadores. Cuadro 2. Variación de la población de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza, según grupos de edad, 2024 Entidad federativa Población de 5 años y menos Población de 6 a 11 años Población de 12 a 17 años Nacional -10.7 -11.5 -11.8 Aguascalientes -3.3 -7.1 -10.3 Baja California -13.3 -17.5 -13.4 Baja California Sur -7.1 -10.9 -9.4 Campeche -7.8 -14.7 -8.6 Chiapas -6.4 -9.7 -12.6 Chihuahua -14.4 -12.2 -9.5 Ciudad de México -9.2 -13.8 -12.2 Coahuila de Zaragoza -16.9 -14.6 -12.9 Colima -14.9 -18.6 -19.1 Durango -8.8 -12.5 -8.9 Guanajuato -12.9 -17.2 -13.3 Guerrero -2.5 -5.7 -7.0 Hidalgo -14.4 -16.7 -13.7 Jalisco -5.4 -7.3 -8.8 México -11.9 -7.0 -8.4 Michoacán de Ocampo -11.9 -11.8 -10.8 Morelos -8.1 -13.2 -11.0 Nayarit -15.1 -9.3 -13.2 Nuevo León -11.4 -8.9 -8.6 7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Pobreza Multidimensional. Base de datos tabulados/tabulados predefinidos/Grupos de población 2016-2024/pm_gp_2024.xlsx/Cuadro 11. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados 8 Ídem. 9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2025). Pobreza Multidimensional. Base de datos tabulados/tabulados predefinidos/Grupos de población 2016-2024/pm_gp_2024.xlsx/Cuadro 11. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados 72 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Oaxaca -8.1 -12.3 -9.3 Puebla -9.4 -7.5 -13.3 Querétaro -10.1 -9.0 -8.5 Quintana Roo -13.6 -12.0 -13.6 San Luis Potosí -5.8 -14.1 -10.4 Sinaloa -15.4 -13.1 -15.0 Sonora -18.7 -13.2 -13.6 Tabasco -13.8 -18.6 -25.3 Tamaulipas -15.3 -13.5 -19.5 Tlaxcala -3.7 -8.5 -10.9 Veracruz de Ignacio de la Llave -12.4 -13.1 -12.8 Yucatán -14.5 -18.4 -16.3 Zacatecas -13.0 -10.7 -13.9 Fuente: Elaboración propia de la SESIPINNA con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2025). Pobreza Multidimensional. Base de datos tabulados/tabulados predefinidos/Grupos de población 2016-2024/pm_gp_2024.xlsx/Cuadro 15. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados Las persistentes brechas de desigualdad, producto de las políticas de gobiernos neoliberales, evidencian la necesidad de diseñar e implementar acciones diferenciadas y con un enfoque territorial que permitan atender las particularidades de cada región. Este enfoque contribuye a asignar de manera más eficiente los recursos y esfuerzos, permitiendo reducir las brechas regionales y responder a las condiciones específicas de vulnerabilidad, particularmente en las zonas con mayor rezago del país. A su vez, es indispensable considerar no solo la dimensión económica, sino también cómo viven y ejercen sus derechos en su entorno. Solo a través de una política pública integrada y sensible al territorio será posible avanzar hacia una cobertura universal efectiva, reducir las brechas estructurales y garantizar un piso común de bienestar para toda la infancia y adolescencia del país. Ante esto, es importante seguir priorizando la garantía y protección de los derechos sociales para la niñez y adolescencia. Para lograrlo, debemos asegurar que las políticas públicas se adapten a sus necesidades específicas, garantizando que los menores en situación de pobreza tengan acceso a un piso mínimo de protección social. Lo anterior implica fortalecer programas clave como el IMSS-BIENESTAR y las Becas para el Bienestar Benito Juárez, en especial la Beca Rita Cetina, para que éstas lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan. El objetivo no es solo cerrar brechas, sino transformar de forma sostenible las condiciones de vida de la niñez y adolescencia, integrando todas las acciones de política pública para lograr un bienestar integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Educación Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación inclusiva y de calidad que les permita desarrollar plenamente sus capacidades, continuar con su formación o integrarse activamente en la sociedad. Este derecho busca fortalecer habilidades, competencias y actitudes que beneficien tanto su bienestar individual como el desarrollo colectivo. La educación también funciona como un medio para reducir barreras estructurales, avanzando hacia una sociedad más justa e incluyente. El acceso equitativo y el ejercicio pleno del derecho a la educación para la niñez y adolescencia se vieron mermados debido a la aplicación de políticas neoliberales entre 1982 y 2018. Durante este periodo, se priorizó la lógica de mercado, lo que profundizó las brechas sociales y económicas. Como resultado, factores como el nivel socioeconómico, el contexto geográfico o la escolaridad de las personas cuidadoras se volvieron determinantes para las oportunidades educativas, perpetuando así la desigualdad desde las etapas más tempranas de la vida. Durante el primer sexenio de la Cuarta Transformación, el país ha logrado avances en la reducción de la tasa de abandono escolar en todos los niveles educativos, especialmente en educación media superior. Esta disminución sostenida se explica por la implementación de una política social y educativa centrada en el bienestar, que contrasta con la lógica de mercado del periodo neoliberal. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 73 Cuadro 3. Tasa de abandono escolar a nivel nacional, según nivel educativo, ciclos escolares seleccionados de 2000/2001 a 2023/2024 Nivel educativo 2000/2001 2005/2006 2010/2011 2015/2016 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 Media superior 17.5 16.5 14.9 15.5 11.6 10.2 11.2 11.3 Superior 8.2 7.6 7.1 7.0 8.8 8.1 7.2 7.1 Fuente: Elaboración propia de la SESIPINNA con base en los datos de la Secretaría de Educación Pública (2025). Reporte de indicadores educativos. Base de datos de reporte/reporte_indicadores_educativos_sep_2025.xls/x indicadores. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.planeacion.sep.gob.mx/indicadorespronosticos.aspx Aunado a los apoyos económicos, el cambio de enfoque de una política neoliberal a una humanista ha sido clave para consolidar un sistema educativo más inclusivo. A diferencia del periodo 2012-2018, en el que se priorizaban evaluaciones punitivas, la revalorización de la labor docente y la creación de la Nueva Escuela Mexicana han fortalecido la pertinencia de la educación, fomentando un entorno propicio para el aprendizaje y la permanencia. Si bien los retos persisten, la tendencia a la baja en la tasa de abandono escolar demuestra que las políticas públicas implementadas han sido efectivas para reducir las barreras de acceso y permanencia, sentando las bases para una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades de desarrollo para la niñez y la adolescencia. El impulso a programas de becas universales, como las Becas para el Bienestar Benito Juárez, ha sido fundamental para mitigar las causas socioeconómicas de la deserción, garantizando que un mayor número de personas jóvenes puedan continuar con su formación sin la presión de incorporarse al mercado laboral de manera prematura. Este enfoque ha permitido que el acceso a la educación sea un derecho efectivo, y no un privilegio, lo que se refleja en una mayor retención de estudiantes. El Sistema Educativo ha avanzado en cobertura y atención en los niveles de primaria y secundaria. Esto implica ir más allá del acceso y enfocarse en la generación de entornos escolares que impulsen el desarrollo integral del alumnado. Solo así se puede asegurar que los estudiantes adquieran las herramientas necesarias para continuar con éxito en los niveles educativos superiores y, en consecuencia, romper los ciclos intergeneracionales de pobreza para acceder a un bienestar compartido. Salud Las infancias y adolescencias enfrentan necesidades específicas de salud según la etapa de su desarrollo físico, mental y emocional, lo que los hace particularmente vulnerables. Durante los primeros años de vida, prevalecen los riesgos asociados a la malnutrición y a enfermedades infecciosas, mientras que, en la adolescencia, se incrementa la exposición a accidentes, lesiones, embarazos tempranos, problemáticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, así como a trastornos de salud mental. Por lo anterior, resulta prioritario implementar acciones que garanticen el acceso efectivo y oportuno de niñas, niños y adolescentes a servicios de salud y seguridad social, entendidos como componentes esenciales de un sistema de protección social que les permita desarrollarse de forma plena, en condiciones de igualdad y dignidad. La implementación del modelo neoliberal en México tuvo un impacto negativo en la salud de la población, derivado de una serie de políticas de desinversión, privatización y liberalización económica. La reducción del gasto público en salud fue una de las principales consecuencias, lo que llevó al deterioro de la infraestructura hospitalaria, la escasez de medicamentos e insumos, y una precarización laboral del personal médico. Esta situación debilitó la capacidad de respuesta del sistema de salud público frente a las necesidades de la población, exacerbando las desigualdades en el acceso a servicios de calidad. La priorización del mercado sobre el bienestar social relegó la salud a un segundo plano, convirtiéndola en un bien de consumo al que solo una parte de la población podía acceder de manera adecuada, profundizando así la brecha entre los que tenían y los que no.10 10 Laurell, A. C. (1998). La globalización y las políticas de salud. Nueva época, Salud Problema, año 3, número 4, pp. 39-50. https://saludproblemaojs.xoc.uam.mx/index.php/saludproblema/article/view/82/82 74 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Las reformas neoliberales reconfiguraron el perfil epidemiológico del país. El abandono de políticas de prevención y la promoción de un modelo de consumo masivo, impulsado por la apertura comercial, contribuyeron al incremento alarmante de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. La falta de regulación sobre la industria alimentaria, junto con el acceso limitado a alimentos saludables y asequibles para los sectores de bajos ingresos, generó una crisis de salud pública que afectó desproporcionadamente a los más vulnerables. Este modelo económico, centrado en la eficiencia y la rentabilidad, no solo desatendió los determinantes sociales de la salud —como la pobreza, la educación y el empleo— sino que los agravó, generando un ciclo vicioso de enfermedad y exclusión social que definió la salud de las y los mexicanos durante más de tres décadas. En particular, la primera infancia es una etapa crítica tanto para el desarrollo integral como por su alta vulnerabilidad a riesgos físicos, muchos de los cuales están estrechamente relacionados con la salud materna. Por ello, diversos casos requieren intervenciones articuladas en distintos niveles del Sistema Nacional de Salud, desde la atención prenatal hasta el seguimiento del crecimiento y desarrollo infantil. Los esfuerzos para mejorar la salud de la primera infancia rindieron frutos entre 2018 y 2023. Durante este periodo, la cantidad de niñas y niños menores de cinco años que estaban por debajo del peso saludable11 disminuyó constantemente, pasando de 4.8% a 3.5%.12 Cuadro 4. Proporción de niños menores de cinco años con insuficiencia ponderal Año Porcentaje 2018 4.8 2019 4.4 2020 N/D 2021 3.7 2022 4.1 2023 3.5 Fuente: Elaboración propia de la SESIPINNA con base en los datos del Instituto Nacional de Salud Pública (s/d). Proporción de niños menores de cinco años con insuficiencia ponderal. Catálogo Nacional de Indicadores. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200353725&gen=8232&d=n y https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6207139837&gen=15881&d=n Además, se incrementó el número de personal médico (generales, especialistas, pasantes, internos y residentes) en contacto con el paciente en instituciones públicas de salud, por cada mil habitantes. El indicador pasó de 1.84 personal médico por cada mil habitantes en 2018 a 2.14 en 2023.13 Este incremento mejora el acceso a la atención médica y, al haber más profesionales disponibles, permite una detección temprana de enfermedades y un seguimiento más completo de los tratamientos, lo que impacta positivamente en la salud de niñas, niños y adolescentes. 11 Esta medición se basa en el porcentaje de niños menores de cinco años con peso inferior a dos desviaciones estándar con respecto a la mediana de las tablas internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de referencia para la edad y sexo. 12 Instituto Nacional de Salud Pública. (s/d). Proporción de niños menores de cinco años con insuficiencia ponderal. Catálogo Nacional de Indicadores. Consultado el 14 de enero de 2026 en: https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200353725&gen=8232&d=n y https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6207139837&gen=15881&d=n 13Secretaría de Salud. (s/d). Razón de médicos en instituciones públicas de salud en contacto con el paciente por cada mil habitantes. Catálogo Nacional de Indicadores. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200009720&gen=595&d=n Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 75 Grafica 2. Razón de personal médico en instituciones públicas de salud en contacto con el paciente por cada mil habitantes 2000-2023 Fuente: Elaboración propia de la SESIPINNA con base en los datos de la Secretaría de Salud. (s/d). Razón de médicos en instituciones públicas de salud en contacto con el paciente por cada mil habitantes. Catálogo Nacional de Indicadores. Consultado el 14 de enero de 2026 en: https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200009720&gen=595&d=n Uno de los elementos esenciales en esta etapa de la vida es la vacunación, ya que constituye un mecanismo fundamental para prevenir enfermedades y fortalecer las defensas naturales del organismo. Por ello, es crucial asegurar que todas las niñas y niños tengan acceso oportuno a las vacunas, lo que es vital para proteger su salud y prevenir brotes de enfermedades que son prevenibles. Durante el periodo de 2018 a 2023, los esfuerzos del Gobierno de México en materia de salud también se tradujeron en una disminución sostenida de la tasa de mortalidad neonatal (por cada 1,000 personas nacidas vivas), indicador que durante el sexenio previo tuvo un efecto rebote, como se aprecia en el siguiente gráfico. Gráfica 3. Tasa de mortalidad, neonatal (por cada 1.000 nacidos vivos) – Mexico 2012-2023 Fuente: Elaboración propia de la SESIPINNA con base en los datos del Grupo Interinstitucional para las Estimaciones sobre Mortalidad Infantil de las Naciones Unidas. (s/d). Tasa de mortalidad neonatal (por cada 1.000 nacidos vivos) - México. Consultado el 26 de marzo de 2026. https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.DYN.NMRT?locations=MX Además, las estadísticas de defunciones registradas del INEGI indican que de 2012 a 2017 se registraron 159,415 defunciones infantiles y para el periodo de 2018 a 2024 esta cifra descendió a 141,444.14 Es decir, se registró una disminución de 17, 971 defunciones en menores de edad. 14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s/d). Estadísticas de Defunciones Registradas. Tabulados predefinidos/Defunciones registradas e infantiles por residencia habitual del fallecido y año de registro según sexo. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/programas/edr/#tabulados 76 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Fuente: Elaboración propia de la SESIPINNA con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (s/d). Estadísticas de Defunciones Registradas. Tabulados predefinidos/Defunciones registradas e infantiles por residencia habitual del fallecido y año de registro, según sexo. Consultado el 14 de enero de 2026 en: https://www.inegi.org.mx/programas/edr/#tabulados Por último, los datos de mortalidad infantil muestran que las principales causas de muerte en menores de un año están relacionadas con afecciones originadas en el periodo perinatal, malformaciones congénitas y enfermedades del sistema respiratorio. En el grupo de 1 a 4 años, predominan las causas externas, seguidas por enfermedades respiratorias, congénitas e infecciosas.15 Estos datos subrayan la importancia de garantizar no solo la cobertura, sino también el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, especialmente en casos que requieren atención especializada y oportuna. Aunque el Gobierno de México, desde finales de 2018 ha concentrado sus esfuerzos interinstitucionales en la atención de las infancias y adolescencias, en los ámbitos educativo, deportivo y de salud, las adicciones aún presentan áreas de oportunidad en materia de salud pública. El consumo de sustancias psicoactivas no solo causa daños físicos y mentales permanentes, sino que también se convierte en un factor de riesgo que desencadena violencias y problemas a lo largo de la vida. Desde una perspectiva de bienestar social, las adicciones limitan el desarrollo y las oportunidades de vida de las personas jóvenes y propician la desintegración familiar. El consumo de sustancias en la adolescencia puede tener consecuencias significativas a largo plazo en su desarrollo, incluyendo desafíos en la salud mental, un menor rendimiento académico y la reducción de sus oportunidades de crecimiento y bienestar a futuro. Por ello es necesario continuar su atención. Cuidados La política de cuidados en México representa un cambio de paradigma al reconocer el cuidado como un derecho y una condición indispensable para el bienestar de las personas y la sostenibilidad social. Los cuidados comprenden actividades y vínculos que sostienen la vida y el desarrollo a lo largo del ciclo de vida, lo que demanda tanto servicios de apoyo accesibles como una corresponsabilidad social y de género. Este enfoque busca superar la visión tradicional que ha delegado -casi- exclusivamente en las mujeres la responsabilidad de cuidar, avanzando hacia un modelo integral y equitativo de política pública. Así, las infancias y adolescencias constituyen una población prioritaria del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados. De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022, en México existen 24.2 millones de hogares con niñas, niños y adolescentes susceptibles de recibir cuidados,16 lo que los convierte en el principal grupo que demanda esta atención. 15 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s/d). Estadísticas de Defunciones Registradas. Tabulados interactivos/Defunciones registradas (mortalidad general) /lista de tabulación 1 para mortalidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE)/edad. Consultado el 14 de enero de 2026 en: https://www.inegi.org.mx/programas/edr/#tabulados 16 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022, p. 11. [Presentación de diapositivas] Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasic/2022/doc/enasic_2022_presentacion.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 77 La cobertura alcanza al 99% en la primera infancia, 93% en niñas y niños de 6 a 11 años y 65.9% en adolescentes de 12 a 17 años.17 Sin embargo, la responsabilidad recae de manera desproporcionada en las mujeres: 86.3% son cuidados por la madre, 7.6% por la abuela y apenas 6.1% por otros, incluyendo al padre;18 mientras que en el caso de la población de 6 a 17 años, la persona cuidadora principal también es la mujer.19 A ello se suma que muchas niñas y adolescentes asumen tareas de cuidado de hermanos o hermanas menores, personas adultas mayores o con discapacidad, lo que profundiza las desigualdades y limita las oportunidades educativas y de desarrollo. Otro reto central es el de la interseccionalidad de la población objetivo dentro del sistema. Por ejemplo, niñas, niños y adolescentes con discapacidad requieren cuidados especializados para garantizar plenamente sus derechos. El Estado mexicano debe consolidarse como un pilar fundamental del Estado de bienestar que garantice este derecho y asegure que todas las niñas, niños y adolescentes crezcan en entornos protectores, seguros y cuidadores. Para atender el problema público de la incidencia de la violencia en la niñez y la adolescencia, el PRONAPINNA 2026-2030 plantea como objetivo “2. Proteger integralmente a niñas, niños y adolescentes contra las violencias que enfrentan en los diferentes entornos en los que se desarrollan”. La estrategia se centra en una intervención multifactorial que aborda las causas estructurales de la violencia. Esto implica no solo fortalecer los mecanismos de denuncia y atención, sino también promover una cultura de paz y respeto en los hogares, las escuelas y las comunidades. Este enfoque reconoce que la violencia constituye un obstáculo para el desarrollo integral y la participación plena de niñas, niños y adolescentes en la sociedad. Ante este escenario, el Programa fortalecerá las políticas y acciones interinstitucionales de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas. También se reforzarán los mecanismos de acceso e impartición de justicia para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos. Adicionalmente, se fortalecerán las medidas de protección ante violaciones que atenten contra la integridad y derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la vinculación con actividades delictivas y la trata de personas. También se buscará garantizar el acceso a cuidados alternativos seguros, protectores y adecuados, reafirmando el derecho a vivir en familia. Las acciones de seguridad de la administración anterior sentaron bases sólidas, evidenciando avances en la reducción de delitos de alto impacto como el homicidio doloso, el secuestro y los feminicidios.20 El modelo de coordinación permanente a través de las Mesas de Paz demostró su eficacia en la pacificación del país. Sin embargo, la complejidad de los desafíos actuales nos obliga a evolucionar estas estrategias, consolidando un enfoque integral y humanista que ponga a niñas, niños y adolescentes en el centro de las prioridades. Para lograrlo, es crucial reconocer y abordar las manifestaciones de violencia que antes no se atendían con suficiente profundidad, como la que se presenta en los entornos familiares y digitales. Esta reversión de tendencia es un indicador del éxito de las políticas de seguridad orientadas a este sector de la población, cuya protección e integridad son pilares del bienestar social. En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación se profundiza este enfoque para implementar medidas de protección más efectivas y garantizar un acceso pleno a la justicia para la niñez y la adolescencia. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) identifica una disminución en el porcentaje de informantes que cree que el castigo físico es necesario para educar a un niño o niña apropiadamente, el cual pasó de 11.0 en 2018-201921 a 9.5 en 2023.22 Es necesario seguir promoviendo un cambio cultural que promueva la crianza positiva y la protección infantil. 17 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s/d). Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022. Tabulados/Tabulados predefinidos/Tabulados básicos y precisiones estadísticas/enasic_2022_tabulados_basicos_precisiones_xlsx.zip/Tema 2 Población que requiere cuidados/01EST_T2 Pob requiere cuidados_ENASIC 2022.xlsx/Cuadro 2.21. Consultado el 14 de enero de 2026 https://www.inegi.org.mx/programas/enasic/2022/#tabulados. 18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022, p. 21. [Presentación de diapositivas] Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasic/2022/doc/enasic_2022_presentacion.pdf 19 Ídem. p. 24. 20 Presidencia de la República. (2024). Sexto Informe 2023-2024. p. 78. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.gob.mx/amlo/documentos/sexto-informe-376444 21 Instituto Nacional de Seguridad Pública. (2020). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2018-2019. Resultados Nacionales. p. 95. Consultado el 14 de enero de 2026. https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_informe_final.pdf 22 Instituto Nacional de Seguridad Pública. (2024). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. p. 75. Consultado el 14 de enero de 2026. https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2023/doctos/informes/ensanut_23_112024.pdf 78 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Los entornos digitales se han convertido en otro ámbito en el que las niñas, niños y adolescentes se encuentran expuestos a diversos riesgos. Si bien el acceso a internet ha abierto oportunidades para ejercer derechos como la educación, la participación y el acceso a la información, también ha dado paso a diversas formas de violencia, como la exposición a contenidos inapropiados o sexuales, las amenazas o la extorsión, la suplantación de identidad, entre otras. El objetivo “3: Promover la inclusión social y la igualdad sustantiva para niñas, niños y adolescentes que son discriminados y que viven en condiciones de vulnerabilidad” busca abordar el problema público de las barreras estructurales que limitan el potencial y el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. Aunque niñas, niños y adolescentes constituyen una población prioritaria, existen en su interior grupos que enfrentan retos aún mayores, derivados de factores como el género, la etnicidad, la condición de discapacidad, la identidad u orientación sexual, así como su estatus migratorio o lugar de residencia. La persistencia de la desigualdad estructural y la discriminación limita sus oportunidades de desarrollo y profundiza su situación de desventaja. Lo anterior resalta la necesidad de adoptar un enfoque de igualdad sustantiva que reconozca y atienda las diversas condiciones y contextos que atraviesan a la niñez y la adolescencia en el país. El propósito central de este objetivo es garantizar la igualdad sustantiva establecida en la LGDNNA. Para lograrlo, se implementarán rutas integrales de atención que aseguren el acceso a derechos esenciales. Con un enfoque de ciclo de vida, igualdad sustantiva y equidad de género, el Programa busca que las características sociodemográficas de la niñez y adolescencia no determinen su futuro, permitiéndoles desarrollarse de manera integral y libre de prejuicios. Para comprender la complejidad de este fenómeno y diseñar estrategias de atención efectivas, se presenta a continuación un breve panorama de estas poblaciones. Niñas y adolescentes mujeres En cuanto a la fecundidad forzada en niñas menores de 15 años durante el periodo neoliberal se había observado un estancamiento relacionado con prácticas patriarcales milenarias, como los matrimonios forzados o arreglados y la violencia sexual. En los últimos 6 años de implementación de la ENAPEA, la tasa de fecundidad forzada mostró una reducción de 20.5% al pasar de 3.09 a 2.45 nacimientos entre niñas madres por cada mil niñas de 12 a 14 años.23 La fecundidad forzada constituye una grave violación de los derechos humanos de las niñas, reflejando un entramado de problemáticas sociales complejas. Este tipo de violencia se manifiesta principalmente en contextos de pobreza, donde la falta de oportunidades y el acceso limitado a la educación y a la salud exacerban la vulnerabilidad de las niñas. Es también un reflejo de estructuras de poder arraigadas en normas culturales y sociales que subordinan a mujeres y niñas, permitiendo el control sobre sus cuerpos y decisiones reproductivas. En este contexto, es imperativo multiplicar y mejorar los esfuerzos para erradicar por completo las uniones forzadas y la maternidad infantil, mediante una estrategia integral que incluya la creación de espacios seguros y el perfeccionamiento de los mecanismos de protección. Ninguna niña debe ser víctima de violencia sexual, ser despojada de sus derechos o ser obligada a ser madre. Niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanos o afrodescendientes La pobreza representa la principal forma de privación social que enfrenta la población de niñas, niños y adolescentes hablantes de lenguas indígenas. Aunque se ha observado una reducción en la intensidad de la pobreza durante el último sexenio, un segmento considerable de esta población continúa viviendo en esta situación. Es fundamental reconocer que esta condición no es solo una falta de recursos económicos, sino una vulneración de sus derechos, limitando su acceso a oportunidades y a una vida digna. Ello pone de manifiesto la necesidad de incorporar un enfoque intercultural e interseccional en las estrategias y acciones dirigidas a su atención. 23 Grupo de Trabajo de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA (2024). Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (SIMS-ENAPEA). Informe de principales resultados 2018-2024. p. 25. Consultado el 14 de enero de 2026 https://conapo.segob.gob.mx/work/models/CONAPO/Datos_Abiertos/SaludSexualyReproductiva/INF_ResultSIMS_2018_2024_17122024.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 79 Las brechas en el acceso a servicios básicos de la vivienda son una de las manifestaciones más evidentes de la desigualdad que padecen las niñas, niños y adolescentes hablantes de lenguas indígenas en comparación con el resto de la población infantil. Esta carencia, que afecta a una mayoría de esta población, no solo compromete su salud y seguridad, sino que también incide directamente en su desarrollo integral y bienestar. Es imperativo mejorar las condiciones de vida de esta población para garantizar que puedan crecer y desarrollarse plenamente, ejerciendo sus derechos sin distinción alguna. A pesar de los avances normativos en su reconocimiento, la población afrodescendiente sigue enfrentando discriminación. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) en 2022, el 37.9% de las personas afrodescendientes de 12 años y más consideró que en México sus derechos se respetan poco, y el 29.7% identifica a la discriminación por apariencia como su principal problema.24 En la infancia, también se reproducen patrones de exclusión. El 8.1% de niñas y niños de 9 a 11 años declaró que no tendría amistad con compañeros afromexicanos, ubicándolos como el tercer grupo con menor aceptación, después de los indígenas (9.6%) y los extranjeros (8.5%).25 Niñas, niños y adolescentes con discapacidad Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad enfrentan una realidad de barreras adicionales. Esta situación limita sus oportunidades y vulnera sus derechos de manera generalizada. Este sector de población experimenta una brecha de pobreza mayor, y esta situación se agrava cuando viven en hogares donde otra persona también tiene discapacidad. La pobreza en estos hogares está intrínsecamente ligada a los gastos elevados por cuidados y atención especializada, así como a las limitadas oportunidades laborales, lo que restringe los ingresos familiares y afecta directamente su capacidad para acceder a sus derechos sociales. Niñas, niños y adolescentes en situación de calle La población de niñas, niños y adolescentes en situación de calle enfrenta una de las formas más graves de desprotección y exclusión social. La falta de un hogar seguro los expone a múltiples formas de violencia, explotación y discriminación. Las causas de esta problemática son complejas y multifactoriales, incluyendo la violencia y el maltrato intrafamiliar, el abandono, el abuso sexual, la sobrecarga de responsabilidades económicas a edades tempranas y la deserción escolar. A estos factores se suman elementos estructurales como la pobreza, la desigualdad de oportunidades y la marginación. Una vez en la calle, se exponen a nuevos riesgos, como la falta de documentos de identidad, las adicciones, la explotación y la violencia. Para abordar esta situación, es necesario un enfoque de derechos que visibilice a esta población y mejore los registros para su contabilización. Dicho enfoque debe respetar su autonomía, brindar acompañamiento para la construcción de alternativas sostenibles y, de manera crucial, trabajar en la prevención para evitar que más personas jóvenes lleguen a esta situación. Niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad En la actualidad, México es un país de origen, destino, tránsito y retorno de población migrante, lo que implica que cada vez más niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad lleguen o atraviesen por el país. Esto implica una creciente responsabilidad en la atención y salvaguarda de los derechos de esta población, pues su condición los pone en una situación de alta vulnerabilidad. La LGDNNA reconoce en su artículo 13, fracción XIX, los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar su protección integral independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. Por lo anterior, resulta indispensable proteger sus derechos básicos, como el acceso a la salud, la educación y la alimentación, así como garantizar el debido proceso en los procedimientos migratorios, la reunificación familiar, entre otros. Para ello, es necesario generar medidas integrales y coordinadas entre las diferentes instituciones y niveles de gobierno, con base en el principio del interés superior de la niñez. 24 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022. pp. 53 y 55. [Presentación de diapositivas] Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf 25 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022. Base de datos de tabulados/Tabulados predefinidos/IX. Población de niñas y niños/IX_poblacion_de_ninas_y_ninos_2022_est.xlsx/Hoja 9.4. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2022/#tabulados 80 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Adolescentes de la comunidad LGBTI+ Las personas adolescentes con orientación sexual o identidades de género no normativas26 enfrentan barreras de exclusión y discriminación que los colocan en una situación de mayor vulnerabilidad. Estas barreras provienen de estructuras sociales arraigadas en la heteronormatividad y el binarismo de género. La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 revela que la mayoría de las personas LGBTI+ son personas adolescentes y personas jóvenes, ya que más de dos tercios de ellas tienen entre 15 y 29 años.27 Además, muestra que desde la infancia y la adolescencia comienzan a experimentar barreras de exclusión y discriminación, de manera particular, muestra que la población LGBTI+ percibe una mayor diferencia en el trato que reciben de sus pares, lo que hace evidente la necesidad de intervenir de manera temprana para prevenir la discriminación y mitigar sus impactos negativos (Cuadro 5). Cuadro 5. Experiencias de niñas, niños y adolescentes en donde le hicieron sentir diferente, según el tipo de motivo, 2021. Etapa Experiencias LGBTI+ No LGBTI+ Brecha Infancia (hasta los 11 años) ¿Por su forma de vestirse o arreglarse? 24.6% 15.8% 8.8% ¿Por sus gustos o intereses? 27.2% 11.1% 16.1% ¿Por su forma de hablar o expresarse? 22.9% 10.9% 12% ¿Por sus modos o manera de comportarse? 27% 11.7% 15.3% Adolescencia (12 a 17 años) ¿Por su forma de vestirse o arreglarse? 24.7% 11.9% 12.8% ¿Por sus gustos o intereses? 27% 9.4% 17.6% ¿Por su forma de hablar o expresarse? 22.9% 8.9% 14% ¿Por sus modos o manera de comportarse? 24.8% 9.4% 15.4% Fuente: Elaboración propia de la SESIPINNA con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021. Base de datos de tabulados/Tabulados básicos con precisiones estadísticas/01EST_TEMA 4. EXPERIENCIAS DE VIDA.xlsx/Cuadro 4.1 y 4.3. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/programas/endiseg/2021/#tabulados El objetivo “4: Impulsar la participación, el acceso a la información y entornos digitales de niñas, niños y adolescentes para que sus opiniones sean retomadas en el diseño de las acciones públicas de gobierno, promoviendo la perspectiva de niñez y adolescencia en los ámbitos social, comunitario e institucional”, atiende al problema público de la limitada participación de la niñez y la adolescencia en la toma de decisiones. Además, es un derecho reconocido en el artículo 13, fracción XX, de la LGDNNA, que garantiza el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, la educación y la participación. Además, al abordar esta problemática, se establecen objetivos y estrategias para cerrar factores estructurales identificados, como la desigualdad educativa y la persistente brecha digital. Dicha brecha es crítica en la región iberoamericana: la evidencia muestra que un 49% de la población no accede a internet en sus hogares —cifra que se eleva al 69% en el quintil de menores ingresos— y un porcentaje significativo de escuelas primarias y secundarias carece de computadoras o conectividad para fines pedagógicos.28 26 Se considera a las personas que no se ajustan a las categorías binarias tradicionales de identidad de género. 27 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021. p. 17. [Presentación de diapositivas] Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endiseg/2021/doc/endiseg_2021_resultados.pdf 28 Rivas, A. (2023). Los cuatro desafíos educativos de la inteligencia artificial. El estado de la ciencia. Principales indicadores de ciencia y tecnología iberoamericanos/interamericanos. Organización de Estados Iberoamericanos y la UNESCO, p. 56 Consultado el 14 de enero de 2026. https://oei.int/wp-content/uploads/2023/12/el-estado-de-ciencia-2023.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 81 En consecuencia, se reconoce que el acceso equitativo a la ciencia, tecnología e innovación no es solo una meta tecnológica, sino un determinante clave del desarrollo integral infantil y adolescente, indispensable para garantizar la inclusión, mitigar los riesgos de sesgo y proteger a los grupos marginados en una sociedad cada vez más digitalizada.29 El programa busca revertir esta situación promoviendo la perspectiva de niñez y adolescencia en los ámbitos social, comunitario e institucional. El objetivo es asegurar que niñas, niños y adolescentes se involucren de manera efectiva en los asuntos que les conciernen, al impulsar su participación, acceso a información y entornos digitales seguros. Esto permitirá una toma de decisiones más informada y equitativa, ya que se considerarán sus necesidades y perspectivas para garantizar su desarrollo integral y la protección de sus derechos. Participación de niñas, niños y adolescentes El derecho de participación de niñas, niños y adolescentes implica tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con su etapa de desarrollo. Para lograrlo, es fundamental implementar mecanismos y generar condiciones que promuevan su participación en todos los ámbitos de su vida. Esto no solo favorecería un cambio de paradigma en la política nacional de niñez y adolescencia, sino que permitiría diseñar políticas públicas pertinentes a sus contextos territoriales y sociodemográficos, garantizando así la promoción de sus derechos. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han posicionado como un nuevo espacio para su participación. Las plataformas digitales y redes sociales les ofrecen canales accesibles para generar y difundir ideas, además de brindar acceso a información oportuna y diversa. No obstante, persisten desafíos para garantizar que el acceso a estas tecnologías sea equitativo y seguro. Esta realidad se traduce en una baja participación efectiva, que se relaciona directamente con las barreras institucionales y culturales que la limitan. Es esencial superar el adultocentrismo y reconocer a la niñez y la adolescencia como actores con voz propia. Habilitar entornos que les permitan participar activamente es un paso indispensable para consolidar una sociedad más justa e inclusiva. Tecnologías de la Información y la Comunicación El artículo 6o. de la CPEUM establece la obligación del Estado de garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Este derecho se reconoce de manera específica para niñas, niños y adolescentes en la LGDNNA. Las tecnologías representan una vía fundamental para ampliar y facilitar el ejercicio de su derecho a participar en los asuntos que les afectan. Cabe señalar que, si bien el uso de las TIC entre niñas, niños y adolescentes ha aumentado en los últimos años, persisten brechas significativas asociadas tanto al nivel socioeconómico como a la localidad de residencia. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), en el caso del acceso a internet, los estratos socioeconómicos pertenecientes a medio alto y alto promediaron en 2024 un 95.6% de personas usuarias, mientras que los pertenecientes a estratos medio bajo y bajo representaron el 81.76% de personas usuarias, una diferencia de 13.85 puntos porcentuales.30 En cuanto a la localidad de residencia, se observa que en 2024 el 91.3% de las niñas, niños y adolescentes que viven en zonas urbanas son personas usuarias de internet, mientras que quienes residen en localidades rurales el porcentaje es de 78.1%.31 Esta desigualdad evidencia las limitaciones que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en contextos rurales para ejercer plenamente su derecho a la conectividad y la participación digital. 29Cfr. Lamm, E., et al. (2023). Construyendo una inteligencia artificial ética desde el diseño: La perspectiva de la UNESCO. El estado de la ciencia. Principales indicadores de ciencia y tecnología iberoamericanos/interamericanos. Organización de Estados Iberoamericanos y la UNESCO, pp. 61–72 Consultado el 14 de enero de 2026. https://oei.int/wp-content/uploads/2023/12/el-estado-de-ciencia-2023.pdf 30 Estimaciones propias de la SESIPINNA con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024. Microdatos/Archivos para descarga/Base de datos. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2024/ 31 Ídem. 82 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Cuadro 6. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes usuarios de internet, según estrato socioeconómico, 2018-2024 Personas usuarias de internet por nivel socioeconómico Nivel socioeconómico 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Alto 94.3 94.6 95.7 97.0 96.6 92.0 96.6 Medio alto 90.5 92.2 92.5 94.7 94.7 93.2 94.6 Medio bajo 76.9 78.1 83.6 86.8 86.6 86.8 89.8 Bajo 46.3 51.9 55.5 62.8 63.9 64.3 73.7 Fuente: Estimaciones propias de la SESIPINNA con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019-2025). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018-2024. Microdatos/Archivos para descarga/Base de datos. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/ Ante este panorama, es indispensable considerar políticas públicas orientadas a garantizar el acceso universal, asequible y de calidad a las tecnologías de la información, con enfoques diferenciados que prioricen a los grupos históricamente excluidos. Además de reforzar lo avanzado en materia de conectividad en zonas rurales y marginadas durante la administración 2018-2024, mediante acciones como el impulso de la conectividad gratuita en zonas marginadas, la promoción de la alfabetización digital, el favorecimiento de entornos digitales seguros, entre otras. Vinculación con anexos transversales Los elementos de diagnóstico presentados revelan que la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes es un proceso multidimensional que impacta el presente y futuro de la sociedad mexicana. Dada la naturaleza transversal del PRONAPINNA 2026-2030, sus objetivos y estrategias abarcan y se vinculan directamente con múltiples instrumentos programáticos, incluyendo los Anexos Transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Este análisis, centrado en la primera infancia, la prevención de violencias, la igualdad sustantiva y la inclusión, permite enfocar la planeación nacional en el desarrollo integral, impactando directamente la asignación de recursos y la implementación de políticas para este grupo poblacional. Por ejemplo, la necesidad de un Sistema Nacional de Cuidados, Anexo 31 del PEF, se fundamenta en el reconocimiento de la primera infancia como la etapa prioritaria para el desarrollo y en la urgencia de fortalecer los servicios de atención y las modalidades de cuidados alternativos. Al mismo tiempo, el imperativo de atender la doble vulnerabilidad que enfrentan las niñas y adolescentes mujeres, a través de acciones para prevenir el embarazo adolescente, erradicar las uniones forzadas y fomentar su participación en la ciencia, lo cual se vincula directamente con el Anexo 13: Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. De manera similar, la persistencia de brechas de desigualdad estructural que afectan a niñas, niños y adolescentes de pueblos y comunidades originarias, se atiende explícitamente a través del Anexo 10: Erogaciones para la implementación del Desarrollo Integral, Intercultural y Sostenible de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Dicho anexo es el instrumento presupuestal destinado para financiar programas y políticas públicas con pertinencia cultural, como los servicios de salud intercultural y los modelos de educación bilingüe que este programa impulsa. Respecto a la brecha digital como una nueva forma de exclusión y riesgo, las acciones para garantizar el acceso, la alfabetización y la seguridad en las TIC, así como el fomento de su incorporación en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, se complementan con el Anexo 12: Programa de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. En suma, este diagnóstico del Programa no solo traza un mapa de las vulnerabilidades y derechos de la niñez, sino que además establece la ruta crítica que justifica la pertinencia y urgencia de las acciones presupuestales contenidas en estos anexos transversales, garantizando que la política pública se alinee con el imperativo constitucional del interés superior de las infancias y las adolescencias. Finalmente, el PRONAPINNA 2026-2030 identifica los principales problemas públicos que enfrenta la niñez y la adolescencia, y trata de evidenciar sus efectos diferenciados e interseccionales de niñas, niños y adolescentes; por ende, es el programa especial que sirve como referencia para alinear los programas presupuestarios y justificar su inclusión específicamente en el Anexo 18: Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 83 Visión de largo plazo En congruencia con el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y los principios del Humanismo Mexicano, el PRONAPINNA 2026–2030 plantea una visión transformadora del Estado como garante de derechos y constructor del bienestar desde la niñez. Reconociendo que las niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellos que enfrentan pobreza, exclusión o violencia, deben estar en el centro de las políticas públicas, el Programa se alinea con el mandato ético de “por el bien de todos, primero los pobres”, haciendo de la infancia y adolescencia una prioridad estructural en la planeación nacional. La inclusión de la República de y para niñas, niños y adolescentes en el PND 2025–2030 consolida un nuevo modelo de desarrollo centrado en las personas, con enfoque territorial, comunitario e interseccional, que combate el adultocentrismo estructural y eleva el bienestar infantil como política de Estado. Se promueve así una política nacional integral, articulada e intersectorial, que sienta las bases para un país más igualitario, incluyente y con paz duradera. Hacia el año 2030, se espera un México donde las niñas, niños y adolescentes vivan con dignidad y gocen efectivamente de sus derechos: acceso universal a salud, educación, nutrición, vivienda, cultura, cuidados, protección contra todas las formas de violencia y espacios para su participación. Se habrán reducido de manera significativa la pobreza infantil, el rezago educativo, la exclusión estructural y las brechas digitales, con especial atención a pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, personas con discapacidad, migrantes y adolescentes en conflicto con la ley. Con visión a 2045, se proyecta una sociedad donde los derechos de niñas, niños y adolescentes estén plenamente incorporados en las decisiones del Estado, garantizados por instituciones sólidas, con presupuestos progresivos y mecanismos participativos de evaluación y monitoreo. Las nuevas generaciones crecerán en un entorno democrático, libre de violencia y con igualdad sustantiva, como cimiento de un México justo, sostenible y en paz. Como ha señalado la Presidenta de la República y del SIPINNA, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo: “A todas las niñas y los niños, decirles que son el presente de México. Siempre hay esta frase de los niños, las niñas, son el futuro, pero en realidad, si no visualizamos a las niñas y los niños como el presente no estamos construyendo una sociedad para ahora, y para las futuras generaciones”.32 Bajo esta visión, el PRONAPINNA 2026-2030 representa un pacto intergeneracional por la transformación profunda de la nación desde su raíz más justa, la infancia y adolescencia. La identificación de los principales problemas públicos y de las brechas que afectan el bienestar de niñas, niños y adolescentes permite definir las líneas de acción prioritarias para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Asimismo, contribuye a detectar oportunidades de mejora en las políticas públicas, fortalecer los esfuerzos coordinados y consolidar un enfoque de derechos alineado con el paradigma transformador hacia un Estado de Bienestar con humanismo mexicano, en el que nadie se quede atrás, donde nadie se quede fuera. 6. Objetivos Derivado del diagnóstico previamente expuesto, y con base en las prioridades definidas por las dependencias y entidades, así como por las propuestas de niñas, niños y adolescentes, se establecen los siguientes objetivos de política pública que responden a los problemas públicos y brechas identificadas. Los objetivos guiarán las acciones que el Gobierno de México implementará durante el periodo 2026-2030 para la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes: Objetivos del Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2026-2030 1.- Garantizar el acceso pleno a los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en sus diferentes etapas de desarrollo. 2.- Proteger integralmente a niñas, niños y adolescentes contra las violencias que enfrentan en los diferentes entornos en los que se desarrollan. 3.- Promover la inclusión social y la igualdad sustantiva para niñas, niños y adolescentes que son discriminados y que viven en condiciones de vulnerabilidad. 4.- Impulsar la participación, el acceso a la información y entornos digitales de niñas, niños y adolescentes para que sus opiniones sean retomadas en el diseño de las acciones públicas de gobierno, promoviendo la perspectiva de niñez y adolescencia en los ámbitos social, comunitario e institucional. 32 Presidencia de la República (2025). Versión estenográfica. Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 30 de abril de 2025. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-de- la-presidenta-claudia-sheinbaum-pardo-del-30-de-abril-de-2025 84 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 6.1 Relevancia del objetivo 1: Garantizar el acceso pleno a los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en sus diferentes etapas de desarrollo El pleno acceso a los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes es un pilar fundamental para la consolidación del modelo de desarrollo propuesto en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Esta visión, enmarcada en el Humanismo Mexicano, busca profundizar la igualdad sustantiva y atender las necesidades básicas de la población, en especial de los grupos más vulnerables. La red de protección social implementada en el sexenio anterior ha sentado una base sólida para que cada vez más personas, incluyendo a la infancia y la adolescencia, puedan ejercer plenamente sus derechos. En este contexto, la relevancia de este objetivo radica en que la garantía de los derechos sociales es un componente esencial para el bienestar y el desarrollo integral de las personas. Sin estos derechos, su participación en la vida económica, social, política y cultural del país se ve limitada. La pobreza es uno de los principales problemas públicos que afectan a niñas, niños y adolescentes en el país. Su naturaleza compleja y multidimensional va más allá de la simple falta de ingresos; incluye múltiples carencias sociales, como el acceso limitado a servicios de salud, educación, vivienda adecuada, nutrición y seguridad social. En consecuencia, crecer en situaciones de pobreza vulnera sus derechos, limita el desarrollo de sus capacidades personales y obstaculiza su plena inclusión social. Los avances en la materia durante el sexenio pasado han sido históricos, lo que ha impactado de manera positiva en las familias mexicanas incidiendo en niñas, niños y adolescentes. Esto es una condición indispensable para avanzar hacia un país más justo, equitativo y con mayores oportunidades para todas y todos. Además de atender las brechas entre este grupo poblacional y el resto de la sociedad, este objetivo es crucial para reducir las disparidades internas que se presentan en las distintas etapas de desarrollo. De acuerdo con los resultados de pobreza multidimensional 2024 del INEGI, los niveles de pobreza son más altos en los primeros años de vida:33 la pobreza en la primera infancia fue del 41.9%, mientras que en la niñez fue del 39.3% y en la adolescencia del 36.0%.34 En cuanto a las carencias sociales, también se observan brechas por etapa de desarrollo. La primera infancia presenta mayores porcentajes de carencia en el acceso a servicios de salud (37.7%), calidad y espacios de la vivienda (13.6%), servicios básicos de la vivienda (19.3%) y seguridad social (56.9%).35 En contraste, las personas adolescentes experimentan mayores carencias en rezago educativo (15.4%) y en el acceso a alimentación nutritiva y de calidad (17.9%).36 La persistencia de estas desigualdades genera asimetrías significativas que limitan la capacidad de niñas, niños y adolescentes para ejercer sus libertades y acceder a oportunidades. Esto reafirma la necesidad de contar con un sólido andamiaje de políticas públicas que respondan de manera específica y diferenciada a las particularidades de cada fase del ciclo de vida. Resulta fundamental seguir fortaleciendo y articulando la red de protección social, la cual ha demostrado resultados positivos. Los programas sociales (como los apoyos a hijas e hijos de madres trabajadoras, las pensiones para personas con discapacidad y las becas de educación básica y media superior) son cruciales para que la infancia y la adolescencia puedan acceder plenamente a sus derechos. Las estrategias para el cumplimiento de este objetivo, centradas en el impulso, fortalecimiento y garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia, contribuyen directamente al modelo de desarrollo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Al priorizar el acceso a derechos sociales como la salud, la alimentación, la educación y la seguridad social, el gobierno no solo combate la pobreza infantil, sino que también sienta las bases para construir una sociedad más justa y equitativa. El enfoque de estas acciones se alinea con los principios de la Cuarta Transformación, al poner a los grupos más vulnerables en el centro de las políticas públicas y avanzar hacia un Estado de Bienestar que promueve el desarrollo integral y el ejercicio pleno de los derechos. De esta manera, se consolida la visión de una República de y para niñas, niños y adolescentes, donde el Estado garantiza su bienestar desde la primera infancia hasta la adolescencia, asegurando un futuro de prosperidad compartida para toda la sociedad. 33 Como ya se mencionó en el apartado 5: “Esto se explica por la dependencia económica de las familias y su vulnerabilidad ante la precariedad laboral e informalidad. Estas condiciones estructurales limitan el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes.” 34 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Pobreza Multidimensional. Base de datos tabulados/tabulados predefinidos/Grupos de población 2016-2024/pm_gp_2024.xlsx/Cuadro 9. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados 35 Ídem. 36 Ídem. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 85 6.2 Relevancia del objetivo 2: Proteger integralmente a niñas, niños y adolescentes contra las violencias que enfrentan en los diferentes entornos en los que se desarrollan. La prevención y atención de las violencias que enfrentan niñas, niños y adolescentes es un objetivo fundamental dentro del modelo de desarrollo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. La consolidación de la paz en el territorio nacional es una prioridad central del Gobierno Federal, y solo será posible si se crean condiciones de seguridad y acceso a la justicia para los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Una vida libre de violencias es un derecho que debe garantizarse sin excepción para que esta población pueda desarrollar todo su potencial. Este compromiso ha quedado plasmado en la visión de la República de y para las niñas, niños y adolescentes, contenida en el PND 2025-2030. El diagnóstico revela que las violencias contra esta población se manifiestan de distintas formas y en diversos entornos. Sus consecuencias, que varían según la naturaleza y severidad de los actos, pueden ser profundas y duraderas. Estas violencias no solo afectan la integridad de las víctimas, sino que también limitan su capacidad para vivir con dignidad y desarrollarse plenamente. Desde el sexenio anterior se ha avanzado en la construcción de una nueva estrategia para enfrentar la violencia, poniendo especial énfasis en sus causas estructurales. Este cambio de paradigma en materia de seguridad permitió que, de 2018 a 2024, el número de víctimas niñas, niños y adolescentes, descendiera en delitos como secuestro 36.2% y tráfico de menores 19%.37 Si comparamos la incidencia de delitos violentos en 2024, entre la población adulta y la de menores de 18 años, podemos observar que el 3.2% de víctimas de homicidio doloso tiene menos de 18 años; mientras que para los delitos de feminicidio este porcentaje es de 9.2%.38 Por lo que hace a la población de 10 a 19 años que sufrió daños a la salud por ataque o violencia en los últimos 12 meses, la ENSANUT Continua 2023, reporta que el principal motivo de este tipo de daños fueron los robos o asaltos (37.5%), seguido de riñas extraescolares (19.4%) y violencia con familiares (9.7%).39 Mientras que para la población de 20 años y más la violencia relacionada con robos y asaltos fue de 56.4%, las riñas representaron el 10.9% y la tercera causa fue la violencia con novio/pareja/esposo con 7.5%.40 Estas cifras dan cuenta de la relevancia de atender la seguridad pública, más aún si tomamos en cuenta que de acuerdo con datos de la ENSANUT Continua 2023, el espacio público es el lugar con mayor número de incidentes violentos reportados por la población de entre 10 y 19 años 51.5%, seguido de la escuela con 36%. Y en tercer lugar el hogar 8.6%.41 El conjunto de estrategias planteadas para el cumplimiento del objetivo 2 se enfocan en la prevención, protección y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes, y se alinean con el modelo de desarrollo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Al reforzar las políticas contra la violencia, el gobierno busca cambiar las conductas y los estereotipos que la fomentan, contribuyendo así a una sociedad más justa y equitativa. Fortalecer los derechos y la protección de las niñas, niños y adolescentes es una inversión fundamental en el futuro del país, lo que a su vez se alinea con la meta de prosperidad compartida y el desarrollo con bienestar y humanismo del PND 2025-2030. Cuando se da atención a las víctimas y se mejoran los sistemas de justicia, se asegura que las niñas, niños y adolescentes puedan vivir sin violencia y que sus derechos sean respetados, tal como lo marca el PND 2025-2030. Además, al proteger a este grupo de la delincuencia organizada y al ofrecerles cuidados alternativos seguros, estamos construyendo una República más segura y con justicia. El reto actual es consolidar ese camino y orientarlo de manera decisiva hacia la protección integral de niñas, niños y adolescentes. 37 Cálculos propios de la SESIPINNA con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2026). Datos abiertos de incidencia delictiva. Incidencia delictiva (metodología de 2015-2025) /2015-2025 (Fuero Común - Víctimas) /Incidencia delictiva estatal/Estatal-Víctimas-2015-2025_feb2026.csv. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y- programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva 38 Cálculos propios de la SESIPINNA con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2026). Datos abiertos de incidencia delictiva. Incidencia delictiva (metodología de 2015-2025) /2015-2025 (Fuero Común - Víctimas) /Incidencia delictiva estatal/Estatal-Víctimas-2015-2025_feb2026.csv. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y- programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. 39 Instituto Nacional de Seguridad Pública. (2024). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. p. 108. Consultado el 14 de enero de 2026. https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2023/doctos/informes/ensanut_23_112024.pdf 40 Ídem, p. 140 41 Ídem, p.108. 86 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Para crear estas condiciones, la prevención debe ser central. Es necesario fortalecer los programas sociales existentes que abordan las causas estructurales de la violencia contra esta población. Esto implica reforzar los componentes que reducen los factores de riesgo y potencian los factores de protección en los diferentes entornos de desarrollo, como la familia, la escuela, las comunidades y los entornos digitales. El objetivo es visibilizar, identificar y denunciar las situaciones de violencia, así como promover espacios seguros para su desarrollo. La atención a las violencias tampoco puede soslayarse. Se requiere continuar con los mecanismos integrales de respuesta que garanticen la protección inmediata de las víctimas, el acceso a servicios especializados y la reparación integral del daño; además de fortalecer las acciones e instrumentos de las instituciones de seguridad y justicia, para que sean accesibles, sensibles y eficaces frente a las necesidades específicas de las víctimas. Además, el acceso a la justicia debe ser una realidad tangible no solo para las víctimas, sino también para los adolescentes en conflicto con la ley. Esto exige el pleno respeto a sus garantías procesales y a sus derechos humanos. Para ello, es crucial contar con operadores especializados, priorizar medidas alternas que reduzcan la aplicación de sanciones privativas de libertad y, cuando estas sean necesarias, asegurar condiciones dignas que favorezcan la reinserción social. Es necesario consolidar la transición hacia enfoques restaurativos. En conclusión, este es un objetivo de alta prioridad que requiere un enfoque integral que articule prevención, atención y justicia. De este modo, será posible mejorar las condiciones de protección y romper los ciclos de violencia que afectan a esta población, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos establecidos en las "Repúblicas" señaladas y a la consolidación de la paz en el país. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Promover la inclusión social y la igualdad sustantiva para niñas, niños y adolescentes que son discriminados y que viven en condiciones de vulnerabilidad. En el modelo de desarrollo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, no hay espacio para la discriminación ni para la desigualdad en el ejercicio de derechos. Por ello, promover la inclusión social de niñas, niños y adolescentes que enfrentan discriminación y vulnerabilidad es un paso decisivo hacia la igualdad sustantiva. Este objetivo se vincula directamente con los ejes transversales del PND 2025-2030 y con varias de las "Repúblicas" establecidas, en particular la República de y para niñas, niños y adolescentes, donde la igualdad sustantiva es uno de los principales compromisos para eliminar las barreras que limitan su desarrollo y potencial. En México, la discriminación y la desigualdad son fenómenos estructurales y complejos que se entrelazan y afectan profundamente a las personas, especialmente a la infancia y la adolescencia. La discriminación implica un trato desigual que restringe el pleno ejercicio de derechos y libertades, mientras que la desigualdad limita las oportunidades y afecta las condiciones de vida. La relevancia de este objetivo se fundamenta en un diagnóstico que muestra que los grupos con características específicas enfrentan niveles de desigualdad y discriminación que limitan el acceso a sus derechos. Como ya se dio cuenta en el diagnóstico, la pobreza infantil logró su disminución más amplia desde que se mide este indicador, no obstante, el rezago persiste. Entre quienes hablan una lengua indígena, la pobreza alcanza el 84.8%, mientras que entre quienes no la hablan es del 35.8%. De manera similar, en el caso de quienes tienen alguna discapacidad, la pobreza es del 41.7%, frente al 38.6% en quienes no la presentan.42 Estos datos evidencian la interseccionalidad de las vulnerabilidades, donde grupos ya afectados por la discriminación y la desigualdad experimentan brechas y rezagos significativos con base en características sociodemográficas como el color de piel o el lugar de origen. Esta situación es consecuencia de una acumulación histórica de desventajas y del abandono institucional que el país vivió durante décadas. Sin embargo, desde el sexenio anterior, el Proyecto de Nación comenzó a priorizar la inclusión de los grupos más vulnerables bajo la consigna de "no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera". Este cambio se reflejó en la universalidad de los programas sociales, la asignación de recursos a quienes más los necesitan y la inversión en las regiones con mayores rezagos. 42 Estimaciones propias de la SESIPINNA con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Pobreza Multidimensional 2024. Documentación/Algoritmo de cómputo/Algoritmo de cómputo (R). Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#documentacion Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 87 La búsqueda de la inclusión social de este sector de la población es una contribución directa a la consolidación del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, ya que se alinea con la visión de construir una sociedad con bienestar y justicia social. Al abordar las desigualdades estructurales, este objetivo no solo contribuye a mejorar las condiciones de vida de la infancia y la adolescencia, sino que también promueve la cohesión social y fortalece las bases para una prosperidad compartida, haciendo de la igualdad sustantiva el eje central de las políticas públicas y del modelo de desarrollo humanista del país. Al priorizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que viven en la calle, en contextos de movilidad, o que enfrentan discriminación por su discapacidad, origen étnico o diversidad sexual, se contribuye a la visión de una sociedad más justa y equitativa. El fortalecimiento de la protección a estos grupos, junto con la eliminación de los obstáculos para las niñas y adolescentes mujeres, es una manifestación clara de los principios del Humanismo Mexicano y la búsqueda de la igualdad sustantiva. De esta forma, el gobierno no solo garantiza el cumplimiento de los derechos de los más vulnerables, sino que también fomenta un desarrollo integral que no deja a nadie atrás, consolidando las bases de la paz y el bienestar en el país. El siguiente paso es asegurar que aquellos que pertenecen a estos grupos puedan acceder plenamente a sus derechos, superando las múltiples desventajas históricas. Impulsar el acceso a una vida digna para estos grupos constituye un compromiso del Estado mexicano. Para lograrlo, es fundamental implementar acciones focalizadas e integrales, sustentadas en un enfoque diferencial e interseccional. Estas acciones deben identificar y eliminar las barreras estructurales que, de forma histórica y sistemática, han obstaculizado el ejercicio pleno de sus derechos. Esto requiere fortalecer las instituciones y la red de protección social desarrollada en el sexenio pasado, orientando el esfuerzo a garantizar bienes y servicios diferenciados, considerando la interseccionalidad de estos grupos, y asegurando no solo su cobertura, sino también su calidad efectiva. De igual manera, es necesario promover acciones afirmativas y medidas de inclusión para que los grupos de niñas, niños y adolescentes que enfrentan discriminación y vulnerabilidad puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Impulsar la participación, el acceso a la información y entornos digitales de niñas, niños y adolescentes para que sus opiniones sean retomadas en el diseño de las acciones públicas de gobierno, promoviendo la perspectiva de niñez y adolescencia en los ámbitos social, comunitario e institucional. El reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, base de la LGDNNA, se funda en el respeto a su dignidad, vida, bienestar, salud, desarrollo y participación. Este cambio de paradigma ha implicado una ruptura con la visión adultocentrista que históricamente ha invisibilizado sus opiniones, limitando su autonomía y desarrollo. En el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, donde se busca fortalecer los derechos individuales y colectivos, el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos es fundamental para el desarrollo del país. Esta población tiene el derecho a ser escuchada y tomada en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad y madurez. Por ello, su participación es un punto de partida para construir un Estado más democrático y eficiente. Nuestro país, a través del Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado ejercicios de consulta nacionales para impulsar la práctica de la democracia entre niñas, niños y adolescentes. Este mecanismo de participación tuvo un incremento considerable durante el anterior sexenio, pues mientras que en 2018 participaron más de 5.6 millones de niñas, niños y adolescentes,43 para 2024 la participación fue de 10.7 millones.44 Por lo que se requiere seguir sumando esfuerzos para construir prácticas democráticas desde temprana edad, mediante mecanismos institucionales de promoción de la participación ciudadana. 43 Instituto Nacional Electoral. (2019). Consulta Infantil y Juvenil 2018. Reporte de Resultados. p. 17. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/Resultados_Consulta_Infantil_y_Juvenil-2018.pdf 44 Instituto Nacional Electoral. (2025). Portal de Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024. [Herramienta interactiva] Consultado el 14 de enero de 2026. https://resultados-cij2024.ine.mx/resultados 88 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Los mecanismos de participación y el acceso a tecnologías seguras representan una oportunidad para que la infancia y adolescencia asuman un papel protagónico en el ejercicio de sus derechos. Dejar de verlos como receptores de decisiones y garantizar su acceso a la información y a entornos digitales seguros fortalecerá su participación, información, y libertades de convicciones éticas, pensamiento y culturales. No obstante, persisten brechas en el uso educativo de la tecnología: las niñas y los niños de 6 a 11 años tienen niveles de acceso a internet inferiores a otros grupos de edad, superando solo a las personas mayores de 55 años, y este acceso no ha sido constante.45 La promoción de la participación y el acceso a la información contribuye directamente al modelo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, al consolidar un Estado más democrático y participativo desde sus cimientos. Al empoderar a este sector de la población, se fortalece la cohesión social y se asegura que sus necesidades e intereses se integren en la agenda pública, alineándose con la visión de una República de derechos que promueve el desarrollo con humanismo y bienestar. Además, el compromiso de crear entornos seguros y respetuosos para su desarrollo fortalece la visión de una República fraterna. La coordinación entre los sectores público, privado y social es clave para la consolidación de un Estado de bienestar que defiende los derechos individuales y colectivos. En su conjunto, las estrategias para este objetivo reafirman el compromiso de la Cuarta Transformación de hacer de la justicia social y el bienestar de las personas la base de la acción pública. Este objetivo es de alta relevancia porque contribuye al cumplimiento de los compromisos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, establecidos en la República próspera y conectada, la República soberana y con energía sustentable, y la República de y para niñas, niños y adolescentes. 6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2026-2030 El PRONAPINNA 2026-2030 contribuirá al cumplimiento de 20 Objetivos y 36 Estrategias del PND 2025-2030 que hacen referencia directa a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, dos de los indicadores incluidos en el PND 2025-2030 permitirán monitorear los avances de acciones que impactan directamente en esta población, particularmente en materia educativa y en el impacto de los programas sociales. Adicionalmente, contribuirá al cumplimiento de 16 de los 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación,46 relacionados principalmente con las agendas de acceso a la salud, incluyendo la mental, sexual y reproductiva, combate a la pobreza, apoyos a la educación, educación física y artística, atención a la primera infancia, conectividad digital, y prevención de las violencias. Para cada uno de los objetivos del PRONAPINNA 2026-2030, se establece su vinculación con los objetivos y estrategias del PND 2025-2030. Esta articulación asegura la alineación de las acciones previstas con las prioridades nacionales y fortalece la atención integral a los problemas públicos, las áreas de oportunidad y las brechas de desigualdad identificadas. 45 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, p. 6. [Presentación de diapositivas] Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endutih/2024/doc/presentacion_endutih2024.pdf 46 Tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 como los 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación han orientado durante 2025 las acciones del gobierno federal en materia de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Algunas de las acciones realizadas durante este periodo pueden consultarse en el Informe de Actividades de la SESIPINNA 2025. Consultado el 25 de marzo de 2026. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1055529/INFORME_2025_SIPINNA_compressed.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 89 Objetivos del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2026 – 2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 2030 1.- Garantizar el acceso pleno a los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en sus diferentes etapas de desarrollo. Objetivo 2.1 Objetivo 2.2 Objetivo 2.5 Objetivo 2.6 Objetivo 2.7 Objetivo 2.8 Objetivo 2.9 Objetivo 2.10 Estrategias 2.1.1 y 2.1.9 Estrategia 2.2.3 Estrategia 2.5.1 Estrategias 2.6.1 y 2.6.2 Estrategias 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.7.5 y 2.7.11 Estrategia 2.8.1 Estrategia 2.9.1 Estrategia 2.10.2 2.- Proteger integralmente a niñas, niños y adolescentes contra las violencias que enfrentan en los diferentes entornos en los que se desarrollan. Objetivo 1.2 Objetivo 1.5 Objetivo T1.4 Objetivo T1.5 Estrategias 1.2.3 y 1.2.5 Estrategia 1.5.4 Estrategias T1.4.1, T1.4.2 y T1.4.5 Estrategias T1.5.1 y T1.5.3 3.- Promover la inclusión social y la igualdad sustantiva para niñas, niños y adolescentes que son discriminados y que viven en condiciones de vulnerabilidad. Objetivo 1.2 Objetivo 2.1 Objetivo 2.2 Objetivo 2.3 Objetivo 2.7 Objetivo 3.5 Objetivo T1.3 Objetivo T3.1 Estrategia 1.2.2 Estrategias 2.1.1, 2.1.3 y 2.1.9 Estrategias 2.2.1 y 2.2.2 Estrategia 2.3.1 Estrategias 2.7.5, 2.7.8 y 2.7.11 Estrategia 3.5.1 Estrategia T1.3.2 Estrategias T3.1.1 y T3.1.2 4.- Impulsar la participación, el acceso a la información y entornos digitales de niñas, niños y adolescentes para que sus opiniones sean retomadas en el diseño de las acciones públicas de gobierno, promoviendo la perspectiva de niñez y adolescencia en los ámbitos social, comunitario e institucional. Objetivo 1.1 Objetivo 1.7 Objetivo 2.1 Objetivo 3.8 Objetivo T2.3 Estrategia 1.1.7 Estrategia 1.7.4 Estrategia 2.1.9 Estrategia 3.8.1 Estrategia T2.3.2 7. Estrategias y líneas de acción Niñas, niños y adolescentes deben contar con las condiciones necesarias para satisfacer sus necesidades básicas y ejercer plenamente sus derechos sociales, tales como la educación, la salud, una vivienda adecuada, la seguridad social, una alimentación y nutrición equilibradas, así como el derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, conforme a cada etapa de su desarrollo. De igual forma, es fundamental garantizar su acceso al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades recreativas y su participación en expresiones culturales, deportivas y artísticas, elementos que inciden de manera directa en su desarrollo integral. Tal como lo establece el PND 2025–2030, el desarrollo con bienestar y humanismo es el corazón de la transformación. Con el propósito de alcanzar estos objetivos, se han definido 23 estrategias que agrupan los principales conjuntos de intervenciones de política pública orientadas a atender las causas y efectos de los problemas y necesidades que enfrentan niñas, niños y adolescentes. Estas estrategias tienen como finalidad garantizar el ejercicio efectivo e integral de sus derechos, así como reducir las brechas y rezagos identificados en los distintos territorios. Para cada estrategia se han establecido líneas de acción concretas, cuya implementación estará a cargo de las dependencias responsables y contribuirá al cumplimiento de los objetivos planteados. 90 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivo 1. Garantizar el acceso pleno a los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en sus diferentes etapas de desarrollo. Estrategia 1.1 Impulsar el ejercicio de los derechos sociales de niñas y niños en la primera infancia, priorizando a quienes viven en pobreza, mediante su acceso efectivo a los servicios de salud, alimentación nutritiva y de calidad, educación y seguridad social, para garantizar su desarrollo y bienestar integral. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.1 Consolidar el acceso, permanencia y pleno desarrollo infantil temprano de niñas y niños en la primera infancia, en los niveles de educación inicial y preescolar, a través de acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno, enfocadas en las zonas de mayor marginación del país. EDUCACIÓN, IMSS, SALUD, SNDIF 1.1.2 Impulsar la calidad de la atención educativa para potenciar al máximo el desarrollo de niñas y niños en primera infancia, a través del involucramiento y la corresponsabilidad de autoridades, personal docente, agentes educativos y familias en los procesos formativos. EDUCACIÓN, IMSS, ISSSTE, SALUD, SNDIF 1.1.3 Mejorar la oportunidad en el registro de nacimiento de niñas y niños, a efecto de que cuenten con un acta de nacimiento y una CURP en el menor plazo posible posterior a la fecha de su nacimiento, mediante acciones de coordinación entre los órdenes de gobierno. GOBERNACIÓN, SALUD, SNDIF 1.1.4 Promover la cobertura del Programa Universal de Vacunación para prevenir enfermedades y reducir la mortalidad infantil, mediante la coordinación interinstitucional y la implementación de acciones específicas en zonas de alta marginación. EDUCACIÓN, IMSS, ISSSTE, IMSS-BIENESTAR, SALUD, SNDIF 1.1.5 Fortalecer la coordinación interinstitucional, mediante campañas de sensibilización sobre la importancia del control de la niña/o sano, del desarrollo infantil temprano y las atenciones que se brindan, para garantizar la demanda y el acceso efectivo a servicios y la salud de la primera infancia. EDUCACIÓN, IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, SALUD, SNDIF 1.1.6 Promover la lactancia materna exclusiva y complementaria, mediante acciones que prioricen el desarrollo y la nutrición óptima de niñas y niños desde los primeros días de vida. EDUCACIÓN, IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, SALUD, SNDIF 1.1.7 Atender todas las formas de malnutrición para garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de niñas y niños en la primera infancia, mediante acciones que refuercen la colaboración interinstitucional para su prevención y diagnóstico oportuno. EDUCACIÓN, IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, SALUD, SNDIF 1.1.8 Favorecer el máximo potencial de desarrollo y bienestar de niñas y niños en la primera infancia, a través del impulso de la crianza positiva y de la salud mental tanto de las infancias como de sus personas cuidadoras. EDUCACIÓN, IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, SALUD, SNDIF 1.1.9 Asegurar entornos saludables que protejan la salud y la nutrición de la primera infancia, mediante el fortalecimiento de las acciones interinstitucionales y la atención a los determinantes sociales de la salud. EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, MUJERES, SALUD, SNDIF 1.1.10 Garantizar el acceso a la seguridad social de niñas y niños de la primera infancia, mediante acciones articuladas y coordinadas de las instancias que brindan los diferentes esquemas de protección social. Instancias integrantes de la CPI47 47 Previa celebración de convenio con las instancias ajenas a la APF participantes en el Órgano Colegiado, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 91 Estrategia 1.2 Garantizar los derechos sociales de niñas y niños mediante acceso a los servicios de salud, educación de calidad y seguridad social, priorizando a quienes viven en pobreza y vulnerabilidad para asegurar su bienestar integral. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.1 Fortalecer gradualmente la calidad de la educación primaria en función de la oferta existente en el país para contribuir al desarrollo integral de las niñas y los niños en edad escolar, a través de docentes cualificados, servicios de infraestructura de calidad y tecnologías educativas adecuadas. EDUCACIÓN 1.2.2 Dar seguimiento sistemático a los casos de malnutrición, desnutrición aguda y crónica, deficiencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad, mediante la promoción del uso de las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles y la adopción de recomendaciones sobre actividad física en niñas y niños. IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, SALUD, SNDIF 1.2.3 Garantizar el acceso a servicios de salud y seguimiento del desarrollo físico y mental de niñas y niños, mediante la promoción de entornos saludables y la atención a los determinantes sociales y comerciales de la salud, con un enfoque comunitario. IMSS, IMSS-BIENESTAR, MUJERES, SALUD, SNDIF 1.2.4 Promover el desarrollo físico y mental de niñas y niños, a través del fortalecimiento de acciones dirigidas a madres, padres y personas cuidadoras. IMSS, IMSS-BIENESTAR, MUJERES, SALUD, SNDIF 1.2.5 Priorizar la inclusión de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad como derechohabientes de los programas para el bienestar mediante acciones de articulación y coordinación de los actores involucrados. BIENESTAR, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, OPR, SALUD 1.2.6 Fortalecer los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas del programa La Escuela es Nuestra que permitan mejorar y conocer el impacto del Programa, mediante su evaluación y monitoreo constante. BUEN GOBIERNO, EDUCACIÓN 1.2.7 Promover la inversión pública oportuna, suficiente y progresiva para atender las prioridades de la infancia, mediante la promoción de mecanismos fiscales y presupuestarios que garanticen su sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo. EDUCACIÓN, Instancias integrantes del GTIEP,48 SALUD, SNDIF 1.2.8 Promover entornos físicos, sociales y comunitarios adecuados para niñas y niños, protegiéndolos de factores de riesgo, mediante el diseño de medidas regulatorias con perspectiva de género, enfoque de igualdad territorial y enfoque de derechos humanos. EDUCACIÓN, IMSS, SALUD, SEGURIDAD, SNDIF 1.2.9 Consolidar servicios de alta especialidad para enfermedades crónicas, mediante el fortalecimiento del personal especializado y la implementación de acciones transversales garantizando el acceso oportuno, continuo y de calidad para las niñas y los niños. IMSS, IMSS-BIENESTAR, SALUD 48 Previa celebración de convenio con las instancias ajenas a la APF participantes en el Órgano Colegiado, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación. 92 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 1.3 Fortalecer los derechos sociales de adolescentes con acceso a salud integral, educación, alimentación adecuada y derechos sexuales y reproductivos, considerando sus necesidades de desarrollo y priorizando a quienes viven en pobreza para garantizar su bienestar y desarrollo pleno. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.1 Garantizar el derecho a la educación de las adolescencias, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad, mediante la atención al rezago educativo y la prevención de la deserción escolar. EDUCACIÓN 1.3.2 Asegurar la incorporación obligatoria y transversal de la educación sexual en los tipos medio superior y superior, mediante la implementación de una política integral de salud sexual y reproductiva para adolescentes que incluya la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano. EDUCACIÓN, IMSS-BIENESTAR, SALUD 1.3.3 Impulsar la promoción de una alimentación saludable y el acceso a información de adolescentes, mediante la vinculación efectiva con programas que aseguren el consumo de alimentos nutritivos en contextos de pobreza y exclusión. EDUCACIÓN, IMSS, IMSS-BIENESTAR, SALUD, SNDIF 1.3.4. Promover la inserción laboral digna de las personas adolescentes, mediante la vinculación efectiva de programas educativos con el mercado laboral. EDUCACIÓN, OPR, TRABAJO 1.3.5 Promover alternativas formativas y recreativas para adolescentes, mediante la coordinación interinstitucional para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. CULTURA, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, SALUD 1.3.6 Impulsar el acceso de las adolescencias a espacios seguros, accesibles y culturalmente pertinentes para la recreación, el arte y la cultura, mediante la participación social y comunitaria. CULTURA, DESARROLLO TERRITORIAL, EDUCACIÓN, SEGURIDAD 1.3.7 Implementar un programa de educación financiera para niñas, niños y adolescentes, mediante talleres y plataformas digitales que promuevan la toma de decisiones informadas y responsables. EDUCACIÓN, HACIENDA 1.3.8 Promover entornos seguros en el hogar, la escuela y la comunidad, mediante la participación de madres, padres y personas cuidadoras en el acompañamiento, atención y protección de las adolescencias. EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, IMSS, IMSS-BIENESTAR, MUJERES, SALUD, SNDIF 1.3.9 Diseñar modelos de atención en salud con enfoque de interculturalidad y curso de vida, a través de la colaboración interinstitucional para responder a las necesidades de las personas adolescentes. IMSS, IMSS-BIENESTAR, SALUD 1.3.10 Implementar incentivos que fomenten la permanencia en el sistema educativo o la incorporación al trabajo formal digno de las adolescencias, a través de la coordinación interinstitucional. EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, TRABAJO Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 93 Estrategia 1.4 Priorizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en las políticas de vivienda, medio ambiente y cambio climático para garantizar su desarrollo en entornos sanos y seguros. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.4.1 Involucrar a niñas, niños y adolescentes en la mitigación del cambio climático, mediante acciones y programas de educación ambiental y actividades que promuevan su participación. MEDIO AMBIENTE 1.4.2 Fomentar una cultura de conservación del agua en niñas, niños y adolescentes, mediante campañas de publicidad social sobre su uso y cuidado. EDUCACIÓN, MEDIO AMBIENTE 1.4.3 Fortalecer el liderazgo de niñas y adolescentes, mediante la creación de redes que los involucren activamente en la protección, conservación y restauración del medio ambiente. EDUCACIÓN, MEDIO AMBIENTE, MUJERES 1.4.4 Promover el acceso a servicios artísticos, culturales y deportivos con enfoque de educación ambiental para niños, niñas y adolescentes, mediante la construcción, rehabilitación y mejora de espacios públicos con énfasis en zonas críticas de violencia comunitaria. CULTURA, DESARROLLO TERRITORIAL, MEDIO AMBIENTE, MUJERES 1.4.5 Promover la sustitución de materiales de construcción inadecuados en viviendas para garantizar condiciones adecuadas y saludables para infancias y adolescencias, a través de un programa para mejoramiento de vivienda. DESARROLLO TERRITORIAL 1.4.6 Apoyar el acceso a una vivienda adecuada para personas en situación de vulnerabilidad, mediante la promoción de subsidios, programas o esquemas para el financiamiento de vivienda, particularmente en grupos en los que niñas, niños y adolescentes sean beneficiarios indirectos. DESARROLLO TERRITORIAL, ISSSTE, SHF 1.4.7 Promover entornos saludables y seguros para niñas, niños y adolescentes, mediante acciones que garanticen el acceso a servicios básicos en las viviendas como agua entubada dentro del hogar, drenaje, energía eléctrica y sistemas adecuados de preparación de alimentos. CFE, DESARROLLO TERRITORIAL, MEDIO AMBIENTE 1.4.8. Promover la mejora de la calidad de la vivienda, mediante el análisis de materiales, sistemas constructivos y el acceso a servicios básicos, para garantizar espacios seguros, adecuados y saludables para niñas, niños y adolescentes. DESARROLLO TERRITORIAL, MEDIO AMBIENTE Estrategia 1.5 Articular políticas nacionales, integrales e intersectoriales con un enfoque de ciclo de vida, que garanticen el acceso a derechos sociales y establezcan intervenciones diferenciadas conforme al nivel de vulnerabilidad, para el combate de la pobreza infantil y adolescente. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.5.1 Diseñar e impulsar propuestas de política pública integral para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza extrema, que contemple acciones en materia de mejora del bienestar económico en los hogares con un enfoque de derechos. GOBERNACIÓN, OPR 1.5.2 Garantizar el acceso efectivo de niñas, niños y adolescentes a sus derechos sociales mediante los programas para el bienestar, a través de acciones coordinadas e interinstitucionales. BIENESTAR, GOBERNACIÓN, OPR 94 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.5.3 Garantizar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes en el marco del Sistema Nacional de Cuidados, asegurando su pleno desarrollo, mediante una atención diferenciada que responda a las necesidades de cada etapa de su vida. GOBERNACIÓN, MUJERES, SALUD, SNDIF 1.5.4 Impulsar el acceso regular de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza a alimentos básicos, suficientes, seguros y nutritivos, mediante el fortalecimiento de programas de abasto y acciones de educación alimentaria con pertinencia cultural y territorial. AGRICULTURA 1.5.5 Fomentar la disponibilidad de atención médica integral, continua y adecuada en territorios con altos niveles de pobreza y rezago social, mediante la ampliación progresiva de la cobertura efectiva y la difusión de los servicios de salud dirigidos a niñas, niños y adolescentes. IMSS, IMSS-BIENESTAR, SALUD 1.5.6 Promover el acceso efectivo a actividades de recreación, arte y cultura para niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza, mediante el aprovechamiento y la optimización de la infraestructura y de la capacidad comunitaria instalada. CULTURA, DESARROLLO TERRITORIAL, EDUCACIÓN 1.5.7 Fortalecer la metodología de medición multidimensional de la pobreza, mediante la incorporación de un enfoque de niñez y adolescencia, que permita identificar y visibilizar las privaciones que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos con perspectiva de ciclo de vida. Instancias integrantes del CTEIPIDNNA49 Estrategia 1.6. Fortalecer el acceso y la participación de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con su etapa del desarrollo, en actividades físicas, deportivas, artísticas y culturales para promover su autonomía, identidad y desarrollo integral. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.6.1 Promover la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades artísticas, culturales, físicas, deportivas y de esparcimiento, mediante el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y con los diferentes órdenes de gobierno. CULTURA, EDUCACIÓN, SALUD 1.6.2 Establecer consejos de consulta en materia cultural para niñas, niños y adolescentes en los centros educativos de nivel básico y medio superior, mediante actividades que respondan a sus ideas, necesidades e intereses. CULTURA, EDUCACIÓN 1.6.3 Promover la actividad física desde un enfoque formativo en los ámbitos educativo y comunitario, adaptado a la etapa de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, mediante la incorporación de programas escolares y comunitarias. EDUCACIÓN, SALUD, SNDIF 1.6.4 Promover entornos seguros y adecuados para niños, niñas y adolescentes adaptados a sus necesidades, mediante la construcción y rehabilitación de espacios al aire libre, deportivos y juegos infantiles. CULTURA, DESARROLLO TERRITORIAL, EDUCACIÓN 49 Previa celebración de convenio con las instancias ajenas a la APF participantes en el Órgano Colegiado, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 95 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.6.5 Promover el desarrollo de estilos de vida saludable desde edades tempranas, con perspectiva de género e interculturalidad, a partir de la práctica regular de actividad física y el desarrollo del talento y disciplina en el deporte de competencia en niñas, niños y adolescentes. EDUCACIÓN 1.6.6 Rehabilitar y ampliar la infraestructura física de escuelas básicas y medio superior, a través de la participación comunitaria y la coordinación interinstitucional, para promover el desarrollo físico de la niñez y adolescencia. EDUCACIÓN Estrategia 1.7. Fomentar el derecho de prioridad de niñas, niños y adolescentes en la generación de acciones en materia de gestión integral del riesgo de desastres y el progreso del cambio climático. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.7.1 Integrar un órgano colegiado que oriente sobre criterios de gestión de riesgos y cambio climático en las políticas públicas, con perspectiva de infancia y adolescencia, a través de la coordinación interinstitucional. DEFENSA, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, MARINA, MEDIO AMBIENTE, MUJERES, SALUD, SEGURIDAD, SNDIF 1.7.2 Impulsar la generación, desagregación e intercambio de información homologada sobre la situación de la niñez y adolescencia para el diseño de políticas públicas antes, durante y después de emergencias, desastres y efectos del cambio climático, a través de la coordinación interinstitucional. EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, MEDIO AMBIENTE, MUJERES, SALUD, SEGURIDAD, SNDIF 1.7.3 Garantizar el acceso a servicios esenciales dirigidos a niñas, niños y adolescentes ante emergencias o desastres y efectos derivados del cambio climático, mediante la coordinación interinstitucional, la implementación de programas y acciones específicas para la continuidad de operaciones de los procesos críticos. EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, MUJERES, SALUD, SEGURIDAD, SNDIF 1.7.4 Promover la garantía prioritaria de los derechos de la niñez y adolescencia en situaciones de emergencia, desastres y afectaciones por cambio climático mediante el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional para la prevención, preparación y atención integral. EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, MEDIO AMBIENTE, MUJERES, SALUD, SEGURIDAD, SNDIF 1.7.5 Integrar la perspectiva de infancias y adolescencias en los censos y registros de personas afectadas por desastres y eventos climáticos, mediante la recolección de datos desagregados y útiles para la toma de decisiones y la atención integral de las niñas, niños y adolescentes. EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, MEDIO AMBIENTE, MUJERES, SALUD, SEGURIDAD, SNDIF 1.7.6 Establecer protocolos para la reapertura segura de escuelas tras emergencias y desastres, mediante la integración de acciones que aseguren la atención socioemocional, la recuperación de aprendizajes y la continuidad educativa. EDUCACIÓN 1.7.7 Impulsar criterios de accesibilidad y comunicación inclusiva dirigidos a niñas, niños y adolescentes en acciones de prevención y preparación ante situaciones de emergencia y desastres, mediante la generación de orientaciones generales para entornos públicos y comunitarios EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, MUJERES, SALUD, SEGURIDAD, SNDIF 96 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivo 2. Proteger integralmente a niñas, niños y adolescentes contra las violencias que enfrentan en los diferentes entornos en los que se desarrollan. Estrategia 2.1 Fortalecer políticas e iniciativas en materia de prevención de las violencias contra niñas, niños y adolescentes, con el propósito de modificar las conductas estereotipadas que las fomentan y toleran. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.1 Fortalecer la prevención de toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, a través de acciones de sensibilización, formación y capacitación dirigidas a la administración pública de los tres órdenes de gobierno y a la población. Instancias integrantes de la COMPREVNNA50 2.1.2 Fortalecer las acciones de prevención de las violencias en los entornos y territorios que habitan y transitan niñas, niños y adolescentes, a través de la coordinación interinstitucional e intersectorial. Instancias integrantes de la COMPREVNNA 2.1.3 Fortalecer las estrategias de información, formación y sensibilización dirigidas a madres, padres y personas cuidadoras, a través de la incorporación de prácticas de crianza positiva basadas en cuidados afectivos, respetuosos y no violentos. Instancias integrantes de la COMPREVNNA 2.1.4 Sensibilizar a las personas cuidadoras y población en general sobre las repercusiones que generan en las niñas, niños y adolescentes la exposición a las violencias, mediante la realización de materiales de educación, información y comunicación. Instancias integrantes de la COMPREVNNA 2.1.5 Promover un cambio de conducta en la familia y en la comunidad, mediante la realización y difusión de campañas de publicidad social de concientización y sensibilización contra las violencias estereotipadas. Instancias integrantes de la COMPREVNNA 2.1.6 Implementar a través de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes sus recomendaciones y opiniones en el diseño de estrategias y políticas públicas dirigidas a eliminar la violencia en su contra. Instancias integrantes de la COMPREVNNA 2.1.7 Impulsar una cultura de paz mediante la coordinación con los tres órdenes de gobierno, el sector social, privado y organizaciones de la sociedad civil, para prevenir el delito y proteger a niñas, niños y adolescentes frente a hechos que atenten contra su integridad, seguridad y derechos. Instancias integrantes de la COMPREVNNA Estrategia 2.2 Fortalecer políticas y acciones interinstitucionales de protección y atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, para garantizarles el derecho a la integridad personal, seguridad y a vivir una vida libre de violencias. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.1 Promover la elaboración, actualización y difusión de instrumentos como el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, entre otros, mediante la coordinación interinstitucional. Instancias integrantes de la COMPREVNNA 50 Previa celebración de convenio con las instancias ajenas a la APFl participantes en el Órgano Colegiado, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación. Aplica para todas las líneas de acción en las que participen las instancias integrantes de la COMPREVNNA Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 97 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.2 Asegurar el acceso a apoyos y servicios esenciales que permitan que las niñas, niños y adolescentes tengan un desarrollo integral, mediante la creación de rutas integrales de atención contra las violencias. Instancias integrantes de la COMPREVNNA 2.2.3 Monitorear y garantizar que las niñas, niños y adolescentes que han vivido algún tipo de maltrato, accedan a la protección y reparación integral del daño, mediante la coordinación de esfuerzos con otros sistemas que registren datos. Instancias integrantes de la COMPREVNNA 2.2.4 Fortalecer la atención oportuna de la violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, a través de acciones transversales, para evitar su repetición y garantizar la restitución total de sus derechos y la reparación del daño. Instancias integrantes de la COMPREVNNA 2.2.5 Proteger de forma integral los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, mediante la aplicación de un enfoque transversal de derechos humanos que considere el interés superior de la niñez y adolescencia. Instancias integrantes de la COMPREVNNA 2.2.6 Fortalecer los servicios y mecanismos de atención que prestan los sectores de salud y educación, mediante la capacitación eficiente y de calidad de servidoras y servidores públicos que atienden a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. EDUCACIÓN, SALUD 2.2.7 Mejorar la atención brindada a niñas, niños y adolescentes, mediante la capacitación constante y permanente de las personas servidoras públicas sobre los mecanismos de reporte contra la violencia. Instancias integrantes de la COMPREVNNA Estrategia 2.3 Fortalecer los mecanismos de acceso e impartición de la justicia para niñas, niños y adolescentes, para garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos, bajo una perspectiva de género, interculturalidad e inclusión. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.3.1 Fortalecer la transversalización de la perspectiva de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el sistema de justicia, mediante programas de formación y capacitación de sus operadores. GOBERNACIÓN, SALUD, SEGURIDAD, SNDIF 2.3.2 Garantizar los derechos de niñas y niños que viven con sus madres, hijas e hijos con referentes adultos privados de la libertad, y adolescentes en internamiento, mediante la implementación de mecanismos de cumplimiento normativo en los Centros de Internamiento, Especializados y Penitenciarios. GN, SALUD, SEGURIDAD, SNDIF 2.3.3 Fortalecer la coordinación del sistema de justicia y el sistema de protección especial, mediante mecanismos de colaboración y diálogo, para la adecuada aplicación de medidas de protección y restitución de derechos a niñas, niños y adolescentes. GN, GOBERNACIÓN, SALUD, SEGURIDAD, SNDIF 2.3.4 Promover el uso de medidas no judiciales y no privativas de la libertad que faciliten el acceso a la justicia para adolescentes, mediante reformas al marco normativo en la materia. GOBERNACIÓN, SALUD, SEGURIDAD, SNDIF 98 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.3.5 Adoptar mecanismos confidenciales e independientes para que niñas, niños y adolescentes reporten o denuncien violencia u otras vulneraciones a sus derechos en fiscalías, espacios de cuidado alternativo y centros de internamiento o penitenciarios, mediante la coordinación interinstitucional. SALUD, SEGURIDAD, SNDIF 2.3.6 Asegurar a niñas, niños y adolescentes en contacto con los sistemas de justicia, un trato adecuado, asistencia jurídica gratuita, información accesible y protección integral, a través del desarrollo de modelos especializados. GOBERNACIÓN, SALUD, SEGURIDAD, SNDIF 2.3.7 Impulsar la mejora continua de los Centros de Internamiento o Especializados para adolescentes, a través de acciones e inspecciones intersectoriales. GOBERNACIÓN 2.3.8 Fortalecer los sistemas de información relacionados con la justicia penal para adolescentes, mediante la coordinación interinstitucional con el fin de generar, actualizar y utilizar información estadística de forma oportuna y homologada. Instancias integrantes del CTEIPIDNNA51 Estrategia 2.4 Fortalecer los mecanismos de protección a violaciones que atentan contra la integridad y derechos humanos de niñas, niños y adolescentes relacionadas con su vinculación, reclutamiento o utilización en actividades delictivas, para garantizar su protección integral y restitución de derechos Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.4.1 Realizar acciones de capacitación en temas graves de violaciones de los derechos humanos, como la desaparición, trata y explotación, a través de una estrategia de formación a autoridades de los tres órdenes de gobierno para que protejan de manera integral a las niñas, niños y adolescentes. Instancias integrantes de la COMPREVNNA 2.4.2 Asegurar la aplicación efectiva de la NOM-038-STPS- 2024, para identificar labores, tareas o trabajos considerados de menor riesgo para las adolescencias trabajadoras en edad permitida a través de visitas de inspección a los centros de trabajo. GOBERNACIÓN, TRABAJO 2.4.3 Prevenir el reclutamiento y cooptación de niñas, niños y adolescentes por la delincuencia organizada mediante la implementación de una estrategia nacional para combatir este fenómeno. Instancias integrantes de la COMPREVNNA 2.4.4 Fortalecer la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, a través de acciones de colaboración entre autoridades de los tres órdenes de gobierno. COMUNICACIONES, GN, GOBERNACIÓN, RELACIONES EXTERIORES, SALUD, SEGURIDAD, SNDIF 2.4.5 Promover acciones de prevención en materia de trata de niñas, niños y adolescentes, así como proteger y/o asistir a las víctimas de este delito, mediante la implementación de una política de estado. CEAV, COMUNICACIONES, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, MUJERES, RELACIONES EXTERIORES, SALUD, SEGURIDAD, TRABAJO, TURISMO, SNDIF 51 Previa celebración de convenio con las instancias ajenas a la APF participantes en el Órgano Colegiado, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación. Aplica para todas las líneas de acción en las que participen las instancias integrantes del CTEIPIDNNA Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 99 Estrategia 2.5 Asegurar el acceso a modalidades de cuidados alternativos seguros, protectores y adecuados considerando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, para garantizarles el pleno ejercicio del derecho a vivir en familia. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.5.1 Supervisar el apego a los principios del interés superior de la niñez, la legalidad, el respeto a su identidad y vínculos afectivos, mediante procedimientos para el seguimiento y supervisión a los procesos de adopción y restitución de derechos. SALUD, SNDIF 2.5.2 Promover el adecuado funcionamiento de los Centros de Asistencia Social que brindan cuidado alternativo en modalidad residencial y la protección integral de niñas, niños y adolescentes, a través del impulso a nivel nacional de la regulación, supervisión y certificación del personal y vigilancia de dichos centros. SALUD, SNDIF 2.5.3 Garantizar la atención integral de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, conforme al principio del interés superior y asegurando procesos legales, transparentes y respetuosos de su identidad, a través de la coordinación de acciones a nivel nacional. SALUD, SNDIF 2.5.4 Prevenir, proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción y en cuidados alternativos, mediante la formación, profesionalización y sensibilización de las personas servidoras públicas y actores vinculados responsables. GOBERNACIÓN, SALUD, SNDIF 2.5.5 Generar herramientas y competencias como parte del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes para una vida autosuficiente e independiente, a través de servicios de atención integral, el fomento de la integración social y el egreso acompañado de las niñas, niños y adolescentes en cuidados alternativos. SALUD, SNDIF 2.5.6 Garantizar el bienestar y desarrollo integral, de niñas, niños y adolescentes en acogimiento residencial con especial atención a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, a través de alternativas para la reintegración familiar, acogimiento en entornos familiares y vida independiente. SALUD, SNDIF 2.5.7 Impulsar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes en cuidados alternativos y al acceso a información sobre su origen y vínculos, mediante la reunificación familiar cuando sea en pro de su interés superior. SALUD, SNDIF 2.5.8 Generar proyectos orientados a la atención integral y la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante el impulso de iniciativas de cooperación internacional en los ámbitos bilateral, multilateral y con organizaciones de la sociedad civil. GOBERNACIÓN, RELACIONES EXTERIORES, SNDIF 2.5.9 Promover acciones para el fortalecimiento familiar, previniendo la separación de niñas, niños y adolescentes, a través de servicios sociales universales que sensibilicen, capaciten y apoyen a las familias. SALUD, SNDIF 100 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivo 3. Promover la inclusión social y la igualdad sustantiva para niñas, niños y adolescentes que son discriminados y que viven en condiciones de vulnerabilidad. Estrategia 3.1 Instrumentar acciones dirigidas a garantizar el respeto de la dignidad, la vida, la supervivencia, el bienestar y una vida libre de violencias para las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.1 Elaborar un registro de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, mediante la identificación de datos y actores clave, para la implementación de acciones públicas de protección especial. Instancias integrantes de la CISNNA52 3.1.2 Fomentar esfuerzos con autoridades locales para el diseño, difusión y operación de brigadas para registro de nacimiento de niñas, niños y adolescentes que incluya atención a población en situación de calle, mediante la realización de campañas especiales. Instancias integrantes de la CISNNA 3.1.3 Garantizar el acceso a los servicios de salud integrales para todas las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, a través de la identificación y eliminación de cualquier tipo de barrera estructural que impida el ejercicio de este derecho. Instancias integrantes de la CISNNA 3.1.4 Promover el ejercicio efectivo de los derechos sociales de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, mediante el fortalecimiento del acceso a servicios y esquemas de protección social, para asegurar su desarrollo y bienestar integral. Instancias integrantes de la CISNNA 3.1.5 Impulsar que niñas, niños y adolescentes en situación de calle accedan a servicios de salud mental y de prevención y atención de las adicciones, mediante acciones territoriales coordinadas libres de estigmatización y que respeten la autonomía y voluntad de esta población. Instancias integrantes de la CISNNA 3.1.6 Proteger el derecho a la educación, mediante acciones y apoyos para la incorporación, reincorporación y permanencia de niñas, niños y adolescentes en situación de calle en la educación obligatoria. Instancias integrantes de la CISNNA 3.1.7 Prevenir toda forma de discriminación y violencia, incluida la explotación sexual y laboral, a través del establecimiento de medidas de protección específicas a niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Instancias integrantes de la CISNNA 52 Previa celebración de convenio con las instancias ajenas a la APF participantes en el Órgano Colegiado, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación. Aplica para todas las líneas de acción en las que participen las Instancias integrantes de la CISNNA. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 101 Estrategia 3.2 Fortalecer la protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad para su desarrollo pleno. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.1 Implementar la Ruta de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, a través del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional. Instancias integrantes de la CPINNAMSCR53 3.2.2 Fortalecer las acciones que garanticen el ejercicio de los derechos que protegen la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, mediante mecanismos administrativos incorporados en sus procesos de atención, focalizados para tales efectos. Instancias integrantes de la CPINNAMSCR 3.2.3 Ampliar programas alternativos de cuidado familiar y comunitario para niñez y adolescencia en contexto de movilidad, priorizando la reunificación y la no separación familiar, a través de la coordinación entre ámbitos de gobierno, la concertación con la sociedad civil, y la cooperación internacional. Instancias integrantes de la CPINNAMSCR 3.2.4 Implementar una estrategia de fortalecimiento de competencias, a través de formación y especialización en atención y protección a la niñez y adolescencia migrante y refugiada, dirigida a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que tienen contacto con esta población. Instancias integrantes de la CPINNAMSCR 3.2.5 Fortalecer la garantía de los derechos de NNA, en particular su acceso a información y servicios de traducción e interpretación, a través del cumplimiento de los estándares establecidos en las normas nacionales e internacionales en los lugares de alojamiento de esta población. Instancias integrantes de la CPINNAMSCR 3.2.6 Otorgar una defensa adecuada en los casos donde exista vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad en las instalaciones que los albergan, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de asistencia y representación jurídica. Instancias integrantes de la CPINNAMSCR 3.2.7 Mejorar la atención especial de las niñas, niños y adolescentes repatriados procedentes de los Estados Unidos de América, mediante el fortalecimiento de la coordinación entre las autoridades consulares, de migración y de protección de derechos. Instancias integrantes de la CPINNAMSCR 3.2.8 Priorizar el interés superior de la niñez y proporcionar recursos para su atención, mediante el fortalecimiento de los trabajos de coordinación y la articulación de la Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado. Instancias integrantes de la CPINNAMSCR 53 Previa celebración de convenio con las instancias ajenas a la APF participantes en el Órgano Colegiado, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación. Aplica para todas las líneas de acción en las que participen las Instancias integrantes de la CPINNAMSCR. 102 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 3.3 Implementar acciones que garanticen la inclusión y la no discriminación de la niñez y adolescencia con discapacidad para su desarrollo pleno. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.1 Mejorar los servicios de las oficinas del registro civil que ofrezcan trámites y servicios a niñas, niños y adolescentes con cualquier tipo de discapacidad, mediante la implementación de señalizaciones en braille y de formatos accesibles, de fácil lectura y comprensión. Instancias integrantes de la CISNNA 3.3.2 Promover la eliminación de cualquier tipo de discriminación y barreras que limiten el acceso al derecho a la salud física y mental de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, mediante servicios de rehabilitación especializados gratuitos, de calidad y accesibles. Instancias integrantes de la CISNNA 3.3.3 Mejorar la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en servicios de salud sexual y reproductiva, mediante acciones que faciliten el acceso en condiciones de igualdad y libre de estigmatización Instancias integrantes de la CISNNA 3.3.4 Combatir el rezago educativo, mediante la priorización de niñas, niños y adolescentes con cualquier tipo de discapacidad en el ámbito educativo. Instancias integrantes de la CISNNA 3.3.5 Investigar debidamente los casos de violencia y abuso contra niñas, niños y adolescentes con discapacidad, garantizando su acceso a la justicia, mediante los ajustes procesales necesarios en función de su edad y necesidades específicas. Instancias integrantes de la COMPREVNNA 3.3.6 Supervisar las condiciones en que operan albergues, refugios o cualquier centro de estancia para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, mediante mecanismos de registro y control. SALUD, SNDIF, SEGURIDAD 3.3.7 Prevenir la violencia sexual, el castigo corporal y el abandono de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, mediante acciones dirigidas a informar, sensibilizar y dotar de herramientas de apoyo a las personas cuidadoras. Instancias integrantes de la COMPREVNNA 3.3.8 Disminuir la estigmatización de la niñez y adolescencia con discapacidad y los prejuicios de los que son objeto, mediante campañas de concientización dirigidas al servicio público y personas cuidadoras. Instancias integrantes de la CISNNA 3.3.9 Fomentar que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a mecanismos de defensa jurídica gratuita y asesoría legal apropiada, mediante acciones que promuevan la denuncia en casos donde se violenten sus derechos suscitados en instalaciones que alberguen niñez y adolescencia con discapacidad. Instancias integrantes de la COMPREVNNA Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 103 Estrategia 3.4 Implementar acciones que garanticen la inclusión y la no discriminación de la niñez y adolescencia indígena y afromexicana para su desarrollo pleno. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.4.1 Promover el pleno ejercicio de su derecho a la identidad, mediante mecanismos de coordinación con los órdenes de gobierno que permitan simplificar el trámite del acta de nacimiento asociada a la CURP en las comunidades donde se realicen campañas especiales para el registro oportuno de nacimiento. Instancias integrantes de la CISNNA 3.4.2 Contribuir al bienestar de la niñez y las adolescencias indígenas y afromexicanas, en particular de quienes habitan en zonas rurales, mediante la promoción de servicios de salud de calidad, gratuitos y culturalmente apropiados. Instancias integrantes de la CISNNA 3.4.3 Mejorar la alimentación de la niñez y las adolescencias indígenas y afromexicanas, de zonas rurales, así como asegurar el acceso a agua potable, a través de promover la producción sustentable y culturalmente apropiada, de productores en pequeña y mediana escala, así como su compra local. AGRICULTURA, Instancias integrantes de la CISNNA, MEDIO AMBIENTE 3.4.4 Facilitar el acceso equitativo y efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva culturalmente pertinentes, mediante condiciones de igualdad, libre de estigmatización y con un enfoque que abarque todo el ciclo vital. Instancias integrantes de la CISNNA 3.4.5 Disminuir el rezago educativo, mediante la priorización de la niñez y las adolescencias indígenas y afromexicanas, en la gestión de recursos presupuestales. Instancias integrantes de la CISNNA 3.4.6 Mejorar la atención de niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanas/os, así como de instancias de primer contacto a esta población, mediante la formación de figuras educativas y docentes con perfiles específicos. Instancias integrantes de la CISNNA 3.4.7 Favorecer el derecho a la educación de la niñez y las adolescencias indígenas y afromexicanas, mediante planes, programas de estudio y modelos educativos, así como el diseño de materiales que consideren las necesidades y características de este grupo poblacional. EDUCACIÓN 3.4.8 Prevenir la explotación de la niñez y las adolescencias indígenas y afromexicanas, con fines económicos, con énfasis en las personas que practican la mendicidad y el trabajo doméstico, en la agricultura, en minas y fábricas de ladrillos, mediante mecanismos de denuncia, inspección y sanción efectiva. GOBERNACIÓN, SALUD, SNDIF 3.4.9 Prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de la niñez y las adolescencias indígenas y afromexicanas, mediante el establecimiento de medidas de protección de carácter urgente. Instancias integrantes de la COMPREVNNA 3.4.10 Incorporar los saberes y las prácticas de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes como parte de la oferta cultural, mediante su inclusión en el ámbito educativo y comunitario para las niñas, niños y adolescentes. CULTURA, EDUCACIÓN, INPI 104 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 3.5 Instrumentar acciones dirigidas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes de la diversidad sexual para que accedan en igualdad de oportunidades a su ejercicio. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.5.1 Difundir información sobre la diversidad sexual y de género en la niñez y las adolescencias, que responda a las etapas de desarrollo y necesidades específicas de este grupo poblacional, mediante la elaboración y actualización de materiales educativos. Instancias integrantes de la CISNNA 3.5.2 Divulgar los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la diversidad sexual y de género, mediante acciones de sensibilización y formación para personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno y la población, con énfasis en el ámbito comunitario y familiar. Instancias integrantes de la CISNNA 3.5.3 Fortalecer los contenidos en materia de diversidad sexual, mediante la implementación efectiva de la Educación Integral en Sexualidad en las escuelas de educación básica del país. Instancias integrantes de la CISNNA 3.5.4 Promover la igualdad y no discriminación en los centros escolares, mediante la implementación en todo el territorio nacional de la acción afirmativa del uso de uniforme neutro en las escuelas públicas. Instancias integrantes de la CISNNA 3.5.5 Promover la implementación de protocolos de atención e inclusión de niñas, niños y adolescentes de la diversidad sexual y de género, en el sector educativo y de salud, mediante el uso y reconocimiento de su identidad legal elegida. Instancias integrantes de la CISNNA Estrategia 3.6 Instrumentar acciones que erradiquen los principales obstáculos que enfrentan las niñas y adolescentes mujeres para acceder en igualdad de oportunidades al ejercicio de sus derechos. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.6.1 Promover la incorporación de la perspectiva de género, así como la utilización de lenguaje no sexista e incluyente, a través de acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a personas servidoras públicas. CEAV, DESARROLLO TERRITORIAL, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, MUJERES 3.6.2 Implementar acciones de protección integral a las niñas y las adolescentes embarazadas o que son madres, a través de la coordinación interinstitucional y entre los tres órdenes de gobierno. EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, MUJERES, SALUD, SNDIF 3.6.3 Promover el libre desarrollo de niñas y adolescentes, a través de la prevención y protección integral ante el matrimonio y las uniones tempranas forzadas y no forzadas, con énfasis en las regiones con mayor prevalencia. CULTURA, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, INPI, MUJERES, SALUD, SNDIF 3.6.4 Promover el interés y la participación de niñas y las adolescentes en las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, mediante la difusión de información sobre las ofertas académicas de estas áreas. CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN, MUJERES Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 105 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.6.5 Difundir los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y las adolescentes, así como los servicios a los que pueden acceder, mediante la elaboración de contenidos informativos y educativos. EDUCACIÓN, MUJERES, SALUD 3.6.6 Fortalecer el empoderamiento y liderazgo de niñas y adolescentes, así como el intercambio de conocimientos, a través de la creación de espacios seguros y accesibles de organización y diálogo. EDUCACIÓN, MUJERES, SALUD, TRABAJO, SNDIF 3.6.7 Favorecer que niñas y adolescentes cuenten con una menstruación digna, con prioridad en quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, a través del acceso a productos, información e instalaciones sanitarias adecuadas. GOBERNACIÓN, MUJERES, SALUD Objetivo 4. Impulsar la participación, el acceso a la información y entornos digitales de niñas, niños y adolescentes para que sus opiniones sean retomadas en el diseño de las acciones públicas de gobierno, promoviendo la perspectiva de niñez y adolescencia en los ámbitos social, comunitario e institucional. Estrategia 4.1 Instrumentar acciones de difusión, sensibilización y capacitación en torno a los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre el servicio público de los tres órdenes de gobierno y población en general, para impulsar el enfoque de niñez y adolescencia en el actuar institucional. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.1.1 Promover el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, donde se les reconozca como personas sujetas de derecho y no solo como objetos de protección, mediante la incorporación de mecanismos en la estructura funcional y de procesos de gestión de la Administración Pública Federal. GOBERNACIÓN 4.1.2 Promover la capacitación de las personas servidoras públicas y de la población, mediante la elaboración, actualización y difusión periódica de un catálogo nacional de acciones de formación en derechos de niñez y adolescencia. GOBERNACIÓN 4.1.3 Promocionar los derechos humanos y visibilizar las principales causas que generan una cultura adulto-céntrica y de estereotipos discriminatorios y sus consecuencias, mediante el diseño y ejecución de campañas de difusión. GOBERNACIÓN Estrategia 4.2 Impulsar la institucionalización de mecanismos de participación efectiva, equitativa y sistemática de niñas, niños y adolescentes, poniendo énfasis en quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, para garantizar su intervención en las acciones y políticas de su interés. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.2.1 Fomentar la participación de niñas, niños y adolescentes en asuntos de su interés, conforme a su edad y etapa de desarrollo, a través de la difusión del marco normativo en materia de consulta y escucha de esta población. GOBERNACIÓN 106 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.2.2 Favorecer la implementación de mecanismos de participación de la niñez y la adolescencia, mediante la elaboración y difusión de un repositorio con instrumentos y metodologías en la materia. GOBERNACIÓN 4.2.3 Promover la institucionalización de mecanismos efectivos de participación de niñas, niños y adolescentes, en los tres órdenes de gobierno, mediante mecanismos claros y permanentes que les permita opinar, informarse y se garantice que sus aportaciones sean consideradas en la toma de decisiones. GOBERNACIÓN 4.2.4 Incentivar la participación de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a grupos históricamente discriminados y en situación de mayor vulnerabilidad, a través de la implementación de mecanismos de participación en la administración pública. GOBERNACIÓN 4.2.5 Desarrollar materiales de educación, información y comunicación que permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer a cabalidad su derecho a opinar y estar informadas/os, mediante la construcción de espacios físicos y virtuales adecuados para ejercer su derecho a participar. GOBERNACIÓN 4.2.6 Impulsar la participación efectiva de todas las niñas, niños y adolescentes en agendas específicas como las emergencias y desastres, y la evolución del cambio climático y el medio ambiente, mediante la implementación de procesos consultivos y revisión a la normatividad. GOBERNACIÓN, MEDIO AMBIENTE Estrategia 4.3 Impulsar el acceso de niñas, niños y adolescentes a los servicios y las Tecnologías de la Información y Comunicación, para la reducción de la brecha digital. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.3.1 Cerrar brechas en el acceso a Internet de niñas, niños y adolescentes, mediante el impulso de la promoción de la cobertura y conectividad gratuita y de banda ancha a nivel nacional, con prioridad en las zonas de mayor pobreza, alta y muy alta marginación. Instancias integrantes de la CTICNNA 4.3.2 Impulsar el acceso seguro de niñas, niños y adolescentes al uso de dispositivos móviles en los ámbitos escolar y comunitario, que permita reducir las brechas digitales, mediante la coordinación intersectorial, con énfasis en quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Instancias integrantes de la CTICNNA 4.3.3 Promover la alfabetización digital inicial y continua de agentes educativos, a través de capacitación para el desarrollo de habilidades, conocimientos y aptitudes, para impulsar la formación de una ciudadanía digital. Instancias integrantes de la CTICNNA 4.3.4 Prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, a través de la difusión e implementación de protocolos y guías. Instancias integrantes de la CTICNNA Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 107 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.3.5 Favorecer entornos digitales seguros y la construcción de una ciudadanía digital, mediante el diseño e implementación de acciones de crianza positiva digital en ambientes comunitarios Instancias integrantes de la CTICNNA 4.3.6 Difundir los mecanismos de denuncia de violencias contra niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, mediante campañas de publicidad social. Instancias integrantes de la CTICNNA 4.3.7 Promover la generación de datos necesarios para la prevención y atención en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, a través del fortalecimiento técnico para la gestión de información de las instancias de procuración de justicia. Instancias integrantes de la CTICNNA 4.3.8 Mejorar el acceso a la información de niñas, niños y adolescentes sordas, a través de la creación y difusión de recursos tecnológicos accesibles que ofrezcan contenido en Lengua de Señas Mexicana. Instancias integrantes de la CTICNNA Estrategia 4.4 Crear condiciones adecuadas para que niñas, niños y adolescentes se desarrollen en entornos seguros, tolerantes y respetuosos para ejercer su derecho a la asociación, reunión y diversidad de pensamiento, conciencia y religión. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.4.1 Prevenir la discriminación de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en la libertad de pensamiento, conciencia y religión, mediante la creación y difusión de campañas y materiales informativos y de comunicación accesibles e inclusivos. GOBERNACIÓN 4.4.2 Expandir los esfuerzos de difusión y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes entre las comunidades y espacios donde se practica la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a través de la promoción de un catálogo con la oferta de actividades existentes para tal fin. GOBERNACIÓN 4.4.3 Apoyar la identificación y atención oportuna de situaciones que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante la difusión de herramientas entre comunidades y actores de fe en contacto con esta población. GOBERNACIÓN, SALUD, SNDIF 4.4.4 Prevenir que niñas, niños y adolescentes sean obligados a recibir instrucción religiosa incompatible con su pensamiento o creencias en el ámbito educativo, mediante la promoción de políticas de protección que garanticen exenciones o alternativas no discriminatorias. SALUD, SNDIF 4.4.5 Fortalecer los canales de difusión de políticas públicas en beneficio de niñas, niños y adolescentes y su participación en asuntos que les afectan, mediante la conformación y registro de organizaciones lideradas por niñas, niños y adolescentes. ECONOMÍA, GOBERNACIÓN 108 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 4.5 Fortalecer la coordinación multisectorial y entre órdenes de gobierno, así como con los sectores privado y social, para fortalecer la implementación de políticas públicas en beneficio de niñas, niños y adolescentes. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.5.1 Fortalecer la articulación de la Política Nacional de derechos de niñas, niños y adolescentes en los tres órdenes de gobierno, mediante acciones que lleguen al territorio e incidan en la realidad y principales problemas que enfrenta esta población. GOBERNACIÓN 4.5.2 Articular políticas y programas para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante la coordinación entre el Sistema Nacional de Protección Integral y los Sistemas Estatales, Comisiones, Cuerpos Colegiados y Grupos de Trabajo. GOBERNACIÓN 4.5.3 Promover la armonización del marco legal que garantiza los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de su revisión para identificar obstáculos legales y ajustarlos con los estándares internacionales y nacionales en la materia. GOBERNACIÓN 4.5.4 Promover iniciativas de cooperación internacional para el desarrollo que fomenten la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con la participación y colaboración de los sectores privado, social, academia, organismos internacionales y otros países. GOBERNACIÓN, RELACIONES EXTERIORES 4.5.5 Monitorear y dar seguimiento a la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante la generación e intercambio de información estadística e indicadores. GOBERNACIÓN 4.5.6 Actualizar e impulsar la implementación de la Metodología para la estimación de los recursos asignados a los programas presupuestarios del Anexo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación, mediante la articulación de políticas y la coordinación interinstitucional. GOBERNACIÓN 4.5.7 Evaluar la política nacional en materia de niñez y adolescencia, mediante el diseño de un esquema integral de evaluación de los programas y acciones dirigidos a niñas, niños y adolescentes a nivel nacional. GOBERNACIÓN 8. Indicadores y metas Con el propósito de contar con parámetros claros y objetivos que permitan dar seguimiento al avance en el logro de los objetivos establecidos en el PRONAPINNA 2026–2030, se han definido indicadores estratégicos alineados con cada uno de los objetivos. Cada objetivo cuenta con dos indicadores que sirven como métricas de su cumplimiento, en su caso, estos se desagregan en subindicadores relevantes que permiten un análisis más detallado y multidimensional. Esta estructura facilita el monitoreo del impacto de las intervenciones en la reducción de las brechas identificadas. Asimismo, se establecen metas alineadas con los compromisos de la planeación nacional hacia 2030, orientadas a garantizar su cumplimiento. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 109 Indicador 1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de población de 0 a 17 años en situación de pobreza extrema. Objetivo 1. Garantizar el acceso pleno a los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en sus diferentes etapas de desarrollo. Definición o descripción Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que presenta tres o más carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos. Derecho asociado Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Nivel de desagregación Nacional Niñas, niños y adolescentes Grupo etario: primera infancia, niñez y adolescencia Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Agosto del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto a noviembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance SESIPINNA Método de cálculo Porcentaje de población de 0 a 17 años en situación de pobreza extrema. Población de 0 a 17 años en situación de pobreza extrema. Población total de 0 a 17 años. Observaciones La descripción y forma de construcción de los indicadores utilizados para el cálculo de la pobreza tienen un enfoque multidimensional, que propone la interacción de los espacios analíticos del bienestar económico y de los derechos sociales. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población de 0 a 17 años en situación de pobreza extrema Valor variable 1 2,691,623 Fuente de información variable 1 INEGI Nombre variable 2 Población total de 0 a 17 años Valor variable 2 36,122,473 Fuente de información variable 2 INEGI Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 7.5 Hasta 2022, la medición de la pobreza multidimensional estuvo a cargo del CONEVAL. A partir de las modificaciones a la normatividad correspondiente, dicha responsabilidad fue asumida por el INEGI. No obstante, se conserva la metodología previamente utilizada, lo que garantiza que los indicadores generados mantengan su equivalencia y sean comparables a lo largo del tiempo. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 6 La meta del indicador está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 8.7 NA 10.6 NA 9.9 NA 7.5 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 7.1 NA 6.6 NA 6 110 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 1.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de población de 0 a 17 años con carencia por acceso a los servicios de salud. Objetivo 1. Garantizar el acceso pleno a los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en sus diferentes etapas de desarrollo. Definición o descripción Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el IMSS-BIENESTAR, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados. Derecho asociado Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Nivel de desagregación Nacional Niñas, niños y adolescentes Grupo etario: primera infancia, niñez y adolescencia Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Agosto del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto a noviembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance SESIPINNA Método de cálculo Porcentaje de población de 0 a 17 años con carencia por acceso a los servicios de salud. Población de 0 a 17 años con carencia por acceso a los servicios de salud. Población total de 0 a 17 años. Observaciones Una persona es carente por acceso a los servicios de salud si no cuenta con afiliación o está inscrita para recibir servicios de salud por parte de instituciones públicas o privadas, incluidos los servicios públicos de salud del IMSS- BIENESTAR. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población de 0 a 17 años con carencia por acceso a los servicios de salud Valor variable 1 12,880,475 Fuente de información variable 1 INEGI Nombre variable 2 Población total de 0 a 17 años Valor variable 2 36,122,473 Fuente de información variable 2 INEGI Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 35.7 Hasta 2022, la medición de la pobreza multidimensional estuvo a cargo del CONEVAL. A partir de las modificaciones a la normatividad correspondiente, dicha responsabilidad fue asumida por el INEGI. No obstante, se conserva la metodología previamente utilizada, lo que garantiza que los indicadores generados mantengan su equivalencia y sean comparables a lo largo del tiempo. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 23.9 La meta del indicador está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 14.3 NA 27.5 NA 42.3 NA 35.7 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 33.9 NA 27.9 NA 23.9 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 111 Indicador 2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Tasa de egresos hospitalarios por lesiones asociadas a violencia familiar en población de 0 a 17 años. Objetivo 2. Proteger integralmente a niñas, niñas y adolescentes contra las violencias que enfrentan en los diferentes entornos en los que se desarrollan. Definición o descripción Número de egresos hospitalarios de personas de 0 a 17 años en un determinado año por causa de lesiones relacionadas con la violencia familiar, con base a las atenciones brindadas por la Secretaría de Salud, por cada 100,000 personas de 0 a 17 años a mitad de ese año. Derecho asociado Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Nivel de desagregación Nacional Niñas, niños y adolescentes Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Enero del año siguiente Unidad de medida Tasa Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance SESIPINNA Método de cálculo Tasa de egresos hospitalarios por lesiones asociadas a violencia familiar en población de 0 a 17 años. Número de egresos hospitalarios por causa de lesiones relacionadas con la violencia familiar en la población de 0 a 17 años, en un año . Población de 0 a 17 años a mitad del año . Observaciones De acuerdo con la Hoja de Registro de Atención por Violencia y/o Lesión (SINBASEUL-17-P DGIS, Modelo 2022), se entenderá por violencia familiar al acto u omisión, único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por parentesco consanguíneo, de afinidad, o civil mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurra. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. Nombre variable 1 Número de egresos hospitalarios por causa de lesiones relacionadas con la violencia familiar en la población de 0 a 17 años, en un año . Valor variable 1 15,401 Fuente de información variable 1 SALUD Nombre variable 2 Población de 0 a 17 años a mitad del año . Valor variable 2 38,544,123 Fuente de información variable 2 CONAPO Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 40.0 Durante 2025, se registraron 40 egresos hospitalarios por cada 100,000 niñas, niños y adolescentes debido a lesiones relacionadas con violencia familiar. El uso de la tasa como indicador permite comparar el fenómeno de manera estandarizada entre poblaciones, territorios o periodos de tiempo, eliminando distorsiones por diferencias de tamaño o escala. Facilita la detección de brechas, el monitoreo de tendencias y la evaluación de políticas públicas, al expresar la frecuencia relativa del fenómeno en relación con su contexto. La actualización de la línea base 2025 se realizó con la información preliminar del registro de egresos hospitalarios de la Secretaría de Salud con fecha de corte 02 de enero de 2026. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 32.6 La meta del indicador está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 34.8 42.6 26.7 38.4 45.3 41.8 42.3 40.0 METAS Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición. 2026 2027 2028 2029 2030 38.5 37.1 35.6 34.1 32.6 112 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 2.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Tasa de víctimas por el delito de homicidio en la población de 0 a 17 años Objetivo 2. Proteger integralmente a niñas, niñas y adolescentes contra las violencias que enfrentan en los diferentes entornos en los que se desarrollan. Definición o descripción Número de personas de 0 a 17 años en un determinado año que fueron reportadas como víctimas directas asociadas al delito de homicidios, con base en las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas durante el año, por cada 100,000 personas de 0 a 17 años a mitad de ese año. Derecho asociado Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Nivel de desagregación Nacional Niñas, niños y adolescentes Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Enero del año siguiente Unidad de medida Tasa Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance SESIPINNA Método de cálculo Tasa de víctimas por el delito de homicidios en la población de 0 a 17 años Número de víctimas directas asociadas al delito de homicidios en la población de 0 a 17 años, en un año . Población de 0 a 17 años a mitad del año . Observaciones De acuerdo con el Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15 Manual de llenado, el homicidio forma parte de los delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, y se define como la conducta delictiva que comete una persona al privar de la vida a otra. Cabe señalar que el indicador no distingue la intencionalidad de la conducta, por lo que incluye tanto homicidios dolosos como culposos. Asimismo, es importante precisar que la unidad de observación utilizada para contabilizar el número de víctimas corresponde a los delitos registrados en las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación reportadas. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de víctimas directas asociadas al delito homicidio en la población de 0 a 17 años, en un año . Valor variable 1 2,156 Fuente de información variable 1 SESNSP Nombre variable 2 Población de 0 a 17 años a mitad del año . Valor variable 2 38,544,123 Fuente de información variable 2 CONAPO Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 5.59 Durante 2025, alrededor de aproximadamente 6 de cada 100,000 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas directas de homicidio. El uso de la tasa como indicador permite comparar el fenómeno de manera estandarizada entre poblaciones, territorios o periodos de tiempo, eliminando distorsiones por diferencias de tamaño o escala. Facilita la detección de brechas, el monitoreo de tendencias y la evaluación de políticas públicas, al expresar la frecuencia relativa del fenómeno en relación con su contexto. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 4.76 La meta del indicador está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6.88 6.07 6.03 6.12 6.48 5.91 6.37 5.59 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 5.43 5.26 5.10 4.93 4.76 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 113 Indicador 3.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de población de 3 a 17 años hablantes de lengua indígena en situación de pobreza. Objetivo 3. Promover la inclusión social y la igualdad sustantiva para niñas, niños y adolescentes que son discriminados y que viven en condiciones de vulnerabilidad. Definición o descripción Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años hablantes de lengua indígena que tiene al menos una carencia social y cuyo ingreso es inferior a la línea de pobreza por ingresos. Derecho asociado Derecho a no ser discriminado. Nivel de desagregación Nacional Niñas, niños y adolescentes indígenas Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Octubre del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto a noviembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance SESIPINNA Método de cálculo Porcentaje de población de 3 a 17 años hablantes de lengua indígena en situación de pobreza. Población de 3 a 17 años hablantes de lengua indígena en situación de pobreza. Población total de 3 a 17 años hablantes de lengua indígena. Observaciones La descripción y forma de construcción de los indicadores utilizados para el cálculo de la pobreza tienen un enfoque multidimensional, que propone la interacción de los espacios analíticos del bienestar económico y de los derechos sociales. Por otra parte, y de acuerdo con los criterios del INPI, se considera población indígena a todas las personas que forman parte de un hogar indígena, donde la jefa(e) del hogar, su cónyuge y/o alguna de las personas ascendientes declaró ser hablante de lengua indígena. Además, se incluye a personas que declararon hablar alguna lengua indígena y que no forman parte de los hogares ya mencionados. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población de 3 a 17 años hablantes de lengua indígena en situación de pobreza Valor variable 1 1,416, 667 Fuente de información variable 1 INEGI Nombre variable 2 Población total de 3 a 17 años hablantes de lengua indígena Valor variable 2 1,671,031 Fuente de información variable 2 INEGI Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 84.8 Hasta 2022, la medición de la pobreza multidimensional estuvo a cargo del CONEVAL. A partir de las modificaciones a la normatividad correspondiente, dicha responsabilidad fue asumida por el INEGI. No obstante, se conserva la metodología previamente utilizada, lo que garantiza que los indicadores generados mantengan su equivalencia y sean comparables a lo largo del tiempo. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 77 La meta del indicador está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 90.9 NA 90.2 NA 82.3 NA 84.8 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 82.1 NA 79.6 NA 77 114 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 3.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de población de 0 a 17 años con discapacidad vulnerable por carencias sociales. Objetivo 3. Promover la inclusión social y la igualdad sustantiva para niñas, niños y adolescentes que son discriminados y que viven en condiciones de vulnerabilidad. Definición o descripción Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes con discapacidad que presenta una o más carencias sociales y cuyo ingreso es superior o igual a la línea de pobreza por ingresos. Derecho asociado Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Nivel de desagregación Nacional Niñas, niños y adolescentes con discapacidad Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Octubre del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto a noviembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance SESIPINNA Método de cálculo Porcentaje de personas de 0 a 17 años con discapacidad vulnerable por carencias sociales. Población de 0 a 17 años con discapacidad vulnerable por carencias sociales. Población total de 0 a 17 años con discapacidad. Observaciones La vulnerabilidad por carencias sociales representa los casos en los que las personas o los hogares reportan ingresos superiores a la línea de pobreza por ingresos, pero cuentan con al menos una carencia en el espacio de los derechos sociales. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población de 0 a 17 años con discapacidad vulnerable por carencias sociales Valor variable 1 281,133 Fuente de información variable 1 INEGI Nombre variable 2 Población total de 0 a 17 años con discapacidad Valor variable 2 912, 599 Fuente de información variable 2 INEGI Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 30.8 Hasta 2022, la medición de la pobreza multidimensional estuvo a cargo del CONEVAL. A partir de las modificaciones a la normatividad correspondiente, dicha responsabilidad fue asumida por el INEGI. No obstante, se conserva la metodología previamente utilizada, lo que garantiza que los indicadores generados mantengan su equivalencia y sean comparables a lo largo del tiempo. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 21.7 La meta del indicador está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ND NA ND NA 26.8 NA 30.8 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 27.4 NA 24.4 NA 21.7 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 115 Indicador 4.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de avance en la implementación de mecanismos de participación para la población de 0 a 17 años por parte de los integrantes de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Objetivo 4. Impulsar el acceso a la información, entornos digitales y espacios de participación a niñas, niños y adolescentes para la promoción de sus derechos. Definición o descripción Mide el porcentaje de avance respecto a la meta sexenal establecida para la implementación de mecanismos de participación para la población de 0 a 17 años, por parte de los integrantes de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a nivel nacional y estatal. Derecho asociado Derecho de participación. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Enero del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SESIPINNA Método de cálculo Porcentaje de avance en la implementación de mecanismos de participación para la población de 0 a 17 años por parte de los integrantes de los Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Número total de mecanismos de participación para la población de 0 a 17 años implementados por los integrantes de los Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a nivel nacional y estatal, durante el año en curso. Número total de mecanismos de participación programados para ser implementados durante el sexenio para la población de 0 a 17 años por parte de los integrantes de los Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a nivel nacional y estatal, programados en el sexenio. Observaciones Se considera mecanismo de participación a un conjunto de espacios, procesos y herramientas organizados que permiten a niñas, niños y adolescentes expresar libremente sus opiniones, intereses y propuestas, ser escuchados en los asuntos que les afectan e incidir en la toma de decisiones. La SESIPINNA es la unidad responsable de registrar y dar seguimiento a los mecanismos de participación implementados por los integrantes de los Sistemas de Protección Integral, así como de elaborar los formatos, series, metodologías y el método de cálculo para reportar los avances. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Mecanismos de participación para la población de 0 a 17 años implementados por los integrantes de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Valor variable 1 31 Fuente de información variable 1 SESIPINNA Nombre variable 2 Mecanismos de participación programados para la población de 0 a 17 años durante el sexenio Valor variable 2 290 Fuente de información variable 2 SESIPINNA Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 10.7 El total de mecanismos de participación programados para la población de 0 a 17 años asciende a 290. Este número corresponde a la suma de los mecanismos que deben implementar los integrantes de los Sistemas Estatales y del Sistema Nacional. Cabe señalar que el indicador se diseñó como un indicador acumulativo por periodo sexenal, por ello, al concluir el sexenio anterior, se reinició el conteo correspondiente. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 100 Alcanzar el 100% de los mecanismos de participación programados durante el sexenio, implica que los integrantes de los Sistemas de Protección Estatales y el Sistema Nacional implementen al menos un mecanismo de participación dirigido a la población de 0 a 17 años. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6.5 6.5 15.5 40.6 60.3 98.3 98.3 10.7 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 20 40 60 80 100 116 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 4.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de población de 6 a 11 años usuaria de internet. Objetivo 4. Impulsar el acceso a la información, entornos digitales y espacios de participación a niñas, niños y adolescentes para la promoción de sus derechos. Definición o descripción Mide el porcentaje de niñas y niños de 6 a 11 años que, en forma eventual o cotidiana, y de manera autónoma, ha accedido y realizado alguna actividad en Internet en los últimos doce meses. Derecho asociado Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación. Nivel de desagregación Nacional Niñas y niños Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Mayo del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Junio a agosto Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SESIPINNA Método de cálculo Porcentaje de población de 6 a 11 años usuaria de internet. Población de 6 a 11 años usuaria de internet. Población total de 6 a 11 años. Observaciones Los conceptos y la metodología de cálculo del indicador se alinean con la normatividad internacional vigente. Lo anterior garantiza la comparabilidad de la información a nivel global. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población de 6 a 11 años usuaria de internet Valor variable 1 10,002,230 Fuente de información variable 1 INEGI Nombre variable 2 Población total de 6 a 11 años Valor variable 2 12,549,850 Fuente de información variable 2 INEGI Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 79.7 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 90.5 La meta del indicador está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 56.7 59.7 68.3 74.9 72.1 71.4 79.7 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 83.3 85.1 86.9 88.7 90.5 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 117 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa54 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Comisión Federal de Electricidad Guardia Nacional Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Oficina de la Presidencia de la República Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Secretaría de Bienestar Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación Secretaría de Cultura Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Secretaría de Economía Secretaría de Educación Pública Secretaría de Gobernación Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de las Mujeres Secretaría de Marina Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de Salud Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Secretaría de Turismo Secretaría del Trabajo y Previsión Social Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar Sistema Público de Radiodifusión Sociedad Hipotecaria Federal Órganos colegiados participantes55 Comisión para la Igualdad Sustantiva entre Niñas, Niños y Adolescentes, CISNNA: Comisión creada por el SIPINNA y coordinada por MUJERES. Es responsable de articular, promover, aplicar y dar seguimiento a los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios, acciones y presupuestos encaminados a garantizar que niñas, niños y adolescentes accedan en igualdad de trato y oportunidades al reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Integrantes: BIENESTAR, CNDH, EDUCACIÓN, HACIENDA, INEGI, INPI, MUJERES, SALUD, TRABAJO, entre otras. Comisión para poner fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, COMPREVNNA: Comisión creada por el SIPINNA y coordinada por SEGURIDAD. Tiene como objetivo articular las principales iniciativas y procesos gubernamentales en materia de prevención, protección, atención y respuesta a la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Integrantes: BIENESTAR, CEAV, CNDH, CULTURA, DEFENSA, DESARROLLO TERRITORIAL, ECONOMÍA, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, HACIENDA, INEGI, INPI, MUJERES, RELACIONES EXTERIORES, SALUD, SEGURIDAD, TRABAJO, TURISMO, entre otras. 54 El listado de participantes muestra únicamente a las cabezas de sector, paraestatales no sectorizadas y empresas públicas del Estado. La ejecución del Programa corresponderá a las unidades administrativas específicas competentes en cada caso. 55 Para mayor referencia sobre quienes integran los colegiados, consultar el siguiente enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/622800/FICHAS__DE_COMISIONES_Y_GRUPOS_DE_TRABAJO_.pdf Se comenta que la información sobre quienes integran los órganos colegiados es con corte a octubre de 2025 y que sólo se mencionan las cabezas de sector, paraestatales no sectorizadas y empresas públicas del Estado participantes de la APF. 118 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado, CPINNAMSCR: Comisión creada por el SIPINNA y coordinada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de GOBERNACIÓN. Es responsable de definir la Política Nacional para la protección de las niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de refugio, a efecto de coordinar las estrategias y acciones necesarias para garantizar el ejercicio, respeto y protección de los derechos humanos de este sector, tomando como premisa el cumplimiento del Interés Superior de la Niñez, conforme lo mandatado en la Convención sobre los Derechos del Niño, la LGDNNA y las respectivas leyes estatales y demás disposiciones aplicables. Integrantes: BIENESTAR, CEAV, CNDH, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, RELACIONES EXTERIORES, SALUD, SEGURIDAD, entre otras. Comisión sobre Tecnologías de la Información y Contenidos Audiovisuales dirigidos a Niñas, Niños y Adolescentes del SIPINNA, CTICNNA: Comisión creada por el SIPINNA y coordinada por la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación de GOBERNACIÓN. Tiene como propósito establecer mecanismos de coordinación, cooperación y diálogo eficientes entre los sectores público y privado que se involucran en la producción y transmisión de contenidos por medios electrónicos como televisión, radio, así como digitales, de estudiar y analizar las oportunidades, retos y riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en la era digital. Integrantes: CNDH, COMUNICACIONES, CULTURA, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, INPI, MUJERES, OPR, SALUD, entre otras. Comité Técnico Especializado en Información sobre la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, CTEIPIDNNA: Comité creado por la Junta de Gobierno del INEGI. Tiene como objetivo ser la instancia de coordinación interinstitucional donde se identifiquen y desarrollen acciones conjuntas para la captación, integración, producción, procesamiento, sistematización y difusión de la información que sirvan de base para el diseño y la consolidación del Sistema de Información Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes y su vinculación con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Integrantes: BIENESTAR, CNDH, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, INEGI, MUJERES, SALUD, TRABAJO, entre otras. Grupo de trabajo interinstitucional que colabore en el diseño de instrumentos normativos relativos a la evaluación de las políticas en materia de niñas, niños y adolescentes, así como para la asignación de recursos suficientes en los presupuestos de los integrantes del Sistema para el cumplimiento de sus acuerdos, resoluciones y recomendaciones, GTIEP: Grupo de trabajo interinstitucional creado mediante el Acuerdo 07/2016 del SIPINNA y coordinado por HACIENDA para colaborar en el diseño de instrumentos normativos relativos a la evaluación de las políticas en materia de niñas, niños y adolescentes, así como en directrices o guías para la asignación de recursos suficientes en los presupuestos de los integrantes del Sistema para el cumplimiento de sus acuerdos, resoluciones y recomendaciones. Integrantes: GOBERNACIÓN, HACIENDA, INEGI, entre otras. Comisión para la Primera Infancia, CPI: Comisión creada por el SIPINNA y coordinada por SALUD. Su objetivo primordial es contribuir a la consolidación de un sistema de protección con enfoque de derechos, a través de la coordinación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), priorizando la acción coordinada de actores públicos, sociales y privados para abonar al ejercicio efectivo de los derechos de niñas y niños menores de seis años en México, atendiendo para reducir las brechas de desigualdad existentes entre estratos sociales, regiones geográficas y géneros, así como cualquier otro factor de inequidad. Integrantes: BIENESTAR, CNDH, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, HACIENDA, IMSS, IMSS-BIENESTAR, INEGI, INPI, ISSSTE, MUJERES, SALUD, entre otras. ___________________________ Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 119 PROGRAMA Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2026-2030. PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 2026-2030 1. Índice 1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo 6. Objetivos 6.1 Relevancia del objetivo 1: Fortalecer el marco institucional y las políticas públicas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la igualdad, mediante la incorporación de una perspectiva de derechos humanos y no discriminación con enfoque interseccional en toda la Administración Pública Federal 6.2 Relevancia del objetivo 2: Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito de la salud 6.3 Relevancia del objetivo 3: Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito educativo 6.4 Relevancia del objetivo 4: Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito laboral 6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Igualdad y No Discriminación 2026-2030 7. Estrategias y líneas de acción 8. Indicadores y metas 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa 10. Bibliografía 11. Anexos 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo. 3. Siglas y acrónimos APF: Administración Pública Federal BIENESTAR: Secretaría de Bienestar BUEN GOBIERNO: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEDAW: Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFOR: Comisión Nacional Forestal CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CULTURA: Secretaría de Cultura 120 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 DEFENSA: Secretaría de la Defensa Nacional EDUCACIÓN: Secretaría de Educación Pública ENERGÍA: Secretaría de Energía ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo GOBERNACIÓN: Secretaría de Gobernación HACIENDA: Secretaría de Hacienda y Crédito Público IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS BIENESTAR: Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INAPAM: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado LFPED: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación LGBTTTI: Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual MARINA: Secretaría de Marina MUJERES: Secretaría de las Mujeres NNA: Niñas, niños y adolescentes OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OIT: Organización Internacional del Trabajo ONU: Organización de las Naciones Unidas PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 PRONAIND 2026-2030 o Programa: Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2026-2030 RELACIONES EXTERIORES: Secretaría de Relaciones Exteriores SALUD: Secretaría de Salud SEGURIDAD: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SEN: Sistema Educativo Nacional SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia SNE: Servicio Nacional de Empleo SNS: Sistema Nacional de Salud SPR: Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano TRABAJO: Secretaría del Trabajo y Previsión Social TRANSFORMACIÓN DIGITAL: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones TURISMO: Secretaría de Turismo UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana - Síndrome de inmunodeficiencia adquirida Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 121 4. Fundamento normativo El Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2026-2030 (PRONAIND 2026-2030) se fundamenta en el marco jurídico nacional e internacional que mandata al Estado a garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es el pilar de este esfuerzo ya que el artículo 1o. establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales, prohibiendo expresamente toda discriminación que atente contra la dignidad humana. En este artículo también se determina que, “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. […] Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Este principio se refuerza en el artículo 4o. de la CPEUM que consagra el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, sentando las bases para políticas públicas con enfoque antidiscriminatorio; así como en los artículos 2o., 3o. y 56 de la Ley Federal de Trabajo que garantiza la igualdad laboral sin distinción por orientación sexual o identidad de género; y el artículo 149 Ter del Código Penal Federal que tipifica como delito la discriminación por preferencias sexuales o género. Este mandato constitucional es coherente con los compromisos internacionales de México. Entre ellos destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El PRONAIND 2026-2030 también responde a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Específicamente al Objetivo 5 ("Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas") y al Objetivo 10 ("Reducir la desigualdad entre los países"), que exigen eliminar leyes y prácticas discriminatorias y garantizar la igualdad de oportunidades; además, se alinea con convenciones especializadas como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), reglamentaria del artículo 1o. constitucional, obliga a los poderes públicos a erradicar la discriminación y crea al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) como el organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación (GOBERNACIÓN) responsable de coordinar estas acciones. En este marco, el artículo 20, fracción XXII de la propia ley, faculta al CONAPRED para elaborar, coordinar y supervisar el PRONAIND 2026-2030, otorgándole a este instrumento un carácter especial y de cumplimiento obligatorio conforme a la Ley de Planeación. Este marco jurídico (CPEUM, tratados y LFPED) sustenta la actuación del CONAPRED para el diseño y supervisión del PRONAIND 2026-2030, lo cual se complementa con lo dispuesto en el artículo 26 (apartado A) de la CPEUM y los artículos 22, 26 y 26 bis de la Ley de Planeación. Para la formulación del PRONAIND 2026-2030 se atendió lo dispuesto en los Criterios para la Gestión, Evaluación y Actualización de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y la Guía para la elaboración de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025- 2030, asegurando su plena alineación con los ejes enmarcados en el Anexo 1 y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2025-2030). En concordancia con lo anterior, el CONAPRED es la entidad responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del PRONAIND 2026-2030. 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo El Gobierno de México reafirma el compromiso de garantizar una Gobernanza con justicia y participación ciudadana, establecido como un eje general del PND 2025-2030, con el objetivo de que la Administración Pública Federal (APF) continúe su labor transformadora, protegiendo y garantizando los derechos humanos de todas las personas. Esta labor se alinea con los principios de una República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable, y se enmarca en los 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, en específico el numeral 5 Respeto a todos los derechos y combate a la discriminación. Se adhiere, además, al humanismo mexicano que condena todo tipo de clasismo, racismo, machismo y cualquier forma de discriminación, asegurando la continuidad de los avances logrados en el sexenio anterior. 122 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 En este contexto, el PRONAIND 2026-2030 se instituye como el programa especial derivado del PND 2025-2030 encargado de articular las acciones gubernamentales en esta materia. El CONAPRED será responsable de su ejecución para propiciar un cambio cultural en favor de la igualdad, fomentar un enfoque de no discriminación en la actuación de las dependencias y proteger a la población de actos discriminatorios. Los avances y hallazgos del PRONAIND 2021-2024, así como su fundamento metodológico, definen el modelo de intervención del CONAPRED para combatir la discriminación en el país. Dicho marco metodológico profundiza en la caracterización de la discriminación como un fenómeno estructural heredado de décadas atrás y en la definición de un modelo de relaciones causales para su abordaje mediante políticas públicas. De esta forma, el PRONAIND consolida un enfoque basado en datos, experiencia acumulada y un sólido marco conceptual, con el propósito de fortalecer las estrategias de prevención de la discriminación en México. El punto de partida legal para entender la discriminación en México se establece en el artículo 1, fracción III, de la LFPED, define como “…toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades…”. Esta definición es fundamental para el andamiaje jurídico, pero requiere una conceptualización que trascienda el plano normativo para anclarse en las dinámicas sociales que producen y reproducen la exclusión. En este sentido, se adopta la conceptualización del sociólogo Patricio Solís, quien define la discriminación como un “Conjunto de prácticas, informales o institucionalizadas, que niegan el trato igualitario o producen resultados desiguales para ciertos grupos sociales y que tienen como consecuencias la privación o el menoscabo en el acceso a los derechos y la reproducción de la desigualdad social"1 Con ello se desplaza el foco de los prejuicios individuales hacia las prácticas, que son observables, medibles y, por lo tanto, susceptibles de ser intervenidas mediante políticas públicas. Esta perspectiva identifica tres rasgos fundamentales para precisar el carácter estructural de la discriminación: 1. Se fundamenta en un orden social que es independiente de las voluntades individuales. No es simplemente la suma de acciones malintencionadas, sino el resultado de reglas, normas y rutinas sociales e institucionales que operan de manera sistémica, a menudo sin que los actores sean conscientes de sus efectos discriminatorios. 2. Se constituye como un proceso de acumulación de desventajas. La discriminación no es un evento único, sino una cadena de exclusiones que se refuerzan mutuamente a lo largo del curso de vida de las personas y que se transmiten entre generaciones. Su persistencia responde a dinámicas históricas, normativas e institucionales que consolidan un sistema de exclusión sistemática, afectando de manera diferenciada a la población. 3. Tiene consecuencias macrosociales en los ámbitos del disfrute de los derechos y la reproducción de la desigualdad social. La discriminación es un fenómeno multidimensional, que no solo afecta a nivel interpersonal, sino que está inserto en la organización social y económica del país. La discriminación estructural organiza y segmenta a la sociedad en su conjunto. Genera una "distribución sistemáticamente injusta de derechos, oportunidades y recursos", creando un sistema de privilegios para los grupos dominantes y de desventajas sistemáticas para los grupos históricamente discriminados. Esto se manifiesta en la concentración de la riqueza, el poder político y el capital cultural en ciertos sectores de la población, mientras otros enfrentan barreras persistentes para su movilidad social. El análisis de la discriminación estructural se fundamenta en la teoría de relaciones causales, que permite identificar y explicar cómo se origina, mantiene y reproduce la exclusión sistemática de ciertos grupos en la sociedad (Gil, 2022).2 Este enfoque resulta fundamental para diferenciar entre factores individuales y estructurales, y así evitar interpretaciones reduccionistas que limiten la comprensión del fenómeno a eventos aislados o a simples interacciones interpersonales de discriminación (Elster, 1989; Rothstein, 1998; Merton, 1949). Bajo esta perspectiva se distinguen tres niveles de causalidad que explican cómo se generan, refuerzan y perpetúan las dinámicas de exclusión: 1 Solis, Patricio. 2017. Discriminación estructural y desigualdad social: con casos ilustrativos para jóvenes indígenas, mujeres y personas con discapacidad [Caja de herramientas], p.27. Consultado el 3 de marzo de 2026 de https://igualdad.cepal.org/es/digital-library/discriminacion- estructural-y-desigualdad-social-con-casos-ilustrativos-para-jovenes. 2 Gil Ruiz, J. M. (2022). Retos jurídicos en la lucha contra la discriminación estructural por razón de sexo: balances y desafíos. Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Protocolo II, pp. 9-40. Consultado el 30 de abril de 2025. https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/25253/24672 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 123 Causas próximas: son las normas, leyes o políticas que establecen diferencias explícitas o implícitas entre grupos, generando desigualdades normativas y administrativas, como las brechas salariales de género, que perpetúan la desigualdad económica entre hombres y mujeres (Rodríguez, 2017). Causas intermedias: se refieren a los procesos institucionales y organizacionales que aplican y refuerzan las normas existentes. Incluyen la discriminación en la aplicación de políticas públicas, la insuficiente representación de grupos históricamente discriminados en espacios de toma de decisiones, y la ausencia de mecanismos de protección efectiva contra la exclusión. Ejemplo de ello, es la persistente subrepresentación de mujeres y personas indígenas en altos cargos gubernamentales (Solís, 2017). Causas profundas o estructurales: Son los factores históricos, económicos, culturales y políticos que han dado origen a la discriminación estructural y han permitido su permanencia. Estas causas son la base sobre la que se asienta la discriminación e incluyen la herencia colonial de los sistemas de estratificación social, la segregación laboral basada en género y etnicidad, la concentración de recursos en determinados sectores poblacionales y la persistencia de prejuicios y estereotipos que legitiman las desigualdades existentes (Merton, 1949; Rothstein, 1998). Estos tres niveles de causalidad interactúan de forma sistemática, consolidando relaciones que afectan a ciertos grupos sociales de manera constante y persistente, y refuerza un esquema de desventajas para los grupos discriminados. Los efectos de la discriminación en México La discriminación tiene un origen estructural e interseccional, dificulta el acceso equitativo a derechos y oportunidades, y da como resultado la reproducción de las desigualdades sociales, afectando la garantía de un acceso universal a los derechos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, a nivel nacional el 23.7%3 de la población de 18 años y más manifestó haber sido discriminada, los principales motivos fueron: la forma de vestir, el peso o la estatura, la clase social, las opiniones políticas, las creencias religiosas, el origen indígena o afrodescendiente, la presencia de alguna discapacidad o enfermedad, entre otros (véase la figura 1).4 FIGURA 1. POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS QUE DECLARÓ HABER SIDO DISCRIMINADA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISCRIMINACIÓN (ENADIS), 2022, REALIZADA POR EL INEGI. 3 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 2022 [Prontuario de Resultados], p. 134. Consultado el 30 de abril de 2025. https://sindis.conapred.gob.mx/wp- content/uploads/2024/05/ENADIS_2022_prontuario_de_resultados.pdf. 4 Ídem, p. 135 y 136. 124 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 La misma fuente refiere que, 20.3%5 de la población de 18 años y más manifestó que se le negó injustificadamente alguno de sus derechos. En los últimos 5 años; las entidades federativas con mayor porcentaje de población de 18 años y más que expresó haber sido víctima de discriminación en los últimos 12 meses fueron: Yucatán (32.2%), Puebla (30.6%), Querétaro (30.6%), Ciudad de México (29.6%) y Jalisco (27.1%) (véase figura 2).6 FIGURA 2. PREVALENCIA DE DISCRIMINACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 2022, realizada por el INEGI. El 24.5% de las mujeres y el 22.8% de los hombres de 18 años y más declararon haber tenido alguna experiencia de discriminación, es decir, que las mujeres sufren más discriminación que los hombres (véase, figura 3). 7 5 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 2022 [Prontuario de Resultados], p. 125. Consultado el 30 de abril de 2025. https://sindis.conapred.gob.mx/wp- content/uploads/2024/05/ENADIS_2022_prontuario_de_resultados.pdf. 6 Ídem, p.134. 7 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 2022 [Prontuario de Resultados], p. 134. Consultado el 30 de abril de 2025. https://sindis.conapred.gob.mx/wp- content/uploads/2024/05/ENADIS_2022_prontuario_de_resultados.pdf. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 125 FIGURA 3. POBLACIÓN QUE MANIFESTÓ HABER SIDO DISCRIMINADA, SEGÚN SEXO Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 2022, realizada por el INEGI. Personas Indígenas y Afrodescendientes De acuerdo con INEGI, 39.28 millones de personas se autoidentifican como indígenas, 30.3%9 de la población nacional; este grupo poblacional enfrenta discriminación por su lengua, vestimenta tradicional, origen étnico y condiciones de pobreza en el país, concentrándose principalmente en Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero. La ENADIS 2022 revela que el 28% de la población indígena y 35.6% de la población afrodescendiente de 12 años y más reportaron haber sido discriminadas en el último año.10 De este porcentaje, 32.9% declaró que la razón fue su peso o estatura, mientras que 30.2% respondió que se debió a su forma de vestir o arreglo personal (tatuajes, ropa, forma de peinarse, perforaciones). Respecto a los datos sobre la percepción de sus derechos: 54% de las personas indígenas (véase, Figura 4) y el 54.6% de las personas afrodescendientes, opinaron que en México sus derechos se respetan algo o mucho (véase, Figura 5), por lo que se requiere seguir sumando acciones que refuercen estas cifras.11 8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. [Comunicado de prensa 115/25], p. 1. Consultado el 22 septiembre de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_PuebIndig_25.pdf 9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2023. [Comunicado de prensa 305/24], p. 2 y 13. Consultado el 22 septiembre de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENADID/ENADID2023.pdf. 10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación, (ENADIS) 2022. [Presentación de resultados], p. 48 y 61. Consultado el 22 de septiembre de 2025.https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf 11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación, (ENADIS) 2022. [Presentación de resultados], p. 40 y 53. Consultado el 22 de septiembre 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf 126 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 FIGURA 4. POBLACIÓN INDÍGENA DE 12 AÑOS Y MÁS POR GRADO DE RESPETO PERCIBIDO EN EL PAÍS HACIA LOS DERECHOS DE SU MISMO GRUPO Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 2022, realizada por el INEGI. FIGURA 5. POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DE 12 AÑOS Y MÁS POR GRADO DE RESPETO PERCIBIDO EN EL PAÍS HACIA LOS DERECHOS DE SU MISMO GRUPO Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 2022, realizada por el INEGI. Para la población indígena, uno de los derechos más vulnerados es el económico: 31.1%12 percibió que se le discrimina mucho al buscar empleo y 21.8%13 reportó que se le negó la oportunidad de trabajar o de obtener un ascenso. Si bien el 60.5%14 de los hablantes de lenguas indígenas son económicamente activos, la participación de las mujeres indígenas (42.8%) es notablemente inferior a la de las mujeres no indígenas (49.5%).15 En el entorno laboral, las mujeres indígenas enfrentan una doble discriminación, no solo por su origen étnico, sino también por su género, tono de piel, forma de vestir o edad, lo que agudiza su vulnerabilidad y limita sus oportunidades de desarrollo profesional y económico. 12 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación, 2022 [Prontuario de Resultados], p. 122. Consultado el 30 de agosto 2025.https://sindis.conapred.gob.mx/wp- content/uploads/2024/05/ENADIS_2022_prontuario_de_resultados.pdf. 13 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación, 2022. [Presentación de resultados], p. 46. Consultado el 20 de septiembre de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf. 14 Instituto Nacional de las Mujeres. (2024). Estadísticas de Población Indígena, p. 1. Consultada el 20 de septiembre 2025. http://estadistica- sig.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Poblacion_indigena.pdf. 15 Instituto Nacional de las Mujeres. Desigualdad en cifras (Año 10, Boletín No. 1 enero 2024), p.1.Consultada el 20 de agosto de 2025. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BN12024.pdf. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 127 Existen brechas de desigualdad en el ámbito educativo y económico, pues mientras que el promedio de escolaridad a nivel nacional es de 10.6 grados para la población no indígena, para el caso de la población indígena este es de apenas 6.5 grados; en el caso de las mujeres indígenas el promedio de escolaridad es de 6.1 grados, en comparación con los 6.9 grados de los hombres indígenas.16 Personas con discapacidad Conforme a los datos de la ENADIS, de las personas con discapacidad de 12 años y más que señalaron que fueron discriminadas en los últimos doce meses, el 51.3% de esta población manifestó que se le respetaron algo o mucho sus derechos17 (véase Figura 6). FIGURA 6. POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS CON DISCAPACIDAD SEGÚN PERCIBE EL RESPETO DE LOS DERECHOS Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 2022, realizada por el INEGI. Discriminación en Mujeres Pese a que representan el 51.7%18 de la población, las mujeres son un grupo que ha experimentado la discriminación estructural en los ámbitos laboral y educativo; así como violencia de género. De acuerdo con la ENADIS 2022, el 37.7%19 de la población de mujeres de 18 años y más opinó que en el país se respetan poco sus derechos, mientras que el 23.4%20 manifestó que se le negó injustificadamente alguno de sus derechos en los últimos cinco años. Esta situación se agrava al considerar un enfoque de género, pues se incluyen las desigualdades persistentes entre mujeres y hombres que no solo son un acto de discriminación, sino también un reflejo de la estructura patriarcal que perdura en la sociedad. La Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo del INEGI reporta que en 2024 las mujeres le dedicaron el 66.8% de su tiempo al trabajo no remunerado de los hogares, mientras que los hombres solo dedicaron el 33.2%.21 16 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Estadísticas a propósito del día internacional de los pueblos indígenas. [Comunicado de prensa 115/25], p. 4. Consultada el 20 de octubre de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_PuebIndig_25.pdf. 17 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación, (ENADIS) 2022, [Presentación de resultados], p. 66. Consultado el 22 de octubre de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf. 18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). [Comunicado de prensa 48/25], p. 1. Consultado el 30 de agosto 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_DiaIntMujer.pdf. 19 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación, (ENADIS) 2022. [Presentación de resultados], p. 142. Consultado el 22 octubre de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf. 20 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación, 2022 [Prontuario de Resultados], p. 122. Consultado el 30 de abril 2025. https://sindis.conapred.org.mx/wp-content/uploads/2024/05/ENADIS_2022_prontuario_de_resultados.pdf. 21 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo, (ENUT) 2024, p. 9. Consultado el 30 de abril 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2024/doc/enut_2024_presentacion_resultados.pdf. 128 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Al dato anterior se suma la existencia de una brecha salarial de género en el mercado laboral donde el salario base promedio de las mujeres es de 537.29 pesos diarios, mientras que, el de los hombres es de 609.59 pesos diarios Comisión Nacional de Salarios Mínimos.22 Las mujeres presentan una tasa de afiliación a los servicios de salud ligeramente mayor (75% frente al 71.8% de los hombres),23 esto se asocia con frecuencia a programas focalizados en salud materna, lo que puede reforzar roles de género tradicionales. Por otro lado, el 23.4% de la población de mujeres de 18 años y más manifestó la negación injustificada de alguno de sus derechos en los últimos cinco años. Esta situación se destaca en la Figura 7, en la que se observa que el 37.7% y el 8.7% de la población nacional consideró que se respetan poco y nada respectivamente, los derechos de las mujeres, reafirmándose la persistencia de una brecha de género en el país.24 FIGURA 7. PERCEPCIÓN SOBRE QUÉ TANTO SE RESPETAN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN MÉXICO Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 2022, realizada por el INEGI. México es un caso de éxito y un referente internacional en materia de paridad de género en la representación legislativa, conforme a lo publicado se da cuenta de que se alcanzó el 50% de escaños para mujeres en la Cámara de Diputados25 y el 51% en el Senado26 tras las elecciones de 2021. Este logro, producto de décadas de lucha feminista y de reformas constitucionales y legales. El CONAPRED a través de su labor institucional y de la información propia que se genera con datos de la labor de atención a quejas que personas peticionarias presentan por presuntos actos discriminatorios, identificó que del periodo de 2022 a 2024,27 los ámbitos laborales, educativo y de salud fueron los que más quejas registraron (véase Figura 8). 22 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. (2024). Creció 12.2 puntos más el empleo formal de las mujeres que de los hombres. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.gob.mx/conasami/prensa/crecio-12-2-puntos-mas-el-empleo-formal-de-las-mujeres-que-de- los-hombres?idiom=e. 23 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s/d). Población según condición de afiliación a servicios de salud y sexo por entidad federativa, 2020. Consultado el 30 de abril de 2025. https://inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Derechohabiencia_Derechohabiencia_01_3e83e8a1-690d-4cfb-8af0- a1e675979b3e#:~:text=Acerca%20del%20INEGI- Poblaci%C3%B3n%20seg%C3%BAn%20condici%C3%B3n%20de%20afiliaci%C3%B3n%20a%20servicios%20de%20salud%20y,Exportar% 20. 24 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022. [Presentación de resultados], p. 142. Consultado 20 agosto de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf. 25 Cámara de Diputados. Integración por Género y Grupo Parlamentario. Consultado el 12 de julio de 2025. https://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/cuadro_genero.php. 26 Senado de la Republica. Senadores en funciones. Consultado el 20 de diciembre de 2025. https://www.senado.gob.mx/66/senadores. 27 Registros administrativos internos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, correspondientes al periodo de vigencia del PRONAIND 2021-2024. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 129 FIGURA 8. QUEJAS CALIFICADAS COMO PRESUNTOS ACTOS DE DISCRIMINACIÓN POR ÁMBITOS Fuente: Elaboración propia con base en el registro de quejas atendidas en el CONAPRED. En este sentido, las entidades con mayores denuncias de quejas por presuntos actos de discriminación son la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León. (véase Figura 9). Sin embargo, esta cifra no solo reflejaría la incidencia de la discriminación, sino también un mayor acceso a la información sobre los mecanismos de denuncia por parte de la población en dichas entidades. La percepción de un acto discriminatorio no siempre se traduce en una queja; la diferencia puede radicar en que, en estos estados, las personas cuentan con más herramientas informativas para iniciar el proceso. FIGURA 9. QUEJAS REPORTADAS SOBRE DISCRIMINACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA Fuente: Elaboración propia con base en el registro de quejas atendidas en el CONAPRED. Los datos analizados permiten identificar ámbitos centrales: salud, educativo y laboral en los que, los efectos de la discriminación estructural limitan el goce de los derechos universales reconocidos por el Estado mexicano. El análisis de la situación de la discriminación y del modelo teórico metodológico, considera a todas las personas que se encuentran en territorio nacional, con énfasis en los grupos poblacionales que han sido históricamente discriminados (mujeres, personas indígenas, afromexicanas y afrodescendientes, con discapacidad, en movilidad, que viven con VIH, de la diversidad sexo genérica, entre otras). A partir de la definición del modelo de intervención para atender el fenómeno de la discriminación estructural, se define como población objetivo a las instancias de la APF, siendo las implementadoras de la política antidiscriminatoria para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas; así como de los grupos históricamente discriminados. 130 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Modelo de intervención El enfoque adoptado para la materia se basa en la teoría causal, su aplicación en el diseño de políticas públicas se estructura dentro de un modelo de intervención, cuyo propósito es transformar los mecanismos que reproducen la discriminación estructural, el cual responde a la necesidad de abordar el fenómeno de manera integral y sistemática. Esta teoría identifica los mecanismos subyacentes que permiten desarrollar un modelo de intervención que actúe sobre las causas estructurales del problema. El modelo de intervención para el derecho a la igualdad y no discriminación debe contar con elementos que sean susceptibles de medición de las problemáticas asociadas a la discriminación (CONAPRED et al. 2018). Para ello, se retoma la propuesta de Solís (2017) que parte de la presencia de prácticas discriminatorias desplegadas en ámbitos organizativo-institucionales que privan el acceso a los derechos y reproducen la desigualdad social. Prácticas discriminatorias Las prácticas discriminatorias se enfocan en comportamientos y conductas que las personas pueden tener hacia otras, quienes ven limitados sus derechos ante un trato desigual. Estas conductas pueden ser registradas y, desde la política pública, son susceptibles de ser desmanteladas a través del diseño de acciones por parte del Estado para combatirlas; así como aquellas normativas institucionales que restringen el acceso de las personas a la igualdad sustantiva (Pelletier, 2014). El presente diagnóstico identificó prácticas discriminatorias que afectan la igualdad sustantiva de las personas en sus distintos trayectos de vida y con un impacto macrosocial. Este análisis permitió definir un esquema que integra los enfoques de “ámbitos institucionales”, “curso/trayecto de vida” y “población con énfasis en grupos históricamente discriminados”, a partir del siguiente procedimiento metodológico:  Definición de ámbitos institucionales: la selección de ámbitos se basó en su relevancia para la desigualdad estructural, considerando información de la ENADIS 202228, bases de datos del CONAPRED, informes de organismos de derechos humanos y estudios especializados publicados por diferentes instituciones, además del CONAPRED.  Identificación de prácticas discriminatorias: esta identificación se limitó a prácticas documentadas en fuentes sólidas, como las bases de datos del CONAPRED, la ENADIS, informes de organismos internacionales y literatura académica especializada. Además, se priorizó a prácticas de carácter sistémico en los ámbitos laboral, educativo y de salud, excluyendo actos aislados o esporádicos. Las prácticas fueron identificadas en aquellas que restringen el acceso, el goce de recompensas y/o beneficios y, movilidad a los servicios y espacios institucionales, y aquellas que generan trato diferenciado dentro de estos ámbitos. Para éstos, se tomó en cuenta la relación de estas prácticas con los principios de igualdad y no discriminación establecidos en organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. En la construcción del esquema de prácticas discriminatorias, se integraron prácticas identificadas en una matriz estructurada por ámbito institucional (laboral, educativo, salud), adicionalmente se define un eje transversal del derecho a la igualdad y no discriminación para el ejercicio de los derechos de las personas; por población; así como por trayectoria de vida (momentos en los que las personas enfrentan discriminación en estos espacios con énfasis en grupos históricamente discriminados). Se organizaron las prácticas documentadas en patrones comunes de acción y se resumieron en meta prácticas con efectos en las personas y con énfasis en grupos históricamente discriminados. Se identificaron las principales causas estructurales, entre ellas:  Restricciones de acceso: barreras que impiden el acceso igualitario a los diferentes ámbitos de vida de las personas.  Restricciones de trato igualitario: diferencias injustificadas dentro del ámbito que afectan el acceso, beneficios, derechos y movilidad. Se diseñó un espectro de prácticas discriminatorias que permite visualizar la información recopilada en un modelo de continuum de discriminación (véase, figura 10):  Prácticas de exclusión estructural.  Factores simbólico-culturales, normativos y organizacionales que las sustentan.  Diferencias en el grado de formalización de las prácticas discriminatorias, desde las no reguladas hasta aquellas institucionalizadas en arreglos normativos. 28 Para más información, visitar el Sistema Nacional de Información sobre Discriminación, disponible en: https://sindis.conapred.gob.mx/estadisticas/enadis/ Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 131 El modelo propuesto permite identificar los efectos más extendidos de la discriminación en los ámbitos priorizados y facilita el diseño de estrategias para su desmantelamiento. A partir de lo anterior, se presenta el problema público para cada uno de los ámbitos: FIGURA 10. ESQUEMA DE PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS Fuente: Elaboración propia con base en el Seminario que se desarrolló para la construcción del PRONAIND 2021-2024. Salud En México, se trabaja para contrarrestar la discriminación estructural en los servicios de salud, manifestada en restricciones al acceso, trato desigual y una atención que no es culturalmente competente, afectando gravemente a las personas según su apariencia física, origen étnico, condición socioeconómica, identidad de género y lugar de residencia, entre otras, siendo más visible en comunidades indígenas, rurales, personas racializadas y de la diversidad sexogenérica. El objetivo de CONAPRED es la coordinación con la APF para garantizar el acceso universal, efectivo y libre de discriminación a los servicios de salud, mediante la implementación de protocolos de atención con perspectiva intercultural y de derechos humanos, la capacitación obligatoria del personal y la eliminación de todas las barreras que impiden una atención digna y de calidad para toda la población. Educación El objetivo de CONAPRED es la coordinación con la APF para la construcción de un sistema educativo inclusivo y equitativo que asegure el acceso, la permanencia y la conclusión de los estudios para todas las personas, mediante la erradicación de barreras físicas y actitudinales, la adecuación de los planes de estudio, la formación docente especializada y la promoción de entornos seguros que valoren la diversidad. Laboral El problema público en el mercado laboral son las prácticas excluyentes y discriminatorias que vulneran el derecho al trabajo digno. Estas se expresan en barreras de acceso al empleo, segregación ocupacional, desigualdad salarial, acoso laboral y la falta de ajustes razonables, afectando principalmente a las personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, adultos mayores y aquellos con identidades y apariencias diversas. El objetivo del CONAPRED es la coordinación con la APF para que el ámbito laboral sea inclusivo y con igualdad de oportunidades, a través de la erradicación de requisitos discriminatorios en los procesos de contratación, la incentivación de la inclusión de personas con discapacidad, la promoción de entornos libres de violencia y la garantía de que el mérito y la capacidad debidamente contextualizados sean los únicos criterios para el desarrollo profesional. 132 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Igualdad y no discriminación (Transversal) El problema central de la discriminación estructural es la normalización a través de las prácticas discriminatorias, la cual se agudiza con la interseccionalidad de las identidades, condiciones y el lugar de residencia de las personas. Quienes viven en pobreza, pertenecen a comunidades indígenas o afromexicanas, tienen una discapacidad, una identidad de género u orientación sexual diversa o residen en zonas marginadas, enfrentan mayores obstáculos para ejercer sus derechos, lo que profundiza la desigualdad y limita su desarrollo integral. El objetivo del CONAPRED es la coordinación con la APF para transversalizar la perspectiva de no discriminación e igualdad en todas las políticas y programas públicos, fortaleciendo el marco normativo, impulsando campañas de cambio cultural y garantizando que todas las personas accedan a sus derechos y vivan sin discriminación. El PRONAIND 2026-2030 se complementa con programas, como son el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Antecedentes y experiencias del Programa de Igualdad y No Discriminación 2021-2024 El PRONAIND 2021-2024, documento de planeación encargado de regir la política en materia de igualdad y no discriminación, fue implementado por las instancias de la APF como obligación transversal de respetar, proteger y garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación. El análisis del Programa anterior permitió identificar avances, limitaciones y resultados en el actuar, los cuales constituyen un conjunto de aprendizajes útiles para definir nuevas líneas de acción, así como de continuidad orientadas al desmantelamiento progresivo de las prácticas discriminatorias en el país. A partir de los informes del PRONAIND 2021-202429 fue posible identificar los avances en ámbitos clave. Esta información proporciona un panorama general de algunas de las medidas implementadas en materia de armonización normativa e instrumentos de política pública en materia de igualdad y no discriminación en México. Además, se identificaron áreas de oportunidad en los ámbitos de implementación, como en el ámbito de la salud; en el que se observa la necesidad de dar continuidad al desarrollo de modelos de atención a grupos poblacionales discriminados; así como realizar diagnósticos periódicos que permitan identificar y abordar las desigualdades estructurales que imposibilitan el acceso sin distinción alguna a los servicios de salud. En el ámbito educativo, es importante promover acciones que reduzcan el acoso escolar, sobre todo en educación básica; así como el impulso de medidas de inclusión, nivelación y acciones afirmativas para garantizar el acceso, permanencia, progresión escolar y egreso sin discriminación. Asimismo, en materia laboral resulta necesario fortalecer los mecanismos de observancia para proteger los derechos laborales de las personas, a fin de favorecer el acceso al trabajo de grupos discriminados. Si bien estas áreas de oportunidad refieren al anterior Programa, es posible observar la persistencia de brechas estructurales que enfrentan las personas en su vida cotidiana, como el acceso a créditos para la adquisición de una vivienda digna; la negación del derecho a la renta de un lugar para vivir, que enfrentan las personas indígenas y afrodescendientes.30 La discriminación estructural también afecta regiones; por ejemplo, en el sur del país las comunidades indígenas son afectadas por discriminación derivada, entre otros motivos, por su lengua, vestimenta y cultura. Estas desigualdades se ven reflejadas en un menor desarrollo de infraestructura de centros de atención médica, educativos, entre otros. Esto conlleva a brechas, como es en el caso de acceso a la conectividad a internet, siendo los estados de Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur los de mayor conectividad, mientras que estados como Oaxaca y Chiapas son los de menor acceso a internet.31 Si bien, estas brechas de desigualdad han tenido avances en su reducción, aún persisten áreas de oportunidad para que las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad en todos los ámbitos y trayectos de vida. 29 Para revisar los resultados completos, véase el sitio oficial del PRONAIND. Consultado el 20 de mayo de 2025.https://sindis.conapred.gob.mx/wp-content/uploads/2024/08/PRONAIND-InformeAvancesResultados_2023_2024.pdf. 30 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación, (ENADIS) 2022. [Presentación de resultados], p. 46 y 59. Consultado el 15 de mayo de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf 31 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, p. 10. [Reporte de Resultados 9/25]. Consultado el 20 de agosto de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24_RR.pdf. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 133 Formulación del PRONAIND 2026-2030 Para la integración del PRONAIND 2026-2030, se realizaron mesas de trabajo interinstitucionales con el sector salud, educativo y laboral; así como con instancias de la APF claves en el desmantelamiento de prácticas discriminatorias en la vida de las personas. En el ámbito de la salud se contó con la participación de personas representantes de Salud, entre ellas, de direcciones generales y unidades, incluyendo la de género, salud mental, normatividad, salud digital y medicina tradicional. Se discutieron los principales retos y propuestas para garantizar el acceso a servicios de salud sin discriminación, con énfasis en los grupos históricamente discriminados, destacando: la necesidad de actualizar el marco normativo, el fortalecimiento de protocolos médicos con enfoque de igualdad, el acceso igualitario a medicamentos y servicios especializados, la importancia de la desagregación de datos para visibilizar y atender a poblaciones como son las personas afromexicanas, las personas con discapacidad, y personas de la diversidad sexual, así como el reconocimiento de la violencia obstétrica como una forma de discriminación que sufren las mujeres en centros de salud y hospitales. La discusión se llevó a cabo con una visión estratégica centrada en la desestructuración de prácticas discriminatorias en el sector salud. En materia educativa se contó con la participación de personas de diferentes instituciones, como la CONAFE, la Subsecretaría de Educación Media Superior y, otras instituciones vinculadas a la educación indígena, especial e intercultural. Destacó la importancia de construir un sistema educativo que adopte el principio de igualdad y no discriminación como eje fundamental del PRONAIND 2026-2030. Se contextualizó las manifestaciones de discriminación en el ámbito escolar, haciendo énfasis en los obstáculos que enfrentan niñeces indígenas, personas con discapacidad, personas en movilidad o con otras trayectorias educativas. En el debate se compartieron experiencias, programas y estrategias en curso, alineadas con los objetivos y líneas de acción del programa. Se destacaron puntos clave, como es la infraestructura educativa y pertinencia cultural, la educación inclusiva, la currícula con enfoque de derechos, proyectos comunitarios y experiencias exitosas. En las mesas de trabajo y transversal se hizo énfasis en impulsar la inclusión de personas con discapacidad, comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres y personas con orientación sexual no normativa, destacando la necesidad de mecanismos de difusión para llegar a comunidades rurales; además se estableció promover la certificación de la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 como adopción de buena práctica. El trabajo de las mesas impulsó la articulación de políticas públicas inclusivas; así como acuerdos que reflejen el avance hacia la transversalización de la no discriminación en todas las instituciones, con énfasis en datos desagregados, accesibilidad y colaboración interinstitucional. A partir de la suma de los trabajos anteriormente, se establecieron los objetivos del PRONAIND 2026-2030, buscando desarticular prácticas discriminatorias que producen la desigualdad. Asimismo, las estrategias y líneas de acción se diseñaron para abordar de manera específica las formas de discriminación en cada uno de estos ámbitos, garantizando una respuesta integral y articulada para caminar hacia una sociedad igualitaria y sin discriminación. En este sentido, este PRONAIND 2026-2030 se alinea al Eje General 1 del PND 2025-2030: Gobernanza con justicia y participación ciudadana, a su objetivo 1.2: Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación, así como a su estrategia 1.2.2: Erradicar prácticas discriminatorias que generan exclusión y desigualdad, garantizando los derechos de las minorías y grupos históricamente discriminados. Además, se rige bajo el Principio del Humanismo Mexicano, en el que se reconoce que las desigualdades implican injusticia y se condena el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación, reconociendo que ante la ley no existen diferencias. El PRONAIND 2026-2030 adopta el principio de igualdad sustantiva e inclusión, enfocado a garantizar el ejercicio pleno de los derechos en todos los ámbitos de la vida, mediante políticas y acciones que transformen las estructuras de discriminación y exclusión, alineándose con los marcos normativos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Por lo anterior, se propone la articulación de una política pública antidiscriminatoria en el país, que permitirá el ejercicio pleno de los derechos de las personas en ámbitos como el de salud, educación, trabajo y transversal. Esto mediante el desmantelamiento de las prácticas discriminatorias a nivel estructural. 134 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Visión de largo plazo Para el 2030, se prevé lograr avances significativos en la sensibilización de las personas y en la prevención de la discriminación en México. Ello a partir de la capacitación en materia de no discriminación a las personas servidoras públicas, del fortalecimiento de la normativa para leyes más inclusivas, así como promoviendo un enfoque diferenciado que reconozca los diferentes contextos de las personas con pertinencia y pertenencia cultural, en el que las personas son diferentes pero iguales en derechos. Se fortalecerán los mecanismos institucionales en el accionar de la APF, robusteciendo la política pública antidiscriminatoria que permita a las personas ejercer sus derechos de manera efectiva, respetando su pertinencia cultural, diversidad sexogenérica, nacionalidad, edad, condición física o cualquier otro rasgo individual. Ello en alineación con el PND de combatir toda forma de discriminación, clasismo, racismo y machismo, y el objetivo 13 del Plan de México hacia el 2030 de disminuir la desigualdad. En un horizonte de 20 años, el PRONAIND habrá consolidado una transformación profunda y sostenida para la construcción de una sociedad igualitaria donde la población mexicana pueda ejercer sustantivamente sus derechos sin discriminación. Se habrá alcanzado un México donde la discriminación estructural habrá sido significativamente desmantelada, garantizando la igualdad y no discriminación para todas las personas especialmente para los grupos históricamente discriminados. 6. Objetivos Los objetivos que conforman el PRONAIND 2026-2030 consideran ámbitos centrales en la vida de las personas en los cuales se percibe vulneración de derechos. Estos se componen de una serie de estrategias que a su vez articulan acciones puntuales con el fin de prevenir y desmantelar prácticas discriminatorias en los ámbitos de salud, trabajo, educación, así como el fortalecimiento del marco institucional y las políticas públicas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la igualdad, con enfoque interseccional en la APF. Objetivos del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2026-2030 1.- Fortalecer el marco institucional y las políticas públicas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la igualdad, mediante la incorporación de una perspectiva de derechos humanos y no discriminación con enfoque interseccional en toda la Administración Pública Federal. 2.- Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito de la salud. 3.- Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito educativo. 4.-Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito laboral. 6.1 Relevancia del objetivo 1: Fortalecer el marco institucional y las políticas públicas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la igualdad, mediante la incorporación de una perspectiva de derechos humanos y no discriminación con enfoque interseccional en toda la Administración Pública Federal. La discriminación es un fenómeno estructural que limita el acceso en condiciones de igualdad a derechos y oportunidades. Esta se desarrolla de manera transversal en las trayectorias de vida de la población, afectando con mayor intensidad a los grupos históricamente discriminados. Dichas estructuras se consolidaron o profundizaron durante los regímenes neoliberales (1982-2018), cuyo modelo de desarrollo fue omiso ante las causas de la exclusión y perpetuó las desigualdades. Por ello, la evidencia demuestra la necesidad de una política nacional que, superando el enfoque reactivo del periodo neoliberal transforme de raíz las estructuras que originan y perpetúan la discriminación. De acuerdo con la ENADIS 2022, el 23.7%32 de la población de 18 años y más reportó que fue objeto de discriminación en el último año. La transversalidad de estas prácticas exige una estrategia articulada de alcance nacional para impedir que las brechas de desigualdad se sigan reproduciendo. El análisis de datos permite identificar ejes clave a través de los cuales opera la discriminación estructural: 32 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación, 2022 [Presentación de Resultados], p. 173. Consultado el 14 de agosto de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 135 Componente Étnico-Racial y Socioeconómico. El tono de piel es un factor determinante de la desigualdad. La ENADIS 2022 documenta que mientras el 28.5%33 de las personas con tonos de piel más oscuros pertenecen al estrato socioeconómico más bajo, solo el 14.1% se ubica en el más alto. Persistencia de los Estereotipos de Género: Modificar las creencias arraigadas sobre los roles de género es una tarea que requiere continuidad. Actualmente, el 16.9% de la población aún considera que las mujeres deben asumir la mayor parte de las tareas domésticas.34 Esta creencia refuerza la distribución desigual del trabajo de cuidados y limita directamente la autonomía económica y profesional de las mujeres. Asimismo, el estancamiento en la aceptación de licencias parentales igualitarias (que apenas avanzó del 80.3% en 2017 al 80.7% en 2022)35 evidencia las barreras culturales que obstaculizan la igualdad sustantiva. Impacto desproporcionado de la discriminación. La discriminación golpea de forma desproporcionada a los grupos históricamente vulnerados. Es en estas poblaciones donde se observa la brecha más amplia entre el reconocimiento jurídico de sus derechos y su ejercicio efectivo en la vida diaria. Personas indígenas: Este grupo, que representa 39.2 millones de personas que se identifican como indígenas, enfrenta diversos obstáculos. Aunque 7.4 millones de personas hablan una lengua indígena, muy pocos acceden a servicios públicos en su lengua. Esta situación, que se extiende a servicios turísticos y otros ámbitos cotidianos, contraviene marcos normativos y perpetúa la exclusión.36 Personas con discapacidad: Representan el 7.3% de la población (9.5 millones de personas).37 Los principales obstáculos son la falta de infraestructura adecuada (31.9%), el alto costo de terapias (21.7%) y la dificultad para encontrar empleo (15.8%). La exclusión se extiende a espacios de esparcimiento, ya que pocos recintos turísticos cuentan con la accesibilidad necesaria.38 Percepción social de exclusión: La percepción pública confirma la vulnerabilidad de ciertos grupos. Cerca de ocho de cada 10 personas consideran que se respetan poco o nada los derechos de las personas en situación de calle. Esta percepción es similar para jornaleras agrícolas (64.8%), personas trans (61.6%) y personas migrantes (60.6%),39 esto evidencia que las intervenciones fragmentadas son ineficaces ante un sistema de profundo arraigo histórico y estructural. Por lo anterior, el Objetivo 1 se convierte en el eje estratégico fundamental del PRONAIND 2026-2030. Este se alinea con el Eje "Gobernanza con justicia y participación ciudadana" del PND 2025-2030, que busca dirigir una política de Estado para promover los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación; ésta no se limita a atender los efectos, sino que busca modificar las causas de la discriminación mediante una política nacional que articule esfuerzos en los ámbitos normativo, institucional y cultural. Avanzar hacia esta política nacional implica consolidar mecanismos que aseguren el acceso justo e igualitario a derechos y oportunidades para todas las personas. Para ello, es indispensable fortalecer las capacidades institucionales con medidas que incorporen la accesibilidad universal, la interculturalidad, la perspectiva de género y la justicia redistributiva. Asimismo, se deben construir políticas públicas con un enfoque diferenciado e interseccional, basadas en datos desagregados, para visibilizar el problema y desmantelar eficazmente las prácticas discriminatorias. 33 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación, 2022 [Prontuario de Resultados], p. 64. Consultado el 30 de abril de 2025. https://sindis.conapred.gob.mx/wp-content/uploads/2024/05/ENADIS_2022_prontuario_de_resultados.pdf. 34 Ídem., p. 88. 35 Ídem., p. 77. 36 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Estadísticas a Propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2025, [Comunicado de prensa 115/25] p. 1. Consultado el 14 de octubre de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_PuebIndig_25.pdf. 37 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Estadísticas a Propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, p. 1. [Comunicado de prensa 151/25]. Consultado el 20 de diciembre de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_PersDiscap_25.pdf. 38 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación, 2022. [Prontuario de Resultados], p. 120. Consultado el 28 de agosto de 2025. https://sindis.conapred.gob.mx/wp- content/uploads/2024/05/ENADIS_2022_prontuario_de_resultados.pdf. 39Ídem., p. 72. 136 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 6.2 Relevancia del objetivo 2: Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito de la salud. El marco jurídico mexicano, que incluye el artículo 4o. de la CPEUM y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho a la protección de la salud como un pilar del bienestar. No obstante, existen áreas de oportunidad para garantizar su ejercicio universal. La ENADIS 2022 indica que un 38.5%40 de la población de 18 años y más reportó la negación de su derecho a la atención médica o a medicamentos en los últimos cinco años. Esta cifra evidencia la necesidad de fortalecer la prestación de servicios y de remover las barreras y prácticas que dificultan el acceso efectivo a la salud para toda la población para garantizar el derecho a la protección de la salud, con un enfoque de acceso universal para cerrar brechas de calidad y oportunidad, protegiendo el Bienestar físico, mental y social de la población, conforme a lo establecido en el Eje general 2 del PND 2025-2030 "Desarrollo con Bienestar y humanismo". La discriminación en el sistema de salud mexicano es un fenómeno complejo que se manifiesta de manera estructural, y no solo a través de actos individuales. Una de sus fuentes principales es la propia segmentación del sistema, basada en la condición laboral, la cual funciona como un mecanismo de discriminación estructural indirecta. A esta discriminación estructural se suman profundas barreras geográficas y culturales que se intersecan, afectando desproporcionadamente a ciertas poblaciones. Históricamente, las regiones del sur y las comunidades rurales e indígenas han enfrentado una menor inversión en infraestructura y personal de salud. Esta distribución desigual es el resultado de políticas que han perpetuado el abandono de ciertas regiones, lo que constituye una forma de discriminación territorial que impide que millones de personas accedan a servicios de salud oportunos y culturalmente pertinentes. Para romper con esa inercia de olvido, a partir de 2018 la Cuarta Transformación reorientó las prioridades del Estado, colocando el bienestar social en el centro de la planeación nacional. Hoy, la inversión pública se despliega con un sentido de justicia territorial, llegando finalmente al sur y a las comunidades que el modelo neoliberal condenó al rezago. Proyectos estratégicos como el Tren Maya, la Refinería Olmeca en Dos Bocas y el Corredor Interoceánico trascienden su función técnica como obras de infraestructura; representan el motor para saldar una deuda histórica y devolverle la dignidad a regiones que fueron sistemáticamente excluidas del desarrollo. Este esfuerzo se acompaña del rescate de clínicas y hospitales en obra negra o en ruinas, rehabilitándolos y equipándolos para que la salud deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho para todas y todos. En el caso de las mujeres, se invisibiliza la discriminación que enfrentan en el acceso a servicios de salud no reproductivos y la vulnerabilidad de los hombres en empleos informales sin seguridad social. Finalmente, en la interacción directa con los servicios, las prácticas discriminatorias se hacen explícitas. El Instituto Nacional de Salud Pública (2024) documentó que, más allá de la afiliación, un 21% de las personas no se atienden en servicios públicos debido a la mala calidad percibida.41 A estas barreras tradicionales se suma la brecha digital como una nueva frontera de exclusión. Aunque el 83.1% de la población usa internet42, la transición hacia la digitalización de citas, expedientes y consultas sin políticas de inclusión efectivas amenaza con dejar atrás a personas mayores, con bajo nivel educativo o sin acceso a tecnología, convirtiendo una herramienta de modernización en un nuevo mecanismo de discriminación. Es imperativo generar datos específicos sobre cómo esta brecha digital afecta el acceso a la salud para poder diseñar políticas públicas que mitiguen este riesgo. En conclusión, las prácticas discriminatorias en el ámbito de la salud son un fenómeno multifactorial, que ahora se expande al ámbito digital. Esta situación transgrede los derechos, reproduce la desigualdad social y justifica la urgencia de este objetivo, el cual busca implementar acciones integrales para construir un sistema de salud verdaderamente incluyente, con enfoque diferenciado y universal. 40 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación, (ENADIS) 2022. [Presentación de Resultados], p. 181. Consultado el 28 de agosto de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf. 41 Instituto Nacional de Salud Pública. (2024). Utilización de servicios públicos de salud en México: Uno de los retos críticos del sistema de salud. Consultado el 12 de noviembre de 2025. https://www.insp.mx/informacion-relevante/utilizacion-de-servicios-publicos-de-salud-en- mexico-uno-de-los-retos-criticos-del-sistema-de-salud 42 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, (ENDUTIH) 2023. [Reporte de Resultados 9/25], p. 3. Consultado el 15 de agosto de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24_RR.pdf. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 137 6.3 Relevancia del objetivo 3: Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito educativo. En el plano internacional, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y las directrices de organismos como la UNESCO (2022) y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2020), orientan los esfuerzos globales hacia una educación inclusiva y equitativa. En consonancia con este marco y para refrendar su compromiso con el Bienestar de la población, el Estado mexicano establece como una prioridad reducir las prácticas discriminatorias en el ámbito educativo, a fin de garantizar condiciones de igualdad sustantiva. En las últimas décadas se logró un avance sostenido en la cobertura educativa; sin embargo, persisten brechas relevantes entre niveles educativos. De acuerdo con datos del ciclo escolar 2024-2025, la tasa neta de escolarización en educación primaria se mantuvo elevada, con una cobertura del 94.5%, mientras que en educación preescolar fue de 63.6%, en secundaria de 82.2% y en el tipo medio superior fue de 62.7%.43 A pesar de los avances en cobertura educativa, la eficiencia terminal en México continúa mostrando importantes desafíos conforme se avanza hacia niveles superiores. Durante el ciclo escolar 2023-2024, el 97.3%44 del estudiantado concluyó la educación primaria, lo que refleja un sistema relativamente consolidado en esta etapa. Sin embargo, se requiere dar continuidad a los programas sociales del Gobierno de México como las becas que se otorgan a las y los jóvenes con la intención de asegurar que sigan su vida escolar. Además, existe una desigualdad en las entidades federativas respecto al grado promedio de años cursados, mientras que, en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, el promedio es de 8.2, 8.8 y 8.6 años respectivamente, en la Ciudad de México el promedio es de 11.8 años.45 Las disparidades territoriales agravan esta situación: mientras entidades como Baja California Sur reportaron una eficiencia terminal de 96.7% en secundaria y 80.5% en media superior en el ciclo 2023-2024, lo que representa los porcentajes más altos del país, estados como Michoacán y Ciudad de México registraron algunas de las tasas más bajas, con 83.5 por ciento en secundaria y 67.2% en media superior, respectivamente.46 En México, en 2022 había 2.2 millones de personas de 3 a 24 años hablantes de lengua indígena y para atenderlas existen mil 949 escuelas de nivel inicial, nueve mil 906 de preescolar y 10 mil 311 de primaria de tipo indígena (CONEVAL, 2024c). Por lo anterior, la infraestructura y recursos en estas escuelas deben ser suficientes para evitar perpetuar la desigualdad.47 Bajo el Eje General de Desarrollo con Bienestar y humanismo se busca fortalecer el derecho a la educación, mediante el desarrollo de acciones y apoyos para garantizar el ingreso, permanencia, orientación vocacional y conclusión de trayectorias educativas en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones del Sistema Educativo Nacional (SEN), con perspectiva de género y pertinencia cultural, ello en el marco del PND 2025-2030. La construcción de un sistema educativo inclusivo requiere seguir fortaleciendo los marcos institucionales que favorezcan el acceso, la permanencia y la conclusión de trayectorias escolares sin discriminación. Esto implica atender las necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, generar entornos de aprendizaje accesibles y sin violencia escolar, además de, promover contenidos formativos que valoren la diversidad y fomenten el respeto. Una acción educativa integral también considera la participación de las familias, el personal docente y la comunidad en general, como actores clave para garantizar una educación incluyente y culturalmente pertinente. 43 Secretaría de Educación. (2025). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025, pp. 23, 27, 31 y 35. Consultado el 14 de noviembre de 2025. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025_bolsillo.pdf. 44 Ídem., p. 75. 45 Secretaría de Educación. (2025). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025, pp. 89, 99, 115 y 93. Consultado el 14 de noviembre de 2025. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025_bolsillo.pdf. 46 Ídem., pp. 81, 93 y 107. 47 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2024). Evaluación integral de la Política Social Vinculada al derecho a la educación 2023-2024, p. 35. Consultado el 15 de mayo de 2025. https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/Politicas/EID/Paginas/Integrales_2023-2024.aspx. 138 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 6.4 Relevancia del objetivo 4: Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito laboral. El derecho al trabajo, consagrado en el artículo 123 constitucional, constituye un prerrequisito para la inclusión social y la autonomía económica de las personas. No obstante, el análisis del mercado laboral mexicano revela la existencia de factores estructurales y prácticas institucionalizadas que generan asimetrías significativas en el acceso, la permanencia y la calidad del empleo, limitando el ejercicio pleno de este derecho. Conforme a las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en noviembre de 2025, la tasa de participación en la fuerza laboral por parte de los hombres fue de 74.6%, en tanto que la de mujeres fue de 45.1%.48 La población joven registró una tasa de desocupación del 34.7% en noviembre de 2025.49 La población indígena presenta una menor inserción en el empleo formal (34.1%) frente a la no indígena (64.4%) y una sobrerrepresentación en el trabajo no remunerado (14.7% frente a 2.6%).50 El acoso y la violencia laboral son fenómenos con una alta prevalencia que deterioran el capital humano y la productividad organizacional. Esto subraya la necesidad de fortalecer la implementación de instrumentos normativos como la NOM-035-STPS-2018 y de alinear la legislación nacional con el Convenio 190 de la OIT para prevenir y sancionar la violencia en el mundo del trabajo.51 La percepción de discriminación, capturada por encuestas nacionales, complementa el análisis de las brechas objetivas. Según la ENADIS 2022, el 31.1% de la población indígena y el 44.9% de las personas con discapacidad perciben un alto índice de discriminación al buscar empleo.52 Estos datos sugieren un desajuste entre las competencias de los individuos y los criterios de selección, que pueden estar mediados por sesgos y estereotipos que impiden una valoración objetiva del mérito, los cuales deben seguir siendo atendidos. El impulso a un entorno laboral más igualitario se consolida mediante políticas públicas que integren la perspectiva de género y reconozcan las condiciones diferenciadas que atraviesan diversos grupos poblacionales. Resulta fundamental adecuar los marcos normativos, fortalecer las capacidades institucionales y promover ambientes laborales donde prevalezca el respeto a los derechos y la corresponsabilidad. El fortalecimiento de mecanismos para prevenir la discriminación y mejorar la calidad del empleo requiere de información desagregada que permita identificar brechas, así como de acciones que fomenten la cultura organizacional basada en inclusión y reconocimiento de la diversidad. En suma, la discriminación en el ámbito laboral es un fenómeno multidimensional que se expresa a través de asimetrías en el acceso, la segmentación y estratificación del empleo, y la prevalencia de factores de riesgo psicosocial. Abordar estas barreras no es solo un imperativo de justicia social, sino también un prerrequisito para el desarrollo del capital humano, el fortalecimiento del mercado interno y la cohesión social del país. 48 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. [Indicadores de Ocupación y Empleo 732/25], p. 4 Consultado el 27 diciembre 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/iooe/IOE2025_12.pdf. 49Ídem., p. 7. 50 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2022). Estudio diagnóstico del derecho al trabajo 2022, p. 55. Consultado el 27 de agosto de 2025. https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Diagnostico_Trabajo_2022.pdf. 51 Organización Internacional del Trabajo, Convenio 190. El enfoque integral, inclusivo, y con perspectiva de género para atender la violencia y el acoso sexual en el lugar de trabajo. Consultado el 30 de mayo de 2025. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/882392/Convenio_190_OIT.pdf. 52 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación, (ENADIS) 2022 [Prontuario de Resultados], p. 122 y 123. Consultado el 30 de mayo de 2025. https://sindis.conapred.gob.mx/wp- content/uploads/2024/05/ENADIS_2022_prontuario_de_resultados.pdf. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 139 6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Igualdad y No Discriminación 2026-2030 Objetivos del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2026 - 2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 1. Fortalecer el marco institucional y las políticas públicas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la igualdad, mediante la incorporación de una perspectiva de derechos humanos y no discriminación con enfoque interseccional en toda la Administración Pública Federal. 1.2 1.2.1 1.2.2 2. Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito de la salud. 1.2 T1.1 1.2.2 T1.1.6 3. Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito educativo. 1.2 2.3 T1.1 1.2.2 2.3.4 T1.1.2 T1.1.6 4. Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito laboral. 1.2. 3.2 T1.1 1.2.2. 3.2.1. 3.2.4 T1.1.5. 7. Estrategias y líneas de acción El PRONAIND 2026-2030 articula un conjunto de estrategias y líneas de acción orientadas a enfrentar las causas estructurales de la discriminación en México. Estas se diseñaron a partir del diagnóstico integral del problema, y buscan incidir de manera transversal en los distintos ámbitos donde se ejerce y garantiza el acceso a derechos. A través de ellas, se promueve un enfoque de igualdad sustantiva que reconoce la necesidad de transformar no solo los marcos legales y normativos, sino también las prácticas institucionales, los sistemas de información, la producción de conocimiento y los patrones culturales que sostienen la exclusión. Cada estrategia parte de una lógica de intervención intersectorial que permite coordinar esfuerzos entre instituciones del Estado mexicano, con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno de derechos a todas las personas, particularmente a quienes han enfrentado históricamente barreras para acceder a ellos. Desde esta perspectiva, se propone fortalecer la normatividad, mejorar los instrumentos de política pública, ampliar las capacidades institucionales, y fomentar procesos de sensibilización social, con el objetivo de generar condiciones efectivas para la inclusión, la justicia y la no discriminación. Este enfoque integral busca, en suma, transformar tanto las estructuras como las prácticas que reproducen desigualdades, partiendo del reconocimiento de la diversidad de la sociedad mexicana y de la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de los derechos humanos con equidad, pertinencia cultural y justicia social. 140 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivo 1. Fortalecer el marco institucional y las políticas públicas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la igualdad, mediante la incorporación de una perspectiva de derechos humanos y no discriminación con enfoque interseccional en toda la Administración Pública Federal. Estrategia 1.1 Armonizar el marco jurídico y normativo en los tres niveles de gobierno para garantizar la igualdad y eliminar la discriminación, mediante la actualización de leyes, protocolos y mecanismos de protección con enfoque de derechos humanos y no discriminación. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.1 Revisar disposiciones que resulten discriminatorias, mediante la promoción de reformas al marco jurídico conforme a los más altos estándares internacionales. BUEN GOBIERNO, CONAPRED, ENERGÍA, GOBERNACIÓN, INPI, MARINA, SALUD, TRABAJO, TURISMO 1.1.2 Promover una atención prioritaria, accesible y de calidad hacia las personas y grupos históricamente discriminados, mediante la implementación de protocolos y guías de actuación con perspectiva de no discriminación en todas las dependencias y entidades de la APF. BUEN GOBIERNO, CEAV, CONAPRED, ENERGÍA, GOBERNACIÓN, IMSS, INPI, ISSSTE, MUJERES, RELACIONES EXTERIORES, SALUD, SNDIF, TRABAJO, TURISMO 1.1.3 Promover la aplicación de los más altos principios en materia de igualdad y no discriminación en todo el país, mediante la armonización de la legislación, local con la LFPED. CONAPRED, GOBERNACIÓN 1.1.4 Promover la garantía del respeto a los derechos humanos y la no discriminación en las operaciones de instituciones de seguridad, mediante la revisión y actualización de su normativa interna. BUEN GOBIERNO, CONAPRED, DEFENSA, GOBERNACIÓN, SEGURIDAD 1.1.5 Ampliar el catálogo de motivos protegidos, incluyendo la identidad y expresión de género, mediante el impulso de reformas a la LFPED. CONAPRED, GOBERNACIÓN 1.1.6 Garantizar el ejercicio de derecho sin discriminación de las personas y de los grupos históricamente discriminados53 en sus ámbitos de vida, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de protección establecidos en la LFPED. CONAPRED, GOBERNACIÓN, MUJERES Estrategia 1.2 Fortalecer las capacidades institucionales de las dependencias y entidades de la APF para la incorporación de la perspectiva antidiscriminatoria en su quehacer cotidiano, mediante la profesionalización y sensibilización de las personas servidoras públicas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.1 Fortalecer la sensibilización sobre igualdad y no discriminación para el personal de la APF, a través de la implementación de un programa obligatorio y permanente que contemple capacitaciones virtuales y presenciales. BUEN GOBIERNO, CONAPRED, ENERGÍA, GOBERNACIÓN, INAPAM, RELACIONES EXTERIORES, SALUD 1.2.2 Sensibilizar al personal de las áreas de comunicación social en el uso de lenguaje incluyente y no sexista, así como en la prevención de la difusión o reproducción de prejuicios o estereotipos, mediante cursos especializados en la materia. CONAPRED, ENERGÍA, GOBERNACIÓN, MUJERES, RELACIONES EXTERIORES, SALUD 53 De acuerdo con el CONAPRED, se entiende por grupos históricamente discriminados a los siguientes: mujeres, personas indígenas, personas afromexicanas y afrodescendientes, personas con discapacidad, personas de la diversidad Sexogenérica, niñeces y juventudes, personas mayores, entre otras poblaciones. Para más información al respecto se puede consultar Salgado, C., y Ventura, E. (2025). Protocolo de Atención Prioritaria, Accesible y de Calidad a Grupos Históricamente Discriminados. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. https://www.conapred.gob.mx/assets/publicaciones/docs/Protocolo%20de%20atencion%20prioritaria_FINAL.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 141 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.3 Capacitar al personal de los órganos internos de control en la identificación e investigación de actos de discriminación, mediante la realización de cursos que les permita reconocer acciones y conductas, discriminatorias. BUEN GOBIERNO, CONAPRED, ENERGÍA, GOBERNACIÓN 1.2.4 Promover una atención sin discriminación en la prestación de bienes y servicios públicos a personas indígenas (nacionales o extranjeras) y afromexicanas, mediante la adopción de protocolos de atención desde un enfoque diferenciado. BIENESTAR, CONAPRED, ENERGÍA, GOBERNACIÓN, INPI, MUJERES, SALUD, SNDIF 1.2.5 Garantizar la prestación de bienes y servicios públicos sin discriminación, mediante la creación e implementación de protocolos de atención diferenciada a grupos históricamente discriminados.54 BIENESTAR, CONAPRED, ENERGÍA, GOBERNACIÓN, INPI, MUJERES, SALUD, SNDIF Estrategia 1.3 Implementar políticas y mecanismos transversales con perspectiva de igualdad en la Administración Pública Federal, que permitan el ejercicio sustantivo del derecho a la no discriminación. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.1 Impulsar el cierre de brechas discriminatorias en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, mediante la adopción de medidas de nivelación que favorezcan la igualdad sustantiva en la APF. BUEN GOBIERNO, CONAFOR, CONAPRED, ENERGÍA, GOBERNACIÓN, HACIENDA, IMSS, INPI, ISSSTE, MARINA, MUJERES, RELACIONES EXTERIORES, SALUD, SNDIF, TURISMO 1.3.2 Incorporar un enfoque intercultural y no discriminatorio en la digitalización de trámites y servicios, mediante la incorporación de la perspectiva de no discriminación en la APF. BUEN GOBIERNO, CEAV, CONAPRED, ENERGÍA, GOBERNACIÓN, IMSS, INPI, ISSSTE, MUJERES, RELACIONES EXTERIORES, SALUD, SNDIF, TRABAJO, TURISMO 1.3.3 Facilitar el goce de programas públicos, mediante la creación de formatos universales accesibles y comprensibles que consideren el enfoque de género, inclusión, pertinencia cultural y lingüística, así como el interés superior de las niñeces. CONAFOR, CONAPRED, ENERGÍA, GOBERNACIÓN, IMSS, INPI, ISSSTE, MUJERES, RELACIONES EXTERIORES, SALUD, SNDIF, TRABAJO, TURISMO 1.3.4 Fomentar la perspectiva de igualdad y no discriminación en el quehacer institucional de la APF, mediante la actualización e implementación de manuales y lineamientos que incorporen un enfoque diferenciado. BUEN GOBIERNO, CONAFOR, CONAPRED, ENERGÍA, GOBERNACIÓN, IMSS, INPI, ISSSTE, MARINA, MUJERES, RELACIONES EXTERIORES, SALUD, SNDIF, TURISMO 1.3.5 Promover el reconocimiento y respeto de las identidades y orientaciones sexuales diversas, mediante la eliminación de criterios discriminatorios en trámites y servicios de la APF. BUEN GOBIERNO, CONAFOR, CONAPRED, ENERGÍA, GOBERNACIÓN, IMSS, ISSSTE, MUJERES, RELACIONES EXTERIORES, SALUD, SNDIF, TURISMO 54 De acuerdo con el CONAPRED, se entiende por grupos históricamente discriminados a los siguientes: mujeres, personas indígenas, personas afromexicanas y afrodescendientes, personas con discapacidad, personas de la diversidad Sexogenérica, niñeces y juventudes, personas mayores, entre otras poblaciones. Para más información al respecto se puede consultar Salgado, C., y Ventura, E. (2025). Protocolo de Atención Prioritaria, Accesible y de Calidad a Grupos Históricamente Discriminados. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. https://www.conapred.gob.mx/assets/publicaciones/docs/Protocolo%20de%20atencion%20prioritaria_FINAL.pdf 142 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.6 Fortalecer los mecanismos para generar conocimiento especializado sobre los avances en el cierre de brechas de desigualdad que enfrentan los grupos históricamente discriminados, mediante el diseño y elaboración de estudios, con información sociodemográfica desagregada. BUEN GOBIERNO, CONAPRED, ENERGÍA, GOBERNACIÓN, IMSS, INPI, ISSSTE, MARINA, MUJERES, SALUD, SNDIF, TRABAJO, TURISMO 1.3.7 Institucionalizar en las dependencias de la APF la igualdad laboral y no discriminación, mediante la adopción de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. BUEN GOBIERNO, CONAPRED, ENERGÍA, GOBERNACIÓN, IMSS, ISSSTE, MARINA, MUJERES, RELACIONES EXTERIORES, SALUD, SNDIF, TRABAJO, TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TURISMO 1.3.8 Colaborar en el seguimiento del cumplimiento del Estado mexicano a los compromisos y recomendaciones internacionales, impulsando mecanismos de igualdad sustantiva en el quehacer institucional. CONAPRED, ENERGÍA, GOBERNACIÓN, IMSS, INPI, ISSSTE, MARINA, MUJERES, RELACIONES EXTERIORES, SALUD, SNDIF, TRABAJO, TURISMO Estrategia 1.4 Generar y difundir contenido que incorpore la perspectiva de igualdad y no discriminación para el desmantelamiento de prácticas discriminatorias en la vida de las personas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.4.1 Prevenir la discriminación y estereotipos de género mediante campañas de comunicación social que promuevan una cultura de inclusión e igualdad. BUEN GOBIERNO, CEAV, CONAFOR, CONAPRED, ENERGÍA, GOBERNACIÓN, IMSS, ISSSTE, MARINA, MUJERES, RELACIONES EXTERIORES, SALUD, SNDIF, TRABAJO, TURISMO 1.4.2 Desarrollar y difundir información sobre derechos humanos en lenguaje sencillo, accesible, inclusivo y culturalmente pertinente a toda la población, mediante la creación de materiales adaptados a los diferentes contextos y condiciones de vida. BIENESTAR, BUEN GOBIERNO, CEAV, ENERGÍA, GOBERNACIÓN, IMSS, INAPAM, ISSSTE, MUJERES, RELACIONES EXTERIORES, SALUD, SPR, TRABAJO, TURISMO 1.4.3 Difundir los instrumentos para la atención de quejas por discriminación al interior de la APF, mediante mecanismos claros y accesibles, a fin de promover una cultura de respeto e igualdad. BUEN GOBIERNO, CONAFOR, CONAPRED, ENERGÍA, GOBERNACIÓN, IMSS, ISSSTE, MARINA, MUJERES, RELACIONES EXTERIORES, SALUD, SNDIF, TRABAJO, TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TURISMO 1.4.4 Fomentar una cultura institucional que promueva la igualdad y no discriminación, a través del reconocimiento, respeto e inclusión de las personas y de los grupos históricamente discriminados. BUEN GOBIERNO, CONAFOR, CONAPRED, ENERGÍA, GOBERNACIÓN, IMSS, INAPAM-BIENESTAR, ISSSTE, MUJERES, RELACIONES EXTERIORES, SALUD, SNDIF, TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TURISMO 1.4.5 Fomentar la recuperación y preservación de las lenguas indígenas y afromexicanas, por medio de mecanismos que reconozcan su importancia y fomenten su uso en la vida de las personas. CONAPRED, GOBERNACIÓN, INALI, INPI, SALUD 1.4.6 Fortalecer el reconocimiento de la partería tradicional indígena y afromexicana, a través de herramientas que visibilicen y valoren su conocimiento y labor en diferentes partes del país. GOBERNACIÓN, INPI, RELACIONES EXTERIORES, SALUD Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 143 Objetivo 2. Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito de la salud. Estrategia 2.1 Fortalecer el marco normativo en materia de salud, para desmantelar prácticas discriminatorias que limitan el acceso a este derecho. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.1 Promover la implementación de medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas en la prestación de servicios de salud a favor de grupos históricamente discriminados,55 a través de mecanismos de coordinación con el SNS, para diseñar y establecer protocolos específicos. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.1.2 Prevenir la discriminación en personas mayores, mediante la actualización, implementación y promoción de protocolos para la atención geriátrica integral, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y accesibilidad. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.1.3 Prevenir la discriminación en el ámbito de salud a las NNA, a través de la actualización y promoción de protocolos, fortaleciendo el Principio del Interés Superior de la Niñez. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.1.4 Asegurar el acceso de todas las personas a los servicios de salud eliminando barreras relacionadas con el perfilamiento racial o de edad, a través del desarrollo, actualización e implementación de protocolos institucionales de atención diferenciada. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.1.5 Promover y garantizar el acceso a los servicios de salud de las personas con discapacidad y personas con neurodivergencias, mediante la creación, actualización e implementación de protocolos institucionales de atención diferenciada. BIENESTAR, IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.1.6 Asegurar el acceso a los servicios de salud de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no normativas, mediante la actualización e implementación de protocolos institucionales de atención diferenciada. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.1.7 Garantizar que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud eliminando barreras de género, a través de la actualización e implementación de protocolos institucionales de atención diferenciada. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.1.8 Actualizar los lineamientos para la emisión del certificado de factibilidad, mediante la adopción de los principios de diseño universal y ajustes razonables, con el fin de garantizar la accesibilidad física a las instalaciones de salud. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 55 De acuerdo con el CONAPRED, se entiende por grupos históricamente discriminados a los siguientes: mujeres, personas indígenas, personas afromexicanas y afrodescendientes, personas con discapacidad, personas de la diversidad Sexogenérica, niñeces y juventudes, personas mayores, entre otras poblaciones. Para más información al respecto se puede consultar Salgado, C., y Ventura, E. (2025). Protocolo de Atención Prioritaria, Accesible y de Calidad a Grupos Históricamente Discriminados. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. https://www.conapred.gob.mx/assets/publicaciones/docs/Protocolo%20de%20atencion%20prioritaria_FINAL.pdf 144 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 2.2. Reforzar los instrumentos de política pública para el acceso y goce del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas en el ámbito de la salud. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.1 Eliminar barreras de acceso a los servicios de salud por motivos de discriminación, promoviendo la igualdad de derechos para todas las personas, mediante la implementación de protocolos de atención diferenciada. BIENESTAR, IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.2.2 Implementar el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas LGBTTTI en el SNS, mediante la coordinación de las instancias de salud. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.2.3 Brindar servicios de salud con pertenencia cultural, mediante la implementación de un programa para la certificación e incorporación de intérpretes-traductores en lenguas indígenas al SNS, en coordinación con el INPI y el INALI. IMSS, IMSS BIENESTAR, INALI, INPI, ISSSTE, SALUD 2.2.4. Promover la creación y fortalecimiento de mecanismos para la atención médica a distancia, mediante la construcción de herramientas que permitan brindar servicios de salud con pertinencia y pertenencia cultural en el país. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.2.5 Prevenir y atender la violencia obstétrica en las unidades de salud, a través de la implementación de protocolos que garanticen una atención digna, respetuosa y libre de violencia. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD Estrategia 2.3 Fomentar la investigación y la generación de evidencia sobre la discriminación, para visibilizar, prevenir y transformar las prácticas discriminatorias en el ámbito de la salud. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.3.1 Fomentar la generación de informes desagregados de los grupos históricamente discriminados, mediante la integración de variables sociodemográficas en los sistemas de información y registros administrativos. BIENESTAR, CONAPRED, IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.3.2 Integrar datos sociodemográficos de las personas indígenas en los sistemas y registros de información de salud, partiendo del respeto por la multiculturalidad de perfiles de la población beneficiaria atendida. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.3.3 Fortalecer la desagregación de información en las bases de datos del SNS, mediante el registro de datos sociodemográficos de las personas afromexicanas y afrodescendientes reconociendo y respetando la diversidad de la población atendida. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.3.4 Orientar el diseño de intervenciones focalizadas, mediante la promoción de estudios sobre las barreras de acceso a la salud por motivos de discriminación y la creación de bases de datos en esta materia. CONAPRED, IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.3.5 Fomentar la investigación y la generación de evidencia que visibilice la atención libre de discriminación a mujeres, personas mayores, personas de la diversidad sexogenérica, personas indígenas y afromexicanas, mediante la construcción y seguimiento de indicadores en el ámbito de la salud. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.3.6 Diseñar e integrar indicadores respecto a las guías de acción y protocolos de atención médica que han sido implementados, a través de la coordinación interinstitucional. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 145 Estrategia 2.4 Promover la difusión de conocimiento para sensibilizar y prevenir prácticas discriminatorias en el ámbito de la salud. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.4.1 Visibilizar las herramientas y protocolos para la atención diferenciada del SNS, mediante su difusión y divulgación. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.4.2 Fortalecer la atención digna y no discriminatoria para todas las personas, mediante la elaboración y difusión de guías de acción y protocolos de atención dirigido a personal del SNS, con enfoque diferenciado, con pertinencia y pertenencia cultural. IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.4.3 Dar a conocer a las personas de la diversidad sexogenérica las herramientas de atención en la salud con enfoque diferenciado del SNS, a través de campañas orgánicas. CONAPRED, IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.4.4 Promover las herramientas de atención de la salud con enfoque diferenciado entre las personas derechohabientes, a través de medios digitales. CONAPRED, IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.4.5 Prevenir actos discriminatorios en la provisión de servicios de salud, mediante la capacitación en interculturalidad del personal del SNS, con modelos de atención centrados en la persona y la comunidad. CONAPRED, IMSS, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD 2.4.6 Fomentar el acceso a la salud de las personas indígenas y afrodescendientes, a través del diseño e implementación de materiales y campañas de comunicación intercultural y antirracista que incorporen la pertinencia cultural y enfoque de derechos. CONAPRED, IMSS BIENESTAR, ISSSTE, SALUD Objetivo 3. Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito educativo. Estrategia 3.1 Fortalecer el marco normativo educativo con perspectiva de inclusión e igualdad, que permitan el acceso y permanencia escolar sin discriminación. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.1 Promover la revisión, actualización y modificación de las normas del SEN para eliminar barreras y prácticas discriminatorias, a través de la colaboración con las instituciones que lo integran. CONAPRED, EDUCACIÓN 3.1.2 Prevenir el acoso escolar de NNA, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de atención diferenciada a grupos históricamente discriminados. CONAFOR, CONAPRED, EDUCACIÓN, 3.1.3 Fortalecer los mecanismos de atención al acoso escolar de NNA, mediante la mejora de los procesos de recepción y atención de denuncia, garantizando el respeto a los derechos humanos sin discriminación, la protección integral y la creación de entornos escolares seguros. CONAFOR, CONAPRED, EDUCACIÓN, SNDIF 3.1.4 Promover el respeto del derecho al libre desarrollo de la personalidad de NNA, a través del desarrollo e implementación de lineamientos y reglamentos escolares que lo garanticen. CONAPRED, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN 3.1.5 Garantizar la protección e integridad psicofísica en situaciones de acoso escolar de las niñeces, mediante el fortalecimiento de los mecanismos internos e interinstitucionales. CONAPRED, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN 146 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.6 Asegurar el bienestar psicofísico ante casos de acoso escolar de las juventudes, mediante el fortalecimiento de los mecanismos internos de los centros educativos. CONAPRED, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN 3.1.7 Garantizar y promover la defensa de la integridad psicofísica por acoso escolar de las niñeces con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexogenérica, a través del fortalecimiento de los mecanismos internos de los centros educativos. CONAPRED, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN Estrategia 3.2 Implementar mecanismos de política pública para la prevención e identificación de discriminación en los centros educativos, promoviendo la inclusión y el respeto a la diversidad. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.1 Fortalecer los protocolos de aplicación obligatoria en materia de acoso escolar en los planteles del SEN, a partir de la revisión y actualización. CONAFE, CONAFOR, EDUCACIÓN, SNDIF 3.2.2 Promover la convivencia pacífica y la atención a casos de violencia, en los planteles del SEN, mediante la implementación de redes comunitarias de apoyo escolar. EDUCACIÓN, SNDIF 3.2.3 Atender a las diversidades y nuevas realidades sociales en el ámbito educativo, mediante el desarrollo e implementación de protocolos y materiales pedagógicos. CONAFE, CONAFOR, EDUCACIÓN 3.2.4 Construir y promover planes, programas y materiales educativos inclusivos, mediante la incorporación transversal y explícita de los enfoques de interculturalidad y derechos humanos en los planes y programas de estudio del SEN. CONAFE, CONAFOR, CONAPRED, EDUCACIÓN 3.2.5 Promover condiciones de igualdad sustantiva en el tipo educativo básico, mediante el diseño, implementación y articulación de herramientas interinstitucionales que garanticen toda la trayectoria escolar, asegurando el trato igualitario, sin distinción alguna por motivos enmarcados en la LFPED. CONAPRED, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN Estrategia 3.3. Gestionar el ciclo de producción, aplicación y evaluación del conocimiento para visibilizar, prevenir y transformar las prácticas discriminatorias en el ámbito educativo. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.1 Sensibilizar y formar en materia de igualdad y no discriminación al personal del SEN, mediante la institucionalización de un programa obligatorio y diferenciado con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad. CONAFE, CONAPRED, EDUCACIÓN 3.3.2 Fomentar el respeto de los derechos humanos y al interés superior de la niñez, mediante la actualización de los protocolos y códigos de conducta con perspectiva de no discriminación. CONAPRED, GOBERNACIÓN 3.3.3 Garantizar el respeto y la sana convivencia escolar, mediante la elaboración y adopción de un reglamento marco que prohíba expresamente prácticas excluyentes por motivos discriminatorios, conforme a la LFPED, asegurando la trayectoria escolar de NNA. CONAPRED, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 147 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.4 Promover la no discriminación a las niñeces con neurodivergencias, mediante el establecimiento de lineamientos y protocolos focalizados con enfoque diferenciado en los centros educativos del SEN. CONAPRED, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, SNDIF 3.3.5 Construir un acervo de conocimiento especializado que fundamente el diseño de las intervenciones educativas, por medio de la concentración de investigaciones, datos y guías de buenas prácticas. CONAPRED, EDUCACIÓN, MUJERES 3.3.6 Elaborar estudios que visibilicen la atención de las niñeces con discapacidad en el SEN, por medio de la integración de datos sobre sus características. CONAFE, CONAPRED, GOBERNACIÓN 3.3.7 Promover que en los planteles del SEN se genere información desagregada de grupos discriminados, mediante la recopilación de datos sociodemográficas de estos grupos. CONAFE, CONAFOR, CONAPRED, EDUCACIÓN, GOBERNACIÓN, MUJERES Estrategia 3.4. Promover la difusión de conocimiento para sensibilizar y prevenir prácticas discriminatorias en el ámbito de la educación. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.4.1 Construir y difundir protocolos de impartición de conocimiento con perspectiva de no discriminación, mediante la elaboración de campañas de divulgación en plataformas digitales. CONAPRED, EDUCACIÓN 3.4.2 Promover el derecho a la no discriminación en comunidades escolares, con énfasis en personas de la diversidad sexogenérica, con discapacidad, indígenas y afromexicanas, a través de la elaboración de materiales educativos y su difusión por medios digitales. CONAFE, CONAFOR, CONAPRED, EDUCACIÓN 3.4.3 Promover herramientas educativas con enfoque diferenciado, a través de campañas en redes sociales. CONAPRED, EDUCACIÓN 3.4.4 Difundir estudios e investigaciones en materia educativa con perspectiva de no discriminación, a través de la coordinación de la comunidad escolar. CONAPRED, EDUCACIÓN 3.4.5 Sensibilizar al personal de las instituciones educativas con enfoque militar en materia de no discriminación, mediante la capacitación en sus centros educativos y de formación. CONAPRED Objetivo 4. Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito laboral. Estrategia 4.1 Fortalecer el marco normativo laboral con perspectiva de igualdad y no discriminación, para el acceso de todas las personas al mercado de trabajo. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.1.1 Promover el acceso de las personas de grupos discriminados a un trabajo digno, a través del análisis y actualización del marco normativo en materia laboral para garantizar que incorpore la perspectiva de igualdad y no discriminación. TRABAJO 4.1.2 Eliminar prácticas discriminatorias en el acceso de las mujeres a un trabajo digno, por medio de cambios normativos, que incorpore la perspectiva de igualdad sustantiva y permita cerrar brechas de desigualdad. TRABAJO 148 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.1.3 Eliminar prácticas discriminatorias para que las personas mayores y personas con discapacidad accedan a un trabajo digno, mediante el análisis y actualización del marco normativo, a fin de que incorpore la perspectiva de no discriminación. TRABAJO 4.1.4 Asegurar el cumplimiento de la normativa sobre igualdad y no discriminación en los centros laborales, a través del fortalecimiento de los mecanismos de inspección y vigilancia en los lugares de trabajo. TRABAJO 4.1.5 Prevenir el hostigamiento laboral para garantizar el respeto y la dignidad de todas las personas, en particular a los grupos históricamente discriminados, mediante la actualización de protocolos y lineamientos que incorporen el respeto del principio de igualdad y no discriminación. TRABAJO 4.1.6 Promover y garantizar la protección de los derechos laborales de todas las personas, en particular de los grupos históricamente discriminados,56 mediante el fortalecimiento de los mecanismos de protección establecidos en las normativas vigentes. CONAPRED, TRABAJO Estrategia 4.2. Reforzar los instrumentos de política pública para el fomento al acceso y goce del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas en el ámbito laboral. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.2.1 Fomentar el ejercicio y respeto de los derechos laborales en igualdad de oportunidades y condiciones para todas las personas, sin distinción alguna, a través del fortalecimiento de los mecanismos de acceso, permanencia y ascensos. TRABAJO 4.2.2 Impulsar buenas prácticas laborales en igualdad de oportunidades y condiciones para las personas trans, por medio del fortalecimiento de los mecanismos de acceso, permanencia y ascensos. CONAPRED, TRABAJO 4.2.3 Promover la inserción laboral de todas las personas, particularmente de los grupos históricamente discriminados, demostrando sus competencias, mediante la evaluación y certificación de habilidades laborales. TRABAJO 4.2.4 Fortalecer la integración laboral de las mujeres, a fin de alcanzar la igualdad sustantiva, mediante programas de capacitación y certificación de competencias laborales con perspectiva de género. TRABAJO 4.2.5 Fortalecer los mecanismos de quejas por presuntos actos de discriminación laboral, mediante protocolos especializados en las instancias de conciliación y defensa del trabajo. CONAPRED, TRABAJO 56 De acuerdo con el CONAPRED, se entiende por grupos históricamente discriminados a los siguientes: mujeres, personas indígenas, personas afromexicanas y afrodescendientes, personas con discapacidad, personas de la diversidad Sexogenérica, niñeces y juventudes, personas mayores, entre otras poblaciones. Para más información al respecto se puede consultar Salgado, C., y Ventura, E. (2025). Protocolo de Atención Prioritaria, Accesible y de Calidad a Grupos Históricamente Discriminados. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. https://www.conapred.gob.mx/assets/publicaciones/docs/Protocolo%20de%20atencion%20prioritaria_FINAL.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 149 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.2.6 Promover la inserción laboral de personas indígenas, a través del fortalecimiento de los programas de capacitación y certificación de competencias laborales con pertinencia y pertenencia cultural. TRABAJO 4.2.7 Fortalecer el acceso laboral de las juventudes y de las personas en el SNE y en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante la coordinación institucional y la incorporación del principio de igualdad sustantiva. TRABAJO Estrategia 4.3. Generar y difundir información y evidencia sobre las brechas de desigualdad, para visibilizar, prevenir y transformar las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.3.1 Incentivar la medición de brechas laborales, por medio del establecimiento de un sistema de recopilación de datos estadísticos, desagregados por género, edad, discapacidad y origen étnico. CONAPRED, HACIENDA, SNDIF, TRABAJO 4.3.2 Fortalecer la sistematización de información desagregada en ámbitos rurales y urbanos, mediante la generación de informes periódicos. CONAPRED, GOBERNACIÓN, SNDIF, TRABAJO 4.3.3 Visibilizar los avances para contrarrestar prácticas discriminatorias en el trabajo, mediante la elaboración de estudios e investigaciones. CONAPRED, GOBERNACIÓN, SNDIF, TRABAJO 4.3.4 Fortalecer la atención de quejas por prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, a través de la difusión de los mecanismos de denuncia existentes. CONAFOR, CONAPRED, GOBERNACIÓN, SALUD, TRABAJO 4.3.5 Incentivar las buenas prácticas que promuevan el cierre de brechas en los centros de trabajo, a través de la implementación de mecanismos que reconozcan estas prácticas. CONAFOR, CONAPRED, GOBERNACIÓN, SNDIF, TRABAJO 4.3.6 Fomentar la inclusión laboral de personas de la diversidad sexogenérica, con discapacidad, indígenas, afromexicanas, en movilidad, y mayores, mediante la construcción y actualización de protocolos que incorporen el enfoque diferenciado. CONAPRED, TRABAJO Estrategia 4.4 Promover la difusión de conocimiento para sensibilizar y prevenir prácticas discriminatorias en el ámbito laboral. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.4.1 Visibilizar los protocolos y herramientas de atención diferenciada en el trabajo, a través de su difusión y divulgación en diferentes medios digitales. CONAFOR, CONAPRED, GOBERNACIÓN, RELACIONES EXTERIORES, SNDIF, TRABAJO 4.4.2 Fomentar la implementación de protocolos y guías de acción en materia laboral con perspectiva de no discriminación, en los centros de trabajo, a través de acciones de capacitación y difusión. CONAPRED, GOBERNACIÓN, SNDIF, TRABAJO 4.4.3 Difundir las herramientas con enfoque diferenciado de los centros laborales, por medio de campañas internas para conocimiento de las personas trabajadoras. CONAFOR, CONAPRED, GOBERNACIÓN, SNDIF, TRABAJO 4.4.4 Difundir y compartir buenas prácticas en los centros laborales, mediante estrategias accesibles y sistematizadas. CONAPRED, GOBERNACIÓN, SNDIF, TRABAJO 4.4.5 Fomentar una cultura organizacional libre de discriminación y violencia laboral, mediante la implementación de campañas de comunicación interna que promuevan los derechos laborales, así como mecanismos accesibles de denuncia, con enfoque incluyente, lenguaje no sexista y perspectiva de género. CEAV, CONAFOR, CONAPRED, GOBERNACIÓN, RELACIONES EXTERIORES, SALUD, SNDIF, TRABAJO 150 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 8. Indicadores y metas Indicador 1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal - Nacional Objetivo Fortalecer el marco institucional y las políticas públicas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la igualdad, mediante la incorporación de una perspectiva de derechos humanos y no discriminación con enfoque interseccional en toda la Administración Pública Federal Definición o descripción Mide el porcentaje de la población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal Derecho asociado El derecho a la igualdad y no discriminación, garantizado por el artículo 1o. constitucional, que establece que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Quinquenal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Marzo, 2028 Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Julio a septiembre, 2027 Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPNAM_i = Porcentaje de población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal del grupo “i” PNAM_i = Población a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal del grupo “i” PT_i = Población Total de 18 años y más del grupo “i” i = Población nacional y grupos históricamente discriminados Observaciones El cálculo para cada población se realizó con base en el Cuestionario de Opinión y Experiencias de la ENADIS 2022. De julio a septiembre de 2022 se hizo el levantamiento de la Encuesta, y la publicación de los resultados se hizo en 2023. Conforme a la periodicidad de la encuesta, el siguiente levantamiento se prevé en 2027 y los resultados para 2028 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 PNAM_Nacional = Población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses a nivel nacional Valor variable 1 21,811,110 Fuente de información variable 1 ENADIS Nombre variable 2 PT_Nacional = Total de población de 18 años y más a nivel nacional Valor variable 2 92,030,000 Fuente de información variable 2 ENADIS Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 23.7 El valor de la línea base se refiere al “Porcentaje de población de 18 años y más que fue discriminada durante los últimos 12 meses a nivel nacional” con base en ENADIS 2022 Año 2022 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 22.5 Derivado de que la periodicidad de la ENADIS es quinquenal, el valor del indicador estará disponible en el año 2032, por lo que se coloca la meta a 2027. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA 23.7 NA NA N/D METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA 22.5 NA NA NA Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 151 Indicador 1.1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal - Mujeres Objetivo Fortalecer el marco institucional y las políticas públicas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la igualdad, mediante la incorporación de una perspectiva de derechos humanos y no discriminación con enfoque interseccional en toda la Administración Pública Federal Definición o descripción Mide el porcentaje de la población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal Derecho asociado El derecho a la igualdad y no discriminación, garantizado por el artículo 1o. constitucional, que establece que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas Nivel de desagregación Nacional Mujeres Periodicidad o frecuencia de medición Quinquenal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Marzo, 2028 Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Julio a septiembre, 2027 Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPNAM_i = Porcentaje de población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal del grupo “i” PNAM_i = Población a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal del grupo “i” PT_i = Población Total de 18 años y más del grupo “i” i = Población de Mujeres Observaciones El cálculo para cada población se realizó con base en el Cuestionario de Opinión y Experiencias de la ENADIS 2022. De julio a septiembre de 2022 se hizo el levantamiento de la Encuesta, y la publicación de los resultados se hizo en 2023. Conforme a la periodicidad de la encuesta, el siguiente levantamiento se prevé en 2027 y los resultados para 2028 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 PNAM_Nacional = Población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses a nivel nacional - Mujeres Valor variable 1 16,660,640 Fuente de información variable 1 ENADIS Nombre variable 2 PT_Nacional = Total de población de 18 años y más a nivel nacional - Mujeres Valor variable 2 67,180,000 Fuente de información variable 2 ENADIS Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 24.8 El valor de la línea base se refiere al “Porcentaje de población de 18 años y más que fue discriminada durante los últimos 12 meses a nivel nacional - Mujeres” con base en ENADIS 2022 Año 2022 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 23.4 Derivado de que la periodicidad de la ENADIS es quinquenal, el valor del indicador estará disponible en el año 2027. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA 24.8 NA NA NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA 23.4 NA NA NA 152 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 1.1.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal - Personas adscritas indígenas Objetivo Fortalecer el marco institucional y las políticas públicas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la igualdad, mediante la incorporación de una perspectiva de derechos humanos y no discriminación con enfoque interseccional en toda la Administración Pública Federal Definición o descripción Mide el porcentaje de la población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal Derecho asociado El derecho a la igualdad y no discriminación, garantizado por el artículo 1o. constitucional, que establece que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas Nivel de desagregación Nacional Personas adscritas indígenas Periodicidad o frecuencia de medición Quinquenal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Marzo, 2028 Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Julio a septiembre, 2027 Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPNAM_i = Porcentaje de población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal del grupo “i” PNAM_i = Población a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal del grupo “i” PT_i = Población Total de 18 años y más del grupo “i” i = Personas adscritas indígenas Observaciones El cálculo para cada población se realizó con base en el Cuestionario de Opinión y Experiencias de la ENADIS 2022. De julio a septiembre de 2022 se hizo el levantamiento de la Encuesta, y la publicación de los resultados se hizo en 2023. Conforme a la periodicidad de la encuesta, el siguiente levantamiento se prevé en 2027 y los resultados para 2028 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 PNAM_Nacional = Población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses a nivel nacional - Personas adscritas indígenas Valor variable 1 5,170,400 Fuente de información variable 1 ENADIS Nombre variable 2 PT_Nacional = Total de población de 18 años y más a nivel nacional - Personas adscritas indígenas Valor variable 2 18,400,000 Fuente de información variable 2 ENADIS Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 28.1 El valor de la línea base se refiere al “Porcentaje de población de 18 años y más que fue discriminada durante los últimos 12 meses a nivel nacional - personas adscritas indígenas” con base en ENADIS 2022 Año 2022 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 26.3 Derivado de que la periodicidad de la ENADIS es quinquenal, el valor del indicador estará disponible en el año 2032, por lo que se coloca la meta a 2027. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA 28.1 NA NA NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA 26.3 NA NA NA Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 153 Indicador 1.1.3 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal - Personas afrodescendientes Objetivo Fortalecer el marco institucional y las políticas públicas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la igualdad, mediante la incorporación de una perspectiva de derechos humanos y no discriminación con enfoque interseccional en toda la Administración Pública Federal Definición o descripción Mide el porcentaje de la población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal Derecho asociado El derecho a la igualdad y no discriminación, garantizado por el artículo 1o. constitucional, que establece que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas Nivel de desagregación Nacional Personas afrodescendientes Periodicidad o frecuencia de medición Quinquenal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Marzo, 2028 Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Julio a septiembre, 2027 Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPNAM_i = Porcentaje de población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal del grupo “i” PNAM_i = Población a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal del grupo “i” PT_i = Población Total de 18 años y más del grupo “i” i = Personas afrodescendientes Observaciones El cálculo para cada población se realizó con base en el Cuestionario de Opinión y Experiencias de la ENADIS 2022. De julio a septiembre de 2022 se hizo el levantamiento de la Encuesta, y la publicación de los resultados se hizo en 2023. Conforme a la periodicidad de la encuesta, el siguiente levantamiento se prevé en 2027 y los resultados para 2028 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 PNAM_Nacional = Población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses a nivel nacional - Personas afrodescendientes Valor variable 1 509,780 Fuente de información variable 1 ENADIS Nombre variable 2 PT_Nacional = Total de población de 18 años y más a nivel nacional - Personas afrodescendientes Valor variable 2 1,420,000 Fuente de información variable 2 ENADIS Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 35.9 El valor de la línea base se refiere al “Porcentaje de población de 18 años y más que fue discriminada durante los últimos 12 meses a nivel nacional - personas afrodescendientes” con base en ENADIS 2022 Año 2022 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 33.9 Derivado de que la periodicidad de la ENADIS es quinquenal, el valor del indicador estará disponible en el año 2032, por lo que se coloca la meta a 2027 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA 35.9 NA NA NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA 33.9 NA NA NA 154 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 1.1.4 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal - Personas con discapacidad Objetivo Fortalecer el marco institucional y las políticas públicas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la igualdad, mediante la incorporación de una perspectiva de derechos humanos y no discriminación con enfoque interseccional en toda la Administración Pública Federal Definición o descripción Mide el porcentaje de la población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal Derecho asociado El derecho a la igualdad y no discriminación, garantizado por el artículo 1o. constitucional, que establece que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas Nivel de desagregación Nacional Personas con discapacidad Periodicidad o frecuencia de medición Quinquenal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Marzo, 2028 Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Julio a septiembre, 2027 Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPNAM_i = Porcentaje de población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal del grupo “i” PNAM_i = Población a la que se le discriminó en los últimos 12 meses por alguna característica o condición personal del grupo “i” PT_i = Población Total de 18 años y más del grupo “i” i = Personas con discapacidad Observaciones El cálculo para cada población se realizó con base en el Cuestionario de Opinión y Experiencias de la ENADIS 2022. De julio a septiembre de 2022 se hizo el levantamiento de la Encuesta, y la publicación de los resultados se hizo en 2023. Conforme a la periodicidad de la Encuesta, el siguiente levantamiento se prevé en 2027 y los resultados para 2028 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 PNAM_Nacional = Población de 18 años y más a la que se le discriminó en los últimos 12 meses a nivel nacional - Personas con discapacidad Valor variable 1 2,356,050 Fuente de información variable 1 ENADIS Nombre variable 2 PT_Nacional = Total de población de 18 años y más a nivel nacional - Personas con discapacidad Valor variable 2 6,950,000 Fuente de información variable 2 ENADIS Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 33.9 El valor de la línea base se refiere al “Porcentaje de población de 18 años y más que fue discriminada durante los últimos 12 meses a nivel nacional - personas con discapacidad” con base en ENADIS 2022 Año 2022 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 32.3 Derivado de que la periodicidad de la ENADIS es quinquenal, el valor del indicador estará disponible en el año 2032, por lo que se coloca la meta a 2027. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA 33.9 NA NA NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA 32.3 NA NA NA Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 155 Indicador 1.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales - Nacional Objetivo Fortalecer el marco institucional y las políticas públicas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la igualdad, mediante la incorporación de una perspectiva de derechos humanos y no discriminación con enfoque interseccional en toda la Administración Pública Federal Definición o descripción Proporción de la población que no es pobre y no es vulnerable por ingresos, pero que tiene una o más carencias sociales (de un total de 6), con respecto al total de la población Derecho asociado El artículo 1o. de la CPEUM, que establece que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente al levantamiento Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto a noviembre del año de levantamiento Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPSV_i = Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales del grupo “i” PSV_i = Población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales del grupo “i” PT_i = Población total del grupo “i” i = Población nacional Observaciones Los criterios para definir las carencias sociales (educativa, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) son establecidos por la metodología del CONEVAL, ahora INEGI APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales Valor variable 1 41,866,023 Fuente de información variable 1 ENIGH Nombre variable 2 Población total nacional Valor variable 2 130,018,705 Fuente de información variable 2 ENIGH Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 32.2 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 27.7 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 26.4 NA 23.7 NA 29.4 NA 32.2 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 30.7 NA 29.2 NA 27.7 156 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 1.2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales - Mujeres Objetivo Fortalecer el marco institucional y las políticas públicas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la igualdad, mediante la incorporación de una perspectiva de derechos humanos y no discriminación con enfoque interseccional en toda la Administración Pública Federal Definición o descripción Proporción de la población que no es pobre y no es vulnerable por ingresos, pero que tiene una o más carencias sociales (de un total de 6), con respecto al total de la población Derecho asociado El artículo 1o. de la CPEUM, que establece que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas Nivel de desagregación Nacional Mujeres Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente al levantamiento Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto a noviembre del año de levantamiento Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPSV_i = Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales del grupo “i”. PSV_i = Población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales del grupo “i”. PT_i = Población total del grupo “i” i = Mujeres Observaciones Los criterios para definir las carencias sociales (educativa, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) son establecidos por la metodología del CONEVAL, ahora INEGI APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales - Mujeres Valor variable 1 21,098,834 Fuente de información variable 1 ENIGH Nombre variable 2 Población Total Nacional - Mujeres Valor variable 2 67,874,940 Fuente de información variable 2 ENIGH Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 31.1 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 27.5 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 25.6 NA 22.7 NA 28.4 NA 31.1 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 30.7 NA 29.1 NA 27.5 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 157 Indicador 1.2.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales - Población indígena Objetivo Fortalecer el marco institucional y las políticas públicas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la igualdad, mediante la incorporación de una perspectiva de derechos humanos y no discriminación con enfoque interseccional en toda la Administración Pública Federal Definición o descripción Proporción de la población que no es pobre y no es vulnerable por ingresos, pero que tiene una o más carencias sociales (de un total de 6), con respecto al total de la población Derecho asociado El artículo 1o. de la CPEUM, que establece que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas Nivel de desagregación Nacional Población indígena Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente al levantamiento Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto a noviembre del año de levantamiento Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPSV_i = Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales del grupo “i”. PSV_i = Población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales del grupo “i”. PT_i = Población total del grupo “i” i = Población Indígena Observaciones Los criterios para definir las carencias sociales (educativa, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) son establecidos por la metodología del CONEVAL, ahora INEGI APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales - Población indígena Valor variable 1 3,545,765 Fuente de información variable 1 ENIGH Nombre variable 2 Población Total Nacional - Población indígena Valor variable 2 12,840,092 Fuente de información variable 2 ENIGH Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 27.6 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 21.8 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 19.3 NA 17.6 NA 24.5 NA 27.6 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 26.2 NA 24.6 NA 21.8 158 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 1.2.3 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales - Población con discapacidad Objetivo Fortalecer el marco institucional y las políticas públicas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la igualdad, mediante la incorporación de una perspectiva de derechos humanos y no discriminación con enfoque interseccional en toda la Administración Pública Federal Definición o descripción Proporción de la población que no es pobre y no es vulnerable por ingresos, pero que tiene una o más carencias sociales (de un total de 6), con respecto al total de la población Derecho asociado El artículo 1o. de la CPEUM, que establece que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas Nivel de desagregación Nacional Población con discapacidad Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente a la recolección de datos Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto a noviembre del año de levantamiento Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPSV_i = Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales del grupo “i” PSV_i = Población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales del grupo “i” PT_i = Población total del grupo “i” i = Población con discapacidad Observaciones Los criterios para definir las carencias sociales (educativa, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) son establecidos por la metodología del CONEVAL, ahora INEGI APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales - Población con discapacidad Valor variable 1 3,560,786 Fuente de información variable 1 ENIGH Nombre variable 2 Población Total Nacional - Población con discapacidad Valor variable 2 9,536,914 Fuente de información variable 2 ENIGH Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 37.3 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 32.5 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA 28.1 NA 34.8 NA 37.3 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 35.7 NA 34.1 NA 32.5 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 159 Indicador 1.2.4 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales - Población mayor a 65 años Objetivo Fortalecer el marco institucional y las políticas públicas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la igualdad, mediante la incorporación de una perspectiva de derechos humanos y no discriminación con enfoque interseccional en toda la Administración Pública Federal Definición o descripción Proporción de la población que no es pobre y no es vulnerable por ingresos, pero que tiene una o más carencias sociales (de un total de 6), con respecto al total de la población Derecho asociado El artículo 1o. de la CPEUM, que establece que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas Nivel de desagregación Nacional Población mayor a 65 años Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente a la recolección de datos Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto a noviembre del año de levantamiento Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPSV_i = Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales del grupo “i” PSV_i = Población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales del grupo “i” PT_i = Población total del grupo “i” i = Población mayor a 65 años Observaciones Los criterios para definir las carencias sociales (educativa, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) son establecidos por la metodología del CONEVAL, ahora INEGI. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales - Población mayor a 65 años Valor variable 1 4,476,095 Fuente de información variable 1 ENIGH Nombre variable 2 Población Total Nacional - Población mayor a 65 años Valor variable 2 13,494,705 Fuente de información variable 2 ENIGH Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 33.2 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 29.6 Meta orientada a reducir la vulnerabilidad social en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 1). SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 27.6 NA 27.4 NA 31.6 NA 33.2 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 32.0 NA 30.8 NA 29.6 160 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Razón de gasto público en salud per cápita por condición de cobertura de seguridad social Objetivo Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito de la salud Definición o descripción Mide la relación del gasto público ejercido en salud a la población con seguridad social respecto del ejercido a la población sin seguridad social Derecho asociado El derecho a la salud se garantiza en el artículo 4o. de la Constitución. Además, el artículo 2o. apartado B establece el aseguramiento del acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional. Cabe mencionar que, la reforma constitucional al artículo 4o. establece la creación de un sistema de salud que garantice de manera progresiva los servicios de salud para quienes no se encuentren incorporados en el sistema de seguridad social Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Marzo Unidad de medida Razón Periodo de recolección de los datos Enero - diciembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo RGPS_t = Razón del gasto público per cápita de la población con seguridad social, por cada $1.00 (peso) destinado a la población sin seguridad social, en el año “t” GPSPCSS_t = Gasto per cápita público en salud de la población con seguridad social, en el año “t” GPSPSSS_t = Gasto per cápita público en salud de la población sin seguridad social, en el año “t” t = Año de cálculo Observaciones La disparidad en el gasto público en salud entre la población con y sin seguridad social en México refleja una profunda inequidad que afecta la calidad de atención y perpetúa las desigualdades sociales. Es crucial que las políticas públicas busquen reducir esta brecha para garantizar una atención sanitaria más justa y equitativa para todos los ciudadanos Se conserva este indicador del Programa anterior para dar continuidad y seguimiento a las acciones realizadas APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Gasto per cápita público en salud de la población con seguridad social Valor variable 1 5,807.9 Fuente de información variable 1 Salud Nombre variable 2 Gasto per cápita público en salud de la población sin seguridad social Valor variable 2 4,106.44 Fuente de información variable 2 Salud Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 1.4 La información fue obtenida a través del sistema de datos abiertos del Subsistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS) clasificada como Gasto en Salud por Fuente de Financiamiento e Indicadores de Gasto en Salud 1990-2024 - Constantes. Disponible en: SICUENTAS - Datos Abiertos de México A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 1.2 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.5 1.4 ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 161 Indicador 2.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de personas con carencia de acceso a la seguridad social - Nacional Objetivo Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito de la salud Definición o descripción El indicador mide la carencia por acceso a la seguridad social y se calcula con base en las prestaciones laborales, la inscripción al sistema de seguridad social (jubilación o pensiones), y los programas sociales dedicados a la población adulta mayor Derecho asociado Derecho a la seguridad social, establecido en el artículo 4o. y 123 constitucional Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente a la recolección de datos Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto - noviembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPCSS = Porcentaje de personas con carencia de acceso a la seguridad social PCSSg = Personas con carencia de acceso a la seguridad social PTg = Población total g = grupo históricamente discriminado. Observaciones Los componentes son las poblaciones: ocupada sin acceso directo a la seguridad social; no ocupada sin acceso a la seguridad social; y la población de 65 años y más con un ingreso por programas para personas adultas mayores inferior al promedio de las LPEI y que no cuentan con una pensión jubilatoria. La metodología es la establecida por el CONEVAL, ahora INEGI. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Personas con carencia de acceso a la seguridad social - Nacional Valor variable 1 62,700,000 Fuente de información variable 1 ENIGH Nombre variable 2 Población total - Nacional Valor variable 2 129,800,000 Fuente de información variable 2 ENIGH Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 48.3 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 44.0 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 53.5 NA 52.0 NA 50.2 NA 48.3 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 46.8 NA 45.4 NA 44.0 162 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 2.2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de personas con carencia de acceso a la seguridad social - Mujeres Objetivo Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito de la salud Definición o descripción El indicador mide la carencia por acceso a la seguridad social y se calcula con base en las prestaciones laborales, la inscripción al sistema de seguridad social (jubilación o pensiones), y los programas sociales dedicados a las personas mayores Derecho asociado Derecho a la seguridad social, establecido en el artículo 4o. y 123 constitucional Nivel de desagregación Nacional Mujeres Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente a la recolección de datos Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto - noviembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPCSS = Porcentaje de personas con carencia de acceso a la seguridad social PCSSg = Personas con carencia de acceso a la seguridad social PTg = Población total g = Mujeres Observaciones Los componentes son las poblaciones: ocupada sin acceso directo a la seguridad social; no ocupada sin acceso a la seguridad social; y la población de 65 años y más con un ingreso por programas para personas mayores inferior al promedio de las LPEI y que no cuentan con una pensión jubilatoria. La metodología es la establecida por el CONEVAL, ahora INEGI APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Personas con carencia de acceso a la seguridad social - Mujeres Valor variable 1 32,100,000 Fuente de información variable 1 ENIGH Nombre variable 2 Población total - Mujeres Valor variable 2 67,874,940 Fuente de información variable 2 ENIGH Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 47.3 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 42.5 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 52.7 NA 50.9 NA 49.1 NA 47.3 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 45.6 NA 44.0 NA 42.5 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 163 Indicador 2.2.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de personas con carencia de acceso a la seguridad social - Población indígena Objetivo Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito de la salud Definición o descripción El indicador mide la carencia por acceso a la seguridad social y se calcula con base en las prestaciones laborales, la inscripción al sistema de seguridad social (jubilación o pensiones), y los programas sociales dedicados a las personas mayores Derecho asociado Derecho a la seguridad social, establecido en el artículo 4o. y 123 constitucional Nivel de desagregación Nacional Población indígena Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente a la recolección de datos Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto - noviembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPCSS = Porcentaje de personas con carencia de acceso a la seguridad social PCSSg = Personas con carencia de acceso a la seguridad social PTg = Población total g = Población Indígena Observaciones Los componentes son las poblaciones: ocupada sin acceso directo a la seguridad social; no ocupada sin acceso a la seguridad social; y la población de 65 años y más con un ingreso por programas para personas mayores inferior al promedio de las LPEI y que no cuentan con una pensión jubilatoria. La metodología es la establecida por el CONEVAL, ahora INEGI APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Personas con carencia de acceso a la seguridad social - Población indígena Valor variable 1 9,800,000 Fuente de información variable 1 ENIGH Nombre variable 2 Población total - Población indígena Valor variable 2 12,900,000 Fuente de información variable 2 ENIGH Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 76.0 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 73.6 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 77.8 NA 77.2 NA 75.0 NA 76.0 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 75.2 NA 74.4 NA 73.6 164 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 2.2.3 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de personas con carencia de acceso a la seguridad social - Mujeres hablantes de lengua indígena Objetivo Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito de la salud Definición o descripción El indicador mide la carencia por acceso a la seguridad social y se calcula con base en las prestaciones laborales, la inscripción al sistema de seguridad social (jubilación o pensiones), y los programas sociales dedicados a las personas mayores Derecho asociado Derecho a la seguridad social, establecido en el artículo 4o. y 123 constitucional Nivel de desagregación Nacional Mujeres hablantes de lengua indígena Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente a la recolección de datos Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto - noviembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPCSS = Porcentaje de personas con carencia de acceso a la seguridad social PCSSg = Personas con carencia de acceso a la seguridad social PTg = Población total g = Mujeres hablantes de lengua indígena Observaciones Los componentes son las poblaciones: ocupada sin acceso directo a la seguridad social; no ocupada sin acceso a la seguridad social; y la población de 65 años y más con un ingreso por programas para personas mayores inferior al promedio de las LPEI y que no cuentan con una pensión jubilatoria. La metodología es la establecida por el CONEVAL, ahora INEGI. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Personas con carencia de acceso a la seguridad social - Mujeres hablantes de lengua indígena Valor variable 1 3,400,000 Fuente de información variable 1 ENIGH Nombre variable 2 Población total - Mujeres hablantes de lengua indígena Valor variable 2 4,238,019 Fuente de información variable 2 ENIGH Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 80.2 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 74.0 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 82.4 NA 81.2 NA 77.5 NA 80.2 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 78.8 NA 76.5 NA 74.0 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 165 Indicador 2.2.4 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de personas con carencia de acceso a la seguridad social - Población con discapacidad Objetivo Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito de la salud Definición o descripción El indicador mide la carencia por acceso a la seguridad social y se calcula con base en las prestaciones laborales, la inscripción al sistema de seguridad social (jubilación o pensiones), y los programas sociales dedicados a las personas mayores Derecho asociado Derecho a la seguridad social, establecido en el artículo 4o. y 123 constitucional Nivel de desagregación Nacional Población con discapacidad Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente a la recolección de datos Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto - noviembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPCSS = Porcentaje de personas con carencia de acceso a la seguridad social PCSSg = Personas con carencia de acceso a la seguridad social PTg = Población total g = Población con discapacidad Observaciones Los componentes son las poblaciones: ocupada sin acceso directo a la seguridad social; no ocupada sin acceso a la seguridad social; y la población de 65 años y más con un ingreso por programas para personas mayores inferior al promedio de las LPEI y que no cuentan con una pensión jubilatoria. La metodología es la establecida por el CONEVAL, ahora INEGI APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Personas con carencia de acceso a la seguridad social - Población con discapacidad Valor variable 1 4,036,721 Fuente de información variable 1 ENIGH Nombre variable 2 Población total - Población con discapacidad Valor variable 2 9,536,914 Fuente de información variable 2 ENIGH Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 42.3 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 36.8 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA 46.0 NA 41.1 NA 42.3 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 40.5 NA 38.6 NA 36.8 166 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 2.2.5 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de personas con carencia de acceso a la seguridad social - Población afrodescendiente Objetivo Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito de la salud Definición o descripción El indicador mide la carencia por acceso a la seguridad social y se calcula con base en las prestaciones laborales, la inscripción al sistema de seguridad social (jubilación o pensiones), y los programas sociales dedicados a las personas mayores Derecho asociado Derecho a la seguridad social, establecido en el artículo 4o. y 123 constitucional Nivel de desagregación Nacional Población afrodescendiente Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente a la recolección de datos Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto - noviembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPCSS = Porcentaje de personas con carencia de acceso a la seguridad social PCSSg = Personas con carencia de acceso a la seguridad social PTg = Población total g = Población afrodescendiente Observaciones Los componentes son las poblaciones: ocupada sin acceso directo a la seguridad social; no ocupada sin acceso a la seguridad social; y la población de 65 años y más con un ingreso por programas para personas mayores inferior al promedio de las LPEI y que no cuentan con una pensión jubilatoria. La metodología es la establecida por el CONEVAL, ahora INEGI APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Personas con carencia de acceso a la seguridad social - Población afrodescendiente Valor variable 1 1,874,775 Fuente de información variable 1 ENIGH Nombre variable 2 Población total - Población afrodescendiente Valor variable 2 3,625,646 Fuente de información variable 2 ENIGH Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 51.7 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 47.0 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 51.7 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 49.5 NA 48.2 NA 47.0 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 167 Indicador 2.2.6 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de personas con carencia de acceso a la seguridad social - Población de 65 años y más Objetivo Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito de la salud Definición o descripción El indicador mide la carencia por acceso a la seguridad social y se calcula con base en las prestaciones laborales, la inscripción al sistema de seguridad social (jubilación o pensiones), y los programas sociales dedicados a las personas mayores Derecho asociado Derecho a la seguridad social, establecido en el artículo 4o. y 123 constitucional Nivel de desagregación Nacional Población de 65 años y más Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente a la recolección de datos Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto - noviembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPCSS = Porcentaje de personas con carencia de acceso a la seguridad social PCSSg = Personas con carencia de acceso a la seguridad social PTg = Población total g = Población de 65 años y más Observaciones Los componentes son las poblaciones: ocupada sin acceso directo a la seguridad social; no ocupada sin acceso a la seguridad social; y la población de 65 años y más con un ingreso por programas para personas mayores inferior al promedio de las LPEI y que no cuentan con una pensión jubilatoria. La metodología es la establecida por el CONEVAL, ahora INEGI APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Personas con carencia de acceso a la seguridad social - Población de 65 años y más Valor variable 1 3,035,761 Fuente de información variable 1 ENIGH Nombre variable 2 Población total - Población de 65 años y más Valor variable 2 13,494,705 Fuente de información variable 2 ENIGH Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 22.5 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 19.5 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 41.4 NA 28.8 NA 20.8 NA 22.5 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 21.5 NA 20.5 NA 19.5 168 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 3.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Proporción de niñas, niños y adolescentes indígenas matriculados en educación inicial, preescolar y primaria Objetivo Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito educativo Definición o descripción Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes indígenas inscritos en educación básica (inicial, preescolar y primaria), con respecto al total de personas matriculadas en dichos niveles educativos, a nivel nacional Derecho asociado El derecho a la educación, reconocido en el artículo 3o. de la CPEUM, que establece la obligación del Estado de garantizar el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. Asimismo, se vincula con el derecho a la igualdad y a la no discriminación, establecido en el artículo 1o. constitucional, al centrarse en la población indígena, históricamente excluida de servicios educativos. El indicador también encuentra sustento en instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la OIT, que reconocen el derecho de niñas, niños y adolescentes indígenas a recibir educación en condiciones de igualdad Nivel de desagregación Geográfica: Nacional Grado académico: Educación inicial, preescolar y primaria Grupo etario: Niñas, niños y adolescentes Pertenencia étnica: Indígenas Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Enero Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto - julio Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE. Nombre variable 1 Matrícula indígena en educación inicial, preescolar y primaria Valor variable 1 1,220,125 Fuente de información variable 1 Educación Nombre variable 2 Matricula total de educación inicial, preescolar y primaria Valor variable 2 17,064,811 Fuente de información variable 2 Educación Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 7.1 Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 8.0 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA 6.4 6.7 6.9 6.9 6.9 7.0 7.1 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 7.4 7.6 7.7 7.9 8.0 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 169 Indicador 3.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Tasa de abandono escolar femenina a nivel nacional en educación primaria y secundaria Objetivo Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad social y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito educativo Definición o descripción El indicador mide el porcentaje de mujeres inscritas en educación básica (primaria y secundaria) que no concluyen el ciclo escolar correspondiente. Refleja la magnitud del abandono escolar femenino en este nivel educativo y permite dar seguimiento a los avances en materia de permanencia y conclusión de los estudios. Su análisis contribuye a identificar brechas de género y focalizar políticas públicas orientadas a garantizar la continuidad educativa de niñas y adolescentes Derecho asociado El indicador se asocia principalmente al derecho a la educación, establecido en el artículo 3o. de la CPEUM, en tanto mide el grado en que las niñas y adolescentes logran permanecer en el tipo educativo básico. Asimismo, se vincula de manera transversal con el Principio de Igualdad y no Discriminación prevista en el artículo 1o. constitucional, ya que la reducción de la tasa de abandono escolar femenino contribuye a garantizar la equidad de género y el acceso igualitario a oportunidades educativas para todas las personas Nivel de desagregación Geográfica: Nacional Grado académico: Primaria y secundaria Sexo: Mujeres Grupo etario: Niñas, adolescentes Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico. Disponibilidad de la información Enero Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto - julio Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PAEF = Porcentaje de abandono escolar femenina (%) NAE = Número de alumnas que abandonan la educación primaria y secundaria en el ciclo escolar TAI = Total de alumnas inscritas al inicio del ciclo escolar APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de alumnas que abandonan la educación primaria y secundaria en el ciclo escolar Valor variable 1 106,614 Fuente de información variable 1 Educación Nombre variable 2 Total de alumnas inscritas al inicio del ciclo escolar Valor variable 2 9,464,934 Fuente de información variable 2 Educación Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 1.1 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 0.8 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA 3.1 2.8 2.5 2.3 2.2 1.1 ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 170 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 4.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Tasa de informalidad laboral femenina Objetivo Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito laboral Definición o descripción Proporción de la población ocupada laboralmente vulnerable, ya sea por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan o por carecer de un vínculo laboral no reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente. En esta categoría se incluyen: i) Los ocupados que laboran en unidades económicas no registradas (sector informal); ii) Los trabajadores del servicio doméstico remunerado que no tienen seguridad social; iii) Los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia; iv) Los trabajadores no remunerados; v) Los trabajadores subordinados y remunerados cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas y laboran sin la protección de la seguridad social. La tasa se calcula teniendo como referente a mujeres Derecho asociado El Derecho a un trabajo digno, asentado en el artículo 5o. de la CPEUM y segundo de la Ley Federal del Trabajo. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Mensual y trimestral Unidad de medida Tasa Periodo de recolección de los datos Enero - diciembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ.- CONAPRED Método de cálculo PILi,s = Tasa de Informalidad Laboral (i) por sexo (s) POj, s = Población Ocupada en el sector informal (j) por sexo (s) POTj, s = Población Ocupada Total s = mujeres i = informalidad laboral 1 (TIL1) Observaciones Se refiere a la población femenina de 15 años y más. La Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) incluye a la población que labora en el sector informal y, además, a la población que labora en otras modalidades similares, como son los ocupados por cuenta propia, en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable Población Ocupada en el sector informal mujeres Valor variable 13,582,269 Fuente de información variable 1 INEGI (ENOE) Nombre variable Población Ocupada Total mujeres Valor de la variable 24,276,715 Fuente de información variable n INEGI (ENOE) Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor La TIL 1 refiere a la suma, sin duplicar, de las y los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, más aquellas personas cuyo vínculo o dependencia laboral no se reconoce por su fuente de trabajo. Así, en esta tasa se incluye —además del componente que labora en micronegocios no registrados o sector informal— otras modalidades análogas, como las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas. Los valores reportados del indicador corresponden al cuarto trimestre del año de referencia Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 48.9 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 57.3 57.5 55.4 56.2 56.1 55.8 55.2 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 53.0 51.9 50.8 49.8 48.9 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 171 Indicador 4.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Población vulnerable por ingresos - Nacional Objetivo Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito laboral Definición o descripción Porcentaje de la población cuyo ingreso la coloca como vulnerable Derecho asociado Derecho a un nivel de vida adecuado. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el Bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. En concordancia con esto, el artículo 1o. de la CPEUM se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente a la recolección de datos Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto a noviembre del año de levantamiento Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPVIi = Porcentaje de población vulnerable por ingresos del grupo PVIi = Población vulnerable por ingresos del grupo PTi = Población total del grupo i = Nacional Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población vulnerable por ingresos - Nacional Valor variable 1 7,558,258 Fuente de información variable 1 ENIGH 2024 Nombre variable 2 Población total Nacional Valor variable 2 130,216,079 Fuente de información variable 2 ENIGH 2024 Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 5.8 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 4.0 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 8.0 NA 8.9 NA 7.2 NA 5.8 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 5.3 NA 4.7 NA 4.0 172 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 4.2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Población vulnerable por ingresos - Mujeres Objetivo Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito laboral Definición o descripción Porcentaje de la población cuyo ingreso la coloca como vulnerable Derecho asociado Derecho a un nivel de vida adecuado. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el Bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. En concordancia con esto, el artículo 1o. de la CPEUM se establece que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece Nivel de desagregación Nacional Mujeres Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente a la recolección de datos Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto a noviembre del año de levantamiento Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPVIi = Porcentaje de población vulnerable por ingresos del grupo PVIi = Población vulnerable por ingresos del grupo PTi = Población total del grupo i = Mujeres Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población vulnerable por ingresos - Mujeres Valor variable 1 4,160,758 Fuente de información variable 1 ENIGH 2024 Nombre variable 2 Población total mujeres Valor variable 2 67,874,940 Fuente de información variable 2 ENIGH 2024 Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 6.1 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 5.0 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 8.1 NA 9.2 NA 7.4 NA 6.1 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 5.5 NA 5.1 NA 5.0 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 173 Indicador 4.2.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Población vulnerable por ingresos - Población indígena Objetivo Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito laboral Definición o descripción Porcentaje de la población cuyo ingreso la coloca como vulnerable. Derecho asociado Derecho a un nivel de vida adecuado. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el Bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. En concordancia con esto, el artículo 1o. de la CPEUM establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Nivel de desagregación Nacional Población indígena Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente a la recolección de datos Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto a noviembre del año de levantamiento Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPVIi = Porcentaje de población vulnerable por ingresos del grupo PVIi = Población vulnerable por ingresos del grupo PTi = Población total del grupo i = Población Indígena Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población vulnerable por ingresos - Población indígena Valor variable 1 262,778 Fuente de información variable 1 ENIGH 2024 Nombre variable 2 Población total indígena Valor variable 2 12,840,092 Fuente de información variable 2 ENIGH 2024 Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 2.0 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 1.4 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 3.2 NA 3.0 NA 2.8 NA 2.0 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 1.8 NA 1.6 NA 1.4 174 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 4.2.3 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Población vulnerable por ingresos - Población mujeres indígenas Objetivo Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito laboral Definición o descripción Porcentaje de la población cuyo ingreso la coloca como vulnerable Derecho asociado Derecho a un nivel de vida adecuado. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el Bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. En concordancia con esto, el artículo 1o. de la CPEUM establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece Nivel de desagregación Nacional Población mujeres indígenas Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente a la recolección de datos Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto a noviembre del año de levantamiento Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPVIi = Porcentaje de población vulnerable por ingresos del grupo PVIi = Población vulnerable por ingresos del grupo PTi = Población total del grupo i = Mujeres Indígenas Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población vulnerable por ingresos - Población mujeres indígenas Valor variable 1 132,450 Fuente de información variable 1 ENIGH 2024 Nombre variable 2 Población total mujeres indígenas Valor variable 2 6,714,720 Fuente de información variable 2 ENIGH 2024 Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 2.0 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 1.4 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 3.3 NA 3.0 NA 2.7 NA 2.0 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 1.9 NA 1.7 NA 1.4 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 175 Indicador 4.2.4 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Población vulnerable por ingresos - Población con discapacidad Objetivo Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito laboral Definición o descripción Porcentaje de la población cuyo ingreso la coloca como vulnerable Derecho asociado Derecho a un nivel de vida adecuado. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el Bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. En concordancia con esto, el artículo 1o. de la CPEUM establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece Nivel de desagregación Nacional Población con discapacidad Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente a la recolección de datos Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto a noviembre del año de levantamiento Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPVIi = Porcentaje de población vulnerable por ingresos del grupo PVIi = Población vulnerable por ingresos del grupo PTi = Población total del grupo i = Población con discapacidad Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población vulnerable por ingresos - Población con discapacidad Valor variable 1 457,733 Fuente de información variable 1 ENIGH 2024 Nombre variable 2 Población total con discapacidad Valor variable 2 9,536,914 Fuente de información variable 2 ENIGH 2024 Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 4.8 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 3.0 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA 7.0 NA 5.8 NA 4.8 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 4.2 NA 3.6 NA 3.0 176 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 4.2.5 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Población vulnerable por ingresos - Población afrodescendiente Objetivo Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito laboral Definición o descripción Porcentaje de la población cuyo ingreso la coloca como vulnerable Derecho asociado Derecho a un nivel de vida adecuado. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el Bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. En concordancia con esto, el artículo 1o. de la CPEUM se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece Nivel de desagregación Nacional Población afrodescendiente Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente a la recolección de datos Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto a noviembre del año de levantamiento Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPVIi = Porcentaje de población vulnerable por ingresos del grupo PVIi = Población vulnerable por ingresos del grupo PTi = Población total del grupo i = Población afrodescendiente Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población vulnerable por ingresos - Población afrodescendiente Valor variable 1 188,998 Fuente de información variable 1 ENIGH 2024 Nombre variable 2 Población total afrodescendiente Valor variable 2 3,625,646 Fuente de información variable 2 ENIGH 2024 Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 5.2 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 4.3 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 5.2 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 5.0 NA 4.7 NA 4.3 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 177 Indicador 4.2.6 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Población vulnerable por ingresos - Población de 65 años y más Objetivo Reducir prácticas discriminatorias que producen desigualdad y obstaculizan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas en el ámbito laboral Definición o descripción Porcentaje de la población cuyo ingreso la coloca como vulnerable Derecho asociado Derecho a un nivel de vida adecuado. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el Bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. En concordancia con esto, el artículo 1o. de la CPEUM establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece Nivel de desagregación Nacional Población de 65 años y más Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio del año siguiente a la recolección de datos Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto a noviembre del año de levantamiento Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance 4.- Gobernación EZQ. - CONAPRED Método de cálculo Donde: PPVIi = Porcentaje de población vulnerable por ingresos del grupo PVIi = Población vulnerable por ingresos del grupo PTi = Población total del grupo i = Población de 65 años y más Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población vulnerable por ingresos - Población de 65 años y más Valor variable 1 650,156 Fuente de información variable 1 ENIGH 2024 Nombre variable 2 Población total de 65 años y más Valor variable 2 13,494,705 Fuente de información variable 2 ENIGH 2024 Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 4.8 A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 3.0 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6.7 NA 8.2 NA 6.5 NA 4.8 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 4.2 NA 3.6 NA 3.0 178 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Comisión Nacional Forestal Consejo Nacional de Fomento Educativo Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Secretaría de Bienestar Secretaría de Cultura Secretaría de Educación Pública Secretaría de Energía Secretaría de Gobernación Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de las Mujeres Secretaría de Marina Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de Salud Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Secretaría de Turismo Secretaría del Trabajo y Previsión Social Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano Bibliografía Bucetto, M. 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Cambridge University Press. Secretaría de Educación Pública (SEP). (2025). Principales cifras del SEN, ciclo escolar 2024-2025. https://planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras _2024_2025_bolsillo.pdf Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2018). NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828&fecha=23/10/2018#gsc.tab=0 Solís, P. (2017). Discriminación estructural y desigualdad social: con casos ilustrativos para jóvenes indígenas, mujeres y personas con discapacidad | Caja de herramientas». Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). https://www.conapred.gob.mx/assets/publicaciones/docs/DiscriminacionEstructural_2017_Ax.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 181 Anexos Cuadro 1. Resultados y Avances PRONAIND 2021-2024 - Salud Armonización Normativa  Para fortalecer la colaboración entre las comunidades indígenas y afromexicanas con las autoridades de salud, se reformó la Ley General de Salud. Esta modificación busca mejorar el acceso a servicios médicos adecuados para estas poblaciones históricamente discriminadas.  Con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de las personas de la diversidad sexual, el Código Penal Federal fue reformado para tipificar y sancionar penalmente los delitos cometidos debido a la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Instrumentos de política publica  El ISSSTE desarrolló una Guía Operativa para garantizar que las personas de la comunidad LGBTQPA+ mayores de 18 años reciban atención médica sin discriminación en hospitales y clínicas del sector público.  La Secretaría de Salud, mediante el Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva, promovió la creación de un protocolo de atención médica incluyente para las personas LGBTTTI, asegurando que su acceso a la salud se rija bajo estándares de protección y derechos humanos.  En un esfuerzo interinstitucional entre la Secretaría de Salud y organismos como Save the Children, se elaboró la Guía de Atención para la Salud de NNA en Contexto de Movilidad Humana, garantizando un enfoque integral para la atención de este sector en condiciones vulnerables.  El IMSS implementó la Política Rechazo Cero, mediante la cual se estableció la obligación de brindar atención médica inmediata a mujeres embarazadas y en puerperio que presenten emergencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia.  La Comisión Nacional de Arbitraje Médico creó un protocolo especializado para la atención de usuarios que presentan quejas médicas, asegurando que el procedimiento incluya orientación legal, gestión médica y apoyo psicológico bajo un enfoque diferenciado. Cuadro 2. Resultados y Avances PRONAIND 2021-2024 - Educación Armonización Normativa  Como parte de la reforma educativa, el artículo 3o. de la CPEUM fue modificado para dar origen a la Nueva Escuela Mexicana, cuyo modelo promueve la inclusión, el respeto a la diversidad y la no discriminación en el ámbito.  Educación, por su parte impulsó la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, cuyo propósito es garantizar que NNA tengan acceso a una educación sin barreras, fomentando prácticas pedagógicas incluyentes. Instrumentos de Política Pública  En colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otros organismos internacionales, la SEP desarrolló un protocolo para asegurar el acceso y la permanencia en la educación básica de niñas y niños en situación de migración en México.  El Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial se diseñó para evitar la deserción escolar del alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales, brindando apoyos para su aprendizaje y permanencia en el sistema educativo.  A través del Consejo Nacional de Fomento Educativo, se implementó el Modelo de Educación Comunitaria para el Bienestar, con un enfoque específico en la atención educativa de poblaciones indígenas y migrantes que enfrentan dificultades para acceder a la educación formal.  El Colegio de Bachilleres desarrolló un protocolo para prevenir, identificar y atender casos de violencia escolar, acoso y ciberacoso, promoviendo entornos seguros y libres de violencia para el alumnado del tipo educativo medio superior. 182 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Cuadro 3. Resultados y Avances PRONAIND 2021-2024 - Trabajo Armonización Normativa  En respuesta a la creciente adopción del teletrabajo, se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-037-STPS-2023, que establece condiciones de seguridad y salud en el trabajo remoto, además de fomentar la conciliación entre la vida laboral y familiar.  Con el propósito de reconocer a personas jornaleras agrícolas como trabajadore(a)s esenciales para la seguridad alimentaria del país, se reformó la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, asegurando sus derechos laborales y el acceso a la seguridad social.  Trabajo diseñó un protocolo para facilitar la integración laboral de personas en contexto de movilidad en México, promoviendo oportunidades de empleo para esta población en situación vulnerable. Instrumentos de Política Pública  Para mejorar el acceso al empleo formal, se desarrolló el Portal 'México te Emplea', una plataforma en línea que permite la vinculación entre trabajadore(a)s y empleadore(a)s, optimizando la búsqueda de empleo a nivel nacional.  Se fortaleció la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, promoviendo entornos laborales igualitarios y asegurando que las empresas e instituciones públicas cumplan con estándares de igualdad de género y diversidad.  La entonces Secretaría de la Función Pública ahora Buen Gobierno emitió un acuerdo que establece disposiciones generales en materia de recursos humanos para la APF, garantizando criterios de inclusión e igualdad en la contratación de personal. Cuadro 4. Población con afiliación a servicios de salud por entidad federativa según institución, 2020 Entidad federativa Total* IMSS ISSSTE ISSSTE estatal Pemex, Defensa o Marina Instituto de Salud para el Bienestar IMSS- Bienestar Institución privada Otra institución Estados Unidos Mexicanos 92,582,812 47,245,909 7,165,164 1,041,534 1,192,255 32,842,765 958,787 2,615,213 1,149,542 Aguascalientes 1,161,139 780,525 92,771 3,786 3,196 271,996 1,680 31,789 3,179 Baja California 2,905,265 1,995,530 152,274 86,380 14,012 515,855 19,862 131,967 44,490 Baja California Sur 664,122 408,856 101,745 2,549 10,772 139,342 3,576 12,335 2,516 Campeche 719,677 288,186 62,638 2,070 32,088 327,334 8,950 7,441 2,914 Coahuila de Zaragoza 2,540,708 2,085,705 193,655 6,136 8,001 181,821 12,289 82,868 30,846 Colima 605,947 362,244 49,082 1,259 11,047 179,704 2,774 9,344 3,016 Chiapas 3,698,663 672,681 212,030 46,562 38,656 2,538,415 169,403 32,965 31,976 Chihuahua 3,156,294 2,043,251 172,774 28,073 10,831 688,684 31,733 127,454 120,058 Ciudad de México 6,689,012 3,881,545 1,128,554 12,484 104,474 1,203,824 21,158 444,160 93,084 Durango 1,366,665 744,664 185,483 7,012 8,406 404,554 16,703 16,765 5,967 Estado de México 11,267,677 5,983,389 828,041 359,266 141,504 3,449,337 66,031 276,048 289,383 Guanajuato 4,874,661 2,259,062 280,660 15,670 45,080 2,181,882 22,771 93,767 25,720 Guerrero 2,632,004 506,026 293,979 12,943 38,016 1,744,754 36,293 14,282 9,051 Hidalgo 2,149,373 744,201 221,985 10,312 34,160 1,097,048 22,969 24,978 21,204 Jalisco 5,835,710 4,149,528 222,298 9,792 23,536 1,213,421 17,404 244,435 60,763 Michoacán de Ocampo 2,954,556 1,207,045 282,942 11,393 15,176 1,372,093 41,892 44,075 17,911 Morelos 1,416,884 616,556 148,496 4,263 11,688 618,457 6,207 24,432 6,869 Nayarit 960,563 464,297 122,902 6,565 6,392 346,383 21,313 12,946 5,562 Nuevo León 4,681,465 3,596,116 178,747 41,527 28,744 558,212 10,068 330,130 86,910 Oaxaca 2,904,703 583,455 263,783 12,030 60,888 1,901,352 97,052 19,135 11,642 Puebla 4,650,982 1,445,433 218,559 97,861 34,972 2,721,081 54,956 90,326 41,363 Querétaro 1,873,160 1,121,262 92,561 4,022 7,753 587,007 9,255 87,908 9,582 Quintana Roo 1,365,328 827,522 106,142 6,087 10,764 383,986 7,433 33,527 8,445 San Luis Potosí 2,327,452 1,116,471 163,446 6,235 8,967 961,896 43,932 64,964 10,662 Sinaloa 2,447,515 1,516,933 252,973 12,432 17,561 629,386 18,879 41,489 19,365 Sonora 2,391,479 1,579,466 154,084 129,718 14,380 465,170 10,138 81,309 18,961 Tabasco 1,645,089 498,783 104,707 67,073 96,613 794,894 14,168 21,543 66,451 Tamaulipas 2,803,407 1,670,262 221,675 13,270 83,736 735,690 16,284 59,873 49,134 Tlaxcala 964,599 322,989 79,441 5,438 6,488 531,286 4,519 15,440 8,662 Veracruz de Ignacio de la Llave 5,825,533 2,266,970 350,652 9,661 240,294 2,828,959 108,127 69,749 30,721 Yucatán 1,810,121 980,491 116,856 4,944 19,019 628,098 26,576 60,097 9,348 Zacatecas 1,293,059 526,465 109,229 4,721 5,041 640,844 14,392 7,672 3,787 *La suma de los afiliados en las distintas instituciones de salud, puede ser mayor al total por aquella población incorporada en más de una institución de salud. Para el rubro Instituto de Salud para el Bienestar entró en funciones en enero de 2020, también incluye a la población que declaró estar afiliada al Seguro Popular. La información está referida al 15 de marzo.57 57 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (S/F). Población con afiliación a servicios de salud por entidad federativa según institución, 2020. Consultado el 28 de agosto de 2025. https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Derechohabiencia_Derechohabiencia_02_822ebcc5-ef41-40c1-9901- 22e397025c64. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 183 Cuadro 5. Población según condición de afiliación a servicios de salud, 202058 Total Afiliada No afiliada No especificado Estados Unidos Mexicanos 126,014,024 92,582,812 32,999,713 431,499 Hombres 61,473,390 44,171,954 17,065,902 235,534 Mujeres 64,540,634 48,410,858 15,933,811 195,965 Cuadro 6. Personas intérpretes en Lenguas indígenas registradas por Entidad Federativa59 Estado Número de personas intérpretes registrados Baja California 29 Baja California Sur 1 Campeche 43 Chiapas 147 Chihuahua 3 Ciudad de México 56 Colima 1 Durango 26 Estado de México 116 Guanajuato 7 Guerrero 126 Hidalgo 243 Jalisco 47 Michoacán 87 Morelos 20 Nayarit 10 Nuevo León 18 Oaxaca 242 Puebla 169 Querétaro 21 Quintana Roo 62 San Luis Potosí 55 Sinaloa 1 Sonora 25 Tabasco 15 Tlaxcala 12 Veracruz 121 Yucatán 181 58 Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo Nacional de Población y Vivienda 2020. Población según condición de afiliación a servicios de salud y sexo por entidad federativa, 2020. Consultado el 28 de agosto de 2025. https://inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Derechohabiencia_Derechohabiencia_01_3e83e8a1-690d-4cfb-8af0-a1e675979b3e 59 Elaboración propia a partir del Sistema de Información de Instituciones del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Consultado el 15 de enero de 2026. https://siip.inali.gob.mx/; específicamente https://siip.inali.gob.mx/statistics/location. 184 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Cuadro 7. Personas intérpretes registrados según ámbito60 Ámbito Descripción Número de personas intérpretes registrados Justicia Prestador de Servicios de Traducción de Textos de Lengua Española a Lengua Indígena y Viceversa en el Ámbito de Procuración y Administración de Justicia 956 Justicia Penal Intérprete formado con el Componente Laboral de Interpretación en Lengua Indígena 77 Diferentes Ámbitos Prestador de Servicios de Traducción de Lengua Indígena al Español y Viceversa en Diferentes Ámbitos 56 Desarrollo Social Hablante de Lengua Indígena en Atención a Programas Sociales 294 Salud Hablante de Lengua Indígena Promotor en Salud 406 Educación Hablante de Lengua Indígena en Incorporación y Desarrollo de Figuras Solidarias de Educación 18 Evaluador Evaluador en Justicia, Salud, Desarrollo Social y Educación 570 Interpretación Competencias comunicativas básicas bilingües orales y de interpretación en lenguas nacionales 119 Cuadro 8. Establecimientos que cuentan con sello turístico incluyente61 Estado Número de establecimientos que cuentan con sello turístico incluyente Aguascalientes 6 Baja California 2 Baja California Sur 2 Chiapas 15 Chihuahua 6 Ciudad de México 5 Colima 1 Estado de México 1 Guanajuato 3 Guerrero 1 Jalisco 1 Michoacán de Ocampo 1 Puebla 2 Quintana Roo 5 Sinaloa 2 Sonora 1 Veracruz 15 Zacatecas 18 Total, general 87 Nota: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas con sello Turismo Incluyente vigente. Disponible en: https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/sello-turismo-incluyente. Consultado 15 enero 2026 ____________________________ 60 Elaboración propia a partir del Sistema de Información de Instituciones del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Consultado el 15 de enero de 2026. https://siip.inali.gob.mx/ específicamente en https://siip.inali.gob.mx/statistics/standard. 61 Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas con sello Turismo Incluyente vigente. Consultado el 15 de enero de 2026. https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/sello-turismo-incluyente. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 185 PROGRAMA Nacional de Derechos Humanos 2026-2030. PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2026-2030 1. Índice 1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo 6. Objetivos 6.1 Relevancia del objetivo 1: Consolidar un gobierno empático y humanista sensible a los derechos humanos y libertades de todas las personas en México. 6.2 Relevancia del objetivo 2: Atender las causas que originan la violencia para garantizar la justicia social y el pleno desarrollo de toda la población. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Promover la construcción de la paz basada en la verdad y la justicia para garantizar el ejercicio de los derechos en México. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Asegurar el derecho a la igualdad sustantiva y no discriminación de grupos y personas en situación de vulnerabilidad en México. 6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030 7. Estrategias y líneas de acción 8. Indicadores y metas 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo. 3. Siglas y acrónimos AGRICULTURA: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural APF: Administración Pública Federal BIENESTAR: Secretaría del Bienestar BUEN GOBIERNO: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos COMUNICACIONES: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CoVAJ: Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa CoVEH: Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 186 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 CULTURA: Secretaría de Cultura DEFENSA: Secretaría de la Defensa Nacional DESARROLLO TERRITORIAL: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano DGPPDH: Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos ECONOMÍA: Secretaría de Economía EDUCACIÓN: Secretaría de Educación Pública ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación ENERGÍA: Secretaría de Energía FGR: Fiscalía General de la República GOBERNACIÓN: Secretaría de Gobernación HACIENDA: Secretaría de Hacienda y Crédito Público INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-Bienestar: Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado LGBTTTIQ+: Siglas para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexual, travesti intersexuales y queer MARINA: Secretaría de Marina MEDIO AMBIENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales MUJERES: Secretaría de las Mujeres TOTPCID: Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 PNDH 2026-2030 / Programa: Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030 RELACIONES EXTERIORES: Secretaría de Relaciones Exteriores SALUD: Secretaría de Salud SEGURIDAD: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SDHPM: Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia SSDHPM: Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración TRABAJO: Secretaría del Trabajo y Previsión Social TRANSFORMACIÓN DIGITAL: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones TURISMO: Secretaría de Turismo 4. Fundamento normativo El Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030 (PNDH 2026-2030) es un programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 (PND 2025-2030), cuya elaboración se enmarca en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en los artículos 22 y 26 de la Ley de Planeación y en lo señalado en el Anexo I: Sistema Nacional de Planeación Democrática del PND 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2025. Su objetivo es garantizar que las acciones del Estado mexicano se conduzcan conforme a una política de derechos humanos que dé coherencia, dirección y eficacia a los esfuerzos institucionales, presupuestarios y normativos en la materia. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 187 La elaboración del PNDH 2026-2030 tiene como fundamento el artículo 1o. de la CPEUM, donde se establece la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, reconocidos tanto en la CPEUM como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. El artículo 2o. constitucional reconoce y garantiza los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y establece que deben diseñarse políticas públicas con enfoque intercultural y perspectiva de género, considerando la composición pluricultural del país. Este mandato se traduce en una obligación de incorporar estos enfoques en la planeación, programación y presupuestación de los programas y acciones públicas, lo que constituye un eje transversal del PNDH 2026-2030. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 27 fracción VII, otorga a la Secretaría de Gobernación la atribución de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar, en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, la promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia, así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto. A su vez, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación establece en su artículo 46, fracción II, que la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos (DGPPDH) es la instancia responsable de definir las estrategias y acciones para consolidar una política de Estado transversal en materia de derechos humanos. En el plano internacional, México ha asumido diversos compromisos mediante la firma y ratificación de tratados y convenciones en materia de derechos humanos, entre los que destacan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la resolución 60/251 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En congruencia con la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, el PNDH 2026-2030 reafirma el compromiso del Estado mexicano de establecer un documento rector de política pública que fortalezca la promoción y protección de los derechos humanos en el país. En suma, el PNDH 2026-2030 constituye un instrumento jurídico y político de alcance nacional, sustentado en el mandato constitucional, el marco legal vigente y los compromisos internacionales del Gobierno de México. Su elaboración responde a la necesidad de consolidar una política de Estado en derechos humanos, con mecanismos efectivos de implementación, evaluación y seguimiento, orientados a la transformación estructural de las condiciones de desigualdad, discriminación y violencia. La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, es la dependencia responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del PNDH 2026-2030. 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo El PNDH 2026-2030 se sustenta en los principios del Humanismo Mexicano,1 entendidos como la base que orienta la acción del Estado hacia la dignidad y el bienestar de todas las personas. Dichos principios parten de la convicción de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; rechazan de manera categórica el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier otra forma de discriminación; impulsan la igualdad sustantiva como condición indispensable para el ejercicio pleno de los derechos; y reconocen que la libertad es esencia de la democracia. Con este fundamento, el PNDH 2026-2030 no solo define objetivos y estrategias, sino que consolida una visión integral en la que los derechos humanos se colocan como eje rector de la política pública, garantizando un desarrollo nacional justo, incluyente y respetuoso de la diversidad social y cultural de México. 1 El Humanismo Mexicano es un modelo de desarrollo ético, político y social que rige la planeación nacional, cuya prioridad absoluta es el bienestar de los sectores históricamente vulnerados bajo el principio rector: "Por el bien de todos, primero los pobres” Para más información se sugiere revisar el PND 2025-2030, el cual puede ser consultado en: https://www.gob.mx/presidencia/documentos/plan-nacional-de- desarrollo-2025-2030-391771; también se sugiere consultar el siguiente enlace: Gobierno de México. (2024). 10 principios del #HumanismoMexicano. [Video]. Consultado el 14 de enero de 2026. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zT00cImOSdA 188 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 El PNDH 2026-2030 contempla el Objetivo 1. Consolidar un gobierno empático y humanista sensible a los derechos humanos y libertades de todas las personas en México, para atender el problema público de la desconexión entre el gobierno y la población generado durante el periodo neoliberal, con el propósito de transformar el enfoque institucional mediante el cual se analizan y atienden los asuntos públicos. La justicia social requiere abordar estructuralmente las causas de la pobreza, la violencia y la discriminación a través de políticas públicas con enfoque de derechos y vocación universal, que prioricen a los sectores históricamente marginados. El modelo de atención a las causas impulsado por los gobiernos de la transformación logró disminuir la pobreza en México. Entre el año 2018 y 2024, 13.4 millones de personas superaron la pobreza y 1.7 millones salieron de la pobreza extrema de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).2 Lo anterior también se refleja en el rediseño de los programas sociales, para convertirse en instrumentos efectivos en la garantía de derechos. Un ejemplo de ello es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, reconocida hoy como un derecho. En cuanto a la pobreza, aunque persisten desafíos, cada vez más mexicanas y mexicanos en zonas históricamente marginadas, como las rurales e indígenas, avanzan gracias a esfuerzos permanentes para mejorar sus condiciones de vida. Continuar con esta labor requiere sumar esfuerzos e inversión en infraestructura, acceso a servicios básicos, fortalecimiento del desarrollo local y, sobre todo, la sensibilidad de un gobierno consciente de que no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre. No obstante, es importante destacar que la desigualdad también se redujo significativamente entre 2018 y 2024 que, medido a través del coeficiente de Gini, pasó de 0.426 a 0.391.3 Lo anterior resulta relevante, porque la desigualdad refleja la diferencia entre los ingresos de las personas más ricas y pobres, así como uno de los principales temas de la agenda pública del país: la coexistencia de pobreza en el campo con la pobreza masiva en zonas urbanas, ambas con profundas implicaciones en el acceso a derechos, seguridad y oportunidades de desarrollo. Los avances en salud y educación también han sido fundamentales para garantizar el bienestar y la equidad. El fortalecimiento de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) ha permitido ampliar la cobertura y calidad de la atención primaria, especialmente en comunidades rurales y marginadas. En el ámbito educativo, la tasa de alfabetización de las personas entre 15 y 24 años alcanzó el 99.2% en 2024,4 y actualmente se brinda un apoyo económico a estudiantes menores de edad inscritos en escuelas públicas de nivel secundaria para garantizar el acceso a la educación básica gracias a la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina Gutiérrez”, enfocada en niños, niñas y adolescentes. En materia de seguridad, el país ha adoptado una estrategia centrada en la prevención y en el fortalecimiento de la presencia institucional en los territorios. De septiembre de 2024 a diciembre de 2025, el promedio diario de homicidio doloso pasó de 86.9 a 52.4 víctimas, equivalente a 34 homicidios menos al día. De octubre a diciembre de 2025 se detuvo a 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto y se aseguraron más de 318 toneladas de droga. En Morelos, entre 2024 y 2025, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso disminuyó 26 por ciento y el feminicidio 28.6 por ciento.5 Estos resultados han tenido un impacto directo en la reducción de la violencia, reflejado en una tendencia sostenida a la baja en los homicidios dolosos, la coordinación entre instituciones federales, estatales y municipales ha sido determinante para debilitar las estructuras criminales y construir la paz. 2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Pobreza Multidimensional (PM) [Conjunto de datos]. (Indicadores de pobreza, Cuadro 1). Consultado el 3 de marzo de 2026. https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados 3 El coeficiente Gini mide la desigualdad económica de una sociedad, mediante la exploración del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a cero, existen mayores condiciones de equidad en la distribución del ingreso. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024. Nota Técnica. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/ Consultado el 14 de enero de 2026. 4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Catálogo nacional de Indicadores. [Conjunto de datos]. Consultado el 3 de marzo de 2026. https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6000000010&gen=134&d=n 5 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (2026). Comunicado 07 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.gob.mx/sspc/prensa/estrategia-nacional-de-seguridad-disminuyen-40-los-homicidios-dolosos- diciembre-de-2025-registra-el-nivel-mas-bajo-en-una-decada Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 189 Estos resultados no serían posibles sin atender las causas que generan la desigualdad, a través de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que de 2019 a 2025 incorporó a más de 3 millones 423 mil jóvenes,6 lo que permite alejarlos de contextos de exclusión mediante oportunidades laborales y de formación. Referente a las libertades políticas, cabe resaltar la política de no represión y no criminalización de la protesta social, y en consecuencia la defensa del derecho a la protesta, que ha realizado la Secretaría de Gobernación (GOBERNACIÓN) desde octubre de 2024 en la Agenda Nacional de Derechos Humanos con las personas titulares de las secretarías de gobierno de las entidades federativas en donde se ha dado difusión y seguimiento al protocolo tipo de atención a la protesta pacífica. Hay algunos retos estructurales que es necesario atender, por ejemplo, hay que continuar con el fortalecimiento de la legitimidad institucional, particularmente a nivel local, ya que este fenómeno impide el acceso equitativo a derechos y servicios. De ahí la importancia de la atención enfocada en la mejora de la confianza ciudadana en las instituciones de gobierno y en la promoción de la participación ciudadana. Asimismo, la discriminación estructural limita el desarrollo de mujeres, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, así como comunidades LGBTTTIQ+. Estas barreras impiden el ejercicio pleno de los derechos y requieren políticas públicas interseccionales, que reconozcan y atiendan la complejidad de las desigualdades. El acceso a la justicia, por ejemplo, no debe depender del origen étnico, el género, la condición socioeconómica o el lugar de residencia. Aunque el Índice Global de Impunidad muestra una mejora, al pasar de 69.21% en 20177 a 46.19% en 2024,8 persisten desafíos importantes para garantizar la justicia efectiva para todas las personas. El camino recorrido hasta ahora confirma que los Principios del Humanismo Mexicano han dado resultados concretos. Por ello, continuaremos con la consolidación de un país justo, equitativo y en paz, profundizando en la atención a las causas, en cerrar brechas persistentes y en fortalecer las capacidades institucionales del Estado. El avance es real, pero la transformación exige continuidad, evaluación constante y voluntad para enfrentar los retos que aún persisten, de modo que se continúe construyendo un gobierno sensible, empático y humanista al servicio del pueblo de México. Esta transformación demanda una coordinación efectiva entre múltiples actores del Estado mexicano, destacando a GOBERNACIÓN, Secretaría del Bienestar (BIENESTAR), IMSS-Bienestar, así como las entidades federativas y los gobiernos municipales. También es esencial la colaboración con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil que promueven la inclusión y la defensa de los derechos humanos. Esta articulación interinstitucional permitirá monitorear el impacto de las políticas, ajustarlas cuando sea necesario y garantizar que respondan a las necesidades de las poblaciones más afectadas. Se requiere una respuesta intersectorial e interinstitucional. La atención a la pobreza, la desigualdad y la exclusión no puede ser responsabilidad de una sola dependencia o nivel de gobierno. Por el contrario, es indispensable una cooperación activa entre los sectores de salud, educación, trabajo, justicia, seguridad, bienestar y de todas las instituciones y dependencias de la Administración Pública Federal (APF). Además, será clave la vinculación con el Poder Legislativo para fortalecer marcos normativos que promuevan la inclusión y garanticen justicia. El Objetivo 2. Atender las causas que originan la violencia para garantizar la justicia social y el pleno desarrollo de toda la población, orienta las acciones del PNDH 2026-2030 hacia la transformación estructural de los factores que perpetúan la violencia, como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades. Este enfoque permite dirigir estratégicamente los esfuerzos estructurales hacia la prevención y atención integral de dichas causas, generando cambios reales en la construcción de un país libre de violencia. Durante los gobiernos neoliberales, México enfrentó un modelo de desarrollo excluyente que profundizó desigualdades estructurales, fragmentó a la sociedad y negó derechos fundamentales a millones de personas. La pobreza, la discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo fueron normalizados, mientras los derechos sociales se usaban para mantener relaciones clientelares a cambio de lealtad política. Este contexto abonó a la generación del problema público que atiende este objetivo del PNDH 2026-2030: presencia de violencia estructural en algunas regiones del país, resultado de desigualdades estructurales, la falta de oportunidades y la ausencia de mecanismos efectivos para la justicia social durante el periodo neoliberal. 6 Gobierno de México, Versión estenográfica. Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 17 de noviembre de 2025. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-de-la- presidenta-claudia-sheinbaum-pardo-del-17-de-noviembre-de-2025. 7 Le Clercq Ortega, J. A., y Rodríguez Sánchez Lara, G. (Coordinadores.). (2017). Dimensiones de la impunidad global. Índice Global de Impunidad 2017 (IGI-2017). P.9. Consultado el 3 de marzo de 2026. https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017_esp.pdf 8 Le Clercq, Juan Antonio; Cháidez, Azucena (Coordinadores). Índice Global de Impunidad 2024. Midiendo el alcance de la impunidad global. p. 28 Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.udlap.mx/APII/files/indices/IGI-global-2024-UDLAP.pdf . 190 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Frente a este legado, la política de transformación marcó un cambio de paradigma: los programas sociales dejaron de ser asistenciales para convertirse en derechos constitucionales, universales y no condicionados. Este enfoque humanista busca garantizar el bienestar de la población y atender las causas estructurales que propician la violencia, especialmente en los territorios históricamente marginados. Con este panorama, los programas sociales han sido claves para avanzar en justicia social y disminuir la violencia. Un ejemplo es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha beneficiado a más de 3.4 millones de jóvenes9 y ha alcanzado 2 mil 471 municipios,10 y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores son pilares de un modelo con mayor bienestar social. La política de atención a las causas se complementa con acciones en el ámbito comunitario, como la estrategia de Constructores de Paz, que busca construir la paz y un mejor entorno comunitario, a través del trabajo directo con actores locales y redes vecinales. Otro de los retos estructurales más persistentes es el rezago educativo. Aunque la tasa de alfabetización aumentó, persisten brechas, especialmente en poblaciones indígenas y zonas rurales. Las becas educativas, como las otorgadas por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, y los programas de infraestructura escolar han contribuido a mejorar el acceso educativo, pero la calidad, la permanencia y la inclusión tienen metas por alcanzar y consolidar. Estas carencias reducen las oportunidades de vida y aumentan el riesgo de vinculación de las juventudes a dinámicas delictivas o precarias, por lo que se requiere seguir generando acciones que combatan este rezago social. Las desigualdades en el ámbito de la salud se manifiestan en la persistencia de brechas territoriales. El fortalecimiento de la infraestructura de salud busca abordar estas disparidades. La distancia a los centros de atención médica es un factor que ha limitado la prevención y el tratamiento de enfermedades, lo que pudiera impactar la calidad de vida de la población. El acceso desigual al trabajo digno también representa una causa estructural de exclusión y precariedad. No obstante, en diciembre de 2025 la población ocupada alcanzó los 59.8 millones de personas, uno de los niveles de ocupación más altos de los últimos años, no obstante, la informalidad laboral es un reto que atender (INEGI, 2025).11 Asimismo, la brecha digital continúa ampliando las desigualdades existentes, especialmente en un contexto de creciente digitalización de los servicios y la vida cotidiana. Aunque el uso de internet aumentó a 78.6%12 en 2022 y se registran avances en cobertura, las competencias digitales tienen un importante margen de crecimiento, ya que solo 31.3% de las personas cuenta con habilidades básicas, 24.6% con habilidades estándar y apenas 6.4% con habilidades avanzadas.13 Esto limita el acceso a servicios públicos digitales, oportunidades de empleo y participación ciudadana, especialmente en zonas rurales y comunidades aisladas. La falta de conectividad y de habilidades digitales impide a muchas personas ejercer plenamente sus derechos en un entorno cada vez más tecnificado. Para atender las causas que originan la violencia, es necesario consolidar una política de Estado que garantice continuidad, articulación territorial y coordinación entre los tres niveles de gobierno. Las respuestas sectoriales no bastan: se requiere una acción interinstitucional articulada. México ha avanzado en la atención de las causas, lo que se refleja en la reducción de la pobreza, mejoras en seguridad y ampliación de derechos sociales, pero aún existen retos para lograr que la población viva con bienestar y dignidad. Consolidar esta transformación requiere reconocer lo alcanzado, pero, sobre todo, redoblar esfuerzos en zonas prioritarias. El Objetivo 3. Promover la construcción de la paz basada en la verdad y la justicia para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en México, tiene como propósito atender, desde un enfoque estructural, la crisis sistémica que en el pasado enfrentó México en materia de derechos humanos, caracterizada por la persistencia de violaciones graves, la impunidad institucionalizada y la negación del acceso efectivo a la justicia para las víctimas. 9 Gobierno de México, Versión estenográfica. Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 17 de noviembre de 2025. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-de-la- presidenta-claudia-sheinbaum-pardo-del-17-de-noviembre-de-2025. 10 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Comunicado El 59% de los Jóvenes Construyendo el Futuro fueron de sectores históricamente vulnerables. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.gob.mx/stps/prensa/el-59-de-los-jovenes-construyendo-el-futuro-fueron-de- sectores-historicamente-vulnerables. 11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). Boletín de indicador 97/26, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), p.1. Consultado el 2 de marzo de 2026. https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/enoe/enoe2026_02.pdf 12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). Estadísticas a propósito del día mundial del internet, p. 1. Consultado el 14 de enero de 2026. https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_DMInternet.pdf 13 Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2024). Diagnóstico del estado que guarda el Internet en México 2024, p. 38. Consultado el 3 de marzo de 2026. https://www.ift.org.mx/sites/default/files/diagnosticos_v09122024.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 191 Históricamente, organismos nacionales e internacionales han documentado y denunciado violaciones a derechos humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual cometida por agentes del Estado y represión de la protesta social. Casos emblemáticos como la masacre de Tlatelolco en 1968, la “Guerra Sucia” en los años 70 y 80, la represión de Atenco en 2006 y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, dejaron una herida en la sociedad, donde el Estado fue incapaz de garantizar verdad, justicia y garantías de no repetición. Esta situación se agravó en 2006 con la llamada "guerra contra el narcotráfico", que militarizó la seguridad pública y generó un incremento exponencial en las violaciones de derechos humanos, especialmente en el número de personas desaparecidas, ejecuciones arbitrarias y actos de tortura, muchas veces perpetrados con la participación directa o indirecta de agentes del Estado. Ante este contexto, el gobierno de la Cuarta Transformación asumió, desde su inicio en diciembre de 2018, el compromiso ineludible de colocar a los derechos humanos en el centro de la acción del Estado. Reconociendo la magnitud de la crisis y la deuda histórica con las víctimas, se estableció como prioridad atender las violaciones graves a derechos humanos del pasado y del presente, con una política basada en la verdad y la justicia. Las desapariciones forzadas y la violencia política que enfrentó México en el pasado han dejado huellas profundas que requieren atención. Estos fenómenos afectaron a generaciones, pusieron a prueba la convivencia comunitaria y generaron desafíos importantes en la relación entre la ciudadanía y las instituciones. Sobre todo, impactó a familiares de personas desaparecidas y víctimas de violencia estatal, muchas veces pertenecientes a comunidades en situación de vulnerabilidad como pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mujeres buscadoras, jóvenes y personas en situación de pobreza. Superar esta deuda histórica implica fortalecer la rendición de cuentas, consolidar los sistemas de justicia y garantizar mecanismos eficaces de búsqueda y verdad, así como las medidas de no repetición y la reparación del daño. En este contexto, la construcción de paz se vuelve fundamental ya que implica generar condiciones para el reconocimiento de las víctimas, y la creación de entornos donde la dignidad y los derechos humanos sean garantizados de manera plena. Por ello, los gobiernos de la Cuarta Transformación han impulsado de manera decidida la cultura de paz a través de modelos de justicia transicional, participación ciudadana y la recuperación de la confianza en las autoridades. Estas acciones son esenciales para afrontar los desafíos en materia de violaciones graves de derechos humanos, violencia, inseguridad, desconfianza institucional, impunidad, desaparición forzada, violencia institucional y rezago en la búsqueda y en la atención a víctimas y familiares de víctimas de conflictos pasados. Otro tema que ha merecido atención prioritaria es la lucha de las familias por encontrar a sus seres queridos desaparecidos, una lucha por la justicia, la verdad y el esclarecimiento de los hechos. Por ello, el Gobierno de México trabaja para fortalecer los mecanismos de búsqueda, garantizar la rendición de cuentas y consolidar un sistema de justicia al servicio del pueblo. En este contexto, los avances en materia de justicia y derechos humanos —como la identificación de personas desaparecidas, el uso de nuevas tecnologías para la búsqueda y la creación de redes nacionales de buscadoras— deben ser considerados como un proceso continuo que requiere compromiso político, recursos suficientes y participación de todos los sectores. Solo así será posible lograr una paz duradera basada en la verdad, la memoria y la justicia. Otro de los temas urgentes y sensibles en la agenda de derechos humanos es la búsqueda de personas desaparecidas. No se trata únicamente de una violación grave a derechos fundamentales, sino de una herida abierta que causa un profundo dolor en las familias y un impacto devastador en la sociedad. En este sentido la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a todas las dependencias del Gobierno a atender como una prioridad de Estado el problema de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Siguiendo dicha instrucción, desde GOBERNACIÓN se han llevado a cabo diversas mesas de diálogo con familias, colectivos de familiares centradas en la agenda de búsqueda de personas desaparecidas, expertos en defensa de derechos humanos, organismos autónomos protectores de derechos humanos, académicos y organismos internacionales. Estos espacios de escucha y construcción colectiva, permitieron abordar puntos coyunturales como la búsqueda y seguridad, identificación humana forense, bases de datos e información, bienestar y la prevención. A lo largo de las mesas celebradas durante abril y mayo de 2025, se contó con la participación de autoridades y representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas, con el propósito de colocar a las familias en el centro de toda acción, y avanzar conjuntamente hacia una política de Estado con rostro humano. 192 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 En este contexto las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población impulsadas por la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, fortalecen la respuesta institucional ante los casos de desapariciones en México.14 Entre las propuestas más relevantes se encuentran la Clave Única de Registro de Población biométrica, la Alerta Nacional de Búsqueda de personas, la creación de la Plataforma Única de Identidad; el establecimiento de la Base Nacional de Carpetas de Investigación; el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, y las nuevas obligaciones para personas servidoras públicas y particulares. Estas reformas no solo aspiran a mejorar las herramientas y procedimientos para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, sino también establecer un sistema más coordinado y eficiente que garantice la protección de los derechos humanos y la justicia para las víctimas y sus familias. Un ejemplo del trabajo realizado por el Gobierno de México para la memoria y justicia es la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como la implementación del Plan Especial de Reparación y Compensación y el Registro Nacional de Víctimas de la “Guerra Sucia”. A través de la CoVEH se han realizado levantamientos de 831 testimonios de personas de 20 entidades federativas y se ha hecho registro documental en 87 acervos,15 también se han hecho inspecciones de instalaciones militares para realizar investigaciones relevantes. La CoVEH se integró por cinco mecanismos: 1. Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, 2. Comité para el Impulso a la Justicia. 3. Programa Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 4. Programa Especial de Reparación Integral y Compensación, y 5. Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición. Es cierto que, durante décadas, ningún gobierno había abordado de manera seria y comprometida el tema de la reparación, la memoria y la justicia para las víctimas de la llamada “Guerra Sucia”. Por primera vez, con la creación de la CoVEH y la implementación del Plan Especial de Reparación y Compensación; dirigido a víctimas de violaciones a derechos humanos, especialmente en casos de graves violaciones cometidas por el Estado o autoridades, se avanza en un acto de justicia histórica que reconoce el dolor de las personas que fueron silenciadas y perseguidas. Asimismo, la CoVAJ implementa un modelo integral de atención con un enfoque centrado en las víctimas. A través de esta acción, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) transformó la dinámica de las instituciones de la APF, al establecer una coordinación interinstitucional que contribuye a la creación de medidas encaminadas a garantizar los derechos de las víctimas y avanzar en el proceso de acceso a la justicia relacionado en cada caso. El caso Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de la exigencia nacional por verdad, justicia y no repetición ante las graves violaciones a derechos humanos. Frente a este desafío histórico, GOBERNACIÓN asume con responsabilidad su papel en el esclarecimiento de los hechos y en la garantía de que nunca más se utilice la fuerza del Estado para reprimir a quienes ejercen sus derechos. En este marco, la CoVAJ tiene como propósito fundamental, identificar las acciones que derivaron en la agresión y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como contribuir a brindar respuestas claras a las familias y a la sociedad. Los esfuerzos de la CoVAJ se desarrollan a partir de cinco ejes estratégicos: búsqueda en campo, fortalecimiento del proceso de identificación humana, acceso a la verdad y justicia, trabajo en los procesos de extradiciones, y la ruptura del pacto de silencio criminal. De manera paralela, se realizará un nuevo análisis de la información contenida en los expedientes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa y de la propia CoVAJ con apoyo de nuevas tecnologías para abrir líneas que conduzcan a la obtención de datos e indicios clave para la investigación. Con ello, se busca que, hacia el 2030, la CoVAJ se consolide como un precedente para la construcción de mecanismos extraordinarios de atención integral a víctimas de violaciones graves a derechos humanos, reafirmando el compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la memoria. 14 Dichas reformas pueden consultarse en el “Decreto por el que se fortalecen los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5752331&fecha=18/03/2025#gsc.tab=0, 15 Secretaria de Gobernación. (2023). Boletín Comisión en materia de violaciones graves a los derechos humanos entre 1965 a 1990 presenta informe de avances. Consultado el 3 de marzo de 2026. https://www.gob.mx/segob/prensa/presenta-comision-en-materia-de- violaciones-graves-a-los-derechos-humanos-entre-1965-a-1990-informe-de-avances. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 193 Por otro lado, el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual Cometida contra las mujeres se fortaleció con las reformas impulsadas en el presente sexenio, ya que actualmente cuenta con la participación de la Secretaría de las Mujeres (MUJERES), creada en 2025, la cual fortalecerá los trabajos e impulsará el cumplimiento de los objetivos de este organismo, para lograr que toda mujer ejerza su derecho a una vida libre de violencias. Es de la mayor relevancia para el Estado mexicano consolidar políticas públicas que garanticen la no repetición, fortalezcan la memoria histórica, perfeccionen los mecanismos de justicia y promuevan la construcción de una sociedad pacífica. La transformación institucional debe orientarse a consolidar un modelo de paz que no sea solo ausencia de conflicto, sino presencia activa de derechos, justicia y bienestar para todas las personas, especialmente para quienes más han sufrido. Además, México ha registrado avances relevantes en la promoción de la igualdad y en el reconocimiento de derechos históricamente negados a diversos grupos en situación de discriminación. Estos logros han sido posibles gracias a la participación social activa y a la transformación de la agenda pública en favor de la equidad. Sin embargo, persisten condiciones estructurales de desigualdad y exclusión que requieren de una respuesta institucional decidida. En este contexto el Objetivo 4. Asegurar el derecho a la igualdad sustantiva y no discriminación de grupos y personas en situación de vulnerabilidad en México busca consolidar y ampliar los esfuerzos existentes mediante políticas públicas con enfoque interseccional y de derechos humanos, para atender el problema público de la persistencia de barreras institucionales y sociales que impiden que grupos de población en situación de vulnerabilidad accedan a las mismas oportunidades y derechos que el resto de la población. Uno de los logros más significativos en lo que va del sexenio en materia de igualdad sustantiva, es la erradicación de la brecha salarial y protección contra la violencia de género, a partir de las reformas propuestas a la CPEUM para modificar los artículos 4o., 21, 41, 73, 116 y 123. Estas acciones, además de enmarcarse en un contexto histórico en donde por primera vez en México hay una mujer Presidenta, significan un mensaje claro sobre la relevancia de la igualdad de género para este segundo piso de la transformación. De forma especial, la reforma al artículo 4o. de la CPEUM representa un avance en la lucha por la igualdad sustantiva ya que parte de reconocer que la igualdad entre mujeres y hombres ante la ley no corrige las desigualdades estructurales. Con lo anterior, se logra establecer que el Estado mexicano debe intervenir de forma activa en la eliminación de las barreras estructurales para combatir las desigualdades materiales que afectan a las mujeres en todas las áreas donde se desenvuelven día con día. También resulta relevante destacar la reforma al artículo 21 de la CPEUM, que incorpora la perspectiva de género como uno de los principios rectores de las instituciones de seguridad pública. Asimismo, la reforma al artículo 41 constitucional establece el principio de paridad de género en los cargos de la administración pública tanto en las entidades federativas como en los municipios. Por su parte, la reforma al artículo 73 de la CPEUM amplía las facultades del Gobierno Federal para conocer de delitos del fuero común relacionados con las violencias de género. A su vez, la modificación al artículo 116 obliga a que las constituciones estatales garanticen la procuración de justicia con enfoque de género. Finalmente, la reforma al artículo 123 establece que a trabajo igual debe corresponder salario igual, sin importar el género ni la nacionalidad. Estos cambios proporcionan aportes importantes en un país donde las mujeres enfrentan segregación y violencia en todos los espacios, desde el acoso hasta la violencia psicoemocional, familiar, física, patrimonial, económica, sexual, vicaria y feminicida. Por ello vale la pena reconocer que esta realidad tiene muchas aristas sobre las cuales se debe seguir trabajando con el objetivo de eliminar todo tipo de desigualdad y violencia de género, así como lograr una igualdad sustantiva completa. En cuanto a la lucha contra la discriminación, se ha logrado visibilizar la discriminación estructural y las narrativas de odio que sustentan las falsas creencias y prejuicios en el país. Una muestra de este compromiso son los trabajos territoriales que ha realizado el Gobierno de México a través de la estrategia Territorios por la igualdad, donde se ha atendido de manera interseccional a 20 grupos identificados como más vulnerados socialmente. A través de este trabajo se han escuchado las realidades de grupos históricamente discriminados, en municipios de 22 estados, para generar acciones en su beneficio.16 También se han atendido las realidades de contextos específicos con la intención de desmantelar prácticas excluyentes percibidas por estas poblaciones. De este modo, la estrategia permite visibilizar y conocer de primera mano las intersecciones por las que atraviesan las poblaciones, así es posible tomar en cuenta las consideraciones necesarias para realizar el ejercicio completo de derechos humanos de todas las personas. 16 Registros administrativos internos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. 194 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Nuestro país es parte del principal corredor migratorio del mundo, enfrentando múltiples retos en la gestión de la movilidad humana. Como país de origen, tránsito, destino y retorno, requiere mecanismos de coordinación internacional para asegurar una migración ordenada y con enfoque de derechos humanos. El Gobierno de México ha priorizado el respeto a los derechos de las personas migrantes, asegurando una atención integral a través del fortalecimiento de la gestión migratoria, promoviendo acuerdos de cooperación internacional; la ampliación de servicios de asistencia y protección consular, garantizando documentación, asesoría legal y apoyo en casos de vulnerabilidad, y el reconocimiento de la contribución de las personas en movilidad a sus comunidades de destino y al desarrollo económico tanto del país de llegada, como del que recibe sus remesas. La política migratoria debe equilibrar la seguridad con la protección de los derechos humanos, asegurando condiciones dignas para las personas en movilidad. Para ello, se fortalecerá la infraestructura y capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la atención, y de las personas con necesidades de protección internacional garantizando una gestión humanitaria y eficiente. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 reveló que una cuarta parte (23.7%) de la población de 18 años y más, declaró haber experimentado discriminación por al menos un motivo de los siguientes: tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social o lugar donde vive, creencias religiosas, edad, sexo, orientación sexual, etnicidad, condición de discapacidad, enfermedad, opiniones políticas, estado civil, situación de pareja o situación familiar.17 Ante este escenario, el compromiso del Gobierno de México es continuar trabajando para reducir las desigualdades en el acceso a los derechos y libertades fundamentales. Para ello será indispensable fortalecer las políticas de igualdad sustantiva e inclusión y de mejorar la capacitación de las personas servidoras públicas en todos los órdenes de gobierno, con el fin de garantizar que todas las personas, sin distinción, puedan ejercer plenamente sus derechos. Este esfuerzo requiere la coordinación transversal de los sectores educativo, social, económico, de salud, justicia y seguridad, y se consolidará a través de mecanismos interinstitucionales de seguimiento y evaluación. La articulación entre estos sectores es fundamental para responder de manera efectiva a un problema público que, por su complejidad, no puede ser abordado desde un solo frente. Vinculación con los anexos transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación Dada la naturaleza transversal del PNDH 2026-2030, sus objetivos y estrategias abarcan y se vinculan directamente con la mayoría de los grupos considerados en los anexos Transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación. Este análisis, centrado en la atención a las causas estructurales de la desigualdad, la violencia y la discriminación, permite enfocar la planeación nacional en el desarrollo humano, impactando directamente la asignación de recursos y la implementación de políticas para la población en su conjunto. Mediante sus objetivos no solo buscan atender la pobreza, la desigualdad y la violencia, sino que lo hacen desde un enfoque humanista y de derechos humanos que prioriza a los grupos históricamente excluidos. El Objetivo 1 busca un gobierno empático que, al combatir la desconexión con la ciudadanía y promover un enfoque de derechos, canaliza recursos hacia la igualdad entre mujeres y hombres (Anexo 13), la atención a personas en situación de vulnerabilidad (Anexo 14) y el desarrollo de los jóvenes (Anexo 17). Por su parte, el Objetivo 2, al abordar las causas estructurales de la violencia, como el rezago educativo y la informalidad laboral, se relaciona con las erogaciones para la atención de niñas, niños y adolescentes (Anexo 18) y entre otras actividades, la promoción de proyectos productivos (Anexo 19), además de vincularse con las acciones para el desarrollo rural sustentable (Anexo 11). El Objetivo 3 se centra en la construcción de paz y justicia, donde el uso de nuevas tecnologías y la consolidación de capacidades institucionales para la búsqueda y atención a víctimas se liga con el Programa de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Anexo 12) y la atención a grupos vulnerables (Anexo 14). Finalmente, el Objetivo 4 promueve la igualdad sustantiva y la no discriminación, lo que impacta las erogaciones para la consolidación de una sociedad de cuidados (Anexo 31), la atención a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas (Anexo 10), y la adaptación y mitigación al cambio climático (Anexo 16), al reconocer la vulnerabilidad de las poblaciones frente a los fenómenos ambientales. De esta manera, el PNDH 2026-2030 no es un programa aislado, sino un instrumento fundamental de planeación nacional que articula y orienta la inversión pública hacia la construcción de un país más justo, equitativo y en paz. 17 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Comunicado de prensa núm. 275/23, p.2. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENADIS/ENADIS_Nal22.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 195 Visión de largo plazo El Gobierno de México asume hacia el año 2030, consolidar un país en el que la igualdad sustantiva y la no discriminación sea una realidad palpable para todas las personas, por lo que se requiere continuar con las estrategias realizadas por el Gobierno de México en materia de derechos humanos. Esto implica sentar las bases de un nuevo pacto social fundado en el respeto a la dignidad humana, la reparación histórica hacia los pueblos discriminados, y la garantía plena de los derechos en todos los territorios. El horizonte de este programa no es únicamente el sexenio presente, sino el desarrollo de políticas transformadoras en la conquista de derechos, que perduren en el tiempo y aseguren justicia intergeneracional. La visión a 20 años, derivado de la implementación del PNDH 2026-2030, es la consolidación de un Estado garante de derechos, comprometido con la universalización del bienestar y la dignidad humana, con instituciones públicas fuertes y transformadas, que sean sensibles, accesibles y cercanas a las personas, especialmente con quienes históricamente han sido excluidas. Con ello, para 2045, se tendrá un país más justo, solidario y democrático, en el que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos humanos y vivir con dignidad y libertad. 6. Objetivos Para garantizar los derechos humanos en México y consolidar el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030 concentrará los esfuerzos del gobierno en cuatro áreas prioritarias. Objetivos del Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030 1.- Consolidar un gobierno empático y humanista sensible a los derechos humanos y libertades de todas las personas en México. 2.- Atender las causas que originan la violencia para garantizar la justicia social y el pleno desarrollo de toda la población. 3.- Promover la construcción de la paz basada en la verdad y la justicia para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en México. 4.- Asegurar el derecho a la igualdad sustantiva y no discriminación de grupos y personas en situación de vulnerabilidad en México. 6.1 Relevancia del Objetivo 1: Consolidar un gobierno empático y humanista, sensible a los derechos humanos y libertades de todas las personas en México. Por décadas, los gobiernos neoliberales dejaron a un lado a la población, gobernaron con opacidad, sin tomarlos en cuenta y sin generar mecanismos para informar de forma oportuna sobre los temas que más le preocupaban. Los gobiernos de la Cuarta Transformación, al contrario, impulsan espacios y mecanismos abiertos de participación social a fin de involucrar al pueblo en los asuntos públicos para mejorar sus comunidades y su entorno. La participación ciudadana parte del reconocimiento de que el pueblo de México posee una sabiduría que le permite comprender cuáles son las problemáticas que más le afectan, y que entiende cuáles son los caminos hacia las soluciones. Por ello, en reconocimiento a esa sabiduría, el presente Gobierno impulsa estrategias y mecanismos para incorporar la participación de las y los ciudadanos. El resultado ha sido el fortalecimiento de la gobernanza mediante la atención a las demandas de la población y el fomento de una sociedad más participativa e informada. Los gobiernos de la Cuarta Transformación se basan en los Principios del Humanismo Mexicano, que establecen que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por ello, resalta la importancia de promover espacios de liderazgo y decisión para que los grupos en situación de vulnerabilidad se integren a la cultura democrática del país. No obstante, para que estos Principios se traduzcan en una democracia incluyente y participativa, resulta indispensable reconocer las brechas estructurales que aún limitan el ejercicio pleno de los derechos, entre estas se considera la discriminación histórica de minorías y grupos vulnerables como los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a los que por cientos de años se les han coartado sus derechos humanos y el acceso a servicios básicos. La persistencia de desigualdades económicas y de género en el ámbito laboral evidencia que, aunque se han impulsado mecanismos de participación y liderazgo para grupos en situación de vulnerabilidad, aún existen áreas de oportunidad. 196 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Sabemos que, la desigualdad económica y de género continúa reflejándose en los ingresos laborales. En el tercer trimestre de 2025, los hombres percibieron ingresos 19.88% superiores (ocho mil 137.40 pesos) a los de las mujeres (seis mil 519.53 pesos), y quienes laboran en el sector informal ganaron en promedio la mitad (cinco mil 237.34 pesos) respecto al sector formal (10 mil 573.62 pesos), evidenciando un mercado de trabajo con aspectos por mejorar en las condiciones laborales.18 En este sentido, el presente objetivo cuenta con acciones para fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la participación social y comunitaria. Para ello, se promoverán mecanismos de acuerdos y consensos, así como el intercambio y la sistematización de buenas prácticas en las materias de participación ciudadana, cohesión social y cultura de paz. En el gobierno actual se respetan todas las libertades: de expresión, prensa, reunión, movilización, credo, entre otras. Se respetan los derechos humanos y nunca se usa la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Se respeta la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Esto parte del reconocimiento de que, en las sociedades democráticas, las transformaciones sociales y políticas se han dado a partir y como consecuencia del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, manifestación y asociación, ya que estos promueven y protegen diversas formas de demandar el ejercicio y garantía de otros derechos sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos, así como de expresar la opinión por parte de grupos históricamente discriminados. Asimismo, parte del entendimiento que la libertad de expresión es un derecho humano que deriva del artículo 6o. de la CPEUM el cual establece que: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Los gobiernos de la Cuarta Transformación parten de un movimiento nacional, por tanto, entienden que, ante todo, se debe reconocer que las protestas tienen su origen en la búsqueda de soluciones a problemáticas que afectan a la población, y que son uno de los medios que permite a las personas y a los grupos participar de forma significativa en la vida política, económica, social y cultural de la sociedad. Que, derivado de ello, las autoridades tienen la obligación de atender sus demandas, a través de los medios y recursos con los que se cuente, de forma tal que se garanticen y respeten sus derechos humanos. 6.2 Relevancia del Objetivo 2: Atender las causas que originan la violencia para garantizar la justicia social y el pleno desarrollo de toda la población. Para el Gobierno de México, las personas son una prioridad porque una de las principales causas que generan la violencia es el abandono de la población en situación de vulnerabilidad, lo que les orilla a tener modos de vida alejados de la legalidad. En México, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, señala que 2018 a 2024, la tasa de prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes tuvo una disminución de 14.62%, al pasar de una tasa de 28,269 víctimas por cada 100 mil habitantes a 24,135, en el periodo referido.19 Por ello se busca consolidar las estrategias integrales focalizadas que permitan atender a las familias, mediante la continuidad de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, con los que se brindan alternativas que ofrecen una perspectiva de vida diferente. Con las políticas públicas del Gobierno de México, se impulsa el bienestar de la población, mediante la implementación de programas sociales, sobre todo, aquellos que van dirigidos a la población vulnerable. Con un enfoque nuevo, la paz se construye a partir de permanecer en el territorio, en las comunidades, para identificar las problemáticas que enfrentan las familias, e incorporar a sus integrantes a los distintos programas y servicios del Gobierno Federal. La atención a las causas se realiza en todo el país, de manera especial en las colonias de municipios prioritarios con mayor incidencia delictiva y rezago, por lo que la estrategia avanza en 12 entidades federativas, en beneficio de 3.1 millones de personas, brindado más de 4.8 millones de atenciones en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Colima y Jalisco.20 18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Boletín de Indicador 670/25, p. 4. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pl/pl2025_11.pdf 19 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 (ENVIPE) Septiembre 2025, p. 8. Consultada el 14 de enero de 2026 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf 20 Secretaría de Gobernación. (2026). Comunicado 001. Consultado el 14 de enero de 2026. https://www.gob.mx/segob/prensa/mas-de-3- millones-de-personas-beneficiadas-con-la-estrategia-de-atencion-a-las-causas Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 197 Se brinda un seguimiento casa por casa, en atención médica, educación, oportunidades de empleo y se implementan las Ferias de Paz acercando a la población servicios, programas, apoyos, salud, deporte y cultura. Se atiende con una perspectiva regionalizada, de esta manera, las estrategias no son las mismas para las entidades federativas. Finalmente, se impulsan campañas preventivas a nivel nacional para la prevención del consumo de drogas, mediante trípticos y carteles en cada colonia, así como pláticas con vecinas y vecinos. 6.3 Relevancia del Objetivo 3: Promover la construcción de la paz basada en la verdad y la justicia para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en México. La desaparición forzada constituye una violación grave a los derechos humanos, que involucra una pluralidad de conductas delictivas y que vulnera los derechos tanto de la persona afectada, como de sus familiares, personas cercanas, y de la sociedad en conjunto. En México, durante el periodo conocido como la “Guerra Sucia”, la desaparición forzada de personas fue cometida por agentes del Estado. En la actualidad la comisión de este delito ha mutado, ya que principalmente se encuentra vinculado a la delincuencia organizada y es cometido por particulares. Por décadas, las denuncias de personas desaparecidas por la “Guerra Sucia” se iniciaron por secuestro, abuso de autoridad u otros delitos que prescribían, es decir, que no permitían su sanción por el transcurso del tiempo. En 2024 el Gobierno de México reclasificó delitos cometidos en dicho periodo, la Fiscalía General de la República (FGR), con el acompañamiento de GOBERNACIÓN, llevó a cabo la traslación de tipos penales para investigar. Se identificaron y regionalizaron 244 expedientes a fin de comprender las circunstancias en las que ocurrieron los delitos, la mayoría de los casos se concentran en Guerrero (48.8%), seguido por Ciudad de México (15.1%), Sinaloa (9.4%) y Jalisco (6.1%).21 Al cierre del informe 2024 de la CoVEH, el Registro Nacional de Víctimas contó con un total de 2,619 víctimas inscritas por hechos derivados de este periodo, de las cuales 632 (24.1%) son víctimas directas y 1,987 (75.8%) son indirectas.22 En este sentido, existe la necesidad de fortalecer las medidas para la determinación del paradero de las personas desaparecidas, las cuales deben partir de la presunción de vida, hasta llegar a un resultado determinante sobre la situación de la víctima, impulsando las labores de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas y no localizadas. Asimismo, es indispensable la participación de los familiares y víctimas indirectas de este delito en la formulación de políticas, programas y acciones en su beneficio. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas requiere del fortalecimiento en su coordinación, su cobertura y la calidad de servicios. Para ello, es importante impulsar la profesionalización del personal, la investigación sobre víctimas y la modernización de los procesos de planeación y evaluación de políticas de atención. Para el Gobierno de México atender a las personas sobrevivientes, víctimas directas, víctimas indirectas, familiares y colectivos del oscuro periodo de violencia política conocido como “Guerra Sucia" ha sido prioridad desde el primer día, estar del lado de las víctimas con un enfoque de derechos humanos, sancionar a las personas responsables y que se esclarezcan los hechos. Esta es una consigna para trabajar por la verdad y la justicia, pero sobre todo por la memoria y la no repetición. Por otra parte, se integran Comités de Paz para garantizar en las colonias y comunidades la permanencia y continuidad de esta estrategia. A través de ellos se mantiene la presencia del Gobierno de México. La construcción de una paz duradera se ha fundamentado en una amplia coordinación interinstitucional, que articula los esfuerzos de dependencias de los tres órdenes de gobierno para intervenir de manera integral en territorios prioritarios de estados como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Tabasco, Sonora y Zacatecas.23 Este esfuerzo responde al objetivo de atender las causas que originan la violencia para garantizar la justicia social y el pleno desarrollo de las personas, lo que permite que estas acciones incidan de manera directa en el bienestar de la población, al reducir los factores de riesgo, fortalecer la cohesión comunitaria y promover entornos más seguros y justos para todos. 21 Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. 2024. Informe Final 2024. Resumen ejecutivo de los reportes de los cinco instrumentos de la Comisión. PP. 61-63. Consultado el 14 de enero de 2026 https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/work/models/ComisionVerdadyJusticia/Documentos/Informe2024/20240909_Informe_COVEH.p df 22 Ídem, p. 85. 23 Gobierno de México. Primer Informe de Gobierno, Presidenta Claudia Sheinbaum 2024-2025. pp. 64-65. Consultado el 14 de enero de 2025. https://www.informegobierno.gob.mx/usercontent/68b4162a4d926-1IG-INFORME-INTEGRADO-FINAL_26_08_2025 198 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Como parte de esta estrategia, en otro eje, se trabaja en las 32 Mesas de Paz estatales y 266 regionales, que llevan a cabo Jornadas de Paz en todo el país. Y en una acción coordinada, dependencias federales, estatales y municipales atienden de manera integral a la comunidad con servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del IMSS-Bienestar, de Salud y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); y la estrategia de medicamentos gratuitos, que tienen una alta demanda, así como las asesorías jurídicas de las diferentes instancias del Gobierno de México24. Continúa también la acción Sí al Desarme, Sí a la Paz, con la que se ha promovido el desarme voluntario entre la población, con la entrega de más de 2 mil25 armas de diversos calibres intercambiadas. Por otro lado, para frenar los ciclos de violencia, la estrategia gubernamental prioriza la reinserción social, ofreciendo a las personas en conflicto con la ley las herramientas necesarias para rediseñar su proyecto de vida y volver a su comunidad. 6.4 Relevancia del Objetivo 4: Asegurar el derecho a la igualdad sustantiva y no discriminación de grupos y personas en situación de vulnerabilidad en México. Los gobiernos de la Cuarta Transformación condenan las distintas manifestaciones de la desigualdad y la discriminación que por varias generaciones perpetuaron los gobiernos neoliberales, con desigualdades marcadas por una minoría favorecida y una amplia mayoría de personas y grupos sociales en injusta marginación y exclusión en el disfrute de los derechos humanos, del bienestar y de la paz. La ENADIS 2022 reveló que una cuarta parte (23.7%) de la población de 18 años y más en México reportó haber sido discriminada, cifra que aumenta en grupos específicos como la población LGBTTTIQ+ (37.3%), personas con discapacidad (33.8%) y migrantes (28.8%)26. Atender esta problemática mediante políticas públicas de inclusión laboral, acceso equitativo a servicios de salud y educación, campañas de sensibilización y fortalecimiento de mecanismos de denuncia permite reducir las brechas de desigualdad, ampliar las oportunidades de movilidad social y garantizar que grupos históricamente excluidos ejerzan sus derechos, lo que se traduce en mayor bienestar y cohesión social. En México se atienden las desigualdades históricas en múltiples formas de discriminación estructural hacia mujeres, pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, y personas LGBTTTIQ+, entre otras poblaciones. Se trata de poblaciones y grupos sociales a los que se trató de manera denigrante, con racismo, xenofobia, clasismo, machismo, misoginia, homofobia, lesbofobia y transfobia o el capacitismo. En el trasfondo estaban los prejuicios y estereotipos que contribuyeron a ampliar las brechas sociales y económicas. Por ello, la guía es el respeto a la CPEUM que garantiza el derecho de todas las personas a vivir en una sociedad justa, igualitaria y segura, sin distinción de género, orientación sexual, raza, creencias o condición social. El Gobierno de México, respeta la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual, y rechaza cualquier tipo de discriminación como el clasismo, racismo y machismo. Frente a este panorama, asegurar la igualdad sustantiva y la no discriminación no es solo un principio ético, sino una acción concreta de justicia social. Las reformas constitucionales impulsadas durante esta etapa de transformación demuestran un compromiso firme del Estado mexicano con la eliminación de las desigualdades estructurales, particularmente aquellas que afectan a mujeres, pueblos originarios, personas con discapacidad, migrantes, y comunidades históricamente discriminadas. La intención es consolidar un nuevo modelo de gobernanza basado en los derechos humanos, la equidad y el reconocimiento pleno de la dignidad de todas las personas. 6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030 El PND 2025-2030 y el PNDH 2026-2030 mantienen una estrecha vinculación al compartir principios y objetivos orientados a la construcción de un gobierno empático y humanista, la atención a las causas estructurales de la violencia, la búsqueda de la paz mediante la verdad y la justicia, así como la garantía de la igualdad sustantiva y la no discriminación, se constituyen en ejes articuladores que permiten un desarrollo nacional integral, sostenible y con pleno respeto a los derechos humanos. 24 Para mayor detalle consultar https://www.gob.mx/segob/prensa/atencion-a-las-causas-prioridad-del-gobierno-de-mexico?idiom=es 25 Gobierno de México. Primer Informe de Gobierno, Presidenta Claudia Sheinbaum 2024-2025. p. XVIII. Consultado el 14 de enero de 2025. https://www.informegobierno.gob.mx/usercontent/68b4162a4d926-1IG-INFORME-INTEGRADO-FINAL_26_08_2025 . 26 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Comunicado de prensa núm. 275/23, p.3, gráfica 1. Consultada el 14 de enero de 2026 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 199 Objetivos del Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 1. Consolidar un gobierno empático y humanista sensible a los derechos humanos y libertades de todas las personas en México. Objetivos 1.1, 1.2 Estrategias 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.2.1 2. Atender las causas que originan la violencia para garantizar la justicia social y el pleno desarrollo de toda la población. Objetivos 1.2, 1.5, 2.1, 2.3, 2.7, 3.2, 3.8 Estrategias 1.2.1, 1.5.4, 2.1.1, 2.1.6, 2.1.9, 2.3.1, 2.3.4, 2.7.3, 3.2.4, 3.8.1 3. Promover la construcción de la paz basada en la verdad y la justicia para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en México. Objetivos 1.2, 1.5, T1.5 Estrategias 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.5.6, T1.5.3 4. Asegurar el derecho a la igualdad sustantiva y no discriminación de grupos y personas en situación de vulnerabilidad en México. Objetivos 1.1, 1.2, T1.3, T1.5, T3.2 Estrategias 1.1.6, 1.2.2, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, T1.3.1, T1.5.1, T3.2.3 7. Estrategias y líneas de acción Para consolidar un Gobierno sensible, empático y humanista, que coloque a la dignidad humana en el centro de las políticas públicas, hay que atender de raíz las causas estructurales que generan la violencia, así como trabajar de manera coordinada con diversas instituciones del Estado para garantizar los derechos y libertades de todas las personas, asegurando así condiciones de justicia social y promoviendo una paz duradera basada en la verdad y la justicia. Además, se refrenda el compromiso con la igualdad sustantiva y la no discriminación como principios rectores de la acción gubernamental. Para dar cumplimiento a este enfoque, este PNDH 2026-2030 establece objetivos, estrategias y líneas de acción concretas que orientan el quehacer institucional hacia la garantía y protección integral de los derechos del pueblo de México. Objetivo 1. Consolidar un gobierno empático y humanista sensible a los derechos humanos y libertades de todas las personas en México. Estrategia 1.1 Promover el ejercicio de la libre expresión, la protesta social y la manifestación de las ideas como mecanismos de participación democrática, para fortalecer una sociedad activa, plural y respetuosa de los derechos y libertades fundamentales. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.1 Fomentar las competencias de las personas servidoras públicas encargadas de atender las protestas sociales, mediante capacitaciones que privilegien el diálogo con base en el respeto a los derechos humanos. GOBERNACIÓN, COMUNICACIONES, IMSS, MARINA, SEGURIDAD 1.1.2 Impulsar la eliminación de las sanciones administrativas o penales contra la libertad de expresión, mediante reformas a las leyes locales. GOBERNACIÓN 1.1.3 Promover los derechos a la protesta y la libre expresión, a través de un protocolo de actuación ante manifestaciones sociales. GOBERNACIÓN, COMUNICACIONES, IMSS, SEGURIDAD 1.1.4 Generar estadísticas y acciones de mejora por parte de las autoridades durante la atención y gestión de protestas públicas, mediante el monitoreo, documentación y evaluación de su actuar. GOBERNACIÓN, IMSS, SEGURIDAD 1.1.5 Fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión, la protección a periodistas y defensores de derechos humanos mediante un análisis diferenciado, con perspectiva intercultural y de género. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD 200 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 1.2 Promover espacios de diálogo y construcción colectiva entre gobierno y sociedad, para fortalecer una convivencia democrática basada en la justicia, la igualdad y el respeto a las libertades. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.1 Identificar necesidades y propuestas en materia de justicia, igualdad y respeto a los derechos humanos, mediante la realización de mesas de diálogo regionales entre autoridades y comunidades. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, MUJERES, SALUD, IMSS- BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, IMSS, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, TURISMO, CULTURA, CONAPRED, MARINA, SNDIF, ISSSTE 1.2.2 Facilitar los procesos de mediación y resolución pacífica de conflictos sociales, mediante cursos, guías y asesoramientos que fortalezcan las capacidades institucionales de respuesta. GOBERNACIÓN, CONAPRED, INPI, IMSS 1.2.3 Priorizar la opinión colectiva de la población que habita territorios marginados histórica y estructuralmente, a través de mecanismos de consulta con un enfoque de derechos humanos e interculturales en proyectos vinculados con sus comunidades, en concordancia con la normatividad aplicable. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, INPI, BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, IMSS, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, TURISMO, CULTURA, CONAPRED 1.2.4 Promover la cultura del diálogo, la tolerancia y la resolución no violenta de diferencias, por medio de campañas educativas, talleres comunitarios y materiales de difusión. GOBERNACIÓN, SALUD, CONAPRED 1.2.5 Fortalecer la participación ciudadana, mediante la atención directa a demandas urgentes y la mediación de conflictos que requieran la intervención gubernamental. GOBERNACIÓN, COMUNICACIONES, EDUCACIÓN, SALUD Estrategia 1.3 Impulsar políticas públicas con sentido humanista que garanticen el respeto a los derechos humanos, las libertades y el trato igualitario, de todas las personas, para combatir cualquier forma de discriminación. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.1 Fomentar la incorporación del enfoque de derechos humanos y no discriminación en las políticas públicas y programas de forma transversal, a través del diseño e implementación de manuales, desarrollo de capacitaciones y asesorías técnicas. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI, BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO, HACIENDA, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, SNDIF, IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, TURISMO, CULTURA, CEAV, CONAPRED 1.3.2 Fortalecer las capacidades institucionales en materia de derechos humanos dentro de todas las dependencias del gobierno, mediante acciones de profesionalización. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, MARINA, INPI, BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO, HACIENDA, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA 1.3.3 Establecer mecanismos de denuncia y atención de actos de discriminación, a través de canales institucionales accesibles, eficaces y seguros. GOBERNACIÓN, CONAPRED, SALUD, ISSSTE Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 201 Estrategia 1.4. Promover la creación de protocolos para la atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad con base en los derechos humanos, las libertades, y la no discriminación. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.4.1 Atender a grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad, a través del diseño de protocolos con enfoque diferenciado. GOBERNACIÓN, CONAPRED, INPI, BIENESTAR, MUJERES, EDUCACIÓN, SALUD, IMSS, ISSSTE 1.4.2 Fortalecer la coordinación interinstitucional en la APF, mediante la elaboración e implementación de protocolos y estudios enfocados en los derechos humanos. GOBERNACIÓN, SALUD, IMSS 1.4.3 Promover la participación de la ciudadanía en la identificación de problemáticas sociales y toma de decisiones para el desarrollo de sus entornos, a través de la formulación e implementación de protocolos con enfoque participativo. GOBERNACIÓN, COMUNICACIONES, TURISMO Estrategia 1.5 Consolidar estrategias y acciones con un enfoque humanista y transformador, que promueva que todas las instituciones actúen con respeto, empatía y compromiso con la dignidad de las personas para una política de Estado transversal en materia de derechos humanos. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.5.1 Impulsar la inclusión del enfoque de derechos humanos como eje transversal en los planes y programas de desarrollo federal, estatal y municipal, mediante la realización de consultas, foros y estudios. GOBERNACIÓN, SALUD 1.5.2 Fortalecer la actuación coordinada de los tres niveles de gobierno bajo principios comunes de respeto a la dignidad humana, mediante el fortalecimiento de la articulación interinstitucional e intergubernamental. GOBERNACIÓN, SALUD, TURISMO 1.5.3 Impulsar una cultura interinstitucional basada en el trato digno, el lenguaje incluyente y el respeto a la diversidad en todos los niveles de gobierno, a través de capacitaciones a personas servidoras públicas. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI, BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO, HACIENDA, RELACIONES EXTERIORES, SNDIF, IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA, CEAV, CONAPRED 1.5.4 Promover una cultura de protección y respeto de los derechos humanos en el ámbito de la actividad empresarial, mediante acciones e instrumentos de política pública en el territorio nacional. ECONOMÍA, SALUD 202 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 1.6 Impulsar la formación y sensibilización de las personas servidoras públicas, con enfoque en derechos humanos, equidad y trato digno, para garantizar una atención empática, respetuosa y sin distinciones a toda la población. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.6.1 Impulsar en el servicio público la formación en derechos humanos, ética pública, empatía y trato digno, desde una perspectiva humanista, mediante acciones de sensibilización y profesionalización. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI, BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO, HACIENDA, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, SNDIF, IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA, CEAV, CONAPRED 1.6.2 Integrar contenidos sobre justicia social, inclusión y servicio al pueblo en la formación de las personas servidoras públicas, por medio de procesos de inducción y profesionalización que fortalezcan la conciencia social y el compromiso con los derechos humanos. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI, BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, AGRICULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, COMUNICACIONES, CONAPRED, CULTURA, DESARROLLO TERRITORIAL, ECONOMÍA, EDUCACIÓN, ENERGÍA, HACIENDA, IMSS, ISSSTE, MEDIO AMBIENTE, TRABAJO, TURISMO, RELACIONES EXTERIORES 1.6.3 Mejorar los protocolos de atención y promover el trato digno a personas en situación de vulnerabilidad, por medio de capacitaciones a las personas servidoras públicas. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI, BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO, HACIENDA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL, RELACIONES EXTERIORES, SNDIF, IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA, CEAV, CONAPRED 1.6.4 Sensibilizar a las personas servidoras públicas sobre mecanismos claros para reportar actos discriminatorios, mediante la difusión de códigos de conducta y otros documentos en la materia. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, MARINA, INPI, BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO, HACIENDA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, RELACIONES EXTERIORES, SNDIF, IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA, CEAV, CONAPRED Objetivo 2. Atender las causas que originan la violencia para garantizar la justicia social y el pleno desarrollo de toda la población. Estrategia 2.1 Reducir progresivamente las causas estructurales de la violencia, como la corrupción, el racismo, el clasismo y el patriarcado, con el propósito de avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.1 Promover la justicia social en territorios históricamente excluidos, mediante acciones que coadyuven en el acceso a salud, educación, vivienda y empleo digno. BIENESTAR, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO 2.1.2 Impulsar el ejercicio de los derechos de los grupos de atención prioritaria, mediante mecanismos que permitan su representación en cargos públicos y espacios de decisión. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, MARINA, INPI, MUJERES, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO, HACIENDA, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, IMSS, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, TURISMO, CULTURA, CONAPRED Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 203 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.3 Fomentar la economía social y solidaria, mediante el acceso prioritario a créditos para comunidades vulnerables y proyectos liderados por mujeres y juventudes. ECONOMÍA, MUJERES, TURISMO, BIENESTAR, SALUD 2.1.4 Fomentar la educación inclusiva, mediante la incorporación de contenidos sobre igualdad, diversidad, antirracismo, género y derechos humanos en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. EDUCACIÓN, SALUD Estrategia 2.2 Fortalecer el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad para que la política de derechos humanos responda al interés y necesidades del pueblo. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.1 Construir la agenda de derechos humanos, población y migración, mediante la implementación de mesas de diálogo, consulta y seguimiento. GOBERNACIÓN, SALUD 2.2.2 Fortalecer el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad para construir políticas públicas de derechos humanos que respondan a los intereses y necesidades del pueblo, a través de la implementación y fortalecimiento de mecanismos participativos desde la APF. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, MARINA INPI, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, IMSS, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, TURISMO, CULTURA, CEAV, CONAPRED 2.2.3 Colaborar en el diseño de espacios accesibles para que los jóvenes participen en actividades creativas y deportivas, mediante la difusión de programas de arte, cultura y deporte en las comunidades en situación de vulnerabilidad. GOBERNACIÓN, CULTURA 2.2.4 Aumentar las oportunidades de empleo y formación, mediante acciones que promuevan la integración social, el sentido de pertenencia y la construcción de habilidades. BIENESTAR, TRABAJO, CULTURA 2.2.5 Promover acciones de atención prioritaria mediante capacitaciones y formación técnica, en las zonas más afectadas por la violencia. GOBERNACIÓN 2.2.6 Promover el derecho equitativo a la vivienda adecuada, mediante acciones que permitan su acceso a grupos históricamente discriminados. DESARROLLO TERRITORIAL, SALUD 2.2.7 Reforzar el desarrollo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de la implementación de mecanismos de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. GOBERNACIÓN, SALUD 204 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivo 3. Promover la construcción de la paz basada en la verdad y la justicia para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en México. Estrategia 3.1 Fortalecer la política de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas para prevenir la violación a otros derechos. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.1 Adoptar medidas de atención integral a víctimas y familiares, mediante protocolos de actuación, resguardo físico, orientación jurídica y mecanismos de protección. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, CEAV 3.1.2 Impulsar la localización de personas desaparecidas y no localizadas a nivel federal y estatal, mediante acciones de búsqueda en campo y gabinete. GOBERNACIÓN 3.1.3 Eficientar el seguimiento de las acciones de búsqueda, mediante el fortalecimiento de los sistemas de información, la coordinación interinstitucional y el monitoreo continuo de casos, para apoyar la localización de personas desaparecidas. GOBERNACIÓN 3.1.4 Optimizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a través de la actualización periódica, interoperabilidad de sistemas y depuración de datos que fortalezcan las acciones de búsqueda. GOBERNACIÓN, TRANSFORMACIÓN DIGITAL 3.1.5 Establecer mecanismos para la recolección de datos sobre personas desaparecidas, mediante formatos homologados, coordinación interinstitucional y validación con autoridades competentes. GOBERNACIÓN, TRANSFORMACIÓN DIGITAL 3.1.6. Mejorar el uso estratégico de la información para la búsqueda de personas, a través de herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de capacidades técnicas, en coordinación con instancias competentes. GOBERNACIÓN, TRANSFORMACIÓN DIGITAL 3.1.7 Fortalecer la capacidad técnica y científica del equipo multidisciplinario del Centro Nacional de Identificación Humana, mediante programas de capacitación y actualización continua. GOBERNACIÓN, TRANSFORMACIÓN DIGITAL 3.1.8 Desarrollar los sistemas necesarios para la interoperabilidad de bases de datos para la consulta de información de personas desaparecidas y no localizadas que permitan realizar acciones de búsqueda mediante herramientas tecnológicas estandarizadas. GOBERNACIÓN, TRANSFORMACIÓN DIGITAL 3.1.9 Ampliar las capacidades de consulta y, en su caso, intercambio de información necesaria para la búsqueda e identificación humana de personas desaparecidas y no localizadas, a través de la firma de convenios de colaboración y coordinación con instituciones públicas y privadas. GOBERNACIÓN 3.1.10 Impulsar la homologación de protocolos de investigación y de búsqueda con perspectiva de género en casos de mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas en las entidades federativas, a través de la coordinación con autoridades competentes. GOBERNACIÓN Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 205 Estrategia 3.2 Reforzar la comunicación y acompañamiento a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, para construir respuestas conjuntas que promuevan la justicia social. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.1 Promover el diálogo y la escucha con familiares de víctimas y colectivos, mediante mesas de diálogo que permitan fortalecer las acciones de búsqueda en campo y gabinete. GOBERNACIÓN, CEAV 3.2.2 Determinar, ejecutar y coordinar acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, mediante operativos de campo y gabinete en todo el territorio nacional. GOBERNACIÓN 3.2.3 Proponer reformas al marco normativo en materia de búsqueda de personas, mediante la realización de mesas de trabajo con familiares y colectivos. GOBERNACIÓN 3.2.4 Fortalecer la protección integral a víctimas de violaciones a derechos humanos, mediante protocolos de atención y canalización. GOBERNACIÓN, CEAV, EDUCACIÓN, SALUD 3.2.5 Promover la atención a víctimas de violaciones graves de derechos humanos, mediante la coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la APF, los gobiernos locales, la FGR y las fiscalías de las entidades federativas. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, TRABAJO, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, IMSS, ISSSTE, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CULTURA, CEAV Estrategia 3.3 Implementar acciones integrales para garantizar el acceso a la verdad y justicia para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos mediante la participación de víctimas, memoria y no repetición. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.1 Promover el acceso a la verdad y justicia en el caso Ayotzinapa, mediante acciones de investigación y búsqueda. GOBERNACIÓN 3.3.2 Promover el acceso a la justicia en los casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, a través de mecanismos para la verdad y memoria. GOBERNACIÓN, SALUD 3.3.3 Colaborar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, la FGR y fiscalías locales, mediante la generación e implementación de estrategias contra la trata de personas, Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes (TOTPCID) y violaciones graves a los derechos humanos. GOBERNACIÓN, MUJERES, SALUD, TURISMO 3.3.4 Prevenir la trata de personas, la TOTPCID, mediante la implementación de programas de capacitación y campañas de información en esta materia. GOBERNACIÓN, COMUNICACIONES, MUJERES, SALUD, TURISMO 3.3.5 Fortalecer las acciones de atención, asistencia y protección a víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos, mediante la colaboración con las autoridades competentes. GOBERNACIÓN, CEAV, EDUCACIÓN, SALUD 206 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.6 Prevenir violaciones a los derechos humanos, mediante la implementación de campañas sobre trata de personas que estén dirigidas a población en situación de vulnerabilidad. GOBERNACIÓN, SALUD 3.3.7 Fortalecer la coordinación interinstitucional, la prevención de violaciones de derechos humanos, así como los mecanismos de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mediante acciones normativas, operativas y de seguimiento que garanticen atención integral a víctimas. GOBERNACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD, ISSSTE 3.3.8 Cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales en las que se determine responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos, a través de la coordinación con las dependencias y entidades de la APF y las autoridades competentes. GOBERNACIÓN, RELACIONES EXTERIORES, SALUD Estrategia 3.4 Fortalecer la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para el diseño e implementación de políticas y programas que impulsen la construcción de paz. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.4.1 Instrumentar las políticas, programas y acciones tendientes a la pacificación del país, a través de las mesas de paz estatales y regionales, así como supervisar su implementación. GOBERNACIÓN 3.4.2 Fortalecer la operación de las mesas de paz estatales y regionales, a través del diseño e instrumentación de mecanismos de vinculación y coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. GOBERNACIÓN 3.4.3 Consolidar la obtención, sistematización y uso estratégico de la información que generen las mesas de paz, mediante la colaboración interinstitucional. GOBERNACIÓN, SALUD 3.4.4 Promover la construcción de paz, a través de la coordinación, participación y colaboración con la APF, entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales de la CDMX, sectores sociales, privado, académico y especialistas nacionales e internacionales. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, MARINA, INPI, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, HACIENDA, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, IMSS, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, TURISMO, CULTURA, CONAPRED 3.4.5 Monitorear el desempeño de las mesas de paz, mediante visitas periódicas a las Secretarías Técnicas estatales y regionales. GOBERNACIÓN Estrategia 3.5 Implementar acciones que promuevan la inclusión, cohesión y prevención social para fortalecer la construcción de paz y la legalidad en el territorio nacional. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.5.1 Diseñar e implementar políticas de prevención social, cultura de paz y la legalidad, mediante el diálogo, consulta y la participación ciudadana GOBERNACIÓN, BIENESTAR Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 207 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.5.2 Fortalecer la política de construcción de paz, mediante modelos de análisis e interpretación de los fenómenos de violencia social en las entidades federativas, en los municipios y en las demarcaciones territoriales. GOBERNACIÓN, BIENESTAR 3.5.3 Promover estrategias de prevención social y construcción de paz, mediante acciones articuladas entre órdenes de gobierno. GOBERNACIÓN, BIENESTAR, SALUD 3.5.4 Contribuir en la estrategia integral de prevención social y construcción de paz, a través de la creación de entornos seguros y contextos comunitarios en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. GOBERNACIÓN, BIENESTAR 3.5.5 Fortalecer y generar capacidades en materia de prevención social y construcción de paz en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, así como en diferentes actores sociales y religiosos, a través de la creación de espacios de formación y capacitación. GOBERNACIÓN, BIENESTAR Estrategia 3.6 Implementar políticas y acciones para la reinserción social de las personas privadas de la libertad que hayan cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.6.1 Contribuir con las dependencias responsables para fomentar la adopción de normas mínimas sobre la reconciliación social, a través de la reinserción social de las personas que han cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad. GOBERNACIÓN 3.6.2 Coadyuvar con las dependencias responsables para mejorar los procesos de reinserción social para las personas liberadas, externadas y sus familiares, mediante la construcción de planes o programas en esta materia. GOBERNACIÓN 3.6.3 Contribuir con las dependencias responsables para promover la reinserción social de las personas tras el cumplimiento de una sanción penal, mediante el diseño e implementación de programas de capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte. GOBERNACIÓN, MUJERES, 3.6.4 Contribuir con las dependencias responsables para facilitar la reintegración de adolescentes en conflicto con la ley, a través de mecanismos de reinserción social. GOBERNACIÓN 3.6.5 Contribuir con las dependencias responsables para promover el acceso a la justicia en los casos de amnistía, mediante acciones de orientación jurídica a la población privada de su libertad que cumpla con los criterios de ley. GOBERNACIÓN, MUJERES, SALUD 208 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivo 4. Asegurar el derecho a la igualdad sustantiva y no discriminación de grupos y personas en situación de vulnerabilidad en México. Estrategia 4.1 Impulsar acciones y políticas integrales y transversales para la APF que garanticen la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.1.1 Promover la igualdad laboral y no discriminación en los centros de trabajo, mediante campañas de sensibilización. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI, BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO, HACIENDA, ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL, RELACIONES EXTERIORES, SNDIF, IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA, CEAV, CONAPRED 4.1.2 Impulsar acciones para la igualdad salarial y de prestaciones, mediante acciones afirmativas en centros laborales. GOBERNACIÓN, BIENESTAR, CONAPRED, TRABAJO, MUJERES, SALUD 4.1.3. Impulsar salas de lactancia, horarios flexibles y licencias de paternidad, mediante lineamientos normativos y acuerdos institucionales, que sean acordes con la política nacional de cuidados. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI, BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO, HACIENDA, ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL, RELACIONES EXTERIORES, SNDIF, IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA, CEAV, CONAPRED 4.1.4 Generar mecanismos para prevenir y sancionar la discriminación y violencia laboral, por razones de género, mediante protocolos de actuación y canales de denuncia GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, MARINA, INPI, BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO, HACIENDA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL, RELACIONES EXTERIORES, SNDIF, IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA, CEAV, CONAPRED 4.1.5. Impulsar un sistema nacional de cuidados, mediante la coordinación interinstitucional y normativas que garanticen derechos de cuidado MUJERES, BIENESTAR, SNDIF, IMSS, ECONOMÍA, SALUD 4.1.6 Impulsar la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, mediante mecanismos de implementación gradual. GOBERNACIÓN, TRABAJO, BIENESTAR, SALUD Estrategia 4.2 Promover el derecho a la igualdad y no discriminación para proteger los derechos de las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.2.1 Promover el derecho de las personas con discapacidad a tener una vida independiente, mediante su inclusión y participación en la comunidad. BIENESTAR, EDUCACIÓN, SALUD, IMSS, MUJERES, ISSSTE, CONAPRED, ECONOMÍA 4.2.2 Impulsar el acceso en condiciones de igualdad a servicios, apoyos y créditos gubernamentales para personas con discapacidad, mediante acciones de orientación y vinculación. AGRICULTURA, GOBERNACIÓN, CONAPRED, HACIENDA Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 209 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.2.3 Promover el acceso a la educación inclusiva y de calidad para personas con discapacidad, mediante ajustes razonables y condiciones de accesibilidad. GOBERNACIÓN, EDUCACIÓN CONAPRED 4.2.4. Promover acciones afirmativas y ajustes razonables para la inclusión laboral de personas con discapacidad, mediante programas de sensibilización y cumplimiento normativo. BIENESTAR, GOBERNACIÓN, CONAPRED, TRABAJO, SALUD 4.2.5. Promover acciones con enfoque de derechos humanos y no discriminación, para la inclusión de personas adultas mayores, mediante campañas y programas existentes. GOBERNACIÓN, MARINA, BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO, HACIENDA, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, SNDIF, IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, TURISMO, CULTURA, CONAPRED 4.2.6 Prevenir la estigmatización y la violencia motivada por orientación sexual, identidad o expresión de género y las características sexuales, mediante acciones de sensibilización y capacitación de las personas servidoras públicas. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI, BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO, HACIENDA, ECONOMÍA, RELACIONES EXTERIORES, SNDIF, IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA, CONAPRED Estrategia 4.3 Realizar acciones de prevención efectivas que brinden información, educación y comunicación para disminuir prácticas discriminatorias en la sociedad. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.3.1 Visibilizar prácticas racistas, clasistas, patriarcales y discriminatorias normalizadas, para su erradicación, mediante campañas públicas masivas y materiales accesibles, con enfoque diferenciado. GOBERNACIÓN, CONAPRED, COMUNICACIONES, ISSSTE, MUJERES, SALUD 4.3.2 Impulsar acciones normativas e institucionales para la prevención, erradicación y no repetición de la discriminación, mediante la coordinación interinstitucional. GOBERNACIÓN, CONAPRED, EDUCACIÓN, SALUD, ISSSTE 4.3.3 Combatir prácticas discriminatorias hacia personas que forman parte de los grupos históricamente discriminados, mediante la promoción de políticas y acciones que contrarresten narrativas de exclusión. GOBERNACIÓN, CONAPRED, EDUCACIÓN, IMSS, ECONOMÍA, SALUD, IMSS-BIENESTAR 4.3.4 Sensibilizar sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, mediante la capacitación de las personas servidoras públicas. GOBERNACIÓN, SEGURIDAD, DEFENSA, MARINA, INPI, BIENESTAR, MUJERES, SALUD, IMSS-BIENESTAR, EDUCACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL, TRABAJO, HACIENDA, ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL, RELACIONES EXTERIORES, SNDIF, IMSS, ISSSTE, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, COMUNICACIONES, BUEN GOBIERNO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, TURISMO, CULTURA, CEAV, CONAPRED 4.3.5 Impulsar la igualdad, diversidad, antirracismo, género y derechos humanos. en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, mediante la incorporación de contenidos educativos en la materia. EDUCACIÓN, MUJERES, SALUD 210 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 4.4 Implementar una política migratoria integral, que privilegie el enfoque de derechos humanos, para promover una movilidad ordenada, segura y regular. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.4.1 Impulsar una política pública de movilidad humana segura, ordenada y regular, que incluya la tramitación y atención de solicitudes de asilo y refugio, mediante la gestión migratoria eficiente con pleno respeto a los derechos humanos. GOBERNACIÓN, SALUD 4.4.2 Proteger los derechos de todas las personas en contexto de movilidad, mediante acciones de protección integral, con énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad. GOBERNACIÓN, SALUD 4.4.3 Atender a las personas migrantes mexicanas que regresan de Estados Unidos de América, mediante la implementación de acciones integrales. GOBERNACIÓN 4.4.4 Brindar protección integral a las personas solicitantes, refugiadas o con protección complementaria, mediante acciones institucionales coordinadas. GOBERNACIÓN 4.4.5 Atender necesidades emergentes, brindar asesoría y facilitar trámites y documentación a personas en contexto de movilidad, mediante la implementación de acciones gubernamentales. GOBERNACIÓN, SALUD Estrategia 4.5 Consolidar políticas, estrategias y acciones de acercamiento con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para asegurar el respeto a sus derechos. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.5.1 Fomentar el reconocimiento, respeto e implementación efectiva de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante la armonización del marco legal e institucional en los tres órdenes de gobierno. GOBERNACIÓN, BIENESTAR, CONAPRED, INPI, SALUD 4.5.2 Impulsar la ejecución de acciones de los Planes de Justicia en regiones indígenas y afromexicanas, mediante la coordinación con autoridades locales y tradicionales. GOBERNACIÓN, INPI, BIENESTAR 4.5.3 Promover la resolución de conflictos en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante mecanismos de diálogo, mediación y coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno. GOBERNACIÓN, INPI, SALUD, BIENESTAR 4.5.4 Promover el ejercicio político de las mujeres indígenas y afromexicanas, mediante mecanismos que propicien y consoliden su participación e inclusión en los espacios públicos de decisión y en la vida comunitaria. GOBERNACIÓN, INPI, MUJERES, BIENESTAR, TURISMO, SALUD 4.5.5 Fortalecer el cumplimiento de los preceptos constitucionales, leyes, tratados y normas internacionales en la materia, mediante acciones de promoción de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. GOBERNACIÓN, BIENESTAR, EDUCACIÓN, SALUD Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 211 8. Indicadores y metas Con la finalidad de dar seguimiento y conocer los avances y resultados de la implementación del PNDH 2026-2030, este apartado presenta los indicadores de cada objetivo, que permiten registrar los cambios derivados de las acciones implementadas en los objetivos. Indicador 1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje promedio de la población que confía en el gobierno y en las comisiones de derechos humanos. Objetivo Objetivo 1. Consolidar un gobierno empático y humanista sensible a los derechos humanos y libertades de todas las personas en México. Definición o descripción Mide el porcentaje promedio de la población que confía en el gobierno y sus instituciones, así como en las comisiones de derechos humanos, como un reflejo de la cercanía y confianza en el respecto de los derechos humanos y libertades el territorio nacional. Derecho asociado Todos los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y los tratados internacionales de conformidad con el artículo 1o. constitucional. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Marzo del año siguiente a su recolección Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos 30 de octubre al 15 de diciembre de 2023 Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance GOBERNACIÓN - DGPPDH Método de cálculo Donde: PPC: Porcentaje promedio de la población que confía en el gobierno y en las comisiones de derechos humanos PCG: Porcentaje de la población que confía en el gobierno y sus instituciones PCCDH: Porcentaje de la población que confía en las comisiones de derechos humanos Observaciones - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 PCG: Porcentaje de la población que confía en el gobierno y sus instituciones Valor variable 1 59.07% Fuente de información variable 1 INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). 2023 Nombre variable 2 PCCDH: Porcentaje de la población que confía en las comisiones de derechos humanos Valor variable 2 59.71% Fuente de información variable 2 INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). 2023 Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 59.39 Corresponde al dato de la ENCIG 2023 (INEGI). El valor para 2025 no se encuentra aún disponible al momento de dictaminación del PNDH. Año 2023 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 61.00 El resultado más cercano previo al año 2030 será la edición 2029 de la ENCIG. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA 39.09 NA 53.96 NA 59.39 NA N/D METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA 60.05 NA 61.00 NA 212 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.1 Variación porcentual de los homicidios dolosos respecto de 2018. Objetivo Objetivo 2. Atender las causas que originan la violencia para garantizar la justicia social y el pleno desarrollo de toda la población. Definición o descripción Mide la variación porcentual de los homicidios dolosos a nivel nacional respecto de 2018. Derecho asociado Derecho a la seguridad pública establecido en el artículo 21 de la CPEUM. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Enero Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero - Diciembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance GOBERNACIÓN - DGPPDH Método de cálculo Donde: HOM = Variación porcentual de los homicidios dolosos respecto de 2018 HOMn = Presuntos homicidios dolosos en el año n HOM2018 = Presuntos homicidios dolosos en el año 2018 Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Presuntos homicidios dolosos en el año 2025 Valor variable 1 19,974 Fuente de información variable 1 Incidencia delictiva, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nombre variable 1 Presuntos homicidios dolosos en el año 2018 Valor variable 1 29,092 Fuente de información variable 1 Incidencia delictiva, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor -31.34 La información relativa a la serie histórica del indicador y la proyección de metas se realizó conforme a los datos consultados el 20 de enero de 2026 en la página: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y- programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva?state=published. Conforme a lo reportado por el SESNSP, los datos corresponden al corte realizado el 31 de diciembre de 2025. Cabe señalar que estos valores están sujetos a modificaciones posteriores que puedan realizar las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas, mismas que serán comunicadas oportunamente al SESNSP. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 -33.03 La meta se establece conforme al Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2025-2030, considerando la tendencia descendente observada en los dos años anteriores a la línea base del PSSPC (2024). Bajo este contexto, se proyectan metas anuales con una reducción de 0.5 puntos porcentuales en la incidencia de homicidios dolosos. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA 1.40 -0.87 -2.79 -9.63 -13.01 -12.47 -31.34 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 -31.68 -32.02 -32.36 -32.70 -33.03 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 213 Indicador 3.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 3.1 Índice de Paz México. Objetivo Objetivo 3. Promover la construcción de la paz basada en la verdad y la justicia para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en México. Definición o descripción Es una medición de la paz en México, considera la paz negativa entendida como “la usencia de violencia o del miedo a la violencia”. Derecho asociado Derecho a la seguridad pública y derecho a la justicia establecidos en los artículos 17 y 21 de la CPEUM, respectivamente. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Junio del siguiente año Unidad de medida Índice Periodo de recolección de los datos Enero-Diciembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance GOBERNACIÓN - DGPPDH Método de cálculo Donde: IPM: Índice de Paz México HO: Homicidio DV: Delitos con violencia DA: Delitos cometidos con armas de fuego MV: Miedo a la violencia CO: Crímenes de la delincuencia organizada Observaciones Los ponderadores son fijados por la fuente y pueden llegar a ser modificados. Se utilizan las cifras, ponderadores y la serie disponibles en la edición 2025 del índice de Paz. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE. Nombre variable 1 Homicidio Valor variable 1 2.402 Fuente de información variable 1 Índice de Paz México, Institute for Economics & Peace, 2025. Nombre variable 2 Delitos con violencia Valor variable 2 3.292 Fuente de información variable 2 Índice de Paz México, Institute for Economics & Peace, 2025. Nombre variable 3 Delitos cometidos con armas de fuego Valor variable 3 2.722 Fuente de información variable 3 Índice de Paz México, Institute for Economics & Peace, 2025. Nombre variable 4 Miedo a la violencia Valor variable 4 4.264 Fuente de información variable 4 Índice de Paz México, Institute for Economics & Peace, 2025. Nombre variable 5 Crímenes de la delincuencia organizada Valor variable 5 2.871 Fuente de información variable 5 Índice de Paz México, Institute for Economics & Peace, 2025. Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 2.938 Un índice más bajo significa mayor paz. Los resultados presentados consideran la metodología y cálculos presentados por la fuente en el Índice de Paz 2025. A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 2.880 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 3.054 3.140 3.024 3.010 3.000 2.960 2.938 N/D METAS 2026 2027 2028 2029 2030 2.920 2.910 2.900 2.890 2.880 214 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 4.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 4. 1 Porcentaje promedio de población en situación de vulnerabilidad con al menos una carencia social. Objetivo Objetivo 4. Asegurar el derecho a la igualdad sustantiva y no discriminación de grupos y personas en situación de vulnerabilidad en México. Definición o descripción Mide el porcentaje promedio de población con al menos una característica relacionada con grupos y personas en situación de vulnerabilidad y que presentan al menos una carencia social. Derecho asociado El derecho a la igualdad y no discriminación establecido en el artículo 1º constitucional, que reconoce los derechos humanos de todas las personas en México. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Diciembre Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero-Diciembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance GOBERNACIÓN - DGPPDH Método de cálculo Donde: PPSVCS: Porcentaje promedio ponderado de la población en situación de vulnerabilidad con al menos una carencia social PPSV: Suma de los porcentajes ponderados de la población en situación de vulnerabilidad con al menos una carencia social con ponderación PSV: Ponderadores de población en situación de vulnerabilidad M: Mujeres HLI: Personas hablantes de lenguas indígenas PCD: Personas con discapacidad PM18: Personas menores de 18 años PM65: Personas de 65 años y más Observaciones La población en situación de vulnerabilidad es la que pertenece al menos a uno de los siguientes grupos: mujeres, niñas, niños y adolescentes (menores de 18 años), personas mayores (65 años y más), personas con discapacidad y personas hablantes de lenguas indígenas. Las carencias sociales son: rezago educativo; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Se considera el porcentaje de población perteneciente a un grupo en situación de vulnerabilidad que presenta al menos una carencia social. Los ponderadores son calculados de acuerdo con la proporción de la población total que representa cada grupo en situación de vulnerabilidad respecto de la población total nacional. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Suma de los porcentajes ponderados de la población en situación de vulnerabilidad con al menos una carencia social Valor variable 1 6699.60 Fuente de información variable 1 INEGI. Pobreza multidimensional, 2024. Cálculos con base en la información de la ENIGH 2024, utilizando la metodología del CONEVAL. Nombre variable 2 Ponderadores de la población en situación de vulnerabilidad con al menos una carencia social Valor variable 2 103.65 Fuente de información variable 2 INEGI. Pobreza multidimensional, 2024. Cálculos con base en la información de la ENIGH 2024, utilizando la metodología del CONEVAL. Sustitución en método de cálculo Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 215 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 64.64 Los ponderadores de los grupos de población en situación de vulnerabilidad deben ajustarse al total de la población nacional para el año correspondiente a cada medición. A la fecha no se cuenta con cifras actualizadas y/o definitivas para 2025 ya que el indicador es bienal, por lo que se establece como línea base la información correspondiente a 2024. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 60 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ND NA 70.69 NA 68.84 NA 64.64 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 63.00 NA 61.50 NA 60.00 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Secretaría de Bienestar Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación Secretaría de Cultura Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Secretaría de Economía Secretaría de Educación Pública Secretaría de Energía Secretaría de Gobernación Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de las Mujeres Secretaría de Marina Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de Salud Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Secretaría de Turismo Secretaría del Trabajo y Previsión Social Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia ______________________________ 216 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 PROGRAMA de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2026-2030. PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (PROCID) 2026-2030 1. Índice 1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo I.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos II.- Ley de Planeación III. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal IV.- Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo V.- Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo PRESENTACIÓN 5.1 Diagnóstico 5.2 Situación de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 5.3 La cooperación internacional y los principios del Humanismo Mexicano para la atención de las problemáticas nacionales de desarrollo. a. Pobreza y desigualdad. b. Movilidad humana. c. Seguridad y estado de derecho. d. Cambio climático y sostenibilidad ambiental. e. Derechos sociales. 5.4 Retos regionales América Latina y el Caribe América del Norte Europa Asia Oceanía África y Medio Oriente 5.5 Atención a Problemas Públicos 5.6 Visión de largo plazo. 6. Objetivos 6.1 Relevancia del Objetivo 1: Fortalecer el desarrollo humano sostenible, con enfoque multidimensional e interseccional, mediante proyectos que impulsen el desarrollo rural, la prevención y el combate a la corrupción, el acceso equitativo a servicios básicos y la reducción de desigualdades, bajo los principios del Humanismo Mexicano. 6.2 Relevancia del Objetivo 2: Fortalecer el diálogo político y la cooperación con Centroamérica, el Caribe y el Sur Global, articulando protección social, resiliencia climática e innovación pública para abordar causas estructurales de la movilidad humana y mejorar el bienestar en territorios vulnerables. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 217 6.3 Relevancia del Objetivo 3: Fortalecer la participación de México en organismos y foros multilaterales y regionales, promoviendo el diálogo con socios estratégicos para construir consensos de cooperación en el desarrollo global, considerando las megatendencias y la Agenda 2030. 6.4 Relevancia del Objetivo 4: Maximizar la eficacia, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas de la cooperación internacional, mediante el uso estratégico, actualización y mejora continua de herramientas de gestión y sistemas de información, con base en metodologías de vanguardia. Herramientas de planificación, monitoreo y evaluación Fortalecimiento de capacidades Catálogo de capacidades Plataformas digitales 6.5 Vinculación de los Objetivos del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2026-2030 a. Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres b. Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional c. Derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas Vinculación del PROCID 2026-2030 con el PND y PSRE 2025-2030 d. Prioridades de política exterior para 2025-2030 e. Prioridades estratégicas de la AMEXCID 2025-2030 Vinculación de los objetivos del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2026-2030 con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030: Vinculación de los objetivos del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2026-2030 con el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores: 7. Estrategias y líneas de acción Objetivo 1. Fortalecer el desarrollo humano sostenible, con enfoque multidimensional e interseccional, mediante proyectos que impulsen el desarrollo rural, la prevención y el combate a la corrupción, el acceso equitativo a servicios básicos y la reducción de desigualdades, bajo los principios del Humanismo Mexicano. Objetivo 2. Fortalecer el diálogo político y la cooperación con Centroamérica, el Caribe y el Sur Global, articulando protección social, resiliencia climática e innovación pública para abordar causas estructurales de la movilidad humana y mejorar el bienestar en territorios vulnerables. Objetivo 3. Fortalecer la participación de México en organismos y foros multilaterales y regionales, promoviendo el diálogo con socios estratégicos para construir consensos de cooperación en el desarrollo global, considerando las megatendencias y la Agenda 2030 Objetivo 4. Maximizar la eficacia, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas de la cooperación internacional, mediante el uso estratégico, actualización y mejora continua de herramientas de gestión y sistemas de información, con base en metodologías de vanguardia. 8. Indicadores 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa 10. Glosario 11. Referencias 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el programa, en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio respectivo. 218 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 3. Siglas y acrónimos ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados AEC: Asociación de Estados del Caribe AGRICULTURA: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ALCE: Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio AMEXCID: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo APEC: Foro de Cooperación Económica Asia y Pacífico APF: Administración Pública Federal ATDyT: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones BIENESTAR: Secretaría de Bienestar BTR: Informe Bienal de Transparencia CARICOM: Comunidad del Caribe CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CID: Cooperación Internacional para el Desarrollo COMAR: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CSS: Cooperación Sur-Sur CTr: Cooperación Triangular CULTURA: Secretaría de Cultura DAC: Comité de Asistencia para el Desarrollo (por sus siglas en ingles) DEFENSA: Secretaría de la Defensa Nacional ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FFD4: Cuarta Conferencia de Financiación para el Desarrollo (FFD4 por sus siglas en inglés) G20: Grupo de los Veinte GIZ: Agencia Alemana para la Cooperación Internacional IA: Inteligencia Artificial INB: Ingreso Nacional Bruto INEA: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas LCID: Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal LP: Ley de Planeación MIKTA: México, Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia MUJERES: Secretaría de las Mujeres Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 219 NEM: Nueva Escuela Mexicana OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible ONG: Organización No Gubernamental ONU: Organización de las Naciones Unidas PDI: Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sursureste de México PDN: Plataforma Digital Nacional PEM: Programa Espacial Mexicano PIB: Producto Interno Bruto PNA: Política Nacional Anticorrupción PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PROCID 2026-2030: Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2026-2030 PSRE 2025-2030: Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2025-2030 RENCID: Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo SABG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno SALUD: Secretaría de Salud SE: Secretaría de Economía SECIHTI: Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación SECTUR: Secretaría de Turismo SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEGOB: Secretaría de Gobernación SEMAR: Secretaría de Marina SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SENER: Secretaría de Energía SEP: Secretaría de Educación Pública SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes SIPINNA: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SMCID: Sistema Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo SNA: Sistema Nacional Anticorrupción SNU: Sistema de las Naciones Unidas SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana STEM: Ciencia y Tecnología, Ingeniería y Matemáticas STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social UNFCCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático UPER: Unidad de Política y Estrategia para Resultados 220 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 4. Fundamento normativo I.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos El artículo 89, fracción X, de la CPEUM, le confiere al Ejecutivo Federal la facultad de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Por su parte, los artículos 25 y 26 de la propia Constitución establecen que, le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable; por lo que se instituye, un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía. Específicamente, se asienta que habrá un PND, al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la APF. Por otro lado, el artículo 134 indica que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. II.- Ley de Planeación De conformidad con el artículo 16, fracción IV, de la LP, las dependencias de la APF deberán asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el PND y programas especiales. Asimismo, el numeral 26 señala que, “los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país, fijados en el Plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector”. III. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal En términos de los artículos 2, 26 y 28 de la LOAPF, la SRE es una dependencia centralizada de la APF que, entre sus múltiples atribuciones destaca la de “Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte.” IV.- Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Establece los pilares del SMCID, lo que incluye la creación de la AMEXCID y la constitución de su consejo consultivo; las prioridades sectoriales y geográficas, así como la obligación de integrar un programa de cooperación, entre otras disposiciones. V.- Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 El PROCID 2026-2030, se planea de acuerdo con el PND 2025-2030, en su carácter de instrumento rector del Sistema Nacional de Planeación, así como con el PSRE 2025-2030, del cual deriva en el ámbito específico de la política de cooperación internacional para el desarrollo. En este sentido, los objetivos prioritarios, estrategias y líneas de acción del PROCID se encuentran alineados a los principios, ejes y prioridades establecidos en el PND, contribuyendo de manera transversal al cumplimiento de las metas nacionales en materia de desarrollo sostenible, bienestar social, crecimiento económico incluyente, igualdad sustantiva e innovación científica y tecnológica. Asimismo, el PROCID implementa en el ámbito de la CID, los objetivos sectoriales de la SRE, fortaleciendo el posicionamiento de México como un actor responsable, solidario y estratégico en el escenario internacional. A través de sus instrumentos y mecanismos de cooperación—bilateral, regional, triangular y multilateral—, en su vertiente dual de oferente como receptor el Programa contribuye a la proyección internacional de las prioridades nacionales y a la generación de beneficios compartidos con los países socios. La alineación estratégica se asegura mediante la vinculación directa entre los objetivos del PND, del sectorial de la SRE y los objetivos del PROCID, garantizando coherencia estratégica, complementariedad institucional y congruencia presupuestaria, conforme al enfoque de Presupuesto basado en Resultados y al Sistema de Evaluación del Desempeño. De esta manera, el PROCID no sólo es el instrumento rector de la política de cooperación internacional para el desarrollo, sino también un mecanismo estratégico para articular la política exterior con las prioridades del desarrollo nacional. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 221 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo PRESENTACIÓN El Gobierno de México reconoce a la CID como un agente positivo de cambio social transgeneracional, que apoya las acciones del Ejecutivo Federal a favor del Modelo de Desarrollo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, principalmente en el avance de la igualdad, el bienestar social y la prosperidad compartida. Asimismo, la CID que ofrece y recibe nuestro país, es un factor clave para atender las problemáticas persistentes del desarrollo y está guiada por los principios del Humanismo Mexicano de dignidad humana, libertad e igualdad, justicia social, fraternidad y equidad, y cuidado del medio ambiente. Sobre la base anterior, la SRE y la AMEXCID, han diseñado el presente Programa, que como instrumento de planificación consolida la estrategia nacional en materia de CID, a fin de dar cumplimiento a la normativa nacional, a los compromisos internacionales en materia de cooperación y a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se busca fortalecer la CSS, CTr y el trabajo articulado con gobiernos, instituciones académicas, sociedad civil organizada y sector privado. Esta edición del PROCID 2026-2030 se encuentra plenamente alineada con el PND 2025-2030, y el PSRE 2025-2030, retoma los ejes transversales: I. Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, II. Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional, y III. Derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas; consolidándose como una plataforma de acción colectiva que focaliza las capacidades nacionales e internacionales para enfrentar los desafíos del desarrollo desde una perspectiva ética, inclusiva y transformadora. México, en cumplimiento de sus principios de política exterior conferidos en la CPEUM, promueve una cooperación activa y solidaria con todas las regiones del mundo, mientras profundiza su integración con América Latina y el Caribe. A través del PROCID, la cooperación internacional se reafirma como una herramienta para reducir desigualdades, promover entornos de paz y ampliar las oportunidades de desarrollo con bienestar y humanismo para todas las personas. Particularmente, se busca diversificar la cooperación con la frontera sur y ampliar los esquemas de cooperación internacional para el desarrollo con el Sur Global para abordar las causas estructurales de la movilidad humana, la desigualdad y la violencia. En 2025, el escenario internacional estuvo marcado por tensiones geopolíticas, rezagos estructurales en el crecimiento económico y una profunda incertidumbre en los mercados globales. Esta situación representa un desafío significativo para los Estados, organismos internacionales y actores de la CID. En este contexto, es fundamental que los gobiernos refuercen sus estrategias de cooperación con un enfoque de largo plazo que permita enfrentar los retos compartidos con mayor eficacia. Según estimaciones del Banco Mundial (2026), establecida en el Informe Global Economic Prospects el crecimiento del PIB global disminuirá 2.6% en 2026 y un mínimo incremento en 2027 quedando en 2.7% lo que reflejará un proceso de desaceleración generalizada, con variaciones por región. En el plano global, los programas, proyectos y acciones de CID enfrentan múltiples desafíos derivados de crisis estructurales entre las que destacan la movilidad humana por necesidad, el envejecimiento poblacional y el cambio climático. A esto se suma el reto de la adaptación a la IA y las tecnologías emergentes en áreas de transición de la escuela al trabajo; en el mercado laboral y los procesos productivos; las políticas fiscales restrictivas; la fragmentación comercial y la incertidumbre regulatoria, lo que exige estrategias innovadoras para maximizar el impacto de la cooperación. La CID puede ser un catalizador en la construcción de una resiliencia adaptativa, por ejemplo, en la atención de desafíos específicos como la transición demográfica hacia el envejecimiento poblacional, al generar sinergias para el diseño y la instrumentación de políticas públicas integrales en salud, empleo y sistemas de protección social. El Gobierno de México reconoce que los esquemas tradicionales e innovadores de la CID, como la CSS, la CTr, alianzas multiactor y descentralizadas, entre otras, a nivel global presentan oportunidades importantes; en el plano nacional, el Ejecutivo Federal buscará, a través de las acciones de cooperación internacional, construir condiciones óptimas para el cumplimiento de los ejes prioritarios nacionales de desarrollo y fortalecer las capacidades institucionales; mientras que, en la esfera internacional, se aspira a afianzar su papel como un actor cooperante dual, que promueve el diálogo y el consenso en la gobernanza global de la CID. El PROCID 2026-2030, posiciona a la CID como un mecanismo clave para impulsar los 100 compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación de la Presidencia de la República y las políticas públicas transformadoras en áreas como: salud, transición energética, educación, ciencia, tecnología e innovación, seguridad alimentaria, igualdad sustantiva, movilidad humana, prevención y combate a la corrupción, conectividad, medio ambiente y cambio climático, que son fundamentales para el desarrollo humano sostenible y una prosperidad compartida. 222 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Este programa especial derivado del PND 2025-2030, articula la CID con la política nacional, en línea con los principios del Humanismo Mexicano y la Agenda 2030. México busca fortalecer su presencia en organismos y foros internacionales, y así consolidar alianzas multilaterales, regionales y bilaterales. El PROCID 2026-2030 actualiza el modelo de cooperación internacional mexicano con la visión de solidaridad, complementariedad, responsabilidad compartida y diálogo con todos los actores de la sociedad. Destaca la necesidad de incidir en la construcción de una arquitectura global de desarrollo más representativa y eficaz, mediante el afianzamiento de alianzas multilaterales, regionales y bilaterales. Para ello, se impulsará la participación proactiva de México en organismos, mecanismos y foros multilaterales y regionales, como la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo; la ONU; la OCDE; la Cumbre Iberoamericana y la Alianza Global Contra el Hambre y la Pobreza. Para lograr la gestión eficaz de la cooperación, se incrementarán las capacidades del SMCID, con énfasis en la profesionalización de recursos humanos, uso de herramientas digitales y la planeación orientada a resultados. Además, se robustecerá la transparencia y rendición de cuentas mediante el RENCID, la plataforma digital INFOAMEXCID y el catálogo de capacidades. Se adaptarán las acciones de cooperación para el intercambio académico, desarrollo técnico-científico, e innovación, para responder al entorno global y las necesidades emergentes nacionales con enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y sostenibilidad ambiental, lo que contribuirá al cumplimiento de la Agenda 2030 y los compromisos internacionales de México. Además, se afianzarán las alianzas con otros actores estratégicos de la cooperación internacional, como las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y el sector privado, reconociendo su papel en la identificación de prioridades territoriales, la innovación social y la ejecución de acciones con impacto directo en las poblaciones. La cooperación mexicana promoverá esquemas de gobernanza colaborativa que fortalezcan el tejido social, generen sinergias multisectoriales y permitan una mayor apropiación y sostenibilidad de los resultados del desarrollo. Mediante una planeación estratégica orientada a resultados, es pertinente destacar que la AMEXCID, a través de su Consejo Consultivo —máximo órgano de decisión de la Agencia e integrado por las dependencias que conforman la APF— constituye la máxima instancia en la que se analizan y definen los programas de cooperación implementados por la APF en coordinación con la propia AMEXCID. Asimismo, se cuenta con el respaldo de las Embajadas de México, las cuales facilitan la comunicación y la interlocución con las dependencias de los gobiernos contrapartes, a fin de asegurar la adecuada implementación de los proyectos que atienden los objetivos estratégicos nacionales cuando se ejecutan en territorio nacional. De igual manera, los proyectos que México desarrolla en el exterior se alinean con las prioridades y objetivos de desarrollo de los países socios. En este sentido, México instrumentará programas, proyectos y acciones de cooperación para atender problemáticas persistentes del desarrollo, con base en principios que reflejan la visión nacional y su congruencia con los estándares del Sistema Multilateral de las Naciones Unidas, el Comité de Ayuda al Desarrollo (DAC) de la OCDE y otras instancias internacionales. Dichos principios son los siguientes: 1. Apropiación y alineación. Atender la demanda, prioridades y planes de desarrollo de los países socios para promover la apropiación local de las intervenciones. 2. Armonización. Coordinar esfuerzos con otros oferentes para evitar duplicidades, generar sinergias e incorporar innovación en los esquemas de provisión de cooperación. 3. Coherencia de políticas para el desarrollo. Garantizar que las políticas nacionales de reducción de pobreza y desigualdad, educación, salud, clima, migración, comercio, inversión y seguridad refuercen los objetivos de desarrollo, maximizando sinergias y evitando contradicciones. 4. Gestión orientada a resultados. Planificar, implementar y evaluar con base en indicadores claros y medibles, evidencia y sistemas de seguimiento, a fin de mejorar continuamente la toma de decisiones. 5. Mutua responsabilidad, y transparencia y rendición de cuentas. Fomentar el compromiso compartido de donantes y socios en la consecución de resultados, que asegure información clara, completa y actualizada sobre recursos, procesos y logros. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 223 6. Defensa y promoción de los derechos humanos, igualdad de género y fortalecimiento del estado de derecho. Velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como el desarrollo de instituciones sólidas que garanticen la legalidad y la independencia judicial. 7. Promoción del desarrollo sostenible. Impulsar iniciativas equilibradas en lo económico, social y ambiental, que generen procesos autónomos y duraderos, sobre la base de usar la cooperación externa como catalizador. 8. Inclusión y alianzas amplias. Fomentar la participación coordinada, según su competencia, de actores clave (gobiernos subnacionales, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y academia) en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones de cooperación. 9. Complementariedad y corresponsabilidad. Apoyar los esfuerzos para el fortalecimiento de las capacidades nacionales de desarrollo sin crear dependencia, en un marco de respeto a las estrategias y prioridades de los países socios. 10. Cofinanciamiento. Incentivar la contribución activa de las partes involucradas: financiera, técnica o en especie, con el objetivo de fortalecer la corresponsabilidad, reducir enfoques asistencialistas y fomentar la sostenibilidad de las intervenciones. 11. Solidaridad internacional. Reforzar los lazos de cooperación basados en la empatía y el compromiso solidario con comunidades y países que enfrentan retos de desarrollo. 12. Cooperación transformadora. Promover acciones, programas y proyectos que generen cambios estructurales profundos (económicos, sociales, institucionales y ambientales), y que fomenten la transformación mutua entre México, los países socios y otros actores relevantes. 5.1 Diagnóstico La CID, agrupa las acciones coordinadas entre Estados, organismos internacionales, sector privado y organizaciones de la sociedad civil para enfrentar retos compartidos como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y la crisis humanitaria. Tradicionalmente, la CID ha evolucionado hacia un modelo integral centrado en la construcción de capacidades, el fortalecimiento institucional y la sostenibilidad a largo plazo. En el ámbito multilateral, la CID se define como el conjunto de esfuerzos técnicos, financieros, científicos e institucionales, canalizados por actores públicos y privados, con el fin de ayudar a los países en desarrollo a mejorar sus políticas públicas, promover un crecimiento inclusivo y avanzar en los objetivos de la Agenda 2030 (OCDE, 2023; Naciones Unidas, 2015). La CID también es considera como una herramienta indispensable para responder a desafíos globales que ningún país puede resolver de manera aislada, por ejemplo: la crisis climática, los flujos migratorios irregulares o las pandemias, al mismo tiempo que, fortalece la interlocución internacional y el “poder blando” de cada nación (OCDE, 2023; Gobierno de México, 2025). En el contexto de nuestro país, la CID es una política pública sustentada en el Humanismo Mexicano para articular recursos, capacidades y conocimientos, la cual pone a las personas en el centro de las decisiones públicas, a la par que contribuye al bienestar, la solidaridad y la justicia social en los ámbitos regional e internacional. Este enfoque se basa en el principio constitucional de cooperación entre pueblos para el bienestar y se concreta mediante el SMCID, coordinado por la AMEXCID. Dado el contexto de interdependencia global, los retos transnacionales y las necesidades nacionales de desarrollo, la CID se ha afianzado como un instrumento estratégico para reducir desigualdades, generar soluciones compartidas y proyectar valores nacionales (OCDE, 2024a). Además de facilitar el intercambio de buenas prácticas, tecnologías y experiencias institucionales, para permitir que naciones con vocación dual como México (receptor y oferente de cooperación) asuman un liderazgo responsable, compartan sus aprendizajes y favorezcan un desarrollo más equilibrado en la región. La CID mexicana promueve el intercambio de mejores prácticas de políticas públicas y fomenta la investigación, el desarrollo y la innovación técnica, científica y educativa, con objeto de consolidar programas prioritarios del Ejecutivo Federal, tales como la autosuficiencia alimentaria, la soberanía energética, el fortalecimiento de las industrias farmacéuticas, petroquímica y de fertilizantes, al igual que los programas para el Bienestar: Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. 224 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 5.2 Situación de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) A nivel internacional, en 2023, la AOD neta de los países del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE alcanzó un récord de aproximadamente USD 233 mil millones, impulsada por la ayuda humanitaria, los desembolsos multilaterales y las respuestas a crisis como la guerra en Ucrania y las secuelas de la pandemia. Sin embargo, en 2024 la AOD neta total cayó a USD 212.1 mil millones (–9% en términos reales), debido a recortes anunciados por varios de los principales donantes y a una disminución general de la ayuda humanitaria, lo que marca el inicio de un ciclo de contracción que la OCDE (2025) proyecta podría profundizarse entre un 9% y un 17% adicional en 2025. Frente a la caída de la AOD, el Compromiso de Sevilla impulsa una combinación de fuentes para fortalecer los flujos de financiamiento al desarrollo: mayor movilización de recursos internos y justicia fiscal internacional; uso estratégico de bancos multilaterales (incluida la recanalización de los DEG); expansión de instrumentos innovadores (blended finance, bonos verdes/azules, canjes de deuda por clima y desarrollo); nuevas fuentes globales como gravámenes solidarios; y mayor participación del sector privado y la filantropía alineados con los ODS y el clima. Aunado a lo anterior, el contexto internacional exige una mejor focalización y mayor visibilización de los programas, proyectos y acciones de CID, que permitan identificar casos de éxito en la atención, la prevención de problemáticas de desarrollo, así como evitar la duplicidad de esfuerzos. La comunidad internacional ha avanzado en la construcción de un diálogo y metodologías para comprender y armonizar la eficiencia de la AOD, con las distintas modalidades de CID (CSS y CTr) y otros mecanismos de apoyo internacional. Esto ha incentivado a los países a la generación y mejora continua de estadísticas y sistemas digitales nacionales en la materia, con fin de identificar de forma eficiente los flujos financieros, las transferencias en especie, actores, beneficiarios y capital humano. Frente a los principales desafíos globales y nacionales, la cooperación internacional emerge como instrumento estratégico para fortalecer capacidades y promover soluciones integradas. En este contexto, México se suma a las acciones de cooperación para:  Transferir y adaptar tecnologías limpias, prácticas de resiliencia climática y conservación de ecosistemas. Con ello el Ejecutivo Federal a través de la SRE/AMEXCID dará cumplimiento al principio del Humanismo Mexicano sobre cuidado del medio ambiente y a los compromisos internacionales en la materia.  Impulsar políticas redistributivas y sistemas de protección social sostenibles e incluyentes para reducir la pobreza, la pobreza extrema y las desigualdades de manera particular en los sectores vulnerables históricamente marginados, y excluidos. Mediante la CID el Gobierno de México buscará robustecer acciones a favor del principio de justicia social del Humanismo Mexicano.  Fomentar sistemas agrícolas sostenibles y cadenas de valor inclusivas, para asegurar la soberanía alimentaria. México, por medio de alianzas internacionales como la FAO promoverá el desarrollo social de las comunidades del Sur Sureste del país y el Corredor Seco de Centroamérica.  Democratizar el acceso a tecnologías digitales, a través de la condición dual de cooperante de nuestro país y su liderazgo regional en materia de transformación digital y, promover la innovación tecno-social para reducir brechas digitales. Se buscará dar cumplimiento a los principios de innovación y desarrollo y de desarrollo tecnológico sostenible contenido en el PND 2025-2030, a fin de consolidar el principio del Humanismo Mexicano que se refiere a fraternidad y equidad.  Coordinar respuestas humanitarias ante eventuales fenómenos naturales y antropogénicos, con perspectiva resiliente, para promover el principio de fraternidad y equidad del Humanismo Mexicano.  Atender las causas estructurales de la movilidad humana, así como la protección de los derechos humanos con fundamento en los principios de dignidad humana, libertad e igualdad y justicia social, además de fraternidad y equidad.  Compartir y adaptar experiencias en materia de prevención y combate a la corrupción, así como el tema de integridad y ética pública, coadyuvando de manera transversal al PND 2025-2030 y a los 100 compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. La FFD4, celebrada en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio de 2025, adoptó el Compromiso de Sevilla, que actualiza la agenda Monterrey–Doha–Addis en un contexto de brecha creciente de financiamiento para los ODS. Los países acordaron avanzar en reformas de la arquitectura de deuda y de los bancos multilaterales, justicia fiscal internacional, reorientación de la AOD, mayor movilización de recursos internos y privados, y nuevos mecanismos innovadores de financiamiento para el desarrollo Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 225 En este contexto la AMEXCID asume una doble función: como beneficiaria de conocimientos, financiamiento y buenas prácticas internacionales que potencian el desarrollo interno; y como socio activo en la CSS y la CTr donde comparte metodologías, recursos y experiencias con socios del desarrollo en América Latina y el Caribe, África, Asia, y otras regiones, al igual que compromisos multilaterales como la Agenda 2030 y los compromisos de la FFD4. De esta manera, se avanza hacia un sistema global de desarrollo más justo, sostenible e inclusivo. 5.3 La cooperación internacional y los principios del Humanismo Mexicano para la atención de las problemáticas nacionales de desarrollo. México participa en el andamiaje de cooperación internacional con una condición dual: es receptor de AOD (principalmente de la ONU) y, al mismo tiempo, actúa como oferente de cooperación técnica, científica, educativa y humanitaria bajo los esquemas de CSS y CTr. Esta doble posición convierte al país en un puente estratégico entre donantes y receptores, con lo que facilita la transferencia de conocimientos y fortalece la voz de los países en desarrollo. Entre 2019 y 2024, la AMEXCID robusteció sus capacidades operativas y reafirmó un enfoque regional centrado en Mesoamérica. Destaca el PDI para la zona sursureste de México y Centroamérica, coordinado por la CEPAL junto con 20 agencias de la ONU y los gobiernos de: México, El Salvador, Honduras y Guatemala. El PDI propuso 114 proyectos con incidencia en: agricultura sostenible, inclusión financiera, desarrollo educativo, prevención de violencia y protección ambiental (CEPAL, 2021). En atención a las recomendaciones de la CEPAL, contenidas en el PDI, el Gobierno de México a través de la AMEXCID implementó las primeras fases de los proyectos de bienestar social “Sembrando Vida” en El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba; y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en El Salvador y Honduras. Estas iniciativas han impactado positivamente en miles de personas y sus familias al contribuir a su seguridad alimentaria, el desarrollo agrícola sostenible, el desarrollo de habilidades técnicas y blandas, así como a la capacitación y empleabilidad. De este modo, la CID mexicana ha contribuido a atacar de raíz las causas estructurales de la migración y a reforzar la resiliencia local mediante la corresponsabilidad. En particular, la CID es un instrumento estratégico para complementar y robustecer las respuestas nacionales ante desafíos que limitan el desarrollo sostenible en nuestro país. Bajo el enfoque del Humanismo Mexicano que prioriza la dignidad, la equidad y la justicia social, la cooperación mexicana se orientará, en consonancia con los ejes del PND 2025-2030, a contribuir a la solución de los principales retos públicos estructurales, y las problemáticas emergentes, a saber: a. Pobreza y desigualdad. Entre 2018 y 2022, la medición de pobreza de CONEVAL mostró que en México la población en situación de pobreza disminuyó de 41.9 % a 36.3 %, lo que representó una reducción de más de 5 millones de personas en esa condición. En la medición más reciente del INEGI basada en la ENIGH 2024 y publicada en 2025, la pobreza multidimensional en México se ubicó en 29.6 % de la población, equivalente a 38.5 millones de personas, mientras que la pobreza extrema fue de 5.3 % (aproximadamente 7.0 millones). Entre 2022 y 2024, el número de personas en pobreza multidimensional disminuyó de 46.8 millones a 38.5 millones (–8.3 millones), aunque el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales aumentó a 32.2 % en 2024, a pesar de que varias carencias sociales (como educación, salud y seguridad social) se redujeron en ese periodo. Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 (ENIGH 2024), publicada por el INEGI en 2025, la desigualdad en la distribución del ingreso en México, medida por el coeficiente de Gini con transferencias, se ubicó en 0.391, por debajo de 0.402 en 2022 y 0.449 en 2016. En términos de concentración del ingreso, el decil X concentró 30.3 % del ingreso total en 2024, frente a 36.4 % en 2016, lo que confirma una tendencia a la baja en la desigualdad en la última década; no obstante, persisten brechas relevantes en la distribución del ingreso entre los distintos estratos de la población. Asimismo, según los datos de INEGI, a 2024 la población vulnerable por carencias sociales presenta un incremento de 29.5% a 32.2% (INEGI, 2025). A pesar de los avances logrados, persisten importantes brechas de desigualdad en el sur del país, que requieren de intervenciones más integrales, sostenibles y con fuerte anclaje territorial. México como receptor de CID, buscará canalizar financiamiento, tecnologías sostenibles y asistencia técnica para fortalecer las capacidades locales, impulsar programas de desarrollo rural inclusivo, garantizar el acceso equitativo a servicios básicos e infraestructura, y capacitación productiva en regiones rezagadas, así como promover modelos participativos con enfoque de género y juventud. 226 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Por otra parte, se toma como base las experiencias y conocimientos adquiridos en el Programa Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO y el proyecto innovador de cooperación mexicana Sembrando Vida, orientados a mitigar las problemáticas vinculadas a la seguridad alimentaria, nuestro país como oferente continuará dotando de herramientas técnicas a los países de Centroamérica y el Caribe, así como del Sur Global para acortar la brecha de la pobreza persistente, y ampliar acciones de cooperación hacia el desarrollo rural integral. Al respecto, México mantendrá una participación en esquemas de cooperación que refuercen su capacidad para abordar desafíos globales. Mediante la cooperación Sur-Sur y triangular en áreas como educación, salud, desarrollo agrícola y gestión de riesgos, ello ha sido clave para fortalecer el liderazgo regional y avanzar hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo. b. Movilidad humana. La movilidad humana constituye un desafío multidimensional que involucra a México como país de origen, tránsito, destino y retorno. Prueba de ello es que se ha experimentado un crecimiento considerable en la atención de solicitudes de refugiadas, de casi 80,000 en 2024, a 168,518 entre enero y junio de 2025, según datos de ACNUR, lo que implica que 2025 sería el punto más alto que se ha experimentado, incluso superando el registrado en 2023, de 142,700 solicitudes. Estas dinámicas están asociadas a factores estructurales como la violencia, el cambio climático, la pobreza y la falta de oportunidades, especialmente en Centroamérica (ACNUR, 2025). Desde la perspectiva del Humanismo Mexicano, la CID puede desempeñar un papel estratégico para atender las causas estructurales de la movilidad humana y promover soluciones sostenibles, centradas en las personas, que garanticen el ejercicio de derechos y generen condiciones dignas para que puedan decidir libremente permanecer en sus comunidades o migrar de manera segura, informada y voluntaria. En años recientes, como oferente de cooperación, México implementó por medio de la AMEXCID proyectos como “Sembrando Vida” en El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba; y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en El Salvador y Honduras, lo que ha beneficiado a más de 61,000 personas, quienes encontraron en estos proyectos una oportunidad para su desarrollo, crecimiento y bienestar. Estas acciones reflejan una apuesta por fortalecer el arraigo comunitario, la cohesión social y la visión de desarrollo local como mecanismos para reducir la necesidad de migrar (PNUD, 2023). Por otra parte, como receptor de CID y con el apoyo de organismos multilaterales, nuestro país ha capacitado a personas servidoras públicas para la atención de la movilidad humana y personas refugiadas. También se ha dotado de servicios de apoyo en algunas rutas migratorias. Además, se han fortalecido las capacidades institucionales para el diseño e implementación de mecanismos de movilidad laboral legal, ordenada y segura que fomentan el respeto de los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras. c. Seguridad y estado de derecho. En consideración a los avances logrados en la materia, México de forma dual, intercambia mejores prácticas para fortalecer marcos normativos que permitan prevenir conductas nocivas en el Estado Mexicano como son la corrupción, el cohecho y el peculado, así como la construcción de mecanismos para la gobernanza democrática. En ese sentido, México ha emprendido diversas acciones jurídicas y administrativas, donde destacan la PNA, el SNA y la PDN “Inteligencia Anticorrupción”. Asimismo, desde 2024, México a través de la AMEXCID, colaboró técnica y científicamente en el fortalecimiento de capacidades de seguridad y comunicación en Haití. d. Cambio climático y sostenibilidad ambiental. México ha refrendado su compromiso con la conservación del medio ambiente, la biodiversidad, la protección de la capa de ozono, al igual que con el cumplimento de instrumentos legales internacionales como los protocolos de Montreal y de Kioto, los convenios de Basilea, Rotterdam y Minamata, el Acuerdo de París y el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal. En esa línea, nuestro país busca a través de la CID atender problemáticas vinculadas al cambio climático, la desertificación y pérdida de la biodiversidad, aunadas a la prevención y adaptación a desastres naturales (huracanes, incendios, sequías, inundaciones y fenómenos hidrometeorológicos), así como opciones de financiamiento verde, azul y gris, con la necesidad de integrar un enfoque de resiliencia climática y sostenibilidad ambiental, el saneamiento de ríos y cuerpos lacustres, la restauración ambiental y productiva, el aprovechamiento de residuos sólidos para la producción de biomasa y la economía circular. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 227 México considera un enfoque integral en la protección y el uso responsable de los recursos naturales. Siendo prioritario implementar políticas públicas para reducir y revertir el daño ambiental, proteger los ecosistemas estratégicos del país (como bosques, selvas y cuerpos de agua). Es importante garantizar el derecho humano al agua mediante una distribución equitativa y el desarrollo de infraestructura que lleve agua potable a todas las comunidades. En el sector agrícola se debe fomentar el uso eficiente del agua con tecnologías que reduzcan el desperdicio y promuevan la conservación de este recurso vital. Mediante dichas acciones México busca equilibrar el desarrollo económico con la responsabilidad ambiental, para asegurar que las generaciones presentes y futuras cuenten con los recursos y condiciones necesarias para una mejor calidad de vida. La consolidación de un desarrollo sustentable y una gestión responsable de los recursos naturales siendo clave para garantizar la viabilidad ambiental, económica y social del país a largo plazo. e. Derechos sociales. En materia educativa, la NEM plantea un cambio profundo en el modelo educativo basado en el desarrollo integral de los estudiantes. La NEM promueve una visión incluyente, equitativa, comunitaria, humanista y científica en la educación. En México, según estimaciones del INEA, el porcentaje de personas mayores de 15 años en rezago educativo disminuyó de aproximadamente 29.7% en 2019 a 27.5% al cierre de 2024, es decir, una reducción de 2.2 puntos porcentuales durante este periodo, la cual es, una tendencia constante en los últimos cinco años (INEA, 2024). En ese sentido, nuestro país ha establecido alianzas con organismos multilaterales y agencias de cooperación para fortalecer las políticas educativas, así como para implementar acciones de restauración y mejoramiento de infraestructura escolar. Por ejemplo, en Acapulco Guerrero, MIKTA coopera en la reconstrucción de escuelas afectadas por el huracán Otis. Adicionalmente, la AMEXCID interviene en el fortalecimiento educativo regional mediante proyectos como escuelas México, y ha vinculado proyectos para el desarrollo de capacidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas centrados en niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres. La cooperación internacional en salud en México es una herramienta que se suma a las acciones nacionales para contribuir a hacer efectivo el derecho a la salud, a través de la cobertura sanitaria universal y la consolidación de un sistema basado en la prevención, la atención primaria de la salud con enfoque comunitario, la vacunación a lo largo del ciclo de la vida, así como al acceso oportuno y de calidad a servicios de salud y medicamentos. También ha propiciado el intercambio técnico, la formación y capacitación de recursos humanos, el fomento a la investigación y ha facilitado la elaboración de políticas públicas y programas nacionales. Nuestro país contribuye a la cooperación internacional en salud por medio del pago de contribuciones a organismos internacionales. Además, participa activamente en redes globales, acuerdos bilaterales y convenios con organismos multilaterales para fortalecer sus capacidades y brindar servicios de salud de calidad a la población. Destaca la participación de agencias del SNU con agendas sanitarias, el Grupo de Salud del G20, el Comité de Salud de la OCDE y la colaboración con Alemania, Canadá, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, entre otros. Para el Gobierno de México la cooperación en materia de igualdad sustantiva se orienta no solo a garantizar el acceso equitativo de mujeres y hombres al desarrollo, sino a transformar las estructuras que perpetúan las desigualdades de género, con el fin de asegurar que todas las mujeres y las niñas ejerzan plenamente sus derechos en todos los ámbitos, y se eliminen barreras estructurales, discriminación y violencias. A pesar de los desafíos persistentes, nuestro país ha logrado avances significativos en cuanto a la igualdad sustantiva durante los últimos años, alcanzando en 2025 un 77% de paridad de género, según el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial, lo que nos ubica en el lugar 23 de 148 países (Gender Gap Report 2025, 2025). Así mismo, el Gobierno de México ha definido como una prioridad de su política pública el fortalecimiento de la sociedad de cuidados, reconociendo el cuidado como un elemento central para el bienestar social, el desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades estructurales, en particular aquellas que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a los grupos en situación de vulnerabilidad. Este enfoque parte del reconocimiento del cuidado como un componente fundamental para el ejercicio efectivo de los derechos sociales y para la construcción de condiciones que permitan la participación plena de las personas en la vida económica, social y comunitaria, bajo principios de corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las comunidades y otros actores sociales. 228 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 En este contexto, en el PROCID 2026-2030, reconoce como prioritario contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas en materia de sociedad de cuidados en México, como un eje estratégico para el desarrollo incluyente y la reducción de brechas de desigualdad. Promoviendo en todo momento la reducción, el reconocimiento y la redistribución de los trabajos del hogar y de cuidados, dada la situación de desventaja en la que se encuentran las mujeres, toda vez que el trabajo de cuidados en todas las etapas de su vida les genera un desgaste físico y emocional con una sobrecarga de responsabilidades. El Gobierno de México construye acciones a favor de la creación de un marco normativo en la materia. Un ejemplo, destacado es el proyecto de cooperación triangular “Fortalecimiento de la Política Exterior Feminista” a través de la AMEXCID, el cual cuenta con la participación de Chile, Colombia, y la Agencia de Cooperación de Alemania GIZ y la CEPAL. Cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de los ministerios de Relaciones Exteriores y las agencias de cooperación internacional de estos países en el diseño, implementación y apropiación de sus políticas exteriores feministas y de una agenda feminista de CID. 5.4 Retos regionales América Latina y el Caribe Como región prioritaria para la agenda de cooperación internacional de México, América Latina y el Caribe mantiene un liderazgo relativo en servicios sociales, incluidas las políticas de cuidados y el fortalecimiento institucional basado en políticas públicas recientes, no obstante, enfrenta una de las mayores desigualdades del mundo debido a la alta concentración de la riqueza en pocas personas. Esta concentración se refleja en baja movilidad social, desigual acceso a la salud, educación e infraestructura y sistemas fiscales poco redistributivos. Además, se encaran desafíos emergentes provocados por el cambio climático (sequías, inundaciones, incendios), así como violencia, criminalidad y movilidad humana, que erosionan la cohesión social y la inversión. Sin embargo, se considera que la región de América Latina y el Caribe presenta un dinamismo para la concertación política de la CID, así como para la implementación de proyectos y acciones enfocadas a necesidades comunes pero diferenciadas en los campos de alimentación, compras públicas sostenibles, prevención y combate a la corrupción, inocuidad y sanidad agropecuaria, salud, desarrollo de capacidades laborales, atención a desastres naturales y antropogénicos, e industrias emergentes con impacto social positivo, con transversalización del enfoque de cuidados. También se incluyen acciones relacionadas con la transición energética, el acceso equitativo a la energía, la justicia energética y las energías limpias. América del Norte Para fortalecer la integración política, económica y social con Estados Unidos y Canadá, México buscará dirigir sus acciones de CID en las áreas de movilidad humana, preservación y restauración del patrimonio, aplicación de la debida diligencia empresarial responsable, atención al cambio climático, desarrollo de tecnologías en comunicaciones satelitales y tecnologías de observación de la Tierra. De forma específica con Estados Unidos, se impulsará el diseño de acciones, basadas en la protección de los derechos humanos para la atención de necesidades de la población en movilidad humana, así como de sus causas estructurales. Asimismo, se promoverán colaboraciones orientadas a fortalecer la adaptación a las tecnologías emergentes, incluido el manejo de la IA auto generativa, y se ampliará la investigación geoespacial, incluyendo el medio marino y la plataforma continental con especial énfasis en la prevención de la devastación oceánica. En lo referente a Canadá, se ampliarán los programas de colaboración sobre igualdad sustantiva y empoderamiento de las mujeres, al igual que los intercambios interculturales entre grupos históricamente vulnerados, Pueblos y Comunidades indígenas y afrodescendientes para promover el desarrollo económico a nivel local. Además, se explorará la cooperación en los campos de agroindustria, silvicultura, preservación de especies migratorias, principalmente de la mariposa monarca, la ballena gris y jorobada, así como la transición energética y cooperación tecnológica para energías limpias. Finalmente, se promoverá el diálogo con ambos países para ampliar el conocimiento en las áreas de salud, biotecnología, recursos hídricos, el desarrollo de la red del espacio profundo, aeronáutica, y bienes públicos globales. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 229 Europa Europa destaca en innovación social, transición verde-digital, atención al envejecimiento poblacional y políticas migratorias estructuradas. La Unión Europea ha desarrollado modelos avanzados en política de cuidados. Las distintas regiones del continente brindan esquemas de cooperación en los campos de intercambio académico, agroindustria, transporte intermodal, aéreo y ferroviario, ambientes digitales, transición energética, prevención y combate a la corrupción, dignificación del servicio público, integridad y ética pública, transparencia, protección al denunciante, protección de datos personales, atención sanitaria y economía circular. Asia El continente es un punto focal en materia de nuevas y altas tecnologías; manufacturas avanzadas; transformación e industrialización de tierras raras; hidrógeno verde y movilidad eléctrica, donde destacan la biotecnología y tecnologías emergentes. No obstante, algunos países asiáticos se enfrentan a retos sociales como el empleo informal, la inhabitabilidad urbana, los asentamientos sin servicios esenciales, y el elevado uso de combustibles fósiles como el carbón mineral, lo que propicia condiciones de vulnerabilidad climática, desastres naturales y antropogénicos. El Gobierno de México buscará ampliar y diversificar la oferta y demanda de CID con China, Corea del Sur, Japón, India y socios no tradicionales del Sudeste Asiático en los ámbitos de desarrollo de vacunas, poblaciones en envejecimiento, preservación de especies endémicas, agricultura sustentable, conectividad, conservación del patrimonio histórico en zonas urbanas, desarrollo de nanomateriales, biotecnología, combate a la corrupción y prevención de flujos ilícitos de capital. Oceanía Sobresale en gestión de recursos marinos y adaptación climática, pero los pequeños Estados insulares del Pacífico encaran una vulnerabilidad extrema al aumento del nivel del mar e infraestructura limitada. Australia y Nueva Zelanda presentan una oportunidad de cooperación en los sectores educativo, agropecuario, hídrico, mujeres, inclusión de grupos históricamente vulnerados, manufacturero y de servicios, así como en el intercambio de políticas públicas en resiliencia al cambio climático, ciencia y tecnología. Con los Estados insulares se buscará desarrollar proyectos de cooperación dirigidos a la economía azul y gestión de desastres naturales y antropogénicos. África y Medio Oriente Estas regiones enfrentan profundas brechas estructurales en acceso a servicios básicos, gobernanza y desarrollo humano. En varias subregiones africanas, prevalecen altos niveles de pobreza extrema, inseguridad alimentaria, escasez hídrica y mortalidad infantil, junto con impactos agudos del cambio climático que provocan sequías, desertificación y movilidad humana. Medio Oriente, por su parte, combina zonas de alta urbanización y capacidad tecnológica con regiones marcadas por conflictos prolongados, crisis humanitarias y desplazamientos masivos, así como desafíos en la transición energética y en la gobernanza de recursos naturales. Para México, ambas regiones representan una oportunidad para implementar proyectos de CID dirigidos a la producción agrícola sustentable, desarrollo territorial, manejo de recursos hídricos, adaptación al cambio climático, salud y seguridad alimentaria. Nuestro país compartirá su experiencia en los campos de remesas, cultivos en zonas áridas y manejo de recursos hídricos para cultivos intensivos. En la medida de lo posible, brindará asesoría sobre promoción de la cultura de igualdad sustantiva. Frente a los retos compartidos por las distintas regiones del mundo, México debe fortalecer su papel como oferente, receptor y facilitador de cooperación internacional para el desarrollo, articulando su experiencia nacional con las prioridades globales. Como facilitador, México debe desempeñar un rol estratégico en esquemas bilaterales, triangulares, Sur–Sur y multilaterales, con alineación de su cooperación a los planes de desarrollo de los países socios e impulsando la concertación de acuerdos que integren transferencia tecnológica, desarrollo humano sostenible, innovación social y fortalecimiento de capacidades, conforme a los principios de solidaridad internacional, igualdad sustantiva, transparencia, apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad que establece la LCID. 230 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 5.5 Atención a Problemas Públicos Se identifican rezagos estructurales en pobreza y desigualdad, empleo e informalidad, prevención y combate a la corrupción, aprendizajes y capacidades técnicas, asimetrías internacionales, vulnerabilidad climática y seguridad/estado de derecho, con afectaciones diferenciadas por territorio y grupos de población (pobreza 29.6% en 2024; pobreza extrema 5.3%; usuarios de internet 81.2% en 2023; hogares con internet 71.7% y en Chiapas 44.3%; AOD 2024 -7.1%). (INEGI, 2024; INEGI, 2025; OCDE, 2025). En congruencia con el PND 2025-2030 y la LCID, el PROCID 2026-2030 establece una hoja de ruta para contribuir a la solución de estos problemas por medio de la consecución de objetivos estratégicos que articulan la cooperación técnica, científica y educativa, así como para fortalecer la acción multilateral y mejorar la eficacia y trazabilidad de la CID. En México persisten rezagos multidimensionales y desigualdades que limitan el desarrollo humano sostenible y afectan principalmente a hogares rurales y del sursureste, al igual que a niñas, niños y adolescentes, mujeres, Pueblos y Comunidades indígenas y afromexicanas y, personas con discapacidad. Aun con los avances recientes en el ingreso de los hogares, subsisten brechas en infraestructura social, barreras educativas y laborales, y vulnerabilidad ante desastres (pobreza 29.6% y pobreza extrema 5.3% en 2024; hogares con internet 71.7% en 2023, con rezagos en el sursureste. (INEGI, 2024; INEGI, 2025). El objetivo 1 del PROCID 2026-2030 está orientado a promover, mediante la CID, el desarrollo rural inclusivo, el acceso equitativo a servicios básicos, cadenas de valor sostenibles y sistemas de cuidados, con enfoque interseccional y territorial para cerrar brechas y mejorar el bienestar. México, en su calidad de oferente de cooperación, orientará su apoyo al desarrollo humano sostenible en el sur global, con énfasis en Centroamérica y el Caribe, para ampliar oportunidades productivas, fortalecer capacidades institucionales, mejorar el acceso y la calidad de los servicios públicos y aumentar la resiliencia climática. El objetivo 2 del PROCID 2026-2030 establece una ruta, alineada con la LCID, enfocada a la disminución de las asimetrías entre países desarrollados y en desarrollo mediante el intercambio de conocimientos, transferencia de recursos y tecnologías apropiadas, y articulación productiva regional, lo que contribuye a atender las causas estructurales que inciden en la movilidad humana (79,000 solicitudes de la condición de refugiado en México en 2024, tendencia alta en el contexto regional). (COMAR, 2024; ACNUR, 2025). En un escenario mundial en el que el multilateralismo está a prueba, resulta prioritario reforzar la incidencia de México en la gobernanza de los bienes públicos globales, en la democratización del acceso al financiamiento para el desarrollo y a las tecnologías limpias y de adaptación, compras públicas como una herramienta de desarrollo, factores clave para impulsar el desarrollo nacional y regional (la AOD global cayó 7.1% en 2024 y se proyecta una caída de entre 9 y 17% en 2025). (La OCDE considera un 13% del PIB como herramienta potencial de desarrollo), (OCDE, 2025). En México y en países de ingreso bajo y medio coexisten poblaciones expuestas a riesgos climáticos y territorios que concentran bosques, mares y biodiversidad, pero también desigualdad social y altos niveles de pobreza. Estos desafíos, que competen a la comunidad internacional, requieren acciones colectivas bajo marcos multilaterales: mejor gobernanza, asignación focalizada de recursos y fortalecimiento de capacidades técnicas y financieras locales, así como una mayor alineación de políticas entre las agendas globales y las prioridades nacionales y regionales (BTR de México presentado ante la CMNUCC, con inventario actualizado y compromisos de transparencia) (UNFCCC, 2025). En ese sentido, el objetivo 3 del PROCID 2026-2030 prioriza una diplomacia proactiva, la construcción de consensos y la articulación con foros multilaterales y regionales para canalizar financiamiento para el desarrollo, ampliar el acceso a tecnologías sustentables y proteger los bienes públicos globales, vinculando los resultados con el cumplimiento de la Agenda 2030 y los compromisos internacionales de México (OCDE, 2025; UNFCCC, 2025). Finalmente, se ha identificado que la fragmentación de información y el bajo seguimiento de los distintos flujos de recursos público-privados para el desarrollo, incluida la CID, reduce la eficacia, la sostenibilidad y la rendición de cuentas, además de dificultar la adecuada focalización de recursos y genera la duplicación de esfuerzos. Esta situación afecta el desempeño de las unidades ejecutoras de la APF, a sus contrapartes, y excluye a la ciudadanía, lo que inhibe la generación de valor público (INEGI, 2024). Si bien México cuenta con sistemas estadísticos robustos, aún no se ha logrado una modernización y gobernanza efectiva de los sistemas de información pública, particularmente aquellos que se refieren al monitoreo y evaluación de la CID, lo que puede generar duplicidad de esfuerzos, mayores cargas administrativas para la generación de datos, menor costo-efectividad y menor transparencia. En esa línea, con el objetivo 4 del PROCID 2026-2030 se impulsará la modernización y articulación de registros de CID (plataformas de información), metodologías de evaluación, datos abiertos e indicadores de resultado compatibles con marcos nacionales e internacionales (INEGI, 2024; OCDE, 2025). Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 231 5.6 Visión de largo plazo. El Estado mexicano fomenta una relación de amistad y respeto con todas las naciones y organismos internacionales, siempre en defensa de su soberanía para priorizar sus intereses, así como la dignidad del pueblo. Como lo ha señalado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo: "México es un país soberano, independiente, libre y democrático”. Queremos la paz. Queremos la paz y la fraternidad de las naciones. Y nos coordinamos, mas no nos subordinamos (De la República, P., 2024). Bajo esta visión, México buscará la construcción de un sistema internacional basado en el respeto, la solidaridad, justicia, igualdad y libertad, y promoverá principios y valores que generen resultados concretos y fortalezcan el proyecto de nación. Ante desafíos claves como seguridad, justicia, pobreza, movilidad humana, economía, educación, tecnología, cambio climático, seguridad alimentaria y de agua, atención a la salud y prevención de enfermedades, trabajo digno, movilidad humana, tecnologías emergentes, igualdad sustantiva y protección de la niñez y cambios demográficos, entre otros, nuestro país se proyecta más fuerte en el escenario global, consolidándose como un socio generador de consensos efectivos, y promotor de cooperación y desarrollo. Dado el panorama internacional cambiante que exige optimización de recursos, México fomentará mecanismos innovadores para el seguimiento y evaluación de compromisos nacionales e internacionales en materia de desarrollo. En el horizonte 2050, la AMEXCID continuará impulsando la CID a nivel multilateral, regional, bilateral y triangular, con refuerzo de la CSS en el marco de estrategias con enfoque humanista, a fin de que cada acción se traduzca en oportunidades concretas para el país. El SMCID ampliará las capacidades institucionales de la APF, especialmente de la AMEXCID, lo que fortalecerá vínculos con actores gubernamentales, incluidos los Estados y municipios, para abordar desafíos comunes como cambio climático, seguridad alimentaria, movilidad humana, tecnologías emergentes, igualdad sustantiva y protección de la niñez, entre otros. Esta visión forma parte del eje transformador de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basado en la prosperidad compartida, que fomenta una cooperación efectiva, solidaria, sin discriminación y centrada en las personas como expresión del Humanismo Mexicano. México debe consolidarse como un actor relevante en la esfera global de la CID, que asegure la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia para las mujeres, adolescentes, niños y niñas, en todas sus estrategias, con una garantía de acceso equitativo e incluyente, a fin de generar mayores oportunidades económicas, educativas sociales y culturales, y así disminuir las brechas de desarrollo. Hacia mediados del siglo XXI, con el respaldo de la APF y un marco legal que permita la acción de todos los poderes y niveles de gobierno, así como de otros actores de cooperación, la AMEXCID ampliará su papel en la cooperación internacional como motor de desarrollo incluyente, en la búsqueda de asegurar que las necesidades nacionales se reflejen en organismos, foros y mecanismos internacionales. Además, México fortalecerá su relación con países en desarrollo y economías emergentes de América Latina y el Caribe, Asia Central, Sudeste Asiático, Medio Oriente y África, con la integración de una agenda de cooperación con perspectiva de igualdad sustantiva que impulse el empoderamiento económico y social de las mujeres y niñas, lo que consolidará a nuestro país como un referente en la cooperación internacional. La SRE y la AMEXCID, a través del SMCID, robustecerán la cooperación internacional como una política estratégica para fomentar el desarrollo basado en alianzas, intercambio de experiencias, buenas prácticas y conocimientos. Para 2050, México reafirmará su compromiso con la comunidad internacional mediante acciones concretas de cooperación en prevención, atención y mitigación de retos emergentes. El Gobierno Federal, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, impulsará nuevos esquemas de colaboración internacional orientados a la formación continua de recursos humanos calificados, el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, el fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica, la generación de bienes públicos globales y la ampliación de oportunidades para los sectores en situación de vulnerabilidad. Con ello, se reafirmará el liderazgo de México en materia de cooperación internacional para el desarrollo. En este contexto, como parte de la diversificación de mecanismos de cooperación, por primera vez México, a través de la AMEXCID, promoverá de manera activa la gestión de cooperación financiera no reembolsable —incluidos fondos a título gratuito, subvenciones y otras modalidades de apoyo no reembolsable—; así como, el establecimiento de alianzas con fundaciones nacionales sin fines de lucro. Lo anterior, en atención a la disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada a los países de renta media, derivada de la reorientación presupuestaria de diversos países desarrollados hacia otros rubros prioritarios, entre ellos el gasto en materia de defensa. 232 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 6. Objetivos Para promover y fortalecer el papel de México como oferente-receptor de cooperación y mantener la presencia de nuestro país en la implementación a nivel bilateral (CSS y CTr), multilateral, regional y discusiones globales de cooperación, que consoliden la gestión de la CID, el PROCID 2026-2030 establece cuatro objetivos prioritarios a ser ejecutables por la presente administración federal. En este sentido, a través del objetivo 1 del PROCID 2026-2030, buscará fortalecer el desarrollo humano sostenible desde una perspectiva multidimensional, multicultural e interseccional, mediante proyectos que promuevan el desarrollo rural, la prevención y el combate a la corrupción el acceso equitativo a servicios básicos y programas orientados a la reducción de las desigualdades estructurales, con un enfoque de Humanismo Mexicano y prosperidad compartida. En paralelo, el objetivo 2 del programa, permitirá profundizar el diálogo político y la cooperación con Centroamérica, el Caribe y el Sur Global, identificando e impulsando iniciativas de protección social, resiliencia frente al cambio climático e innovación pública para abordar las causas estructurales de la movilidad humana y fortalecer el bienestar comunitario en los territorios más afectados por la exclusión, la violencia o la crisis ambiental. El objetivo 3 del PROCID 2026-2030, se enfoca en ampliar la participación de México en organismos, mecanismos y foros multilaterales y regionales, donde se construyen consensos sobre seguridad, prevención y combate a la corrupción, transición energética, gobernanza, justicia social y restaurativa, alineados con las megatendencias globales y los ODS. Finalmente, el objetivo 4 del PROCID 2026-2030, buscará optimizar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas de la CID mediante metodologías de vanguardia y el uso estratégico de sistemas de información, garantizando que los recursos de cooperación generen impactos tangibles y sostenibles. Para maximizar la efectividad de la CID, resulta indispensable focalizar la atención a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. Esto requiere implementar mecanismos precisos para identificar a las personas beneficiarias, mediante la ubicación geográfica de las comunidades con grupos de personas más vulnerables de pueblos indígenas y afromexicanos, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, estudios socioeconómicos de la comunidad y personas, entre otros; de modo que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. Asimismo, la adopción de metodologías innovadoras y el uso estratégico de sistemas de información permitirá asignar la cooperación de forma más eficiente y equitativa, alineada con las prioridades nacionales y los ODS. Con una gestión focalizada y basada en evidencia, la CID potenciará su contribución a la reducción de desigualdades y al desarrollo humano sostenible en México y en los países socios, a través de los siguientes objetivos: Objetivos del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2026-2030 1. Fortalecer el desarrollo humano sostenible, con enfoque multidimensional e interseccional, mediante proyectos que impulsen el desarrollo rural, la prevención y el combate a la corrupción, el acceso equitativo a servicios básicos y la reducción de desigualdades, bajo los principios del Humanismo Mexicano. 2. Fortalecer el diálogo político y la cooperación con Centroamérica, el Caribe y el Sur Global, articulando protección social, resiliencia climática e innovación pública para abordar causas estructurales de la movilidad humana y mejorar el bienestar en territorios vulnerables. 3. Fortalecer la participación de México en organismos y foros multilaterales y regionales, promoviendo el diálogo con socios estratégicos para construir consensos de cooperación en el desarrollo global, considerando las megatendencias y la Agenda 2030. 4. Maximizar la eficacia, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas de la cooperación internacional, mediante el uso estratégico, actualización y mejora continua de herramientas de gestión y sistemas de información, con base en metodologías de vanguardia. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 233 6.1 Relevancia del Objetivo 1: Fortalecer el desarrollo humano sostenible, con enfoque multidimensional e interseccional, mediante proyectos que impulsen el desarrollo rural, la prevención y el combate a la corrupción, el acceso equitativo a servicios básicos y la reducción de desigualdades, bajo los principios del Humanismo Mexicano. El Gobierno de México fortalecerá la relación con países contrapartes, al incrementar su papel proactivo a favor de un desarrollo nacional con una visión humanista y a través del diálogo político sobre la CID. Para ello, con base en el andamiaje jurídico que se tiene con los países de América del Norte, se refrendarán los compromisos de mutuo acuerdo y beneficio en los campos de la cooperación técnica, científica e innovación, así como en el fortalecimiento de capacidades institucionales, protección civil, educación, salud, recursos hídricos, bienes públicos globales e igualdad sustantiva. Es de interés del Gobierno de México, el diseño e implementación de políticas en materia de prevención y combate a la corrupción, con un enfoque transversal a la APF, en coordinación con las entidades federativas y los municipios; para ello, se observa como un objetivo integral bajo el marco del Humanismo Mexicano, al fortalecer acciones de cooperación con países, organismos y convenciones en materia. De igual manera, tomando como sustento los instrumentos normativos suscritos con los países de la Unión Europea y otros Estados europeos, México ampliará y diversificará sus relaciones en los mecanismos de cooperación bilateral, triangular, regional y multilateral en áreas clave de interés común, apoyadas por el Fondo Conjunto México-Unión Europea, conforme a las prioridades estratégicas nacionales y que contribuyan a la consecución de los compromisos de México en tecnologías verdes, desarrollo de nanomateriales, educación y formación de capital humano. La AMEXCID, con el apoyo del consejo consultivo, explorará nuevas vías de colaboración con países como Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Portugal, Reino Unido, Chequia, Suiza, Turquía, en temas de medioambiente, cambio climático, economía circular, ciencia, educación, tecnologías emergentes, biotecnología y salud, así como agricultura sustentable, seguridad alimentaria, igualdad sustantiva, entre otros, para promover esquemas de CTr focalizada en Europa, América Latina y el Caribe. Por su parte, con Asia Central y el Pacífico se profundizarán las asociaciones estratégicas con Bangladesh, China, India, Irán, Japón, República de Corea y Singapur, a fin de ampliar y diversificar los instrumentos de cooperación en materia de investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico. También, se explorará el establecimiento de mecanismos de fondeo para proyectos de CID que apoyen a las instituciones del Gobierno federal en la ejecución de proyectos. La APF con el apoyo de la AMEXCID, promoverá un mayor acercamiento con Australia, Filipinas, Malasia, Nueva Zelanda y las economías del APEC para desarrollar proyectos de impacto nacional, regional e interregional a favor de un desarrollo social y ambiental más incluyente y sostenible. De esta manera, la AMEXCID refrendará su papel como interlocutor activo de la cooperación y el desarrollo entre los Estados y sociedades. Ello implica impulsar asociaciones estratégicas de CID, enfocadas en la instrumentación de programas bilaterales, triangulares, y multiactor, al igual que proyectos y acciones dirigidas al crecimiento económico, social y ambiental que beneficien de manera directa a la población nacional, y que incluyan el Humanismo Mexicano, la igualdad sustantiva y el desarrollo sostenible. 6.2 Relevancia del Objetivo 2: Fortalecer el diálogo político y la cooperación con Centroamérica, el Caribe y el Sur Global, articulando protección social, resiliencia climática e innovación pública para abordar causas estructurales de la movilidad humana y mejorar el bienestar en territorios vulnerables. Con América Latina y el Caribe: es necesario robustecer las relaciones de cooperación para el desarrollo, con los países de la región. Se fomentará la integración regional mediante iniciativas en áreas estratégicas, en beneficio de las poblaciones más desfavorecidas y en condiciones de vulnerabilidad, incluida la movilidad humana con un enfoque integral que atienda las causas estructurales. También se estima importante el liderazgo regional de México en la promoción de la igualdad de género, la interculturalidad y el reconocimiento de los derechos de los Pueblos y Comunidades indígenas y afromexicanas. En este sentido, se consideran las siguientes prioridades por región: En Centroamérica se continuará colaborando en la implementación de programas, proyectos y acciones que atiendan los problemas persistentes del desarrollo y las vulnerabilidades sistémicas, principalmente el bienestar económico, la reducción de flujos migratorios irregulares y el combate a la corrupción. Es importante ampliar el desarrollo humano sostenible en materia social, ambiental, y de gobernanza pública, que incorpore una visión humanista con enfoques de igualdad sustantiva, derechos humanos e interculturalidad para incrementar las oportunidades de desarrollo para las generaciones presentes y futuras de la región. 234 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Un aspecto relevante es diseñar, definir y evaluar programas de CTr y regional (incluido el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica), en las áreas prioritarias, que aseguren su alineación con las necesidades locales. También ampliar las opciones de capacitación e intercambio académico a fin de construir recursos humanos altamente especializados. Además, fomentar la participación de los sectores social, privado, académico en proyectos de cooperación para generar sinergias sostenibles, replicables y resilientes, de impacto cuantitativo y cualitativo. México incrementará, en la medida de lo posible, su presencia en el Caribe mediante una cooperación focalizada en las áreas de mitigación y adaptación al cambio climático, transición energética, electrificación rural, desarrollo de energías renovables, gestión de desastres naturales y antropogénicos. Se conducirá la participación de México en los foros y mecanismos de cooperación regional, particularmente en el marco de la AEC y con la CARICOM bajo los principios de beneficio mutuo y necesidades diferenciadas de desarrollo, con la finalidad de identificar y dinamizar la CID mexicana en sectores como economía azul, preservación costera y transformación digital. Con los países de América del Sur se impulsarán agendas temáticas de desarrollo desde el enfoque de la igualdad sustantiva como el sistema de cuidados, la inclusión política, social y económica de las mujeres en todos sus contextos, especialmente en ámbitos rurales y Pueblos y Comunidades indígenas y afromexicanas. También se reforzarán la lucha contra las diferentes formas de violencia y la atención especial al desafío de la movilidad humana, con la salvaguarda de los derechos humanos. Finalmente, en Sudamérica se promoverá el desarrollo del Ambiente Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación Latinoamericano para la Cooperación y Acción Pública, cuya función será apoyar desde el enfoque de las tecnologías emergentes en el diseño, monitoreo y evaluación integral de proyectos de cooperación que permitan evaluar el impacto de la CID regional en las áreas de seguridad alimentaria, agroindustria sostenible, resiliencia climática, acceso a tecnologías digitales autogenerativas y desarrollo de economía circular para cerrar brechas, con avance en las metas de la Agenda 2030. De manera específica, con los fondos de cooperación que se tienen con Chile y Uruguay, se buscará ampliar su campo de acción para mantener y mejorar su estatus como referentes internacionales de CSS horizontal. 6.3 Relevancia del Objetivo 3: Fortalecer la participación de México en organismos y foros multilaterales y regionales, promoviendo el diálogo con socios estratégicos para construir consensos de cooperación en el desarrollo global, considerando las megatendencias y la Agenda 2030. La participación de nuestro país en los espacios internacionales de CID es fundamental para fortalecer el liderazgo de México en los escenarios regional y multilateral y para promover los principios del Humanismo Mexicano, principalmente el poner en el centro de las políticas públicas a las personas en situación de pobreza, generar las condiciones necesarias para alcanzar la prosperidad compartida, fortalecer el buen gobierno y proteger el medio ambiente. La membresía activa del Gobierno federal en organismos, foros y mecanismos internacionales tiene por finalidad participar en la definición de la gobernanza multilateral, incluir las prioridades nacionales en la discusión internacional, incidir en la agenda global en la toma de decisiones y adopción de lineamientos, acuerdos y resoluciones que impacten directamente en el desarrollo económico y social de la población, con especial atención a los sectores sociales menos favorecidos, lo que incluye a los Pueblos y Comunidades indígenas y afromexicanas. Mediante la cooperación multilateral, el SMCID compartirá mejores prácticas y coadyuvará a la instrumentación de políticas exitosas de otros países en el contexto mexicano, lo que optimizará la implementación de programas y proyectos de cooperación. 6.4 Relevancia del Objetivo 4: Maximizar la eficacia, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas de la cooperación internacional, mediante el uso estratégico, actualización y mejora continua de herramientas de gestión y sistemas de información, con base en metodologías de vanguardia. La AMEXCID ha impulsado la creación y consolidación de herramientas estratégicas orientadas a fortalecer la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID), con el propósito de hacerla más eficiente, eficaz, transparente, incluyente y sostenible. En este marco, se han adoptado metodologías reconocidas y utilizadas por la comunidad internacional en materia de cooperación, tales como el enfoque de marco lógico y la teoría del cambio, las cuales permiten una adecuada planeación, diseño, monitoreo y evaluación de las acciones de cooperación, mediante la definición de objetivos, actividades e indicadores de desempeño. (AMEXCID, 2016). Del mismo modo la AMEXCID gestiona sistemas de información que permiten recopilar, sistematizar y analizar datos clave para la toma de decisiones, optimizar recursos y fortalecer la coordinación entre actores. Como resultado, se ha establecido una gestión más articulada de la cooperación mexicana, basada en evidencia y orientada a resultados, a través de las siguientes herramientas y plataformas estratégicas: Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 235 Herramientas de planificación, monitoreo y evaluación La AMEXCID ha creado un formato específico de presentación de proyectos, monitoreo, evaluación ex ante, intermedia y final que permite documentar las mejores prácticas, lecciones aprendidas, oportunidades y retos en la gestión de los proyectos en Centroamérica y el Caribe, con la finalidad de que los resultados de la cooperación mexicana puedan ser monitoreados y visibilizados de forma estratégica. Dichos documentos serán metodológicamente revisados y mejorados con base en los nuevos objetivos de la AMEXCID, los ejes transversales y las tendencias internacionales en la materia. Fortalecimiento de capacidades En línea con el artículo 13 de la LCID, que asigna como responsabilidad de la AMEXCID que su personal se mantenga actualizado en relación con las mejores prácticas en materia de cooperación internacional, la AMEXCID impulsa una Estrategia de Desarrollo de Fortalecimiento de Capacidades del Sistema Mexicano de CID, con apoyo de diversas agencias de cooperación, con el objetivo de incrementar la capacidad técnica en los proyectos de cooperación que coordina la AMEXCID. Catálogo de capacidades Es una herramienta de la CID cuyo objetivo es documentar y dar a conocer las prácticas mexicanas que pueden servir como referencia a otros países, a fin de que solucionen problemas públicos similares. Plataformas digitales RENCID e INFOAMEXCID. Ambas concentran información relevante sobre los proyectos de CID que ejecutan las diversas entidades y dependencias de la APF, lo cual permite la construcción de bancos de datos e información; así como herramientas de gestión de proyectos para algunos casos. Los avances de México en estos temas han sido importantes y han posicionado al país como un líder en sistematización, gestión a nivel regional y global entre sus pares, por lo que, el SMCID trabajará en la mejora continua para la rendición de cuentas mediante las siguientes acciones:  Fomentar el conocimiento y el uso de los sistemas de información entre las dependencias miembros del consejo consultivo para construir propuestas estratégicas que permitan la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas.  Hacer un uso más estratégico de los datos contenidos en las plataformas informáticas, para el diseño de políticas y acciones de cooperación internacional.  Robustecer y complementar las directrices de cuantificación de la cooperación mexicana para optimizar la transparencia del uso y destino de los recursos.  Consolidar el sistema de planeación, monitoreo y evaluación de la CID mexicana.  Implementar una política de gestión del conocimiento sobre la cooperación en AMEXCID, que permita fortalecer la memoria institucional.  Comunicar de manera estratégica los resultados de la cooperación dual de México a los socios prioritarios y la ciudadanía para visibilizar los beneficios de la CID.  Fortalecer las capacidades del SMCID en la APF.  Construir modelos y metodologías para asegurar una vinculación estratégica con otros actores de la CID, en concordancia con la Agenda 2030 y su objetivo 17. La presente administración busca robustecer las herramientas existentes en materia de cooperación, con el fin de coadyuvar a conseguir una mejor gestión y evaluación de la cooperación mexicana, para hacerla más eficaz, reafirmar el papel coordinador de la AMEXCID y continuar posicionando a México como un actor clave de la CID en América Latina y países en desarrollo. 6.5 Vinculación de los Objetivos del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2026-2030 El PROCID 2026-2030, es el instrumento de planeación y prospectiva del SMCID, ejecutado por las dependencias que integran al consejo consultivo de la AMEXCID, así como por la propia AMEXCID, el cual marca las directrices de las acciones de cooperación internacional del país, y a la par asegura que se alinee con las prioridades nacionales, establecidas en el PND 2025-2030, al igual que con los compromisos internacionales como son la Agenda 2030, los ODS, tratados, convenios y acuerdos de cooperación. 236 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 El Programa se alinea al PND 2025-2030, Eje general 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana, y con el PSRE 2025-2030, en particular con el objetivo 4. Ampliar la cooperación internacional para impulsar el desarrollo humano sustentable y la igualdad sustantiva. Por otra parte, de forma enunciativa, más no limitativa, y en la medida de su competencia, el Programa, a través de sus objetivos, complementa lo establecido en los ejes transversales del PND 2025-2030: a. Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres La “República de y para las mujeres” es un compromiso de Estado para erradicar las desigualdades estructurales que han limitado el acceso de las mujeres a sus derechos y oportunidades. La Cuarta Transformación ha sentado las bases de un modelo de desarrollo que coloca la igualdad sustantiva de género como un principio rector de la política pública, con lo cual asegura que todas las mujeres puedan vivir con dignidad, sin discriminación y libres de violencia. El reconocimiento, redistribución y retribución del trabajo doméstico y de cuidados es fundamental para transformar las condiciones estructurales que limitan la participación de las mujeres en la economía. La AMEXCID, con el apoyo del Consejo Consultivo, promoverá la igualdad sustantiva en todas las acciones de cooperación internacional a fin de promover un desarrollo económico y social equitativo y justo. b. Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional Con el fin de contribuir al desarrollo económico y social de México, este eje transversal tiene como objetivo dotar al Estado mexicano de capacidades físicas, tecnológicas y humanas para modernizar las funciones del Gobierno en sus tres niveles. Ello implica una transformación digital que simplifique y optimice los trámites gubernamentales, y así mejore la calidad de los servicios tanto para la ciudadanía como para las empresas. La digitalización permitirá no solo una mejora en la eficiencia y accesibilidad de los servicios públicos, sino también un ahorro significativo de tiempo y recursos, todo ello en un marco de transparencia y eficacia en la gestión pública. En línea con la visión de esta Administración, se subraya la importancia de generar una autonomía tecnológica mediante el desarrollo de soluciones propias que reduzcan la dependencia externa, y se fortalezca la soberanía digital del país. Esta estrategia también busca unificar las capacidades tecnológicas entre los distintos niveles de gobierno, lo que asegura una mayor coordinación, interoperabilidad y eficiencia en los servicios ofrecidos a la población. La AMEXCID, acompañada por las instancias del Consejo Consultivo, buscará atraer y diversificar conocimientos científico-tecnológicos y de innovación, para optimizar las capacidades institucionales, los esquemas productivos, la adaptación laboral y educativa. c. Derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas México es una nación pluricultural, multiétnica y plurilingüe, sustentada en sus Pueblos y Comunidades indígenas y afromexicanas, quienes han jugado un papel fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional. A lo largo de la historia y en el México contemporáneo, han contribuido significativamente, aportando una cosmovisión que ha enriquecido al país. En el marco de la reforma al artículo 2o. de la CPEUM, que les reconoce como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es fundamental erradicar todo acto de discriminación, exclusión e invisibilización hacia los Pueblos y Comunidades indígenas y afromexicanas, para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos colectivos, principalmente su libre determinación y autonomía. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 237 Esto también implica proteger, revitalizar y salvaguardar su identidad cultural y lingüística, propiciar su desarrollo social, económico y político bajo los principios de justicia e inclusión social, así como asegurar su participación en la toma de decisiones. Conlleva garantizar su acceso a la plataforma de oportunidades para el fomento del desarrollo humano integral, para el uso y disfrute de servicios básicos como educación, alimentación saludable, salud y justicia, con pertinencia cultural y perspectiva de derechos colectivos. La autonomía de los Pueblos indígenas y afromexicanos debe ser un principio fundamental en todas las políticas, que asegure su desarrollo en un marco de igualdad, justicia y respeto mutuo. La AMEXCID junto con las dependencias que integran al Consejo Consultivo, promoverán las oportunidades de desarrollo de los Pueblos y Comunidades indígenas y afromexicanas, como sujetos de derecho público, mediante espacios de participación que tengan por sustento la preservación de su patrimonio cultural, material e inmaterial, el respeto de sus sistemas normativos, formas de gobierno, representantes y autoridades comunitarias y regionales. El PROCID 2026-2030 tiene los siguientes principios y prioridades: Principios y acciones de la LCID El SMCID descrito en párrafos anteriores tiene por principios:  La preservación y búsqueda de la paz y la solidaridad internacional;  El fomento al desarrollo y bienestar como derecho de los pueblos;  La defensa y promoción de los derechos humanos;  El fortalecimiento del estado de derecho;  La igualdad sustantiva;  La promoción del desarrollo económico, social, cultural y ambiental sostenible;  La prevención y combate a la corrupción; la integridad y ética pública, transparencia y rendición de cuentas, así como los criterios de apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad. Para ello, la AMEXCID realizará de forma enunciativa, más no limitativa, las siguientes acciones:  Mitigar las desigualdades sociales, la pobreza y la exclusión social;  Promover la justicia social con enfoque interseccional y de género;  Contribuir en implementación de la política pública nacional de Sociedad de Cuidados  Contribuir al fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional;  Prevenir y combatir la corrupción;  Impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico y la innovación para la creación de oportunidades a favor del desarrollo social y económico;  Promover la imagen y cultura de México en el exterior, principalmente el capital inmaterial;  Fomentar la preservación del medio ambiente, así como la adaptación y mitigación al cambio climático;  Asistir en la prevención, atención y adaptación de desastres;  Fortalecer al estado de derecho; preservar los derechos humanos y el establecimiento la igualdad sustantiva;  Impulsar la economía social y solidaria, y los modelos de desarrollo alternativo con arraigo territorial;  Atender las causas estructurales de la movilidad humana. 238 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Vinculación del PROCID 2026-2030 con el PND y PSRE 2025-2030 Eje General Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 Objetivos del Programa Sectorial de Relaciones exteriores 2025 – 2030 Objetivos del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2026-2030 Eje General 1 Gobernanza con Justicia y Participación Ciudadana Objetivo 1.7 del PND: Fortalecer las relaciones internacionales de México con base en los principios constitucionales de política exterior, garantizando la defensa de la soberanía, los intereses nacionales y el compromiso con la paz, el derecho internacional, los derechos humanos, la igualdad sustantiva y un orden global justo y equitativo. Objetivo 4. Ampliar la cooperación internacional para impulsar el desarrollo humano sustentable y promover la igualdad sustantiva. Objetivo 1. Fortalecer el desarrollo humano sostenible, con enfoque multidimensional e interseccional, mediante proyectos que impulsen el desarrollo rural, la prevención y el combate a la corrupción, el acceso equitativo a servicios básicos y la reducción de desigualdades, bajo los principios del Humanismo Mexicano. Objetivo 2. Fortalecer el diálogo político y la cooperación con Centroamérica, el Caribe y el Sur Global, articulando protección social, resiliencia climática e innovación pública para abordar causas estructurales de la movilidad humana y mejorar el bienestar en territorios vulnerables. Objetivo 3. Fortalecer la participación de México en organismos y foros multilaterales y regionales, promoviendo el diálogo con socios estratégicos para construir consensos de cooperación en el desarrollo global, considerando las megatendencias y la Agenda 2030. Objetivo 4. Maximizar la eficacia, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas de la cooperación internacional, mediante el uso estratégico, actualización y mejora continua de herramientas de gestión y sistemas de información, con base en metodologías de vanguardia. El SMCID a través de los miembros del Consejo Consultivo y con apoyo de la AMEXCID impulsará de forma enunciativa, más no limitativa, los siguientes compromisos:  República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable o Gobierno sustentado en el Humanismo Mexicano. o Gobierno sensible y cercano a la gente. o Respeto a todas las libertades. o Respeto a todos los derechos y combate a la discriminación. o Política exterior con apego a la Constitución. o Gobierno honesto, sin nepotismo. o Digitalización más grande de la historia (trámites y servicios). Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 239  República fraterna o Reconocimiento a derechos e impartición de justicia a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.  República educadora, humanista, y científica o México será potencia tecnológica y de innovación. o Programa de desarrollo tecnológico para el desarrollo nacional.  República cultural y lectora o Desarrollo y acceso a la cultura. o Recuperación de la memoria histórica.  República sana o Modernización de hospitales y centros de salud.  República con acceso a la vivienda o Programa de mejora urbana en el Estado de México.  República rural justa y soberana o Soberanía alimentaria. o Apoyo a pequeños y medianos productores de frijol y creación de una empresa nacional de semillas.  República soberana y con energía sustentable o Impulso a energías renovables.  República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales o Limpieza y saneamiento de los tres ríos más contaminados del país. o Construcción de 10 plantas recicladoras de basura. o Reforestación de bosques y selvas.  República con derecho al agua o Proyectos estratégicos para el reciclaje de agua en 16 entidades. d. Prioridades de política exterior para 2025-2030 La SRE, en cumplimiento del artículo 89, de la CPEUM y como integrante del SMCID y del Consejo Consultivo de la AMEXCID, buscará a través de la CID que nuestro país reciba y ofrezca internacionalmente lo siguiente:  Incidir con mayor oportunidad y eficacia en las causas estructurales de la movilidad humana.  Dar prioridad a temas ambientales, cambio climático, desastres naturales y antropogénicos, seguridad alimentaria y transición energética, reafirmando nuestro compromiso con la Agenda 2030 y los ODS.  Continuar y ampliar el programa de Rescate y Conservación de nuestro Patrimonio Histórico.  Consolidar el PEM, que tiene el potencial de abrir la puerta a una cooperación más amplia y estratégica con la entrada en vigor de la ALCE. Con ello se incrementa el potencial para integrar tecnologías de observación de la Tierra, gestión de desastres y comunicaciones satelitales, seguridad alimentaria, gestión de recursos naturales y el monitoreo del cambio climático. e. Prioridades estratégicas de la AMEXCID 2025-2030 La AMEXCID, como parte del SMCID y ente ejecutante de la política de CID, orientará sus esfuerzos para diseñar e implementar programas, proyectos y acciones de CID en las siguientes áreas:  Movilidad humana  Educación  Salud  Prevención y combate a la corrupción  Igualdad sustantiva 240 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026  Ciencia y tecnología  Cambio climático y medio ambiente  Seguridad alimentaria  Desigualdad y pobreza  Conectividad  Sociedad de cuidados Para ampliar el alcance de la cooperación internacional mexicana y fortalecer su base de conocimiento, el PROCID 2026-2030 promoverá activamente la participación de entidades del sector público especializadas en ciencia, tecnología, innovación y cultura, incluidos centros de investigación académica, instituciones de educación superior y organismos culturales. Estas entidades contribuirán con capacidades técnicas y enfoques innovadores en áreas prioritarias como salud, prevención y combate a la corrupción, medio ambiente, desarrollo social, justicia, y patrimonio cultural, con lo que se generarán sinergias entre cooperación técnica y producción de conocimiento. Se fomentarán espacios de vinculación interinstitucional para su integración en esquemas bilaterales, multilaterales y triangulares de cooperación. Asimismo, la CID promovida por México contempla, en su carácter bidireccional, la transferencia y recepción no solo de conocimientos y experiencias, sino de bienes materiales, insumos estratégicos y recursos financieros, cuando estos contribuyan al fortalecimiento de capacidades institucionales, la atención a desastres, la provisión de servicios esenciales en el avance de los ODS. Estas modalidades complementan las acciones técnicas y permiten respuestas más integrales y eficaces frente a desafíos comunes. Vinculación de los objetivos del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2026-2030 con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2026-2030 Eje General Objetivo Estrategia Objetivos Estrategias Eje General 1 Gobernanza con Justicia y Participación Ciudadana Objetivo 1.7. Fortalecer las relaciones internacionales de México con base en los principios constitucionales de política exterior, garantizando la defensa de la soberanía, los intereses nacionales y el compromiso con la paz, el derecho internacional, los derechos humanos, la igualdad sustantiva y un orden global justo y equitativo. Estrategia 1.7.4 Reforzar la presencia de México en foros multilaterales, cortes y tribunales internacionales, mecanismos de concertación, y con organizaciones de la sociedad civil, para promover la paz, la seguridad global, el desarrollo sostenible, la igualdad de género y los derechos humanos. Estrategia 1.7.6 Ampliar la cooperación internacional para impulsar el desarrollo humano sustentable y promover la igualdad sustantiva. 1.- Fortalecer el desarrollo humano sostenible, con enfoque multidimensional e interseccional, mediante proyectos que impulsen el desarrollo rural, la prevención y el combate a la corrupción, el acceso equitativo a servicios básicos y la reducción de desigualdades, bajo los principios del Humanismo Mexicano. Estrategia 1.1 Definir proyectos de impacto en el territorio nacional con los socios de la CID mexicana, para que coadyuven al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la política del país guiada por el Humanismo Mexicano. Estrategia 1.2 Generar estrategias inclusivas considerando a la sociedad, especialmente a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres; Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; migrantes y personas con diversidad funcional, para el incremento de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Estrategia 1.3 Ampliar los marcos generales de cooperación con los donantes tradicionales presentes en México, para asegurar acciones más eficaces que complementen las políticas públicas nacionales. Estrategia 1.4 Fomentar los flujos de cooperación en materia educativa, dirigida a la ciudadanía mexicana para construir capacidades nacionales en las áreas estratégicas para el desarrollo nacional. Estrategia 1.5 Gestionar la recepción de ayuda humanitaria en casos de emergencia en México que permita incrementar la capacidad de respuesta del Gobierno Mexicano. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 241 Objetivo 2. Fortalecer el diálogo político y la cooperación con Centroamérica, el Caribe y el Sur Global, articulando protección social, resiliencia climática e innovación pública para abordar causas estructurales de la movilidad humana y mejorar el bienestar en territorios vulnerables. Estrategia 2.1 Colaborar en atención a las causas estructurales de la movilidad humana en los países de origen, para generar desarrollo, prosperidad compartida, y cohesión social. Estrategia 2.2 Proponer iniciativas de innovación científica y tecnológica en Centroamérica y el Caribe, acordes a las prioridades de las contrapartes nacionales, para contribuir al desarrollo humano sostenible y la igualdad sustantiva. Estrategia 2.3 Robustecer la cooperación con América del Sur, para promover el crecimiento, el desarrollo, el bienestar y la inclusión social con prosperidad compartida. Estrategia 2.4 Incentivar la cooperación con África, Medio Oriente y Asia-Pacífico, para impulsar el desarrollo humano, social y sostenible en dichas regiones. Estrategia 2.5 Coordinar el envío de ayuda humanitaria en caso de desastres y/o emergencias internacionales; para la atención de la población en los países afectados. Estrategia 2.6 Consolidar los programas de intercambio académico y becas dirigidas a personas extranjeras, para fortalecer la cooperación educativa y posicionar a México como destino académico global. Objetivo 3. Fortalecer la participación de México en organismos y foros multilaterales y regionales, promoviendo el diálogo con socios estratégicos para construir consensos de cooperación en el desarrollo global, considerando las megatendencias y la Agenda 2030 Estrategia 3.1 Incrementar la participación de México en el multilateralismo promoviendo el Humanismo Mexicano, a través de la diplomacia, el conocimiento técnico y la capacidad de articular soluciones en atención a las prioridades nacionales y dar avance a la Agenda 2030. Estrategia 3.2 Incrementar alianzas de cooperación multilateral, para fortalecer la cooperación Sur-Sur de México hacia América Latina y el Caribe. Estrategia 3.3 Fortalecer la alianza iberoamericana de cooperación a fin de promover el desarrollo sostenible y atender problemáticas persistentes en la región. Objetivo 4. Maximizar la eficacia, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas de la cooperación internacional, mediante el uso estratégico, actualización y mejora continua de herramientas de gestión y sistemas de información, con base en metodologías de vanguardia. Estrategia 4.1 Conducir la gestión de la AMEXCID de manera más eficiente para ampliar los beneficios de la cooperación internacional para el desarrollo en la Administración Pública Federal. Estrategia 4.2 Actualizar las herramientas de gestión de CID, establecidas en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo para fortalecer la planeación, el monitoreo y la evaluación de los proyectos de cooperación. 242 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Vinculación de los objetivos del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2026-2030 con el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores: Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2026-2030 Objetivos Programa Sectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores 2025-2030 Objetivo 4. Estrategia del Programa Sectorial de la Secretaría de Relacione Exteriores Objetivo 1. Fortalecer el desarrollo humano sostenible, con enfoque multidimensional e interseccional, mediante proyectos que impulsen el desarrollo rural, la prevención y el combate a la corrupción, el acceso equitativo a servicios básicos y la reducción de desigualdades, bajo los principios del Humanismo Mexicano. Ampliar la cooperación internacional para impulsar el desarrollo humano sustentable y la igualdad sustantiva. Estrategia 4.1 Incrementar la oferta y recepción de cooperación internacional para enfrentar retos globales y contribuir al desarrollo humano con prosperidad compartida. Estrategia 4.2 Trabajar como socio estratégico en el exterior para potenciar nuestras capacidades e instituciones, así como para generar resultados a favor del desarrollo de México a través de nuestras áreas de acción: cooperación técnica, científica y académica. Objetivo 2. Fortalecer el diálogo político y la cooperación con Centroamérica, el Caribe y el Sur Global, articulando protección social, resiliencia climática e innovación pública para abordar causas estructurales de la movilidad humana y mejorar el bienestar en territorios vulnerables. Ampliar la cooperación internacional para impulsar el desarrollo humano sustentable y la igualdad sustantiva. Estrategia 4.1 Incrementar la oferta y recepción de cooperación internacional para enfrentar retos globales y contribuir al desarrollo humano con prosperidad compartida. Estrategia 4.3 Colaborar en la atención de las causas que generan la movilidad humana, así como coordinar la ayuda humanitaria ante situaciones de emergencia en otros países y coadyuvar con el Gobierno Federal en caso de desastres en el territorio nacional. Estrategia 4.4 Diversificar los proyectos de cooperación horizontal, triangular, Sur-Sur y de recepción con países en desarrollo, desarrollados y organismos internacionales, para fomentar el intercambio de conocimientos y un desarrollo mutuo. Estrategia 4.5 Promover iniciativas en materia de comercio, inversión, innovación científica y tecnológica, así como proyectos de conectividad e infraestructura estratégica, para favorecer la prosperidad compartida y el movimiento de personas, bienes, ideas y servicios en América Latina y el Caribe. Objetivo 3. Fortalecer la participación de México en organismos y foros multilaterales y regionales, promoviendo el diálogo con socios estratégicos para construir consensos de cooperación en el desarrollo global, considerando las megatendencias y la Agenda 2030. Ampliar la cooperación internacional para impulsar el desarrollo humano sustentable y la igualdad sustantiva. Estrategia 4.1 Incrementar la oferta y recepción de cooperación internacional para enfrentar retos globales y contribuir al desarrollo humano con prosperidad compartida. Estrategia 4.2 Trabajar como socio estratégico en el exterior para potenciar nuestras capacidades e instituciones, así como para generar resultados a favor del desarrollo de México a través de nuestras áreas de acción: cooperación técnica, científica y académica. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 243 Estrategia 4.4 Diversificar los proyectos de cooperación horizontal, triangular, Sur-Sur y de recepción con países en desarrollo, desarrollados y organismos internacionales, para fomentar el intercambio de conocimientos y un desarrollo mutuo. Estrategia 4.6 Generar estrategias inclusivas y participativas para incluir a la sociedad, especialmente a personas con diversidad funcional, mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y migrantes, en el desarrollo de proyectos de cooperación internacional. Objetivo 4. Maximizar la eficacia, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas de la cooperación internacional, mediante el uso estratégico, actualización y mejora continua de herramientas de gestión y sistemas de información, con base en metodologías de vanguardia. Ampliar la cooperación internacional para impulsar el desarrollo humano sustentable y la igualdad sustantiva. Estrategia 4.4 Diversificar los proyectos de cooperación horizontal, triangular, Sur-Sur y de recepción con países en desarrollo, desarrollados y organismos internacionales, para fomentar el intercambio de conocimientos y un desarrollo mutuo. Estrategia 4.6 Generar estrategias inclusivas y participativas para incluir a la sociedad, especialmente a personas con diversidad funcional, mujeres, jóvenes, niños, niñas, adolescentes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y migrantes, en el desarrollo de proyectos de cooperación internacional. 7. Estrategias y líneas de acción A continuación, se detallan las estrategias y acciones que se enmarcan en cada objetivo y que definirán la política de CID de la AMEXCID durante el periodo 2026-2030. Objetivo 1. Fortalecer el desarrollo humano sostenible, con enfoque multidimensional e interseccional, mediante proyectos que impulsen el desarrollo rural, la prevención y el combate a la corrupción, el acceso equitativo a servicios básicos y la reducción de desigualdades, bajo los principios del Humanismo Mexicano. Estrategia 1.1 Definir proyectos de impacto en el territorio nacional con los socios de la CID mexicana, para que coadyuven al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la política del país guiada por el Humanismo Mexicano. Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.1 Identificar a través del diálogo bilateral opciones de oferta de cooperación internacional que recibe México, a fin de instrumentar proyectos que impulsen los objetivos y las acciones de la APF para favorecer el desarrollo sostenible nacional. AGRICULTURA, BIENESTAR, SABG, SECIHTI, SICT, CULTURA, DEFENSA, SEDATU, SE, SEP, SENER, SEGOB, SHCP, SEMAR, SEMARNAT, MUJERES, SRE, SALUD, SSPC, STPS, ATDyT, SECTUR, INPI 1.1.2 Ampliar las capacidades de la APF de México como socio receptor de cooperación internacional y aliados estratégicos, a través de la cooperación técnica, científica, financiera de innovación y académica en favor del desarrollo nacional. SRE, SHCP, BIENESTAR, SEMARNAT, SENER, SE, AGRICULTURA, SICT, SABG, SEP, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES 1.1.3 Establecer Alianzas Estratégicas Multiactor entre la APF y socios no tradicionales de cooperación; a través de convenios y acuerdos para coadyuvar en la consecución de las prioridades nacionales. SRE, SHCP, BIENESTAR, SEMARNAT, SENER, SE, AGRICULTURA, SICT, SABG, SEP, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES 244 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.4 Proponer proyectos de cooperación técnica y de tecnología digital, para la protección ambiental y la adaptación al cambio climático dentro del territorio nacional, priorizando la atención de compromisos presidenciales, programas y proyectos prioritarios marcados en la actual administración. SEMARNAT, ATDyT 1.1.5 Proponer el intercambio de experiencias, generación de capacidades, investigación científica y el desarrollo tecnológico; a través de programas de cooperación que derivan en proyectos entre otros: becas e intercambio de expertos para las áreas que integran el sector salud. SALUD 1.1.6 Proponer el intercambio de experiencias y buenas prácticas con otros países, mediante la promoción de cursos y capacitaciones para fomentar la prevención y combate a la corrupción, la integridad y ética pública, la transparencia y la rendición de cuentas. SABG 1.1.7 Identificar proyectos de CID, para el fortalecimiento de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible de grupos en especial situación de vulnerabilidad: mujeres, pueblos, y comunidades indígenas y afromexicanas, de género, migrantes, niñas y niños, adolescentes, adultos mayores y personas con diversidad funcional. AGRICULTURA, BIENESTAR, SABG, SECIHTI, SICT, CULTURA, DEFENSA, SEDATU, SE, SEP, SENER, SEGOB, SHCP, SEMAR, SEMARNAT, MUJERES, SRE, SALUD, SSPC, ATDyT, SECTUR, INPI, CONADIS Estrategia 1.2 Generar estrategias inclusivas considerando a la sociedad, especialmente a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres; Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; migrantes y personas con diversidad funcional, para el incremento de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.1 Promover el desarrollo sostenible, y la igualdad sustantiva mediante la recepción de proyectos de cooperación, en esquemas bilaterales que favorezcan el desarrollo de México. SEGOB, SRE, SHCP, BIENESTAR, SEMARNAT, SENER, SE, AGRICULTURA, SICT, SABG, SEP, SALUD, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES, INPI 1.2.2 Fortalecer la cooperación para cumplir acuerdos en materia de movilidad humana y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de la cooperación en foros y mecanismos interinstitucionales. SEGOB, SRE, BIENESTAR, SEP, MUJERES 1.2.3 Ampliar la comunicación y colaboración con gobiernos estatales, municipales y diversos actores de cooperación en México, para desarrollar programas de fortalecimiento comunitario en beneficio de las y los connacionales. SEGOB, SRE, BIENESTAR, SE, AGRICULTURA, SICT, SABG, SEDATU, SECTUR, MUJERES 1.2.4 Proponer en programas de cooperación recibidos por México, la participación de poblaciones en situación de vulnerabilidad, a través de la implementación de los programas- proyectos de la AMEXCID, a fin de contribuir a mejorar sus condiciones de vida y garantizar sus derechos humanos. SEGOB, SRE, BIENESTAR, SE, AGRICULTURA, SALUD, SEDATU, MUJERES, SENER, INPI, SABG, SECTUR Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 245 Estrategia 1.3 Ampliar los marcos generales de cooperación con los donantes tradicionales presentes en México, para asegurar acciones más eficaces que complementen las políticas públicas nacionales. Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.1 Consolidar los mecanismos de cooperación entre México y los países donantes tradicionales para impulsar el intercambio técnico, científico y de innovación. SRE, SHCP, SEMARNAT, SENER, SE, AGRICULTURA, SICT, SABG, SEP, SALUD, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES 1.3.2 Incrementar la cooperación en el marco de los Fondos Conjuntos con los países europeos, promoviendo y facilitando la coordinación entre entidades gubernamentales y privadas a fin de cofinanciar los proyectos de investigación técnico-científicos, priorizando la atención de compromisos presidenciales, programas y proyectos prioritarios marcados en la actual administración. SRE, SHCP, SEMARNAT, SENER, SE, AGRICULTURA, SICT, SABG, SEP, SALUD, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES 1.3.3 Aplicar el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, mediante la implementación de los convenios internacionales y una solidaria relación diplomática, con objeto de modernizar el sector tecnológico nacional. SRE, SHCP, SEMARNAT, SENER, SE, AGRICULTURA, SICT, SABG, SEP, SALUD, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES Estrategia 1.4 Fomentar los flujos de cooperación en materia educativa, dirigida a la ciudadanía mexicana para construir capacidades nacionales en las áreas estratégicas para el desarrollo nacional. Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.4.1 Incrementar el fortalecimiento de los programas de becas para mexicanas y mexicanos en el exterior, mediante la actualización de los convenios con los países cooperantes. SRE, SEP, SECIHTI 1.4.2 Fortalecer la difusión de la oferta de cursos de capacitación para mexicanos en el exterior, que son promovidos por países donantes tradicionales y/u organismos internacionales a través de los canales institucionales de la AMEXCID. SRE, SEP, SECIHTI 1.4.3 Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos, proyectos, programas y convenios internacionales en materia educativa que realice México con organismos de los sectores social, económico y comunitario, para la formación de recursos humanos especializados, mediante estrategias de evaluación. SRE, SEP, SECIHTI Estrategia 1.5 Gestionar la recepción de ayuda humanitaria en casos de emergencia en México que permita incrementar la capacidad de respuesta del Gobierno Mexicano. Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.5.1 Coadyuvar con la Coordinación Nacional de Protección Civil en la recepción de ayuda humanitaria proveniente de terceros países hacia México para atender la eventualidad mediante los mecanismos de cooperación internacional en caso de desastre. SEGOB 1.5.2 Fortalecer las capacidades nacionales de preparación y respuesta ante emergencias y desastres naturales mediante cooperación técnica y entrega de insumos esenciales (equipamiento, tecnología, recursos logísticos) provenientes de mecanismos bilaterales y multilaterales. SEGOB, SECTUR 246 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivo 2. Fortalecer el diálogo político y la cooperación con Centroamérica, el Caribe y el Sur Global, articulando protección social, resiliencia climática e innovación pública para abordar causas estructurales de la movilidad humana y mejorar el bienestar en territorios vulnerables. Estrategia 2.1 Colaborar en atención a las causas estructurales de la movilidad humana en los países de origen, para generar desarrollo, prosperidad compartida, y cohesión social. Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.1 Implementar proyectos de CID, con enfoque multisectorial y multinivel orientados a promover condiciones favorables para el arraigo comunitario, la cohesión social y el desarrollo sostenible en países de Centroamérica, mediante mecanismos de coordinación entre instancias gubernamentales. SEGOB, SRE, SHCP, SEMARNAT, SENER, SE, AGRICULTURA, SICT, SABG, SALUD, SEDATU, SECTUR, MUJERES 2.1.2 Fortalecer de forma continua los esfuerzos bilaterales y regionales de la CID mexicana, mediante la implementación de actividades acorde a las prioridades del Humanismo Mexicano, para garantizar un tránsito seguro y ordenado. SEGOB, SRE, SHCP, SEMARNAT, SENER, SE, SICT, SABG, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, MUJERES 2.1.3 Identificar, diseñar, ejecutar y evaluar programas, proyectos y acciones de cooperación triangular con socios bilaterales y multilaterales, en las áreas identificadas como prioritarias de los países de América Latina y el Caribe, mediante el intercambio de experiencias de cooperación internacional. SEGOB, SRE, SHCP, SEMARNAT, SENER, SE, AGRICULTURA, SICT, SABG, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, MUJERES, SEMAR 2.1.4 Impulsar la generación de alianzas multiactor priorizando estrategias humanitarias para un desarrollo integral de los países que permitan mitigar las causas estructurales de la movilidad humana y mejorar las condiciones de vida en los lugares de origen. SEGOB, SRE, SEMARNAT, SENER, AGRICULTURA, SABG, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, MUJERES 2.1.5 Apoyar en el seguimiento de los flujos migratorios en territorio nacional mediante la coordinación interinstitucional y el intercambio de información, a fin de asegurar el trato digno y respetuoso de la movilidad humana, con enfoque interseccional de género y de derechos humanos, considerando el impacto diferenciado de los procesos y necesidades entre mujeres y hombres principalmente en las cadenas globales de cuidados. SEGOB, SRE, BIENESTAR, SEMARNAT, SENER, SE, SABG, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, MUJERES 2.1.6 Impulsar la integración temporal de niñas, niños y adolescentes migrantes al sistema educativo nacional y promover su inclusión social mediante capacitación, certificación y colaboración con autoridades educativas federales y estatales dando prioridad a mujeres migrantes jefas de familia. SEGOB, SRE, SEMARNAT, SENER, SE, SABG, SEP, SALUD, SEDATU, MUJERES Estrategia 2.2 Proponer iniciativas de innovación científica y tecnológica en Centroamérica y el Caribe, acordes a las prioridades de las contrapartes nacionales, para contribuir al desarrollo humano sostenible y la igualdad sustantiva. Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.1 Impulsar programas de cooperación Sur-Sur y oferta mexicana en áreas técnico y científicas a nivel bilateral, regional y subregional, de conformidad con las necesidades de los países socios para promover los principios del desarrollo sostenible. SRE, SE, SENER, AGRICULTURA, SICT, SEP, SALUD, SECIHTI, SABG, SECTUR 2.2.2 Incrementar los programas y acciones que fortalezcan la CID regional, mediante proyectos de cooperación triangular en los países de Centroamérica y el Caribe, para fortalecer sus capacidades institucionales y cumplir con sus objetivos nacionales. SEGOB, SRE, SEMARNAT, SENER, SE, AGRICULTURA, SICT, SABG, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, MUJERES Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 247 Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.3 Fomentar Alianzas Estratégicas Multiactor en los países centroamericanos y caribeños que colaboren en la consecución de sus prioridades nacionales, a través del fortalecimiento de capacidades y transferencia de conocimiento. SEGOB, SRE, SEMARNAT, SENER, SE, SABG, SALUD, SEDATU, SECTUR, MUJERES Estrategia 2.3 Robustecer la cooperación con América del Sur, para promover el crecimiento, el desarrollo, el bienestar y la inclusión social con prosperidad compartida. Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.3.1 Promover programas de cooperación bilateral, regional y subregional, a favor de la igualdad sustantiva y el desarrollo integral, con base en las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países socios, identificando las prioridades compartidas y fomentando el uso de buenas prácticas. SEGOB, SRE, SEMARNAT, SENER, SE, SICT, SABG, SEP, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES, INPI 2.3.2 Asesorar y colaborar con los países sudamericanos para ampliar los esquemas de cooperación triangular, con objeto de fortalecer la cooperación Sur-Sur mediante los programas de cooperación. SEGOB, SRE, SEMARNAT, SENER, SE, SICT, SABG, SALUD, SEDATU, SECTUR, MUJERES 2.3.3 Fortalecer la cooperación internacional vía la Alianza del Pacífico para mejorar la educación en México, ampliando la investigación técnico-científica y académica, e impulsando la inclusión social para la reducción de desigualdades. SRE, SEMARNAT, SENER, SICT, SEP, SALUD, SECIHTI, MUJERES, STPS, SABG 2.3.4 Evaluar el desempeño de los Fondos Conjuntos de Cooperación con Chile y Uruguay, para garantizar su alineación con las prioridades de las partes involucradas mediante la implementación de proyectos, su monitoreo y seguimiento de resultados conjuntos. SRE Estrategia 2.4 Incentivar la cooperación con África, Medio Oriente y Asia-Pacífico, para impulsar el desarrollo humano, social y sostenible en dichas regiones. Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.4.1 Proponer la negociación y la suscripción de instrumentos jurídicos en materia de cooperación internacional de carácter bilateral y triangular, para fortalecer la presencia de México en las regiones como un cooperante relevante. SEGOB, SRE, Bienestar, SEMARNAT, SENER, SE, AGRICULTURA, SICT, SABG, SEP, SALUD, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES 2.4.2 Proponer Alianzas Estratégicas Multiactor en los países del sur global que colaboren en la consecución de sus prioridades nacionales a través de la promoción de espacios de diálogo y concertación, para la formulación de iniciativas de cooperación. SRE 248 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 2.5 Coordinar el envío de ayuda humanitaria en caso de desastres y/o emergencias internacionales; para la atención de la población en los países afectados. Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.5.1 Colaborar en la coordinación de las solicitudes de ayuda humanitaria recibidas por el Gobierno de México, mediante los canales diplomáticos para apoyar en la atención de emergencias internacionales. SSPC, SRE, SEMARNAT 2.5.2 Coparticipar en foros internacionales, para el intercambio de buenas prácticas en materia de reducción del riesgo ante desastres naturales y antropogénicos, a fin de actualizar las estrategias nacionales en la materia. SSPC, SECTUR Estrategia 2.6 Consolidar los programas de intercambio académico y becas dirigidas a personas extranjeras, para fortalecer la cooperación educativa y posicionar a México como destino académico global. Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.6.1 Coordinar la administración de los programas de becas, para la formación de recursos humanos que otorga la AMEXCID a otros países mediante el acompañamiento y seguimiento interinstitucional. SRE 2.6.2 Promover el intercambio académico entre las instituciones de educación superior de México, y la comunidad académica internacional para ampliar la investigación en los distintos campos de la educación, ciencia, tecnología, innovación y artes. SEP, SECIHTI, CULTURA, SRE 2.6.3 Fomentar el intercambio de buenas prácticas de la comunidad científica para impulsar la igualdad sustantiva y el desarrollo sustentable, mediante proyectos concretos y participación en plataformas de conocimiento, asegurando que nadie se quede atrás. SECIHTI 2.6.4 Ampliar el intercambio de experiencias y buenas prácticas que coadyuven en materia de prevención y combate a la corrupción, integridad y ética pública, la transparencia, y la rendición de cuentas junto con otros países, por medio de plataformas de diálogo, programas de capacitación y asistencia técnica. SABG Objetivo 3. Fortalecer la participación de México en organismos y foros multilaterales y regionales, promoviendo el diálogo con socios estratégicos para construir consensos de cooperación en el desarrollo global, considerando las megatendencias y la Agenda 2030 Estrategia 3.1 Incrementar la participación de México en el multilateralismo promoviendo el Humanismo Mexicano, a través de la diplomacia, el conocimiento técnico y la capacidad de articular soluciones en atención a las prioridades nacionales y dar avance a la Agenda 2030. Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.1 Impulsar los intereses estratégicos de México participando en los organismos internacionales y regionales; foros y mecanismos de diálogo de cooperación internacional, con propuestas que permitan influir en el orden global. SEGOB, SRE, SHCP, BIENESTAR, SEMARNAT, SENER, SE, AGRICULTURA, SICT, SABG, SEP, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES, SSPC Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 249 Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.2 Participar en foros multilaterales sobre CID, incluidos nuevos actores sociales y técnicos en la planeación de iniciativas para promover compromisos contra la discriminación, desigualdad, pobreza y corrupción. SEGOB, SRE, BIENESTAR, SEMARNAT, SENER, SE, AGRICULTURA, SICT, SABG, SEP, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES, SSPC, INPI 3.1.3 Celebrar interacciones políticas del funcionariado mexicanos con secretariados de organismos internacionales para promover los principios del Humanismo Mexicano y las prioridades de desarrollo nacional. SEGOB, SRE, BIENESTAR, SEMARNAT, SENER, SE, SICT, SABG, SEP, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, MUJERES, SSPC Estrategia 3.2 Incrementar alianzas de cooperación multilateral, para fortalecer la cooperación Sur- Sur de México hacia América Latina y el Caribe. Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.1 Colaborar en el diseño e implementación del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en nuestro país (2026-2031), a fin de verificar su alineación y cumplimiento con las políticas públicas del PND 2025-2030. SEGOB, SRE, SHCP, SEMARNAT, SENER, SE, SICT, SABG, SEP, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES, INPI 3.2.2 Promover las acciones de cooperación Sur-Sur y Triangular en América Latina, con la participación de México en organismos internacionales para reducir las brechas de desarrollo por medio de acuerdos, mesas de diálogos, foros, etc. SEGOB, SRE, SEMARNAT SENER, SE, SICT, SABG, SEP, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES 3.2.3 Celebrar encuentros técnicos del funcionariado mexicanos con el secretariado del Sistema de Naciones Unidas en México para dar seguimiento al Marco de Cooperación que fortalezcan la implementación de los principios del Humanismo Mexicano. SEGOB, SRE, SEMARNAT, SENER, SE, SICT, SABG, SEP, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, MUJERES, INPI Estrategia 3.3 Fortalecer la alianza iberoamericana de cooperación a fin de promover el desarrollo sostenible y atender problemáticas persistentes en la región. Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.1 Consolidar mecanismos de cooperación horizontal y Sur- Sur, atendiendo compromisos regionales y globales sobre desarrollo que promuevan la participación de los países en la articulación de programas de trabajo y la implementación de mejores prácticas en acciones de cooperación. SEGOB, SRE, SEMARNAT, SENER, SE, SICT, SABG, SEP, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES, INPI 3.3.2 Promover mecanismos de cooperación en el ámbito latinoamericano para cumplir con los objetivos del Humanismo Mexicano, igualdad sustantiva y prosperidad compartida, a través de programas de cooperación bilateral, triangular y mecanismos regionales con otros países y actores. SRE, SHCP, BIENESTAR, SEMARNAT, SENER, SE, AGRICULTURA, SICT, SABG, SEP, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES 3.3.3 Celebrar reuniones técnicas entre autoridades mexicanas y los secretariados de los mecanismos regionales iberoamericanos y americanos especializados en cooperación internacional para el desarrollo con objeto de promover los principios del Humanismo Mexicano, las prioridades de desarrollo nacional y la sociedad de cuidados. SEGOB, SRE, BIENESTAR, SEMARNAT, SENER, SE, SICT, SABG, SEP, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES 250 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivo 4. Maximizar la eficacia, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas de la cooperación internacional, mediante el uso estratégico, actualización y mejora continua de herramientas de gestión y sistemas de información, con base en metodologías de vanguardia. Estrategia 4.1 Conducir la gestión de la AMEXCID de manera más eficiente para ampliar los beneficios de la cooperación internacional para el desarrollo en la Administración Pública Federal. Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.1.1 Reforzar el rol de AMEXCID como coordinador del Consejo Consultivo, en su papel dual en materia de cooperación internacional como oferente y receptor alineado con la política exterior, mediante la modernización de sus sistemas digitales de información. SEGOB, SRE, BIENESTAR, SEMARNAT, SENER, SE, SICT, SABG, SEP, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES 4.1.2 Colaborar con el Consejo Consultivo de la AMEXCID como ente supervisor de la política de la CID mexicana, para promover consensos en la APF a fin de identificar acciones prioritarias a favor del desarrollo nacional. SEGOB, SRE, SHCP, BIENESTAR, SEMARNAT, SENER, SE, AGRICULTURA, SICT, SABG, SEP, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES 4.1.3 Convocar a los Consejos Técnicos de la AMEXCID para construir una cooperación internacional más incluyente, impulsando agendas de trabajo que generen la participación proactiva de los diferentes actores. SRE 4.1.4 Difundir en un repositorio los resultados de la CID mexicana, en lenguaje claro y sencillo para fortalecer la gestión del conocimiento, la transparencia y la rendición de cuentas. SRE Estrategia 4.2 Actualizar las herramientas de gestión de CID, establecidas en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo para fortalecer la planeación, el monitoreo y la evaluación de los proyectos de cooperación. Línea de acción Dependencias y/o entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.2.1 Adecuar las herramientas de planeación, monitoreo y evaluación de la CID, para integrar la transversalidad de la perspectiva de género y pertenencia cultural a fin de promover la igualdad sustantiva en los proyectos. MUJERES, SRE, INPI 4.2.2 Fortalecer el uso y disponibilidad de datos de la CID contenidos en los sistemas de información, para orientar y fundamentar, los posicionamientos y la toma de decisiones en los distintos espacios nacionales e internacionales. SRE 4.2.3 Actualizar las directrices de cuantificación de la cooperación mexicana, implementando procesos internacionales vigentes para identificar de forma eficiente las transferencias en especie, actores, beneficiarios y capital humano de la cooperación Sur- Sur. SEGOB, SRE, BIENESTAR, SEMARNAT, SENER, SE, AGRICULTURA, SICT, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES 4.2.4 Implementar procesos de mejora, en el monitoreo y evaluación de los programas y proyectos de CID mexicana, para identificar áreas de oportunidad, y perfeccionar los resultados de los mecanismos mencionados. SEGOB, SRE, SEMARNAT, SENER, SE, SICT, SABG, SEP, SALUD, STPS, SEDATU, SECTUR, SECIHTI, MUJERES Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 251 8. Indicadores Objetivo 1. Fortalecer el desarrollo humano sostenible, con enfoque multidimensional e interseccional, mediante proyectos que impulsen el desarrollo rural, la prevención y el combate a la corrupción, el acceso equitativo a servicios básicos y la reducción de desigualdades, bajo los principios del Humanismo Mexicano. Indicador 1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de nuevos proyectos de recepción que inician ejecución. Objetivo Fortalecer el desarrollo humano sostenible, con enfoque multidimensional e interseccional, mediante proyectos que impulsen el desarrollo rural, la prevención y el combate a la corrupción, el acceso equitativo a servicios básicos y la reducción de desigualdades, bajo los principios del Humanismo Mexicano. Definición o descripción Los programas de cooperación fortalecen el desarrollo humano proyectos de recepción aprobados en el marco de los programas de cooperación bilaterales y multilaterales que inicien su ejecución en el periodo de reporte. Derecho asociado Artículos 1o., 3o., 5o. y 123 de la CPEUM; y 33 de la LCID Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Diciembre Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero-diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance AMEXCID Método de cálculo (número de proyectos de recepción de cooperación internacional para el desarrollo que inicien su ejecución durante el periodo t) / (número de proyectos de recepción de cooperación internacional para el desarrollo programadas en el periodo t) * (100). Observaciones Los proyectos de cooperación se encuentran sujetos al estatus de las relaciones diplomáticas (políticas, económicas y sociales) de México con sus socios. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Proyectos de recepción que iniciaron ejecución = PRIE Valor variable 1 11 Fuente de información variable 1 Archivos y expedientes de la AMEXCID Nombre variable 2 Proyectos de recepción programados que iniciaron ejecución = PRPIE Valor variable 2 18 Fuente de información variable 2 Archivos y expedientes de la AMEXCID Sustitución en método de cálculo NPRIE = (11) / (18) * (100) = 61.11 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 61.11 La línea base es el total de proyectos de recepción que inicien su ejecución el año 2025 Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 87 La tendencia esperada del indicador es que sea creciente durante la presente administración federal. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ND ND ND ND 93 83 84.21 61.11 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 87 87 87 87 87 252 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivo 2. Fortalecer el diálogo político y la cooperación con Centroamérica, el Caribe y el Sur Global, articulando protección social, resiliencia climática e innovación pública para abordar causas estructurales de la movilidad humana y mejorar el bienestar en territorios vulnerables. Indicador 2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de expertos de América Latina y el Caribe capacitados en el marco de los proyectos de oferta de cooperación Objetivo Fortalecer el diálogo político y la cooperación con Centroamérica, el Caribe y el Sur Global, articulando protección social, resiliencia climática e innovación pública para abordar causas estructurales de la movilidad humana y mejorar el bienestar en territorios vulnerables. Definición o descripción Son todos los extranjeros que capacitan los expertos mexicanos de la APF, para la implementación de proyectos de cooperación de oferta aprobados en los programas de cooperación con América Latina y el Caribe, para el desarrollo de sectores estratégicos de los países de las citadas regiones. Derecho asociado Artículos 1o., 3o., 5o. y 123 de la CPEUM; y 33 de la LCID Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Diciembre Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero-diciembre Tendencia esperada Constante Unidad responsable de reportar el avance AMEXCID Método de cálculo (número de extranjeros capacitados en América Latina y el Caribe durante el periodo t) / (número de extranjeros programados para capacitar en América Latina y el Caribe en el periodo t) * (100). Observaciones Las relaciones diplomáticas: económicas, políticas y sociales de México, y sus contrapartes se mantienen para la implementación de los programas-proyectos de cooperación. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 NEC= número de extranjeros capacitados en Aly C Valor variable 1 14117 Fuente de información variable 1 Archivos y expedientes de la AMEXCID Nombre variable 2 NECP= número de extranjeros programados para capacitar en ALyC Valor variable 2 18755 Fuente de información variable 2 Archivos y expedientes de la AMEXCID Sustitución en método de cálculo PEEC= (14117 / 18755) * 100 = 75.27 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 75.27 La cooperación internacional para el desarrollo (CID) es una política pública eficaz para promover el desarrollo sostenible de nuestro país y de nuestros socios, así como nuestra idea del orden global justo, con oportunidades para todos, próspero e incluyente. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 87 La tendencia esperada del indicador es que sea constante durante la presente administración federal. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 N.D. N.D. N.D. N.D. 93 96 72 75.27 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 87 87 87 87 87 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 253 Objetivo 3. Fortalecer la participación de México en organismos y foros multilaterales y regionales, promoviendo el diálogo con socios estratégicos para construir consensos de cooperación en el desarrollo global, considerando las megatendencias y la Agenda 2030. Indicador 3.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Número de resoluciones vinculantes derivadas de acuerdos en las reuniones de política de cooperación internacional para el desarrollo donde participa México. Objetivo Fortalecer la participación de México en organismos y foros multilaterales y regionales, promoviendo el diálogo con socios estratégicos para construir consensos de cooperación en el desarrollo global, considerando las megatendencias y la Agenda 2030. Definición o descripción Se refiere a toda decisión formal escrita, en la cual el Estado Mexicano manifieste de forma vinculante o no vinculante sus prioridades en materia de cooperación internacional para el desarrollo, que pueden ser adoptadas por consenso o por mayoría de la membresía de los organismos, mecanismos y foros internacionales especializados en CID en los que participa nuestro país. Derecho asociado Artículos 1o., 3o., 5o. y 123 de la CPEUM; y 33 de la LCID Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Diciembre Unidad de medida Resoluciones Periodo de recolección de los datos Enero-diciembre Tendencia esperada Constante Unidad responsable de reportar el avance AMEXCID Método de cálculo  (resoluciones vinculantes derivadas de reuniones multilaterales y regionales sobre política de cooperación donde participa la AMEXCID en el periodo t) Observaciones La participación de México en la arquitectura internacional de cooperación fortalece su papel de cooperante dual (oferente y receptor de cooperación) como país de renta media. En este contexto, hay que tener en consideración que la negociación de las declaraciones, la aprobación y en su caso ratificación e instrumentación forma parte de un proceso que puede comprender desde un año hasta más allá del periodo. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 AVCID= acuerdos vinculantes de cooperación internacional para el desarrollo Valor variable 1 10 Fuente de información variable 1 Expedientes y archivos de la AMEXCID Sustitución en método de cálculo Sumatoria de acuerdos vinculantes de cooperación internacional para el desarrollo en el periodo t.= 10 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 10 El número de la línea base, relativa a los acuerdos vinculantes depende de la situación política de cómo se deliberen los temas de cooperación internacional y su impacto en el ámbito global. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 7 La tendencia esperada del indicador es que sea constante durante la presente administración federal. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6 13 4 4 2 10 6 10 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 7 7 7 7 7 254 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivo 4. Maximizar la eficacia, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas de la cooperación internacional, mediante el uso estratégico, actualización y mejora continua de herramientas de gestión y sistemas de información, con base en metodologías de vanguardia. Indicador 4.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Tasa de variación de las y los beneficiarios directos del intercambio de conocimiento, en el marco de proyectos de oferta y recepción de cooperación internacional para el desarrollo. Objetivo Maximizar la eficiencia, eficacia, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas de la cooperación internacional para el desarrollo, mediante el uso estratégico, la actualización y la mejora continua de herramientas de gestión y sistemas de información, con base en metodologías de vanguardia. Definición o descripción El indicador permitirá comparar el número de personas capacitadas en el marco de los proyectos derivados de los programas de cooperación internacional para el desarrollo suscritos con los países contrapartes de México del año t respecto año t-1 Derecho asociado Artículos 1o., 3o., 5o. y 123 de la CPEUM; y 33 de la LCID Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Diciembre Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero-diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance AMEXCID Método de cálculo [(número de personas beneficiarias directas del año t) / (número de personas beneficiarias directas del año t-1)] -1 *(100) Observaciones Las capacitaciones que realiza la AMEXCID, son de cooperación técnica científica en diferentes sectores de la economía, a través de intercambio de conocimiento, pasantías, seminarios o talleres. Es un indicador de nueva creación. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Xn= número de personas beneficiarias que participaron en actividades de capacitación de cooperación en el año t. Valor variable 1 14,117 Fuente de información variable 1 Expedientes y archivos de la AMEXCID Nombre variable 2 Xt= = número de personas beneficiarias que participaron en actividades de capacitación de cooperación en el año t-1. Valor variable 2 11,427 Fuente de información variable 2 Expedientes y archivos de la AMEXCID Sustitución en método de cálculo TV=[(14117)/(11427)]-1*(100)= 23.54 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 23.54 Mantener los niveles de capacitación Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 24.14 Es un indicador de nueva creación SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA NA 23.54 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 23.66 23.78 23.90 24.90 24.14 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 255 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa El presente programa fue elaborado mediante un proceso de consultas incluyente, con el fin de asegurar que la visión de las entidades gubernamentales y los socios en la cooperación estuviera debidamente reflejada. A continuación, se detallan las dependencias de la APF que participaron en su diseño: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Bienestar; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Turismo; Secretaría de Cultura; Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Secretaría de las Mujeres; Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. 10. Glosario Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza: Es una iniciativa internacional que busca movilizar a diversos actores para erradicar el hambre y la pobreza a nivel mundial, promoviendo la cooperación y la implementación de políticas y programas efectivos para lograr los ODS, particularmente los ODS 1, fin de la pobreza, y 2, hambre cero (Global Alliance against Hunger and Poverty, 2024) Alianzas multiactor: Colaboraciones estratégicas entre distintos actores, como el sector público, la empresa privada, la sociedad civil y la academia, para alcanzar objetivos de desarrollo comunes. Su objetivo principal es maximizar el impacto de la cooperación, aprovechando las fortalezas y recursos de cada actor. Bienes públicos globales: Son aquellos que, una vez producidos, pueden ser disfrutados por todos, sin que el uso por parte de uno disminuya el disfrute de otro, y sin que sea posible impedir que alguien los consuma. Ejemplos de estos bienes incluyen el aire limpio, la estabilidad financiera global y la mitigación del cambio climático. Bienestar social: Estado de satisfacción y plenitud donde las personas acceden a recursos y servicios esenciales (salud, educación, vivienda, empleo) para desarrollarse, vivir dignamente y prosperar, implicando equidad, justicia social y oportunidades para todos. 256 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Consejo Consultivo: Es el principal mecanismo de coordinación y comunicación entre las entidades del Gobierno federal en materia de oferta y recepción de CID, y fue creado en cumplimiento del Capítulo IV, articulo 15 de la legislación en comento. Cooperación bilateral: Cooperación que se da entre dos países sustentada en un marco normativo (generalmente un convenio básico de cooperación) (AMEXCID, 2018). Cooperación horizontal: Cooperación para el desarrollo económico y social en la que los recursos del oferente son complementados con recursos de contraparte aportados por el receptor. En este esquema, tanto los costos como los beneficios son compartidos, sin importar el porcentaje de su participación (recursos financieros, humanos y técnicos) (AMEXCID, 2018). Cooperación internacional para el desarrollo: Transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras entre gobiernos, así como con organismos internacionales, con el propósito de promover el desarrollo humano sustentable (AMEXCID, 2018). Cooperación multilateral: Se refiere a las políticas y acciones que se desarrollan entre los países y organismos internacionales y/o regionales. Sus actividades son sustentadas por un instrumento jurídico, convenio o acuerdo internacional. Cooperación regional: Acciones de cooperación dirigidas a una determinada zona geográfica, en las que se beneficie a varios países. Cooperación Sur-Sur (CSS): Cooperación que otorgan los países en desarrollo a otros países en desarrollo. Se basa en los siguientes principios básicos: (i) La horizontalidad. Los países colaboran entre sí en términos de socios, de manera voluntaria y sin el establecimiento de condiciones; (ii) El consenso. La ejecución de una acción de CSS debe haber sido sometida a consenso por los responsables de cada país en marcos de negociación común, como las comisiones mixtas; y (iii) La equidad. Por lo general, sus costos y beneficios se distribuyen equitativamente entre todos los participantes (PIFCSS - Cooperación Sur-Sur, 2025). Cooperación triangular (CTr): Modalidad de cooperación en asociación con una fuente tradicional bilateral o multilateral, para concurrir, conjuntamente, en acciones en favor de una tercera nación demandante, de menor o similar desarrollo relativo (GIZ – Cooperación Triangular, 2026). Cooperante: De acuerdo con la LCID es la persona moral mexicana del sector público que reúna las capacidades técnicas e institucionales para participar en la ejecución de las actividades de oferta o de demanda de cooperación internacional. El término “cooperante” también puede recaer en una persona física o persona moral que no pertenezca al sector público, como medio ejecutor de acciones de cooperación, así ì como extranjeros, según del tipo de proyecto. Corredor Seco de Centroamérica: Según la FAO, el “Corredor Seco” es una franja de territorio que atraviesa Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Allí viven más de 10 millones de personas, muchas de las cuales se dedican a actividades agrícolas, en especial a la pequeña producción de granos básicos. Desarrollo sostenible: Busca equilibrar el desarrollo económico, la justicia social y la protección ambiental para asegurar que las necesidades de las generaciones presentes no comprometan la capacidad de las futuras generaciones. Consiste en la libertad de la que gozan los individuos para elegir entre distintas opciones y formas de vida, las cuales satisfacen las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Considera tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. Desarrollo sustentable: Se refiere a la capacidad de mantenerse a sí mismo, de perdurar en el tiempo, a menudo asociado con la preservación de los recursos naturales y el uso racional de los mismos. Economía azul: Corresponde a cualquier actividad económica relacionada con los océanos, el mar y la costa, basada en el uso sostenible de los recursos marinos para generar riqueza y bienestar, a la vez que se preserva la biodiversidad. Economía circular: Es un modelo económico que busca minimizar el desperdicio y maximizar la reutilización de recursos, productos y materiales. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 257 Evaluación ex ante: Es un proceso de análisis que se realiza antes de que se ejecute un proyecto, programa o política pública. Su objetivo principal es evaluar la viabilidad y el potencial impacto de la intervención, así como su adecuación a las necesidades que pretende satisfacer. Formación STEM: Es un enfoque educativo que integra las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), promoviendo el aprendizaje práctico, la resolución de problemas y el pensamiento crítico para preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo real y el mercado laboral futuro. Este modelo interdisciplinario busca que los conocimientos y habilidades se apliquen de manera conjunta y conectada, en lugar de enseñarse de forma aislada (International Science Teaching Foundation, 2016). Gobernanza global: Es un sistema de cooperación internacional, instituciones, reglas y procedimientos que abordan asuntos que trascienden las fronteras nacionales. En la CID, la gobernanza global implica la participación de múltiples actores (organizaciones internacionales, gobiernos, empresas, ONG y sociedad civil) en la búsqueda e instrumentación de soluciones a desafíos comunes. Humanismo Mexicano: Es una corriente de pensamiento que busca impulsar el goce efectivo de los derechos humanos para todos los mexicanos, especialmente para los grupos vulnerables y minorías. Se caracteriza por buscar el progreso humano con justicia, incluida la distribución equitativa de ingresos y riquezas. Igualdad sustantiva: Se refiere a la igualdad real en la práctica, no solo en la ley, que se logra al eliminar las barreras y desigualdades que impiden a las personas, especialmente las mujeres y los grupos vulnerables, el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a oportunidades. Igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, con garantía de que ambos tengan el mismo acceso a oportunidades y al reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. INFOAMEXCID: Es la plataforma digital interna de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que se utiliza para registrar y gestionar información sobre los proyectos y acciones de cooperación internacional que impulsa México. Megatendencias: Son cambios a largo plazo y de gran escala que impactan la sociedad, la economía y la forma en que vivimos. Estas tendencias pueden ser sociales, demográficas, económicas o tecnológicas, y afectan a múltiples aspectos de nuestra vida. Ejemplos de megatendencias incluyen la disrupción tecnológica, el cambio climático, la urbanización y los cambios en los hábitos de consumo. Movilidad humana: El ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar. Esto implica la libertad de movimiento y la elección de residencia, así como la garantía de derechos y protección para personas migrantes y en condición de movilidad, independientemente de su situación legal. Movilidad social: Cambio en la posición socioeconómica de las personas y familias en una sociedad. Es el movimiento de individuos entre diferentes estratos sociales, (clase alta, media y baja), y niveles de educación y ocupación, a lo largo de su vida y entre generaciones. Refleja la igualdad de oportunidades en una sociedad, ya que, a mayor movilidad social, mayor igualdad de oportunidades. Presupuesto de Egresos de la Federación: En México es el documento legal y financiero que autoriza el gasto público federal para un año fiscal determinado. Perspectiva de género: Enfoque analítico, político y cultural que permite analizar la realidad social a partir de las determinaciones de la cultura patriarcal y la división sexual del trabajo. Hace visibles las diferencias entre hombres, mujeres y personas no binarias, a partir de estereotipos o roles de género construidos social y culturalmente que generan discriminación y trato desigual e injusto. Su fin es el de identificar, deconstruir y construir nuevas relaciones basadas en el respeto a las diferencias y la igualdad ante la ley (OHCHR, s.f.). Poder blando: Se refiere a la capacidad de un país de influir en otros sin utilizar la fuerza o la coacción. En cambio, lo hace a través de la atracción y la persuasión, basándose en su cultura, valores y políticas (Brand Finance, 2025). Política de cuidados: Conjunto de acciones públicas destinadas a garantizar el bienestar de las personas con dependencia, especialmente las personas adultas mayores, con discapacidad o con enfermedades crónicas, y a sus familias. Estas políticas buscan ampliar la cobertura de servicios de cuidado, crear nuevos modelos de atención y fortalecer la corresponsabilidad en el cuidado, buscando reducir la carga que recae en las mujeres y la familia (CEPAL 2026). 258 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Prosperidad compartida: Es un concepto que combina el crecimiento económico con la igualdad en la distribución de ingresos, buscando que el crecimiento beneficie a todos, especialmente a los menos favorecidos. En México, este concepto se ha utilizado para referirse a la política de buscar un desarrollo inclusivo y sostenible que mejore el bienestar de la población en general. Red del Espacio Profundo: Es una red global de antenas de radio gigantes operadas por la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio) por sus siglas en inglés, que permite la comunicación con naves espaciales que se encuentran más allá de la órbita terrestre, en el espacio profundo. RENCID: Es una base de datos administrada por la AMEXCID, pilar estadístico del Sistema Nacional de CID, donde se inscriben todas las acciones, proyectos y programas en la materia. Integra información de proyectos, acuerdos, ofertas, demandas y contribuciones) AMEXCID, s.f.). Resiliencia climática: Capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales para resistir, adaptarse y recuperarse de los impactos del cambio climático. Esto implica la capacidad de absorber perturbaciones, mantener la estructura y funcionalidad de los sistemas y adaptarse a los cambios para prosperar a pesar de ellos. Seguridad alimentaria: Situación en la que todas las personas tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias, permitiéndoles llevar una vida activa y sana (UN World Food Programme, 2025). Seguridad pública: Es una función a cargo de la Federación, los Estados y los municipios, que tiene como objetivo salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. SIPINNA: Mecanismo que tiene como una de sus principales atribuciones, generar una nueva manera de realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental donde todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como dependientes de protección, sino como sujetos de derechos. Sistema de cuidados: Se refiere al conjunto de políticas, servicios y apoyos que garantizan el derecho a los cuidados de todas las personas, especialmente de aquellas que requieren cuidados debido a su ciclo de vida, discapacidad o enfermedad, así como de quienes brindan esos cuidados, ya sean remunerados o no remunerados. Este sistema pone al centro la sustentabilidad de la vida y el bienestar con justicia social (INMUJERES, 2024). Sostenibilidad ambiental: Gestión responsable de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente para las generaciones futuras. Su objetivo es satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras para satisfacer sus propias necesidades (UNICEF, 2025). Sur global: Se refiere a un conjunto de países, en su mayoría del hemisferio sur, que han sido históricamente marginados y que comparten características económicas, políticas y sociales similares (Florent, 2023). Tierras raras: Se definen como un grupo de 17 elementos químicos que incluyen los 15 lantánidos (del lantano al lutecio) más el escandio y el itrio. Tienen propiedades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas únicas, esenciales para la tecnología moderna. Transición energética: Proceso clave para lograr el acceso equitativo a la energía, cumplir compromisos de mitigación climática y promover el desarrollo sostenible (UNDP Climate Promise, 2024). 11. Referencias  ACNUR. (2023). Tendencias globales de desplazamiento forzado. Recuperado de https://www.acnur.org  ACNUR. (2025, 29 abril). Informe de resultados 2024: Un hogar en México. https://www.acnur.org/noticias/comunicados-de-prensa/acnur-presenta-su-informe-de-resultados- 2024-un-hogar-en-mexico ACNUR  ACNUR. (2025). Operational Data Portal. Consultado el 26 de enero de 2026. https://data.unhcr.org/en/country/mex  Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). (2018). ¿Qué es la cooperación internacional para el desarrollo? Gobierno de México. 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Objetivos 6.1 Relevancia del objetivo 1: Fortalecer el conocimiento de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, a efecto de reducir el riesgo de desastres y promover comunidades resilientes. 6.2 Relevancia del objetivo 2: Garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, para salvaguardar a la población ante el impacto de un fenómeno perturbador, en coordinación con autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Promover el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión integral del riesgo de desastres y fortalecer la adopción de planes y programas de protección civil, con participación de los sectores público, privado y social. 6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030 7. Estrategias y líneas de acción 8. Indicadores y metas 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo. 3. Siglas y acrónimos ANR: Atlas Nacional de Riesgos. APF: Administración Pública Federal. CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres. CNPC: Coordinación Nacional de Protección Civil. DOF: Diario Oficial de la Federación. ENAPROC: Escuela Nacional de Protección Civil. FONDEN: Fondo de Desastres Naturales. FOPREDEN: Fondo de Prevención de Desastres Naturales. GIRD: Gestión Integral del Riesgo de Desastres. INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. LGPC: Ley General de Protección Civil. PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. PIB: Producto Interno Bruto. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 263 PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. PNPC 2026-2030 o Programa: Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030. SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SIG: Sistemas de Información Geográfica. SINAPROC1: Sistema Nacional de Protección Civil. SNA: Sistema Nacional de Alertas. SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. UNDRR: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (por sus siglas en inglés). 4. Fundamento normativo El Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030 (PNPC 2026-2030 o Programa) se desarrolla en cumplimiento a los artículos 1o., 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a los artículos 2o., 9o., 12, 16, fracciones IV y VIII, 26, y 29 de la Ley de Planeación; 30 Bis, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 4, 35 y 36 de la Ley General de Protección Civil (LGPC). El Programa establece los objetivos, estrategias, metas y líneas de acción para cumplir con el objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), realizadas en coordinación con las autoridades de los gobiernos estatales, de la Ciudad de México, municipales y de las demarcaciones territoriales, y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), con base en la amplia participación de la sociedad. Bajo la adopción de las prioridades establecidas por el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,2 que son: comprender el riesgo de desastres; fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo; invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, y aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. El Programa establece 4 objetivos que abarcan aspectos significativos del Marco en comento. Para ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), conforme a los artículos 2, apartado A, fracción II, numeral 10, y 57, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es la Unidad Administrativa de la SSPC responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del Programa, en relación con lo establecido en los artículos 5, fracción I y 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley General de Protección Civil, y en el Manual de Organización y Operación del SINAPROC, a fin de que este programa sea el instrumento de trabajo para el periodo 2026-2030 de la CNPC. Así mismo, se fundamenta en el Decreto por el que se aprueban las bases para el establecimiento del SINAPROC,3 publicado en el DOF el 6 de mayo de 1986; en el Acuerdo por el que se da a conocer la declaración de la Coordinación General de Protección Civil como Instancia de Seguridad Nacional,4 publicado en el DOF el 23 de enero de 2009; en el Acuerdo por el que se emite el Plan Nacional de Respuesta MX de la APF,5 publicado en el DOF el 13 de noviembre de 2015; en el Acuerdo por el que se establece la Escuela 1 El SINAPROC se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y, social, los medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico. 2 Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). (2015). Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030. https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf 3 Secretaría de Gobernación. Decreto por el que se aprueban las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa de Protección Civil que las mismas establecen (1986, 6 de mayo). http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Compilacion/977.pdf 4 Secretaría de Gobernación. Acuerdo por el que se da a conocer la declaración de la Coordinación General de Protección Civil como Instancia de Seguridad Nacional. (2009, 23 de enero). https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5078305&fecha=23/01/2009#gsc.tab=0 5 Secretaría de Gobernación. Acuerdo por el que se emite el Plan Nacional de Respuesta MX de la APF. (2015, 13 de noviembre). https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415383&fecha=13/11/2015 264 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Nacional de Protección Civil,6 publicado en el DOF el 19 de septiembre de 2011; en el Acuerdo por el que se emite la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos,7 publicado en el DOF el 21 de diciembre de 2016, y, en los programas y proyectos para atender los daños ocasionados por fenómenos naturales, en términos del artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Finalmente, la elaboración del PNPC 2026-2030 se sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND 2025-2030), particularmente en el Eje general 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana y el Eje general 2: Desarrollo con bienestar y humanismo. Lo anterior, bajo un enfoque humanista y solidario, priorizando el derecho a la vida y la integridad física y reducir con ello el impacto de emergencias climáticas o sociales, así como fortalecer la gestión integral de riesgos. 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo Introducción El PNPC 2026-2030 se enmarca en el Eje General 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana y en el Eje General 2: Desarrollo con bienestar y humanismo del PND 2025-2030, los cuales están alineados con las atribuciones de la CNPC y que de manera conjunta con las dependencias y entidades de la APF, sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, cuerpos de bomberos, así como los representantes de los sectores privado y social, medios de comunicación, centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico, forman parte del SINAPROC; con el objetivo de proteger a las personas, a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos. Asimismo, el PNPC 2026-2030 toma en consideración los principios del Humanismo Mexicano, particularmente los siguientes: - Prosperidad Compartida: contar con un programa efectivo de gestión de riesgos genera condiciones y entornos seguros, que mejoran la calidad de vida y contribuye al bienestar y desarrollo de la población. - Desarrollo y bienestar con cuidado al medio ambiente: hacer frente al cambio climático permitirá disminuir la intensidad y frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos que impactan significativamente al medio ambiente y a la población. - La política se hace con amor y no con odio: la elaboración e implementación de este PNPC 2026-2030, se hace con un profundo amor al pueblo de México, y se pone al centro de esta política a la población, a fin de aumentar su bienestar. México enfrenta una amplia gama de fenómenos perturbadores naturales y antrópicos que cada año pueden generar desastres, con impactos significativos. El país es afectado constantemente por actividad sísmica y volcánica, con dos terceras partes de su territorio en riesgo sísmico importante y zonas identificadas con potencial para sismos de gran magnitud, en virtud de que se encuentra situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico Vinculación con Anexos Transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) La problemática que aborda el PNPC 2026-2030 se vincula con diversos Anexos Transversales del PEF,8 al contribuir a la atención de las condiciones estructurales que incrementan la vulnerabilidad social y territorial en México. De acuerdo con el INEGI (2025), el 29.6 % de la población nacional (equivalente a 38.5 millones de personas) vive en situación de pobreza multidimensional,9 con una marcada diferencia entre los ámbitos rural (45.8 %) y urbano (25.0 %).10 La incidencia de pobreza alcanza 66.3 % entre la población hablante de 6 Secretaría de Gobernación. Acuerdo por el que se establece la Escuela Nacional de Protección Civil. (2011, 19 de septiembre). http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5209605&fecha=19/09/2011 7 Secretaría de Gobernación. Acuerdo por el que se emite la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos. (2016, 21 de diciembre). https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5466288&fecha=21/12/2016 8 Anexo 12, Programa de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; anexo 13, Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; anexo 16, Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático; anexo 18, Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes. 9 Pobreza, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI). (2025). Medición de la pobreza multidimensional en México, 2025. https://inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados 10 Pobreza Multidimensional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI). (2024). Cuadro 1 Indicadores de Pobreza según ámbito. https://inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 265 lengua indígena11 y 32.3 % entre la población afrodescendiente,12 lo que confirma la persistencia de desigualdades estructurales que agravan la vulnerabilidad frente a los fenómenos perturbadores. Estas brechas se acentúan por la limitada resiliencia de la infraestructura, la ubicación de los asentamientos en zonas de riesgo y la baja cobertura de instrumentos financieros de protección ante pérdidas. Las mujeres (51 % de la población) enfrentan una tasa de pobreza ligeramente superior a la de los hombres (30.1 % frente a 28.9 %),13 y mayores obstáculos para acceder a recursos productivos, información y mecanismos de recuperación post-desastre. Esta diferencia, ampliamente documentada a nivel internacional, refleja cómo las desigualdades de género pueden traducirse en mayor exposición y menor capacidad adaptativa (Oxfam, 2005; UNDP, 2006).14 Los estudios sobre el tsunami del Océano Índico de 2004 mostraron que entre el 60 % y el 80 % de las víctimas fueron mujeres, debido a factores culturales y de movilidad como la falta de entrenamiento para nadar o trepar, y las cargas de cuidado familiar. En México, los sismos de 2017 también evidenciaron una mayor mortalidad femenina en zonas urbanas, vinculada a condiciones laborales y de cuidado, lo que confirma que las desigualdades estructurales y de género profundizan los efectos de los desastres y retrasan los procesos de recuperación (UNDRR, 2018).15 Las infancias y juventudes (que constituyen el 31 % de la población) presentan vulnerabilidades específicas ante la interrupción de servicios educativos y de salud, como se observó tras los sismos de 2017, siendo los estados de Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Oaxaca, los más afectados, en donde habitaban más de siete millones de niñas, niños y adolescentes (UNICEF, 2018).16 Asimismo, la exposición y el impacto de los fenómenos perturbadores muestran diferencias marcadas entre áreas urbanas y rurales: en las primeras, por la concentración de población e infraestructura crítica; en las segundas, por la precariedad material y la dependencia económica de actividades agropecuarias sensibles a sequías e inundaciones recurrentes (CEPAL, 2023;17 INEGI, 2024).18 En conjunto, estos datos confirman que las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad territorial continúan siendo determinantes en la generación del riesgo de desastres y en la capacidad diferenciada de recuperación frente a ellos. El PNPC 2026-2030 integra y realiza acciones transversales de perspectiva de género y la inclusión como ejes transversales de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD), por lo que la profesionalización del personal de protección civil será con enfoque de género, interculturalidad y no discriminación, lo mismo aplicará para las campañas de sensibilización orientadas a las poblaciones más expuestas y vulnerables, lo que responde al propósito del Anexo 13 del PEF, sobre igualdad entre mujeres y hombres y al Anexo 14 del PEF, relativo a la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. En ambos casos, el PNPC 2026-2030 busca que las políticas y acciones institucionales promuevan la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones, reduzcan las desigualdades estructurales y mejoren las capacidades institucionales para atender las necesidades de las personas y comunidades en condiciones de mayor riesgo. Asimismo, el PNPC 2026-2030 incorpora acciones transversales de innovación pública y desarrollo tecnológico orientadas al fortalecimiento de los mecanismos de prevención, monitoreo y reducción del riesgo de desastres, en vinculación con el Anexo 12 “Programa de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación” del PEF. Estas acciones impulsan la investigación aplicada, la interoperabilidad de sistemas y el uso de tecnologías emergentes en el Atlas Nacional de Riesgos (ANR) y el Sistema Nacional de Alertas (SNA), promoviendo la soberanía tecnológica y la modernización institucional. Con ello, el Programa contribuye al desarrollo científico y a la innovación orientada al bienestar, la seguridad y la resiliencia del país. 11 Pobreza Multidimensional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI). (2024). Cuadro 3 Indicadores de Pobreza según condición de habla indígena. https://inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados 12 Pobreza Multidimensional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI). (2024). Cuadro 8 Indicadores de Pobreza según condición de afrodescendencia. https://inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados 13 Pobreza Multidimensional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. (2024). Cuadro 1 Indicadores de Pobreza según sexo. https://inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados 14 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2006). Informe sobre Desarrollo Humano 2006: Más allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua. PNUD. https://hdr.undp.org/reports-and- publications?keys=&field_type_target_id%5B5%5D=5&field_date_value%5B2006%5D=2006, p. 120 15 Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). (2018). Disasters reveal gender gap. https://www.undrr.org/news/disasters-reveal-gender-gap 16 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2018). Informe sobre la situación humanitaria de la infancia y la adolescencia a un año de los terremotos en México. https://www.unicef.org/mexico/media/321/file/Informe%20a%20un%20a%C3%B1o%20de%20los%20sismos.pdf, p. 12 17 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). América Latina y el Caribe en la mitad del camino hacia 2030: Avances y propuestas de aceleración. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/48823, p. 50 18 Pobreza Multidimensional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. (2024). Cuadro 1 Indicadores de Pobreza según ámbito https://inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados 266 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 El diagnóstico del Programa identifica el cambio climático como factor en la frecuencia e intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos recientes, como los huracanes Otis (2023) y John (2024), y reconoce la necesidad de fortalecer los sistemas de monitoreo, alerta temprana y planeación preventiva. Las estrategias relacionadas con la integración de tecnologías emergentes, el fortalecimiento del SNA y la actualización continua del ANR contribuyen a las acciones del Anexo 16 del PEF, que busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano mediante acciones de mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático que incrementen la resiliencia de las comunidades. La operación de la Red Nacional de Escuelas e Instituciones para la Capacitación, Certificación y Profesionalización, representan oportunidades para fortalecer la participación de personas jóvenes en actividades formativas y en el servicio público orientado a la gestión de riesgos. De igual forma, las campañas de sensibilización y los planes de continuidad de operaciones que promueve el Programa contribuyen a crear entornos más seguros y a fortalecer la protección integral de la infancia y adolescencia, en coherencia con las acciones de los Anexos 17 y 18 del PEF. De esta manera, el PNPC 2026-2030 se articula con los instrumentos presupuestarios de carácter transversal al atender las causas estructurales de la vulnerabilidad, fortalecer las capacidades institucionales, reducir las desigualdades sociales y promover entornos resilientes, contribuyendo con ello al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de desarrollo sostenible, igualdad, inclusión y cambio climático. Problemática actual En los últimos años diversos fenómenos perturbadores han impactado en territorio nacional, lo que ha puesto a prueba la coordinación del SINAPROC para salvaguardar la vida y el patrimonio de la población y su entorno. En el ámbito de la protección civil en México, persisten áreas de oportunidad en cuanto al fortalecimiento de los mecanismos técnico-operativos para la colaboración, comunicación y coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como con los sectores privado y social. Por tal razón, la CNPC en su carácter de coordinadora ejecutiva del SINAPROC trabajará en promover entre sus integrantes la elaboración de políticas y programas, así como el mejoramiento de acciones y actualización de protocolos, con el propósito de salvaguardar a la población afectada o susceptible de ser afectada por los peligros que representan los fenómenos perturbadores, con la finalidad de aplicar con eficacia las etapas de la GIRD. Para la coordinación del SINAPROC hace falta desarrollar su infraestructura y fortalecer sus capacidades institucionales, contar con fondos y recursos humanos y materiales, así como con ordenamientos jurídicos que ofrezcan mayor certeza de actuación en el campo de la protección civil. Por ello, será necesario fortalecer la prevención con un enfoque estratégico y transversal de gestión de riesgos, las capacidades institucionales y de cooperación internacional, los instrumentos financieros y el marco jurídico, además de promover el desarrollo de una sociedad resiliente. De acuerdo con la serie histórica “Impacto socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México”, publicada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), desde el año 2000 hasta el 2024, en México se registraron 13,328 decesos y se estimaron pérdidas económicas por 709 mil millones de pesos. Durante este periodo, alrededor de 60 millones de personas sufrieron afectaciones directas o indirectas, ya sea por la pérdida de su patrimonio o de sus medios de vida debido al impacto de fenómenos perturbadores. En términos de infraestructura, se contabilizaron afectaciones en más de 2 millones de viviendas, 45 mil escuelas y cerca de 3 mil centros de salud y hospitales.19 En el contexto de la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, México ha demostrado avances importantes en la transversalización de la GIRD dentro de la APF. De acuerdo con el Informe Voluntario Nacional de México al Medio Término de la implementación del Marco de Sendai de 2022, 77 % de las instituciones de la APF está involucrado en actividades clave para identificar y comprender los riesgos, como lo son el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la elaboración de 19 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). "Base de datos sobre el impacto socioeconómico de los daños y pérdidas ocasionados por los desastres en México de 2000 a 2024." Atlas Nacional de Riesgos, 2025. Consultado el 4 de febrero de 2026. http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/descargas/Basehistorica_2000_a_2024.xlsx Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 267 mapas de riesgos, mientras que 70 % ha capacitado a su personal en temas relacionados con la GIRD;20 Sin embargo, aún persisten desafíos significativos, como la falta de sistematización en el registro de información sobre riesgos (realizado solo por 37 % de las instituciones) y la elaboración limitada de evaluaciones de riesgo sobre la infraestructura.21 Por otro lado, el cambio climático impacta significativamente la intensidad y periodicidad de los fenómenos de origen hidrometeorológico, como es el caso de los huracanes Otis ocurrido en 2023 y John en 2024, los cuales impactaron en las costas de Acapulco, Guerrero, en un lapso no mayor a un año, provocando daños significativos en la infraestructura pública, viviendas y en el sector hotelero de la región. Aunque se reconoce la creciente participación interinstitucional y la firma de convenios de colaboración, solo un tercio de las instituciones trabaja directamente con comunidades o sociedad civil,22 evidenciando un área de oportunidad para fortalecer la dimensión comunitaria de la GIRD. Este panorama subraya los logros alcanzados y las áreas prioritarias para consolidar un enfoque efectivo de reducción del riesgo de desastres en México, alineado con los objetivos de sostenibilidad y resiliencia del Marco de Sendai. En este sentido, la creación del Comité Nacional de Prevención en 2023, aún necesita consolidar su actuación como mecanismo de coordinación de las acciones de prevención de riesgos y desastres que deben realizar las dependencias y entidades de la APF, en el marco de sus atribuciones.23 Si bien existe un marco legal nacional que establece la importancia de contar con instrumentos de diagnóstico como los atlas de riesgo, actualmente se estima que solo alrededor del 24 % de los municipios dispone de un atlas local de riesgo actualizado.24 Esta situación representa un reto para fortalecer la planificación preventiva y favorecer una asignación de recursos basada en evidencia, especialmente en contextos donde la exposición a fenómenos naturales y antropogénicos es alta. Si bien existen experiencias de cooperación espontánea, la inversión preventiva y los mecanismos formales de colaboración entre sectores continúan por debajo de los niveles recomendados para economías de ingreso medio. La falta de marcos jurídicos compatibles y de incentivos fiscales adecuados frena la participación privada y social en proyectos de reducción de riesgo. No todas las entidades federativas han constituido los fondos para la prevención y la atención de emergencias y desastres de origen natural que establece el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ni cuentan con esquemas de transferencia de riesgos para reducir los costos que implica la reconstrucción de la infraestructura, lo que se traduce en dependencia de los fondos federales para la prevención, la atención de emergencias y desastres de origen natural. Por otra parte, las dependencias de la APF que fungen como cabeza de sector deben realizar diversos trámites ante la SHCP para acceder a los recursos destinados a acciones de reconstrucción. Estos procedimientos, orientados a asegurar la adecuada gestión y transparencia en el uso de los recursos públicos, pueden representar retos operativos que, en algunos casos, prolongan los tiempos de atención y ejecución. Frente a este panorama, resulta prioritario consolidar un Sistema Nacional de Protección Civil más robusto, articulado y resiliente, capaz de responder de manera oportuna y eficaz a los crecientes desafíos que representan los fenómenos perturbadores. Por ello, el Programa fija como primer objetivo: Fortalecer el conocimiento de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, a efecto de reducir el riesgo de desastres y promover comunidades resilientes. 20 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Informe voluntario nacional de México sobre la implementación del Marco de Sendai, Ciudad de México, 2022, p. 37. https://sendaiframework- mtr.undrr.org/publication/mexico-voluntary-national-report-mtr-sf 21 Ibíd. 22 Ibíd. 23 I. Coordinar acciones entre dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relativas a la implementación de medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres, con una visión de gestión integral; II. Definir y coordinar la instrumentación de las estrategias nacionales en materia de prevención y reducción del riesgo de desastres, así como promover su incorporación en los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales de la Administración Pública Federal; III. Vigilar el cumplimiento de las acciones acordadas y dar seguimiento a la efectividad de las políticas públicas en materia de prevención o reducción del riesgo y de desastres; IV. Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación sobre prevención y reducción del riesgo de desastres, así como difundir sus resultados; V. Promover la sistematización de información nacional relevante en materia de prevención y reducción del riesgo de desastres; VI. Establecer mecanismos para poner a disposición de la población la información oportuna que permita tomar las medidas necesarias frente a la ocurrencia de algún fenómeno natural o antrópico; VII. Proponer el establecimiento de acciones en materia de prevención de desastres que vinculen al Sistema Nacional de Protección Civil con los sistemas de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de protección civil. 24 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (CENAPRED). (2026). Cobertura de Atlas Municipales [Conjunto de datos]. Atlas Nacional de Riesgos. http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-municipales.html 268 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Tendencias e impactos recientes de los desastres (2019-2025) Los desastres generan presiones adicionales sobre las finanzas públicas y limitan la capacidad del Estado para implementar políticas de largo plazo, como se describe a continuación: Los daños y pérdidas estimados en 2019, derivados de fenómenos naturales, ascendieron a 4,915.7 millones de pesos, lo que representó una reducción del 67.2 % respecto a lo registrado en 2018.25 Esta cifra equivalió apenas al 0.02 % del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año, a pesar de que en 2019 se cuantificaron 579 eventos —una cifra muy similar a los 583 registrados en 2018— el impacto económico fue significativamente menor. Esta disminución se explica por la ausencia de eventos de gran magnitud durante ese periodo, lo que convirtió a 2019 en uno de los años con menores afectaciones económicas por desastres en los últimos quince años, según los registros disponibles hasta 2025. En 2020, a pesar de que se registró una disminución en el número de eventos respecto al año anterior —438 en total, es decir, un 26.4 % menos que en 2019— el impacto económico fue considerablemente mayor.26 Los daños y pérdidas estimados alcanzaron los 32,736.3 millones de pesos, lo que representó un incremento del 311 % en comparación con 2019, y situó a este año como el octavo con mayor afectación económica desde el año 2000. Esta cifra representó el 0.14 % del PIB de 2020.27 El aumento en los daños se debió principalmente a eventos hidrometeorológicos significativos, particularmente lluvias intensas e inundaciones, como las ocurridas en Tabasco y Chiapas. Estos eventos evidenciaron la persistente exposición de infraestructura crítica y asentamientos humanos en zonas de riesgo, lo que sigue representando una alta vulnerabilidad para miles de familias en todo el país ante la ocurrencia de fenómenos naturales de gran intensidad. Durante el año 2021, si bien se registró un aumento significativo en el número de eventos —614 en total, lo que representó un incremento del 43.7 % con respecto a 2020— los daños y pérdidas estimados alcanzaron los 15,333 millones de pesos.28 Esta cifra representó una reducción del 52 % en comparación con el año anterior y equivalió al 0.06 % del PIB de 2021. A pesar de la disminución en términos económicos, los eventos registrados en ese año fueron particularmente significativos, destacando los impactos ocasionados por huracanes que afectaron regiones como Veracruz y Sinaloa. Estos fenómenos dejaron en evidencia, una vez más, la alta exposición de infraestructura crítica y de comunidades asentadas en zonas de riesgo. Aunque el monto de los daños fue inferior al de 2020, el número elevado de incidentes y la recurrencia de afectaciones en zonas vulnerables mostraron la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas de prevención y adaptación en el marco de la GIRD. En 2022, los fenómenos naturales que afectaron al país generaron daños y pérdidas estimadas en 16,600 millones de pesos, lo que representó un incremento del 8 % respecto a lo registrado en 2021.29 Este monto equivale al 0.1 % del PIB del mismo año. A pesar del aumento en el costo económico, se contabilizaron 570 eventos distintos, lo que supuso una disminución del 7 % en el número de incidentes con relación al año anterior. Durante ese año, la CNPC emitió 26 declaratorias por el impacto de fenómenos perturbadores en 11 entidades federativas. De estas, el 31 % correspondieron a emergencias y el 69 % a desastres, reflejando una reducción del 57 % en el número total de declaratorias respecto a 2021. Si bien la frecuencia de los eventos disminuyó y las declaratorias se redujeron notablemente, el incremento en los daños totales pone de manifiesto que persiste una alta vulnerabilidad en ciertas regiones del país, lo que subraya la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos preventivos y de resiliencia en materia de GIRD desde lo local. 25 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (2020). Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México en 2019, Resumen Ejecutivo. https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/429- RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2019.PDF 26 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (CENAPRED). (2021). Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México en el Año 2020, Resumen Ejecutivo. México. 20 Pp. https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/455-RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2020.PDF 27 Ídem. 28 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (CENAPRED). (2022). Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México en el año 2021, Resumen Ejecutivo. México. 14 Pp.https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/487-RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2021.PDF 29 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (CENAPRED). (2023). Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México en el año 2022, Resumen Ejecutivo. México. 15 Pp.https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/494-RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2022.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 269 En 2023, los daños y pérdidas por desastres ascendieron a 88,910 millones de pesos, equivalentes al 0.3 % del PIB, a pesar de una disminución del 31 % en el número de eventos (393 en total), respecto a 2022.30 El huracán Otis, que impactó Acapulco como categoría 5, fue el principal responsable de estas pérdidas, representando la mayor afectación económica del año. Este fenómeno evidenció la vulnerabilidad de zonas densamente pobladas ante ciclones tropicales, los cuales concentraron el 98.4 % del total de los daños, mientras que lluvias e inundaciones representaron solo el 1.6 %. En 2024, los desastres dejaron 14,434 millones de pesos en daños y pérdidas (0.046 % del PIB), distribuidos en 283 eventos, con predominio hidrometeorológico (83.6 % de las pérdidas).31 Se registraron 633 defunciones, de las cuales 65 % se asociaron a fenómenos hidrometeorológicos y las temperaturas extremas concentraron la mayor proporción de muertes dentro de los fenómenos de origen natural. Los daños económicos se concentraron principalmente en Guerrero (55.2 %), Veracruz (23.4 %) y Nuevo León (12.4 %), mientras que la mortalidad se presentó con mayor frecuencia en Veracruz, Sonora y Baja California, vinculada a olas de calor (CENAPRED, 2025).32 En 2024, el huracán John generó lluvias, en 76 horas, de 1442 mm en Acapulco, las cuales provocaron severas inundaciones y un gran número de deslaves en Acapulco y Chilpancingo, en el estado de Guerrero, así como en el estado de Oaxaca. En relación con las brechas y desigualdades, se observa que la desagregación por sexo de las defunciones de 2024 presenta limitaciones de información (40.8 % sin sexo identificado). Con los casos identificados, 47.4 % correspondió a hombres y 11.9 % a mujeres, lo que confirma la necesidad de fortalecer los registros con enfoque de derechos y perspectiva de género para dimensionar adecuadamente los impactos diferenciales y orientar la política preventiva (CENAPRED, 2025).33 En 2025, los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí sufrieron inundaciones catastróficas por el desbordamiento de ríos y arroyos. En total 109 municipios tuvieron afectaciones; sin embargo, los que tuvieron mayor impacto fueron Poza Rica y Álamo Temapache, ambos pertenecientes al estado de Veracruz, debido al incremento y desbordamiento del río Cazones. En materia de territorialidad y capacidades, de conformidad con cifras del análisis histórico del impacto socioeconómico de los desastres en México entre 2000 y 2023 (CENAPRED),34 se muestra una alta concentración territorial de daños y pérdidas, lo que refleja la desigual exposición del territorio nacional frente a los fenómenos perturbadores. En este periodo las afectaciones se concentraron principalmente en Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Ciudad de México y Oaxaca, entidades caracterizadas por alta exposición a fenómenos hidrometeorológicos y elevados niveles de vulnerabilidad social y económica. Los estados con mayor número acumulado de defunciones asociadas a desastres fueron Veracruz (948), Oaxaca (692), Chiapas (632), Nuevo León (536), Ciudad de México (493) y Guerrero (511), (CENAPRED, 2024).35 En este contexto, el PNPC 2026-2030 reconoce que las capacidades institucionales locales para la prevención y recuperación son desiguales y que no existe una base de información homogénea o sistemática sobre las mismas. Por ello, el PNPC 2026-2030 busca fortalecer la generación, homologación e interoperabilidad de información que permita identificarlas progresivamente, considerando acciones de impulso a la modernización de los sistemas de registro y bases de datos de daños y pérdidas, la articulación de información sectorial y territorial, y la adopción de lineamientos técnicos de interoperabilidad entre los tres órdenes de gobierno, con el propósito de construir una base sólida de evidencia para la planeación preventiva y el desarrollo resiliente del territorio. 30 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (CENAPRED). (2024). Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México en el año 2023, Resumen Ejecutivo. México. 15 Pp. https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/504-RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2023.PDF 31 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (CENAPRED). (2025). Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México en el Año 2024, Resumen Ejecutivo. México. 15 Pp. (URL directa del PDF aún no indexada. Consultar: https://www.cenapred.gob.mx/PublicacionesWebGobMX/buscar_buscaSubcategoria) 32 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (CENAPRED). (2025). Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México: Resumen ejecutivo 2024, p. 8 (URL directa del PDF aún no indexada. Consultar: https://www.cenapred.gob.mx/PublicacionesWebGobMX/buscar_buscaSubcategoria) 33 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (CENAPRED). (2025). Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México: Resumen ejecutivo 2024, p. 7 (URL directa del PDF aún no indexada. Consultar: https://www.cenapred.gob.mx/PublicacionesWebGobMX/buscar_buscaSubcategoria) 34 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). "Base de datos sobre el impacto socioeconómico de los daños y pérdidas ocasionados por los desastres en México de 2000 a 2024." Atlas Nacional de Riesgos, 2025. Consultado el 4 de febrero de 2026. http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/descargas/Basehistorica_2000_a_2024.xlsx 35 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). "Base de datos sobre el impacto socioeconómico de los daños y pérdidas ocasionados por los desastres en México de 2000 a 2024." Atlas Nacional de Riesgos, 2025. Consultado el 4 de febrero de 2026. http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/descargas/Basehistorica_2000_a_2024.xlsx 270 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Los desastres continúan generando presiones significativas sobre las finanzas públicas, afectando no solo la infraestructura y el bienestar social, sino también la capacidad del Estado para implementar políticas de desarrollo sostenible a largo plazo. En este contexto, el segundo objetivo del presente programa se orienta en: Garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, para salvaguardar a la población ante el impacto de un fenómeno perturbador, en coordinación con autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno. Causas estructurales Problemáticas como la anterior, dan cuenta de la necesidad de asignar recursos para invertir en acciones de prevención de desastres. México cuenta con la experiencia del FOPREDEN, creado desde el 2003 como estrategia financiera para disminuir la carga del FONDEN y con el propósito de fortalecer las acciones orientadas a la reducción del riesgo y la mitigación de desastres mediante el financiamiento de proyectos integrales de prevención de desastres. Estos proyectos están dirigidos prioritariamente a beneficiar a las poblaciones más expuestas y vulnerables ante fenómenos de origen natural. Si bien, la asignación presupuestaria federal es sostenida, su alcance e impacto podría robustecerse aún más con la inversión desde lo local. De conformidad con el PND 2025-2030, las fases de prevención, auxilio, recuperación y reconstrucción, objeto de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, se vinculan con el Eje General 1: Gobernanza con justicia y participación ciudadana en tanto que requieren de la acción coordinada y subsidiaria entre los tres órdenes de gobierno con el objetivo de prevenir los desastres, así como atender a la población y reconstruir la infraestructura que resultara afectada por el impacto de un fenómeno natural perturbador asegurando el uso honesto, responsable y eficiente de los recursos públicos bajo los principios de austeridad republicana. La reducción del riesgo de desastres se refuerza también a través de procesos de planeación con enfoque de GIRD. De este modo, al integrar criterios de evaluación de amenazas, vulnerabilidades y capacidades en la planificación territorial, sectorial y comunitaria, se contribuye a disminuir el impacto de emergencias climáticas o sociales en el bienestar de las personas y sus familias. Al consolidar capacidades locales y articular mecanismos interinstitucionales, la gestión integral de riesgos se robustece, garantizando el ejercicio de los derechos humanos incluso en contextos de crisis. Este enfoque proactivo y planificado no solo anticipa y atenúa los efectos adversos de los fenómenos, sino que también propicia entornos más seguros, equitativos y sostenibles para toda la población. La inversión en la prevención de desastres ayuda a reducir significativamente el gasto reactivo en la atención de emergencias y desastres. Para la atención de las emergencias se ha instituido la conformación de una reserva estratégica que se adquiere bajo los principios de calidad y precio, lo que se traduce en una política de gasto eficiente, equitativo y sustentable en tanto permite optimizar la distribución de los recursos públicos para mejorar el beneficio de la población a diferencia de como se hacía en el pasado, cuando se adquirían los insumos necesarios hasta que ocurría el desastre, lo que generaba oportunidades de abuso a los proveedores que aplicaban sobreprecios a los consumibles adquiridos. Lo mismo ocurría con la reconstrucción, ya que una vez que se transferían los recursos, las dependencias de la APF y estatales podían demorar años e, incluso, no ejecutar las obras o dejarlas inconclusas. En cuanto a la transversalidad del Programa, garantizar la participación plena y sustantiva de las mujeres en la toma de decisiones promoviendo su liderazgo e impulsando la innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional a través del financiamiento de proyectos, son acciones orientadas a la fase de prevención de la gestión integral del riesgo de desastres. Los desastres actúan sobre los sistemas expuestos, los cuales se conforman por la población y la infraestructura que resiente los efectos del impacto de un fenómeno natural perturbador. En lo que a población se refiere, es principalmente, la población en situación de pobreza extrema la que resulta más afectada dado el conjunto de vulnerabilidades que padece; esto es, es físicamente vulnerable en tanto el tipo de vivienda que habita es mayoritariamente precaria; socialmente, en virtud de factores tales como la desigualdad, la falta de acceso a oportunidades y recursos, a la debilidad de sus redes sociales y sistemas de apoyo; económicamente, en tanto sus ingresos les mantienen en niveles de sobrevivencia que no les otorgan el soporte para recuperarse de un desastre. En lo que a infraestructura se refiere, es particularmente sensible aquella que a lo largo del tiempo ha recibido escaso mantenimiento o a la que no se le han aplicado medidas preventivas; por ejemplo, en el sector carretero, una carretera que no cuenta con alcantarillas o cunetas, es más susceptible de resentir los efectos de un fenómeno natural perturbador que aquella otra que sí cuenta con mantenimiento o construcciones que facilitan el escurrimiento y evitan la erosión de sus cimientos. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 271 La experiencia reciente en la gestión del riesgo de desastres en México ha puesto de manifiesto la importancia de contar con instrumentos financieros oportunos, mecanismos jurídicos claros y capacidades institucionales sólidas que permitan prevenir, atender y recuperarse de manera eficaz ante fenómenos naturales perturbadores. En este sentido, el tercer objetivo del presente programa se centrará en: Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural. Efectos La CNPC, en el marco del SINAPROC, promueve en las 32 entidades federativas la elaboración de Programas Especiales de Protección Civil, de acuerdo a su taxonomía y vulnerabilidad, elabora y difunde boletines de alertamiento con recomendaciones de protección civil dirigidas a las autoridades de protección civil y al público en general, de igual manera, trabaja con mecanismos de coordinación interinstitucional que fortalecen la respuesta de manera eficiente, evitando la duplicidad de funciones y empleando los recursos con los que cuenta el Gobierno de México. Esta labor parte del reconocimiento de que los desastres no son eventos aislados, sino que provienen del contexto de las vulnerabilidades preexistentes generadas por procesos deficientes del desarrollo. Por ello, es indispensable tomar acción para reconocer la naturaleza transversal de la GIRD y promover acciones que permitan su implementación en todas las políticas públicas asociadas al desarrollo sostenible, promoviendo un país más seguro, sostenible y resiliente. Aunque se han impulsado planes de continuidad de operaciones, su adopción fuera del ámbito federal sigue siendo limitada. Para 2021, solo 18 dependencias contaban con planes activos y evaluados. La falta de protocolos homogéneos ha provocado interrupciones en servicios críticos y cadenas de suministro durante emergencias prolongadas, así mismo se cuenta con 2,501 planes de continuidad de operaciones de unidades administrativas evaluados y actualizados al 31 de diciembre de 2025.36 Entre las acciones, destacan la coordinación entre los actores del SINAPROC, para reforzar las etapas de la GIRD; se ha logrado reducir la vulnerabilidad social, a través del fortalecimiento de las instituciones miembros del Sistema, con mecanismos de mejora de la gestión, difusión de información, capacitación interna de los integrantes del sistema y, mejor comunicación de la información recopilada y obtenida de los Sistemas de Alerta Temprana que coadyuvan en la generación de medidas de prevención. Sin embargo, persisten retos importantes. Muchas entidades federativas siguen dependiendo de las declaratorias de emergencia o desastre por la CNPC, así como de la autorización de fondos por parte del Fondo de Prevención de Desastres Naturales. Por otro lado, los fenómenos naturales y las acciones humanas que generan emergencias y desastres han tenido efectos profundos en la población y en el entorno. En los últimos años, eventos como huracanes, lluvias torrenciales, incendios forestales, sismos, sequías y fugas de sustancias peligrosas han requerido la intervención de la protección civil en comunidades rurales y urbanas, impactando de manera particular a mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes y pueblos indígenas, quienes enfrentan mayores barreras para la recuperación. Las consecuencias no solo se reflejan en pérdidas humanas, daños a la vivienda e infraestructura y en la disminución de ingresos económicos, sino también en efectos prolongados sobre la salud y la cohesión social: desnutrición, carencias alimentarias, pérdida de documentos de identidad, migración forzada, y afectaciones emocionales como ansiedad, depresión y estrés postraumático. Asimismo, los desastres impactan en la biodiversidad, alterando ecosistemas, contaminando cuerpos de agua y afectando hábitats de especies endémicas. Estos impactos evidencian la necesidad de contar con Normas Oficiales Mexicanas que integren los principios de la GIRD y establezcan criterios técnicos para prevenir y mitigar los efectos adversos de los fenómenos, garantizando la protección de la vida, los bienes, la salud, el ambiente y la estabilidad social de las comunidades. Finalmente, el cuarto objetivo se orienta a: Promover el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión integral del riesgo de desastres y fortalecer la adopción de planes y programas de protección civil, con participación de los sectores público, privado y social. 36 CNPC, Dirección General de Vinculación, Innovación y Normativa en Protección Civil. (2025). Datos históricos sobre planes de continuidad de operaciones, 2019-2025. Elaboración propia. 272 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Visión a largo plazo Para 2030, México será un país más resiliente, donde la GIRD se constituya como un eje transversal y permanente del desarrollo sostenible, plenamente integrada en las políticas públicas, la planificación territorial, la inversión pública y privada, y la cultura institucional y comunitaria. La sociedad mexicana habrá fortalecido sus capacidades para anticipar, prevenir, reducir y gestionar los riesgos derivados tanto de fenómenos naturales como antrópicos, a partir de una sólida articulación interinstitucional. La consolidación del Comité Nacional de Prevención, como un mecanismo eficaz de coordinación federal, y una robusta gobernanza multinivel que incorpore activamente a los gobiernos locales, la academia, el sector privado y la sociedad civil. Gracias a sistemas de información geoespacial integrados, la interoperabilidad de plataformas y el uso extendido de modelos de riesgo y herramientas tecnológicas, el país contará con atlas de riesgos actualizados que respalden la toma de decisiones basadas en evidencia científica. La planeación del desarrollo se sustentará en la comprensión del riesgo y en la reducción de vulnerabilidades estructurales y sociales, incluyendo estrategias de adaptación al cambio climático. Toda dependencia federal y la infraestructura considerada crítica contarán con planes de continuidad probados para 2030, los cuales contarán con funciones esenciales, líneas sucesorias y protocolos de recuperación de sistemas de información, asegurando que los servicios vitales se mantengan antes, durante y después de un desastre. Las comunidades serán agentes activos en la gestión del riesgo, con capacidades fortalecidas para su autogestión, resiliencia local y preparación ante emergencias. El trabajo comunitario se habrá institucionalizado como componente esencial de la política pública en materia de reducción del riesgo de desastres. Con una normativa coherente, planes sólidos y una vinculación efectiva entre los sectores público, privado y social, México puede transitar de la reacción a la prevención, asegurando que los desastres no reviertan los avances sociales ni comprometan la prosperidad futura. En este escenario, los impactos humanos, sociales y económicos derivados de los desastres se habrán reducido de forma significativa, y México será reconocido como un referente regional en prevención y gestión integral del riesgo, gracias a su compromiso con el cumplimiento del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la Agenda 2030 y los principios de una transición justa hacia un desarrollo seguro, inclusivo y sostenible. 6. Objetivos Los objetivos del PNPC 2026-2030 orientan la política pública hacia la reducción del riesgo de desastres mediante la prevención, la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales. Estos objetivos buscan consolidar el conocimiento del riesgo y la resiliencia comunitaria; garantizar el funcionamiento efectivo del SINAPROC para salvaguardar a la población; impulsar el fortalecimiento de los sistemas estatales de protección civil a través del desarrollo de capacidades técnicas, operativas y de coordinación, y asegurar el cumplimiento del marco normativo vigente, promoviendo la participación corresponsable de los sectores público, privado y social. Objetivos del Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030 1.- Fortalecer el conocimiento de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, a efecto de reducir el riesgo de desastres y promover comunidades resilientes. 2.- Garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, para salvaguardar a la población ante el impacto de un fenómeno perturbador, en coordinación con autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno. 3.- Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural. 4.- Promover el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión integral del riesgo de desastres y fortalecer la adopción de planes y programas de protección civil, con participación de los sectores público, privado y social. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 273 6.1 Relevancia del objetivo 1: Fortalecer el conocimiento de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, a efecto de reducir el riesgo de desastres y promover comunidades resilientes. México enfrenta una alta exposición a múltiples amenazas como sismos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, sequías y deslaves que, combinadas con factores estructurales como la urbanización acelerada, la desigualdad social, la pobreza multidimensional (29.6 % de la población nacional, INEGI, 2025)37 y la degradación ambiental, generan pérdidas humanas y económicas significativas. En 2024, los desastres ocasionaron 14,434 millones de pesos en daños y pérdidas (0.046 % del PIB) y 633 defunciones, concentradas principalmente en Guerrero, Veracruz y Nuevo León (CENAPRED, 2025).38 Esta realidad evidencia que los riesgos en México no son naturales, sino el resultado de procesos sociales, económicos y territoriales desiguales, lo que exige fortalecer el conocimiento aplicado para anticipar, prevenir y reducir los impactos. Fortalecer el conocimiento en gestión integral del riesgo de desastres implica transformar la información en acción pública, mediante la generación, sistematización y uso estratégico de datos científicos, técnicos y comunitarios para orientar la toma de decisiones, diseñar políticas preventivas y mejorar la comunicación del riesgo. Este conocimiento, cuando es accesible, articulado y útil, no elimina los riesgos, pero reduce la vulnerabilidad y fortalece las capacidades de anticipación, preparación y respuesta en todos los órdenes de gobierno y de la sociedad. Este objetivo contribuye directamente al modelo de desarrollo del Segundo Piso de la Transformación al situar la prevención como una política de bienestar y justicia social, coherente con la visión del PND 2025- 2030. En un país donde las brechas sociales y territoriales siguen determinando quiénes son más afectados por los desastres, fortalecer el conocimiento de la GIRD permite democratizar el acceso a la información, reducir desigualdades estructurales y proteger la vida y los medios de subsistencia, especialmente de mujeres, pueblos indígenas, población afrodescendiente, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, entre otros grupos vulnerables. Asimismo, el objetivo alinea al país con los compromisos internacionales establecidos en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que es el instrumento específico en la materia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, promoviendo la cultura de la prevención y la resiliencia comunitaria. 6.2 Relevancia del objetivo 2: Garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, para salvaguardar a la población ante el impacto de un fenómeno perturbador, en coordinación con autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno. Debido a la ubicación geográfica de nuestro país, México se encuentra expuesto a las amenazas que representan diversos fenómenos naturales y adicionalmente a los de origen antropogénicos, mismos que provocan enormes daños a la población, sus bienes y entorno, situación que ha puesto a prueba los mecanismos de preparación y respuesta del SINAPROC, evidenciando una deficiente coordinación entre sus integrantes. Los fenómenos perturbadores que han resultado más devastadores en nuestro país en los últimos años han sido aquellos de origen hidrometeorológico, provocando afectaciones severas en la infraestructura, como carreteras, puentes, redes eléctricas, sistemas de agua potable y alcantarillado, así como en viviendas. Estos daños no solo provocaron una crisis humanitaria inmediata, sino que también afectaron el turismo, la economía del país y el bienestar social, dejando un impacto prolongado en la calidad de vida de las y los habitantes. La SSPC, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, realiza acciones de coordinación con los tres órdenes de gobierno en territorio nacional en las emergencias que rebasan la capacidad de respuesta de las entidades federativas, con el objetivo de salvaguardar a la población, sus bienes y entorno. Así mismo, el objetivo contribuye al Segundo Piso de la Transformación al fortalecer la gobernanza y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la protección de la población ante fenómenos perturbadores. Su implementación consolida un Estado eficaz y humanista que prioriza la vida y el bienestar del pueblo, promueve la justicia social y la resiliencia comunitaria, impulsa un desarrollo sostenible y reafirma la presencia solidaria del Estado en todo el territorio nacional. Por lo antes expuesto, es necesario fortalecer las acciones de coordinación con los integrantes del SINAPROC, mediante herramientas que garanticen la preparación y el auxilio ante las amenazas que representan los fenómenos perturbadores a la población. 37 Pobreza Multidimensional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI). (2024). Cuadro 1 Indicadores de Pobreza https://inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados 38 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Prevención de Desastres. (CENAPRED). (2025). Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México: Resumen ejecutivo 2024, p. 6 y p. 8. https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/521-RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2024.PDF 274 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 6.3 Relevancia del objetivo 3: Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural. Ante la dependencia de las entidades federativas de los fondos federales para atender las etapas de prevención, emergencia, recuperación y reconstrucción, se vuelve crucial difundir y adoptar mejores prácticas que permitan mejorar la eficiencia en la gestión de estos recursos. Promover la constitución de fondos en las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres naturales es fundamental para la gobernanza del riesgo con enfoque de corresponsabilidad, ya que fortalece la capacidad financiera desde el ámbito local para una gestión sostenible y segura del desarrollo. Esta acción contribuye directamente al modelo del Segundo Piso de la Transformación planteado en el PND 2025-2030 al sentar las bases de una República más justa y segura; el acceso oportuno a estos recursos reduce las desigualdades regionales al blindar las finanzas del pueblo ante la adversidad, protegiendo la inversión social y la infraestructura productiva, y asegurando que la acción ante un desastre no deje a nadie atrás en las oportunidades de desarrollo y con ello mejorar la coordinación efectiva con estados y municipios. Además, el desconocimiento de los procedimientos, definidos en los lineamientos emitidos para solicitar un Acuerdo por el que se Establece una Situación de Emergencia o una Declaratoria de Desastre, así como de los lineamientos para acceder a fondos para prevenir desastres, genera que las entidades federativas no consigan sus objetivos de tener recursos de apoyo para atender temas preventivos, de recuperación, de emergencia o de reconstrucción. Esta situación evidencia la necesidad urgente de fortalecer las capacidades institucionales en los tres órdenes de gobierno, armonizar los marcos normativos, y promover una cultura de planeación preventiva con enfoque de gestión de riesgos. Con acciones coordinadas, con procesos claros, capacitación continua y mecanismos ágiles de financiamiento, será posible garantizar una respuesta eficaz, reducir vulnerabilidades y proteger a la población ante el impacto creciente de los fenómenos naturales, a través de la constitución de Fondos Estatales que operen con independencia a los recursos que la Federación pudiera facilitar para tal fin. Por otra parte, el INEGI realizó el Censo Nacional de Gobiernos Estatales a las 32 entidades federativas y se identificó que únicamente 7 entidades federativas39 cuentan con recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto en las finanzas estatales, lo anterior con fundamento en los artículos 9 y 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, todo lo anterior para el período del 1ro de enero a diciembre de 2024.40 En consecuencia, se vuelve relevante la promoción de la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural, como lo indica el artículo 19, fracción XII, de la LGPC, lo que ayudará a fortalecer la capacidad de resiliencia a nivel local, en beneficio de la población afectada. Para lograrlo, es necesario realizar acciones de capacitación, asesoría y elaborar materiales de apoyo para que los fondos promovidos incorporen acciones específicas que atiendan las necesidades de los grupos vulnerables de la población en las etapas de prevención y atención de emergencias y desastres. Asimismo, en la promoción de estos fondos se debe enfatizar el apoyo de los poderes ejecutivo y legislativo de las entidades federativas para su constitución, no obstante que puede existir concurrencia de los gobiernos municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, incluso de la iniciativa privada y sociedad civil. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Promover el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión integral del riesgo de desastres y fortalecer la adopción de planes y programas de protección civil, con participación de los sectores público, privado y social. México combina una alta exposición a amenazas naturales y antrópicas con marcos normativos dispares entre Federación, estados y municipios. Esta fragmentación significa que solo uno de cada cuatro ayuntamientos cuenta con un atlas local de riesgo vigente y reglas homogéneas para prevenir y atender desastres, lo que incrementa las pérdidas humanas y económicas cuando ocurre un evento extremo.  La articulación entre sectores público, privado y social es crucial para revertir esa brecha, demostrando que la colaboración contractual y voluntaria acelera la prevención y la reconstrucción, alinea incentivos financieros y amplía la cobertura de recursos. 39 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI). Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2025. Tabulados básicos. Protección Civil: Fondos y Seguros. Liga: https://www.inegi.org.mx/programas/cnge/2025/#tabulados 40 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI). Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2025. Tabulados básicos. Protección Civil: Fondos y Seguros. Liga: https://www.inegi.org.mx/programas/cnge/2025/#tabulados Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 275 Para que dicha vinculación funcione en la práctica, el país necesita armonizar los ordenamientos jurídicos y asegurar que cada plan y programa contenga cláusulas explícitas de continuidad de operaciones. La Guía de Planes de Continuidad recomienda definir funciones esenciales, líneas sucesorias y protocolos de recuperación de sistemas de información, aplicables tanto a dependencias públicas como a empresas estratégicas. Este enfoque coincide con el criterio internacional de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de los Estados Unidos de América (FEMA, por sus siglas en inglés), que concibe la continuidad como la capacidad de mantener servicios críticos antes, durante y después de una interrupción. La UNDRR ha subrayado que la continuidad gubernamental y la cadena productiva es un pilar del Marco de Sendai y de la seguridad nacional. Del 2019 al 2025 se han realizado 319 asesorías en materia de continuidad de operaciones, con la participación de 21,317 personas servidoras públicas, de las cuales el 70 % son hombres y el 30 % mujeres, responsables de funciones sustantivas dentro de sus instituciones.41 En el mismo periodo se han evaluado y actualizado más de 2,501 planes de continuidad, que garantizan el cumplimiento del marco normativo vigente y permiten que las dependencias mantengan operando los servicios públicos esenciales —como salud, educación, seguridad, energía y comunicaciones— durante emergencias o desastres. Estas acciones fortalecen la capacidad institucional del Estado para proteger a la población, reducen la interrupción de servicios críticos y benefician de manera prioritaria a las comunidades y grupos en situación de mayor vulnerabilidad, al asegurar la atención oportuna, equitativa y continua en momentos de crisis. La armonización del marco jurídico y la promoción de convenios marco con empresas y organizaciones sociales permitirán que los sistemas de alerta, los fondos contingentes y los programas de reconstrucción operen bajo procedimientos compatibles. Con ello, se acortan los tiempos de respuesta, se reduce la presión fiscal y se protegen el empleo y el patrimonio de las familias. Además, impulsa la innovación, infraestructura crítica y capacitación comunitaria, fortaleciendo la resiliencia territorial y la continuidad de las operaciones esenciales para el bienestar de todas y todos los mexicanos. 6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030 Para cada uno de los cuatro objetivos del PNPC 2026-2030, se establece la vinculación de éstos con los objetivos y estrategias del PND 2025-2030, tal y como se muestra en la siguiente tabla: Objetivos del Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 1. Fortalecer el conocimiento de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, a efecto de reducir el riesgo de desastres y promover comunidades resilientes. Objetivos 1.6, 1.7, 2.2 y 2.10 Estrategias 1.6.2 Estrategias 1.7.4, 1.7.6 y 1.7.8 Estrategias 2.2.3 Estrategias 2.10.3 2. Garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, para salvaguardar a la población ante el impacto de un fenómeno perturbador, en coordinación con autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno. Objetivos 1.5 y 1.6 Estrategias 1.5.6 Estrategias 1.6.2 y 1.6.6 3. Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural. Objetivos 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7 Estrategias 1.4.2 Estrategias 1.5.6 Estrategias 1.6.2 y 1.6.6 Estrategias 1.7.4, 1.7.6 y 1.7.8 4. Promover el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión integral del riesgo de desastres y fortalecer la adopción de planes y programas de protección civil, con participación de los sectores público, privado y social. Objetivos 1.5, 1.7 y 2.2 Estrategias 1.5.6 Estrategias 1.7.4, 1.7.6 y 1.7.8 Estrategias 2.2.3 41 CNPC, Dirección General de Vinculación, Innovación y Normativa en Protección Civil. (2025). Datos históricos sobre planes de continuidad de operaciones, 2019-2025. Elaboración propia. 276 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 7. Estrategias y líneas de acción Objetivo 1. Fortalecer el conocimiento de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, a efecto de reducir el riesgo de desastres y promover comunidades resilientes. Estrategia 1.1 Impulsar el conocimiento de los peligros, las vulnerabilidades y los riesgos de los desastres a través de la investigación técnico-científica y la innovación tecnológica. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.1 Realizar estudios, investigaciones, análisis, escenarios y mapas de peligros y riesgos que permitan prever, reducir y mitigar el riesgo de desastres asociados a los fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y antrópicos, considerados en la Ley General de Protección Civil (LGPC), que permitan prever, reducir y mitigar el riesgo de desastres. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) 1.1.2 Brindar asesoría técnica y científica a las instituciones integrantes del SINAPROC sobre el origen, comportamiento y consecuencias de los fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y antrópicos considerados en la LGPC, causantes de desastres. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) 1.1.3 Fortalecer y actualizar el ANR mediante la integración continua de datos e información geoespacial con enfoque multiamenaza a fin de que sea utilizado como herramienta de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la GIRD. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) 1.1.4 Brindar el acompañamiento para la generación o actualización de atlas de riesgos estatales, municipales y de Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, de acuerdo con lo establecido en las metodologías, para su integración al ANR. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) 1.1.5 Elaborar estudios sobre el impacto social y económico de los desastres con el fin de generar información que oriente la toma de decisiones para la GIRD. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) 1.1.6 Implementar diagnósticos de política pública con el fin de orientar la toma de decisiones de las autoridades correspondientes para el fortalecimiento de la GIRD en el SINAPROC. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) Estrategia 1.2 Integrar tecnologías emergentes y mejorar el acceso oportuno a sistemas de alerta temprana multiamenaza, a fin de fortalecer el Sistema Nacional de Alertas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.1 Dar seguimiento a la información de los sistemas de monitoreo y alerta que operan en el país, para poner a disposición del público en plataforma digital. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) 1.2.2 Impulsar el uso del protocolo de alerta común para difundir bajo una sola plataforma en el país, mediante la coordinación con las instituciones que realizan algún tipo de monitoreo o alertamiento. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) 1.2.3 Promover proyectos para el fortalecimiento y actualización de sistemas de monitoreo y alerta por fenómenos naturales. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) 1.2.4 Asesorar técnicamente al SINAPROC para fortalecer las capacidades locales en la implementación y mejora de sistemas de monitoreo y alerta. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 277 Estrategia 1.3 Profesionalizar al personal de protección civil de los tres órdenes de gobierno, con enfoque inclusivo, intercultural y con perspectiva de género, a efecto de robustecer las acciones preventivas frente a los desafíos actuales. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.1 Consolidar la profesionalización del personal de protección civil de los tres niveles de gobierno, así como las capacidades de los integrantes del SINAPROC, mediante la actualización y especialización de sus conocimientos en materia de la protección civil con un enfoque en la GIRD. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) 1.3.2 Impulsar la profesionalización del personal responsable en materia de protección civil y GIRD por medio de la acreditación y certificación en estándares de competencia. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) 1.3.3 Diseñar e impartir programas de profesionalización y capacitación a distancia para la formación del personal de las diferentes instituciones integrantes del SINAPROC. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) 1.3.4 Impulsar el funcionamiento estratégico de la Red Nacional de Escuelas e Instituciones para la Capacitación, Certificación y Profesionalización en Protección Civil y GIRD como un mecanismo de cooperación académica e institucional. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) Estrategia 1.4 Promover una cultura de prevención y reducción de riesgos, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad e inclusión, a fin de fortalecer una gestión del riesgo centrada en las personas, con la capacidad de anticipar, reducir y transformar las condiciones de vulnerabilidad. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.4.1 Fomentar en la sociedad una cultura de prevención de desastres a través de la difusión del conocimiento científico sobre fenómenos perturbadores, avances tecnológicos y medidas de preparación orientadas a la reducción de riesgos. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) 1.4.2 Desarrollar campañas de sensibilización enfocadas en la prevención de riesgos y la autoprotección, dirigidas especialmente a las poblaciones más expuestas y vulnerables frente a agentes perturbadores. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) 1.4.3. Fortalecer la Estrategia Nacional de Comunidades Resilientes mediante acciones de acompañamiento técnico, formación y apoyo en la aplicación y mejora de metodologías en la materia. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) Estrategia 1.5 Impulsar redes de colaboración e intercambio de experiencias y buenas prácticas en Gestión Integral del Riesgo de Desastres tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo el uso y difusión de información científica y tecnológica, y la articulación entre los distintos niveles de gobierno y sectores social, académico y privado. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.5.1 Fomentar la colaboración nacional e internacional en materia de GIRD, con los distintos organismos, foros, órdenes de gobierno, sector social, académico y privado para fortalecer el intercambio de experiencias y la sistematización de buenas prácticas que contribuyan a la implementación del PNPC 2026-2030. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) 278 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.5.2 Promover la participación de México en foros internacionales en materia de GIRD, con el propósito de fortalecer el liderazgo regional del país y consolidar al CENAPRED como un referente técnico en la generación, intercambio y aplicación de conocimiento para la reducción del riesgo de desastres. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) 1.5.3 Impulsar la participación de expertos en espacios internacionales orientados al intercambio de conocimientos y mejores prácticas en gestión del riesgo, propiciando la difusión y aprovechamiento de los resultados en beneficio de los integrantes del SINAPROC. SSPC (Centro Nacional de Prevención de Desastres) Objetivo 2. Garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, para salvaguardar a la población ante el impacto de un fenómeno perturbador, en coordinación con autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno. Estrategia 2.1 Fomentar en la Administración Pública Federal y autoridades estatales y municipales de protección civil, la elaboración de instrumentos de planeación y operación, así como mecanismos de coordinación que permitan prevenir y atender posibles impactos de los fenómenos perturbadores en la población. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.1 Promover entre las entidades federativas, dependencias e instituciones de la APF, la elaboración de mecanismos e instrumentos de coordinación técnico operativo, en el marco del SINAPROC. SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil), Administración Pública Federal, Autoridades de las Entidades Federativas* 2.1.2 Difundir alertamientos con recomendaciones de protección civil, dirigidos a las autoridades de protección civil y población susceptible de ser afectada por un fenómeno perturbador, a través del protocolo de alerta común. SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil), Administración Pública Federal, Autoridades de las Entidades Federativas* 2.1.3 Coordinar, con autoridades de los tres órdenes de gobierno, acciones de preparación y auxilio ante el impacto de un fenómeno perturbador desde un puesto de mando en sitio. SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil), Administración Pública Federal, Autoridades de las Entidades Federativas* Objetivo 3. Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural. Estrategia 3.1 Fortalecer la promoción de la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.1 Capacitar a las entidades federativas en materia de constitución de fondos estatales para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural. SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil) Autoridades de las Entidades Federativas* 3.1.2 Elaborar material para fomentar la constitución de fondos estatales para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural. SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil) 3.1.3 Dar seguimiento al instrumento financiero preventivo de gestión de riesgos federales en el país, en apego a la normatividad vigente. SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil) * La participación de las autoridades de las Entidades Federativas y Municipales, en el ámbito de su competencia en la ejecución de las líneas de acción donde se mencione, se llevará a cabo en los términos que se establezca en el convenio que al efecto se celebre, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 279 Objetivo 4. Promover el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión integral del riesgo de desastres y fortalecer la adopción de planes y programas de protección civil, con participación de los sectores público, privado y social. Estrategia 4.1 Fortalecer el conocimiento, armonización y cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión integral del riesgo de desastres con los sectores público, privado y social. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.1.1 Impulsar la incorporación de la GIRD en el marco normativo de los tres órdenes de gobierno, así como en los sectores social y privado, con enfoque de perspectiva de género y no discriminación. SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil) 4.1.2 Asesorar a los sectores privado y social sobre la importancia del marco normativo en materia de GIRD para fortalecer la resiliencia de la sociedad en caso de desastres. SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil) 4.1.3 Promover la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en materia de protección civil y GIRD. SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil) 4.1.4 Evaluar la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de protección civil y GIRD, para emitir recomendaciones de mejora. SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil) Estrategia 4.2 Formalizar instrumentos jurídicos de coordinación y concertación interinstitucional e intersectorial, a fin de incorporar buenas prácticas de inclusión y fortalecer la gestión integral del riesgo. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.2.1 Desarrollar acuerdos con representantes de los sectores privado y social con la finalidad de establecer alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la GIRD. SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil) 4.2.2 Realizar acciones de coordinación y colaboración con la APF, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, para promover la GIRD en el ámbito de su competencia. SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil) Administración Pública Federal Entidades Federativas* Estrategia 4.3 Impulsar y gestionar acciones en materia de continuidad de operaciones y manejo de incidentes en los tres órdenes de gobierno, con enfoque de derechos humanos, género, interculturalidad y no discriminación. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.3.1 Impulsar la elaboración de planes de continuidad de operaciones y manejo de incidentes, con la APF, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, enfocados a la prevención para la atención de emergencias o desastres. SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil) Administración Pública Federal Entidades Federativas* 4.3.2 Desarrollar herramientas que ayuden a establecer esquemas de colaboración con la APF, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, para el desarrollo de acciones enfocadas a la prevención de riesgos. SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil) Administración Pública Federal Entidades Federativas 4.3.3 Diseñar mecanismos de seguimiento en colaboración con la APF, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, que permitan identificar las estrategias de continuidad de operaciones ante una emergencia o desastre. SSPC (Coordinación Nacional de Protección Civil) Administración Pública Federal Entidades Federativas* 280 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 8. Indicadores y metas Objetivo 1. Fortalecer el conocimiento de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres a efecto de reducir el riesgo de desastres y promover comunidades resilientes. Indicador 1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de personas capacitadas en GIRD y Protección Civil a nivel federal respecto a la meta programada. Objetivo Fortalecer el conocimiento de la GIRD a efecto de reducir el riesgo de desastres y promover comunidades resilientes. Definición o descripción Indicador que cuantifica el número de participantes capacitados en relación con la meta anual establecida. Refleja la cobertura y eficacia de las estrategias de capacitación para reducir riesgos de desastres. Derecho asociado El derecho a la educación, protección a la salud de las personas y un medio ambiente sano, a la protección civil, a servicios públicos ininterrumpidos y a la seguridad pública. Nivel de desagregación Nacional. Periodicidad o frecuencia de medición Anual. Acumulado o periódico Acumulado. Disponibilidad de la información Los 10 primeros días después de cada ejercicio fiscal. Unidad de medida Porcentaje. Periodo de recolección de los datos Enero-Diciembre. Tendencia esperada Ascendente. Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Centro Nacional de Prevención de Desastres. Método de cálculo (Número de personas capacitadas en GIRD y PC en el año/ Total de personas programadas) *100 Observaciones El total de personas programadas equivale al valor de la meta programada para 2030 (17,000) APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de personas capacitadas en GIRD y PC en el año Valor variable 1 14,433 Fuente de información variable 1 bases de datos de la Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC) Nombre variable 2 Total de personas programadas Valor variable 2 17000 Fuente de información variable 2 bases de datos de la Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC) Sustitución en método de cálculo (14,433 / 17,000) * 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 87.1 % Considerando la naturaleza continua de la actividad, la línea base para 2025 se ajustó en alineación con la meta proyectada al 2030. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 100 % En el 2025 se alcanzó el 87.1 % de la meta comprometida de las 17,000 personas capacitadas para 2030. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 84.9 % 85.10 % 85.60 % 85.90 % 86.20 % 86.60 % 86.90 % 87.1 % METAS 2026 2027 2028 2029 2030 88.8 % 91.2 % 93.5 % 96.5 % 100 % Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 281 Objetivo 2. Garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, para salvaguardar a la población ante el impacto de un fenómeno perturbador, en coordinación con autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno. Indicador 2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de Misiones de Enlace y Coordinación desplegadas en territorio nacional. Objetivo Garantizar el funcionamiento del SINAPROC, para salvaguardar a la población ante el impacto de un fenómeno perturbador, en coordinación con autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno. Definición o descripción Este indicador mide el porcentaje de Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) para coordinar acciones de preparación y respuesta con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Derecho asociado Derecho a la vida, a la seguridad personal y a la protección de la salud. Nivel de desagregación Autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno. Periodicidad o frecuencia de medición Anual. Acumulado o periódico Acumulado. Disponibilidad de la información Los 10 primeros días después de cada ejercicio fiscal. Unidad de medida Porcentaje de Informes de Misiones Enlace y Coordinación. Periodo de recolección de los datos Anual. Tendencia esperada Ascendente. Unidad responsable de reportar el avance Coordinación Nacional de Protección Civil. Dirección General de Protección Civil. Método de cálculo (Número de emergencias atendidas/ Total de Misiones de Enlace y Coordinación) x 100 Observaciones El cumplimiento de este indicador puede variar debido a la presencia de fenómenos perturbadores en territorio nacional y, toda vez que son impredecibles, la meta programada puede variar. La meta se obtiene a través de un histórico de Misiones de Enlace y Coordinación desplegadas en territorio nacional. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de emergencias atendidas Valor variable 1 22 Fuente de información variable 1 Registros de la Dirección de Administración de Emergencias Nombre variable 2 Total de Misiones de Enlace y Coordinación Valor variable 2 132 Fuente de información variable 2 Registros de la Dirección de Administración de Emergencias Sustitución en método de cálculo (22/132) *100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 16.6 % La línea base fue determinada conforme al valor definitivo para el 2025. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 100 % Debido a que los fenómenos perturbadores son impredecibles, la meta de cumplimiento de Misiones de Enlace y Coordinación puede variar. Asimismo, la meta sexenal es correspondiente a 132 Misiones de Enlace y Coordinación. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0 0 0 16.8 % 49.4 % 75.2 % 100 % 16.6 % METAS 2026 2027 2028 2029 2030 33.3 % 49.2 % 66.6 % 83.3 % 100 % 282 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivo 3. Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural. Indicador 3.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de fondos estatales promovidos para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural en las entidades federativas. Objetivo Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural. Definición o descripción Mide el porcentaje de Fondos Estatales promovidos con relación a las 32 entidades federativas, tomando en consideración que no todos conocen que deben contar con un fondo propio para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural. Derecho asociado Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la alimentación nutritiva y derecho a la vivienda. Nivel de desagregación Entidades Federativas. Periodicidad o frecuencia de medición Anual. Acumulado o periódico Acumulado. Disponibilidad de la información Los 10 primeros días después de cada ejercicio fiscal. Unidad de medida Porcentaje de Fondos Estatales. Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre. Tendencia esperada Ascendente. Unidad responsable de reportar el avance Dirección General para la Gestión de Riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Método de cálculo (Número de fondos estatales promovidos para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural / Número total de entidades federativas del país) * 100 Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de fondos estatales promovidos para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural Valor variable 1 0 Fuente de información variable 1 Coordinación Nacional de Protección Civil. Dirección General para la Gestión de Riesgos Nombre variable 2 Número de entidades federativas en el país Valor variable 2 32 Fuente de información variable 2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Sustitución en método de cálculo (0/32) * 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 La línea base es cero, toda vez que la actividad es de nueva creación y por tal motivo no se dispone de datos históricos ni de un antecedente verificable sobre los fondos estatales promovidos con anterioridad. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 100 % SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ND ND ND ND ND ND ND NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 18.8 % 37.5 % 56.2 % 78.1 % 100 % Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 283 Objetivo 4. Promover el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión integral del riesgo de desastres y fortalecer la adopción de planes y programas de protección civil, con participación de los sectores público, privado y social. Indicador 4.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de Planes de Continuidad de Operaciones evaluados que cumplen con los requisitos del artículo 76, apartado A, fracción III, del Reglamento de la Ley General de Protección Civil. Objetivo Promover el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de gestión integral del riesgo de desastres y fortalecer la adopción de planes y programas de protección civil, con participación de los sectores público, privado y social. Definición o descripción Este indicador mide el porcentaje de Planes de Continuidad de Operaciones (PCO) evaluados que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 76, apartado A, fracción III, del Reglamento de la Ley General de Protección Civil. Derecho asociado El derecho a la protección civil, el derecho a servicios públicos ininterrumpidos y el derecho a la seguridad institucional. Nivel de desagregación Nacional. Periodicidad o frecuencia de medición Anual. Acumulado o periódico Acumulado. Disponibilidad de la información Los 10 primeros días después de cada ejercicio fiscal. Unidad de medida Porcentaje de Planes de Continuidad de Operaciones Evaluados. Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre. Tendencia esperada Ascendente. Unidad responsable de reportar el avance Coordinación Nacional de Protección Civil. Dirección General de Vinculación, Innovación y Normativa en Protección Civil. Método de cálculo Número de planes de continuidad de operaciones evaluados que cumplen con los requisitos / total de número de planes de continuidad de operaciones evaluados) * 100 Observaciones Este indicador refleja el compromiso del Estado mexicano por garantizar la continuidad de las funciones críticas del gobierno federal frente a emergencias, contribuyendo a una gobernanza resiliente y eficaz. Alineado con los principios del Marco de Sendai y la mejora de la gobernanza institucional. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de planes de continuidad de operaciones evaluados que cumplen con los requisitos Valor variable 1 142 Fuente de información variable 1 Registros administrativos de la CNPC y reportes de cumplimiento normativo Nombre variable 2 Total de Planes de Continuidad de Operaciones evaluados Valor variable 2 852 Fuente de información variable 2 Registros administrativos de la CNPC y reportes de cumplimiento normativo. Sustitución en método de cálculo 142/852*100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 16.6 % Corresponde al total de los 142 planes evaluados en 2025. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 100 % La meta 2030 consiste en incrementar a 852 el número de planes validados, con metas intermedias anuales. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ND 16.7 % 33.3 % 50 % 66.7 % 83.3 % 100 % 16.6 % METAS 2026 2027 2028 2029 2030 33.3 % 50 % 66.6 % 83.3 % 100 % 284 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa Para fines de este programa, se enlistan las dependencias y entidades de la APF que conforman al SINAPROC: Secretaría de Bienestar. Secretaría de Cultura. Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Secretaría de las Mujeres. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretaría de Salud. Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Secretaría de Economía. Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Secretaría de la Defensa Nacional. Secretaría de Gobernación. Secretaría de Marina. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Secretaría de Energía. Secretaría de Educación Pública. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Secretaría de Relaciones Exteriores. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Secretaría de Turismo. ____________________________ Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 285 PROGRAMA Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2026-2030. PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 2026-2030 1. Índice. Contenido 1. Índice. 2. Señalamiento del origen de los recursos del programa. 3. Siglas y acrónimos. 4. Fundamento normativo. 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo. 6. Objetivos. 6.1. Relevancia del objetivo 1: Disminuir las condiciones de abandono institucional y deterioro del espacio público que incrementan el riesgo de violencia y comisión de delitos en zonas prioritarias. 6.2. Relevancia del objetivo 2: Reducir la incidencia de factores de riesgo de violencia y situaciones de vulnerabilidad en comunidades con alta exposición a factores psicosociales y contextos de exclusión. 6.3. Relevancia del objetivo 3: Fortalecer la coordinación y canalización interinstitucional para atender necesidades sociales que incrementan riesgos de violencia en personas y comunidades en situación de vulnerabilidad. 6.4. Relevancia del objetivo 4: Revertir la desarticulación social y la baja participación ciudadana en personas y comunidades afectadas por la violencia o en situación de reinserción social, en territorios prioritarios. 6.5. Vinculación de los objetivos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2026-2030. 7. Estrategias y líneas de acción. 8. Indicadores y metas. 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el programa. 2. Señalamiento del origen de los recursos del programa. La totalidad de las acciones que se consideran en el programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo. 3. Siglas y acrónimos. ATDT: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. BIENESTAR: Secretaría de Bienestar. CECOSAMA: Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones. CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. CIJ: Centros de Integración Juvenil CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAPO: Consejo Nacional de Población. CONASAMA: Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CULTURA: Secretaría de Cultura 286 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 DEFENSA: Secretaría de la Defensa Nacional ENSP 2024-2030: Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030. ENSU: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud IMSS Bienestar: Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. LP: Ley de Planeación. NNA: Niñas, niños y adolescentes. PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. PNPSVD 2026-2030 o Programa: Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2026-2030. SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEP: Secretaría de Educación Pública SALUD: Secretaría de Salud SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia SNSP: Servicio Nacional de Salud Pública SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. SPV: Subsecretaría de Prevención de las Violencias. TURISMO: Secretaría de Turismo TRABAJO: Secretaría de Trabajo y Previsión Social 4. Fundamento normativo. El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD 2026-2030) se expide con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, en el que los programas de la Administración Pública Federal deberán sujetarse obligatoriamente al Plan Nacional de Desarrollo (PND 2025-2030). De conformidad con el artículo 1o. de la CPEUM, que prohíbe toda forma de discriminación, y el artículo 2o., que reconoce que la Nación tiene una composición pluricultural, el presente programa incorpora transversalmente la perspectiva de derechos humanos, la interculturalidad, y la igualdad sustantiva de género, en apego también a la normatividad programática y presupuestaria vigente. Asimismo, se reconoce que el Estado mexicano ha contraído compromisos internacionales que inciden directamente en el enfoque del presente programa, tales como: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el ámbito legal, el programa se sustenta en los artículos 2o., 9o., 12, 16 fracciones IV y VIII, 26 y 29 de la Ley de Planeación (LP), que disponen la obligación de diseñar programas bajo criterios de congruencia con el PND 2025-2030, inclusión de enfoques de perspectiva de género y perspectiva intercultural, y alineación a las prioridades nacionales en materia de bienestar, paz y desarrollo sostenible. En este sentido, el artículo 9o. de la LP señala que las dependencias deben planear y conducir sus actividades bajo dichos enfoques, a fin de cumplir la obligación del Estado de garantizar un desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 287 En congruencia con ello, el programa tiene su fundamento sustantivo en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, particularmente en sus artículos 2 y 3 que definen la prevención social de la violencia y la delincuencia como un conjunto de políticas, programas y acciones orientadas a reducir los factores de riesgo que favorecen la violencia y la delincuencia, así como a combatir sus causas estructurales y contextuales. Esta ley establece principios rectores como el respeto irrestricto a los derechos humanos, la integralidad, intersectorialidad y transversalidad, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad y la transparencia y rendición de cuentas. Por su parte, el artículo 30 Bis, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la atribución de dirigir la política de prevención social de las violencias y ejecutar, en el marco de sus atribuciones, las políticas, programas y acciones. De forma específica, el PNPSVD 2026-2030 se elabora como un instrumento especial derivado del Anexo I del PND 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2025, donde se establece expresamente su desarrollo como parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Finalmente, se establece que la SSPC es la dependencia responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del presente programa, en el marco de sus atribuciones conferidas por la legislación vigente y en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática. 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo. 5.1 Panorama general del problema público. La seguridad pública es una responsabilidad esencial del Estado mexicano y un componente fundamental para garantizar el bienestar y el ejercicio de los derechos de la población. De acuerdo con el PND 2025-2030 y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 (ENSP 2024-2030) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2025, en las últimas décadas, el país ha enfrentado una creciente complejidad en las expresiones de violencia,1 las cuales ya no pueden abordarse únicamente desde una perspectiva punitiva. Si bien, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia es indispensable, por sí solo no basta para revertir las condiciones estructurales que originan la violencia, la delincuencia y la fragmentación social. El PND 2025-2030 identifica esta problemática y plantea una estrategia de seguridad basada en dos pilares complementarios: por un lado, el fortalecimiento institucional en seguridad y justicia, y por otro, la transformación de las condiciones sociales que propician el delito. En este marco, la ENSP 2024-2030 establece como una de sus prioridades el Eje 1: Atención a las Causas, enfocado en intervenir estructuralmente en los factores que alimentan la violencia y generar condiciones sostenibles de paz. Como parte de este eje, se crea la Subsecretaría de Prevención de las Violencias, instancia encargada de coordinar la implementación del PNPSVD. El PNPSVD 2026-2030 forma parte de la política pública nacional en materia de prevención y actúa como un instrumento operativo para desplegar intervenciones integrales en los territorios más afectados. Su enfoque es territorial, interinstitucional y centrado en derechos humanos, con especial atención a las comunidades que enfrentan altos niveles de incidencia delictiva, exclusión, marginación y conflictividad social. México enfrenta diversos factores que agravan las violencias cotidianas en el ámbito local. Entre ellos destacan el deterioro del espacio público y el abandono institucional, que generan entornos propicios para la comisión de delitos, debilitan la presencia del Estado y favorecen el control social ejercido por grupos delictivos. Las zonas más afectadas suelen caracterizarse por altos niveles de criminalidad, condiciones estructurales de vulnerabilidad y limitada capacidad de respuesta institucional. En estos espacios, el aislamiento, el miedo y la desconfianza hacia las autoridades tienden a profundizarse, erosionando el tejido comunitario. 1 Para los efectos del presente programa se define a la violencia como el uso deliberado del poder o de la fuerza física, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta definición incluye las diversas manifestaciones de la violencia como la de género, la juvenil, la delictiva, la institucional y la social, entre otras. World Health Organization (WHO). (2002). World report on violence and health: Summary. https://www.who.int/publications/i/item/9241545615 288 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Por otra parte, muchas expresiones de violencia no son visibles ni denunciadas. En múltiples comunidades, la exclusión social, los factores psicosociales y la baja disponibilidad de canales efectivos de atención institucional dificultan la identificación temprana de situaciones críticas. Esto afecta especialmente a grupos históricamente discriminados, como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad o en situación de adicciones, quienes viven en contextos de riesgo constante sin una respuesta preventiva ni articulada. A ello se suma la persistencia de brechas de desigualdad que limitan el acceso a derechos fundamentales en amplios sectores de la población, sobre todo en zonas rurales, indígenas y urbanas marginadas. La carencia de servicios básicos como salud, educación, empleo digno, cultura o justicia agrava la exclusión social y alimenta ciclos de violencia, desesperanza y falta de perspectivas de futuro, en particular para las juventudes. En contextos marcados por la violencia, la impunidad y la ruptura del tejido social, la participación ciudadana se encuentra debilitada y los mecanismos de organización comunitaria son escasos o ineficaces. Esto obstaculiza la generación de soluciones colectivas, así como la construcción de entornos seguros y corresponsables. Las personas en procesos de reinserción social y las comunidades más afectadas enfrentan estigmatización, aislamiento y abandono institucional, lo que limita su integración y refuerza la exclusión. El PNPSVD 2026-2030 parte del reconocimiento de que la violencia es un fenómeno complejo y multifactorial, estrechamente vinculado a procesos de exclusión, fragmentación social y debilidad institucional. A partir de este diagnóstico, el programa identifica cuatro grandes problemáticas que requieren atención prioritaria: En primer lugar, las personas que habitan en zonas con alta incidencia delictiva enfrentan entornos urbanos deteriorados y con escasa presencia institucional, lo que incrementa su exposición a situaciones de violencia e inseguridad. Derivado de esta problemática, el programa establece el Objetivo 1: Disminuir las condiciones de abandono institucional y deterioro del espacio público que incrementan el riesgo de violencia y comisión de delitos en zonas prioritarias, con el fin de intervenir de manera focalizada en los territorios donde la ausencia del Estado, el deterioro urbano y el control social ejercido por grupos delictivos generan mayores riesgos para la población. En segundo término, las comunidades con altos niveles de exclusión conviven con factores de riesgo psicosocial y formas de violencia que permanecen invisibles o sin denuncia, dificultando la intervención oportuna de las instituciones. A partir de esta problemática, se define el Objetivo 2: Reducir la incidencia de factores de riesgo de violencia y situaciones de vulnerabilidad en comunidades con alta exposición a factores psicosociales y contextos de exclusión, orientado a fortalecer los mecanismos de identificación temprana, atención oportuna y articulación institucional para intervenir en violencias que permanecen invisibles o sin respuesta adecuada. En tercer lugar, las personas que viven en condiciones de pobreza, marginación o rezago educativo enfrentan barreras para acceder a servicios, programas y oportunidades de desarrollo, perpetuando entornos que favorecen la reproducción del ciclo de la violencia. Como respuesta a esta problemática estructural, se plantea el Objetivo 3: Fortalecer la coordinación y canalización interinstitucional para atender necesidades sociales que incrementan riesgos de violencia en personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, mediante acciones que garanticen el acceso progresivo a derechos sociales, oportunidades de desarrollo y servicios básicos que permitan disminuir los factores que alimentan los ciclos de violencia. Finalmente, las personas y comunidades afectadas por la violencia o en procesos de reinserción social viven en contextos de desarticulación, baja participación ciudadana y fragmentación comunitaria, lo cual limita su integración y debilita la permanencia de las intervenciones públicas. Derivado de este contexto, se establece el Objetivo 4: Revertir la desarticulación social y la baja participación ciudadana en personas y comunidades afectadas por la violencia o en situación de reinserción social, en territorios prioritarios, con la finalidad de fortalecer el tejido comunitario, promover la corresponsabilidad social y facilitar procesos de integración que consoliden entornos más seguros y cohesionados. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 289 Estas problemáticas configuran un entorno adverso para el ejercicio de los derechos fundamentales y para la construcción de paz. El diseño del PNPSVD 2026-2030 parte del reconocimiento de que no es posible avanzar en un modelo de seguridad sin justicia social. El enfoque de prevención social de la violencia, enmarcado en el Humanismo Mexicano y en los principios del Segundo Piso de la Transformación, busca transitar de políticas reactivo punitivas hacia estrategias comunitarias, sostenibles y basadas en derechos. 5.2. Causas estructurales y contextuales de las violencias y la delincuencia. La violencia en México presenta una multicausalidad asociada con factores estructurales, comunitarios e individuales que, de acuerdo con diversos diagnósticos institucionales, interactúan generando condiciones que favorecen su reproducción. Estas causas, acumuladas y persistentes, han moldeado territorios marcados por la exclusión, la desigualdad, el abandono institucional y la impunidad, impactando de manera desproporcionada a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Desde una perspectiva estructural, la pobreza multidimensional constituye un factor asociado a la exposición de distintitas formas de violencias. Aunque en los últimos años se han registrado reducciones en sus niveles, los desafíos persisten, especialmente en los sectores históricamente marginados. De acuerdo con la medición oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024, 38.5 millones de personas se encontraban en situación de pobreza multidimensional, mientras que 7.0 millones enfrentaban pobreza extrema. Esto representa una disminución de 8.3 millones de personas en pobreza general y de 2.1 millones en pobreza extrema respecto a 2022.2 Gráfica 1. Población en situación de pobreza extrema por entidad federativa, 2024 (miles de personas) Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Medición multidimensional de la pobreza 2024. https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/ No obstante, estos avances no han modificado de manera sustantiva las brechas estructurales existentes. Las condiciones de rezago son más acentuadas en comunidades indígenas y rurales, donde las carencias en salud, educación, servicios básicos y seguridad social son más pronunciadas. Las niñas, niños, adolescentes (NNA), personas con discapacidad y mujeres en situación de jefatura de hogar presentan niveles elevados de privación multidimensional, conforme a los indicadores sociales que muestran la continuidad de desigualdades que inciden en el ejercicio efectivo de diversos derechos.3 2 INEGI. (2025). Medición de la pobreza multidimensional en México, 2025. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pm/pm2025_08.pdf 3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2025). Estudio sobre el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/Documents/Informes/Estudio_derechos_NNA.pdf 290 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 La desigualdad educativa constituye otro componente estructural relevante. De acuerdo con cifras del INEGI, el promedio de escolaridad nacional es de 9.7 años, equivalente a secundaria completa.4 En contextos de alta marginación, este promedio es considerablemente menor, lo que se asocia a mayor dificultad para acceder a empleos formales, incremento en la precarización laboral y restricción en el ejercicio pleno de derechos. Estas condiciones estructurales se relacionan con fenómenos psicosociales que afectan principalmente a adolescentes y jóvenes. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) 2023, el consumo de sustancias psicoactivas en México muestra una alta concentración en la población joven, particularmente en el uso de estimulantes como el cristal, cuya presencia ha incrementado en los últimos años tanto como droga de inicio como de impacto. Asimismo, la demanda de tratamiento por consumo de sustancias se concentra en este grupo poblacional, lo que refleja la persistencia de factores de riesgo asociados al uso problemático de drogas.5 La disponibilidad limitada de servicios de salud mental accesibles y culturalmente adecuados, contribuye a que una parte de esta población permanezca sin atención institucional. El entorno comunitario constituye otro factor estructural de relevancia. La disponibilidad limitada de espacios de convivencia seguros, el desuso del espacio público, la precariedad en los servicios urbanos y la escasa presencia institucional han configurado territorios donde la violencia se normaliza, se invisibiliza o encuentra condiciones propicias para su reproducción. Esta situación se refleja en los niveles de percepción ciudadana. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, el 75.6 % de la población de 18 años y más considera que vivir en su entidad federativa es inseguro; el 64.7 % se siente insegura en su municipio o demarcación territorial, y el 40.5 % en su colonia o localidad.6 Gráfica 2. Porcentaje de población de 18 años y más que considera inseguro vivir en su entidad federativa, 2012-2025 Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf 4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s.f.). Escolaridad. Cuéntame de México. https://cuentame.inegi.org.mx/explora/poblacion/escolaridad/ 5 Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología. (2024). Informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) 2023. Gobierno de México. https://epidemiologia.salud.gob.mx/gobmx/salud/documentos/info_sisvea/informes_sisvea_2023.pdf 6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2025 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 291 En términos generales, las mujeres reportan una percepción de inseguridad significativamente mayor que los hombres, tanto en espacios públicos como privados. Esto refleja no solo una mayor exposición a determinadas violencias, sino también profundas desigualdades en el acceso a condiciones mínimas de seguridad, movilidad y bienestar. De acuerdo con la evidencia disponible, los elevados niveles de percepción de inseguridad pueden incidir en el uso del espacio público y en la participación comunitaria, particularmente en contextos urbanos con mayor incidencia delictiva. Gráfica 3. Porcentaje de población de 18 años y más que manifiesta sentirse insegura en espacios públicos y privados, por sexo, 2025 Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2025/#tabulados A nivel comunitario, diversos diagnósticos identifican que la participación ciudadana, la cohesión social y la confianza institucional pueden incidir en la construcción de soluciones colectivas.7 Las políticas públicas, en muchos casos, han privilegiado respuestas reactivas y centralizadas,8 sin incorporar las voces ni el conocimiento territorial de las comunidades. La ausencia del Estado en zonas de alto riesgo no solo implica falta de servicios, sino también debilidad institucional y pérdida de legitimidad, lo que favorece la expansión de redes informales de control y violencia. La seguridad es reconocida en diversos enfoques de derechos humanos como un derecho habilitador que contribuye al ejercicio de otros derechos fundamentales. En contextos donde se registran altos niveles de violencia o percepción de inseguridad, las personas pueden enfrentar obstáculos para acceder plenamente a la educación, la salud, una vida libre de violencias y un desarrollo integral. En este sentido, la prevención social de las violencias con enfoque territorial, psicosocial e interinstitucional, constituye un componente relevante para promover condiciones de paz, justicia e igualdad. 7 Díaz Aldret, A. (2017). Participación ciudadana en la gestión y en las políticas públicas. Gestión y Política Pública, 26(2), 341-379. https://www.scielo.org.mx/pdf/gpp/v26n2/1405-1079-gpp-26-02-00341.pdf 8 Gómez Díaz de León, C. (2024). Políticas públicas de seguridad pública: Entre la prevención y la reacción. Estudios de la Seguridad Ciudadana, 10(7), 1-21. https://revista.ucs.edu.mx/wp-content/uploads/2024/12/1-Politicas-publicas-de-seguridad-publica.pdf 292 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Este programa, desde su diseño, reconoce que atender las causas estructurales de la violencia no es una opción, sino una necesidad para construir un país más justo, solidario y seguro. Parte del reconocimiento de que los factores que propician la violencia son multidimensionales, intergeneracionales y acumulativos, y requieren respuestas integrales que coloquen a las personas, comunidades y territorios en el centro de la política pública. 5.3. Análisis de datos: magnitud, distribución y tendencias de la violencia. Durante los últimos quince años, México ha experimentado una evolución compleja en sus indicadores de incidencia delictiva. Aunque algunos delitos han comenzado a estabilizarse o incluso muestran tendencias a la baja en años recientes, la incidencia delictiva sigue siendo alta y diversa. Gráfica 4. Tendencia de la incidencia delictiva de delitos seleccionados del fuero común en México, 2015-2024 Fuente: Nota. Elaboración propia con datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2025). Tabuladores de incidencia delictiva del fuero común. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y- programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva Entre los delitos con mayor prevalencia, destacan el fraude, con una tasa de 7,574 casos por cada 100 mil habitantes; el robo o asalto en calle o transporte público, con 6,003; y la extorsión, con 5,971. Estos tres delitos concentraron el 21.7 %, 17.2 % y 17.1 % del total de casos, respectivamente, lo que evidencia su impacto generalizado en la población.9 9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 293 Gráfica 5. Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes y distribución porcentual de los delitos, según tipo, México, 2023-2024 Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf En el caso del homicidio doloso, uno de los delitos más graves y visibilizados, se observa una alta concentración territorial:  De septiembre de 2024 a diciembre de 2025, el promedio diario de homicidio doloso pasó de un promedio diario de 86.9 a 52.4 víctimas, equivalente a 34 homicidios menos al día, con una reducción del 40 por ciento en los homicidios dolosos a nivel nacional.10  Para 2025, ocho entidades federativas concentraban el 54% de los casos registrados a nivel nacional. Estas entidades son: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Michoacán, Guerrero y Sonora. Esta distribución territorial no es aleatoria: responde a factores estructurales, presencia de economías ilegales, conflictos intergrupales y debilidad institucional en ciertas zonas.11 10 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2025). Base de datos de incidencia delictiva del fuero común 2025. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1008570/CNSP-Delitos-2025_feb26.pdf 11 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2025). Base de datos de incidencia delictiva del fuero común 2025. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1008570/CNSP-Delitos-2025_feb26.pdf 294 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Gráfica 6. Víctimas de homicidio doloso por entidad federativa en México, 2025 Fuente: Elaboración propia con datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2025). Datos abiertos de incidencia delictiva. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de- incidencia-delictiva La violencia feminicida continúa siendo una de las expresiones más extremas de la violencia de género en México. De acuerdo con datos del SESNSP, de enero a diciembre de 2025 se registraron 696 feminicidios a nivel nacional. Esta cifra da cuenta de la persistencia de un fenómeno estructural que afecta de manera desproporcionada a las mujeres en distintos contextos del país. El Estado de Sinaloa concentró el 10 % del total de víctimas, posicionándose como la entidad con mayor número de casos durante este periodo. Esta situación refleja la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y justicia con perspectiva de género en los territorios más afectados.12 Gráfica 7. Número de víctimas de feminicidio por entidad federativa en México, 2025 Fuente: Elaboración propia con datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2025). Datos abiertos de incidencia delictiva. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de- incidencia-delictiva 12 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2025). Base de datos de incidencia delictiva del fuero común 2025. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1008570/CNSP-Delitos-2025_feb26.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 295 Entre los distintos tipos de violencia que afectan a la población, la violencia familiar continúa siendo uno de los fenómenos más reportados y de mayor impacto en la vida cotidiana, especialmente para mujeres, niñas, niños y personas en situación de dependencia. De enero a marzo de 2025, se registraron 129,394 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia familiar en todo el país. Este fenómeno presenta una clara concentración territorial: cinco entidades federativas concentran el 42.2 % del total de estos casos. La Ciudad de México encabeza la lista con 11.6 %, seguida por Guanajuato (10.9 %), Sonora (7.3 %), Jalisco (6.3 %) y Coahuila (6.1 %).13 Estos datos reflejan no solo la prevalencia de la violencia en el ámbito doméstico, sino también los retos persistentes en materia de prevención, atención y protección institucional para las víctimas. Gráfica 8. Número de llamadas de emergencia al 9-1-1 relacionadas con violencia familiar por entidad federativa en México, 2025 Fuente: Elaboración propia con datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2025). Estadística Nacional del Número de Atención de Llamadas de Emergencia 911. https://www.gob.mx/911/documentos/estadistica-nacional-del-numero-de-atencion-de-llamadas-de-emergencia-9-1-1- 111029?idiom=es También es relevante el fenómeno de la cifra oculta. En 2024, de los 33.5 millones de delitos estimados, sólo el 9.6 % fue denunciado, una proporción incluso menor a la reportada en 2023 (10.4 %). De estas denuncias, sólo en el 70.5 % de los casos el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación. Esto implica que el 93.2 % de los delitos no fue investigado, lo que refleja un grave problema de acceso a la justicia y confianza institucional. Las principales razones para no denunciar fueron la pérdida de tiempo (34.6 %) y la desconfianza en la autoridad (14.0 %).14 13 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2025). Base de datos de incidencia delictiva del fuero común 2025. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1008570/CNSP-Delitos-2025_feb26.pdf 14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf 296 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Gráfica 9. Porcentaje de delitos denunciados ante el Ministerio Público con y sin apertura de carpeta de investigación en México, 2012-2024 Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2025). Reporte de resultados Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf De acuerdo con la ENVIPE 2025, a nivel nacional el 64.2 % de las personas de 18 años y más considera la inseguridad como su principal preocupación, esta cifra se ubica muy por encima de otros temas como la salud (34.5 %), el aumento de precios (31.9 %) y la escasez de agua (29.8 %), lo que evidencia la centralidad del tema en la vida cotidiana de la ciudadanía.15 Gráfica 10. Principales problemas que generan preocupación en la población de 18 años y más en México, 2025 (porcentaje) Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf 15 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 297 Esta percepción no solo se manifiesta en la opinión pública, sino que tiene efectos concretos en las rutinas y libertades personales. Según la misma encuesta, en 2024 una proporción significativa de la población dejó de realizar ciertas actividades por temor a ser víctima de un delito: 62.6 % evitó permitir que sus hijos menores salieran, 46.4 % dejó de salir de noche, 44.9 % evitó usar joyas, 44.7 % dejó de llevar dinero en efectivo, 33.0 % dejó de tomar taxi, 32.0 % evitó salir a caminar, 30.5 % redujo visitas a familiares o amistades, y 27.1 % evitó portar tarjetas bancarias.16 Gráfica 11. Porcentaje de población de 18 años y más que dejó de realizar actividades cotidianas por temor a ser víctima de delito en México, 2025 Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf Estas decisiones, motivadas por el miedo, muestran cómo la inseguridad limita el uso del espacio público y el ejercicio pleno de derechos cotidianos como la movilidad, la recreación o la convivencia social. Respecto a los espacios donde la población adulta manifestó sentirse más insegura, destacan aquellos asociados con la vida urbana cotidiana. Los cajeros automáticos en la vía pública fueron señalados por el 73.5 % de la población como espacios de alto riesgo, seguidos por el transporte público (65.1 %), las carreteras (62.9 %), la calle (62.0 %), los bancos (60.7 %) y los mercados (50.3 %). Estos datos no sólo ilustran los niveles de inseguridad percibida, sino también los espacios donde las personas restringen su presencia o modifican su comportamiento por temor.17 16 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2025 17 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf 298 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Gráfica 12. Porcentaje de población de 18 años y más que se siente insegura en distintos espacios públicos o privados en México, 2025 Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf Las violencias también se expresan en el entorno más cercano de las personas. Según la ENVIPE 2025, una parte importante de la población identifica conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda: el 63.8 % observa consumo de alcohol en la calle, el 52.1 % consumo de drogas, el 43.0 % robos o asaltos frecuentes, y el 37.0 % venta de droga. También se registran disparos frecuentes (34 %), pandillerismo (26.5 %), homicidios (23.7 %) y venta ilegal de alcohol (21.1 %). Gráfica 13. Porcentaje de población de 18 años y más que identifica conductas delictivas o antisociales en espacios públicos en México, 2025 Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/tabulados/VIII_informacion_areas_urbanas_de_interes _2025_est.xlsx Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 299 A pesar de la gravedad de este panorama, los datos revelan que las violencias no afectan a todas las personas por igual. Diversos grupos poblacionales enfrentan niveles diferenciados de riesgo y victimización,18 especialmente las mujeres quienes enfrentan mayores niveles de violencia a lo largo de su vida,19 personas indígenas y con discapacidad. Estas condiciones de vulnerabilidad se agravan cuando dichos grupos se encuentran en contextos con altos niveles de marginación y limitada presencia institucional, lo que restringe su acceso a servicios de seguridad, justicia y atención social, incrementando su exposición a la violencia y reduciendo su capacidad de respuesta. 5.4. Un nuevo enfoque preventivo para la paz con justicia social. La política de prevención social de la violencia y la delincuencia del Gobierno de México, parte de un cambio de paradigma: asume que la seguridad no puede reducirse al control del delito, sino que debe garantizarse mediante el respeto a los derechos humanos, la reducción de desigualdades y la reconstrucción del tejido social. Por ello, el PNPSVD 2026-2030 tiene como objetivo generar entornos más seguros, incluyentes y justos, a través de acciones que atienden las causas estructurales de la violencia, fortalecen la participación ciudadana y promueven la cultura de paz. Para materializar sus objetivos, este programa incorpora siete enfoques transversales que orientan la intervención institucional:  Atención a las causas estructurales: Se reconoce que la seguridad no puede abordarse desde la reacción, sino mediante la transformación de las condiciones que originan la violencia: desigualdad, exclusión, impunidad y falta de oportunidades.  Participación ciudadana: Se impulsa la participación de comunidades y actores sociales mediante espacios de diálogo, formación y colaboración, reconociendo su papel clave en la prevención.  Reducción de la vulnerabilidad: Se focaliza en territorios con altos niveles de exclusión e incidencia delictiva, donde los factores de riesgo afectan de forma desproporcionada a niñas, niños, adolescentes y mujeres.  Cultura de paz: Se promueve la convivencia pacífica mediante actividades culturales, deportivas y comunitarias que fortalezcan el sentido de pertenencia y la cohesión social.  Enfoque integral: Se articulan esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y sociedad civil para garantizar respuestas interinstitucionales coordinadas.  Acciones multisectoriales: Se vinculan las estrategias de prevención con políticas de bienestar, salud, educación, empleo y acceso a servicios básicos.  Evaluación y seguimiento: El programa establece mecanismos permanentes para monitorear los avances, evaluar la efectividad de las intervenciones y rendir cuentas. Además, el PNPSVD 2026-2030 incorpora un enfoque de derechos humanos, con el objetivo de garantizar condiciones para el ejercicio efectivo de derechos como la educación, la salud, el trabajo y la vivienda. Promueve la organización comunitaria para la solución pacífica de conflictos, y busca restablecer la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. 5.5. Cuatro ámbitos de intervención. El PNPSVD 2026-2030 se articula en torno a cuatro ámbitos de prevención, de acuerdo con la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia: 1. Prevención social: Dirigida a personas y grupos en situación de riesgo, mediante programas que fomenten el desarrollo personal y comunitario, y promuevan entornos libres de violencia. 2. Prevención comunitaria: Enfocada en la reconstrucción del tejido social, a través de la participación vecinal, la recuperación del espacio público y la colaboración con autoridades locales. 3. Prevención situacional: Busca reducir las oportunidades para la comisión de delitos mediante el mejoramiento del entorno urbano y social. 4. Prevención psicosocial: Orientada a mitigar el impacto de contextos adversos (como violencia intrafamiliar o de género), mediante el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, redes de apoyo y servicios psicosociales. 18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf 19 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021: Principales resultados. INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463907190.pdf 300 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 5.6. Un modelo preventivo con visión de Estado. El diseño del programa toma en cuenta estándares internacionales en materia de seguridad humana y seguridad ciudadana, superando visiones reactivas y punitivas. Avanza hacia un modelo preventivo centrado en el bienestar integral, la equidad y la participación social. En este sentido, se articula con programas prioritarios como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Sembrando Vida”, “Jóvenes Escribiendo el Futuro” y “Becas para el Bienestar”, entre otros. Este enfoque parte del reconocimiento de factores de riesgo y de protección que inciden en la generación o prevención de violencias. A través del siguiente esquema, se identifican las condiciones que deben transformarse para construir entornos seguros, equitativos y resilientes: Tabla 1. Síntesis de causas, factores de riesgo y factores de protección asociados a la violencia Causas de la violencia Objetivos 1. Pobreza. 1. Ingresos estables. 2. Desigualdad. 2. Oportunidades justas. 3. Falta de acceso a oportunidades de desarrollo o servicios básicos. 3. Oportunidades de desarrollo y acceso a servicios básicos. 4. Impunidad. 4. Justicia. 5. Corrupción. 5. Legalidad. 6. Falta de acceso a la justicia. 6. Estado de derecho. 7. Violencia Intrafamiliar. 7. Armonía familiar. 8. Abuso de sustancias. 8. Consumo controlado de sustancias o abstinencia. 9. Normalización de la violencia. 9. Sin violencia. Factores de riesgo Factores de protección 1. Marginación y exclusión social. 1. Igualdad de oportunidades. 2. Escasas oportunidades laborales, informalidad y desocupación. 2. Tasas bajas de desempleo y desocupación. 3. Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados. 3. Espacios públicos suficientes y en condiciones óptimas. 4. Relaciones familiares deterioradas. 4. Ambiente familiar armónico. 5. Capital social debilitado y participación ciudadana incipiente. 5. Capital social fuerte. 6. Violencia que genera el narcomenudeo 6. Convivencia armónica. 7. Consumo y abuso de drogas legales e ilegales. 7. Atención a usuarios de drogas desde una perspectiva de salud pública. 8. Reproducción de roles y estereotipos que fomentan la violencia de género. 8. Normas sociales que promuevan la equidad de género. 9. Embarazo temprano. 9. Educación sexual oportuna y garantía del derecho a la salud sexual y reproductiva. 10. Debilidad institucional para atender a víctimas de violencia de género. 10. Instituciones suficientes y adecuadas para la atención de la violencia de género. 11. Abandono escolar. 11. Eficiencia terminal en escuelas. 12. Inteligencia emocional debilitada. 12. Promoción y fortalecimiento de habilidades psicosociales. 13. Uso de tecnología y redes sociales por NNA sin supervisión de personas adultas. 13. Promoción de la ciberseguridad y el control parental en la tecnología. 14. Marco jurídico insuficiente para prevenir y sancionar los crímenes de odio con motivo de orientación sexual o identidad de género. 14. Marco jurídico suficiente para prevenir y sancionar los crímenes de odio. 15. Entornos de ilegalidad. 15. Cultura de la legalidad. 16. Discriminación estructural. 16. Cumplimiento del marco legal y sanción de actos de discriminación. Fuente: Elaboración propia con base en literatura sobre factores de riesgo y protección asociados a la violencia (World Health Organization [WHO], 2010; United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2015). Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 301 5.7. Contribución al Segundo Piso de la Cuarta Transformación. El PNPSVD 2026-2030 se encuentra alineado con el PND 2025-2030 y el Programa Sectorial de la SSPC, al contribuir con:  La reversión del deterioro de la seguridad pública en regiones prioritarias;  La prevención de violencias estructurales y específicas (como la feminicida o las violencias que afectan a las juventudes);  El fortalecimiento de políticas preventivas con participación ciudadana y articulación intergubernamental, y  La promoción de una cultura de paz basada en el respeto a los derechos humanos. En consonancia con los principios del Humanismo Mexicano, el programa parte de que el desarrollo no puede medirse solo en términos económicos, sino a través del bienestar de las personas, la dignidad del trabajo, la equidad de género, la protección de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, y el acceso efectivo a derechos fundamentales. 5.8. Visión a largo plazo: Hacia un México en paz, justo y resiliente. México atraviesa una coyuntura histórica para transformar de fondo su enfoque de seguridad pública. El reto es claro: superar un modelo reactivo, fragmentado y centrado en la contención, para dar paso a un paradigma integral, preventivo y con justicia social como horizonte. La paz duradera no puede imponerse; se construye desde abajo, desde las comunidades, con participación, equidad y derechos garantizados. El PNPSVD 2026-2030 parte de la convicción de que la auténtica seguridad se logra cuando las personas tienen acceso efectivo a oportunidades de vida digna: educación, empleo, salud mental, cultura, vivienda y un entorno seguro. Esto requiere políticas públicas estructurales, sostenidas y con enfoque territorial. Las nuevas estrategias de prevención representan un giro de fondo se pasa de confrontar solamente los efectos a atender las causas profundas que la originan: desigualdad, exclusión, impunidad, abandono institucional. A través de esta visión, se busca facilitar el acceso a servicios, programas y derechos de manera eficiente, articulada y con pertinencia cultural. Si esta línea de acción se mantiene y se consolida, para 2030 se habrán ampliado significativamente las intervenciones en municipios con mayores niveles de violencia, llevando desarrollo social donde antes hubo omisión, y reduciendo las condiciones que facilitan la violencia y el delito. El impacto será visible en la vida cotidiana de las personas. Mejorar el entorno, ofrecer oportunidades y reconstruir vínculos comunitarios, permitirá revertir los ciclos de violencia que hoy marcan a millones. La estrategia tiene un enfoque particular en las juventudes, especialmente aquellas que han crecido expuestas o inmersas en contextos violentos. A través de becas educativas, programas de capacitación y vinculación laboral, se construye un futuro con sentido, pertenencia y dignidad. Estas acciones también impulsan la participación ciudadana desde lo local, fomentan el liderazgo juvenil y fortalecen el diálogo entre actores sociales. En 2030, se espera que la calidad de vida de las comunidades mejore visiblemente, gracias al desarrollo personal y colectivo, la formación de habilidades y el acceso real a alternativas de vida alejadas de las violencias. La mirada a 2040 proyecta un país donde la paz se construye desde la raíz, con comunidades resilientes, sistemas educativos que promuevan la cultura de paz, políticas públicas con enfoque de derechos humanos y una justicia restaurativa, empática y cercana a las personas. La violencia estructural y social se habrá reducido sustancialmente, gracias a la inversión sostenida en desarrollo, salud mental, equidad y fortalecimiento del tejido social. Programas como “Sí al Desarme, Sí a la Paz” o “Reconecta con la Paz” ayudarán a resolver conflictos sin violencia y permitirán que personas jóvenes en conflicto con la ley se reincorporen como agentes de transformación comunitaria. Porque la violencia no es espontánea: surge de condiciones estructurales como la desigualdad, la exclusión y la fragmentación social. Atender sus causas no es solo una estrategia, es un compromiso de Estado con el futuro de México. Prevenir es reconstruir y reconstruir es dignificar la vida en cada rincón del país. 302 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 6. Objetivos. Para alcanzar su propósito general, el PNPSVD 2026-2030 establece cuatro objetivos que orientan sus estrategias, líneas de acción e intervenciones territoriales. Estos objetivos responden a los principales desafíos identificados en el diagnóstico y articulan acciones interinstitucionales enfocadas en la transformación de entornos, el fortalecimiento comunitario y la atención integral a las causas estructurales de la violencia. A continuación, se presentan los objetivos estratégicos del programa: Objetivos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2026-2030 1. Disminuir las condiciones de abandono institucional y deterioro del espacio público que incrementan el riesgo de violencia y comisión de delitos en zonas prioritarias. 2. Reducir la incidencia de factores de riesgo de violencia y situaciones de vulnerabilidad en comunidades con alta exposición a factores psicosociales y contextos de exclusión. 3. Fortalecer la coordinación y canalización interinstitucional para atender necesidades sociales que incrementan riesgos de violencia en personas y comunidades en situación de vulnerabilidad. 4. Revertir la desarticulación social y la baja participación ciudadana en personas y comunidades afectadas por la violencia o en situación de reinserción social, en territorios prioritarios. 6.1. Relevancia del objetivo 1: Disminuir las condiciones de abandono institucional y deterioro del espacio público que incrementan el riesgo de violencia y comisión de delitos en zonas prioritarias. En la última década, México ha logrado un desarrollo sostenido en diversos ámbitos económicos, políticos y sociales; sin embargo, dicho avance ha sido desigual. No todas las zonas del país han alcanzado las condiciones mínimas para el desarrollo integral de sus comunidades. Más allá de lo económico, estas carencias incluyen factores sociales y territoriales que complejizan el panorama, especialmente en regiones con altos niveles de violencia y criminalidad. Un factor determinante es el abandono institucional, entendido como la desatención y falta de inversión efectiva por parte de los tres niveles de gobierno, a pesar de que muchos programas sociales están diseñados para atender a las personas en zonas de marginación y rezago.20 Este abandono se refleja en la ausencia de servicios básicos, infraestructura deficiente y una limitada presencia institucional sostenida. Como manifestación visible, el deterioro del espacio público se convierte en constante: espacios degradados, sin mantenimiento ni apropiación comunitaria, que contrastan con aquellos donde el espacio público funciona como motor de desarrollo. A esto se suman causas estructurales como la falta de coordinación entre dependencias, la discontinuidad por ciclos políticos, la escasa planeación y la ejecución ineficiente de recursos. Estas condiciones agravan procesos sociales como la marginación, la pobreza, la fragmentación del tejido social y la percepción de inseguridad que inhibe el uso comunitario del espacio público, limita el desarrollo local y debilita la cohesión social.21 En este contexto, el PND 2025-2030 establece que la construcción de la paz debe alcanzarse mediante una estrategia integral de seguridad pública, centrada en la prevención, la inteligencia y la coordinación interinstitucional. Subraya que no basta con perseguir el delito: es necesario transformar las condiciones estructurales que lo generan. En línea con esta visión, el Objetivo 1 del PNPSVD 2026-2030 se articula directamente con el Eje 1 Atención a las Causas de la ENSP 2024-2030. Prioriza tres líneas de acción: la recuperación del espacio público, la intervención en zonas urbanas deterioradas y la reconstrucción de entornos comunitarios marcados por el abandono institucional. Este eje reconoce que intervenir el entorno físico y social mediante mejoramiento urbano, planeación participativa y dignificación de espacios colectivos es esencial para reconstruir el tejido social y restablecer la presencia del Estado en los territorios. Así, el PNPSVD 2026-2030 propone estrategias concretas para identificar, intervenir y activar espacios públicos en zonas prioritarias como parte de una política integral de construcción de paz y justicia social desde lo local. 20 Labbé Céspedes, G., & Ruiz-Tagle, J. (2017). Abandono institucional en los márgenes de Santiago de Chile: El caso de la población Santo Tomás, La Pintana. En XII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. https://cdsa.aacademica.org/000-022/432.pdf 21 Carmona Ramírez, K. (2015). Espacio público como elemento generador de inclusión y cohesión social en la ciudad contemporánea latinoamericana. SIIU: Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo. https://revistes.upc.edu/index.php/SIIU/article/view/6148 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 303 La evidencia cuantitativa confirma la urgencia de intervenir en el entorno urbano como parte de una estrategia de prevención social de las violencias. En el segundo trimestre de 2025, el 63.2 % de la población de 18 años y más en 91 zonas urbanas del país consideró inseguro vivir en su ciudad, cifra que representa un aumento frente al año anterior.22 Esta percepción fue significativamente mayor en el ámbito estatal (75.6 %) que a nivel de colonia (40.5 %) y mostró un claro sesgo de género: el 68.5 % de las mujeres se sintieron inseguras, frente al 56.7 % de los hombres. Además, algunos territorios registran niveles críticos de percepción de inseguridad, como Culiacán Rosales, Ecatepec, Uruapan, Tapachula y Ciudad Obregón, donde más del 88 % de la población considera inseguro su entorno.23 Aunque el promedio diario de homicidios dolosos muestra una reducción entre septiembre de 2024 y junio de 2025, estos indicadores no reflejan la complejidad del fenómeno. La persistencia de entornos deteriorados, sin servicios adecuados ni presencia institucional, alimenta esta percepción, limita el uso colectivo del espacio público y socava la cohesión social, perpetuando el círculo de exclusión y violencia. Por ello, el Objetivo 1 del PNPSVD 2026-2030 plantea una intervención territorial focalizada, diagnósticos participativos, acciones de mejoramiento urbano, rehabilitación física de espacios, activación comunitaria y mecanismos de participación como el tequio (Martínez Luna, 2013).24 Asimismo, contempla la inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad como actores clave en estos procesos. Estas acciones no solo dignifican el entorno, sino que fortalecen la apropiación social, previenen dinámicas violentas y construyen condiciones sostenibles de paz desde el territorio. 6.2. Relevancia del objetivo 2: Reducir la incidencia de factores de riesgo de violencia y situaciones de vulnerabilidad en comunidades con alta exposición a factores psicosociales y contextos de exclusión. La relevancia del Objetivo 2 del PNPSVD 2026-2030 radica en el reconocimiento de que la violencia no surge de manera aislada ni espontánea, sino como resultado de una red compleja de condiciones estructurales, individuales y comunitarias que aumentan la probabilidad de que una persona sea víctima o perpetradora. Los factores de riesgo vinculados a la violencia operan a múltiples niveles: individual, familiar, comunitario y social. En el plano individual, influyen antecedentes de agresión a temprana edad, dificultades en el control de impulsos, escasa capacidad para la resolución pacífica de conflictos y el uso problemático de sustancias psicoactivas. De acuerdo con el informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias en México (2024), el 38 % de las juventudes en situación de exclusión presenta indicios de consumo problemático de sustancias, mientras que el 26% ha experimentado ansiedad o depresión de forma recurrente sin haber recibido atención profesional, lo que evidencia la necesidad de servicios de salud mental accesibles y culturalmente adecuados para mitigar riesgos tempranos. Además, la presencia de trastornos neuropsiquiátricos no atendidos, como impulsividad severa, trastornos de conducta o déficit de atención, puede limitar el juicio y aumentar la probabilidad de involucrarse en situaciones de violencia.25 El entorno familiar constituye otro eje fundamental para la reproducción de factores de riesgo. La exposición constante a violencia doméstica, en cualquiera de sus formas, junto con la carencia de límites, la negligencia o dinámicas familiares inestables, genera condiciones que normalizan la violencia desde edades tempranas.26 Estos aprendizajes suelen trasladarse a los espacios comunitarios, especialmente en contextos donde se perpetúan estereotipos de género y prácticas discriminatorias, y donde la ausencia de mecanismos efectivos de contención social favorece la reproducción de la agresión. En estas condiciones, las NNA se encuentran particularmente expuestos a consecuencias físicas y emocionales, deterioro cognitivo, dificultades socioemocionales y mayor probabilidad de abandono escolar o de reproducir patrones violentos en la adolescencia y la vida adulta.27 A su vez, la violencia deja huellas en el territorio: deteriora servicios, inhibe el desarrollo económico, limita la convivencia comunitaria y reduce el acceso efectivo a derechos básicos como salud y educación. Por tanto, atender estos factores es clave para romper el ciclo de reproducción de la violencia y generar condiciones duraderas de paz. 22 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025b). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2025, primer trimestre. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2025_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf 23 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025b). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2025, primer trimestre. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2025_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf 24 Martínez Luna, J. (2013). Eso que llaman comunalidad. Secretaría de Cultura / CONACULTA. 25 Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMI). (2024). Informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias en México 2024. Gobierno de México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/923815/INFORME_PAxS_2024.pdf 26 Klevens, J., Ports, K. A., & Mercy, J. A. (2024). Global prevalence of childhood exposure to physical and/or emotional domestic violence. Journal of Family Violence. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10913340/ 27 McNeal, B. A., & Villareal, S. E. (2024). Childhood exposure to family violence, residential instability, and delinquency. Journal of Research in Crime and Delinquency. https://doi.org/10.1177/00224278241280903 304 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 La evidencia cuantitativa refuerza esta urgencia. Si bien en 2025 se ha reportado una ligera disminución en los homicidios promedio diarios, persisten tasas críticas en entidades como Colima, Guanajuato, Morelos, Baja California y Quintana Roo. Además, los delitos cometidos contra NNA aumentaron 4.8 % entre enero y marzo de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, con un total de 9,529 incidentes registrados.28 Estos datos reflejan no solo la continuidad de los riesgos, sino también los rezagos acumulados en la prevención. En los territorios más afectados, las personas enfrentan niveles elevados de violencia cotidiana que no siempre son visibles o denunciados. La violencia intrafamiliar, sexual, comunitaria y las afectaciones psicosociales suelen permanecer ocultas debido a barreras como la desconfianza institucional, la naturalización de la violencia o la ausencia de mecanismos de identificación temprana. La ENVIPE 2025 estimó que en 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos, pero solo 9.6 % se denunció, una proporción incluso menor que en 2023 (10.4 %). De ese 9.6 %, únicamente 70.5 % derivó en carpeta de investigación. En términos reales, esto significa que el 93.2 % de los delitos no fue investigado y que, dentro de las carpetas que sí se abrieron, el 79.9 % no obtuvo ninguna conclusión. Las principales razones para no denunciar; como la percepción de que es una pérdida de tiempo (34.6 %), la desconfianza en la autoridad (14 %) o el miedo a la persona agresora (6.1 %), confirman la magnitud del reto para lograr que la violencia no visible entre en el radar institucional.29 Las diferencias por sexo también revelan asimetrías estructurales: los hombres aluden con mayor frecuencia a la pérdida de tiempo, mientras que las mujeres señalan motivos relacionados con desconfianza, temor o revictimización, lo que evidencia la necesidad de un enfoque diferenciado.30 Gráfica 14. Tendencia del porcentaje de delitos denunciados en México, 2018-2024 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2025 En muchos territorios con alta marginación y exclusión, la violencia se acompaña de la precarización de servicios públicos, la degradación de la infraestructura escolar y sanitaria y un retraimiento institucional que profundiza la desigualdad. Esto genera una doble exclusión territorial, marcada por servicios insuficientes y falta de espacios públicos seguros; e institucional, caracterizada por una débil capacidad de respuesta, escasez de servicios especializados y ausencia de mecanismos preventivos que actúen antes de que los riesgos se traduzcan en daños irreversibles. En estos espacios, las mujeres y las niñas enfrentan riesgos particularmente elevados de violencia sexual, violencia feminicida y trata con fines de explotación. Asimismo, la combinación de estrés psicosocial, consumo problemático de sustancias, ansiedad, depresión y falta de redes de apoyo incrementa la probabilidad de involucrarse en dinámicas violentas. Estos factores también se asocian con embarazos adolescentes, abandono escolar y reclutamiento por grupos delictivos. Estas condiciones subrayan la pertinencia del objetivo 2, cuyo propósito es intervenir de manera directa y temprana en los factores psicosociales, familiares y comunitarios que mantienen ocultas o normalizadas muchas formas de violencia. La evidencia demuestra que actuar sobre estos factores, antes de que escalen a daños mayores, es indispensable para identificar violencias no denunciadas, fortalecer mecanismos comunitarios de protección y evitar su reproducción intergeneracional. Este objetivo se alinea con el Segundo Piso de la Transformación y el PND 2025-2030 al priorizar la atención a personas en situación de vulnerabilidad y la reconstrucción de entornos protectores. Busca no sólo responder a la violencia, sino transformar las condiciones que la generan mediante estrategias territoriales y de cercanía comunitaria. 28 Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). (2025). Delitos contra niñas, niños y adolescentes en México (a marzo de 2025). https://blog.derechosinfancia.org.mx/2025/04/22/delitos-contra-ninas-ninos-y-adolescentes-en-mexico-a-marzo-de-2025/ 29 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2025 30 Ídem Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 305 6.3. Relevancia del objetivo 3: Fortalecer la coordinación y canalización interinstitucional para atender necesidades sociales que incrementan riesgos de violencia en personas y comunidades en situación de vulnerabilidad. La relevancia del tercer objetivo del PNPSVD 2026-2030 reside en la necesidad de transformar un modelo histórico de desigualdad que ha marginado a amplios sectores de la población, generando territorios donde la carencia de derechos y servicios básicos se traduce en entornos propensos a la violencia, la descomposición social y la desconfianza institucional. Las grandes brechas de desigualdad que persisten en México han impactado profundamente la vida cotidiana de millones de personas. Esta exclusión se manifiesta en la falta de oportunidades laborales, educativas y culturales, en la precariedad de los servicios públicos, y en el debilitamiento de los lazos comunitarios. Factores como la violencia familiar, los conflictos comunitarios, la marginación, la discriminación, el consumo de sustancias en personas jóvenes, la violencia de género o contra NNA, y la ruptura de la cohesión social configuran escenarios de alta vulnerabilidad que aumentan el riesgo de que estas comunidades se conviertan en entornos donde la violencia se normaliza. El abordaje de este fenómeno exige un cambio de paradigma pasar de una visión reactiva y focalizada a una estrategia integral que promueva la inclusión social como condición indispensable para la seguridad y la paz. Esto implica reconocer la corresponsabilidad entre instituciones y ciudadanía en la reconstrucción del tejido social y en la construcción de entornos seguros, justos y con acceso equitativo a derechos y servicios. En términos cuantitativos, los datos muestran una realidad compleja. Si bien el 29.6 % de la población vive en pobreza multidimensional —el nivel más bajo históricamente registrado según INEGI—, persisten 38.5 millones de personas en esta situación. La pobreza extrema afecta a 7 millones. En el segundo trimestre de 2025, el 35.1 % de la población tenía ingresos laborales insuficientes para adquirir la canasta alimentaria, lo que evidencia la fragilidad del acceso a condiciones básicas de bienestar.31 La exclusión social también se refleja en otras dimensiones: 48.2 % de la población carece de seguridad social, 44.5 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud, y más de 24 millones presentan rezago educativo. A ello se suma una limitada movilidad social: 73 de cada 100 personas nacidas en hogares pobres permanecen en esa condición a lo largo de su vida.32 Las brechas regionales agudizan estas desigualdades, siendo los estados del sur, como Chiapas y Guerrero, los más afectados por la pobreza y la exclusión estructural. Este modelo de desarrollo desigual tiene raíces históricas. Desde mediados del siglo XX, el Estado priorizó el crecimiento económico en determinadas zonas del país, dejando a muchas otras regiones fuera del acceso a empleo, servicios y bienestar. La falta de acceso a derechos como salud, vivienda, educación, empleo digno o cultura; ha provocado que, en muchas comunidades, la violencia se perciba como parte inevitable de la vida cotidiana para algunas juventudes, representando la única forma de pertenencia o supervivencia ante un entorno de carencias, particularmente entre adolescentes y jóvenes. En este marco, el objetivo 3 contribuye directamente a la consolidación del segundo piso de la transformación, al articularse con los principios del PND 2025-2030. Este documento establece que el Estado tiene la obligación de promover el bienestar a partir del respeto y garantía de derechos, de manera universal y progresiva. Para ello, plantea ampliar la red de protección social, fortalecer el sistema educativo y garantizar el acceso a servicios básicos sin intermediarios. También reconoce la importancia del deporte, la cultura, la salud y la educación como pilares del desarrollo integral, especialmente para NNA. El modelo de bienestar con enfoque humanista implica eliminar barreras estructurales que perpetúan la pobreza y crear condiciones para que todas las personas, sin importar su origen o condición, puedan desarrollarse plenamente. 31 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Comunicado de prensa 118/25 sobre la medición de la pobreza multidimensional en México, 2024. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pm/pm2025_08.pdf 32 Monroy-Gómez-Franco, L. Á., & Vélez Grajales, R. (2025). Informe de movilidad social en México 2025: la persistencia de la desigualdad de oportunidades. Centro de Estudios Espinosa Iglesias. https://ceey.org.mx/informe-de-movilidad-social-en-mexico-2025/ 306 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 De acuerdo con las atribuciones de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias, referidas en el artículo 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fracciones I, III y X que a la letra dicen: I. Proponer políticas, programas y estrategias integrales que atiendan las causas estructurales y sociales de la violencia para su prevención; III. Coordinar la elaboración de las políticas, programas, estrategias y acciones en materia de prevención de las violencias, para su aplicación en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de Ciudad de México, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública; X. Establecer mecanismos de coordinación con instituciones y autoridades de los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de Ciudad de México, para la implementación de los programas, estrategias y acciones de prevención de las violencias. Las estrategias vinculadas a este objetivo apuntan a generar cambios estructurales que rompan con el círculo de exclusión y violencia. Esto requiere un enfoque multisectorial que involucre a distintas instituciones, niveles de gobierno y actores comunitarios. Las acciones deben partir del territorio y diseñarse con perspectiva social, reconociendo que el delito tiene múltiples causas que deben ser enfrentadas con múltiples soluciones. Atender las condiciones estructurales de exclusión es una apuesta no solo por la justicia social, sino también por la seguridad pública. En este sentido, el Objetivo 3 representa un eje esencial del modelo preventivo: transformar las condiciones que generan violencia desde sus raíces, con estrategias que promuevan el desarrollo, la participación, la cohesión social y el ejercicio pleno de los derechos humanos. 6.4. Relevancia del objetivo 4: Revertir la desarticulación social y la baja participación ciudadana en personas y comunidades afectadas por la violencia o en situación de reinserción social, en territorios prioritarios. Este objetivo responde a uno de los desafíos más profundos del país: la ruptura del tejido social, es decir, la pérdida de vínculos, normas y valores que sostienen la convivencia pacífica y la solidaridad entre personas, familias y comunidades. Este deterioro no solo se traduce en pobreza material, sino también en carencias afectivas, educativas, de salud, de seguridad, de participación y de sentido de pertenencia. Las causas que lo originan son múltiples y complejas: desigualdad estructural, exclusión social, consumo excesivo de bienes materiales como forma de validación, discriminación, violencia generalizada y falta de confianza en las instituciones. En contextos de alta violencia, esta fractura comunitaria se agudiza. La desconfianza, el miedo y la impunidad desalientan la organización vecinal, debilitan la participación social y fomentan la indiferencia. La discriminación (por razón de género, etnia, orientación sexual u origen) agrava la fragmentación social. Por su parte, la desconfianza hacia las instituciones de seguridad y justicia contribuye a la impunidad y al abandono institucional, erosionando aún más la cohesión comunitaria. Este entorno tiene un efecto especialmente devastador para las juventudes. Muchas personas jóvenes, sin acceso a oportunidades, educación o acompañamiento, se enfrentan a contextos de exclusión que pueden derivar en conductas delictivas. A lo largo de 2023, los casos de adolescentes en conflicto con la ley aumentaron más de 40 % en dos años. La mayoría (77.5 %) son hombres.33 Aunque el sistema de justicia para adolescentes tiene como fin la reinserción social, las medidas privativas de libertad siguen siendo frecuentes. La reinserción, por tanto, es un desafío urgente que debe abordarse con enfoque restaurativo, priorizando la salud mental, el acompañamiento comunitario, la inclusión productiva y la eliminación del estigma. Las personas jóvenes que egresan del sistema de justicia requieren apoyo integral para reconstruir sus proyectos de vida, recuperar su lugar en la comunidad y acceder a una segunda oportunidad. Desde el modelo de desarrollo planteado en el segundo piso de la transformación, revertir el deterioro social es una condición indispensable para consolidar una sociedad justa, cohesionada y en paz. El PND 2025-2030 reconoce que la prevención es tan importante como la sanción, y que la seguridad auténtica se construye desde la comunidad, fortaleciendo la confianza, la organización y el sentido de pertenencia. 33 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Estadísticas sobre personas adolescentes en conflicto con la ley (EPACOL) 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/especiales/EPACOL_RR.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 307 El fortalecimiento de instituciones de seguridad con enfoque de derechos humanos, la reconstrucción del tejido social, la promoción de liderazgos comunitarios y la participación ciudadana activa son pilares de esta estrategia. Las acciones impulsadas por los tres niveles de gobierno deben priorizar lo local, fomentando redes vecinales, actividades comunitarias, espacios públicos seguros y procesos de reconciliación social. De manera particular, las políticas deben enfocarse en los territorios más afectados, donde el deterioro es evidente y donde aún existe potencial para transformar el entorno. Promover la justicia restaurativa, brindar opciones a las juventudes, reconocer el daño y reparar el tejido roto son pasos indispensables para construir comunidades más fuertes, resilientes y comprometidas con la paz. Revertir el deterioro social no es solo una meta programática: es un mandato ético y político. Es recuperar la posibilidad de vivir sin miedo, de confiar en las instituciones, de convivir en entornos seguros, y de pertenecer a una comunidad que cuida, acompaña y protege a todas las personas, especialmente a quienes más lo necesitan. 6.5. Vinculación de los objetivos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2026-2030. Los objetivos del PNPSVD 2026-2030 se encuentran plenamente alineados con los ejes, principios y prioridades del PND 2025-2030, en particular con el modelo de bienestar y justicia social que sustenta el Segundo Piso de la Transformación. Cada objetivo responde a problemáticas estructurales identificadas en el diagnóstico nacional, y contribuye a cerrar brechas de desigualdad, fortalecer el tejido social y garantizar el ejercicio efectivo de derechos en los territorios más afectados por la violencia. Esta vinculación asegura la coherencia programática del Programa y orienta su implementación conforme al sistema nacional de planeación democrática. Objetivos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 1. Disminuir las condiciones de abandono institucional y deterioro del espacio público que incrementan el riesgo de violencia y comisión de delitos en zonas prioritarias. 1.1 y 1.5 1.1.1, 1.1.2, 1.5.4 y 1.1.7 2. Reducir la incidencia de factores de riesgo de violencia y situaciones de vulnerabilidad en comunidades con alta exposición a factores psicosociales y contextos de exclusión. 1.2, 1.5 y T1.4 1.2.1, 1.5.4, T1.4.1 y T1.4.2 3. Fortalecer la coordinación y canalización interinstitucional para atender necesidades sociales que incrementan riesgos de violencia en personas y comunidades en situación de vulnerabilidad. 1.2, 1.5, 2.1 y T1.4 1.2.1, 1.5.4, 2.1.3, T1.4.1 y T1.4.2 4. Revertir la desarticulación social y la baja participación ciudadana en personas y comunidades afectadas por la violencia o en situación de reinserción social, en territorios prioritarios. 1.1, 1.2, 1.5 y T1.4 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.5.4 y T1.4.1 7. Estrategias y líneas de acción. Las estrategias y líneas de acción del PNPSVD 2026-2030 constituyen los medios a través de los cuales se alcanzarán los objetivos del presente instrumento. Su diseño parte de un enfoque territorial, interinstitucional y participativo, orientado a atender las causas estructurales y contextuales de la violencia desde una perspectiva de derechos humanos, igualdad sustantiva, interculturalidad y construcción de paz. Cada estrategia plantea un conjunto de intervenciones integrales y articuladas que se despliegan en los territorios identificados como prioritarios, mientras que las líneas de acción detallan las actividades específicas que permitirán su implementación efectiva, con criterios de pertinencia, coherencia y sostenibilidad. 308 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivo 1. Disminuir las condiciones de abandono institucional y deterioro del espacio público que incrementan el riesgo de violencia y comisión de delitos en zonas prioritarias. Estrategia 1.1. Implementar procesos de identificación y análisis territorial participativo en zonas prioritarias para articular intervenciones interinstitucionales que respondan al deterioro del espacio público y abandono institucional. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.1 Identificar los territorios prioritarios de intervención con base en niveles de incidencia delictiva, condiciones de deterioro urbano y presencia de factores estructurales de vulnerabilidad social. SSPC ATDT 1.1.2 Establecer convenios de coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno para la planeación conjunta de intervenciones en las zonas identificadas como prioritarias. SSPC 1.1.3 Elaborar diagnósticos participativos de espacios públicos deteriorados en zonas prioritarias a partir de información generada por fuentes locales, cédulas de casa por casa y registros comunitarios. SSPC 1.1.4 Desarrollar un sistema institucional de georreferenciación para gestionar la información territorial obtenida mediante cédulas diagnósticas en zonas prioritarias. SSPC Estrategia 1.2. Desarrollar intervenciones integrales de recuperación y activación del espacio público en zonas prioritarias para revertir condiciones de riesgo, abandono y exclusión que facilitan la violencia y el delito. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.1 Diseñar planes de intervención básicos para espacios públicos deteriorados en zonas prioritarias a partir de recorridos técnicos, registro de condiciones físicas, identificación de necesidades y diálogo comunitario. SSPC 1.2.2 Fomentar esquemas de participación social basados en prácticas comunitarias como el tequio para la recuperación, limpieza y mantenimiento de espacios públicos en zonas prioritarias, en coordinación con autoridades locales. SSPC 1.2.3 Ejecutar acciones de rehabilitación física y mejoramiento urbano en espacios públicos con infraestructura dañada, en coordinación con autoridades locales y participación comunitaria. SSPC 1.2.4 Promover actividades educativas, culturales y deportivas de forma periódica en espacios recuperados para fomentar su uso comunitario mediante jornadas territoriales. SSPC CONADE CULTURA CONAFE INDEPORTE34 IMJUVE SNDIF SEP 1.2.5 Integrar a jóvenes en situación de vulnerabilidad como apoyo operativo en acciones institucionales de rehabilitación y activación de espacios públicos en zonas prioritarias. SSPC 34 Participación en el ámbito de su competencia en la ejecución de las líneas de acción donde se mencione, en los términos que se establezca en el convenio que al efecto se celebre, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 309 Objetivo 2. Reducir la incidencia de factores de riesgo de violencia y situaciones de vulnerabilidad en comunidades con alta exposición a factores psicosociales y contextos de exclusión. Estrategia 2.1. Desarrollar acciones de orientación, sensibilización y canalización dirigidas a personas y grupos en contextos de exclusión social para contribuir a la detección oportuna de riesgos psicosociales y violencias no denunciadas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.1 Realizar tamizajes comunitarios para identificar factores de riesgo psicosocial y violencias no denunciadas mediante visitas domiciliarias, entrevistas directas y acompañamiento territorial. SSPC 2.1.2 Implementar brigadas de atención comunitaria en zonas prioritarias integradas por personal local y promotores comunitarios para la detección y canalización de casos de violencia y abandono institucional. SSPC 2.1.3 Establecer rutas de canalización y acompañamiento interinstitucional hacia servicios de salud mental, atención jurídica, seguridad o asistencia social para víctimas de violencia o personas en situación de riesgo. SSPC SNSP IMSS Bienestar SNDIF SALUD CONASAMA) CECOSAMA 2.1.4 Implementar acciones de prevención de consumo de sustancias e identificación y canalización a servicios de atención especializada para personas que lo requieran. SSPC, CIJ35 SALUD CONASAMA CECOSAMA 2.1.5 Proponer a promotores comunitarios, autoridades locales y personal operativo su incorporación en estrategias de prevención de violencias invisibilizadas y atención psicosocial de primer contacto con enfoque de derechos humanos. SSPC Estrategia 2.2. Fomentar la participación comunitaria en acciones de corresponsabilidad ciudadana para reducir la normalización de la violencia y promover entornos seguros en comunidades con alta exposición a riesgos sociales. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.1 Realizar sesiones informativas y pláticas escolares sobre la prevención de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en comunidades con alta exposición a riesgos psicosociales. SSPC SNDIF 2.2.2. Diseñar materiales de difusión físicos y digitales accesibles para informar sobre señales de violencia, factores de riesgo y canales institucionales de atención en contextos de exclusión. SSPC 2.2.3 Impulsar campañas comunitarias orientadas a la visibilización de violencias normalizadas, la denuncia segura y el acceso a servicios de atención institucional. SSPC 2.2.4 Diseñar, aprobar y publicar el lineamiento operativo y el tabulador de compensaciones del programa de Desarme Voluntario para estandarizar criterios de implementación en zonas prioritarias. SSPC 2.2.5 Implementar campañas de desarme voluntario de artefactos explosivos en zonas con alta incidencia de violencia mediante módulos comunitarios temporales de desarme. SSPC DEFENSA 35 Participación en el ámbito de su competencia en la ejecución de las líneas de acción donde se mencione, en los términos que se establezca en el convenio que al efecto se celebre, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación. 310 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivo 3. Fortalecer la coordinación y canalización interinstitucional para atender necesidades sociales que incrementan riesgos de violencia en personas y comunidades en situación de vulnerabilidad. Estrategia 3.1. Acercar servicios públicos, programas sociales y oportunidades a comunidades vulnerables para reducir las condiciones de exclusión y desigualdad estructural. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.1 Instalar ferias de servicios interinstitucionales en comunidades vulnerables que integren atención médica, alimentaria, social, educativa, cultural, capacitación para el trabajo, de acceso a la justicia. SSPC CONAFE CONAVI CNBBBJ FINABIEN INFONAVIT IMSS INPI INEA IMJUVE LECHE SNSP SADER BIENESTAR SEDATU SEP TURISMO TRABAJO SNSP SNDIF 3.1.2 Coordinar la instalación de módulos de atención ciudadana en municipios prioritarios que permitan canalizar solicitudes y facilitar el acceso a programas sociales y acciones institucionales. SSPC BIENESTAR 3.1.3 Realizar recorridos casa por casa en zonas con alta exclusión para aplicar cuestionarios de detección de necesidades, vinculación y seguimiento a personas vulnerables. SSPC 3.1.4 Vincular a las personas identificadas en los recorridos domiciliarios con servicios de salud, programas sociales y acciones institucionales de atención. SSPC 3.1.5 Brindar atención inmediata a personas en situaciones emergentes que pongan en riesgo su vida o integridad física, mediante intervenciones especializadas. SSPC Estrategia 3.2. Promover procesos de inclusión social y económica en comunidades con rezago estructural para ampliar el acceso a derechos, empleos y oportunidades de desarrollo en grupos prioritarios. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.1 Vincular a jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad a servicios de asesoría financiera, programas de capacitación o empleo mediante convenios con instituciones públicas. SSPC TRABAJO FINABIEN SADER Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 311 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.2 Promover el acceso educativo de personas con mayor rezago escolar a través de jornadas de inscripción, asesoría, vinculación y seguimiento con instituciones educativas. SSPC CONAFE CNBBBJ INEA SEP 3.2.3 Implementar acciones afirmativas dirigidas a personas indígenas, con discapacidad o en situación de calle u otras condiciones de vulnerabilidad para facilitar su inclusión en programas sociales. SSPC BIENESTAR INPI 3.2.4 Establecer mecanismos de seguimiento que verifiquen la atención efectiva de las personas canalizadas a servicios, programas sociales o acciones institucionales por parte de otras dependencias. SSPC Objetivo 4. Revertir la desarticulación social y la baja participación ciudadana en personas y comunidades afectadas por la violencia o en situación de reinserción social, en territorios prioritarios. Estrategia 4.1. Restablecer el tejido social en comunidades afectadas por la violencia mediante procesos de activación comunitaria y acciones colectivas orientadas a fortalecer la confianza, la solidaridad y la cohesión social. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.1.1 Implementar procesos de acompañamiento comunitario en territorios prioritarios, mediante equipos interdisciplinarios que fortalezcan la confianza, el reconocimiento colectivo y la cohesión social. SSPC 4.1.2 Desarrollar actividades artísticas, deportivas y de fomento a la cultura en espacios públicos, mediante encuentros comunitarios para fortalecer la convivencia y el sentido de pertenencia. SSPC CONADE INDEPORTE36 CULTURA IMJUVE 4.1.3 Conformar redes de prevención y apoyo comunitario mediante la articulación de actores locales, organizaciones sociales y liderazgos comunitarios. SSPC 4.1.4 Impulsar procesos de reconstrucción del tejido social mediante prácticas restaurativas y círculos de diálogo en comunidades afectadas por la violencia. SSPC 4.1.5 Desarrollar acciones comunitarias de contención emocional, reconocimiento colectivo y recuperación psicosocial en comunidades con afectaciones por violencia. SSPC 36 Participación en el ámbito de su competencia en la ejecución de las líneas de acción donde se mencione, en los términos que se establezca en el convenio que al efecto se celebre, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación. 312 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 4.2. Fortalecer la participación ciudadana en territorios prioritarios para consolidar procesos comunitarios de organización, liderazgo y corresponsabilidad colectiva que aseguren la sostenibilidad de las acciones de prevención. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.2.1 Establecer mecanismos de participación ciudadana en comunidades con indicios de deterioro del tejido social mediante comités vecinales, círculos de diálogo y espacios de deliberación colectiva. SSPC 4.2.2 Formar personas jóvenes promotoras en las comunidades con enfoque de derechos humanos, interculturalidad y perspectiva de género que impulsen procesos de permanencia de la estrategia SSPC 4.2.3 Coordinar actividades recreativas y de servicio en territorios prioritarios mediante acciones comunitarias que refuercen la presencia institucional y la continuidad de la estrategia. SSPC CONADE INDEPORTE37 IMJUVE CULTURA 4.2.4 Establecer esquemas participativos de seguimiento comunitario para monitorear la implementación de acciones, fortalecer la corresponsabilidad ciudadana y retroalimentar las intervenciones en territorio SSPC Estrategia 4.3. Implementar procesos integrales de acompañamiento para personas jóvenes en conflicto con la ley, a fin de prevenir la reincidencia y favorecer su reintegración social en comunidades afectadas por la violencia. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.3.1 Realizar diagnósticos integrales de riesgo y vulnerabilidad psicosocial a personas jóvenes en conflicto con la ley, mediante entrevistas y trabajo en campo. SSPC 4.3.2 Brindar acompañamiento psicosocial individual y familiar a personas jóvenes en proceso de reintegración social, mediante planes personalizados, contención emocional y seguimiento territorial. SSPC 4.3.3 Vincular a personas jóvenes primodelicuentes en conflicto con la ley a servicios educativos, formativos y de empleabilidad mediante redes locales y convenios interinstitucionales. SSPC 4.3.4 Promover la participación comunitaria de personas jóvenes en proceso de reinserción social mediante actividades culturales, deportivas y de servicio social con enfoque restaurativo. SSPC 4.3.5 Fortalecer la articulación institucional entre sistemas de justicia, seguridad y desarrollo social que favorezcan el acceso a servicios, derechos y oportunidades a juventudes en situación de riesgo. SSPC 37 Participación en el ámbito de su competencia en la ejecución de las líneas de acción donde se mencione, en los términos que se establezca en el convenio que al efecto se celebre, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 313 8. Indicadores y metas. El presente apartado establece los indicadores asociados a cada uno de los objetivos prioritarios, con el propósito de dar seguimiento, evaluar avances y verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del PNPSVD 2026-2030. Los indicadores fueron seleccionados conforme a los lineamientos del Sistema de Planeación Democrática, incorporan criterios de claridad, relevancia, periodicidad y viabilidad, y permiten monitorear tanto los resultados esperados como los efectos de las intervenciones en los territorios prioritarios. Asimismo, se busca garantizar la trazabilidad de los objetivos del Programa con las prioridades establecidas en el PND 2025-2030 y con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024- 2030. Indicador 1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de la población de 18 años y más que percibe inseguridad en su colonia o localidad. Objetivo Disminuir las condiciones de abandono institucional y deterioro del espacio público que incrementan el riesgo de violencia y comisión de delitos en zonas prioritarias. Definición o descripción Mide el porcentaje de la población de 18 años y más que perciben a su colonia o localidad como inseguro. Este indicador permitirá conocer si los esfuerzos dirigidos al fortalecimiento institucional y la recuperación de espacios públicos seguros se ven reflejados en una mayor percepción de seguridad. Derecho asociado Derecho a la seguridad Nivel de desagregación Geográfica: Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Septiembre Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Marzo y abril Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (SPV) Método de cálculo (Percepción de inseguridad pública en colonia o localidad / Población de 18 años y más) * 100 Observaciones Percepción de inseguridad: Es la impresión que tiene la población sobre la situación de inseguridad, construida con base en su experiencia personal y la vulnerabilidad que percibe de ser víctima del delito. Las categorías conceptuales necesarias para medir el fenómeno son sensación de inseguridad por temor al delito; atestiguación de conductas antisociales y delictivas; prevención y protección ante el delito; y cohesión social. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Percepción de seguridad pública en colonia o localidad Valor variable 1 37,813,258 Fuente de información variable 1 ENVIPE (INEGI) Nombre variable 2 Población de 18 años y más Valor variable 2 94,037,600 Fuente de información variable 2 ENVIPE (INEGI) Sustitución en método de cálculo (37,813,258 / 94,037,600) * 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 40.2 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 36.4 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 50.1 50.6 48.7 41.9 42.1 39.9 40.2 ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 37.36 36.80 36.52 36.51 36.4 314 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de delitos denunciados ante el Ministerio Público o fiscalía estatal. Objetivo Reducir la incidencia de factores de riesgo de violencia y situaciones de vulnerabilidad en comunidades con alta exposición a factores psicosociales y contextos de exclusión Definición o descripción Mide el total de los delitos denunciados ante el Ministerio Público o Fiscalía Estatal y conocer la cifra negra Este indicador permitirá conocer si los esfuerzos dirigidos a la atención de los factores de violencia en la comunidad, así como reducir la vulnerabilidad se ven reflejados en una mayor captación de denuncias de los delitos. Derecho asociado Derecho a la seguridad Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Septiembre Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero - diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (SPV) Método de cálculo (Delitos denunciados / Delitos ocurridos) * 100 Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Delitos denunciados Valor variable 1 3,204,620 Fuente de información variable 1 ENVIPE (INEGI) Nombre variable 2 Delitos ocurridos Valor variable 2 33,450,221 Fuente de información variable 2 ENVIPE (INEGI) Sustitución en método de cálculo (3,204,620/ 33,450,221) * 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 9.6 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 10.4 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 10.6 11 10.1 10.1 10.9 10.4 9.6 ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 9.86 9.99 10.12 10.25 10.4 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 315 Indicador 3.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de la población que conoce sobre acciones de prevención de violencia y/o la delincuencia. Objetivo Fortalecer la coordinación y canalización interinstitucional para atender necesidades sociales que incrementan riesgos de violencia en personas y comunidades en situación de vulnerabilidad Definición o descripción Mide el porcentaje de la población que conocen sobre acciones de prevención de violencia y/o la delincuencia implementadas en el municipio o localidad para mejorar la seguridad pública Derecho asociado Derecho a la seguridad Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Septiembre Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Marzo y abril Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (SPV) Método de cálculo (Conocimiento de las acciones realizadas en el municipio o localidad / Población de 18 años y más) * 100 Observaciones A partir de la edición 2023 de la ENVIPE, se incorporó la acción a la Sección V Desempeño Institucional del cuestionario: "actividades o programas para prevenir la violencia y/o la delincuencia". Por lo anterior para los años 2018-2021 No está Disponible dicha información. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población que conoce sobre acciones de prevención de violencia Valor variable 1 27,217,967 Fuente de información variable 1 ENVIPE (INEGI) Nombre variable 2 Población de 18 años y más Valor variable 2 95,795,780 Fuente de información variable 2 ENVIPE (INEGI) Sustitución en método de cálculo (27,217,967 / 95,795,780) * 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 28.4 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 34 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ND ND ND ND 28.1 28.1 28.4 ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 30 31 32 33 34 316 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 4.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de jóvenes primo delincuentes pertenecientes al programa Reconecta con la Paz reincidentes1 Objetivo Revertir la desarticulación social y la baja participación ciudadana en personas y comunidades afectadas por la violencia o en situación de reinserción social, en territorios prioritarios. Definición o descripción Este indicador mide la tasa de reincidencia delictiva de los jóvenes que han sido atendidos por el programa "Reconecta con la Paz” Derecho asociado Derecho a la seguridad Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Marzo Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero diciembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (SPV) Método de cálculo (Total de personas que reinciden en actividades delictivas que fueron parte del programa Reconecta con la Paz/Total de jóvenes que recibieron atención por parte del Programa Reconecta con la paz) *100 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Total de personas que reinciden en actividades delictivas que fueron parte del programa Reconecta con la Paz Valor variable 1 10 Fuente de información variable 1 Fiscalía General o su equivalente en los estados Nombre variable 2 Total de jóvenes que recibieron atención por parte del Programa Reconecta con la paz Valor variable 2 100 Fuente de información variable 2 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Sustitución en método de cálculo (10/100)* 100 = 10 Observaciones Es una estrategia integral, que busca disminuir la reincidencia delictiva en jóvenes de 18 a 35 años que cometieron delitos menores. Para los años 2018 al 2023, No se tenía implementado el programa reconecta con la Paz. VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 10 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 5 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ND ND ND ND ND ND 10 ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 9 8 7 6 5 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 317 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el programa. Las dependencias y entidades que se enlistan a continuación colaboran en la implementación de las acciones contempladas en el PNPSVD 2026-2030: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones Centros de Integración Juvenil Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones Consejo Nacional de Fomento Educativo Consejo Nacional de Vivienda Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez Financiera para el Bienestar Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Instituto Mexicano de la Juventud Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Instituto del Deporte Leche para el Bienestar Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Secretaría de Bienestar Secretaría de Cultura Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Secretaría de Educación Pública Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Salud Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Secretaría de Turismo Secretaría del Trabajo y Previsión Social Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Sistema Nacional de Seguridad Pública _____________________________ 318 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 PROGRAMA Nacional de Seguridad Pública 2026-2030. PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2026-2030 1. Índice 1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo 6. Objetivos 6.1 Relevancia del objetivo 1: Fortalecer la coordinación en inteligencia e investigación para disminuir la incidencia delictiva en el país, con énfasis en delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional. 6.2 Relevancia del Objetivo 2: Fomentar la construcción de una cultura de paz y legalidad para prevenir la violencia y promover comunidades seguras con participación ciudadana. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Consolidar el desarrollo integral de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para fortalecer su capacidad operativa, profesionalización y eficacia, en beneficio de la ciudadanía. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Impulsar la homologación y coordinación de los sistemas penitenciarios mediante el diseño de un Modelo Penitenciario que procure la reinserción social de las personas privadas de libertad y servicios postpenales para las personas liberadas y externadas. 6.5 Vinculación de los objetivos del PNSP 2026-2030 con otros instrumentos de planeación. 7. Estrategias y líneas de acción 8. Indicadores y metas 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa 10. Entidades no sectorizadas y empresa pública del Estado 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo. 3. Siglas y acrónimos AGRICULTURA: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ASEA: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEFERESO: Centro Federal de Reinserción Social CHC: Cheques de Caja CNB: Comisión Nacional de Búsqueda CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos CNE: Comisión Nacional de Energía CNGMD: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México CNSIPEF-E: Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 319 CNSPE: Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal CNSPF-E: Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal COMUNICACIONES: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes CONASAMI: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos CONAPO: Consejo Nacional de Población CUP: Certificado Único Policial DNSP: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria DOF: Diario Oficial de la Federación EDR: Estadísticas de Defunciones Registradas ENDIREH: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENSU: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ENVE: Encuesta Nacional de Victimización de Empresas ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública FDE: Reporte de Operaciones con Dólares en Efectivo de los Estados Unidos de América FGR: Fiscalía General de la República FTI: Reportes de Transferencias Internacionales de Fondos GN: Guardia Nacional IA: Inteligencia Artificial IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IGI-MEX: índice Global de Impunidad México INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas LFPIORPI: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LGSNSP: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública LGBTTTIQ+: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis, Intersexuales, Queer y + que incluye otras identidades y orientaciones sexuales LNEP: Ley Nacional de Ejecución Penal LNRD: Ley Nacional del Registro de Detenciones LNUF: Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza LSN: Ley de Seguridad Nacional LSNIISP: Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública MARINA: Secretaría de Marina MP: Ministerio Público MT: Formato de Montos Totales MUJERES: Secretaría de las Mujeres NNA: Niñas, niños y adolescentes OADPRS: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social OIM: Organización integral para las Migraciones PEMEX: Petróleos Mexicanos PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 PNSP 2026-2030 o Programa: Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030 PPL: Personas Privadas de la Libertad 320 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 RNPED: Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas RELACIONES EXTERIORES: Secretaría de Relaciones Exteriores RNIC: Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos ROI: Reporte de Operaciones Inusuales ROIP: Reporte de Operaciones Internas Preocupantes ROR: Reporte de Operaciones Relevantes SALUD: Secretaría de Salud SAT: Servicio de Administración Tributaria SE: Secretaría de Economía SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional SEGOB: Secretaría de Gobernación SENER: Secretaría de Energía SEP: Secretaría de Educación Pública SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público SPPA: Sistema Procesal Penal Acusatorio SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana TRABAJO: Secretaría del Trabajo y Previsión Social TURISMO: Secretaría de Turismo UIF: Unidad de Inteligencia Financiera 4. Fundamento normativo El Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030 (PNSP 2026-2030) se sustenta en un marco jurídico integrado por instrumentos internacionales, disposiciones constitucionales y legislación secundaria en materia de seguridad, investigación y persecución del delito. Este marco no solo define competencias y responsabilidades institucionales, sino que también establece los mecanismos de coordinación interinstitucional y cooperación internacional, garantizando la prevención y sanción de los delitos, la protección de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas. Su formulación se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo I: Sistema Nacional de Planeación Democrática del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND 2025-2030), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de abril de 2025. México ha suscrito tratados internacionales que establecen obligaciones en materia de seguridad, derechos humanos y cooperación judicial, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Palermo, las Convenciones contra la Corrupción, el Convenio de Budapest y el Protocolo contra la Trata de Personas. Todos estos instrumentos permiten perseguir delitos de alto impacto como la delincuencia organizada, corrupción, terrorismo, tortura, trata de personas y ciberdelitos, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos humanos, la atención a víctimas y el acceso a la justicia a nivel internacional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 21 establece que la seguridad pública es una función del Estado, a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, bajo el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y regula la investigación de los delitos, la planeación democrática y las facultades del Congreso y del Ejecutivo para preservar la seguridad nacional, incluso con apoyo de las Fuerzas Armadas. Con la reforma de 2024 a este artículo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) coordina la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y es la dependencia responsable de la integración, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del PNSP 2026-2030, asegurando la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 321 La implementación de políticas se sustenta en normas que garantizan coherencia con los objetivos constitucionales, participación ciudadana, coordinación interinstitucional, respaldo presupuestal y evaluación sistemática de resultados. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública (LSNIISP), la Ley de Seguridad Nacional (LSN), la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF) y la Ley Nacional del Registro de Detenciones (LNRD) establecen competencias, límites de actuación y mecanismos de colaboración para fortalecer la prevención y atención de delitos, asegurar la legalidad en el uso de la fuerza y proteger los derechos humanos. En materia de víctimas, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y la Ley General de Víctimas garantizan protección, asistencia integral, acceso a la justicia y reparación del daño, articulando esfuerzos federales, estatales y municipales. En conjunto, este marco jurídico proporciona las bases para una acción estatal coordinada, efectiva y respetuosa de los derechos humanos, fortaleciendo la seguridad, la justicia y la protección de víctimas, y promoviendo un entorno más seguro y justo para la sociedad mexicana. 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo En México, el deterioro de las condiciones de seguridad y de paz social representa un desafío estructural que afecta la convivencia ciudadana, la cohesión social y la confianza en las instituciones. Esta situación se refleja en niveles de violencia, expansión y diversificación de actividades delictivas, así como en la percepción de impunidad y la prevalencia de prácticas de corrupción. La población se encuentra expuesta a riesgos y amenazas que vulneran su seguridad, mientras que la desconfianza en las autoridades y la vulneración de derechos humanos debilitan el tejido social. Entre los factores que explican esta problemática se encuentra la insuficiente coordinación en inteligencia e investigación, que disminuye la capacidad del Estado para prevenir y reducir la incidencia delictiva, particularmente en relación con delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional. Además, la insuficiente construcción de una cultura de paz y legalidad dificulta la prevención de la violencia y limita la participación ciudadana en la generación de entornos seguros. Aunado a lo anterior, las limitaciones institucionales de las corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno afectan su eficacia operativa y profesionalización, repercutiendo directamente la atención a la ciudadanía. A esto se suma la ausencia de integralidad y homogeneidad en el Sistema Penitenciario Nacional, lo que obstaculiza la reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y el acceso a servicios postpenales, reforzando el ciclo de inseguridad y vulneración de derechos. En este contexto, es posible observar que la problemática de deterioro de la seguridad genera brechas que afectan a distintos grupos en situación de vulnerabilidad. La exposición a la violencia y a actividades delictivas se manifiesta en mayor medida en comunidades marginadas, zonas rurales y barrios urbanos con alta densidad poblacional, donde los recursos de seguridad son insuficientes y la protección ciudadana limitada. La percepción de impunidad y la prevalencia de prácticas de corrupción incrementan la desconfianza hacia las instituciones, dejando a personas jóvenes, mujeres, niñas y niños, así como a grupos en situación de pobreza, con menor acceso a la justicia y protección efectiva. En este sentido, el PNSP 2026-2030 orienta sus esfuerzos hacia el avance de un entorno de seguridad y convivencia pacífica en México, mediante la coordinación en inteligencia e investigación, el incremento de la eficacia en la prevención y persecución del delito, la promoción de la cultura de paz y legalidad con participación de la ciudadanía, así como la consolidación del desarrollo institucional de las corporaciones de seguridad pública para contribuir a una atención más profesional y eficiente. Asimismo, impulsa la homologación de procesos en el sistema penitenciario, con el objetivo de facilitar la reinserción social de las PPL y mejorar el acceso a servicios postpenales. La efectividad de las políticas de seguridad pública depende de la capacidad institucional para integrar estrategias articuladas que incidan en las principales problemáticas del país. En este marco, el PNSP 2026-2030 plantea objetivos orientados a revertir los factores y efectos que debilitan la seguridad, la paz social y la confianza ciudadana, así como aquellos que vulneran los derechos humanos. 322 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 El Objetivo 1, fortalecer la coordinación en inteligencia e investigación para disminuir la incidencia delictiva en el país, con énfasis en delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional, responde al problema de la deficiente coordinación de estas áreas críticas de la seguridad, que ha limitado la capacidad del Estado para prevenir y reducir la incidencia delictiva. Esta situación ha propiciado un incremento de la violencia, el deterioro de la paz social y de la percepción de seguridad, además de una mayor exposición de la población a riesgos y amenazas. Las estrategias y líneas de acción que lo conforman se centran en fortalecer la coordinación en inteligencia e investigación para disminuir la incidencia delictiva, con énfasis en los delitos de alto impacto y la delincuencia organizada transnacional. Con ello, se busca afianzar la cooperación entre las instituciones de seguridad y justicia, promover el intercambio oportuno de información y aprovechar herramientas tecnológicas que faciliten la anticipación, prevención y desarticulación de conductas delictivas. Bajo ese enfoque, se avanza hacia una acción institucional más articulada y eficaz, capaz de reducir la impunidad y mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos delictivos complejos, en beneficio de la seguridad pública, la seguridad nacional y la tranquilidad social. El Objetivo 2, fomentar la construcción de una cultura de paz y legalidad para prevenir la violencia y promover comunidades seguras con participación ciudadana, atiende la problemática de la insuficiente construcción de una cultura de paz y legalidad, que ha dificultado la prevención de la violencia y la participación social en la generación de entornos seguros. Esta condición ha derivado en mayores niveles de violencia e ilegalidad, desconfianza hacia las instituciones y una creciente vulnerabilidad social frente al delito. A través de la educación cívica, la participación comunitaria y la recuperación de espacios públicos, el programa impulsa la corresponsabilidad entre ciudadanía y autoridades, con el fin de fortalecer el tejido social y promover la resolución pacífica de los conflictos. De esta forma, las políticas de seguridad adquieren un enfoque preventivo y social, orientado no solo a reducir los delitos, sino también a construir las bases de una convivencia armónica y sostenible, sustentada en la legalidad, el respeto, la cooperación y la confianza mutua. El Objetivo 3, consolidar el desarrollo integral de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para fortalecer su capacidad operativa, profesionalización y eficacia, en beneficio de la ciudadanía, se relaciona con la debilidad en el desarrollo institucional de las corporaciones de seguridad pública, que ha reducido su capacidad operativa, su nivel de profesionalización y su eficacia en la atención a la ciudadanía. Esta condición se refleja en una limitada capacidad de respuesta ante los fenómenos delictivos, una operación ineficiente y una persistente desconfianza social hacia las autoridades. Por lo anterior, el PNSP 2026-2030 plantea el fortalecimiento de las estructuras organizacionales, la profesionalización del personal, la modernización tecnológica y la mejora en los procesos de gestión y evaluación del desempeño. Estas acciones buscan consolidar instituciones más competentes, coordinadas y confiables, capaces de ofrecer servicios de seguridad con altos estándares de calidad. Con ello, se promueve mayor eficiencia institucional y efectividad en la implementación de las políticas públicas de seguridad, garantizando una atención oportuna, cercana y con enfoque de resultados para la ciudadanía. El Objetivo 4, impulsar la homologación y coordinación de los sistemas penitenciarios mediante el diseño de un Modelo Penitenciario que procure la reinserción social de las personas privadas de libertad y servicios postpenales para las personas liberadas y externadas, se formuló para atender la falta de integralidad y homogeneidad en el Sistema Penitenciario Nacional, condición que limita la reinserción social de las PPL y obstaculiza el acceso a servicios postpenales. La heterogeneidad operativa entre entidades federativas, la ausencia de protocolos estandarizados en investigación, inteligencia y seguridad penitenciaria, así como la insuficiencia de mecanismos de evaluación continua, generan un entorno de gobernabilidad débil y resultados institucionales dispares. A ello se suma la inexistencia de un servicio profesional de carrera penitenciario que garantice perfiles especializados, formación uniforme, disciplina institucional y procesos permanentes de profesionalización. Estas limitaciones se agravan por las brechas en infraestructura, equipamiento y conectividad tecnológica, que afectan la operación cotidiana y reducen la eficiencia en la gestión y el intercambio de información estratégica. Frente a este diagnóstico, la alternativa de solución consiste en el desarrollo e implementación de un Modelo Penitenciario integral y homologado, que articule de manera coordinada los componentes de reinserción social y servicios postpenales, los procesos técnico-operativos y la profesionalización del personal penitenciario, lo que permitirá unificar criterios, fortalecer las capacidades institucionales y contribuir a la gobernabilidad. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 323 Así, este Programa sirve como instrumento rector para planear, coordinar y evaluar las acciones de seguridad pública en todo el territorio nacional, alineadas con los objetivos estratégicos del PND 2025-2030, específicamente en el Eje General 1: “Gobernanza con justicia y participación ciudadana”, el cual es considerado como el punto de partida para un Estado más democrático y eficiente. Asimismo, sustenta que la seguridad debe garantizarse con una visión integral que atienda las causas de la violencia y fortalezca las capacidades de las instituciones de seguridad. En el marco del PNSP 2026-2030, los ejes transversales 1: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, 2: Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional y 3: Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del PND 2025-2030 se incorporan como guías para garantizar que todas las políticas, programas y proyectos consideren la igualdad sustantiva, los derechos humanos y la innovación tecnológica. La perspectiva de igualdad y derechos de las mujeres se refleja en la implementación de protocolos de atención específicos para víctimas de violencia, la capacitación del personal de seguridad en enfoque de género y derechos humanos, así como en el diseño e implementación de acciones para sectores de la población prioritarios. De manera paralela, la innovación pública y el desarrollo tecnológico se incorporan mediante la implementación de sistemas de inteligencia y análisis de datos que faciliten la prevención y la atención de los delitos, así como el uso de herramientas digitales que promuevan la denuncia ciudadana, el monitoreo de riesgos y la coordinación entre corporaciones de seguridad. Este enfoque se complementa con la evaluación y actualización continua de tecnologías y metodologías, lo que asegura su eficiencia y cobertura a nivel nacional. De igual forma, los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas se integran mediante la consideración de particularidades culturales, lingüísticas y territoriales en la formulación de políticas de seguridad, la inclusión de mecanismos de participación comunitaria en la prevención del delito y la resolución de conflictos, y la adaptación de protocolos de actuación que faciliten el acceso a la seguridad, la justicia y protección. El Proyecto de Nación de la Presidenta de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se basa en los “100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación” emitidos el mismo día que asumió la presidencia del país, los cuales están integrados al PND 2025-2030 y en su apartado “República segura y con justicia”; específicamente en el “Compromiso 100”, establece el fortalecimiento de la paz y la seguridad mediante la atención a las causas del delito, la inteligencia e investigación, el fortalecimiento de la Guardia Nacional (GN) y la coordinación con estados, municipios y fiscalías. La construcción de una sociedad segura y en paz requiere la participación coordinada del Estado, el sector privado y la ciudadanía, cuyo compromiso conjunto contribuya a promover el bienestar y fortalecer la cohesión social. Para la elaboración del PNSP 2026-2030 se integraron las aportaciones de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal con competencia en materia de: gobernanza, seguridad, economía, finanzas, salud, bienestar social, educación, turismo, desarrollo regional y urbano, relaciones exteriores, cooperación, energía y recursos estratégicos, así como comunicaciones y tecnologías. Además, se consideraron los insumos obtenidos de los foros organizados para la elaboración del PND 2025-2030, en los que se recabó de manera sistemática información, opiniones y propuestas provenientes de autoridades, especialistas, académicos y sociedad civil en materia de seguridad pública, que constituyen un elemento estratégico para la planeación nacional, al permitir identificar prioridades, orientar políticas públicas, fortalecer la coordinación interinstitucional y asegurar que las estrategias de seguridad respondan a las necesidades reales del país. El común denominador señalado por los distintos actores en estos procesos participativos y de intercambio de información es la existencia de un deterioro de las condiciones de seguridad y de paz social en México, que se manifiesta en la expansión y diversificación de actividades delictivas, exposición a riesgos y amenazas, percepción de impunidad, prevalencia de prácticas de corrupción, desconfianza en las instituciones y autoridades, así como afectaciones de derechos humanos, lo que incide directamente en el bienestar social. Este deterioro constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo nacional, pues afecta de manera directa el ejercicio de derechos; la vida cotidiana de las personas; la confianza ciudadana en las instituciones y entre vecinos; la cohesión social y comunitaria; y, en consecuencia, la calidad de la convivencia social, lo que lo convierte en un fenómeno producto de múltiples factores interrelacionados que han limitado la eficacia de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia. 324 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 La inseguridad a nivel nacional es un tema que preocupa a la población, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, el 64.2% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el principal tema de preocupación1; mientras que en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada en enero de 2026, 63.8% de este mismo grupo etario percibe su ciudad como un lugar inseguro debido a la delincuencia.2 Esta situación no sólo afecta la libertad y seguridad de la población, sino que también genera impactos directos en las actividades empresariales, al aumentar riesgos, elevar costos de operación y desincentivar la inversión, especialmente en regiones con alta incidencia delictiva. De manera integral, estas dinámicas restringen el crecimiento económico y el desarrollo nacional, al obstaculizar oportunidades de progreso, reducir la competitividad y debilitar la percepción de estabilidad y confianza necesarias para que la ciudadanía y los actores productivos participen en la construcción de un México seguro, próspero y en paz. Entre las causas estructurales del deterioro de la seguridad en México, sobresale la deficiente coordinación en inteligencia e investigación, que limita la capacidad del Estado para prevenir y disminuir la incidencia delictiva en el país, con énfasis en delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional. En primera instancia, la falta de actualización del marco legal en materia de seguridad afecta la eficacia de las políticas de prevención, investigación y sanción de conductas ilícitas en México, lo que deja a las instituciones de seguridad con capacidades insuficientes para enfrentar los fenómenos delictivos y los desafíos emergentes. La inseguridad en México genera costos significativos para la economía, la sociedad y las instituciones. Las pérdidas por delitos como robos, extorsiones y secuestros, junto con la reducción de inversión, la pérdida de productividad y el desplazamiento de empresas y población, reflejan el impacto económico directo e indirecto de la violencia. A nivel social, la inseguridad debilita el tejido comunitario, incrementa el miedo y el estrés, además de sobrecargar al sistema judicial y penitenciario. Costo total del delito De acuerdo con la ENVIPE 2025, el costo total derivado de la inseguridad y el delito en hogares durante 2024 fue de 269.6 mil millones de pesos; de los cuales 62% fueron por pérdidas económicas a consecuencia del delito.3 Nota: Pesos a precio de la segunda quincena de julio de 2018. FUENTE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2025 del INEGI.4 Al comparar las cifras de 2024 con las de 2018, se observa una disminución en el costo total del delito equivalente a 16 mil millones de pesos. 1 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 19). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf 2 INEGI. (2026, enero 23). ENSU 2026: Reporte de resultados (p. 3). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/ensu/ENSU2026_01_RR.pdf 3 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 13). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf 4 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Presentación nacional (p. 17). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 325 Costo total de las medidas preventivas del delito Por su parte, en la misma encuesta se señala que los gastos por las medidas preventivas tomadas por los hogares ascendieron a 91 mil 800 millones de pesos, que representan el 34%5 del costo total del delito y la inseguridad en hogares, lo que refleja la carga financiera que recae directamente sobre la ciudadanía para proteger su seguridad y bienes. Este panorama evidencia que parte del costo del delito no solo se genera por pérdidas directas, sino también por la inversión privada en prevención. La inversión en seguridad pública, que incluye personal, equipamiento, infraestructura tecnológica e inteligencia, es fundamental para reducir estos impactos. No obstante, la fragmentación de sistemas y la falta de interoperabilidad limitan la eficiencia de los recursos, generando costos adicionales y reduciendo la eficacia de las políticas de prevención y persecución del delito. Este escenario subraya la necesidad de un enfoque integral que combine coordinación interinstitucional, integración tecnológica y fortalecimiento del marco normativo para mejorar la seguridad, la confianza ciudadana y el desarrollo económico. DELITOS DE ALTO IMPACTO Delitos por cada 100 mil habitantes por entidad federativa En relación con la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, con base en la información reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y con apoyo de las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (CONAPO), se observa que durante 2025 las entidades con los niveles más elevados fueron Colima, que registró la tasa más alta (3 mil 495), seguida de Baja California Sur (2 mil 736), Quintana Roo (2 mil 657), Guanajuato (2 mil 546), Aguascalientes (2 mil 536), Ciudad de México (2 mil 287), Baja California (2 mil 225), Morelos (2 mil 210), Querétaro (2 mil 134) y Coahuila (2 mil 033), como se observa en la siguiente gráfica: Nota: Con información de SG-CONAPO (2024). indicadores de población en México con base en la Conciliación demográfica de México 1950-2019 y Proyecciones de la Población de México y las Entidades Federativas 2020-2070.6 FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consulta 10 de febrero de 2026. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.7 En las entidades que presentan altas tasas de incidencia delictiva, la vida cotidiana y la dinámica económica se ven profundamente afectadas. La inseguridad genera un clima de temor que desalienta la inversión y provoca la migración de empresas y talentos hacia lugares más seguros, reduciendo las oportunidades de empleo y la productividad local. Los recursos que podrían destinarse a educación, salud e infraestructura productiva se canalizan hacia medidas de seguridad, limitando el desarrollo social y económico de la región. 5 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 13). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf 6 CONAPO. (s. f.). Proyecciones de población: Indicadores demográficos. https://www.datos.gob.mx/dataset/proyecciones-de-poblacion/resource/e9160552-769b-41ee-88d1-afc765552608. 7 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común - delitos). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. 326 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 En el orden nacional, los municipios prioritarios en la agenda de seguridad pública son: Tijuana, Baja California; Culiacán, Sinaloa; Juárez, Chihuahua; Puebla, Puebla; Acapulco, Guerrero; Celaya, Guanajuato; Centro, Tabasco; Salamanca, Guanajuato; Tlaquepaque, Jalisco; Morelia, Michoacán; León, Guanajuato; Chihuahua, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; Iztapalapa, Ciudad de México; Benito Juárez, Quintana Roo; Cajeme, Sonora; Irapuato, Guanajuato; Manzanillo, Colima; Zamora, Michoacán; Colima, Colima; Guadalajara, Jalisco; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Apatzingán, Michoacán; Toluca, Estado de México; Naucalpan, Estado de México; Cuernavaca, Morelos; Ecatepec, Estado de México; Gustavo A. Madero, Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León; Nezahualcóyotl, Estado de México; Mexicali, Baja California; Zapopan, Jalisco; Mazatlán, Sinaloa; Uruapan, Michoacán; Chimalhuacán, Estado de México y Cuautla, Morelos.8 En estos territorios se registra la concurrencia de múltiples tipos de delitos, que afectan tanto la seguridad física como la socioeconómica de la población. Entre los delitos de alto impacto destacan los homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y enfrentamientos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, que generan altos niveles de violencia y afectan la cohesión social. Estos datos subrayan la necesidad de implementar políticas diferenciadas que integren prevención, coordinación interinstitucional, fortalecimiento de inteligencia, reinserción social y estrategias de desarrollo económico y social. La información desagregada por entidad y municipio constituye un insumo clave para orientar recursos, diseñar intervenciones basadas en evidencia y garantizar acciones de seguridad pública más efectivas, equitativas y sostenibles. Homicidio doloso De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el homicidio doloso en México es una de las expresiones más graves de la violencia que enfrenta el país y refleja una combinación de causas estructurales y coyunturales que se entrelazan con profundas consecuencias para la sociedad. La alta incidencia de este delito, al terminar con el bien jurídico de más alto valor, la vida, genera un clima de miedo e incertidumbre que rompe el tejido comunitario. Las familias y comunidades afectadas viven procesos de duelo a la par de la espera de las resoluciones judiciales. Esta violencia también provoca desplazamientos forzados y altera las dinámicas de convivencia, al tiempo que normaliza el uso de la fuerza como medio para resolver conflictos. además, pone de manifiesto la falta de protección efectiva a la vida y las limitaciones que persisten para garantizar justicia a las víctimas, pues el 93.2%9 de los delitos ocurridos en 2024 no fueron denunciados o no fue iniciada una carpeta de investigación, lo que perpetúa un ciclo de violencia. A esto se suma la subclasificación de feminicidios como homicidios comunes, invisibilizando la violencia por razones de género. La elevada proporción de delitos no denunciados, o en los que no se inicia de oficio una carpeta de investigación, como en el caso de los homicidios dolosos, muestra una brecha en la confianza ciudadana hacia el sistema de justicia, contribuyendo a la perpetuación de la violencia. En este contexto, el Programa enfatiza la coordinación con fiscalías y cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno mediante la implementación de estrategias integrales de inteligencia e investigación, con el objetivo de dar seguimiento a los delitos, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que las denuncias reciban atención por medio de los canales formales establecidos, facilitando su judicialización. De acuerdo con información del INEGI, durante el periodo de enero a junio de 2025 se registraron de forma preliminar 14 mil 488 defunciones por homicidio, mientras que en el mismo periodo de 2024 se contabilizaron 16 mil 306.10 Esta variación representa una disminución absoluta de mil 818 homicidios, lo que equivale a una reducción aproximada del 11.1%. En términos de incidencia, dicha reducción se traduce en una tasa interanual de homicidios por cada 100 mil habitantes de 11.1, inferior a la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando se observó una tasa de 12.6 homicidios por cada 100 mil habitantes.11 8 SSPC. (s. f.). SESNSP. Documento interno. 9 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 15). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf 10 INEGI. (2026, enero 21). Defunciones por homicidio: Reporte de resultados 1/26 (p. 8). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/edr/dh2025_RR_en-Jn.pdf 11 INEGI. (2026, enero 21). Defunciones por homicidio: Reporte de resultados 1/26 (p. 3). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/edr/dh2025_RR_en-Jn.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 327 La reducción observada en el número y la tasa de homicidios durante el primer semestre de 2025 sugiere una contención parcial en el corto plazo; sin embargo, el volumen absoluto de homicidios registrado en 2024 fue de 33 mil 550 a nivel nacional, se destaca que 71.5% fueron cometidos mediante disparos con arma de fuego12; esta tendencia se mantiene en los resultados preliminares interanuales de 2025, en los que se identifica que 71.9%13 de los casos fue por la misma causa. FUENTE: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), enero-diciembre de 1990 a 2024.14 Con base en la información presentada sobre el número de homicidios a nivel nacional, se observa que no se ha registrado un incremento significativo en la incidencia general de homicidios respecto al pico observado en 2020, lo que evidencia que las estrategias implementadas en los últimos años contribuyeron a contener aumentos abruptos teniendo un efecto estabilizador, planteando el desafío de impulsar cambios estructurales orientados a reducir la letalidad del fenómeno, su concentración territorial y la recurrencia de los eventos violentos. Con respecto al mismo tema, el SESNSP refleja una disminución de 25.07% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso al comparar diciembre 2024 contra el mismo mes de 2025, equivalente a 15.26 víctimas menos por día.15 Nota: El dato acumulado de víctimas de homicidio doloso de diciembre de 2025 fue de 1 mil 414, en tanto que en diciembre de 2024 este dato fue de 1 mil 887. FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consulta 10 de febrero de 2026. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.16 12 INEGI. (s. f.). Defunciones por homicidio por causas detalladas CIE, según año de registro (EDR: tabulados). Consultado en: https://www.inegi.org.mx/programas/edr/#tabulados Nota: Seleccionar “Año de registro” y “Causas detalladas CIE” en los tabulados de EDR. 13 INEGI. (2026, enero 21). Defunciones por homicidio: Comunicado de prensa 2/26 (p. 1). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/edr/dh2025_CP_en-Jn.pdf 14 INEGI. (s. f.). Defunciones por homicidio por causas detalladas CIE, según año de registro (EDR: tabulados). Consultado en: https://www.inegi.org.mx/programas/edr/#tabulados Nota: Seleccionar “Año de registro” y “Mes de registro” en los tabulados de EDR 15 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-víctimas). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales. 328 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estos datos corroboran la tendencia de contención del delito y de las víctimas de homicidio doloso; lo anterior, se logró gracias a la articulación de estrategias de seguridad pública, al fortalecimiento institucional y a la coordinación interinstitucional, impulsadas por el Gobierno de México desde diciembre de 2018. En ese periodo se consolidaron las mesas de coordinación para la construcción de paz, cuyo objetivo se orientó a planear acciones conjuntas, priorizar zonas de atención y compartir inteligencia. Esta coordinación buscó evitar la dispersión de esfuerzos y mejorar la capacidad de respuesta ante brotes de violencia, con la participación de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, se implementó la estrategia especial de atención integral a 50 municipios prioritarios para la reducción del homicidio doloso; como resultado de esta intervención de seguridad, se logró contener la tendencia de crecimiento de este delito, hasta observar una disminución en el número de víctimas. La extorsión La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2024 (ENVE 2024)17, publicó que la extorsión fue el delito de mayor incidencia del cual fueron víctimas las empresas durante 2023, sus resultados arrojaron un total de 747 mil eventos, lo que representa una tasa de mil 562 extorsiones por cada 10 mil unidades económicas; además, indica que en 14.9% de este total de delitos se entregó lo solicitado. Esta misma fuente destaca que en 84.1% de los casos la extorsión se realizó mediante llamadas telefónicas, 15.2% fue en la calle y 0.7% a través de medios electrónicos18, también detalla que las unidades económicas que se vieron más afectadas por este delito fueron, por gran sector, las del industrial y las de servicios; mientras que por tamaño fueron las micro y pequeñas empresas. De acuerdo con los datos del SESNSP, este delito registró una mayor incidencia en las siguientes seis entidades federativas19: Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz y Jalisco. FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consulta 10 de febrero de 2026. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.20 16 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-víctimas). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales. 17 INEGI. (2024, diciembre 10). ENVE 2024: Principales resultados (p. 20). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enve/2024/doc/enve_2024_presentacion_ejecutiva.pdf 18 INEGI. (2024, diciembre 10). ENVE 2024: Principales resultados (p. 21). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enve/2024/doc/enve_2024_presentacion_ejecutiva.pdf 19 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-delitos). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales. 20 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-delitos). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 329 Algunas de estas entidades se distinguen por ser territorios de tránsito y distribución de mercancías diversas, este es el caso de los estados localizados en el centro y occidente de México; mientras que otras por flujos de migración y comercio internacional, como los estados que se ubican en frontera con Estados Unidos, con América Central y áreas portuarias con entrada y salida hacia el Océano Pacífico y el Golfo de México. FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consulta 10 de febrero de 2026. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.21 Los sectores de comercio, transporte y producción se han visto particularmente afectados por prácticas de extorsión, a través de las cuales grupos delincuenciales exigen pagos periódicos a fin de evitar agresiones que pongan en riesgo la integridad de las personas, así como la continuidad de las operaciones y el patrimonio de sus negocios. Este fenómeno representa una amenaza para la cadena de suministro nacional, dado que limita la competitividad, genera pérdidas económicas importantes en el mercado formal y, a la vez, fortalece el mercado ilícito de mercancías. Un análisis comparativo de los últimos dos años muestra una tendencia similar en la incidencia de homicidios dolosos y la extorsión. 21 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-delitos). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales. 330 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consulta 10 de febrero de 2026. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.22 La ENVIPE del INEGI reporta que la extorsión es uno de los delitos que afecta a las personas de 18 años o más, con una tasa aproximada de 5 mil 971 casos por cada 100 mil habitantes en 2024.23 Esta cifra muestra que, además de la violencia letal, como el homicidio doloso, la extorsión constituye un riesgo importante para la seguridad ciudadana, afectando la vida cotidiana, la economía familiar y la confianza en las instituciones. La extorsión tiene un impacto significativo en grupos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, jóvenes y personas con discapacidad, quienes pueden tener menor acceso a mecanismos de denuncia y protección efectiva. El delito genera costos directos, al requerir pagos o recursos para responder a amenazas, y costos indirectos, al afectar la percepción de seguridad, restringir la movilidad de las víctimas y limitar la participación social y económica. El contexto nacional también muestra que la extorsión es un delito con alta cifra negra, ya que gran parte de los casos no se denuncian por temor, desconfianza en las autoridades o percepción de que la denuncia no resultará en acciones efectivas. Esto refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención a víctimas, coordinación interinstitucional e inteligencia policial, a fin de reducir su incidencia, mejorar la confianza ciudadana y proteger a los grupos más vulnerables. Trata de personas De acuerdo con la Organización integral para las Migraciones (OIM), “la trata de personas es un delito y una grave violación de los derechos humanos que afecta a hombres, mujeres y niños (…) los traficantes se aprovechan de las pérdidas humanas, materiales, sociales y económicas generalizadas y de las consiguientes vulnerabilidades causadas por las emergencias”24 derivadas de desastres naturales o provocados por el hombre, especialmente en las situaciones que superan la capacidad de respuesta de las autoridades nacionales.25 El grupo vulnerable a la explotación que supone la trata, lo componen personas adultas y menores de edad26 sometidas a explotación asociada a trabajos o servicios forzados, explotación sexual y al ejercicio forzado de la mendicidad. La trata de personas en México afecta de manera diferenciada a los grupos prioritarios. En México, el fenómeno migratorio ha favorecido el aumento en la incidencia del delito de trata de personas, extorsión y secuestro. La migración irregular y la falta de un estatus legal incrementa la vulnerabilidad de las personas en tránsito, las hace susceptibles de abusos y violaciones de sus derechos humanos. 22 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-delitos). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales. 23 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 7). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf 24 ONU Migración. (s. f.). Lucha contra la trata de personas. Consultado el 21 de mayo de 2025. https://www.iom.int/es/lucha-contra-la-trata- de-personas. 25 ONU (s. f.) Respuesta a crisis y emergencias. Consultado el 15 de abril de 2026. Respuesta a crisis y emergencias | Naciones Unidas. 26 SSPC. (s. f.). Diagnóstico interno, elaborado con información de la Unidades Administrativas adscritas a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial. Documento interno. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 331 Las cifras de víctimas del fuero común del SESNSP27, actualizadas a diciembre de 2025, muestran las diez entidades federativas con mayor incidencia de trata de personas28: Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Guanajuato, Puebla, Baja California y Michoacán. De forma subyacente, la pornografía y explotación sexual infantil se mantienen como un problema ligado a la trata de personas. FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consulta 10 de febrero de 2026. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.29 A través del marco jurídico e institucional para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, el Estado mexicano impulsa acciones de coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales para mejorar la persecución del delito y la protección integral de las víctimas. Asimismo, se han desarrollado campañas de prevención y prestación de servicios de atención multidisciplinarios. No obstante, persisten retos en la identificación oportuna de víctimas, la armonización operativa entre instancias y la evaluación de resultados, lo que demanda consolidar los mecanismos de cooperación y seguimiento interinstitucional en beneficio de mujeres, la niñez, personas indígenas, migrantes, personas con discapacidad y de la diversidad sexual que son especialmente susceptibles a distintas formas de explotación laboral, sexual o forzada. Como resultado de la experiencia de las intervenciones en territorio se detectó la necesidad de profundizar en la igualdad sustantiva y la protección de los derechos humanos de mujeres, las niñas, niños y adolescentes (NNA), pueblos indígenas y afromexicanos y de las personas en tránsito en el país. Además, es importante considerar que para superar las limitaciones en la implementación de políticas públicas de seguridad, acceso a la justicia y asistencia de los grupos de atención prioritaria, se requiere de la colaboración interinstitucional que en la suma de esfuerzos contribuya en la construcción de ambientes seguros, fomenten la participación ciudadana, permitan superar las desigualdades, la discriminación y contribuyan a prevenir o abordar la violencia desde una perspectiva integral e inclusiva. Violencias multifactoriales cometidas hacia grupos de atención prioritaria En nuestro país, se identifican grupos de atención prioritaria que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, múltiples formas de violencias, así como mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 27 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-víctimas). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales. 28 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-víctimas). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales. Nota: Presentadas por nivel de incidencia. 29 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-víctimas). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales. 332 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 De manera particular, en el caso de las mujeres, la discriminación y las desigualdades estructurales de género han impedido que ejerzan su derecho a una vida libre de violencias, esto se puede ver reflejado en el incremento de la incidencia de delitos vinculados a la violencia por razones de género, familiar y sexual; pues a pesar de los avances logrados en los últimos años, los niveles de violencia cometidos en contra de las mujeres y niñas no han disminuido. NOTA: El delito de violación contempla las modalidades simple y equiparada. FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consulta 10 de febrero de 2026. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 202130, siete de cada diez mujeres de 15 años y más experimentaron algún tipo de violencia o discriminación a lo largo de su vida. La violencia sexual y psicológica afectó a cinco de cada diez mujeres, la física a cuatro de cada diez, mientras que la económica, patrimonial o laboral a tres de cada diez. La gravedad de esta situación se refleja en los feminicidios y las muertes violentas de mujeres. En términos comparativos, diciembre de 2025 se ubica por debajo de diciembre de 2024, al pasar de 61 a 39 casos de feminicidio, lo que representa una disminución interanual aproximada de 36.1%. Este comportamiento confirma que, pese al repunte registrado durante el segundo semestre de 2025, la incidencia de feminicidio cierra el periodo con una reducción significativa respecto al punto de partida observado en diciembre de 2024. FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Consulta 10 de febrero de 2026. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales.31 30 INEGI. (2022, agosto 30). ENDIREH 2021: Principales resultados (p. 24). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf. 31 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (2015-2025, fuero común-víctimas). Consultado el 10 de febrero de 2026. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 333 Personas no localizadas De manera paralela, la conjunción de violencia e inseguridad que persiste en algunas regiones del país derivó en un incremento de la problemática relacionada con personas desaparecidas y no localizadas. Este fenómeno representa un desafío para las capacidades institucionales y la asignación de recursos, al tiempo que incide en la garantía y el respeto de los derechos humanos. De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en 2025 se documentaron 20 mil 621 personas desaparecidas y no localizadas, cifra mayor a la observada en 2024, cuando se registraron 17 mil 082 desapariciones y no localizaciones, lo que representa un incremento de 3 mil 539 personas.32 Los resultados muestran un aumento en el volumen absoluto de los casos, confirmando que la desaparición y no localización de personas se mantiene como un tema toral que demanda una atención prioritaria y una coordinación interinstitucional sostenida. Las entidades con mayor concentración de casos corresponden a Guanajuato, Estado de México, Sonora, Ciudad de México, Baja California, Tabasco, Michoacán y Sinaloa, que en conjunto reúnen el 60.6% de los casos.33 Este comportamiento refleja la continuidad de patrones territoriales vinculados con factores demográficos, dinámicas sociales y presencia de diversas formas de actividad delictiva. El análisis por grupo de edad y sexo muestra que personas jóvenes, mujeres y adolescentes registran una mayor proporción de casos, lo que subraya la importancia de proporcionar un abordaje integral que articule acciones de seguridad con un enfoque de derechos humanos; además de fortalecer la incorporación de un enfoque diferenciado y de género en las estrategias de prevención, búsqueda y atención, contribuyendo a garantizar una respuesta institucional coordinada y basada en evidencia. Cabe destacar que los esfuerzos institucionales, junto con la labor de los organismos de búsqueda y localización, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas, han contribuido a posicionar el tema de las personas extraviadas o desaparecidas34 en el centro de la agenda nacional de seguridad. Estas acciones han permitido avanzar en la visibilización del fenómeno y en la necesidad de priorizar tanto la protección de las víctimas como la de quienes intervienen en su búsqueda, así como de fortalecer la disponibilidad, articulación y eficacia de los recursos destinados a su localización. Es de destacar que los delitos de trata de personas, abuso sexual, violación, violencia por razones de género, violencia sexual y desapariciones en México presentan patrones convergentes en términos de población afectada, ubicación geográfica y factores estructurales. En este sentido, comparten espacios específicos, como rutas migratorias, zonas con alta marginación y corredores urbanos o turísticos, y en contextos sociales caracterizados por desigualdad, pobreza y deficiencias institucionales. Los factores estructurales y operativos que facilitan su comisión y persistencia son, entre otros, desigualdad de género, precariedad socioeconómica, dependencia en cuidados y recursos. Las desapariciones actúan como nodo crítico, vinculándose frecuentemente con explotación sexual, trata o feminicidio. La dinámica criminal se refuerza en entornos de violencia por razones de género, familiar y comunitaria. DELITOS PATRIMONIALES, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS Por otra parte, se observa una incidencia significativa de delitos patrimoniales, financieros y económicos, como robos violentos, fraudes, delitos financieros y prácticas de corrupción, que afectan la confianza en las instituciones y la estabilidad económica. Asimismo, se identifican delitos tecnológicos y cibernéticos, que incluyen ataques informáticos, fraude electrónico y delitos relacionados con datos personales, reflejando la necesidad de capacidades tecnológicas avanzadas para su prevención y persecución. Las afectaciones económicas no sólo repercuten en el sector productivo, sino que también impactan directamente a la población, al exponerse a la pérdida de recursos, endeudamiento forzado o estafas que comprometen su seguridad y bienestar. Del mismo modo, los delitos tecnológicos y cibernéticos facilitan prácticas de extorsión, explotación o trata de personas, particularmente cuando las víctimas utilizan plataformas digitales para acceder a servicios, empleo, información o actividades de esparcimiento. 32 SEGOB. (s. f.). Consulta pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (consulta por rango de fecha de hechos y entidad federativa). https://consultapublicarnpdno.segob.gob.mx/consulta. 33 SEGOB. (s. f.). Consulta pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (consulta por rango de fecha de hechos y entidad federativa). https://consultapublicarnpdno.segob.gob.mx/consulta. 34 Término tomado del RNPED. (Gobierno de México, s. f.). https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de- personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 334 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Robo de Hidrocarburos y contrabando de combustibles El mercado de hidrocarburos en México opera bajo un esquema mixto de participación pública y privada, donde el Estado, a través de Petróleos Mexicanos (PEMEX), conserva la propiedad de los recursos y la mayor parte de la infraestructura estratégica, mientras que los particulares participan en las etapas de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización bajo la regulación de la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). Este modelo, busca garantizar el abasto nacional, fomentar la competencia y fortalecer la seguridad energética del país. En este contexto de apertura, el robo y la sustracción ilegal de hidrocarburos es actualmente uno de los principales riesgos operativos y financieros del sector. Estas actividades ilícitas —conocidas como huachicol— abarcan desde la perforación clandestina de ductos hasta la manipulación de válvulas, almacenamiento, aprovechamiento, resguardo, transporte, distribución, posesión, suministro, ocultamiento, alteración, adulteración y comercialización ilícita de combustibles. Las tomas clandestinas se concentran en regiones con alta densidad de ductos y presencia de redes criminales, ejemplo de ello son los Estados de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Durante el sexenio anterior, se puso en marcha el Plan Conjunto del Gobierno de México para combatir el robo de hidrocarburos de PEMEX, en este marco se llevaron a cabo acciones coordinadas bajo tres ejes: 1) Prevención, para reforzar la seguridad y control; 2) Detección, mediante redes de vínculos y objetivos prioritarios; y 3) Reacción y sanción, para responder con rapidez, sancionar legalmente y evaluar los resultados. La firma de convenios de colaboración entre PEMEX y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (2019-2024), permitió mantener un despliegue permanente de mil 066 efectivos para proteger 41 instalaciones y 16 campos de PEMEX. La intervención de las fuerzas federales, militares y marítimas se centró en los estados de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla y Querétaro. FUENTE: PEMEX. Reporte de tomas clandestinas anual. Documento interno. Datos a diciembre de 2025. Entre los resultados relevantes de este Plan, se encuentra la reducción del 30.7% en las tomas clandestinas entre 2018 y 2025.35 Esta tendencia refleja un escenario de contención y un fortalecimiento en el control del robo físico de hidrocarburos; no obstante, el análisis de contexto permite advertir una transición de modalidades de extracción ilegal visible a esquemas financieros y fiscales más sofisticados. Este desplazamiento muestra que la disminución de conductas detectables en campo no necesariamente equivale a una reducción estructural del fenómeno, sino que obedece a una reconfiguración de los mecanismos utilizados para la obtención y comercialización ilícita de combustibles. Al igual que otros fenómenos delictivos, el robo de hidrocarburos y el contrabando de combustible (huachicol fiscal) han evolucionado hacia esquemas cada vez más complejos, que aprovechan lagunas legales y generan mecanismos de evasión y fraude fiscal aunado a prácticas ilícitas de corrupción. El huachicol fiscal ha emergido como un mecanismo complementario de defraudación, caracterizado por la simulación de operaciones de importación, venta o distribución de combustibles mediante empresas fachada, facturación apócrifa o alteración de volúmenes declarados. 35 PEMEX. (s. f.). Reporte de tomas clandestinas anual. Documento interno. Datos a diciembre de 2025. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 335 Este fenómeno impacta tanto al sector público como al privado, al Estado, por la pérdida de recaudación fiscal y la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); y a los particulares formales, por la competencia desleal y la distorsión de precios en el mercado. Las acciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), han permitido identificar y bloquear operaciones sospechosas, así como fortalecer los mecanismos de trazabilidad y control aduanero. Aunque el robo de hidrocarburos —a través de tomas clandestinas— cuenta con registros operativos de PEMEX y reportes interinstitucionales, actualmente no se dispone de cifras oficiales consolidadas sobre el denominado huachicol fiscal. La ausencia de datos se debe, en parte, a la complejidad del fenómeno, que involucra operaciones de facturación simulada, empresas fachada y esquemas de triangulación que dificultan la trazabilidad y la cuantificación del daño al erario público. En México, este tipo de actividades ilícitas se encuentran presuntamente vinculadas a estructuras organizadas que operan en distintos niveles del mercado de combustibles, así como a personas servidoras públicas con posibles vínculos con dichas redes. El abordaje estratégico combina acciones de supervisión operativa y fiscal, fortalecimiento de capacidades tecnológicas para detección de irregularidades y promoción de mecanismos de denuncia y reporte interinstitucional, a fin de minimizar riesgos y contribuir a la seguridad energética y económica del país, aun en ausencia de datos cuantitativos oficiales. Operaciones con recursos de procedencia ilícita En México, el marco normativo para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, encabezado por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su reglamento y reglas de carácter general, establece obligaciones precisas para los sujetos que realizan actividades vulnerables. Estas obligaciones incluyen la identificación, registro y reporte de operaciones sospechosas, proporcionando a la UIF información estratégica para la detección de fraudes, lavado de dinero y delitos fiscales, incluyendo los asociados al robo de combustible y al huachicol fiscal. El Informe de Actividades de la UIF36 muestra que, entre enero y diciembre de 2025, se recibieron 10 millones 122 mil 662 avisos de actividades vulnerables: Fracción Actividad Vulnerable Ene-dic 2025 I Juegos con apuesta, concursos o sorteos 476,185 II Tarjetas de servicio o crédito, prepagadas, vales o cupones, monederos y certificados de devoluciones 2,845,841 III Cheques de viajero 0 IV Mutuo, préstamos o créditos 921,289 V Desarrollo inmobiliario, transmisión de derechos sobre bienes inmuebles 182,260 VI Metales y piedras preciosas, joyas o relojes 17,102 VII Obras de arte 442 VIII Vehículos aéreos, marítimos o terrestres 1,240,957 IX Servicios de blindaje 2,652 X Traslado o custodia de dinero o valores 1,990,829 XI Servicios profesionales 175,965 XII Fe pública 524,102 XIII Recepción de donativos 20,597 XIV Servicios de comercio exterior 149,762 XV Derechos personales de uso o goce de inmuebles 351,365 XVI Operaciones con activos virtuales 1,223,314 Total 10,122,662 FUENTE: Unidad de Inteligencia Financiera.37 36 UIF. (2025). Informe de actividades, enero-diciembre de 2025. Gobierno de México. https://www.gob.mx/uif/documentos/aqui-podras- encontrar-el-informe-de-actividades-de-la-uif. Nota: Información consultada el 11 de febrero de 2026. Los informes se actualizan mensualmente y se publican dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, sustituyendo el correspondiente al periodo inmediato anterior. 336 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Además, se receptaron un total de 27 millones 594 mil 910 reportes provenientes del sistema financiero y de actividades reguladas: Tipo de reporte Descripción Ene-dic 2025 Reporte de Operaciones Relevantes (ROR) Cuando un cliente o usuario realice alguna operación en efectivo, metales amonedados o cheques de viajero por un monto igual o mayor equivalente en moneda nacional por: 10 mil, 7 mil 500 o 5 mil dólares de los EUA. 13,732,875 Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) Aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los cliente o usuarios que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional. 391,342 Reportes de Operaciones Internas Preocupantes (ROIP) Aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados. 918 Reporte de Operaciones con Dólares en Efectivo de los Estados Unidos de América (FDE) Las Entidades deberán remitir un reporte por cada operación de compra, recepción de depósitos, recepción del pago de créditos o servicios, o transferencias o situación de fondos, en efectivo que se realicen con dólares de los Estados Unidos de América, conforme a lo siguiente:  Tratándose de clientes, por un monto igual o superior a quinientos dólares. Para el caso de los Centros Cambiaros por un monto igual o superior a mil dólares.  Tratándose de usuarios, por un monto igual o superior a doscientos cincuenta dólares. 3,494,474 Reportes de Transferencias Internacionales de Fondos (FTI) Cuando sus cliente o usuarios en lo individual hayan recibido o enviado cualquiera de sus clientes o usuarios, por un monto igual o superior a mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda extranjera en que se realice. 9,559,409 Formato de Montos Totales (MT) Los Centros Cambiarios deberán remitir reportes de las operaciones de compra y venta de divisas extranjeras que hayan recibido y entregado como parte de las Operaciones que hayan efectuado. 7,408 Cheques de Caja (CHC) Las Entidades deberán remitir un reporte por cada Operación de expedición o pago de cheques de caja, realizada con sus clientes o usuarios, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los EUA. 408,484 Total 27, 594, 910 FUENTE: Unidad de Inteligencia Financiera.38 Como resultado de estas acciones, la UIF registró 150 denuncias formales que involucraron a mil 329 sujetos y emitió 78 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas39, lo que refleja la magnitud y complejidad de las redes financieras ilícitas identificadas, así como la persistencia de esquemas de ocultamiento y dispersión de recursos que requieren atención sostenida del Estado. Así pues, los negocios ilícitos dentro y fuera del Sistema Financiero Mexicano generan un efecto negativo en la relación seguridad y economía, ya que al estar al margen de la ley se reduce el crecimiento económico a la par que aumenta la pobreza y la desigualdad; en consecuencia, persiste un detrimento en la calidad de vida de las personas y se convierte en un factor de riesgo que contribuye al incremento de los índices de inseguridad y delincuencia, lo que genera un círculo vicioso que, de forma inicial, requiere ser contenido para después romperlo. 37 UIF. (2025). Informe de actividades, enero-diciembre de 2025. Gobierno de México. https://www.gob.mx/uif/documentos/aqui-podras- encontrar-el-informe-de-actividades-de-la-uif. Nota: Consultado el 11 de febrero de 2026. Los informes se actualizan mensualmente y se publican dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, sustituyendo el correspondiente al periodo inmediato anterior. 38 UIF. (2025). Informe de actividades, enero-diciembre de 2025. Gobierno de México. https://www.gob.mx/uif/documentos/aqui-podras- encontrar-el-informe-de-actividades-de-la-uif . Nota: Consultado el 11 de febrero de 2026; los informes se actualizan mensualmente y sustituyen al del periodo inmediato anterior. 39 La Lista de Personas Bloqueadas constituye un instrumento de carácter preventivo y cautelar, orientado a establecer medidas y procedimientos para la identificación, prevención y mitigación de actos, omisiones u operaciones que puedan favorecer, facilitar o encubrir la comisión de los delitos previstos en el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables. UIF. (2025). Informe de actividades, enero-diciembre de 2025. Gobierno de México. https://www.gob.mx/uif/documentos/aqui-podras- encontrar-el-informe-de-actividades-de-la-uif. Nota: Consultado el 11 de febrero de 2026; los informes se actualizan mensualmente y sustituyen al del periodo inmediato anterior. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 337 Aunado a lo anterior, los casos de corrupción que involucran a personas servidoras públicas de los diferentes ámbitos de gobierno hacen más compleja esta situación, de este modo esta práctica no sólo se sesga hacia un tema de inseguridad, sino que también se afecta la percepción de confianza en las autoridades y resta legitimidad a las instancias públicas. Además, esta práctica socava la competitividad, reduce la inversión y propicia la reducción de recursos disponibles para la implementación de políticas que promuevan la seguridad social y pública. Si bien México cuenta con un marco legal sólido para la prevención de operaciones ilícitas y el control de actividades vulnerables, persisten brechas en la transformación de reportes en acciones efectivas. Es necesario fortalecer la integración y el análisis de la información, mejorar la coordinación interinstitucional y agilizar la conversión de reportes en denuncias y sanciones, con el fin de mejorar la supervisión, proteger la recaudación fiscal y garantizar la seguridad de la infraestructura energética. Tecnologías de la Información al servicio de la seguridad Para hacer frente a esta problemática, se requiere de una infraestructura tecnológica robusta; sin embargo, la limitada integración de sistemas tecnológicos y de telecomunicaciones ha restringido la posibilidad de contar con plataformas interoperables para la gestión de información, reduciendo la capacidad del Estado para anticipar amenazas, coordinar respuestas interinstitucionales y aprovechar herramientas de análisis de inteligencia. Esta limitación incrementa la exposición de diversos segmentos de la población a riesgos y amenazas de seguridad de alto impacto. Entre los grupos afectados se incluyen los ciudadanos en general, susceptibles a delitos como extorsión y secuestro; los empresarios y comerciantes, expuestos a cobros ilícitos y presiones económicas derivadas de la actividad criminal; los usuarios de transporte y logística, cuya movilidad y cadenas de suministro pueden verse comprometidas; las comunidades con menor cobertura institucional y tecnológica, donde la presencia de la delincuencia organizada es más frecuente; y las personas servidoras públicas locales, quienes enfrentan presiones que afectan la capacidad de gobernanza y la coordinación interinstitucional frente a delitos de alto impacto y crimen organizado transnacional. Actualmente, en el país existen diferentes plataformas de comunicación utilizadas por los tres órdenes de gobierno; sin embargo, su intercomunicación no es total, y en muchos casos son poco seguras y vulnerables, lo que provoca una fragmentación de datos en los que los cuerpos de seguridad operan con sistemas aislados, que impide compartir información en tiempo real. Las bases de datos no interoperables dificultan el análisis conjunto de inteligencia criminal, existen retrasos en la toma de decisiones por la falta de integración tecnológica, lo que ralentiza la respuesta ante incidentes y los mandos operativos no cuentan con información actualizada para coordinar acciones efectivas; esto afecta la eficacia operativa de las fuerzas de seguridad dado que no pueden coordinarse adecuadamente ante situaciones críticas y se reduce la capacidad de prevención y disuasión del delito. Entre las plataformas tecnológicas está Plataforma México, diseñada para integrar datos de seguridad, incluye registros biométricos, fichas delictivas, geolocalización, balística forense, entre otros, pero su aprovechamiento es limitado por el problema de vinculación tecnológica y operativa entre dependencias. La vigilancia y monitoreo se ven limitados dado que los sistemas de videovigilancia, sensores y telecomunicaciones no están conectados ni centralizados por lo que se pierde la capacidad de reacción ante eventos en tiempo real, lo cual puede provocar deficiencias en la trazabilidad, dado que no se puede seguir adecuadamente el historial de eventos, personas o vehículos involucrados en delitos y dificulta la identificación de patrones delictivos. Las repercusiones en la seguridad pública se reflejan en el incremento de la impunidad, al no tener evidencia digital integrada se dificulta la judicialización de casos; además, los delincuentes aprovechan vacíos tecnológicos para operar sin ser detectados. La delincuencia organizada y los ciberdelitos requieren respuestas tecnológicas avanzadas; sin integración, las instituciones quedan rezagadas frente a estas amenazas, si a esto se suma una inversión financiera en tecnologías sin considerar la interoperabilidad se generan costos adicionales y baja rentabilidad social. 338 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 El uso intensivo de las tecnologías de la información ha incrementado la exposición de la población y de las instituciones a riesgos cibernéticos, lo que convierte a la ciberseguridad en un componente estratégico de la seguridad pública. De acuerdo con el Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos (RNIC) 40, durante 2024 se registraron 96 mil 147 incidentes, mientras que en 2025 se contabilizaron 92 mil 61, lo que confirma la persistencia y diversificación de las amenazas en el entorno digital. Los principales tipos de incidentes correspondieron a acoso cibernético (22 mil 507), robo de contraseñas (8 mil 489), extorsión (17 mil 281), fraude electrónico (12 mil 415), cobranza ilegítima (6 mil 313), suplantación de identidad (4 mil 193) y amenazas (3 mil 961), conductas que afectan de manera directa la integridad, el patrimonio y la privacidad de las personas.41 Este panorama deja ver que la delincuencia tradicional ha trasladado y adaptado sus esquemas al entorno digital, aprovechando vacíos normativos, debilidades institucionales y una baja cultura de ciberseguridad, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los instrumentos normativos y los mecanismos de prevención, detección y respuesta frente a estos riesgos. FUENTE: Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos (RNIC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.42 Entre los principales retos destacan el fortalecimiento de las Unidades de Policía Cibernética (UPC) en capacidades técnicas, recursos humanos especializados y herramientas forenses; la interoperabilidad de bases de datos y plataformas de denuncia digital, y la actualización del marco legal para incorporar modalidades emergentes como phishing43, ransomware44 o sextorsión.45 Asimismo, se requiere desarrollar inteligencia cibernética aplicada a la seguridad pública que permita anticipar riesgos, prevenir ataques y neutralizar operaciones delictivas en el entorno digital. La consolidación de un ecosistema nacional de ciberseguridad, articulado y basado en evidencia es fundamental para proteger la infraestructura tecnológica, reducir vulnerabilidades y fortalecer la confianza ciudadana en el espacio digital. 40 SSPC. (2024-2025). Diagnóstico en materia de seguridad para programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Con información de la base de datos de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas. 41 SSPC. (2024-2025). Diagnóstico en materia de seguridad para programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Con información de la base de datos de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas. 42 SSPC. (2024). Diagnóstico en materia de seguridad para programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Con información de la base de datos de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas. 43 Microsoft (s. f.). Protéjase del fraude en línea. https://support.microsoft.com/es-es/security/protect-yourself-from-phishing 44 Microsoft (s. f.). ¿Qué es el ransomware? https://www.microsoft.com/es-co/security/business/security-101/what-is-ransomware 45 Consejo ciudadano para la seguridad y justica de la Ciudad de México (s. f.). Sextorsión en la era digital: Impacto en niñas, niños y adolescentes. Reporte 2023 - 2025 (p.5) Reporte Sextorsión.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 339 Mecanismos de legalidad y diálogo ciudadano De manera paralela, se observan limitaciones en los mecanismos de legalidad, diálogo ciudadano y fomento del bienestar social, lo cual genera un entorno poco propicio para las acciones conjuntas en la prevención del delito. La fragmentación de espacios de participación, la escasa confianza en los canales institucionales y la percepción de corrupción en algunos ámbitos de gobierno debilitaron el vínculo entre ciudadanía y autoridades, reduciendo la legitimidad de las políticas públicas. La insuficiente atención a víctimas refleja y amplifica las debilidades institucionales en materia de legalidad y bienestar social. La falta de aplicación y actualización de protocolos integrales de protección, asistencia psicológica, jurídica y social, así como de mecanismos de reparación del daño, genera que las víctimas de delitos y sus familias enfrenten barreras para acceder a justicia y apoyo. Esto no sólo incrementa la vulnerabilidad de los afectados, sino que también debilita la confianza ciudadana en las instituciones, al percibir que el Estado no garantiza protección ni acompañamiento efectivo. Al mismo tiempo, la persistencia de desigualdades sociales y la insuficiencia de oportunidades económicas generan un entorno en el que amplios sectores de la población permanecen en situación de vulnerabilidad a pesar de la cobertura en programas de bienestar. Esta realidad limita la capacidad del Estado para prevenir factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, y dificulta la consolidación de una cultura de paz y legalidad. Lo anterior se agrava con las restricciones en la operación y desempeño de las instituciones de seguridad pública, que enfrentan limitaciones en recursos humanos, financieros y tecnológicos, así como deficiencias en sus procesos de profesionalización y control interno. En los últimos seis años, las dependencias federales han implementado programas de prevención del delito, jornadas interinstitucionales, ferias comunitarias y capacitación ciudadana, estableciendo un esquema de institucionalidad y corresponsabilidad. Pese a ello, se requiere fortalecer el intercambio de información, que permita alinear acciones preventivas, programas de formación y seguimiento, se compartan recursos para generar un impacto mayor en cuanto a la reducción de riesgos, la prevención de la violencia y la consolidación de la cultura de legalidad en el país. Percepción de confianza en autoridades de seguridad e impartición de justicia La falta de facultades plenas en materia de investigación impactó en la baja judicialización de los delitos, lo que derivó en una percepción ciudadana de impunidad y desconfianza hacia las instituciones. De manera paralela, la insuficiencia de mecanismos de inteligencia, el rezago tecnológico y la fragmentación de la información entre corporaciones se configuraron como debilidades estructurales frente a la expansión de la delincuencia organizada, la diversificación de actividades ilícitas y la creciente exposición de la sociedad a riesgos y amenazas emergentes. Sobre el nivel de confianza en autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional y procuración e impartición de justicia, la ENVIPE 2025 indica que el 91.0 % de los encuestados identificó a la Marina como la autoridad que mayor confianza inspira, con mucha o algo de confianza. Siguió la Fuerza Aérea Mexicana, con 89.3%.46 La ENSU 2025, indaga la percepción de la población de 18 años y más respecto a las labores de prevención y combate a la delincuencia de diversas autoridades de seguridad pública. De acuerdo con los resultados del cuarto trimestre de 2025, esta encuesta reveló que el 83% de los encuestados consideró que el desempeño de la Marina fue muy o algo efectivo, mientras que la Fuerza Aérea Mexicana alcanzó 81.4% y el Ejército, 79.7%. Con menores porcentajes en la percepción de un desempeño muy o algo efectivo figuraron la Guardia Nacional con 70.0%, la policía estatal con 51.8% y la policía preventiva municipal con 46.0%.47 De acuerdo con la ENVIPE 2025, en 2024, de los 33.5 millones de delitos ocurridos, sólo 9.6% se denunció, que equivale a 3.2 millones aproximadamente; y de estos, el Ministerio Público (MP) o fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación en 70.5% de los casos, alrededor de 2.3 millones, lo que lleva a un aproximado de 31.2 millones de delitos ocurridos no investigados, o sea el 93.2%, dato conocido como cifra negra.48 46 INEGI. (2025, septiembre 18). ENIVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 28). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf. 47 INEGI. (2026, enero 23 ENSU 2026: Reporte de resultados (p. 17). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/ensu/ENSU2026_01_RR.pdf. 48 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 15). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf. 340 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Al comparar los resultados más recientes de la ENVIPE, la cifra oculta pasó de 92.9% en 2023 a 93.2% en 202449, lo que representa un incremento de 0.3 puntos porcentuales; aunque este aumento es moderado, el indicador se mantiene en niveles elevados. En el marco de esta encuesta se advierte que la cifra oculta está asociada a factores vinculados con la percepción ciudadana sobre la eficacia institucional, las condiciones de acceso a la denuncia y los costos sociales que implica acudir a las autoridades. Estos elementos inciden directamente en los niveles de confianza y en la calidad de la relación entre el Estado y la población, influyendo en la decisión de denunciar y, en consecuencia, en la visibilidad real del fenómeno delictivo. El hecho de que 93.2% de los delitos no deriven en una investigación formal, junto con la baja proporción de carpetas de investigación abiertas, contribuye a la persistencia de altos niveles de impunidad, al limitar la capacidad del sistema de justicia para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y generar efectos disuasivos sobre la criminalidad. Vulnerabilidad social En México, la vulnerabilidad social representa una expresión de desigualdad estructural, y también constituye un factor de riesgo que incide directamente en la generación y reproducción de contextos de inseguridad e impunidad. Esto se refleja en la persistencia de amplios sectores de la población con carencias en materia de salud, educación, vivienda y seguridad social, tal como lo documenta el INEGI. El reporte más reciente del INEGI50 muestra que, en 2024, 29.6% de la población mexicana —equivalente a 38.5 millones de personas— se encontraba en situación de pobreza multidimensional, mientras que 48.2% carecía de acceso a la seguridad social y 34.2% no contaba con servicios de salud. Estas cifras evidencian que, incluso en un contexto de recuperación económica, la vulnerabilidad social persiste como un desafío estructural vinculado a la informalidad laboral y la insuficiencia de ingresos. FUENTE: INEGI, Análisis de los resultados de la medición de la pobreza multidimensional, 2024.51 En cuanto a la pobreza extrema, Chiapas y Guerrero registraron las mayores incidencias del país, con 27.1% y 21.3% de su población, respectivamente, ambas por encima del 20%. Además de encabezar los porcentajes, Chiapas concentró el mayor número absoluto de personas en esta condición, con aproximadamente 1.6 millones (1,589.7 mil), seguido por Guerrero, con 769 mil, y Veracruz, con 713.9 mil personas. En contraste, entidades como Baja California (0.4%), Nuevo León (0.5%) y Aguascalientes (0.6%) presentaron los niveles más bajos de incidencia, lo que refleja una marcada disparidad regional en la distribución de la pobreza extrema en el país. 49 Se refiere a los datos de cifra oculta o cifra negra. INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 15). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf. 50 INEGI. (2025, agosto 13). Análisis de los resultados de la medición de la pobreza multidimensional 2024 (pp. 9, 14, 20). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pm/pm2025_RR_08.pdf. 51 INEGI. (2025, agosto 13). Análisis de los resultados de la medición de la pobreza multidimensional 2024 (p. 13). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pm/pm2025_RR_08.pdf. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 341 Bajo este contexto, se generan entornos propicios para la violencia y la delincuencia, en tanto que las referidas condiciones de pobreza reducen las oportunidades de desarrollo y favorecen dinámicas de exclusión, desconfianza institucional y ruptura del tejido social. En comunidades con alta marginación o rezago social, la ausencia de opciones educativas y laborales sostenibles facilita la captación de personas por parte de organizaciones delictivas, mientras que la falta de acceso a la justicia reproduce la impunidad. En este mismo sentido, el Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) (2024)52 advierte que la población que carece de condiciones de desarrollo humano enfrenta también exclusión en el acceso a los bienes públicos fundamentales, entre ellos la seguridad, la justicia y la protección de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, la impunidad opera como un proceso de doble vulnerabilidad social, al negar tanto la garantía de derechos como la posibilidad de reparación ante su violación. Ante este escenario, se requiere fortalecer las políticas integrales de seguridad, bienestar social, empleo y desarrollo, orientadas a ampliar las oportunidades de inclusión productiva, educativa y comunitaria en los territorios de mayor rezago. Asimismo, deben impulsarse estrategias de prevención social del delito, acompañadas de mecanismos de coordinación interinstitucional y participación ciudadana. Estas acciones permitirán reducir la exposición de la población vulnerable a la criminalidad, consolidar entornos seguros y contribuir al ejercicio efectivo de los derechos humanos y al desarrollo sostenible del país en beneficio de jóvenes, mujeres, personas liberadas del sistema penitenciario, comunidades indígenas, población en situación de calle o desplazamiento forzado, y habitantes de zonas rurales o urbanas marginadas, entre otros. Estado de fuerza y capacidad de respuesta El estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública en México muestra avances sustantivos en cobertura operativa, pero también se observan retos en materia de profesionalización, presencia territorial y resiliencia institucional. De acuerdo con datos del INEGI, el personal de seguridad pública total asciende a 449 mil 295 personas, distribuidos por nivel de gobierno de la siguiente forma: en el ámbito federal 132 mil 036 personas adscritas a la GN y en el ámbito estatal 151 mil 168 personas, esto de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPE) 2025 del INEGI53; finalmente, en el ámbito municipal, el personal adscrito a las instituciones de seguridad pública ascendía a 166 mil 091 personas, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 202554 del INEGI. Parte indispensable para el desarrollo y permanencia de las personas servidoras públicas que integran las agrupaciones de seguridad es contar con el Certificado Único Policial (CUP), el cual consiste en realizar una formación inicial o equivalente y aprobar diversas evaluaciones: control de confianza, competencias básicas o profesionales y de desempeño. Al 31 de diciembre de 2025, el SESNSP informó que el 84.9% del total de integrantes de las instituciones de seguridad cuenta con el CUP: AVANCE GLOBAL EN LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL (al 31 de diciembre de 2025) 1/ No. Ámbito Universo Policías con CUP Mujeres Hombres Mujeres Hombres 1 Federal 32,417 105,999 27,918 86.1% 89,395 84.3% 2 Estatal 45,640 130,932 39,418 86.4% 116,166 88.7% 3 Municipal 34,281 90,580 26,854 78.3% 73,576 81.2% Total 439,849 373,327 84.9% NOTA: El universo CUP está compuesto por los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de los Lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial. 1/ La información disponible corresponde al corte del 31 de diciembre de 2025, ya que los datos del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública se consolidan y reportan de manera mensual al mes vencido. FUENTE: Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, documento interno. 52 Universidad de las Américas Puebla. (2024). Índice Global de la Impunidad 2024 (p. 54). https://www.udlap.mx/APII/files/indices/IGI-global- 2024-UDLAP.pdf. 53 INEGI. (2025, agosto 14). CNSPF-E 2025: Resultados generales (p. 4). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspf/2025/doc/cnspf_2025_resultados.pdf. 54 INEGI. (2026, marzo 19). CNGMD 2025: Versión ejecutiva (p. 41). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngmd/2025/doc/cngmd_2025_resultados_ve.pdf. 342 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 De acuerdo con la LGSNSP, la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se someten a las evaluaciones periódicas a cargo del centro de control de confianza correspondiente. Estas evaluaciones permiten verificar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, ética, situación socioeconómica y condición médica, tanto en los procedimientos de ingreso como en los de promoción y permanencia. La desagregación del personal de seguridad pública estatal, que considera estatales y municipales es la siguiente: PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL (Al 31de diciembre de 2025) No. Entidad TOTAL No. Entidad TOTAL 1 Aguascalientes 1,588 17 Morelos 1,119 2 Baja California 1,301 18 Nayarit 1,494 3 Baja California Sur 514 19 Nuevo León 6,987 4 Campeche 1,232 20 Oaxaca 7,579 5 Chiapas 9,824 21 Puebla 5,530 6 Chihuahua 3,270 22 Querétaro 700 7 Coahuila 2,904 23 Quintana Roo 2,139 8 Colima 617 24 San Luis Potosí 4,355 9 Ciudad de México 78,752 25 Sinaloa 1,049 10 Durango 1,330 26 Sonora 1,683 11 Guanajuato 5,680 27 Tabasco 6,657 12 Guerrero 4,473 28 Tamaulipas 4,769 13 Hidalgo 1,833 29 Tlaxcala 2,215 14 Jalisco 8,197 30 Veracruz 6,076 15 México 15,482 31 Yucatán 4,118 16 Michoacán 6,735 32 Zacatecas 2,754 SUBTOTAL 143,732 SUBTOTAL 59,224 TOTAL 202,956 FUENTE: Con información proporcionada por las entidades federativas para el último Diagnóstico de las capacidades institucionales de las Secretarías de Seguridad Pública Estatales que da cumplido al Acuerdo 11/LII/2025. Presentación del diagnóstico correspondiente al Artículo Séptimo Transitorio del Decreto Constitucional en Materia de Guardia Nacional, aprobado en la LII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 11 de diciembre del 2025 y publicado en el DOF el 27 de diciembre del mismo año55. Fecha de corte: 31 de diciembre de 2025. El análisis del estado de fuerza muestra brechas importantes: la cobertura policial por habitante varía significativamente entre entidades federativas; los procesos de certificación y control de confianza requieren refuerzo continuo; y la violencia dirigida contra los propios elementos de seguridad señala riesgos institucionales que afectan la operatividad. Con base en los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se tiene que todas las entidades federativas cuentan con al menos una Academia o Instituto de formación, capacitación, profesionalización, especialización y actualización de personas aspirantes y servidoras públicas en las funciones de seguridad pública, policial, ministerial, pericial y penitenciaria. 55 SSPC. (2025, diciembre 27). Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 11 de diciembre de 2025. DOF. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5777197&fecha=27/12/2025#gsc.tab=0. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 343 Sin embargo, no están en igualdad de condiciones. Por ejemplo, Tabasco y Jalisco no cuentan con áreas especializadas en inteligencia en Seguridad Pública y análisis; en cuanto a la capacidad de investigación, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, y Sonora están en proceso de integración, mientras que Coahuila, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz no cuentan con esta área. En este contexto, es fundamental que la política de seguridad pública incluya como prioridad robustecer el estado de fuerza policial, mediante la ampliación del número de efectivos, la mejora de su formación técnica y ética, la modernización de equipamiento y sistemas de inteligencia, y la distribución territorial basada en criterios de incidencia delictiva, vulnerabilidad social y densidad poblacional. Solo así la presencia policial será efectiva y capaz de cumplir con su misión de salvaguardar la vida, las libertades y el patrimonio de las personas. Salarios de las personas policías El nivel de remuneración del personal policial constituye un componente estructural clave para el fortalecimiento del cuerpo de seguridad y el cumplimiento efectivo de sus funciones. Al respecto, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), realizó diferentes análisis para estimar un ingreso suficiente que garantice a las personas policías, así como a sus familias, una vida digna. Estos estudios consideran la cobertura de sus necesidades básicas, incluyendo alimentación, calzado, vivienda, salud, educación y recreación. De acuerdo con los registros del SESNSP y los datos de la CONASAMI, al 31 de diciembre de 2025, solamente el cuerpo policial estatal de Aguascalientes contaba con ingresos superiores a lo establecido por la CONASAMI. FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, documento interno elaborado con información de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) a diciembre de 2025. Los salarios de policías estatales presentan disparidades geográficas y cuantitativas, con un rango de percepciones mensuales que va de 10 mil 412.04 pesos en Tlaxcala a 21 mil 765.20 pesos en Baja California. Esta variabilidad refleja la necesidad de alinear las políticas salariales con criterios de equidad y retención del talento, incrementando los recursos públicos destinados a la seguridad y fortaleciendo la profesionalización policial en todo el país. Esta disparidad resalta la necesidad de mejorar y adecuar la remuneración del personal policial acorde al costo de la vida y condiciones económicas de sus respectivas entidades federativas, a fin de permitirles contar con recursos adecuados para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias; estas acciones suman a la motivación y la permanencia del personal dentro de las instituciones de seguridad. 344 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Capacidades de las instituciones de seguridad La dinámica actual delictiva, los avances tecnológicos y las nuevas exigencias sociales demandan una mayor capacidad institucional de seguridad para responder de manera integral, moderna y con perspectiva de derechos humanos a las necesidades actuales de la sociedad. La LGSNSP56 establece que el desarrollo de las instituciones de seguridad pública comprende un conjunto de procesos orientados a su fortalecimiento y eficiencia sostenible, con el propósito de prevenir, investigar y perseguir los delitos de manera efectiva, y así cumplir con su misión de proteger a la ciudadanía y garantizar el Estado de Derecho. En el marco del Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA), se exige la profesionalización de las policías con un nivel académico superior y capacidades técnicas reforzadas. Su papel se ha redimensionado: el actuar policial adquiere mayores responsabilidades en la investigación y en la función de primer respondiente, mientras que el MP asume un rol central en la conducción procesal y la litigación en audiencias. De esta forma, se fortalece la coordinación interinstitucional y se garantiza una respuesta más eficaz frente a los fenómenos delictivos. Para ello, estas instituciones deben contar con reglas y procesos estructurados que regulen su organización y funcionamiento, los cuales incluyen, al menos, el Servicio Profesional de Carrera, los esquemas de profesionalización y el régimen disciplinario de sus integrantes. Asimismo, deben consolidar órganos colegiados de decisión, responsables de la planeación, dirección, ejecución y control interno de procesos como reclutamiento, selección, promociones y demás asuntos estratégicos vinculados con su operación. A pesar de la existencia de marcos normativos que establecen la necesidad de contar con reglas y procesos estructurados, muchas instituciones de seguridad enfrentan deficiencias en la consolidación de su organización y funcionamiento, lo que impacta directamente en la profesionalización y desempeño del personal. La ausencia o insuficiencia de un Servicio Profesional de Carrera sólido, de esquemas de capacitación continua y de un régimen disciplinario limita la capacidad de los cuerpos policiales para asegurar procedimientos transparentes y meritocráticos en reclutamiento, selección, promociones y otras decisiones estratégicas. De igual manera, la falta de órganos colegiados de decisión plenamente operativos reduce la eficiencia en la planeación, dirección, ejecución y control interno de procesos críticos, afectando la gobernanza institucional y la confiabilidad del servicio que se brinda a la ciudadanía. De acuerdo con información del CNSPE 2025 del INEGI, únicamente nueve entidades reportaron información sobre menciones honoríficas, distinciones, citaciones y recompensas, siendo un total de 2 mil 213 reconocimientos; de los cuales 82.8% fueron otorgadas a hombres y 17.2% a mujeres. En lo que respecta a las promociones, 13 entidades informaron la entrega de mil 696 ascensos al personal policial, distribuidos en 76.8% para hombres y 23.2% para mujeres57. Estos datos revelan que existen brechas adicionales, disparidades de género en los procesos de reconocimiento y promoción del personal policial, lo que sugiere la necesidad de fortalecer el Servicio Profesional de Carrera Policial que fomente la profesionalización en igualdad de condiciones, así como la generación de mecanismos de rendición de cuentas. SISTEMA PENITENCIARIO La gestión penitenciaria no está desvinculada de la seguridad pública, ya que las condiciones internas de los centros, la gobernabilidad y la reinserción social de las PPL impactan directamente en la seguridad de la sociedad en general. El sistema requiere la incorporación de procesos de inteligencia e investigación, orientados a prevenir delitos, detectar riesgos internos y mejorar la gestión de la población privada de la libertad. La inteligencia penitenciaria permite identificar patrones de conducta delictiva, detectar la operación de estructuras criminales al interior de los centros, anticipar conflictos y reducir la posibilidad de incidentes que comprometan la seguridad y la reinserción social. 56 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. (2025, julio 16). LGSNSP, artículo 62. DOF. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5763159&fecha=16/07/2025#gsc.tab=0. 57 INEGI. (2025, agosto 14). Tabulados del CNSPE 2025: Estructura organizacional y recursos [Archivo de datos, XLSX, cnspe2025_est_org_rec, índice 21: “Personal de la institución encargada de la función de seguridad pública reconocido, por nivel de gobierno y entidad federativa según tipo de reconocimiento o estímulo y sexo, 2024”]. https://www.inegi.org.mx/programas/cnspe/2025/#tabulados. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 345 Asimismo, la integración de la investigación contribuye a generar información confiable y oportuna, que sirve de base para la toma de decisiones estratégicas, la asignación de recursos, la planeación de programas de tratamiento y reinserción, y la coordinación con autoridades judiciales y de seguridad pública. Este enfoque proactivo fortalece la gobernabilidad, la prevención de riesgos y la profesionalización de la operación, asegurando que los centros penitenciarios no funcionen únicamente como espacios de reclusión, sino como entornos seguros y gestionados estratégicamente. Heterogeneidad normativa y procedimental Actualmente, el Sistema Penitenciario Nacional enfrenta una ausencia de integralidad y homogeneidad, la cual se refleja en la diversidad de criterios, procedimientos y estándares operativos entre los distintos centros penitenciarios. Esta falta de uniformidad genera disparidades en la administración y operación de los centros, afectando de manera directa áreas críticas como la clasificación de la población penitenciaria, la asignación de recursos humanos y materiales, así como la implementación de programas de capacitación, formación académica y educación para la reinserción social. La heterogeneidad en los procesos internos también contribuye a la fragmentación de la gestión institucional, manifestada en vacíos de coordinación interinstitucional, duplicidad de esfuerzos administrativos y retrasos en la toma de decisiones estratégicas. Esta situación impacta negativamente en la eficiencia operativa, limitando la capacidad de supervisión, control interno y aplicación de protocolos de seguridad y reinserción, así como la eficacia en la planificación y ejecución de políticas penitenciarias a nivel nacional. Se observa, además, que la gestión penitenciaria no puede considerarse aislada de la seguridad pública, dado que las condiciones de gobernabilidad de los centros penitenciarios inciden directamente en la estabilidad y seguridad de la sociedad. La ausencia de criterios estandarizados y de coordinación estructurada reduce la efectividad de las estrategias de inteligencia e investigación necesarias para identificar riesgos, prevenir la violencia y desarticular estructuras delictivas que operan dentro y fuera de los centros. En consecuencia, se analiza la necesidad de implementar mecanismos de estandarización, profesionalización y coordinación interinstitucional, incorporando elementos de inteligencia, análisis de riesgo y evaluación continua de resultados, con el objetivo de garantizar la coherencia, eficiencia y efectividad de los procesos penitenciarios. La consolidación de un sistema penitenciario integral, homogéneo y alineado con los objetivos de seguridad pública permitirá fortalecer la gobernabilidad interna, eficientar el uso de recursos y promover la reinserción efectiva de la población privada de la libertad, contribuyendo de manera directa a la reducción de riesgos para la sociedad en su conjunto. Población penitenciaria y capacidad operativa De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEF-E) 2025, al cierre de 2024, la infraestructura penitenciaria nacional se conformó por un total de 325 centros: 14 centros penitenciarios federales, 261 centros penitenciarios estatales y 50 centros especializados.58 En cuanto a su ocupación, se reportó una tasa59 de 72.4% en los centros penitenciarios federales y 118.7% en los centros penitenciarios estatales, la tasa general de ocupación penitenciaria fue de 113%. La entidad que concentró la mayor tasa de ocupación fue Nayarit con 191.65%, le sigue el Estado de México con 157.92% y en tercer lugar Morelos con 104.79%.60 En los últimos años se incrementó gradualmente la población nacional de PPL internadas en los centros penitenciarios y centros especializados como se muestra en el siguiente gráfico: 58 INEGI. (2025, julio 17). CNSIPEF-E 2025: Presentación de resultados generales (p. 9). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/2025/doc/cnsipee_2025_resultados.pdf. 59 La tasa de ocupación en centros penitenciarios y centros especializados se calcula al dividir la cantidad de las PPL internadas entre el número de espacios por cien. 60 SSPC. (2025, diciembre). Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional (p. 13). Gobierno de México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048555/CE_2025_12.pdf. 346 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 FUENTE: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social.61 A partir de los datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, publicado por Prevención y Reinserción Social en diciembre 2025, se observa que la mayor parte de la población privada de la libertad reside en centros bajo jurisdicción estatal; al cierre de dicho ejercicio fiscal ascendía a 235 mil 71662. En contraste, los Centros Penitenciarios Federales mantienen una población relativamente estable y marginal respecto al total. Si bien la población federal fluctúa —alcanzando su punto más bajo en 2021 con 16 mil 060 PPL y su máximo en 2023 con 20 mil 852—, el incremento poblacional en los centros penitenciarios federales de 2017 a 2025 es de 2.5%, a diferencia de los centros penitenciarios estatales que es de 22.8% para el mismo periodo. FUENTE: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social.63 61 Los datos correspondientes al periodo 2017-2024 fueron consultados en el CNSIPEF-E 2025: Presentación de resultados generales, publicado el 17 de julio de 2025 (p. 10). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/2025/doc/cnsipee_2025_resultados.pdf. Para el año 2025, la información fue obtenida del Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, correspondiente a diciembre de 2025 (pp. 13). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048555/CE_2025_12.pdf. 62 SSPC. (2025, diciembre). Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional (p. 5). Gobierno de México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048555/CE_2025_12.pdf. 63 Los datos correspondientes al periodo 2017-2024 fueron consultados en el CNSIPEF-E 2025: Presentación de resultados generales, publicado el 17 de julio de 2025 (p. 21). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/2025/doc/cnsipee_2025_resultados.pdf. Para el año 2025, la información fue obtenida del Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, correspondiente a diciembre de 2025 (p. 5). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048555/CE_2025_12.pdf. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 347 En este contexto, el Sistema Penitenciario Nacional demostró una capacidad operativa sostenida para gestionar una población en constante crecimiento. Aun con la presión estructural derivada del incremento continuo de PPL, el componente estatal, que concentra la mayor parte de la población penitenciaria, logró mantener su funcionamiento y absorber el grueso de los ingresos, lo que deja ver una resiliencia institucional frente a las demandas crecientes de internamiento y administración. No obstante, para consolidar esta capacidad y sostenibilidad, se requiere una mayor asignación de recursos humanos, financieros y de infraestructura, así como el fortalecimiento de los mecanismos de planeación, supervisión e interconexión institucional entre los ámbitos federal y estatal. Solo mediante un marco normativo uniforme y una operación coordinada, en congruencia con los principios de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), será posible avanzar hacia un Modelo Penitenciario orientado a la gobernabilidad, la seguridad, la reinserción social efectiva y servicios postpenales. Con base en el CNSIPEF-E 2025, al analizar el aspecto de distribución del personal penitenciario se muestra una concentración prioritaria en funciones de seguridad y vigilancia. No obstante, este perfil funcional pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las áreas técnicas y profesionales vinculadas con la reinserción social y la atención especializada, a fin de lograr un equilibrio institucional entre las tareas de seguridad y los procesos de tratamiento, educación, salud y apoyo psicosocial que contribuyan efectivamente a los fines de reinserción previstos en la LNEP. PERSONAL ADSCRITO A LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y CENTROS ESPECIALIZADOS SEGÚN CARGO, 2024 (Porcentaje) Cargo Federales Estatales Personas titulares de los centros 0.2 0.9 Personal directivo 0.6 2.0 Personal técnico o de operación Médico Cirugía general 0.0 0.5 Familiar 0.0 0.8 Ginecología y obstetricia 0.0 0.0 Medicina interna 0.0 0.2 Pediatría 0.0 0.01 Psiquiatría 0.1 0.1 Urgencias 0.0 0.04 Odontología 0.3 0.6 Otra especialidad médica 2.4 1.0 Trabajo social 2.9 3.1 Psicólogo 3.9 2.3 Criminológico 1.0 1.1 Jurídico 8.1 4.5 Pedagógico 5.0 1.4 Interpretación y traducción 0.0 0.01 Otro tipo 7.7 2.0 Personal de custodia y/o vigilancia Primer nivel jerárquico 0.1 0.8 Nivel intermedio 4.5 4.5 Nivel operativo 35.0 56.2 Personal administrativo y de apoyo 28.3 15.3 FUENTE: Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 202564 64 INEGI. (2025, julio 17). CNSIPEF-E 2025: Presentación de resultados generales (p. 13). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/2025/doc/cnsipee_2025_resultados.pdf. 348 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Durante la administración anterior, los centros federales, en particular, lograron una presencia de personal jurídico y pedagógico, lo que indica un compromiso por fortalecer la base legal de los procesos de internamiento y ofrecer programas de formación educativa. Este énfasis en la dimensión legal y educativa es fundamental para asegurar que las PPL tengan acceso a herramientas que faciliten su eventual reinserción y que sus expedientes sean tratados con la rigurosidad procesal requerida. Reinserción social La reinserción social se ha consolidado como un objetivo estratégico del Sistema Penitenciario Nacional, se orienta a reducir la reincidencia y a promover la integración de las personas liberadas y externadas mediante educación, capacitación laboral, atención en salud, deporte y actividades culturales. En el ámbito federal, durante los últimos seis años, se implementaron estrategias que promueven la reinserción social con perspectiva de género, enfoque interseccional y atención diferenciada a grupos en situación de vulnerabilidad. Este enfoque permitió dar atención a grupos prioritarios, tal es el caso de personas adultas mayores, personas con discapacidad, integrantes de comunidades indígenas y afromexicanas, así como a la comunidad de la diversidad sexual. Entre las acciones orientadas a la inclusión y al acceso equitativo de PPL a los beneficios institucionales, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS) implementó estrategias de sensibilización en materia de igualdad, diversidad sexual y derechos humanos. Asimismo, se fortalecieron los mecanismos de atención a la salud mental, se promovió la incorporación de personas adultas mayores y con discapacidad en programas sociales federales, y se desarrollaron conmemoraciones que fomentan la tolerancia, la diversidad cultural y lingüística. En su conjunto, estas acciones consolidan un modelo de reinserción social con enfoque de derechos humanos, igualdad de género e interseccionalidad, orientado a garantizar la dignidad, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad de las PPL. Prevención y Reinserción Social impulsó la coordinación interinstitucional como eje articulador de los esquemas de reinserción, mediante alianzas estratégicas que potencian su capacidad operativa en los ámbitos esenciales del sistema penitenciario. Si bien las acciones implementadas permitieron avanzar en la reinserción social incluyente, con enfoque de derechos humanos, de género e interseccionalidad, persisten áreas que requieren fortalecimiento para afianzar su sostenibilidad y mayor impacto. Resulta necesario ampliar la cobertura y especialización en la atención a la salud mental de las PPL, otorgando acompañamiento integral y continuidad terapéutica. De igual forma, es prioritario transversalizar de manera más profunda los enfoques de género e interseccionalidad en todas las etapas del proceso de reinserción, de modo que las acciones respondan de manera diferenciada a las necesidades específicas de mujeres, personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis, Intersexuales, Queer y + que incluye otras identidades y orientaciones sexuales (LGBTTTIQ+), indígenas, afromexicanas, adultas mayores, extranjeras y con discapacidad. Otro aspecto que demanda fortalecimiento es la vinculación interinstitucional y con el sector social y privado, para ampliar las oportunidades de educación, capacitación y empleo al egreso, favoreciendo una reinserción efectiva a la comunidad. En este sentido, la formación y sensibilización continua del personal penitenciario en temas de derechos humanos, igualdad, salud mental y atención diferenciada resulta clave para consolidar prácticas institucionales más humanas y empáticas. Un tema toral para el Sistema Penitenciario Federal es el desarrollo de capacidades institucionales y la profesionalización del personal mediante la implementación de un Servicio Profesional de Carrera Penitenciario. Actualmente, dicho esquema no se encuentra desarrollado, lo que representa una limitante estructural para garantizar la permanencia, especialización y reconocimiento del personal operativo, técnico y administrativo. La ausencia de un servicio profesional y de un régimen disciplinario homogéneo genera disparidades en los procesos de reclutamiento, selección, capacitación, evaluación del desempeño, promoción y reconocimiento del personal. Esta situación repercute directamente en la estabilidad laboral, la motivación institucional y la eficacia en la ejecución de los programas de reinserción social. Su establecimiento e implementación permitirían institucionalizar criterios de mérito, transparencia y desarrollo continuo, reforzar la identidad y pertenencia del personal penitenciario, así como asegurar la estandarización de competencias en materia de seguridad, tratamiento, derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad. Además, se favorecería la consolidación de una cultura organizacional basada en la ética, la vocación de servicio y la mejora permanente de la gestión pública. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 349 En este sentido, resulta prioritario avanzar en el diseño e implementación de un modelo integral de profesionalización penitenciaria, que contemple la formación inicial y continua, mecanismos de evaluación y certificación de competencias, sistemas de incentivos y reconocimientos, así como un régimen disciplinario claro, justo y uniforme. La consolidación de este servicio constituiría un pilar estratégico para elevar la calidad institucional, fortalecer la gobernanza penitenciaria y contribuir en la eficacia de los procesos de reinserción social en el ámbito federal. En cuanto a los programas de reinserción, tanto en el ámbito federal como estatal, la educación formal, la capacitación laboral y el desarrollo de habilidades socioemocionales constituyen herramientas clave para reconstruir proyectos de vida y facilitar oportunidades de empleo al egreso. La atención integral en salud, incluyendo programas de salud mental y de adicciones, fortalece la capacidad de adaptación y autocuidado de las PPL, mientras que las actividades culturales, deportivas y de participación comunitaria contribuyen al desarrollo de competencias sociales, disciplina y autoestima. Finalmente, la carencia de estándares en materia de infraestructura, equipamiento e interconexión tecnológica en los centros penitenciarios federales constituye una limitante significativa para la operación eficiente y segura del sistema penitenciario. La falta de lineamientos técnicos homogéneos en el diseño, mantenimiento y modernización de las instalaciones, así como en la dotación de equipos especializados, genera disparidades en la calidad de los servicios, la capacidad operativa y las condiciones de habitabilidad. Asimismo, la insuficiente interconexión tecnológica entre los centros penitenciarios y las instancias del sector seguridad y justicia obstaculiza el flujo de información, el monitoreo de incidentes y la coordinación interinstitucional. Esta situación reduce la capacidad de respuesta ante eventos críticos, limita la trazabilidad de los procesos y dificulta la generación de inteligencia penitenciaria. Fortalecer los estándares de infraestructura, equipamiento e interconectividad resulta esencial para avanzar hacia un modelo penitenciario moderno, eficiente y sustentado en la gestión basada en evidencia, que permita mantener las condiciones dignas de internamiento, la seguridad institucional y la eficacia de los programas de reinserción social. En suma, el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Federal requiere consolidar un modelo integral de reinserción social sustentado en la profesionalización del personal, la modernización de la infraestructura y la transversalización efectiva de los enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad. Avanzar hacia un servicio profesional de carrera, con estándares homogéneos y mecanismos de evaluación y capacitación continua, permitirá garantizar la eficiencia institucional y la sostenibilidad de las políticas de reinserción. De igual forma, la mejora en las condiciones físicas, tecnológicas y operativas de los centros penitenciarios, junto con la ampliación de las oportunidades educativas, laborales, culturales y de salud, contribuirá a la construcción de un sistema penitenciario moderno, humano y orientado a la reintegración social efectiva de las PPL. Servicios postpenales La reincidencia delictiva constituye uno de los desafíos más relevantes en el ámbito penitenciario y de la seguridad pública en México. La repetición de conductas delictivas por personas que egresan de los centros muestra limitaciones en la continuidad de la atención posterior al internamiento. La ausencia de mecanismos consistentes de seguimiento, la insuficiente vinculación con oportunidades laborales y educativas, y la limitada cobertura de programas de desarrollo socioemocional contribuyen a que muchas personas liberadas y externadas enfrenten condiciones que dificultan su reintegración efectiva a la sociedad. Este escenario no solo representa un riesgo para la seguridad pública, sino que también deja ver la necesidad de consolidar políticas orientadas a la prevención de la reincidencia mediante la atención integral de las causas que originan la conducta delictiva. En este contexto, los servicios postpenales en México requieren reforzar la atención y el acompañamiento a las personas liberadas. Si bien existen programas de seguimiento, asesoría legal, vinculación laboral y apoyo psicológico, su cobertura y alcance son limitados, y en muchos casos carecen de criterios homogéneos y mecanismos de coordinación entre los ámbitos federal y estatal. Esta fragmentación reduce la eficacia de los esfuerzos de reinserción y dificulta la consolidación de trayectorias de vida estables que disminuyan la probabilidad de reincidencia. Se analiza, por tanto, la necesidad de reforzar los servicios postpenales mediante la armonización normativa, la integración de protocolos de seguimiento estandarizados y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, de manera que las personas liberadas cuenten con oportunidades concretas de empleo, educación, capacitación laboral y acceso a servicios de salud física y mental. Asimismo, resulta fundamental incorporar sistemas de evaluación continua y monitoreo de resultados, que permitan ajustar las políticas y programas de manera eficiente, asegurando que los recursos disponibles contribuyan a la reducción de la reincidencia y al fortalecimiento de la seguridad pública. 350 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 La implementación de un modelo penitenciario representa una necesidad estratégica para cimentar un sistema moderno, articulado y eficiente. Este modelo permitiría integrar las políticas, procesos y prácticas penitenciarias bajo un marco común que fortalezca la gobernabilidad, promueva la coordinación interinstitucional y garantice la continuidad de los programas de reinserción y seguimiento postpenal. Con ello, se avanzaría hacia una gestión penitenciaria más coherente, orientada a la reinserción efectiva de las PPL y a la reducción de los factores que inciden en la reincidencia delictiva, contribuyendo de manera sostenida a la seguridad y bienestar social. Visión de Largo Plazo En un escenario prospectivo, México avanzará hacia la consolidación de un modelo de seguridad integral, preventivo y centrado en las personas; a partir de 2030, la reducción sostenida de los índices delictivos se realizará con la coordinación corresponsable, estratégica y continua entre instituciones nacionales, sociedad civil, comunidades locales y aliados internacionales. El fortalecimiento de la cooperación nacional e internacional permitirá a México integrarse activamente en iniciativas multilaterales contra el crimen organizado, facilitando el intercambio de información, el desarrollo conjunto de capacidades técnicas y operativas, así como la adopción de buenas prácticas, tecnologías emergentes y marcos normativos armonizados que refuercen la seguridad pública con pleno respeto a los derechos humanos y a los principios del Estado de Derecho. En este contexto, se proyecta una respuesta más inteligente y articulada ante las amenazas delictivas complejas, basada en la prevención de las violencias, la contención del delito y la construcción de paz, donde la legitimidad institucional, la legalidad y la confianza ciudadana se convierten en los pilares de una convivencia más segura, justa y sostenible. Como parte de este enfoque, la atención integral a víctimas se consolidará como una contribución estratégica para la construcción de paz y la recuperación del tejido social. La implementación de servicios especializados con enfoque diferencial y de género, el acceso efectivo a la justicia, la reparación integral y la difusión de derechos mediante campañas incluyentes, permitirán además de atender las consecuencias del delito o de violaciones a derechos humanos, también reforzarán la prevención de nuevas violencias. Estas acciones fortalecerán la confianza ciudadana en las instituciones y promoverán entornos seguros, corresponsables y resilientes. La atención estructural a las causas de la violencia —como la desigualdad, la exclusión social, la impunidad o la falta de oportunidades— estará incorporada de forma transversal en las políticas públicas. La inversión en programas sociales, educativos, de salud mental, cultura de paz y desarrollo comunitario será prioritaria, lo que permitirá disminuir los factores de riesgo del delito y fortalecer el tejido social en los territorios más afectados. La construcción de paz se consolidará, dejará de ser una consigna abstracta, se convertirá en una práctica institucionalizada a través de mecanismos de diálogo, mediación, justicia restaurativa y resolución pacífica de conflictos, con participación de comunidades y grupos prioritarios. Paralelamente, el fortalecimiento del marco de legalidad permitirá mejorar la respuesta institucional en materia de investigación y persecución de delitos, incrementar la percepción de seguridad y restituir la confianza ciudadana en las autoridades. Este enfoque integral, que articula de manera estratégica las dimensiones de seguridad y justicia se sustenta en una cooperación interinstitucional sólida, proyecta una reducción sostenida de los índices delictivos, particularmente en los delitos de alto impacto, así como una pacificación progresiva de los territorios más afectados por la violencia. En un horizonte de 20 años, México habrá consolidado instituciones de seguridad pública más profesionalizadas, tecnológicamente articuladas y con alta capacidad de respuesta, avanzando hacia un entorno más justo, seguro y socialmente cohesionado. La paz dejará de ser únicamente el resultado de la acción estatal para convertirse en una construcción colectiva, sustentada en la participación activa de las comunidades, el fortalecimiento del tejido social y la creación de entornos resilientes, que se desarrollan desde lo local hacia lo nacional, garantizando una convivencia sostenible y basada en la confianza mutua. Con respecto a la infraestructura tecnológica integrada, interconectada y eficiente, se proyecta que funcione como columna vertebral de las labores de inteligencia, investigación y operación en materia de seguridad pública. El fortalecimiento sostenido de esta red nacional de sistemas de información y telecomunicaciones permitirá detectar, anticipar y neutralizar amenazas delictivas con mayor precisión, velocidad y cobertura territorial, especialmente frente a fenómenos complejos como la delincuencia organizada y el cibercrimen. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 351 Gracias a un marco estratégico homologado, se eliminarán las barreras técnicas y operativas entre instituciones, lo que permitirá un intercambio ágil, seguro y legalmente sustentado de información entre los tres niveles de gobierno y con organismos internacionales, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos. A su vez, la inversión en la profesionalización del personal asegurará un mejor uso de los recursos tecnológicos, lo que se traducirá en capacidades humanas efectivas para el análisis criminal y la toma de decisiones estratégicas. Este esquema robusto de inteligencia tecnológica no solo mejorará la efectividad operativa del Estado frente al delito, sino que también fortalecerá la confianza ciudadana, al demostrar resultados concretos en prevención, persecución y disminución de la impunidad. Así, México avanzará hacia una seguridad pública moderna, profesional y centrada en el bienestar colectivo, donde la tecnología potencie el alcance, la legalidad y la legitimidad de la acción institucional. México avanzará hacia una cultura de paz y legalidad que incentive la participación ciudadana en la prevención de la violencia y la construcción de comunidades seguras, mediante una combinación de reformas judiciales, programas educativos y acciones comunitarias. Aunque los desafíos persisten, especialmente en seguridad y justicia penal, el enfoque integral y multisectorial ofrece una base sólida para construir comunidades más seguras y resilientes. Para lo cual resulta imprescindible fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales, así como mejorar el diálogo con los sectores de la sociedad para la pacificación del país (en cumplimiento), tal como se establece en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. En este contexto, el gobierno se encaminará hacia el fortalecimiento de las instituciones de seguridad a través de tres pilares fundamentales: el estado de fuerza policial, clave para mejorar la operatividad y el bienestar de los elementos activos; la modernización de la formación profesional mediante academias equipadas y programas de capacitación continua; y la consolidación de un Servicio de Carrera Policial que fomente la profesionalización y garantice la rendición de cuentas. Estos factores son esenciales para transformar las Instituciones Policiales en instituciones confiables y eficaces, pilares fundamentales de la seguridad y la confianza ciudadana. Incrementar el número de policías conforme a las necesidades locales no solo mejorará la capacidad de respuesta ante emergencias, sino que también aliviará la carga laboral de los agentes activos, lo que favorecerá su desempeño y bienestar. Este fortalecimiento impactará positivamente a las Instituciones de Seguridad Pública, consolidando un sistema integral y eficaz. Por su parte, la formación policial enfrenta actualmente limitaciones significativas, como la insuficiencia de recursos en muchos centros de formación. Sin embargo, esta situación representa una oportunidad para invertir estratégicamente en la modernización de instalaciones y equipos en institutos y academias. Modernizar los espacios de estudio, integrar tecnología avanzada en la enseñanza, y crear espacios adecuados para entrenamiento físico y táctico permitirá ofrecer una formación inicial de calidad y fomentar la capacitación continua. Esta última es esencial para mantener a las fuerzas policiales actualizadas en técnicas de seguridad, manejo de tecnologías, derechos humanos y perspectiva de género. Programas de formación dinámicos y relevantes pueden minimizar errores operativos, asegurar un desempeño ético y profesional, y posicionar a las instituciones como garantes de confianza ciudadana. Finalmente, una policía más profesional y motivada requiere un Servicio de Carrera Policial homologado a nivel nacional, que garantice condiciones laborales justas y transparentes. Esto incluye mecanismos de reconocimiento, ascensos basados en mérito, y prestaciones relacionadas con salud, seguros de vida, vivienda y desarrollo académico. Paralelamente, fortalecer el régimen disciplinario mediante sistemas sólidos de supervisión y sanción fomentará una cultura de rendición de cuentas y transparencia dentro de las corporaciones policiales. Estas medidas no solo ayudarán a erradicar la impunidad, sino que también fortalecerán la relación entre ciudadanía e instituciones de seguridad. Con un enfoque estratégico y compromiso sostenido, México puede transformar sus Instituciones Policiales en modelos de profesionalismo, confianza y eficacia, contribuyendo al bienestar colectivo y a una sociedad más segura y justa. La capacitación en áreas clave como inteligencia, investigación criminalística, y operaciones especiales será la formación necesaria para utilizar eficazmente las herramientas de inteligencia disponibles y realizar investigaciones complejas que son fundamentales para desmantelar redes delictivas. Además, los programas de formación en operaciones especiales y liderazgo de alto mando proporcionarán la capacidad de respuesta táctica y estratégica en situaciones de alto riesgo. 352 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 En suma, se fortalecerá la capacidad de las Instituciones Policiales para combatir y prevenir el delito mediante la modernización de sus recursos y el desarrollo integral de sus integrantes. Se impulsará la formación profesional en inteligencia, investigación policial y criminalística para el personal activo, así como la actualización continua en tecnologías, técnicas, tácticas y procedimientos operativos con pleno respeto a los derechos humanos. La capacitación de alto mando policial busca desarrollar las capacidades en gestión, liderazgo y planeación estratégica, además de fomentar una visión integral de la seguridad pública. Además, se crearán unidades especializadas de inteligencia y se mejorarán los tiempos de respuesta de la policía preventiva, con el fin de atender de manera más rápida y efectiva los reportes de presuntos hechos delictivos. Este enfoque integral también promueve una policía proactiva, capaz de identificar, solucionar, prevenir y reducir los riesgos de delito y violencia, fortaleciendo así la seguridad pública y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Con el fortalecimiento en la operación y desempeño de las instituciones de seguridad pública se garantizará un entorno seguro, justo y confiable para la ciudadanía. Estas instituciones consolidarán su papel clave en la protección de los derechos humanos, la prevención del delito, y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Para 2030, se transita hacia un modelo penitenciario consolidado, con un sistema penitenciario moderno, seguro y con verdadero sentido de reinserción social, articulado bajo un modelo integral basado en inteligencia, legalidad, profesionalización y respeto a los derechos humanos. Desde la perspectiva de investigación e inteligencia penitenciaria, se proyecta una transformación profunda que permitirá desarticular redes delictivas al interior de los centros de penitenciarios, mediante mecanismos de control electrónico y vigilancia especializada. Esta capacidad reforzada anticipará amenazas, evitará delitos como la extorsión, la corrupción carcelaria y la creación de vínculos con el crimen organizado externo, incidiendo positivamente en la seguridad pública nacional. En cuanto a la gobernabilidad y normatividad penitenciaria, se prevé un entorno institucional más ordenado y transparente, sustentado en una legislación actualizada y homologada entre la federación y las entidades federativas. Esta base jurídica común fortalecerá la gestión penitenciaria, reducirá prácticas discrecionales y elevará la rendición de cuentas, sentando las bases de una gobernanza más justa, estable y respetuosa de la dignidad humana. El nuevo enfoque de reinserción social efectiva proyecta un sistema penitenciario humanizado, con acceso real de PPL a educación, salud mental, empleo y acompañamiento postpenitenciario. Este modelo facilitará su reintegración, reducirá la reincidencia y aportará a la pacificación de comunidades, gracias a alianzas con sectores públicos, privados y sociales. Este modelo contemplará un plan integral de reinserción social y servicios postpenales con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, articulado con los procesos de investigación, inteligencia y seguridad, orientados a la prevención de incidentes y a la consolidación de entornos seguros en los centros penitenciarios. Asimismo, contempla la armonización normativa para unificar criterios de operación y gestión, la creación de un servicio profesional de carrera penitenciaria que promueva la vocación, la responsabilidad y el sentido de pertenencia del personal, y el establecimiento de estándares en materia de infraestructura, equipamiento e interconexión tecnológica, que aseguren el funcionamiento integral, eficiente y transparente del Sistema Penitenciario Nacional. En su conjunto, el modelo penitenciario representa una oportunidad estratégica para modernizar y armonizar el Sistema Penitenciario Nacional, fortaleciendo su gobernabilidad, capacidad operativa y orientación social, en beneficio tanto de las PPL como de la seguridad pública nacional. 6. Objetivos La situación de seguridad en México enfrenta retos derivados de la complejidad del fenómeno delictivo, el fortalecimiento de estructuras de delincuencia organizada transnacional, la persistencia de delitos de alto impacto y la necesidad de consolidar la confianza ciudadana en las instituciones. En este contexto, el PNSP 2026-2030, se concibe como un instrumento integral para atender el deterioro de la seguridad y la paz social en México, mediante un enfoque estratégico que combina prevención, investigación y persecución del delito, fortalecimiento institucional, innovación tecnológica y reinserción social. Su propósito central es generar un entorno seguro, consolidar el Estado de Derecho y promover la participación ciudadana, articulando esfuerzos de manera coordinada entre dependencias del gobierno y con la sociedad. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 353 Su estructura comprende cuatro objetivos: Objetivos del PNSP 2026-2030 1. Fortalecer la coordinación en inteligencia e investigación para disminuir la incidencia delictiva en el país, con énfasis en delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional. 2. Fomentar la construcción de una cultura de paz y legalidad para prevenir la violencia y promover comunidades seguras con participación ciudadana. 3. Consolidar el desarrollo integral de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para fortalecer su capacidad operativa, profesionalización y eficacia, en beneficio de la ciudadanía. 4. Impulsar la homologación y coordinación de los sistemas penitenciarios mediante el diseño de un modelo penitenciario que procure la reinserción social de las personas privadas de libertad y servicios postpenales para las personas liberadas y externadas. Uno de los ejes prioritarios consiste en contribuir a la reducción de la incidencia delictiva en México mediante el uso de inteligencia e investigación como herramientas fundamentales para la persecución de delitos, incluyendo aquellos vinculados con la delincuencia organizada transnacional. Esta acción permitirá generar respuestas más efectivas y oportunas frente a fenómenos delictivos de carácter complejo. En paralelo, se impulsará el fomento de la construcción de una cultura de paz y legalidad, mediante acciones que incentiven la confianza en las instituciones de seguridad, la atención integral a la población, aunado a la participación de la ciudadanía en la prevención de la violencia y la conformación de comunidades seguras. Esta estrategia reconoce la corresponsabilidad social en la consolidación de un entorno de seguridad sostenible y en el fortalecimiento de la cohesión social. Asimismo, se plantea la consolidación del desarrollo integral de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, mediante procesos de profesionalización, capacitación, certificación y control de confianza, lo que permitirá contribuir a su eficacia operativa, legitimidad, cumplimiento de normas de conducta y observancia de principios éticos, a la par de incrementar la cercanía con la población. El PNSP 2026-2030 establece como otro de sus objetivos impulsar un modelo penitenciario con estándares homologados y mecanismos de coordinación entre autoridades penitenciarias y corresponsables, lo que permitirá fortalecer la gobernabilidad institucional y la efectiva reinserción social de las PPL, así como la prestación de servicios postpenales. En prospectiva, la instrumentación de estos objetivos permitirá contar con un sistema de seguridad pública integral, tecnológicamente fortalecido, con instituciones confiables y con ciudadanía corresponsable, capaz de enfrentar los desafíos actuales y prevenir riesgos emergentes, con miras a construir un entorno de paz, justicia y desarrollo sostenible para México. 6.1 Relevancia del objetivo 1: Fortalecer la coordinación en inteligencia e investigación para disminuir la incidencia delictiva en el país, con énfasis en delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional. Este objetivo atiende el problema público de la deficiente coordinación en inteligencia e investigación, que limita la capacidad del Estado para prevenir y disminuir la incidencia delictiva en el país, con énfasis en delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional. En México, la persecución del delito y la inteligencia criminal enfrentan desafíos persistentes que limitan la eficacia del sistema de seguridad y justicia. La inseguridad representa uno de los principales desafíos de la agenda pública nacional. De acuerdo con la ENVIPE 2025, el 64.2% de la población de 18 años y más identifica la inseguridad como su principal preocupación.65 De manera consistente, la ENSU del cuarto trimestre de 2025 señala que el 63.8% de este grupo etario considera su ciudad como insegura.66 Esta percepción se asocia con los altos niveles de impunidad, ya que el 93.2% de los delitos no se investigan, dato conocido como cifra oculta67, lo que evidencia limitaciones institucionales en materia de procuración de justicia. 65 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 19). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf. 66 INEGI. (2026, enero 23). ENSU 2026: Reporte de resultados (p. 3). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/ensu/ENSU2026_01_RR.pdf. 67 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 15). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf. 354 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 La cifra oculta constituye un indicador clave del desempeño institucional en seguridad y justicia. La ENVIPE 2025 estimó que en 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos, de los cuales solo 9.6% fueron denunciados (3.2 millones de casos). De ese total, el MP o las fiscalías estatales iniciaron carpeta de investigación en 70.5% de los casos, equivalentes a 2.3 millones. En consecuencia, 31.2 millones de delitos (93.2%) quedaron fuera de un proceso formal de investigación.68 Desde una perspectiva económica y social, la inseguridad y la impunidad generan costos significativos. En 2024, el costo total del delito en los hogares alcanzó 269.6 mil millones de pesos, de los cuales 62% correspondió a pérdidas económicas directas y 91.8 mil millones (34%) a medidas preventivas.69 Estos datos reflejan que la población asume una carga económica adicional derivada de la insuficiente efectividad institucional. En este contexto, la inteligencia y la investigación criminal constituyen herramientas estratégicas para reducir la violencia, fortalecer el Estado de Derecho y restablecer la paz social. Su implementación permite transitar de un modelo reactivo a uno preventivo, orientado a anticipar conductas delictivas, identificar patrones operativos y focalizar recursos en zonas de riesgo. El Gobierno de México impulsa el fortalecimiento de estas capacidades mediante la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, la consolidación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la interoperabilidad entre bases de datos. Este esquema promueve una actuación preventiva, coordinada y basada en evidencia, que mejora la toma de decisiones y la trazabilidad de los casos. Las acciones se complementan con la capacitación especializada del personal y la colaboración interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, orientadas a incrementar la eficacia operativa, optimizar recursos y fortalecer la respuesta ante delitos complejos. Una prioridad estratégica de la política de seguridad pública es reducir la incidencia delictiva de alto impacto, con énfasis en homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, delitos patrimoniales y ciberdelitos, así como debilitar las estructuras de delincuencia organizada que afectan directamente a la población y deterioran la confianza institucional. En este sentido, la investigación y la inteligencia criminal fortalecen las capacidades de persecución penal, permiten integrar carpetas sólidas, judicializar casos y reducir los márgenes de impunidad, lo que incide en la percepción de justicia y legitimidad del Estado. El comportamiento de los principales delitos de alto impacto refleja resultados diferenciados. En 2024, se registraron 33 mil 550 homicidios dolosos, de los cuales 71.5% fue cometido con arma de fuego70; y aunque en los resultados interanuales de 2025 persiste esta tendencia, el fenómeno requiere promover transformaciones de fondo dirigidas a disminuir su gravedad, su focalización en determinados territorios y la repetición sistemática de hechos violentos. Entre noviembre de 2024 y el mismo periodo de 2025, el promedio diario de víctimas se redujo 31.03%71, resultado de la coordinación operativa interinstitucional y la priorización territorial. En contraste, la extorsión mantiene niveles elevados, la ENVE refiere 747 mil eventos registrados en 2024 (mil 562 casos por cada 10 mil unidades económicas)72; y la ENVIPE 2025 refiere una tasa ciudadana de 5 mil 971 casos por cada 100 mil habitantes73, concentrada en Guanajuato, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León. 68 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 15). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf. 69 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 13). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf. 70 INEGI. (s. f.). Defunciones por homicidio, por causas detalladas CIE, según año de registro [Tabulados de las EDR]. https://www.inegi.org.mx/programas/edr/#tabulados. Nota: Información consultada en el apartado de tabulados de las EDR, opción “Defunciones por homicidio”, seleccionando “año de registro” y “causas detalladas CIE”. 71 SESNSP. (s. f.). Incidencia delictiva estatal (fuero común, víctimas), 2015-2025 [Datos abiertos]. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y- programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. Nota: Información preliminar reportada por las fiscalías estatales. Consulta realizada el 10 de febrero de 2026. 72 INEGI. (2024, diciembre 10). ENVE 2024: Principales resultados (p. 20). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enve/2024/doc/enve_2024_presentacion_ejecutiva.pdf 73 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 7). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 355 FUENTE: ENVIPE, septiembre de 2025.74 Con respecto al mismo fenómeno, el SESNSP, muestra una focalización territorial muy similar a la presentada por la ENVIPE, además de las ya mencionadas se agrega el estado de Veracruz. Estos territorios destacan en población, dinámicas económicas y urbanas que facilitan las modalidades de extorsión telefónica y digital. La trata de personas continúa como un delito de alto impacto, con mayor incidencia en Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Puebla, Guanajuato, Baja California y Michoacán, donde los contextos de vulnerabilidad, migración irregular y desigualdad incrementan el riesgo de explotación. De manera paralela, las violencias multifactoriales —especialmente aquellas que afectan a mujeres, niñas, migrantes, pueblos indígenas y afromexicanos— exigen respuestas integrales. Según la ENDIREH 2021, siete de cada diez mujeres de 15 años o más han enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida75; en lo que respecta a la incidencia de feminicidio, al comparar noviembre de 2024 con el mismo periodo de 2025 se observa un aumento de 12.70%.76 El fenómeno de personas desaparecidas y no localizadas presenta una tendencia al alza. En 2025 se reportaron 20 mil 621 casos, lo que representa un incremento del 20.72% respecto al año anterior77. Las entidades con mayor incidencia son Guanajuato, Estado de México, Sonora, Ciudad de México, Baja California, Tabasco, Michoacán y Sinaloa que concentran más de la mitad de los casos en el territorio nacional. En este contexto, la persistencia de la violencia por razones de género que afecta a mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como a otros grupos de atención prioritaria, y que se manifiesta en diversos ámbitos sociales -incluida la problemática de las personas desaparecidas-, pone de relieve la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Resulta prioritario consolidar políticas públicas integrales que contribuyan a asegurar una atención diferenciada y con enfoque de derechos humanos a víctimas, a sus familiares y a las personas testigos de delitos, así como reforzar las acciones de prevención, búsqueda, acompañamiento integral y acceso efectivo a la justicia. En cuanto al robo y contrabando de hidrocarburos, las tomas clandestinas disminuyeron 30.7% entre 2018 y 202578. No obstante, el huachicol fiscal, asociado con simulación comercial, importaciones irregulares y facturación falsa, conserva relevancia operativa. El Gobierno de México reforzará las acciones de fiscalización, control aduanero y supervisión de operaciones, mediante la coordinación entre SENER, PEMEX, SAT y SEDENA, con el fin de garantizar la trazabilidad del combustible, prevenir el contrabando y asegurar el cumplimiento fiscal. 74 INEGI (s. f.). ENVIPE 2025: Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes por tipo de delito y por año (2017-2024), tipo de delito: Extorsión, estimaciones puntuales (p.11). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf 75 INEGI (2022). ENDIREH 2021: Principales resultados (p. 24). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf 76 SESNSP. (2026). 2015-2025 (Fuero Común - Delitos). Incidencia delictiva estatal. Información preliminar reportada por las Fiscalías Estatales. Recuperado el 10 de febrero de 2026, dehttps://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva. 77 SESNSP. (s. f.). Consulta pública de incidencia delictiva por rango de fecha y estado. https://consultapublicarnpdno.segob.gob.mx/consulta. 78 PEMEX. Reporte de tomas clandestinas anual. Documento interno. Datos a diciembre de 2025. 356 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Asimismo, se implementarán mecanismos digitales de control y seguimiento logístico a lo largo de la cadena de suministro —importación, transporte, almacenamiento y distribución— para reducir la evasión fiscal y fortalecer la transparencia del sector energético. Estas medidas contribuyen al fortalecimiento de la seguridad energética, al incremento de la recaudación tributaria y a la disminución de flujos financieros ilícitos vinculados con la delincuencia organizada. En el ámbito financiero, las operaciones con recursos de procedencia ilícita siguen representando un reto para la integridad institucional. De enero a diciembre de 2025, la UIF registró más de 10 millones de avisos de actividades vulnerables y 27.5 millones de reportes financieros. Como resultado de las acciones de inteligencia financiera, la UIF registró 150 denuncias formales, que involucraron a mil 329 sujetos, y emitió 78 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas, lo que evidencia la magnitud, sofisticación y complejidad de las redes financieras ilícitas detectadas.79 Estos resultados dan cuenta de la persistencia de esquemas de ocultamiento y dispersión de recursos, tanto dentro como fuera del Sistema Financiero Mexicano, que requieren una atención sostenida y coordinada por parte del Estado. Los negocios ilícitos generan un impacto negativo directo en la relación entre seguridad y economía, al inhibir el crecimiento económico, profundizar la pobreza y ampliar las desigualdades sociales. El deterioro en la calidad de vida de la población se convierte en un factor de riesgo estructural que contribuye al incremento de la inseguridad y la delincuencia; este comportamiento evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional, la supervisión y la cooperación internacional para mejorar la judicialización y el intercambio de información sobre delitos transnacionales. Resulta prioritario debilitar las capacidades operativas, financieras y logísticas de las estructuras delictivas mediante inteligencia financiera, análisis de redes y acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales. Estas acciones incluyen el combate al robo y contrabando de hidrocarburos, delitos que afectan la seguridad energética, los ingresos tributarios y la estabilidad territorial. La persecución del delito de extorsión, uno de los principales generadores de violencia territorial, requiere enfoques de inteligencia y análisis criminal orientados a la identificación, desarticulación y detención de objetivos prioritarios, con impacto directo en la pacificación de comunidades y el fortalecimiento del Estado de Derecho. De igual manera, el fortalecimiento de la coordinación intergubernamental en los ámbitos operativo, logístico y tecnológico resulta esencial para garantizar la seguridad de las personas, bienes y mercancías en el territorio nacional. Esto requiere el uso de tecnologías avanzadas, sistemas de monitoreo en tiempo real y protocolos conjuntos de actuación entre instituciones de seguridad. En síntesis, la reducción de la incidencia delictiva mediante la inteligencia, la investigación y la coordinación institucional constituye un pilar estratégico para transformar la seguridad pública bajo una visión integral, multidimensional y colaborativa. Este enfoque permite enfrentar al crimen organizado transnacional, proteger los recursos del Estado, salvaguardar a la población y fortalecer la gobernabilidad democrática, avanzando hacia un México más justo, seguro y en paz. 6.2 Relevancia del Objetivo 2: Fomentar la construcción de una cultura de paz y legalidad para prevenir la violencia y promover comunidades seguras con participación ciudadana. El Gobierno de México orientó sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de una política de seguridad centrada en la construcción de paz, la cohesión social y el bienestar colectivo. Desde un enfoque integral, se mejoraron los mecanismos de coordinación interinstitucional y territorial para atender las causas estructurales de la violencia, se privilegió el diálogo, la mediación y la participación comunitaria como instrumentos para la resolución pacífica de los conflictos. Estas acciones permitieron dar forma al esquema de seguridad con sentido humano, que coloca en el centro la reconstrucción del tejido social y la promoción de entornos seguros y libres de violencia. Sin embargo, persisten prácticas sociales tolerantes a la ilegalidad, la desconfianza hacia las instituciones y la normalización de la violencia en los ámbitos comunitario y familiar. Esta situación redujo la capacidad de la ciudadanía para involucrarse en procesos de cohesión social y corresponsabilidad, lo que reflejó una insuficiente cultura de paz y legalidad que limita la prevención de la violencia y la participación ciudadana en la construcción de entornos seguros. 79 UIF. (2025). Informe de actividades, enero-diciembre de 2025. Gobierno de México. https://www.gob.mx/uif/documentos/aqui-podras- encontrar-el-informe-de-actividades-de-la-uif. Nota: Información consultada el 11 de febrero de 2026. Los informes se actualizan mensualmente y se publican dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, sustituyendo el correspondiente al periodo inmediato anterior. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 357 La ausencia de una cultura de respeto a la norma y corresponsabilidad social se vincula con factores estructurales de pobreza, desigualdad y marginación. Según el INEGI, los estados con mayores niveles de pobreza extrema son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla.80 Estas condiciones restringen el acceso a la educación, la salud, la justicia y la seguridad, y amplifican los factores de riesgo asociados a la violencia. A su vez, la mayoría de los delitos (93.2%)81 no se investigan ni derivan en una carpeta formal, lo que refleja la brecha entre legalidad formal y confianza ciudadana. Esta falta de credibilidad institucional reduce los incentivos para la denuncia y normaliza las conductas ilícitas. En el ámbito de las violencias por razones de género y familiares, se registra una alta incidencia de violencia familiar, abuso sexual y violación, concentrada en entidades con alta densidad poblacional y desigualdad social. Por otra parte, los delitos de trata de personas y desaparición se asocian directamente con las violencias estructurales que afectan a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas migrantes. La vulnerabilidad social y la migración irregular generan condiciones propicias para la explotación sexual, laboral y el reclutamiento forzado. El diagnóstico identifica mayor incidencia de trata de personas en Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua, Zacatecas y Guerrero, mientras que los casos de personas desaparecidas y no localizadas ascendieron a 20 mil 621 en 2025, con concentración en Guanajuato, Estado de México, Sonora, Ciudad de México, Baja California, Tabasco, Michoacán y Sinaloa. Estos fenómenos confirman la relación entre violencia por razones de género, desigualdad social, pobreza y delincuencia organizada, lo que exige políticas públicas integrales que articulen la prevención del delito, la atención a víctimas y la educación cívica para la paz. Asimismo, los mecanismos de legalidad siguen debilitados por la aplicación desigual de normas y la limitada supervisión institucional. El diálogo ciudadano se mantiene fragmentado, con escasa participación organizada y comunicación insuficiente entre población y autoridades, mientras que las acciones de bienestar social no siempre se vinculan con las estrategias de seguridad, lo que reduce su impacto en la prevención de riesgos. Ante este panorama, resulta prioritario articular tres dimensiones estratégicas: fortalecer la legalidad, promover la participación ciudadana y coordinar acciones de bienestar social. Fomentar una cultura de paz y legalidad se consolida como una estrategia esencial para transformar los entornos comunitarios, al promover el respeto a las normas y los derechos humanos, incentivar la participación ciudadana y fortalecer el tejido social. El fortalecimiento del diálogo entre autoridades y sociedad civil, basado en la mediación comunitaria y la resolución pacífica de conflictos, genera confianza institucional y promueve la inclusión y el respeto mutuo. Brindar una atención integral en seguridad y justicia con enfoque territorial, diferencial y de derechos humanos fortalece la proximidad institucional y refuerza la legitimidad del Estado. Del mismo modo, el fomento de una cultura de corresponsabilidad entre ciudadanía y autoridades es indispensable: la seguridad no puede entenderse como tarea exclusiva del Estado, sino como una labor compartida que demanda vigilancia comunitaria, denuncia y promoción de valores cívicos. Por lo que, la articulación del bienestar social con la seguridad pública constituye la base para reducir vulnerabilidades, promover la inclusión y generar condiciones de desarrollo humano sostenible. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Consolidar el desarrollo integral de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para fortalecer su capacidad operativa, profesionalización y eficacia, en beneficio de la ciudadanía. El fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública es una prioridad del Gobierno Federal, en estos seis años se orientó a consolidar estructuras más profesionales, coordinadas y cercanas a la ciudadanía. A través del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC) se impulsó una transformación institucional hacia la proximidad social, la prevención de la violencia y la justicia cotidiana. Se contemplaron aspectos para la resolución pacífica de conflictos, el fortalecimiento de la legalidad y la construcción de confianza entre ciudadanía y autoridades. Al inicio de la presente administración, se implementaron cambios en las atribuciones en materia de seguridad, su estructura institucional-operacional y la función policial. Derivado de este proceso, se identificó la necesidad de consolidar recursos humanos especializados en investigación e inteligencia, con la capacidad de sustentar con evidencia técnica y analítica las tareas de investigación, persecución del delito y análisis criminal. 80 INEGI (2025). Análisis de los resultados de la medición de la pobreza multidimensional 2024 (p. 13). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pm/pm2025_RR_08.pdf. Nota: Consultado el 13 de agosto de 2025. 81 INEGI. (2025, septiembre 18). ENVIPE 2025: Reporte de resultados (p. 15). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ENVIPE/ENVIPE_25_RR.pdf. 358 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Las capacidades operativas actuales revelaron limitaciones en el desarrollo institucional de las corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, lo que afecta su eficacia, profesionalización y capacidad de respuesta ante las demandas ciudadanas. Esta situación impacta de manera directa en la prevención, atención y resolución de incidentes, además de influir en los niveles de confianza y legitimidad social hacia las instituciones encargadas de la seguridad pública. Conforme a censos del INEGI, el estado de fuerza nacional ascendía a 449 mil 295 elementos, de los cuales 132 mil 036 son federales, 151 mil 168 pertenecen a corporaciones estatales82 y 166 mil 091 a municipales83. No obstante, la distribución es desigual: Tabasco, Oaxaca, Yucatán, Chiapas y Guerrero cuentan con tasas de elementos de las corporaciones policiales estatales por cada mil habitantes entre 2.1 y 1.5, mientras que entidades como Durango, Sinaloa, Querétaro, Colima y Baja California presentan tasas entre 0.5 y 0.284. Esta asimetría reduce la cobertura territorial y la capacidad de respuesta ante emergencias y fenómenos delictivos locales. En este contexto, se plantea el fortalecimiento policial con capacidades técnicas, tácticas y analíticas que consoliden un modelo policial profesional, eficiente y con presencia estratégica en el territorio nacional. En materia de certificación policial, al 31 de diciembre de 2025, el 84.9 % del personal cuenta con CUP85, que acredita control de confianza, formación inicial, competencias básicas y evaluación de desempeño. A pesar del avance, persisten rezagos en algunos municipios, lo que limita la homologación profesional. Por ello, se promoverá la actualización permanente de certificaciones y la recertificación periódica, garantizando que el personal operativo mantenga estándares uniformes y una conducta profesional alineada al marco normativo. Respecto al Servicio Profesional de Carrera Federal, se identifican vacíos normativos y operativos que dificultan la evaluación del desempeño, la promoción y el reconocimiento al mérito. La estrategia busca institucionalizar un sistema integral de carrera policial, que garantice estabilidad laboral, desarrollo profesional, movilidad y evaluación continua. El régimen disciplinario se fortalecerá mediante procedimientos uniformes, transparentes y vinculados al Servicio de Carrera, con lineamientos claros, mecanismos de control y trazabilidad de sanciones, a fin de consolidar una cultura institucional basada en la responsabilidad, la integridad y la rendición de cuentas. En cuanto a profesionalización y formación, las 32 entidades federativas cuentan con academias o institutos policiales, aunque con distintos niveles de infraestructura, especialización y oferta curricular. En particular, Tabasco y Jalisco no disponen de áreas formales de inteligencia, mientras que Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Sonora continúan en proceso de desarrollo en lo que a capacidad de investigación se refiere. El fortalecimiento policial implica modernizar la infraestructura de capacitación, incorporar tecnología avanzada y consolidar programas de especialización en investigación criminal, inteligencia operativa, derechos humanos y perspectiva de género. En materia de remuneraciones, se identifican disparidades significativas entre las corporaciones, con sueldos que varían entre 10 mil 412 pesos a 21 mil 765 pesos mensuales86. De acuerdo con los registros del SESNSP y los datos de la CONASAMI, al 31 de diciembre de 2025, solamente los cuerpos policiales estatales de siete entidades federativas contaban con ingresos superiores a lo establecido por la CONASAMI: Baja California, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Veracruz y Yucatán87 . En contraste, estados como Tlaxcala, Guerrero y Michoacán registran un ingreso promedio 10 mil 495 pesos. La remuneración del personal policial acorde al costo de la vida y condiciones económicas de sus respectivas entidades federativas, bajo criterios de equidad, desempeño y nivel de riesgo operativo, constituye una medida prioritaria para dignificar la función policial y garantizar la permanencia de los elementos en el servicio. 82 INEGI. (2025, agosto 14). CNSPF-E 2025: Resultados generales (p. 4). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspf/2025/doc/cnspf_2025_resultados.pdf 83 INEGI. (2026, marzo 19). CNGMD 2025: Versión ejecutiva (p. 41). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngmd/2025/doc/cngmd_2025_resultados_ve.pdf 84 INEGI. (2025, agosto 14). CNSPF-E 2025: Resultados generales (p. 7). https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspf/2025/doc/cnspf_2025_resultados.pdf 85 SSPC. (s. f.). Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública del SESNSP. Diagnóstico Interno. Documento interno. 86 SSPC. (s. f.). Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública del SESNSP: Diagnóstico interno, elaborado con información de CONASAMI. Documento interno. 87 El orden de las entidades está relacionado con el monto de salarios de mayor a menor salario en comparación con el salario propuesto por CONASAMI. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 359 FUENTE: SSPC. (s. f.). Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública del SESNSP: Diagnóstico interno, elaborado con información de CONASAMI. Documento interno. Asimismo, las limitaciones en equipamiento, tecnologías de información y sistemas interoperables de inteligencia condicionan la capacidad de respuesta. Superar estas brechas requiere fortalecer la planeación estratégica, la gestión eficiente de recursos y la inversión sostenida en formación y equipamiento táctico. En conjunto, las estrategias de este objetivo del PNSP 2026-2030 y la consolidación del Cuerpo Policial Operativo se orientan a profesionalizar, certificar y dignificar a las instituciones de seguridad pública, garantizando que cuenten con personal altamente capacitado, ético y bien remunerado, con procesos estandarizados, mecanismos de disciplina y supervisión eficaces, y una estructura organizacional sólida y confiable. Este proceso de transformación institucional constituye un pilar estratégico para la gobernabilidad, la eficacia operativa y la legitimidad social del sistema nacional de seguridad pública, orientado a consolidar un modelo policial moderno, profesional y cercano a la ciudadanía. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Impulsar la homologación y coordinación de los sistemas penitenciarios mediante el diseño de un Modelo Penitenciario que procure la reinserción social de las personas privadas de libertad y servicios postpenales para las personas liberadas y externadas. El Sistema Penitenciario Nacional enfrenta retos estructurales en su capacidad, gobernabilidad y coordinación interinstitucional, lo que limita su contribución a la reinserción social de las PPL, a la seguridad pública y al acceso efectivo a la justicia. Tradicionalmente, el ámbito penitenciario se percibe como una función aislada del sistema de seguridad pública; sin embargo, ambos son componentes interdependientes de una misma política de Estado. La inteligencia y la investigación constituyen el eje común para combatir la criminalidad, prevenir conductas delictivas y evitar amenazas a la gobernabilidad penitenciaria, cuyo impacto trasciende los muros de los centros y repercute directamente en la seguridad exterior y la paz social. Al cierre de 2025, se registraron 256 mil 127 PPL, de las cuales 92% se encuentran en centros estatales y 8% en centros federales88. Esta distribución confirma que la carga operativa del sistema penitenciario recae principalmente en las entidades federativas. El perfil poblacional muestra que 93.81% de PPL son hombres, mientras que las mujeres representan el 6.19%89, enfrentando mayores condiciones de vulnerabilidad por la falta de espacios adecuados, atención materno-infantil y servicios con enfoque de género 88 SSPC. (2025, diciembre). Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional (p. 5). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048555/CE_2025_12.pdf 89 SSPC. (2025, diciembre). Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional (p. 4). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048555/CE_2025_12.pdf 360 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 El Sistema Penitenciario Nacional enfrenta una presión estructural significativa, derivada de una tasa general de ocupación del 113%90, producto de una distribución desigual de la población privada de la libertad entre los ámbitos federal y estatal. Si bien la mayor concentración de PPL se registra en los centros penitenciarios estatales, esta situación evidencia desequilibrios en la gestión penitenciaria, en el uso de las medidas privativas de la libertad y en la implementación de alternativas al internamiento. Asimismo, pone de relieve la necesidad de fortalecer una planeación interinstitucional sostenida que contribuya a garantizar condiciones dignas de internamiento, fortalecer la seguridad y promover de manera efectiva la reinserción social de las PPL. En este contexto, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), muestra que, a nivel nacional, los servicios destinados a las PPL continúan enfrentando brechas sustantivas en cobertura, calidad y efectividad, tanto en el ámbito estatal como en el federal. Aunque los Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESOS) muestran mayor control institucional y mejores condiciones de infraestructura, los servicios orientados al bienestar y la reinserción presentan deficiencias similares a las de los centros estatales, aunque con distinta intensidad y origen. En ambos niveles del sistema se identifican servicios básicos de salud, alimentación, educación, trabajo y atención psicosocial, sin embargo, éstos no operan como un sistema coordinado de atención integral. Predomina un modelo centrado en la seguridad y el control, donde los servicios sustantivos cumplen una función complementaria más que transformadora. Aunado a esta situación, el sistema presenta deficiencias de personal penitenciario especializado en salud mental y adicciones; educación y capacitación con valor laboral; y de atención psicosocial y familiar, concebidos como instrumentos estratégicos de reintegración. El diagnóstico nacional identifica la ausencia de un modelo penitenciario homogéneo, situación que genera disparidades en los procedimientos, la infraestructura y los servicios de reinserción en los centros penitenciarios federales. Esta falta de integralidad y coordinación limita la trazabilidad de la información, reduce la eficiencia operativa y afecta la capacidad institucional para garantizar los derechos humanos y la seguridad al interior de los centros. Para atender este problema público, el PNSP 2026-2030 plantea por medio de este objetivo la construcción de un modelo penitenciario con estándares homologados y mecanismos de coordinación entre autoridades. Este modelo busca fortalecer la eficacia, la profesionalización y la gobernabilidad del sistema, garantizando una operación consistente, articulada y orientada a resultados. Entre las acciones estratégicas destacan la implementación de un plan integral de reinserción social y servicios postpenales con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género; el fortalecimiento de la inteligencia e investigación penitenciaria mediante el desarrollo de modelos operativos basados en evidencia y buenas prácticas internacionales; la creación de un Servicio Profesional de Carrera Penitenciario, orientado al desarrollo, especialización y certificación del personal; y la modernización de la infraestructura, equipamiento e interconexión tecnológica de los centros para mejorar su trazabilidad, seguridad y eficiencia. Durante el sexenio anterior, el Gobierno de México avanzó en la consolidación de un sistema penitenciario más seguro, ordenado y orientado a la reinserción social efectiva. La coordinación interinstitucional permitió reforzar la gobernabilidad y el control en los CEFERESOS, reducir incidencias internas y fortalecer la seguridad institucional. Asimismo, se ampliaron los programas educativos, laborales, deportivos y culturales en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), garantizando la continuidad académica y la certificación laboral de las PPL. Se implementaron acciones con enfoque diferenciado dirigidas a mujeres, adultos mayores, personas indígenas y afromexicanas, con discapacidad y población LGBTTTIQ+, además de mecanismos de detección y atención temprana de riesgos psicosociales y suicidas. En el ámbito de la gobernabilidad, se reforzaron los protocolos de actuación, la capacitación del personal y los procesos de clasificación y traslado, fortaleciendo el control institucional y la protección de los derechos humanos. La revisión y modernización de los procedimientos de clasificación, en coordinación con instancias nacionales e internacionales, permitió avanzar hacia una planeación penitenciaria más técnica y preventiva. 90 SSPC. (2025, diciembre). Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional (p. 13). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048555/CE_2025_12.pdf. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 361 En conjunto, estos avances reflejan una transformación gradual hacia un sistema penitenciario más humano, profesional y eficiente, sustentado en la coordinación institucional, la profesionalización del personal y la reinserción social efectiva. La consolidación de un modelo penitenciario representa un eje estratégico para reducir la reincidencia delictiva, fortalecer la seguridad pública y consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho en México. 6.5 Vinculación de los objetivos del PNSP 2026-2030 con otros instrumentos de planeación. El PNSP 2026-2030 es uno de los instrumentos del Sistema de Planeación Democrática establecido por la Ley de Planeación. Su diseño se deriva del PND 2025-2030 y se encuentra alineado con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como con el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, incorpora las prioridades del desarrollo integral del país. Su naturaleza como programa especial, conforme a lo establecido en la Ley de Planeación, implica la participación coordinada de diversas instancias de la administración pública federal. Esta configuración multisectorial responde a la necesidad de abordar de manera integral los factores que impactan la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Al articular esfuerzos entre diversas dependencias, el Programa busca avanzar hacia un entorno de seguridad y convivencia pacífica en México. Se reconoce que la coordinación multisectorial permite integrar recursos, capacidades y conocimientos especializados para abordar de manera conjunta las múltiples dimensiones de la inseguridad, abarcando desde la prevención del delito hasta la atención a víctimas y la reinserción social. Además, la colaboración interinstitucional facilita una respuesta más eficiente y coherente frente a fenómenos complejos como la delincuencia organizada, la violencia comunitaria y la desigualdad social. Al trabajar en sinergia, las dependencias pueden diseñar y ejecutar políticas públicas alineadas, evitando duplicidades y optimizando el uso de recursos. A continuación, se presenta una explicación detallada sobre cómo los objetivos del PNSP 2026-2030 se articulan con otros instrumentos estratégicos de planeación. Esta vinculación asegura que las acciones propuestas no solo respondan a las necesidades actuales de seguridad, sino que también se ejecuten en estricta congruencia con los mandatos jurídicos y las directrices nacionales de desarrollo. De este modo, se fortalece la coherencia, eficacia y sostenibilidad de la política pública en materia de seguridad, garantizando el respeto a los derechos humanos e incorporando la promoción de la igualdad con perspectiva de género, así como un enfoque interseccional y diferenciado que atiende las diversas realidades sociales del país. Objetivos del PNSP 2026-2030 Objetivos del PND 2025 - 2030 Estrategias del PND 2025 - 2030 1. Fortalecer la coordinación en inteligencia e investigación para disminuir la incidencia delictiva en el país, con énfasis en delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional. Objetivos 1.5 y 1. Objetivos T2.2 y T2.4 Estrategias 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.6.5 y 1.6.6 Estrategias T2.2.4 y T2.4.5 2. Fomentar la construcción de una cultura de paz y legalidad para prevenir la violencia y promover comunidades seguras con participación ciudadana. Objetivos 1.1, 1.2, 1.5 Objetivos T1.4, T2.2, T3.2, T3.3 y T3. Estrategias 1.1.1, 1.2.3, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6 Estrategias T1.4.2, T1.4.5, T2.2.4, T2.2.5, T3.2.3, T3.3.1 y T3.6.7 3. Consolidar el desarrollo integral de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para fortalecer su capacidad operativa, profesionalización y eficacia, en beneficio de la ciudadanía. Objetivo 1.5 Estrategias 1.5.2 y 1.5.3 4. Impulsar la homologación y coordinación de los sistemas penitenciarios mediante el diseño de un modelo penitenciario que procure la reinserción social de las personas privadas de libertad y servicios postpenales para las personas liberadas y externadas. Objetivos 1.2 y 1. Objetivos T1.5 y T3.6 Estrategias 1.2.9, 1.5.2 y 1.5.3 Estrategias T1.5.1 y T3.6.8 362 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 7. Estrategias y líneas de acción A continuación, se presentan las estrategias y líneas de acción vinculadas a los objetivos del PNSP 2026-2030, detallando los mecanismos de implementación y las acciones específicas correspondientes. Estas iniciativas contemplan prevención, investigación y persecución del delito; construcción de una cultura de paz y legalidad; fortalecimiento institucional; así como reinserción social y servicios postpenales. Objetivo 1. Fortalecer la coordinación en inteligencia e investigación para disminuir la incidencia delictiva en el país, con énfasis en delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional. Estrategia 1.1 Disminuir la incidencia delictiva de alto impacto, los ciberdelitos y la delincuencia organizada con el propósito de contribuir a mejorar la seguridad pública y restaurar la paz social. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.1 Contribuir en la investigación y persecución de delitos a través de actos de inteligencia, acciones operativas y de gabinete, en coordinación con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno. SSPC / SEDENA / MARINA / SHCP / SE 1.1.2 Atender los reportes o solicitudes ciudadanas sobre posibles hechos delictivos mediante los canales oficiales de denuncia. SSPC / SEDENA 1.1.3 Ejecutar e instruir medidas de inteligencia a partir del uso de equipos especializados y tecnología avanzada de monitoreo y análisis para detectar, neutralizar y combatir organizaciones criminales a nivel local, nacional y transnacional. SSPC / SHCP 1.1.4 Identificar integrantes de grupos delictivos, redes de protección y patrones de operación en distintas regiones para neutralizar generadores de violencia, a través del análisis de información para el despliegue estratégico coordinado. SSPC / SEDENA / SHCP 1.1.5 Diseñar e implementar acciones coordinadas contra fenómenos delictivos comunes, mediante mecanismos de colaboración e intercambio de información entre instancias nacionales. SSPC / SE 1.1.6 Participar en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, mediante estrategias interinstitucionales coordinadas con autoridades de los tres órdenes de gobierno conforme a los protocolos y la legislación especiales vigentes. SSPC / SEGOB / SEDENA 1.1.7 Contrarrestar el reclutamiento de juventudes por grupos delictivos mediante monitoreo tecnológico y análisis de perfiles de riesgo, fortaleciendo la protección y seguridad de los usuarios en entornos digitales en coordinación con las instancias competentes. SSPC 1.1.8 Implementar mecanismos de gestión y control de activos digitales mediante la baja de sitios web, eliminación de perfiles y protección de datos sensibles para prevenir ciberdelitos. SSPC 1.1.9 Impulsar la armonización de procedimientos de inteligencia, investigación y persecución de delitos económicos, patrimoniales, financieros y fiscales mediante la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno. SSPC / SHCP 1.1.10 Participar en mesas interinstitucionales sobre delitos económicos, patrimoniales, fiscales y financieros, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante la aportación de criterios técnicos y jurídicos especializados para fortalecer su seguimiento y judicialización. SSPC / SHCP Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 363 Estrategia 1.2 Impulsar un esquema integral de coordinación, intercambio de información, investigación y persecución de delitos de orden internacional, a fin de fortalecer la seguridad pública nacional. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.1 Coordinar esfuerzos, recursos y estrategias mediante mecanismos de cooperación internacional para fortalecer la seguridad pública nacional. SSPC / RELACIONES EXTERIORES / SHCP 1.2.2 Atender casos de alto impacto vinculados con delitos transnacionales a través de intercambio de información y mecanismos de coordinación de índole nacional e internacional. SSPC / SEDENA / RELACIONES EXTERIORES / SHCP 1.2.3 Generar inteligencia estratégica, operacional y táctica de la delincuencia organizada nacional y transnacional, mediante la recopilación, procesamiento y explotación de información de diversas fuentes. SSPC / SEDENA / MARINA / SHCP 1.2.4 Integrar sistemas tecnológicos interoperables para cruzar bases de datos nacionales e internacionales y detectar patrones de operación criminal. SSPC 1.2.5 Fortalecer la profesionalización y capacitación del personal en técnicas de investigación transnacional y manejo de información clasificada mediante cursos y talleres internacionales. SSPC / RELACIONES EXTERIORES 1.2.6 Coordinar la gestión de productos de inteligencia e investigaciones fiscales y financieras en contra de la delincuencia organizada mediante análisis de datos y cooperación interinstitucional. SSPC / SHCP 1.2.7 Participar en investigaciones conjuntas para fortalecer los casos contra estructuras económicas del país empleando intercambio de información, reuniones técnicas y colaboración interinstitucional. SSPC / SHCP 1.2.8 Atender el fenómeno migratorio y prevenir la comisión de crímenes relacionados a través de la celebración de reuniones de alto nivel en materia de seguridad en la frontera sur de México y consultas con países clave. SSPC / RELACIONES EXTERIORES / SEGOB 1.2.9 Promover la participación de instituciones mexicanas de seguridad y procuración de justicia en foros internacionales especializados en seguridad pública, prevención y combate al delito. SSPC / RELACIONES EXTERIORES Estrategia 1.3 Debilitar las capacidades operativas, financieras y logísticas de las estructuras delictivas dedicadas al robo y contrabando fiscal de hidrocarburos para combatir la violencia asociada a estas actividades ilícitas, proteger los ingresos tributarios y salvaguardar los recursos energéticos. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.1 Reforzar las capacidades institucionales de las unidades especializadas en investigación, inteligencia y reacción inmediata mediante herramientas tecnológicas avanzadas para el seguimiento de operaciones clandestinas y el aseguramiento de evidencias. SSPC / SEDENA 1.3.2 Fortalecer la inteligencia operativa mediante el uso de tecnología, monitoreo avanzado y análisis de riesgos para identificar estructuras operativas y redes de distribución vinculadas al robo y contrabando fiscal de hidrocarburos. SSPC / SEDENA / SENER / SHCP / MARINA / PEMEX 1.3.3 Fortalecer la coordinación interinstitucional contra el mercado ilícito de combustibles mediante una plataforma interoperable, que concentre y comparta información en tiempo real que contribuya al seguimiento y toma de decisiones. SSPC / SENER / SEDENA / PEMEX 364 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.4 Implementar protocolos unificados de control y verificación en ductos e instalaciones de hidrocarburos, mediante sensores inteligentes, sistemas de alerta temprana y plataformas de vigilancia aérea y terrestre. SEDENA / MARINA / PEMEX / SHCP 1.3.5 Realizar operaciones interinstitucionales con fuerzas de seguridad de los diferentes órdenes de gobierno, para desmantelar la infraestructura logística y financiera utilizada por las organizaciones delictivas, priorizando la protección de los recursos energéticos estratégicos. SSPC / SEDENA / MARINA / SHCP 1.3.6 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los permisos otorgados por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía mediante la realización de visitas de verificación e inspección y requerimientos de información o documentación. SENER / PEMEX 1.3.7 Colaborar con las autoridades competentes mediante la entrega de información y documentación de los permisionarios para integrar y gestionar expedientes relacionados con posibles delitos en materia de hidrocarburos. SSPC / SEDENA / SENER / SHCP / PEMEX 1.3.8 Aplicar medidas precautorias o cautelares y sanciones jurídicas por incumplimiento de obligaciones derivadas de permisos energéticos para prevenir actividades ilícitas en el sector hidrocarburos. SENER Estrategia 1.4 Debilitar las redes criminales vinculadas al delito de extorsión para contribuir a la pacificación territorial y al fortalecimiento del Estado de Derecho. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.4.1 Incrementar la inteligencia operativa para detectar a grupos extorsionadores, a partir del uso de tecnología para análisis de llamadas, geolocalización e inteligencia financiera. SSPC / SHCP 1.4.2 Fortalecer los patrullajes preventivos en zonas con alta incidencia del delito de extorsión mediante asignación estratégica de personal, uso de tecnologías, coordinación operativa interinstitucional e implementación de rutas dinámicas basadas en análisis delictivo. SSPC / SEDENA / MARINA 1.4.3 Desplegar operativos coordinados en puntos de revisión y accesos estratégicos de los territorios con alta incidencia de extorsión, mediante personal especializado, tecnologías de monitoreo y control vehicular y planeación táctica basada en análisis de inteligencia. SSPC / SEDENA / MARINA 1.4.4 Fortalecer la coordinación interinstitucional para la prevención y combate efectivo de la extorsión mediante el análisis conjunto de casos y la ejecución de operativos coordinados. SSPC 1.4.5 Impulsar la creación de Unidades Antiextorsión locales bajo la supervisión de la Unidad de Antisecuestro y Antiextorsión Federal, por medio de lineamientos y procesos operativos. SSPC Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 365 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.4.6 Generar detenciones relacionadas con el delito de extorsión, así como el congelamiento de cuentas bancarias e incorporación a la lista de personas bloqueadas relacionadas con esta actividad ilícita mediante acciones coordinadas de investigación e inteligencia. SSPC / SHCP 1.4.7 Fortalecer la capacitación del personal encargado de la atención a víctimas del delito de extorsión mediante programas de formación en manejo de crisis y negociación a partir de cursos y talleres, a fin de homologar procesos de atención y seguimiento en apego al protocolo de atención a víctimas. SSPC / CEAV Estrategia 1.5 Fortalecer los mecanismos de coordinación, colaboración, vigilancia y supervisión intergubernamental operativa, logística y tecnológica con el propósito de contribuir en la seguridad de personas, bienes y mercancías que se trasladan por cualquier modo de transporte dentro del territorio nacional. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.5.1 Fortalecer la seguridad en carreteras y zonas de jurisdicción federal a través de acciones preventivas y operativas apoyadas en inteligencia e investigación, orientadas a reducir el robo a transporte de carga, pasajeros y particulares. SSPC / SEDENA / COMUNICACIONES 1.5.2 Brindar apoyo logístico de seguridad a los usuarios de las carreteras de jurisdicción federal mediante vehículos de auxilio vial, personal capacitado, centros de monitoreo, sistemas de comunicación en tiempo real y plataformas digitales de información y orientación. COMUNICACIONES / SEDENA 1.5.3 Promover la coordinación operativa entre dependencias mediante programas de prevención y atención de incidentes de tránsito para contribuir a la seguridad y protección del transporte de carga, pasajeros y particulares. SSPC / COMUNICACIONES 1.5.4 Proporcionar información carretera y servicios de emergencia a las personas usuarias de la Red operada por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) mediante sistemas de comunicación en tiempo real y mecanismos de auxilio vial que fortalezcan la seguridad durante el tránsito. COMUNICACIONES / SEDENA 1.5.5 Elaborar instrumentos estadísticos y herramientas de análisis, apoyados en protocolos de colaboración interinstitucional, para respaldar la toma de decisiones en materia de seguridad vial. COMUNICACIONES 1.5.6 Fortalecer los mecanismos de supervisión y verificación del autotransporte federal y privado, mediante inspecciones físicas y sistemas tecnológicos, con el objetivo de prevenir incidentes de tránsito en la red carretera, en zonas de jurisdicción federal y administraciones portuarias. COMUNICACIONES / SEDENA 1.5.7 Reforzar las inspecciones de los permisionarios del Autotransporte Federal, transporte privado y sus servicios auxiliares, a partir de la normatividad y procedimientos vigentes para contribuir en el traslado seguro de personas, bienes y mercancías en los caminos de jurisdicción federal. COMUNICACIONES 1.5.8 Desarrollar lineamientos de diseño para paraderos de servicios, que incorporen protocolos de seguridad para personas, bienes y mercancías, sustentados en criterios técnico-operativos que mejoren la protección de usuarios y recursos. COMUNICACIONES 366 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 1.6 Robustecer la red integrada de sistemas tecnológicos de información, telecomunicaciones e infraestructura de seguridad para fortalecer la generación de inteligencia y el intercambio interinstitucional de datos. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.6.1 Fortalecer y modernizar las infraestructuras críticas de comunicación y seguridad, para potenciar su resiliencia mediante tecnologías cifradas, sistemas redundantes e innovaciones. SSPC 1.6.2 Impulsar el empleo de tecnologías avanzadas en las instituciones de seguridad, mediante plataformas aéreas y mecanismos para neutralizar dispositivos ilícitos. SSPC 1.6.3 Fortalecer la infraestructura y capacidades de los C4/C5, promoviendo procesos estandarizados, comunicación interinstitucional efectiva y el uso de sistemas de análisis avanzado para mejorar la planeación y ejecución operativa en seguridad pública. SSPC 1.6.4 Gestionar la Red Integrada Nacional de Radiocomunicación Estándar P25 mediante sistemas de comunicación seguros y encriptados, que impulsen la interoperabilidad y la coordinación operativa en todo el territorio. SSPC 1.6.5 Integrar y homologar bases de datos y plataformas tecnológicas a través de interfaces accesibles y protocolos nacionales, garantizando un intercambio ágil, seguro y sostenible de información estratégica entre instituciones. SSPC 1.6.6 Optimizar los procesos de obtención y análisis de información estratégica en espacios cibernéticos, aéreos y territoriales, para transformar datos en inteligencia operativa al servicio de la seguridad pública. SSPC 1.6.7 Fortalecer las capacidades del personal técnico y operativo mediante programas de formación en ciberseguridad, análisis de datos, protección de información y uso responsable de tecnologías. SSPC 1.6.8 Implementar métricas estratégicas de evaluación para dar seguimiento a la efectividad de la infraestructura, la interoperabilidad y los sistemas de comunicación. SSPC Objetivo 2. Fomentar la construcción de una cultura de paz y legalidad para prevenir la violencia y promover comunidades seguras con participación ciudadana. Estrategia 2.1 Fortalecer los mecanismos de diálogo y colaboración social para promover la cultura de paz y legalidad en comunidades del país. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.1 Fomentar la cultura de denuncia ciudadana de presuntos delitos mediante campañas de comunicación masiva, difusión de canales accesibles y plataformas digitales con enfoque en municipios con bajas tasas de denuncia a nivel nacional. SSPC / MARINA / SEDENA / SE 2.1.2 Capacitar al personal de seguridad y de las fuerzas armadas mediante cursos especializados, talleres prácticos y programas de formación continua. SSPC / SEDENA / MARINA 2.1.3 Llevar a cabo acciones coordinadas para la recuperación y construcción de entornos pacíficos, seguros y libres de violencias mediante mesas de seguridad con autoridades de los tres órdenes de gobierno. SSPC / SEDENA / MARINA Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 367 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.4 Establecer y dar seguimiento a mesas de trabajo intersectoriales para atender problemáticas de seguridad, gobernabilidad y diálogo, con la participación y coordinación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. SEGOB / SSPC / INPI 2.1.5 Fortalecer los mecanismos de diálogo e intercambio estratégico de información entre instituciones de seguridad y, en su caso, actores sociales, mediante el uso de sistemas de información compartidos, espacios de coordinación permanente y rendición de resultados. SSPC / SEGOB 2.1.6 Establecer mecanismos de mediación y resolución de conflictos, apoyados en los sistemas normativos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas, metodologías interculturales con enfoque de género, diferencial y especializado, herramientas técnicas, formación de mediadores y espacios de diálogo. SSPC / SEGOB / INPI / MUJERES 2.1.7 Impulsar el desarrollo, implementación, actualización y difusión de criterios, modelos y protocolos de atención en favor de la población en general, con enfoque de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, a partir de elaboración de guías, capacitación, sistemas de seguimiento y evaluación. SSPC / SEDATU / SEP / TURISMO / MUJERES / SEGOB / CEAV / INPI 2.1.8 Promover jornadas deportivas y actividades comunitarias de convivencia y diálogo social, apoyadas en materiales, personal capacitado y coordinación con autoridades locales, con especial atención en regiones prioritarias. SEP Estrategia 2.2 Brindar atención integral en seguridad y justicia a la población para fortalecer la confianza y la cultura de legalidad en las instituciones. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.1 Colaborar con los tres órdenes de gobierno en la rehabilitación de comunidades afectadas por la violencia, mediante la implementación de acciones de disuasión. SSPC / SEDENA / MARINA 2.2.2 Fortalecer la proximidad con víctimas, familiares, testigos de delitos y de grupos prioritarios mediante mecanismos de atención y canalización de solicitudes, a fin de investigar la comisión de delitos, promover la coordinación interinstitucional y consolidar la confianza en las autoridades. SSPC 2.2.3 Atender a víctimas, familiares y testigos de delitos mediante servicios integrales de asistencia jurídica, psicológica y social, con enfoque diferenciado y pertinencia cultural para fortalecer su protección, acceso a la justicia y recuperación integral. SSPC / MUJERES / CEAV / INPI 2.2.4 Prevenir y atender riesgos de ciberseguridad y delitos asociados a la prestación de servicios turísticos, de transporte, hospedaje y compra de viajes, mediante la implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional, sensibilización y fortalecimiento de capacidades en seguridad digital. SSPC / TURISMO / SE 2.2.5 Promover acciones de asistencia, auxilio y atención integral en seguridad turística en los pueblos mágicos mediante mecanismos coordinados entre los tres órdenes de gobierno y la participación comunitaria. TURISMO 368 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.6 Reducir las causas de violencia relacionadas con la salud mediante el fortalecimiento de los servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación de adicciones y salud mental, así como la implementación de programas especializados que contribuyan al acompañamiento psicosocial. SALUD 2.2.7 Implementar medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, conforme a estándares técnicos y éticos en derechos humanos, para fortalecer la cultura de paz y legalidad. CEAV Estrategia 2.3 Fomentar la participación y la colaboración entre ciudadanía y autoridades para construir comunidades pacíficas, seguras y justas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.3.1 Continuar con el Programa “Sí al desarme, sí a la paz”, mediante la instalación de puntos de recolección estratégicos y el apoyo de campañas de difusión para reducir la circulación de armas y fortalecer la seguridad comunitaria. SSPC / SEDENA / SEGOB 2.3.2 Consolidar redes comunitarias de seguridad y paz, mediante la provisión de herramientas para la gestión conjunta de la seguridad y la implementación de acciones de prevención del delito, priorizando localidades con altos niveles de percepción de inseguridad y zonas que requieren reconstrucción social. SSPC / SEGOB / INPI 2.3.3 Capacitar a los operadores del 089 y 911 y al personal de seguridad pública en protocolos de atención y canalización ciudadana, mediante cursos, talleres prácticos y material de apoyo técnico para mejorar la atención ciudadana. SSPC 2.3.4 Impulsar la acción conjunta de las dependencias responsables de seguridad pública, a partir de los acuerdos emanados de los mecanismos de coordinación interinstitucional. SSPC 2.3.5 Promover la participación del sector turístico en gabinetes de atención y mejora de la seguridad en destinos turísticos, con acciones de alerta temprana ante desastres naturales, protocolos de contingencia basados en sistemas de inteligencia y vigilancia para la prevención y atención de delitos. SSPC / TURISMO 2.3.6 Sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos sobre la prevención de delitos de trata de personas, explotación de niñas, niños y adolescentes y trabajo infantil en el sector de viajes y turismo, mediante acciones de visibilización, talleres y cursos de capacitación especializados. TURISMO / SEGOB 2.3.7 Contribuir en la recuperación de espacios públicos deteriorados, con prioridad en zonas urbanas vulnerables y marginadas, con infraestructura accesible, segura, incluyente y resiliente al cambio climático, en coordinación con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno. SSPC / SEDENA / MARINA / SEGOB / COMUNICACIONES Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 369 Estrategia 2.4 Contribuir al bienestar social en comunidades en situación de vulnerabilidad para prevenir la violencia y fortalecer la convivencia comunitaria. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.4.1 Implementar jornadas de labor social, campañas de salud y programas de atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso o comunidades que concentren grupos de población prioritarios, mediante la coordinación con dependencias competentes. SEDENA / MARINA / SALUD / INPI 2.4.2 Fortalecer la vinculación laboral de la población en búsqueda de empleo mediante programas de capacitación y mecanismos de intermediación laboral. TRABAJO 2.4.3 Realizar intervenciones territoriales en zonas de alta incidencia delictiva para acercar a las juventudes que no estudian ni trabajan a oportunidades de capacitación laboral, actividades de prevención de adicciones y del delito, así como acciones de promoción de la salud. TRABAJO 2.4.4 Impulsar la producción y comercialización de alimentos sanos derivados de sistemas agroforestales, promoviendo la inclusión productiva de la población rural y la reducción de desigualdades, con perspectiva de género y pertinencia cultural, a través de los programas sociales. AGRICULTURA / BIENESTAR / INPI 2.4.5 Fortalecer la cobertura y la articulación de los programas sociales dirigidos a poblaciones prioritarias mediante la coordinación interinstitucional. BIENESTAR / AGRICULTURA / TRABAJO / SEDATU 2.4.6 Fortalecer la autonomía y el bienestar de poblaciones vulnerables mediante apoyos, pensiones no contributivas y el acompañamiento para el acceso a servicios básicos. BIENESTAR / AGRICULTURA/ INPI Objetivo 3. Consolidar el desarrollo integral de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para fortalecer su capacidad operativa, profesionalización y eficacia, en beneficio de la ciudadanía. Estrategia 3.1 Desarrollar y consolidar el Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública del país. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.1 Regular la organización y funcionamiento del sistema integral del Servicio Profesional de Carrera mediante la emisión y aplicación de reglas, lineamientos y procesos operativos. SSPC 3.1.2 Impulsar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones, así como de igualdad sustantiva para las personas integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. SSPC 3.1.3 Promover la homologación de la normativa jurídico- administrativa para la actuación policial a partir de procesos de coordinación intergubernamental y definición de estándares comunes. SSPC 3.1.4 Emitir las políticas y lineamientos para el desarrollo policial, penitenciario, ministerial y pericial, mediante análisis técnico- normativo, revisión comparada de buenas prácticas y validación institucional. SSPC 370 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.5 Mejorar el desempeño del personal policial a través de la articulación de mecanismos de coordinación, acuerdos y convenios de colaboración en el ámbito del desarrollo policial, penitenciario, ministerial y pericial. SSPC 3.1.6 Fortalecer el desempeño del personal de investigación de la seguridad mediante el desarrollo de capacidades operativas, procesos de reclutamiento, programas de formación y estrategias de despliegue. SSPC 3.1.7 Implementar y supervisar los procedimientos del Servicio Profesional de Carrera en las Instituciones Policiales, incluyendo las etapas de reclutamiento, selección, ingreso, permanencia, promoción y terminación, mediante lineamientos, evaluaciones de desempeño y mecanismos de control administrativo. SSPC 3.1.8 Impulsar el otorgamiento de condecoraciones, estímulos, reconocimientos y recompensas a integrantes de las Instituciones Policiales, a través de la definición de criterios, implementación de procedimientos, utilización de sistemas de registro y seguimiento, así como la supervisión de su aplicación. SSPC Estrategia 3.2 Fortalecer la profesionalización, certificación y gestión de los recursos institucionales con el propósito de consolidar la eficiencia operativa y el desempeño integral de las instituciones de seguridad pública. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.1 Definir y vigilar la implementación del Programa Anual de Profesionalización de las Instituciones Policiales, a partir de las disposiciones jurídicas aplicables y la planificación estratégica. SSPC 3.2.2 Fomentar la profesionalización continua, actualización, especialización y alta dirección de las Instituciones Policiales, mediante cursos especializados, diplomados, talleres prácticos y procesos de evaluación de desempeño. SSPC 3.2.3 Actualizar el Programa Rector de Profesionalización mediante la revisión de contenidos, incorporación de nuevas metodologías de capacitación, fortalecimiento de la formación continua y la integración de mecanismos de evaluación y seguimiento, con enfoque de género. SSPC 3.2.4 Supervisar que los planes, programas, proyectos y documentos normativos que rijan la actuación policial incorporen con transversalidad la perspectiva de derechos humanos y de género, mediante revisiones técnicas. SSPC 3.2.5 Apoyar a las instituciones de seguridad en la creación de Estándares de Competencia en materia de seguridad, mediante mesas de trabajo, investigación comparada y validación técnica. SEP 3.2.6 Certificar a las personas integrantes de las instituciones de seguridad en estándares de competencia mediante la coordinación con organismos certificadores nacionales, implementación de mecanismos de evaluación y emisión de constancias oficiales. SSPC / SEP 3.2.7 Fortalecer la gestión de los fondos de ayuda federal mediante la implementación de un esquema integral de distribución de recursos a entidades y municipios, así como la rendición de cuentas ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. SSPC Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 371 Estrategia 3.3 Fortalecer el Régimen Disciplinario de las Instituciones de Seguridad Pública del país a fin de mejorar la actuación policial y la percepción de las instituciones por parte de la sociedad. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.1 Establecer el Sistema de Régimen Disciplinario en las Instituciones Policiales, mediante lineamientos normativos, protocolos de actuación y mecanismos de coordinación, que contribuyan a su integridad. SSPC 3.3.2 Fomentar la conducta profesional, ética y legal del personal policial mediante el desarrollo de procedimientos disciplinarios, la operación de instancias colegiadas en la materia y la aplicación del Régimen Disciplinario. SSPC 3.3.3 Brindar seguridad al personal policial mediante políticas internas claras, canales de denuncia accesibles y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas. SSPC 3.3.4 Fortalecer la supervisión en unidades y órganos administrativos con mayor incidencia de conductas reiteradas en contra de los principios de actuación policial por medio de mecanismos de seguimiento, control, aplicación de correctivos y sanciones. SSPC 3.3.5 Contribuir a la trazabilidad de los casos y prevenir la reincidencia de conductas en contra de los principios de actuación policial con apoyo de sistemas de seguimiento, registro de incidencias, análisis de patrones de conducta y aplicación de medidas correctivas y sanciones. SSPC Objetivo 4. Impulsar la homologación y coordinación de los sistemas penitenciarios mediante el diseño de un Modelo Penitenciario que procure la reinserción social de las personas privadas de libertad y servicios postpenales para las personas liberadas y externadas. Estrategia 4.1 Implementar un plan integral de reinserción social y servicios postpenales, que articule mecanismos, proyectos, programas y políticas de actuación, con enfoque en derechos humanos, interseccionalidad e igualdad sustantiva para mejorar los servicios ofertados por los centros penitenciarios del país. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.1.1 Formular el plan integral con fundamento en el análisis de las obligaciones del Sistema Penitenciario Nacional y los derechos de las personas privadas de libertad, liberadas y externadas. SSPC 4.1.2 Consolidar alianzas con los tres órdenes de gobierno, con sociedad civil y empresariado dirigidas al desarrollo integral de las capacidades de las personas privadas de libertad, liberadas y externadas mediante la ejecución de programas de reinserción social y servicios postpenales. SSPC / TRABAJO / SE / SEP / SALUD 4.1.3 Impulsar la implementación del plan integral de reinserción social y servicios postpenales en la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, mediante acuerdos de coordinación interinstitucional entre autoridades corresponsables. SSPC / TRABAJO / SE / SEP / SALUD 4.1.4 Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del plan de reinserción social y servicios postpenales, a fin de asegurar el cumplimiento de los mecanismos, proyectos, programas y políticas, de actuación definidos mediante sistemas de monitoreo continuo. SSPC 372 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 4.2 Homologar los procesos de investigación, inteligencia, seguridad y la normatividad de los centros penitenciarios a fin de fortalecer su operación y gobernabilidad. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.2.1 Desarrollar el modelo de operación de las áreas de inteligencia e investigación penitenciaria, a través del análisis situacional, la revisión de buenas prácticas nacionales e internacionales, en coordinación con las autoridades competentes. SSPC 4.2.2 Diseñar procesos y protocolos de actuación en materia de investigación e inteligencia penitenciaria, así como actualizar los relacionados con la seguridad, con fundamento en el marco normativo y la incorporación de mecanismos participativos para su elaboración. SSPC 4.2.3 Definir mecanismos de seguimiento y evaluación en las áreas de investigación, inteligencia y seguridad penitenciaria, a partir de metodologías y herramientas técnico-operativas y de control para su mejora continua. SSPC 4.2.4 Fomentar la adopción del modelo de operación, procesos, protocolos y mecanismos de seguimiento y evaluación de las áreas de investigación, inteligencia y seguridad penitenciaria, mediante acuerdos aprobados en la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. SSPC 4.2.5 Proporcionar apoyo metodológico y técnico a los centros penitenciarios del país para la creación y operación de las áreas de investigación, inteligencia y seguridad penitenciaria, con personal especializado y recursos técnicos y operativos necesarios para su funcionamiento. SSPC 4.2.6 Impulsar y homologar la armonización normativa de los sistemas penitenciarios del país, mediante la alineación al nuevo modelo e incorporación de buenas prácticas que fortalezcan la eficiencia operativa y la gobernabilidad. SSPC Estrategia 4.3 Establecer el servicio profesional de carrera penitenciario para impulsar el desarrollo integral del personal y fortalecer su responsabilidad, vocación de servicio y sentido de pertenencia. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.3.1 Definir políticas para la selección, ingreso, permanencia, remuneración, estímulos, promoción, reconocimiento y terminación del servicio del personal sustantivo, en coordinación con los sistemas penitenciarios del país mediante criterios normativos estandarizados. SSPC 4.3.2 Desarrollar los contenidos y metodologías de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección del personal mediante talleres de diseño curricular, consultas técnicas, revisiones de propuestas de programas, con la participación de las autoridades competentes y academias. SSPC Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 373 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.3.3 Actualizar el contenido de formación profesional del sistema penitenciario en el Programa Rector de Profesionalización con la incorporación de revisiones técnicas, nuevas metodologías y mecanismos de seguimiento del desempeño para su adopción y ejecución a nivel nacional. SSPC 4.3.4 Impulsar la profesionalización y certificación del personal penitenciario conforme al Programa Rector de Profesionalización, mediante procesos de formación, evaluación y acreditación de competencias que promuevan eficiencia y respeto a los derechos humanos. SSPC 4.3.5 Formular el régimen disciplinario del personal penitenciario que permita mejorar el cumplimiento de sus obligaciones, la observancia de valores éticos y el respeto a los derechos humanos mediante la aplicación de normas, principios y procedimientos que regulen su conducta. SSPC 4.3.6 Promover la entrega de reconocimientos, condecoraciones, distintivos, estímulos y recompensas que impulsen la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, fortalezcan las actividades de promoción y refuercen la identidad institucional del personal mediante la definición de mecanismos. SSPC Estrategia 4.4 Promover el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y la interconexión de los centros penitenciarios, a fin de optimizar su funcionamiento, operación e integración. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.4.1 Formular estándares de adquisición, mantenimiento y actualización del equipo e instalaciones de los centros penitenciarios del país mediante un proceso técnico, normativo y participativo. SSPC 4.4.2 Definir políticas y lineamientos para homologar la integración de proyectos de infraestructura y equipamiento de los centros penitenciarios del país mediante planeación estratégica con fundamento en el marco normativo y legal. SSPC 4.4.3 Facilitar la interconexión tecnológica y el acceso seguro a registros, sistemas y bases de datos penitenciarios y de seguridad pública del país, mediante infraestructura interoperable, controles de acceso y plataformas digitales que permitan el flujo de información en tiempo real. SSPC 4.4.4 Implementar procedimientos de evaluación y control de las acciones acordadas para el equipamiento, la mejora de la infraestructura y la interconexión de los centros penitenciarios del país mediante sistemas de monitoreo. SSPC 374 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 8. Indicadores y metas Los indicadores son herramientas fundamentales para el seguimiento, evaluación y mejora continua del PNSP 2026-2030. Más allá de ser instrumentos de medición, se configuran como insumos estratégicos que permiten conocer, de manera oportuna y sistemática, los avances, retos y áreas de oportunidad en la implementación de las estrategias y acciones institucionales. Indicador 1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Tasa de víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes. Objetivo Fortalecer la coordinación en inteligencia e investigación para disminuir la incidencia delictiva en el país, con énfasis en delitos de alto impacto y delincuencia organizada transnacional. Definición o descripción Este indicador mide la incidencia de homicidios dolosos en una población determinada, expresando el número de víctimas registradas por cada 100 mil habitantes en un periodo específico (generalmente anual). Derecho asociado Derecho a la vida, a la seguridad integridad personal. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Enero del año posterior Unidad de medida Víctimas por cada 100,000 habitantes Periodo de recolección de los datos Información correspondiente al periodo de enero a diciembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial Método de cálculo Tasa de víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes= ［ (Número de víctimas de homicidio doloso/Población Total) x 100,000］ Observaciones Si bien, se espera que la tendencia de este indicador sea descendente; un aumento no necesariamente refleja únicamente un deterioro de la seguridad, también puede estar vinculado a mejoras en la calidad de los registros. Por tal motivo, el análisis debe hacerse en conjunto con otros indicadores relacionados con la seguridad y justicia, la interpretación tendrá que considerar aspectos del contexto de seguridad e incluso de carácter normativo y metodológico. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de víctimas de homicidio doloso Valor variable 1 23,374 Fuente de información variable 1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y- programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva Nombre variable 2 Población Total Valor variable 2 133,367,428 Fuente de información variable 2 https://datos.gob.mx/dataset/proyecciones-de- poblacion Sustitución en método de cálculo Tasa de víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes= [(23,374/133,367,428) x 100,000] = 17.5 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 17.5 Se consideraron datos anuales del ejercicio 2025. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 16.7 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20251 26.78 27.29 26.96 25.86 23.84 22.67 22.73 17.5 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 17.3 17.2 17.0 16.9 16.7 1 Con datos del SESNSP al cierre de diciembre de 2025. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 375 Indicador 2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de la población de 18 años y más que percibe inseguridad en su entidad federativa Objetivo Fomentar la construcción de una cultura de paz y legalidad para prevenir la violencia y promover comunidades seguras con participación ciudadana. Definición o descripción Mide el porcentaje de la población de 18 años y más que percibe que vivir en su entidad federativa es inseguro en términos de delincuencia. Derecho asociado A la seguridad, derecho a la paz y a la integridad personal, a la libertad de tránsito y a la vida comunitaria, al bienestar y desarrollo. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Septiembre de cada año. Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos La ENVIPE se realiza anualmente. Generalmente, la recolección de información se lleva a cabo durante el primer trimestre del año (enero a marzo), con referencia a los hechos delictivos y percepción de inseguridad del año anterior. Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de Gobernación Método de cálculo Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguridad en su entidad federativa= ［ (Población de 18 años y más que percibe inseguridad en su entidad federativa/Total de la población de 18 años y más a nivel nacional) x 100］ Observaciones Es importante considerar otros indicadores para un análisis objetivo, por ejemplo, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, incidencia delictiva y confianza en autoridades. Esto ayuda a validar la percepción. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población de 18 años y más que percibe inseguridad en su entidad federativa Valor variable 1 72,379,508 Fuente de información variable 1 V. Percepción sobre la seguridad pública. https://www.inegi.org.mx/progr amas/envipe/2025/#tabulados Nombre variable 2 Total de la población de 18 años y más a nivel nacional Valor variable 2 95,795,780 Fuente de información variable 2 V. Percepción sobre la seguridad pública. https://www.inegi.org.mx/progr amas/envipe/2025/#tabulados Sustitución en método de cálculo Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguridad en su entidad federativa= ［ (72,379,508/95,795,780) X 100］= 75.6% VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 75.6% Se consideraron datos anuales del ejercicio 2025. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 70% SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 79.4% 78.9% 78.6% 75.6% 75.9% 74.6% 73.6% 75.6% METAS 2026 2027 2028 2029 2030 72.52% 72% 71.5% 71% 70% 376 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 3.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Índice de Capacidades Institucionales de Seguridad Pública Objetivo Consolidar el desarrollo integral de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para fortalecer su capacidad operativa, profesionalización y eficacia, en beneficio de la ciudadanía. Definición o descripción Mide el nivel promedio de desarrollo de las capacidades institucionales de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario de las entidades federativas a través de cinco dimensiones: Derecho asociado Derecho a vivir en paz y derecho a la seguridad ciudadana Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Marzo de cada año Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero - diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SSPC Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Método de cálculo ICISP = (DH + DTO + DT + DI + DG) / 5 Donde: DH = (Entidades federativas que cuenta con las prestaciones mínimas de ley / Total de entidades federativas) * 100; DTO = [Σ(Porcentaje individual de equipamiento institucional por persona policía encuestada) / Total de persona policía encuestado] * 100 DT = Σ(Calificación de bases de datos: Informe Policial Homologado, Licencias de conducir, Mandamientos judiciales, RNIP, RNPSP, Registro de Vehículos Robados) / Número de bases de datos evaluadas; DI= [(Número de Centros de Control y Comando que subieron un nivel respecto a la evaluación inicial + Número de Centros de Control y Comando que se encuentran en el nivel más alto) / Total de Centros de Comando y Control evaluados] * 100; DG = Evaluación de oportunidad, consistencia, validación de proyectos e integridad de informes trimestrales FASP (escala 0-100). Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Dimensión Humana (DH) Valor variable 1 NA Fuente de información variable 1 Base de datos bajo resguardo de la DGAT-SESNSP. Nombre variable 2 Dimensión Técnico-Operativa (DTO) Valor variable 2 NA Fuente de información variable 2 Encuesta institucional FASP Nombre variable 3 Dimensión Tecnológica (DT) Valor variable 3 NA Fuente de información variable 1 Registros de las evaluaciones, en resguardo del CNI - SESNSP Nombre variable 4 Dimensión de Infraestructura (DI) Valor variable 4 NA Fuente de información variable 2 Registros de las evaluaciones, en resguardo del CNI - SESNSP Nombre variable 5 Dimensión de Gestión (DG) Valor variable 5 NA Fuente de información variable 2 Sistema de Recursos Federales Transferidos Sustitución en método de cálculo NA VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor NA Es un indicador de nueva creación por lo que la línea base está por estimarse de forma anual. Año NA Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 90% Se proyecta alcanzar un 90% como meta aspiracional con el objetivo de lograr una homogeneidad en el desempeño institucional y el fortalecimiento de la seguridad pública. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA NA NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 55.25% 62.93% 70.61% 78.44% 90% Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 377 Indicador 4.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Desarrollo del Modelo Nacional Penitenciario Objetivo Impulsar la homologación y coordinación de los sistemas penitenciarios mediante el diseño de un Modelo Penitenciario que procure la reinserción social de las personas privadas de libertad y servicios postpenales para las personas liberadas y externadas. Definición o descripción Es un indicador de proceso que mide el grado de desarrollo del diseño del Modelo Nacional Penitenciario. Evalúa el cumplimiento de etapas críticas (análisis normativo, viabilidad técnica y estructuración de parámetros), asegurando que el modelo resultante sea objetivo y contextualizado antes de su implementación operativa. Para la generación de un insumo objetivo, viable y contextualizado, se propone el siguiente flujo lógico de acciones dividida en cinco fases:  Fase 1: Análisis Jurídico/ Normativo, así como de las recomendaciones hechas por la CNDH en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (CNDH). (10%)  Durante la primera parte del año 2026, se llevará a cabo la revisión del marco legal vigente y aplicable (leyes y tratados internacionales), así como de los puntos revisados por la CNDH: garantía de la integridad, de una estancia digna, de la reinserción social y de la atención a las necesidades específicas de las PPL.  Producto: Documento de alineación normativa del que partirán ejes y variables para la fase 2.  Fase 2: Valoración diagnóstica y análisis de variables. (35%) o 2.1 Diseño de instrumentos de valoración. Creación de cuestionarios, listas de cotejo y guías de observación para la recopilación de datos en campo (Consideración de variables asociadas a infraestructura, procesos y resultados). o 2.2: Realización de visitas. Elaboración y ejecución de cronograma de visitas a centros penitenciarios para la aplicación de instrumentos y recopilación de datos. o 2.3 Análisis y vinculación de hallazgos. Procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos para detección de brechas entre la norma y la realidad operativa, situación actual de los centros penitenciarios, principales retos y áreas de mejora. o 2.4 Generación de ejes de operación. Definición de los pilares del modelo basados en la evidencia recolectada y los resultados obtenidos en el punto 2.3  Fase 3: Redacción del Modelo Nacional Penitenciario. (20%) Generar estándares técnicos y procesos a implementar en los centros penitenciarios. Esta acción se desarrollará de manera progresiva entre los años 2026 y 2027, integrando los resultados del análisis normativo y del diagnóstico.  Fase 4: Lineamientos de certificación y herramienta de evaluación. (20%) Derivado del Modelo Nacional Penitenciario se realizarán lineamientos de certificación de los centros penitenciarios, al igual que se creará la herramienta de evaluación mediante la cual será posible medir que los centros penitenciarios cumplen con los estándares del Modelo. Esta fase se prevé que sea concluida durante el año 2027.  Fase 5: Difusión de la primera versión para su valoración y publicación oficial. (15%) Difusión del modelo con autoridades penitenciarias para retroalimentación. Posterior a la integración de cambios (en caso de que aplique) difusión oficial del modelo para su implementación. Esta fase se prevé que tenga lugar a inicios de 2028, a fin de que el modelo entre en operación durante los años 2028 y 2029. Derecho asociado Derecho a la seguridad, derecho a la reinserción social. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Marzo de cada año Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero - diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance1 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 378 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Método de cálculo Suma de las siguientes variables: 1. Análisis jurídico normativo 10% 2. Valoración diagnóstica y análisis de variables 35% (total) 2.1. Diseño de instrumentos 8.75% 2.2. Realización de visitas 8.75% 2.3. Análisis de hallazgos 8.75% 2.4. Generación de ejes de operación 8.75% 3. Redacción del modelo integrando los puntos rectores y niveles de acreditación 20% 4. Lineamientos de certificación y herramienta de evaluación 20% 5. Difusión de la primera versión para su valoración y publicación oficial 15% Observaciones El 100% del cálculo implica que el Modelo Nacional Penitenciario y sus instrumentos (lineamientos de certificación y herramientas de evaluación) se ha desarrollado y está listo para su implementación. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. Nombre variable 1 Análisis jurídico- normativo Valor variable 1 NA Fuente de información variable 1 Normatividad a nivel federal y estatal sobre centros penitenciarios. Informes, diagnósticos y demás documentos suscritos por la CNDH Nombre variable 2 Diseño de instrumentos de valoración Valor variable 2 NA Fuente de información variable 2 Metodología para diagnósticos (literatura académica) Nombre variable 3 Trabajo de campo y recolección diagnóstica Valor variable 3 NA Fuente de información variable 3 Información recolectada a distancia y visitas en campo de centros penitenciarios. Nombre variable 4 Avance del análisis y vinculación de hallazgos. Valor variable 4 NA Fuente de información variable 4 Información recolectada a distancia y visitas en campo de centros penitenciarios. Nombre variable 5 Redacción del Modelo Nacional Penitenciario Valor variable 5 NA Fuente de información variable 5 Insumos realizados en el proceso de construcción del Modelo. Nombre variable 6 Estructuración de lineamientos de certificación Valor variable 6 NA Fuente de información variable 6 Modelo Nacional Penitenciario Nombre variable 7 Difusión y publicación oficial Valor variable 7 NA Fuente de información variable 7 Diario Oficial de la Federación Sustitución en método de cálculo NA VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor NA No se cuenta con línea base para este indicador, la medición propuesta corresponde a un enfoque metodológico recientemente implementado. Año NA Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 100% Esta meta corresponde a la creación de un Modelo Nacional Penitenciario y al desarrollo de instrumentos de certificación conforme a la Política Nacional de Acreditación y Certificación de la LGSNSP. La implementación del Modelo deberá medirse una vez que se cuente con el mismo a partir del año 2029. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA NA NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 45% 85% 100% 100% 100% 1 El SESNSP actualizará anualmente el indicador, con base a la emisión del Modelo Nacional Penitenciario, a los lineamientos de certificación y a la herramienta de evaluación. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 379 Indicador 4.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de avance en la implementación del Plan Integral de Reinserción Social y Servicios Postpenales en el Sistema Penitenciario Federal Objetivo Impulsar la homologación y coordinación de los sistemas penitenciarios mediante el diseño de un Modelo Penitenciario que procure la reinserción social de las personas privadas de libertad y servicios postpenales para las personas liberadas y externadas. Definición o descripción Este indicador refleja el grado de avance en la implementación del Plan Integral de Reinserción Social y Servicios Postpenales en el Sistema Penitenciario Federal. Permite evaluar el cumplimiento de las acciones previstas para procurar la reinserción social de las PPL y la atención postpenal de las personas liberadas y externadas, en concordancia con los estándares del Modelo Penitenciario. Derecho asociado Derecho a la reinserción social. Nivel de desagregación a) CEFERESO No. 1, "Altiplano"; b) CEFERESO No.4, "Noroeste"; c) CEFERESO No.5, "Oriente"; d) CEFERESO No.7, "Nor-Noroeste"; e) CEFERESO No.8, "Nor-Poniente"; f) CEFERESO No.11, "CPS Sonora"; g) CEFERESO No.12, "CPS Guanajuato"; h) CEFERESO No.13, "CPS Oaxaca"; i) CEFERESO No.14, "CPS Durango"; j) CEFERESO No.15, "CPS Chiapas"; k) CEFERESO No.16, “CPS Femenil Morelos” l) CEFERESO No.17, "CPS Michoacán" m) CEFERESO No.18, "CPS Coahuila" n) Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial; o) Área de Servicios Postpenales de OADPRS Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Marzo de cada año Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero - diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance1 SSPC Prevención y Reinserción Social Método de cálculo Porcentaje de avance en la implementación del Plan Integral de Reinserción Social y Servicios Postpenales en el Sistema Penitenciario Federal = (Número de áreas con avance conforme a lo programado / Total de áreas del Sistema Penitenciario Federal) * 100 Observaciones El Plan Integral es el documento estratégico del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social que establece las directrices generales para proporcionar los servicios y actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas, de trabajo, de capacitación para el trabajo, de protección para la salud y otras similares, a las personas privadas de libertad, con el propósito de adquirir conocimientos y habilidades que permitan su reincorporación a la sociedad. En el diseño e implementación del Plan, se determinará el esquema de avance. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de áreas con avance conforme a lo programado Valor variable 1 NA Fuente de información variable 1 Avance en la implementación del Plan Integral de Reinserción Social y Servicios Postpenales en el Sistema Penitenciario Federal Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social de la SSPC. Nombre variable 2 Total de áreas del Sistema Penitenciario Federal Valor variable 2 NA Fuente de información variable 2 Avance en la implementación del Plan Integral de Reinserción Social y Servicios Postpenales en el Sistema Penitenciario Federal Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social de la SSPC. Sustitución en método de cálculo NA 380 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor NA No se cuenta con línea base para este indicador, toda vez que el Plan Integral de Reinserción Social y Servicios Postpenales en el Sistema Penitenciario Federal es de nueva creación. Año NA Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 70% La implementación se llevará a cabo en los 13 CEFERESOS, en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y en el Área de Servicios Postpenales de OADPRS, con acciones claramente definidas y programadas para procurar la reinserción social de las PPL y la atención postpenal de las personas liberadas y externadas. Se establece un avance de nivel medio - alto en la meta como reflejo del cumplimiento del plan estructurado toda vez que el Plan en mención es de nueva creación. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NAN NA NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 10% 25% 40% 55% 70% 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretaría de Bienestar. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Secretaría de la Defensa Nacional. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Secretaría de Economía. Secretaría de Educación Pública. Secretaría de Energía. Secretaría de Gobernación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Secretaría de Marina. Secretaría de las Mujeres. Secretaría de Relaciones Exteriores. Secretaría de Salud. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Secretaría de Turismo. 10. Entidades no sectorizadas y empresa pública del Estado Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Petróleos Mexicanos. ____________________________ Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 381 PROGRAMA Nacional Forestal 2026-2030. PROGRAMA NACIONAL FORESTAL 2026-2030 1. Índice 1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo 6. Objetivos 6.1 Relevancia del objetivo 1: Incrementar la productividad forestal sustentable en los ecosistemas naturales, mejorando los medios de vida de las comunidades y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. 6.2 Relevancia del objetivo 2: Fortalecer la conservación de los ecosistemas forestales y la provisión de bienes y servicios ambientales generados por los ecosistemas forestales mediante un enfoque de manejo integrado del territorio, incluyente, para contribuir al bienestar de los grupos de población de atención prioritaria. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Restaurar los ecosistemas prioritarios que mejoren la conectividad, funcionalidad ecológica y capacidad productiva de las zonas forestales degradadas, contribuyendo al bienestar de las comunidades forestales, bajo los principios de igualdad sustantiva, inclusión y justicia social. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Frenar los procesos de deforestación y degradación forestal, para la protección del patrimonio natural del país, disminución de la vulnerabilidad al cambio climático y aumento de la mitigación de los gases de efecto invernadero, mediante la atención pertinente y efectiva a sus causas. 6.5 Relevancia del objetivo 5: Fortalecer el marco institucional para que impulse el desarrollo forestal sustentable, mediante la mejora y simplificación normativa, la gobernanza territorial, desarrollo tecnológico, de capacidades, el acceso al financiamiento, la información y el monitoreo de las acciones, bajo un enfoque de género e inclusión. 6.6 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional Forestal 2026-2030 7. Estrategias y líneas de acción 8. Indicadores y metas 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo. 3. Siglas y acrónimos AGRICULTURA: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ANP: Área Natural Protegida APF: Administración Pública Federal ATP: Auditorías Técnicas Preventivas BIENESTAR: Secretaría de Bienestar CACUSTF: Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres CGCR: Coordinación General de Conservación y Restauración (CONAFOR) 382 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 CGPI: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR) CNPC: Coordinación Nacional de Protección Civil CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad CONAFOR: Comisión Nacional Forestal CONAGUA: Comisión Nacional del Agua CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas DEFENSA-GN: Secretaría de la Defensa Nacional - Guardia Nacional DGGFSOE: Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico (SEMARNAT) ENAREDD+: Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal 2017-2030 FPB: Fondo Patrimonial de Biodiversidad GEI: Gases de efecto invernadero IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INFyS: Inventario Nacional Forestal y de Suelos INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas LGDFS: Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable MARINA: Secretaría de Marina MUJERES: Secretaría de las Mujeres NDC: Contribución Determinada a Nivel Nacional de México OMECS: Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas PA: Procuraduría Agraria PFC: Plantaciones Forestales Comerciales PIB: Producto Interno Bruto PND: Plan Nacional de Desarrollo PNF 2026-2030 o Programa: Programa Nacional Forestal 2026-2030 PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROMARNAT 2025-2030: Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2025-2030 PSA: Pago por Servicios Ambientales RAN: Registro Agrario Nacional REDD+: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal ROP: Reglas de Operación SALUD: Secretaría de Salud SAMOF: Sistema Satelital de Monitoreo Forestal SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SIIAC: Sistema Integral de Información de Apoyos de la CONAFOR SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SUMA: Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre UGI: Unidad de Género e Inclusión de la CONAFOR Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 383 4. Fundamento normativo El Programa Nacional Forestal 2026-2030 (PNF 2026-2030 o Programa) se fundamenta en el artículo 4o., párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y establece que el Estado garantizará el respeto a ese derecho. Asimismo, el artículo 25 establece que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, mientras que el artículo 26 establece un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional con participación social. La Ley de Planeación en su artículo 2o., mandata que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género. Asimismo, el artículo 9o., de la Ley de Planeación dispone que las dependencias y entidades de la APF deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo. En este contexto, el 15 de abril de 2025 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030 por lo que, el PNF 2026-2030, en su carácter de programa especial, se alinea particularmente con el Eje General 4: Desarrollo sustentable. Asimismo, la referida Ley de Planeación, en sus artículos 16, fracción VIII, 22 y 26 señalan, respectivamente, que a las dependencias de la APF les corresponde coordinar la elaboración y ejecución de los programas especiales y regionales conforme al ámbito de sus atribuciones; el Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados, y que los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país fijados en el PND o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector. El artículo 10, fracción I, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) establece que es atribución de la Federación formular y conducir la política nacional en materia de desarrollo forestal. El artículo 15 de la LGDFS establece el objeto de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), como lo es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades de conservación, restauración, aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, así como de las cadenas productivas y redes de valor. La planeación del desarrollo forestal debe comprender dos vertientes conforme al artículo 35 de la LGDFS: de proyección correspondiente a los periodos constitucionales que correspondan a las administraciones, y de proyección de largo plazo, por veinticinco años o más. Asimismo, la SEMARNAT y la CONAFOR tienen la atribución, en el ámbito de sus respectivas competencias, de participar en la elaboración y apoyar en la ejecución de los programas en la materia (artículos 14 y 20 de la LGDFS), asegurando su congruencia con la política ambiental nacional, reflejada en el PROMARNAT 2025-2030. A nivel internacional, el PNF 2026-2030 se alinea con acuerdos y compromisos globales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNULD), y la Agenda 2030. Como parte de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), México se compromete a alcanzar la deforestación neta cero para 2030 y fortalecer los sumideros de carbono en ecosistemas forestales. En conjunto, el PNF 2026-2030 constituye un instrumento estratégico que articula el marco constitucional, legal, programático e internacional, orientado al manejo sustentable de los ecosistemas forestales y al bienestar de las comunidades forestales. Considerando que la CONAFOR tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos, es el organismo que asume el liderazgo para coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del PNF 2026-2030. 384 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo La conservación y el uso sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad como pilar del bienestar México se encuentra en una posición privilegiada de biodiversidad a nivel mundial. Su posición geográfica delimitada por los océanos Pacífico y Atlántico, orografía y condiciones climáticas dan origen a una considerable diversidad de ecosistemas que albergan hábitats y especies únicas en el mundo. De tal forma que, 138.7 millones de hectáreas, es decir, cerca del 70.6 % del territorio mexicano está cubierto por algún tipo de vegetación forestal: los matorrales xerófilos ocupan 56.2 millones de hectáreas y representan el 40.5 % de la superficie forestal nacional, seguidos de los bosques y selvas con 34.8 y 30.3 millones de hectáreas que representan el 25.1 % y 21.9 %, respectivamente, de la superficie forestal.1 Asimismo, México es culturalmente diverso. Se considera que existen 72 pueblos indígenas2 hablantes de 68 lenguas. Esta diversidad natural y cultural coexiste, el 30 % de los ecosistemas forestales está habitado por pueblos y comunidades indígenas en alrededor de 22 regiones bioculturales.3 En el contexto social, particularmente, en las zonas forestales de México habitan 11,875,192 personas, es decir, el 9.42 % de la población total, quienes viven en condiciones de alto rezago en educación, salud y vivienda.4 Otra particularidad es la tenencia de la tierra, 70.6 millones de hectáreas de superficie forestal son de propiedad social, distribuida en 16,953 núcleos agrarios. Es decir, el 50.9 % de la superficie forestal del país.5 Los ecosistemas forestales constituyen un componente fundamental para la economía, la identidad y el bienestar de la población mexicana. En cuanto al aporte económico de los ecosistemas forestales, en 2023 se alcanzó un PIB forestal de 94,965 millones de pesos anualizados.6 El PIB Forestal se define como la suma del valor de la producción de tres subsectores económicos: aprovechamiento forestal, industria de la madera, y fabricación de pulpa, papel y cartón. Por otro lado, los ecosistemas forestales, fundamentalmente, los bosques, selvas y manglares capturan anualmente un total de 178.9 millones de toneladas de CO2, equivalentes al 23.2 % de la emisión total de gases de efecto invernadero del país.7 Además, durante el periodo 2018-2023 se registró una generación promedio anual de energía eléctrica de 324,141 GWh; de este total, y para el mismo periodo, la generación por fuente hidroeléctrica representó un promedio del 9 % (28,923 GWh);8 este tipo de energía proviene de centrales hidroeléctricas que dependen de la conservación de los bosques y selvas para mantener el flujo hidrológico y la disponibilidad de agua, así como para evitar el azolve de las presas. Con acciones de conservación, protección y gestión sostenible de los ecosistemas forestales de las cuencas de agua que abastecen de agua a las centrales hidroeléctricas, se asegura la continuidad en la generación de energía hidroeléctrica, la cual tiene el potencial de generar hasta el 12 % de la energía total generada en el país.9 Asimismo, estimaciones indican que cerca de 100 millones de hectáreas de vegetación forestal son la principal fuente de forraje para la ganadería extensiva, de los cuales 77 millones corresponden a superficie con vegetación forestal, cuyo valor estimado generado por el forraje de los ecosistemas forestales traducido en becerros en pie, es de 119.4 mil millones de pesos anuales.10 1 CONAFOR. (2025). Superficie Forestal. Estimaciones de la Comisión Nacional Forestal, con base a la información del ciclo 3 del INFyS 2015-2020. Consultado el 11 de junio de 2025. Disponible en: https://snmf.cnf.gob.mx/principaleindicadoresforestalesciclo-2015-2020/ 2 INPI. (2024). Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Consultado el 12 de julio de 2025. Disponible en: https://catalogo.inpi.gob.mx/consulta-por-pueblo/ 3 Boege, E. (2014). Las regiones bioculturales de México. La Jornada del Campo. 76, 1-15. Consultado el 11 de junio de 2025. Disponible en: https://www.aacademica.org/eckart.boege/44 4 CONAFOR. (2024). Estado que guarda el sector forestal en México 2023 (EGSFM 2023). Consultado el 22 de junio de 2025 Disponible en: https://www.gob.mx/conafor/documentos/estado-que-guarda-el-sector-forestal-en-mexico-2023 5 (ídem). 6 SEMARNAT. (2024). Indicadores económicos. PIB del sector forestal. Consultado el 18 de marzo de 2026. Disponible en: https://anuarios.semarnat.gob.mx/index.php/indicadores-economicos/#epibf 7 CMNUCC. (2025). Primer Informe Bienal de Transparencia de México ante la CMNUCC de 2024. Consultado el 20 de junio de 2025. Disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/IBT1_libro_29ENE2025.pdf 8 Secretaría de Energía. (2023). Balance Nacional de Energía. Consultado el 22 de junio de 2025. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/977268/Balance_Nacional_de_Energ_a_2023.FINAL06.02.2025.1.pdf 9 CONAFOR. (2025). Elaboración propia. 10 (ídem). Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 385 De igual forma, los ecosistemas forestales y su papel en la regulación del ciclo hidrológico son muy importantes para la agricultura de riego, la cual en 2024 alcanzó una cosecha en 3.5 millones de hectáreas (ha) por un valor de 286.7 mil millones de pesos.11 Muchas de las zonas forestales, son de gran importancia en el ciclo hidrológico, ya que funcionan como zonas de recarga natural de los acuíferos, debido a las características del suelo, relieve, cobertura vegetal, capacidad de infiltración, presencia de rocas permeables, que permiten la infiltración del agua en el subsuelo a partir de la precipitación o el escurrimiento de agua superficial, que posteriormente alcanza la zona saturada del acuífero y se convierte en recarga natural. Por lo que, la preservación y manejo adecuado de las zonas forestales contribuyen de manera relevante al equilibrio hidrológico del agua subterránea. La actividad antropogénica altera las características de estos importantes y frágiles sitios que corresponden a zonas de recarga de acuíferos, especialmente al implementar agricultura intensiva, ganadería extensiva, sobrepastoreo, monocultivos, cambios de uso del suelo diferentes a su capacidad de uso, deforestación, urbanismo, entre otras. Las prácticas descritas en el párrafo anterior, han causado erosión, compactación, e impermeabilización del terreno, que impiden la infiltración del agua, y en su lugar favorecen mayor escorrentía superficial y consecuentemente disminuye la recarga de los acuíferos, lo que a su vez provoca efectos adversos en el agua subterránea, tanto en cantidad, como en calidad, derivado de la contaminación del agua subterránea, que impiden su utilización para uso y consumo humano sin previa potabilización. Aspectos generales De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020,12 en México habitan 126.01 millones de personas, de las cuales el 49 % son hombres y 51 % son mujeres. Se estima que la población total en hogares indígenas registrada en el año 2020 fue de 11.8 millones de personas, es decir el 9.4 % de la población total del país. Las entidades que concentran la mayor cantidad de personas en hogares indígenas se ubican en el sureste y centro del país, distribuidas entre los estados de Chiapas (12.3 %), Oaxaca (10.6 %), Veracruz (7.1 %), Guerrero (7.0 %), México (5.8 %), Puebla (5.8 %) y Michoacán (5.3 %); representando en conjunto el 54.0 %.13 Una de las características más importantes de las zonas forestales del país es la población indígena que habita en ellas, estimada en 3.6 millones de personas. Es decir, el 30.3 % de la población en hogares indígenas a nivel nacional habita en localidades forestales.14 Los estados con mayor población en hogares indígenas en localidades forestales son: Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en donde se concentra el 53.7 % de dicha población; de ahí la importancia de impulsar una política forestal no solo con pertinencia cultural sino que reconozca la diversidad cultural sustentada en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como sus derechos a la consulta, de autonomía en la gestión de sus sistemas normativos, recursos naturales y de organización social, a la identidad y no discriminación, en correspondencia al Eje Transversal 3 del PND 2025-2030. Asimismo, en las localidades forestales se encuentra una proporción similar de población entre hombres y mujeres (49 % y 51 %, respectivamente). Los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla y México concentran la mayor cantidad de mujeres en las localidades forestales, representando el 50 % de las mujeres que habitan estas zonas.15 En virtud de lo anterior, es de suma importancia impulsar una política forestal que promueva la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres con acciones para garantizar el acceso a una vida libre de violencias, una distribución igualitaria de los trabajos del hogar y de cuidados, y el aseguramiento de condiciones equitativas de acceso y aprovechamiento de los recursos forestales, esto en congruencia con el Eje Transversal 1 del PND 2025-2030. 11 SIAP. (2025). Anuario Estadístico de la Producción Agrícola. Consultado el 10 de junio de 2025. Disponible en: https://nube.agricultura.gob.mx/cierre_agricola/ 12 INEGI. (2022). Censo de Población y Vivienda 2020. Consultado el 22 de julio de 2025. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/ 13 CONAFOR. (2024). Estado que guarda el sector forestal en México 2023. Consultado el 8 de junio de 2025. Disponible en: https://www.gob.mx/conafor/documentos/estado-que-guarda-el-sector-forestal-en-mexico-2023 14 (ídem). 15 (ídem). 386 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Por otra parte, respecto a la tenencia de la tierra en México resalta la de carácter social a través de ejidos y comunidades. En este sentido, de acuerdo con datos del Registro Agrario Nacional (RAN), hasta 2024 se tiene registro de 32,261 núcleos agrarios (29,836 ejidos y 2,425 comunidades), de los cuales 30,520 núcleos agrarios cuentan con certificado.16 La propiedad social en el país, considerando los núcleos agrarios certificados, se puede estimar que está integrada por 28,525 ejidos y 1,995 comunidades17 que en total suman 99.6 millones de hectáreas. De esta, la superficie bajo propiedad ejidal registrada supera las 82.2 millones de hectáreas18, mientras que la extensión registrada bajo propiedad comunal ronda los 17.4 millones de hectáreas.19 Es importante mencionar que 5.1 millones de personas cuentan, por lo menos, con un certificado parcelario o de uso común vigente, de estos: 3.3 millones son personas ejidatarias, 912.2 mil comuneros, 669.9 mil son personas posesionarias y 219.8 mil son personas avecindadas; de las cuales el 26.4 % son mujeres ejidatarias y el 30.1 % son comuneras.20 En cuanto a la propiedad social, esta se encuentra dividida entre ejidos y comunidades, en total, ambas figuras concentran 70.6 millones de hectáreas de superficie forestal, es decir, el 50.9 % de la superficie forestal de México.21 En los ejidos se concentra la mayor superficie forestal (aproximadamente 60.5 millones de hectáreas), equivalente al 43.6 % de la superficie forestal del país; en comunidades agrarias, éstas concentran 10.1 millones de hectáreas, correspondiente al 7.3 % de la superficie forestal nacional. Dicha superficie, está constituida por 16,953 núcleos agrarios. Le siguen la propiedad privada (30.4 %), en menor medida la propiedad pública (2.9 %), y otros tipos de propiedad (15.8 %).22 Situación de las mujeres y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad en el sector forestal Los grupos vulnerables o de atención prioritaria, enfrentan mayores obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos y requieren de una atención diferenciada por parte del Estado, ya que también resultan los más vulnerables ante los fenómenos sociales, económicos y ambientales que se presentan, entre ellos el cambio climático. Estos grupos incluyen; niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas migrantes, población indígena y afromexicana, personas pertenecientes a minorías religiosas, personas de la diversidad sexual, mujeres embarazadas, personas jóvenes, entre otras.23 En este contexto, se identifican limitantes y barreras de tipo estructural y normativo que restringen el ejercicio pleno de sus derechos y el logro de la igualdad sustantiva en el sector forestal; impidiendo con ello alcanzar un desarrollo forestal sustentable y justo. Dentro de estas barreras que enfrentan principalmente las mujeres y grupos vulnerables, se encuentra: el limitado acceso a la tenencia de la tierra, trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, trabajo productivo menor remunerado para mujeres, jóvenes y personas adultas mayores, estereotipos y roles de género, poca representatividad en cargos de representación y toma de decisiones y bajo acceso a créditos y servicios financieros.24 Es importante señalar que, particularmente las mujeres desempeñan un papel fundamental dentro de la protección, conservación y restauración del medio ambiente, posicionándose como agentes de conocimiento y de cambio. Las mujeres son quienes impulsan la lucha y defensa permanente de la tierra y de las prácticas ancestrales de cuidado de la naturaleza, en contra de las políticas extractivistas, coloniales y patriarcales que generan conflictos en territorio, criminalizan la lucha y la defensa de los territorios, ataca a los pueblos indígenas, particularmente a mujeres indígenas y despliega una serie de mecanismos de violencia y opresión.25 16 RAN. (2024). Situación Agraria Nacional al 31 de diciembre de 2024. Consultado el 17 de marzo de 2026. Disponible en: http://www.ran.gob.mx/ran/inf_intnal/RAN_Info_interes_nal-2024.pdf 17 (ídem). 18 RAN. (2024). Superficie ejidal registrada (SER). Consultado el 17 de marzo de 2026. Disponible en: http://www.ran.gob.mx/ran/indic_bps/2_SER-2024.pdf 19 RAN. (2024). Superficie Comunal Registrada (SCR). Recuperada el 17 de marzo de 2026. Disponible en: http://www.ran.gob.mx/ran/indic_bps/17_SCR-2024.pdf 20 RAN. (2024). Sujetos de núcleos agrarios certificados y no certificados. Consultado el 17 de marzo de 2026. Disponible en: http://www.ran.gob.mx/ran/indic_gen/nucag-certynocert-resultados-2024.pdf 21 CONAFOR. (2024). Elaboración propia. Ejidos y Comunidades identificados por la CONAFOR por contar con 200 o más hectáreas de cobertura forestal. Estimación realizada considerando la cobertura 2023 de perimetrales del RAN y la Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Serie VII de INEGI 2018. 22 (ídem). 23 CONAFOR. (2025). Estrategia Nacional de Género e Inclusión en el Sector Forestal. Consultado el 20 de junio de 2025. Disponible en: https://www.gob.mx/conafor/documentos/estrategia-nacional-de-genero-e-inclusion-en-el-sector-forestal 24 (ídem). 25 Mujeres defensoras de tierra y el territorio: estrategias para garantizar la justicia climática. (2021). Minuta. Consultado el 10 de junio de 2025. Disponible en: https://dialogosfeministas.ilsb.org.mx/wp-content/uploads/2021/07/Minuta_Justicia_Clima%CC%81tica.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 387 Además, la brecha de género también es una limitante en los procesos de emprendimiento forestal, impactando en el acceso a recursos y oportunidades. La desigualdad en la tenencia de la tierra restringe la capacidad de las mujeres para desarrollar proyectos productivos y fortalecer sus economías locales. Así mismo, la desigualdad de representación en los espacios de toma de decisiones, impiden que sus perspectivas, en gran medida enfocadas a la conservación y el bienestar comunitario, influyan en las políticas y proyectos forestales. Por otro lado, a pesar del gran potencial económico, cultural y social de las zonas forestales, la población que habita estos espacios presenta un alto rezago en educación, salud y vivienda, además de tener acceso limitado a servicios básicos como agua potable, drenaje y electricidad, entre otros. Al respecto, 13 % de la población de 15 años y más es analfabeta, 8 % de la población de 6 a 14 años no asiste a la escuela, y 21 % de la población de 15 años y más no concluyó la educación básica. Por otra parte, el 23 % de la población en localidades forestales carece de acceso a servicios de salud. Además, el porcentaje de viviendas particulares habitadas sin drenaje es cinco veces mayor en las áreas forestales que en el resto del país. Algo similar se observa con respecto a la disponibilidad de agua entubada, en donde el porcentaje nacional es de 3 % de viviendas sin este servicio, en contraste con las áreas forestales, que es de 9 %.26 Asimismo, dentro de las localidades forestales, se observa que, de la población de 15 años y más analfabeta, el 59.2 % son mujeres y el 40.7 % son hombres. De la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 47.8 % son mujeres y 52 % son hombres. Por otro lado, se observa que la población económicamente activa en localidades forestales se trata en mayor proporción de hombres que de mujeres, siendo el 66.5 % hombres y 33.4 % mujeres.27 Por otro lado, los y las jóvenes representan la oportunidad de un relevo generacional que cuide y conserve los recursos forestales bajo nuevos paradigmas y estructuras que no repitan estereotipos y roles de género; no obstante, algunos estudios han encontrado que muchos desconocen el panorama de la situación forestal en sus comunidades, pero sí reconocen algunas actividades específicas como la tala inmoderada y los incendios forestales (Barraza y Pineda, 2003).28 De ahí la relevancia de trabajar con esta población para aproximar a los jóvenes a las actividades de manejo y gestión forestal de las comunidades rurales, así como desarrollar mecanismos para desmotivar su emigración, por lo que será relevante promover la adopción de sistemas productivos sostenibles, que generarán empleos e ingresos y con ello, mejorar los medios de vida de las personas jóvenes. Además de reforzar su participación en las instituciones comunitarias para la toma de decisiones sobre el manejo de sus recursos colectivos. En este contexto el PNF 2026-2030, en su objetivo 5 considera acciones para impulsar y facilitar la participación de mujeres, personas jóvenes y comunidades indígenas y afromexicanas en la conservación, restauración y uso sustentable de los ecosistemas forestales, impulsando la perspectiva de género e inclusión, transversalizando los derechos y saberes de mujeres, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, promoviendo su participación efectiva y fortaleciendo sus capacidades. En congruencia con los Ejes Transversales 1 y 3 del PND 2025-2030, se promoverá el respeto de los derechos de estas poblaciones, eliminando la violencia cultural y de género e impulsando el valor de las mujeres en la defensa del medio ambiente. Por todo lo anterior, a través del PNF 2026-2030 se buscará conservar, proteger y aprovechar sustentablemente los ecosistemas forestales para salvaguardar la biodiversidad y sus servicios ambientales, consolidándolos como un medio para erradicar la pobreza, reducir desigualdades y fortalecer el tejido social. Lo anterior, con respeto a los derechos humanos e igualdad, priorizando la atención a grupos históricamente discriminados, comunidades indígenas y afromexicanas; todo ello acorde a los principios del humanismo mexicano de desarrollo y bienestar con cuidado al medio ambiente e igualdad sustantiva y contribuyendo a una República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales. 26 CONAFOR. (2024). Estado que guarda el sector forestal en México 2023 (EGSFM 2023). Consultado el 20 de julio de 2025. Disponible en: https://www.gob.mx/conafor/documentos/estado-que-guarda-el-sector-forestal-en-mexico-2023 27 (ídem) 28 Barraza, L., Pineda, J. 2003. Cómo ven los bosques los jóvenes mexicanos: comparación de dos comunidades rurales. Unasylva (213): 10-17. Consultado el 20 de julio de 2025. Disponible en: https://www.fao.org/4/Y9882s/Y9882s03.pdf 388 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 1. Bajo desempeño en producción, competitividad y uso diversificado de los recursos forestales En promedio anual, durante el periodo 2000-2023,29 la producción forestal maderable fue de 6.9 millones de metros cúbicos de madera en rollo, frente a un consumo nacional aparente promedio de 22.53 millones de metros cúbicos de madera en el mismo periodo, lo que refleja que el nivel de producción está muy por debajo de las necesidades de la población, a pesar de que el país tiene el potencial para satisfacer la demanda. De acuerdo con la SEMARNAT, la producción forestal maderable del país se registró en 8.2 millones de m3 para 2019, 7.2 millones de m3 para 2020, 7.6 millones de m3 para 2021, 7.1 millones de m3 para 2022 y 6.6 millones de m3 para 2023.30 Dentro de estos volúmenes, con base en estimaciones de la CONAFOR, se estimó que la contribución a la producción maderable proveniente del aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales es de 0.7 millones de m3 para 2019, 1.0 millones de m3 para 2020 y 1.2 millones de m3 para 2021. Los citados valores indican que México produce únicamente la tercera parte de los productos maderables que consume. La balanza comercial del sector forestal da cuenta de ello, pues entre 2014 y 2024 se registró un déficit promedio de 6,664.18 millones de dólares, de los cuales 1,307.54 millones de dólares corresponden a productos maderables (como madera aserrada, madera perfilada, tableros de fibra, de madera chapada y contrachapada, carbón vegetal, piezas de carpintería para la construcción, marcos, cajones, principalmente).31 Lo anterior representa una oportunidad para incorporar terrenos forestales al manejo forestal sustentable y al establecimiento de plantaciones forestales comerciales, pues existe un mercado que se ha mantenido hasta ahora con volúmenes bajos de producción maderable (Gráfica 1 y 2). Gráfica 1. Producción forestal maderable consumo aparente en el periodo 2000-2023 Fuentes: SEMARNAT. (2021). Anuarios estadísticos Forestales 1993-2018. Consultado el 14 de julio de 2025. Disponibles en: https://www.gob.mx/semarnat/documentos/anuarios-estadisticos-forestales y SEMARNAT (2024) Estadísticas de la Producción Forestal (Anuarios 2019-2023). Consultado el 14 de julio de 2025. Disponible en: https://anuarios.semarnat.gob.mx/index.php/produccion-forestal/#epfm 29 SEMARNAT. (2021). Anuarios estadísticos Forestales 1993-2018. Consultado el 14 de julio de 2025. Disponibles en: https://www.gob.mx/semarnat/documentos/anuarios-estadisticos-forestales y SEMARNAT (2024) Estadísticas de la Producción Forestal (Anuarios 2019-2023). Consultado el 14 de julio de 2025. Disponible en: https://anuarios.semarnat.gob.mx/index.php/produccion- forestal/#epfm 30 (ídem). 31 INEGI. (2025). Banco de Información Económica (Balanza Comercial de Mercancías de México (BCMM). Consultado el 14 de julio de 2025. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/comext/#datos_abiertos. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 389 Gráfica 2. Producción forestal maderable proveniente de Plantaciones Forestales Comerciales Fuente: CONAFOR. (2024). Elaboración propia. Adicionalmente, la producción forestal maderable es poco diversificada y de bajo valor agregado, ejemplo de esto es que, en 2023, la producción se distribuyó de la siguiente manera: en madera para escuadría (80.84 %), leña (7.32 %), productos celulósicos (3.74 %) y carbón (3.70 %),32 respecto al total de la producción forestal maderable (Tabla 1). Tabla 1. Producción forestal maderable por producto 2022 y 2023 (m³ rollo) Producto Producción 2022 Participación % Producción 2023 Participación % Variación porcentual 2022 respecto 2023 Escuadría* 5,282,706 73.93 5,352,615 80.84 1.32 % Celulósicos 389,957 5.46 247,634 3.74 -36.50 % Chapa y triplay 176,172 2.47 7,983 0.12 -95.47 % Postes 264,807 3.71 282,733 4.27 6.77 % Leña 506,121 7.08 484,753 7.32 -4.22 % Carbón 326,962 4.58 245,062 3.70 -25.05 % Durmientes 198,559 2.78 263 0.00 -99.87 % Total 7,145,284 100.00 6,621,043 100 -7.33% Fuente: SEMARNAT. (2024). Estadísticas de la Producción Forestal (Anuarios 2019-2023). Consultado el 14 de julio de 2025. Disponible en: https://anuarios.semarnat.gob.mx/index.php/produccion-forestal/#epfm El valor que aporta la fabricación de muebles al PIB Nacional mostró una disminución del 5 % de 2023 a 2024. No obstante, de acuerdo con la información estadística de comercio disponible,33 la balanza comercial para muebles de madera elaborados para oficina; cocinas integrales, recámaras y otros muebles mostró un superávit de 2022 a 2024 (Tabla 2).34 Tabla 2. Valor del PIB 2018 - 2024 (Millones de Pesos) Descripción 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Fabricación de muebles excepto de oficina y estantería 36,963 40,088 35,746 40,902 37,200 33,300 31,153 Fabricación de muebles de oficina y estantería 10,031 9,995 8,795 10,179 10,711 10,172 10,377 Fuente: Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). (2024). Información Económica. Producto Interno Bruto Trimestral: Año base 2018. Consultado el 11 de febrero de 2026. Disponibles en https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2018/ 32 SEMARNAT. (2024). Estadísticas de la Producción Forestal (Anuarios 2019-2023). Consultado el 14 de julio de 2025. Disponible en: https://anuarios.semarnat.gob.mx/index.php/produccion-forestal/#epfm 33 International Trade Center (ITC). (sf). Trade Map. Trade statistics for international business development. Importaciones y exportaciones de las sub-partidas arancelarias 940330, 940340, 940350 y 940360 (2023-2024). Consultado el 11 de febrero de 2026. Disponible en: https://www.trademap.org/Index.aspx). 34 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). (2024). Información Económica. Producto Interno Bruto Trimestral: Año base 2018. Consultado el 11 de febrero de 2026. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2018/ 390 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Por otro lado, el empleo en el sector forestal se compone de los subsectores aprovechamiento forestal35 y empleo en la industria de la madera.36 En 2024, el porcentaje de empleos correspondiente a estos subsectores fue de 29.42 % y 70.58 %, respectivamente. El sector forestal contribuyó con el 0.40 % del empleo total en México (Tabla 3). Tabla 3. Empleo en el Sector Forestal en México en el periodo 2016-2024 Subsector 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Empleo aprovechamiento forestal_SIAN1130 62,832 55,873 49,539 68,418 55,689 56,178 62,826 81,005 70,128 Empleo industria de la madera_3210 154,802 133,677 152,892 151,495 124,692 145,083 168,459 182,532 168,268 Total 217,634 189,550 202,431 219,913 180,381 201,261 231,285 263,537 238,396 Empleo total en México 51,594,748 52,340,749 53,721,195 54,993,594 51,190,507 55,165,865 57,322,399 59,772,301 60,278,774 Aportación Sector Forestal 0.4 % 0.3 % 0.3 % 0.4 % 0.3 % 0.3 % 0.4 % 0.44 % 0.40 % Tasa de crecimiento anual del empleo en el Sector Forestal -12.9 % 6.8 % 8.6 % -17.9 % 11.5 % 14.9 % 4.27 % 0.85 % Fuente: CONAFOR. (2025). Elaboración propia con información de INEGI. (2025). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Consultado el 26 de agosto de 2025. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Microdatos Por su parte, en la producción forestal no maderable se destaca la producción de resina, las actividades de recolección de fibras, ceras, tierra de monte y otros (hongos, semillas, hojas, pencas de nopal, tallos, frutos, musgo, heno y plantas completas); en 2021 obtuvo un valor de producción de 150,357 toneladas, mientras que en 2022 alcanzó las 134,012 toneladas.37 Los estados con mayor participación en la producción de productos no maderables son: Michoacán (17.18 %), Morelos (13.41 %), San Luis Potosí (13.08 %), Veracruz (13.08 %) y Durango (9.17 %). Particularmente, en la producción de resina de pino, el estado de Michoacán contribuye con el 86.12 % del total nacional. En cuanto a las fibras, Guerrero contribuyó con el 45.37 % y respecto a las ceras, Coahuila contribuyó con el 47.77 %, de la producción total nacional. Finalmente, en Morelos se produjo el 68.47 % de la tierra de monte de todo el país. El reto consiste en impulsar la diversificación de los recursos forestales. Por otra parte, para 2023 (según datos proporcionados por la SEMARNAT), hubo 1,771 predios bajo manejo forestal no maderable, lo que representa 1.79 millones de hectáreas bajo manejo forestal no maderable (Gráfica 3).38 35 Unidades económicas dedicadas principalmente a la plantación, reforestación, conservación, manejo y aprovechamiento de especies forestales, así como al cultivo, en viveros forestales y a la recolección de productos forestales silvestres. 36 Al aserrado (corte) de tablas y tablones a partir de la madera en rollo; a la impregnación y tratamiento de maderas; a la fabricación de postes y durmientes a partir de madera aserrada; a la fabricación de laminados y aglutinados de madera; a la fabricación, a partir de madera aserrada, de productos de madera para la construcción; de productos para embalaje y envases de madera, y de otros productos de madera y de materiales trenzables, excepto palma. 37 SEMARNAT. (2024). Estadísticas de la Producción Forestal (Anuarios 2019-2023). Consultado el 10 de noviembre de 2025. Disponible en: https://anuarios.semarnat.gob.mx/index.php/produccion-forestal/#epfnom 38 SEMARNAT. (2024). Manejo Forestal Sustentable (Anuarios 2019-2023). Consultado el 18 de julio de 2025. Disponible en: https://anuarios.semarnat.gob.mx/index.php/manejo-forestal-sustentable-2/#eafm Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 391 Grafica 3. Superficie y predios incorporados al manejo forestal no maderable 2023 Fuente: SEMARNAT. (2024). Manejo Forestal Sustentable (Anuarios 2019-2023). Consultado el 18 de julio de 2025. Disponible en: https://anuarios.semarnat.gob.mx/index.php/manejo-forestal-sustentable-2/#eafm Por otra parte, la alta proporción de superficie forestal en México bajo el régimen de propiedad social (50.9 % de la superficie forestal nacional) conlleva desafíos y oportunidades para incrementar la producción forestal sostenible. En 2023, de acuerdo con datos de la SEMARNAT, solo 8.3 millones de hectáreas estaban bajo aprovechamiento forestal; incluyendo autorizaciones de aprovechamiento maderable (5.94 millones de hectáreas), no maderable (1.79 millones de hectáreas) y plantaciones forestales comerciales (0.66 millones de hectáreas). De esta superficie, 5.25 millones de hectáreas corresponden a propiedad ejidal, 1.11 millones a propiedad comunal y 2.0 millones a pequeñas propiedades. Además, el volumen maderable promedio autorizado por año es de 15.4 millones de m3, de los cuales, 8.5 son autorizados a ejidos (Gráfica 4).39 Gráfica 4. Superficie y predios incorporados al manejo forestal maderable 2023 Fuente: SEMARNAT. (2024). Manejo Forestal Sustentable (Anuarios 2019-2023). Consultado el 18 de julio de 2025. Disponible en: https://anuarios.semarnat.gob.mx/index.php/manejo-forestal-sustentable-2/#eafm Por otra parte, en cuanto a avisos de plantaciones forestales comerciales la SEMARNAT tiene registrados avisos por 660,355 hectáreas;40 de las cuales, la CONAFOR ha estimado que cerca de 85 mil hectáreas de plantaciones forestales comerciales están establecidas y en crecimiento.41 A pesar de los avances que esto representa, existe superficie de bosques, selvas, acahuales y vegetación de zonas áridas con potencial efectivo de incorporarse al aprovechamiento forestal maderable sustentable, el cual se estima en 20.7 millones de hectáreas.42 Entre las principales barreras para la incorporación de estas superficies al aprovechamiento sustentable, persiste el insuficiente desarrollo de condiciones habilitadoras para las personas propietarias y poseedoras de terrenos forestales, como un marco normativo y administrativo altamente burocrático, por ejemplo la falta de 39 (ídem) 40 (ídem). 41 CONAFOR. (2024). Estimaciones propias CONAFOR. 42 CONAFOR. (2024). Estimaciones propias. CONAFOR. 392 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 gobernanza u organización interna de los ejidos y comunidades, incertidumbre en la tenencia de la tierra, conflictos agrarios y falta de acompañamiento técnico de calidad; factores que incrementan los costos de transacción que deben asumir, lo que desalienta su incorporación en los esquemas de conservación y manejo. Para atender lo anterior, se ha impulsado el establecimiento de plantaciones forestales comerciales para aumentar la producción forestal del país, y con ello mejorar la productividad y competitividad de las materias primas forestales, con miras a reducir el déficit nacional de abasto y generar alternativas de desarrollo sustentable en las zonas rurales. En este sentido, de acuerdo con registros de SEMARNAT, mismos que se encuentran disponibles hasta 2023, los avisos de plantaciones forestales comerciales tienen fines de producción de semilla, árboles de navidad, árboles completos con cepellón, aserrío, carbón y leña, celulosa, chapa, no maderable, entre otros. Sin embargo, el establecimiento de plantaciones conlleva altos costos de inversión con periodos largos de recuperación.43 Además, alrededor del 40.06 % (2.38 millones de hectáreas) de la superficie forestal maderable que se encuentra bajo aprovechamiento forestal, cuenta con un certificado que avala el desarrollo de buenas prácticas de manejo: 1.9 millones de hectáreas están certificadas conforme al estándar internacional Forest Stewardship Council, 452 mil hectáreas están certificadas con el estándar nacional establecido en la NMX-AA-143-SCFI-2015 y 29 mil hectáreas bajo el instrumento de Auditoría Técnica Preventiva.44 De los 2.38 millones de hectáreas certificadas bajo estándar nacional o internacional, 2.28 millones de hectáreas son propiedad de ejidos, comunidades y uniones entre ellos, mientras que las pequeñas propiedades aportan 97.73 mil hectáreas.45 Es importante señalar que, a pesar de la relevancia de la certificación del manejo forestal para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas, existen limitaciones significativas; entre las que destacan los altos costos que representa para las personas productoras un mercado poco conocido y de difícil acceso para los productos forestales, lo cual se debe principalmente a la falta de mecanismos que fomenten el crecimiento de la demanda de productos certificados. Adicionalmente, la limitada capacidad para aprovechar los recursos forestales de manera integral, sostenible y productiva es el resultado del debilitamiento de las asambleas ejidales o comunales como órganos legítimos de gobierno, los conflictos agrarios, el predominio de intereses individuales de corto plazo que favorecen la sobreexplotación de recursos, y la dificultad de los núcleos agrarios para desarrollar modelos de negocio estratégicos y rentables. Para atender estas problemáticas que dificultan el uso sustentable de los recursos forestales repercutiendo negativamente en el bienestar de los ecosistemas y por ende de las personas, el PNF 2026-2030 contempla el objetivo 1, mediante el cual se busca incrementar la productividad forestal sustentable en los ecosistemas naturales mejorando los medios de vida de las comunidades, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad conforme al principio del Humanismo Mexicano de desarrollo y bienestar con cuidado al medio ambiente. Lo anterior al fomentar el aprovechamiento forestal sustentable como un medio para erradicar la pobreza, reducir desigualdades y fortalecer el tejido social, con respeto a los derechos humanos e igualdad, priorizando comunidades indígenas y afromexicanas. Con la implementación del PNF 2026-2030, se busca fortalecer la gobernanza y reducir la brecha de género, y se buscará incorporar a las personas dueñas y poseedoras de los recursos forestales en las distintas etapas de la cadena de valor forestal, hasta comercializar sus productos en mercados convencionales y acceder a mercados especializados a través de la diversificación de productos con alto valor agregado. 43 SEMARNAT. (2024). Estadísticas de la Producción Forestal (Anuarios 2019-2023). Consultado el 22 de agosto de 2025. Disponible en: https://anuarios.semarnat.gob.mx/index.php/manejo-forestal-sustentable-2/#epfc 44 CONAFOR. (2025). Certificaciones forestales. Consultado el 22 de agosto de 2025. Disponible en: https://snif.cnf.gob.mx/produccion_y_productividad/ 45 CONAFOR. (2026). Estimaciones propias con datos al cierre 2025. CONAFOR. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 393 En este sentido, los beneficios directos para la población se verán reflejados en la mejora de las capacidades -técnicas, administrativas y gerenciales- de las personas dueñas, poseedoras y habitantes de las áreas forestales, que a su vez, los llevará a incrementar la autogestión de sus recursos de manera productiva, igualitaria, integral y sostenible. En este contexto, el manejo forestal comunitario e inclusivo busca contribuir a la conservación de los ecosistemas forestales e impulsar el desarrollo rural de manera igualitaria y sostenible; aportando a una República rural justa y soberana. Asimismo, el manejo forestal comunitario contribuye a mejorar el desempeño en producción, competitividad y uso diversificado de los recursos forestales, fomenta la certificación forestal, y favorece la generación de empleo y el bienestar de las personas que habitan los ecosistemas forestales y tiene el potencial de aportar a una mayor igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. 2. Procesos de deforestación y degradación forestal que ponen en riesgo el bienestar de las personas Los ecosistemas forestales proveen de servicios ambientales como la regulación del ciclo hidrológico, la recarga natural de acuíferos, el control de la erosión, la captura de carbono, el mantenimiento de la diversidad biológica, la protección contra eventos climatológicos extraordinarios, la provisión de alimentos, productos medicinales y bienes maderables y no maderables, entre otros. Estos servicios son un bien público, esencial para el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible. Sin embargo, los ecosistemas forestales están sujetos a procesos de cambio a magnitudes, escalas y horizontes de tiempo distintos. Entre los disturbios de escala espacial y temporal amplia se encuentran el cambio climático, la fragmentación del hábitat y la degradación del suelo. Mientras que, en los disturbios de escala espacial y temporal reducida se encuentran los incendios forestales, las plagas y enfermedades forestales, el cambio de uso del suelo y los eventos hidrometeorológicos extremos. Estos procesos de cambio se exacerban por la persistencia del modelo de crecimiento extractivista que favorece la dinámica de producción y consumo que acelera la pérdida de cobertura forestal, a lo que se suma también la desarticulación de las políticas públicas que convergen en medios rurales, acompañados de una irregular o poco oportuna aplicación de los marcos regulatorios. Además, el costo de oportunidad de mantener el uso forestal en comparación con alternativas como la agricultura intensiva o la especulación de tierras se incrementa debido a factores como la crisis alimentaria global y la creciente demanda de servicios turísticos e inmobiliarios. Para revertir lo anterior el PNF 2026-2030 contempla a través de su objetivo 2, mantener la provisión de bienes y servicios ambientales generados por los ecosistemas forestales para el bienestar de la población, con un enfoque de manejo integrado del territorio, de los recursos hídricos y de inclusión de los grupos de población de atención prioritaria. Asimismo, mediante el objetivo 3, se busca restaurar ecosistemas prioritarios que mejoren la conectividad, funcionalidad ecológica y capacidad productiva de las zonas forestales degradadas, contribuyendo al bienestar de las comunidades forestales, bajo los principios de igualdad sustantiva, inclusión y justicia social, contribuyendo al desarrollo y bienestar con cuidado al medio ambiente que caracteriza al Humanismo Mexicano y a la reforestación de bosques y selvas, que es una prioridad para la actual administración. Deforestación La deforestación afecta la capacidad de los ecosistemas forestales para proveer de servicios ambientales, que a su vez constituyen un riesgo para la seguridad alimentaria. En este sentido, la deforestación es uno de los principales factores de disturbio en las áreas forestales del país que puede clasificarse como gradual o rápido, dependiendo de su dinámica. La LGDFS define a la deforestación como la conversión de terrenos forestales arbolados a otro tipo de uso de la tierra, por causas inducidas o naturales, o bien, a la reducción permanente de la cobertura de copa por debajo del umbral del 10 % (Artículo 7, fracción XVIII de la LGDFS). La CONAFOR estima la deforestación bruta a nivel nacional, empleando el enfoque de muestreo del SAMOF, en el cual se realiza la evaluación de la pérdida o permanencia de la cobertura forestal en los conglomerados o parcelas de muestreo del INFyS. Durante el periodo 2001 al 2024 se han deforestado 4.89 millones de hectáreas (Gráfica 5). 394 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Gráfica 5. Superficie anual de Deforestación Bruta Nacional 2001-2024 (hectáreas) Fuente: CONAFOR. (2025). Deforestación. Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF). Consultado el 12 de julio de 2025. Disponible en: https://snmf.cnf.gob.mx/deforestacion/.46 La deforestación promedio anual en el periodo de análisis fue de 203,552 hectáreas. Con relación al periodo 2013-2018, la deforestación tuvo valores significativos que obedecen a la conversión de tierras forestales a pastizales que son utilizados para actividades pecuarias.47 En este contexto, la pérdida de cobertura forestal en el periodo 2001-2024 ha sido motivada principalmente por la actividad pecuaria. Se estima que el 73.3 % de la deforestación bruta fue ocasionada por la conversión de terrenos forestales a praderas para uso ganadero; el 22 % se debió a la conversión de terrenos forestales para utilizarlos en cultivos agrícolas. Las principales ecorregiones afectadas son las selvas cálido-húmedas (42 %), selvas cálido-secas (27 %), sierras templado-frías (17 %) y otras (14 %).48 De acuerdo con los datos anteriores, el 95 % de la deforestación ocurre de manera ilegal, pues la SEMARNAT solamente autoriza por excepción el cambio de uso del suelo en un promedio de 12 a 13 mil hectáreas al año, mientras que la deforestación bruta promedio anual es de 203,552 hectáreas al año (periodo 2001-2024). Las actividades productivas que inciden en la deforestación son aquellas que involucran actividades agropecuarias comerciales altamente rentables en comparación con la actividad forestal, como la expansión del agave para producir tequila o mezcal que ocasiona la pérdida de cobertura en las selvas caducifolias de los estados de Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Nayarit. La expansión de los cultivos como la palma de aceite, la soya, el sorgo, maíz, caña de azúcar y cítricos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y el aguacate en los bosques de pino, principalmente en los estados de Michoacán de Ocampo y Jalisco. Otras actividades de alto impacto, pero con afectaciones menores en términos de superficie deforestada, son los desarrollos turísticos, la minería y los proyectos inmobiliarios. Lo anterior destaca que, la deforestación es un fenómeno multifactorial y multicausal que ha tenido un incremento preocupante, sobre todo en estados como Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por lo que, para reducirlo y detenerlo, el PNF 2026-2030 además de impulsar el manejo forestal sustentable mediante su objetivo 1, impulsará mecanismos innovadores de conservación de servicios ambientales, con perspectiva de manejo integrado del territorio, donde las áreas destinadas a conservación no sean vistas de forma aislada, sino que fomenten actividades productivas a largo plazo y se incrementen las capacidades locales de gestión ambiental, mediante las acciones consideradas en el objetivo 2 del PNF 2026-2030. 46 Las líneas negras en cada barra muestran el nivel de incertidumbre de la estimación de deforestación, es decir el margen de error de los datos, indicando que el valor real podría variar dentro de ese rango. 47 La identificación de praderas dedicadas para fines pecuarios se fundamenta en el análisis de imágenes satelitales de alta y muy alta resolución, donde se reconocen patrones asociados a actividades ganaderas, como la presencia de cercos, abrevaderos u otra infraestructura para la producción pecuaria, o la gestión de pastos, así como evidencia de pastoreo o ramoneo (p.ej. caminos utilizados por el ganado, reducción de la cobertura herbácea o similar), y la ubicación dentro o adyacente a zonas de producción pecuaria. Estos criterios, detallados en la metodología del SAMOF, permiten clasificar dichas áreas bajo la categoría IPCC "Praderas" (GL), asegurando que correspondan a usos destinados a la actividad pecuaria. 48 CONAFOR. (2024). Deforestación. Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF). Consultado el 15 de julio de 2025. Disponible en: https://snmf.cnf.gob.mx/deforestacion/ Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 395 Lo anterior, aunado al impulso de la restauración forestal y productiva considerada en el objetivo 3, y al objetivo 4 con acciones para la restauración y protección de los ecosistemas forestales, con la colaboración de los sectores productivos que convergen en las zonas forestales; buscan detener el avance sobre la frontera forestal para alcanzar la meta de cero deforestación neta, que consiste en uno de los compromisos para alcanzarse al 2030. Tala y comercio ilegal La tala ilegal, es ejecutada fundamentalmente por personas o grupos ajenos a las comunidades forestales. El INECC (2022)49 estima que las pérdidas económicas por la tala ilegal en México ascienden hasta 97 mil millones de pesos anuales y 20.7 mil millones en ingresos fiscales. Los principales efectos derivados de la tala ilegal, de acuerdo con el INECC, son: a) el valor de la producción ilegal no se registra en la economía formal; b) evasión de impuestos asociados a la comercialización de productos extraídos de manera ilegal; c) pérdida de oportunidades de generación de empleos verdes y pérdidas económicas de las familias productoras; d) competencia desleal contra la actividad regulada y pérdida de competitividad; e) pérdida de ingresos en el aprovechamiento regulado, por la disminución de la cantidad y calidad de los recursos forestales; f) reducción en el valor del bosque y la promoción del cambio de uso del suelo; y g) pérdida de servicios ecosistémicos de los bosques. Por otra parte, de acuerdo con Torres-Rojo (2021), el volumen ilegal promedio en los últimos 20 años es del orden de 7.09 Mm³/año. Ambas cifras son elevadas en comparación con los 6.772 Mm³/año de producción legal promedio en los últimos 20 años. Si consideramos las estimaciones del Análisis del equilibrio de la madera, la pérdida anual promedio es de aproximadamente 270 millones de dólares (año base 2019), equivalente al 0,213 % del PIB del país. De acuerdo con lo anterior, el problema de la tala ilegal es tan importante que se estima que el volumen de madera ilegal que se comercializa en el mercado interno mexicano puede ser mayor que el que se comercializa de manera legal. Por ello, es necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia y aplicación de la ley en territorios estratégicos, con la participación activa de las comunidades y del Estado, sin que implique transferir o eludir responsabilidades.50 En este contexto uno de los instrumentos de política pública eficaces para conservar los ecosistemas forestales han sido las Áreas Naturales Protegidas (ANP), que son zonas del territorio nacional sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción para conservar y restaurar, y que resultan fundamentales para la protección, la recreación cultural e identidad nacional de las comunidades indígenas y afromexicanas. En ese sentido, en congruencia con el PROMARNAT 2025-2030, particularmente con la estrategia 1.1: Incrementar la superficie y efectividad del manejo de las áreas naturales protegidas y otros esquemas de conservación y protección de ecosistemas naturales, para salvaguardar la biodiversidad, mejorar la calidad de vida de las comunidades y contribuir en el cumplimiento de los compromisos mundiales; el PNF 2026-2030 contribuye a que, en las ANP de competencia federal, se realice un manejo efectivo para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad mediante acciones de conservación activa, restauración y difusión de información para sensibilizar a la población en general. Incendios forestales Los incendios forman parte de la dinámica de los ecosistemas, pueden ser una herramienta de manejo de los ecosistemas forestales, y también un factor de deterioro ambiental, según las condiciones en las que se presente. Para la gente y para los ecosistemas, los incendios pueden llegar a ser dañinos o benéficos, según dónde y cómo ocurren. En este sentido, el reconocimiento social del rol ecológico del fuego en los ecosistemas forestales motiva a orientar a la política pública nacional a impulsar acciones en Manejo del Fuego, entendiendo que existen tanto ecosistemas que requieren de fuego para poder desarrollarse, como aquellos donde el fuego juega un papel de posible degradación, dado que no presentan adaptaciones a este fuego; recordando que la alteración a los regímenes de fuego es el principal problema en la presencia de incendios forestales dañinos. Por lo anterior el PNF 2026-2030 considera acciones para impulsar el manejo del fuego en los ecosistemas forestales, promoviendo capacitación y difusión, así como acciones de coordinación interinstitucional para incrementar la superficie con acciones de prevención y protección contra incendios forestales dañinos. Lo anterior con un enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural que permita un enfoque integral del manejo del fuego. 49 INECC. (2022). Estimación de las pérdidas económicas por la tala ilegal en México. Consultado el 15 de julio de 2025. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/781684/162_2022_Perdidas_Economicas_por_Tala.pdf 50 CEIBA. (2018). Planteamientos estratégicos para la política ambiental y el desarrollo sustentable 2019-2025. Consultado el 10 de junio de 2025. Disponible en: https://ceiba.org.mx/planteamientos-ceiba 396 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Con lo anterior se busca detener la degradación de los ecosistemas forestales y la emisión de gases de efecto invernadero derivado de ello, contribuyendo con los compromisos que México ha adquirido en su NDC de reducir sus emisiones y conservando los sumideros de carbono en ecosistemas forestales. Con base en datos estadísticos, durante el periodo comprendido de 2018 a 2025 en México se presentaron en promedio 7,115 incendios forestales y una superficie afectada de 853,575 hectáreas por año (Gráfica 6). Gráfica 6. Registro de incendios forestales ocurridos y superficie quemada en el periodo 2018-2025 Fuente: CONAFOR. (2026). Elaboración propia con datos al cierre de 2025. Asimismo, durante el periodo de 2018-2025, el 48 % de los incendios forestales han tenido un tamaño menor a 5 hectáreas, mientras que el 15 % de los incendios han registrado un tamaño mayor a 100 hectáreas (Gráfica 7 y Tabla 4). Grafica 7. Tamaño de incendios forestales, 2018-2025 Fuente: CONAFOR. (2026). Elaboración propia con datos al cierre de 2025. Tabla 4 Tamaño de incendios forestales, 2018-2025 0 a 5 Hectáreas 06 a 10 Hectáreas 11 a 20 Hectáreas 21 a 50 Hectáreas 51 a 100 Hectáreas Mayor a 100 Hectáreas TOTAL Número de incendios 27,054 6,233 5,280 6,197 3,863 8,296 56,923 Porcentaje 48 % 11 % 9 % 10 % 7 % 15 % 100 % Fuente: CONAFOR. (2026). Elaboración propia con datos al cierre de 2025. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 397 En cuanto a la duración de los incendios registrados en ese mismo periodo, el 61 % de los incendios forestales han durado hasta un día, mientras que solo el 5 % de los incendios han durado más de 7 días (Gráfica 8 y Tabla 5). Gráfica 8. Duración de incendios forestales, 2018-2025 Fuente: CONAFOR. (2025).Elaboración propia con datos al cierre de 2025. Tabla 5. Duración de incendios forestales, 2018-2025 Duración (días) 1 2 a 3 4 a 7 Mayor de 7 Total Número de incendios 34,828 14,038 5,309 2,748 56,923 Porcentaje 61 % 25 % 9 % 5 % 100 % Fuente: CONAFOR. (2026). Elaboración propia con datos al cierre de 2025. En México, el 98 % de los incendios forestales son ocasionados por las personas. En el periodo de 2018 al 2025, el 31 % de los incendios forestales fueron originados, presumiblemente, por actividades agropecuarias, mientras que otro 28 % se presume que fueron intencionales (Gráfica 9). Gráfica 9. Posibles causas de incendios forestales ocurridos durante el periodo 2018 -2025 Fuente: CONAFOR. (2026). Elaboración propia con datos al cierre 2025.51 52 51 Otros: agrupa regímenes de fuego Influido, condiciones especiales e independiente. 52 Otras causas: cazadores, desconocidas, quema de basurero, festividades y rituales y transportes. 398 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 A partir del registro estadístico de incendios forestales del año 2020 al 2025, se ha observado un incremento tanto en el número, como en la superficie afectada por los mismos, lo cual representa un cambio en la dinámica del fuego a favor o en contra, según el tipo de ecosistema en el que se presenten (Gráfica 10). Gráfica 10: Incendios forestales ocurridos y superficie afectada según su adaptación al fuego durante el periodo 2020 -202553 Fuente: CONAFOR. (2026). Elaboración propia con datos al cierre 2025.54 Para atenuar esta problemática y contribuir a la protección de los ecosistemas forestales, el PNF 2026-2030 en su objetivo 4, considera acciones para incrementar la coordinación interinstitucional y con diversos actores, para atender las principales causas de los incendios forestales; particularmente con el sector agrícola con la finalidad de incidir en la prevención de incendios forestales dañinos que además de afectar a los ecosistemas forestales, repercuten negativamente en los medios de vida de las personas, al mermar la provisión de bienes y servicios que los ecosistemas brindan. Asimismo, se prevén acciones de supervisión y monitoreo con un enfoque de prevención, para la disminución de la superficie afectada por incendios forestales dañinos. En el diseño e implementación de estas acciones se fortalecerá la perspectiva de género e inclusión de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, con la finalidad de garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano, a la vida, a la salud y a la seguridad. Plagas y enfermedades forestales La variabilidad en las condiciones del clima, así como los factores de estrés de los ecosistemas forestales han propiciado que durante el periodo de 2019 a 2025 se registre una superficie promedio anual afectada por plagas y enfermedades forestales de 61,750 hectáreas, distribuidas principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Durango, México, Hidalgo, Querétaro y Jalisco (Gráfica 11). 53 Otros: agrupa regímenes de fuego Influido, condiciones especiales e independiente. 54 Otros: condiciones especiales, independiente e influido. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 399 Gráfica 11. Superficie (ha) con notificación por plagas y enfermedades forestales en el periodo 2014-2025 Fuente: SEMARNAT. (2025). Indicador 17 Notificaciones de saneamiento en extenso. Sistema Nacional de Gestión Forestal. Consultado el 31 de Diciembre de 2025. Disponible solo para usuarios registrados en el sistema en: http://sngf.semarnat.gob.mx:8080/sngfev2/servlet/sngf En este mismo periodo, los principales agentes causales de daño han sido: plantas parásitas (49.4 %), insectos defoliadores (22.8 %), insectos descortezadores (19.9 %), insectos barrenadores (3.0 %), enfermedades (2.9 % foliares, cancros, marchitamiento, pudrición y royas) y otras plagas (2.0 %) (Gráfica 12). Gráfica 12. Superficie afectada (ha) por agente causal de daño en el periodo 2019 - diciembre 2025 Fuente: SEMARNAT. (2025). Indicador 17 Notificaciones de saneamiento en extenso. Sistema Nacional de Gestión Forestal. Consultado el 31 de Diciembre de 2025. Disponible solo para usuarios registrados en el sistema en: http://sngf.semarnat.gob.mx:8080/sngfev2/servlet/sngf Por otro lado, el cambio climático representa una de las amenazas más significativas para los ecosistemas forestales de México y para las comunidades que dependen de ellos. La modificación de los patrones de lluvia, aumento en la frecuencia e intensidad de sequías, incendios forestales, plagas y enfermedades han deteriorado la salud de los bosques, selvas y manglares, comprometiendo su capacidad de proveer servicios ecosistémicos esenciales como la captura de carbono, la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y el sustento directo de millones de personas. Es importante considerar que la vulnerabilidad al cambio climático es diferenciada, siendo que las mujeres, personas indígenas, niñas, niños y adultos mayores son las más vulnerables, agravando sus efectos por la falta de acceso a servicios básicos, salud, educación y vivienda, entre otros. 400 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 En este contexto, las poblaciones rurales y forestales, en particular mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, enfrentan una doble vulnerabilidad: por un lado, los impactos directos del cambio climático sobre sus territorios y medios de vida; y por otro, las desigualdades estructurales que históricamente han limitado su acceso a recursos, oportunidades y toma de decisiones. Es por ello, que el sector forestal debe desempeñar un papel clave tanto en la mitigación del cambio climático como en la adaptación con justicia social a fin de alcanzar el bienestar colectivo. Para lo anterior, el PNF 2026-2030, impulsará acciones tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático bajo una estrategia que impulse la conservación, restauración, manejo forestal sustentable y la reducción de emisiones por deforestación y degradación; así como el aumento de los acervos de carbono forestal, con el fin de contribuir con el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones adquiridos por México en su NDC, con enfoque de igualdad sustantiva y derechos de las mujeres y el respeto de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Como se puede observar, para contribuir a la atención de los problemas públicos descritos en esta sección como la deforestación, el comercio y tala ilegal, y degradación forestal por la presencia de enfermedades, plagas e incendios forestales, el PNF 2026-2030 plantea en su objetivo 4, frenar los procesos de deforestación y degradación forestal, para la protección del patrimonio natural del país, la disminución de la vulnerabilidad al cambio climático y aumento de la mitigación de los gases de efecto invernadero, mediante la atención pertinente y efectiva a sus causas. Con ello se contribuye al desarrollo sustentable y a una República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales. 3. Otros factores relevantes que limitan el desarrollo forestal y la generación de bienestar para la población Uno de los factores que limitan el desarrollo forestal, es la poca gobernanza para el manejo de los recursos forestales que determina la insuficiente cultura de prevención, protección, manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales. Por otro lado, persiste el desconocimiento sobre la importancia y valoración de los bienes y servicios que proveen los recursos forestales. Esta desvalorización se traduce en el uso de prácticas inadecuadas de cultivo y aprovechamiento, poco favorables para la protección y conservación de los recursos forestales o la adopción de modelos de producción y consumo responsables con el cuidado del medio ambiente. En adición a lo anterior, no asignar un valor económico directo a los beneficios tangibles e intangibles que los ecosistemas forestales y su biodiversidad brindan a la sociedad; genera que no haya una retribución hacia la conservación y gestión sostenible para garantizar la provisión de los servicios ambientales en el largo plazo. Otro factor que contribuye a la degradación y deforestación de los ecosistemas forestales es la debilidad del estado de derecho, que se refleja en la existencia de corrupción, insuficiente inspección y vigilancia, presencia del crimen organizado e impunidad, facilita la extracción clandestina y el tráfico ilegal de materias primas forestales, principalmente de madera, para uso comercial. La extracción y comercialización informal o ilegal de madera impacta negativamente la competitividad forestal. Estos productos compiten de manera directa con los de procedencia legal y crean distorsiones de mercado que desincentivan la inversión productiva en el sector forestal. Esta dinámica menoscaba el potencial de desarrollo del sector forestal para motivar la participación social, generar la inclusión de grupos vulnerables, crear empleos formales, contribuir a la economía rural, impulsar el desarrollo y favorecer al bienestar de las personas. Lo anterior, en combinación con las acciones derivadas de programas presupuestarios operadas por distintas entidades y dependencias, que confluyen en un mismo espacio, pero se desarrollan de manera aislada, sin considerar la perspectiva de paisaje. Además, los pocos incentivos para incorporar el paradigma de la sustentabilidad en las actividades productivas agropecuarias y forestales; la presión de la demanda de los mercados nacionales e internacionales de productos alimenticios, minerales, combustibles, fibras, y la presión inmobiliaria en zona turística, entre otros; ha desencadenado efectos adversos en el manejo del territorio. Por lo anterior, es necesario mejorar la transversalidad y coordinación entre las dependencias y órdenes de gobierno, conceptualizando el manejo integrado del paisaje en el que se involucre a la sociedad y actores en la toma de decisiones basado en unidades de paisaje, donde se perciba al ámbito territorial como un espacio con múltiples usos de suelo en los que se pueden desarrollar actividades de índole ambiental, social y económica.55 55 Constanza et al. (1997). The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature. pp. 387: 253-260 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 401 Para revertir a los problemas de gobernanza, el desconocimiento y valoración de los servicios que brindan los ecosistemas, la baja participación social y descoordinación de políticas públicas en el medio rural, el PNF 2026-2030 orienta su objetivo 5 a fortalecer el marco institucional para que impulse el desarrollo forestal sustentable, mediante la mejora y simplificación normativa, la gobernanza territorial, el desarrollo tecnológico y de capacidades, el acceso a la información, y el monitoreo de las acciones. Lo anterior, bajo un enfoque de género e inclusión; bajo principios del Humanismo Mexicano como igualdad sustantiva, y contribuyendo a una gobernanza con justicia y participación ciudadana. Una política forestal ecológica y ambiental humanista El PNF 2026-2030 se alinea a los principios rectores de la política ambiental ecológica y humanista impulsada por la actual administración, la cual se fundamenta en el respeto y garantía de los derechos humanos, la erradicación del modelo neoliberal extractivista generador de desigualdades, y la construcción de una prosperidad compartida que beneficie a las generaciones presentes y futuras. En este sentido, el programa se orienta a garantizar el derecho a un medio ambiente sano, con igualdad, priorizando la prevención del daño ambiental, mediante el impulso del aprovechamiento forestal sustentable (a través del objetivo 1 del PNF 2026-2030) y la recuperación de la rectoría del Estado sobre los recursos naturales, con participación ciudadana, inclusiva y de acceso a la justicia ambiental, respaldada por una cultura ambiental e información relevante para la toma de decisiones, con enfoque territorial. En consonancia con los objetivos de justicia ambiental, el PNF 2026-2030 no sólo promueve la conservación, protección y uso sustentable de los ecosistemas forestales, sino que reconoce la necesidad impostergable de conservar y recuperar los servicios ecosistémicos que proveen bienestar social, económico y ambiental (mediante los objetivos 2 y 3 del PNF 2026-2030). Para ello, buscará fortalecer los mecanismos de monitoreo forestal, inspección, vigilancia y cumplimiento normativo en los territorios forestales, con un enfoque preventivo y de responsabilidad ambiental (por medio del objetivo 4 del PNF 2026-2030). La implementación del PNF 2026-2030 reconoce que la política forestal debe construirse de forma incluyente, incorporando a todos los sectores sociales con perspectiva de género, diversidad étnica y pertinencia cultural. Para lo anterior, el PNF 2026-2030 tiene como objetivo fomentar la participación de las comunidades forestales, pueblos originarios y grupos históricamente discriminados; así como fortalecer la cultura forestal como herramienta para impulsar la gobernanza comunitaria (con el objetivo 5 del PNF 2026-2030). Asimismo, se promoverá el reconocimiento del papel fundamental de las mujeres en la conservación y gestión de los recursos forestales. El Programa impulsará acciones que, además de conservar los ecosistemas, mejoren el bienestar cotidiano de las personas, con la generación de empleo en actividades sustentables. La simplificación y digitalización de trámites forestales será también una prioridad para fortalecer la eficiencia del sector, eliminar prácticas discrecionales, combatir la corrupción y garantizar transparencia. Se promoverá agilizar procesos clave como los permisos para aprovechamiento forestal y autorizaciones forestales, en línea con los esfuerzos del sector ambiental por optimizar trámites y hacerlos más accesibles a la ciudadanía y a las comunidades forestales. El PNF 2026-2030 buscará fomentar una relación armónica entre las personas y la naturaleza, ofreciendo herramientas para que los habitantes de zonas forestales puedan transformar sus modos de vida y avanzar hacia un desarrollo verdaderamente sustentable, contribuyendo a la construcción de una República que protege al medio ambiente y sus recursos forestales. El PNF 2026-2030 aportará a la Estrategia Nacional de Restauración, impulsando la restauración y reforestación forestal y productiva en zonas degradadas para recuperar su funcionalidad y la provisión de servicios ecosistémicos, contribuyendo al bienestar social, ambiental y económico de la población, así como a la reducción de su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Asimismo, se contribuirá a una República próspera y conectada mediante la implementación de acciones de aprovechamiento forestal sustentable, conservación y restauración en zonas prioritarias para esta administración como el Programa Balsas-Pacífico Sur para las comunidades más pobres de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México, brindando alternativas de aprovechamiento y uso sustentable de los recursos forestales que signifiquen una mejora en su bienestar y contribuyan a su seguridad social, ambiental y económica. 402 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Otro pilar fundamental para el PNF 2026-2030 es la igualdad sustantiva de género, misma que implica que el Estado establezca las bases para que exista la igualdad efectiva de derechos entre hombres y mujeres. Para lo anterior el PNF 2026-2030 considera acciones para favorecer el acceso a una vida libre de violencias, una distribución igualitaria de los trabajos del hogar y de cuidados, y el aseguramiento de condiciones equitativas de trabajo y salario para las mujeres forestales. Visión de largo plazo Situación esperada al 2030 Considerando la diversidad natural y cultural de México, la política forestal del país se distinguirá por estar adaptada a la heterogeneidad del territorio y de la población, permitirá abatir las brechas de desigualdad en el ámbito rural-forestal y de los grupos históricamente discriminados; generará las condiciones para que estos grupos y las personas habitantes en ecosistemas forestales tengan una vida digna, próspera y sustentable; además atenderá las causas de la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales; contribuirá a la lucha contra el cambio climático, y desarrollará un marco institucional facilitador del desarrollo forestal sustentable. Para 2030 la política forestal habrá contribuido a disminuir la vulnerabilidad de las personas ante el cambio climático, considerando particularmente los efectos diferenciados de este fenómeno en mujeres, infancias, personas adultas mayores, población indígena y afromexicana, con alguna discapacidad y otros grupos que presenten alguna vulnerabilidad; logrando aumentar su resiliencia a eventos climáticos extremos. México gestionará de manera integral sus ecosistemas forestales, destacándose no solo por sus avances en conservación y producción sustentable, sino también por su enfoque en igualdad de género y la participación de las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas y afromexicanos y grupos vulnerables en la gestión forestal. Para 2030, México avanzará en la restauración de ecosistemas degradados, la conservación de áreas prioritarias para el país, y en la producción forestal maderable y no maderable; beneficiando con ello a las personas. El modelo de manejo forestal comunitario implementado promoverá la economía local, reduciendo la pobreza y la desigualdad en comunidades rurales, incluyendo de manera activa a las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas y afromexicanos y grupos vulnerables en la gestión forestal; permitiendo su participación en la toma de decisiones y en el desarrollo de proyectos productivos sustentables, haciendo realidad la igualdad sustantiva y el respeto de los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas y otros grupos vulnerables. Para 2030 las mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y afromexicanas y otros grupos vulnerables liderarán cooperativas y empresas comunitarias, impulsando la reforestación, el aprovechamiento sustentable de los recursos y la mitigación del cambio climático. El éxito del manejo forestal en México se sostendrá en dos ejes fundamentales que seguirán guiando su desarrollo en los próximos años: el freno a la deforestación y el fortalecimiento de cadenas productivas sustentables, a través de estrategias y alianzas, que impulsarán la producción forestal sin comprometer la biodiversidad, asegurando beneficios económicos sostenibles para las comunidades, y la consolidación del desarrollo forestal comunitario. La toma de decisiones en el sector forestal se basará en información confiable, desagregada por grupo vulnerable y actualizada, proveniente tanto del conocimiento científico como del saber tradicional de las comunidades. La conjunción de ambas fuentes será clave para lograr la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del patrimonio forestal nacional. Para ello, se fortalecerán los sistemas de información forestal, buscando mejorar su cobertura, interconexión y accesibilidad, de forma que orienten eficazmente las políticas públicas y fomenten una mayor conciencia ambiental en la sociedad. Visión al 2050 La gestión forestal será reconocida por su liderazgo, transparencia y capacidad de coordinación interinstitucional, consolidándose como una gestión clave en la conservación forestal y con una visión integral, humanista y sustentable. El sector forestal se consolida como un sector estratégico de una economía baja en emisiones y circular que garantiza el bienestar social, económico y ambiental a través de la conservación de los ecosistemas y con la participación activa de la sociedad, particularmente de mujeres, jóvenes, población indígena y afromexicana y otros grupos vulnerables. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 403 Se garantizará el derecho a un medio ambiente sano para todas las personas, logrando equilibrar la salud de los ecosistemas con la mejora del bienestar social y la reducción de las desigualdades. El país contará con ecosistemas forestales conservados, restaurados y conectados ecológicamente que asegurarán la provisión de servicios ambientales en cantidad y calidad, así como medios de vida sustentables para la población. Asimismo, las actividades económicas y la infraestructura estratégica serán resilientes a los impactos del cambio climático. Con lo anterior, México será referente mundial por su compromiso con la conservación de los ecosistemas forestales y el desarrollo sostenible, demostrando que la lucha contra el cambio climático fue posible con la participación de toda la sociedad, especialmente de las mujeres, jóvenes, pueblos originarios y afromexicanos y grupos vulnerables, quienes son protagonistas en la gestión de los recursos naturales. 6. Objetivos El PNF 2026–2030 fue formulado mediante un proceso riguroso de planeación estratégica, que integró mecanismos de participación ciudadana, consulta pública y retroalimentación por parte de los órganos de consulta del sector forestal, así como de diversas dependencias de la APF. En el marco de los foros estatales de consulta, se contó con la intervención de actores clave, entre ellos, personas propietarias y poseedoras de terrenos forestales; representantes de pueblos indígenas; mujeres y jóvenes vinculados a la actividad forestal; organizaciones de productores; miembros de la sociedad civil; personas académicas e investigadoras; agentes del sector industrial forestal y técnicos forestales; así como autoridades federales, estatales y municipales. Este proceso permitió recabar y sistematizar información relevante sobre la problemática estructural del sector forestal, su nivel de afectación, las prioridades de intervención y las propuestas orientadas a su atención. Con base en este análisis colectivo, el PNF 2026-2030 establece 5 objetivos. Objetivos del Programa Nacional Forestal 2026-2030 1.- Incrementar la productividad forestal sustentable en los ecosistemas naturales, mejorando los medios de vida de las comunidades y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. 2.- Fortalecer la conservación de los ecosistemas forestales y la provisión de bienes y servicios ambientales generados por los ecosistemas forestales mediante un enfoque de manejo integrado del territorio, incluyente, para contribuir al bienestar de los grupos de población de atención prioritaria. 3.- Restaurar los ecosistemas prioritarios que mejoren la conectividad, funcionalidad ecológica y capacidad productiva de las zonas forestales degradadas, contribuyendo al bienestar de las comunidades forestales, bajo los principios de igualdad sustantiva, inclusión y justicia social. 4.- Frenar los procesos de deforestación y degradación forestal, para la protección del patrimonio natural del país, disminución de la vulnerabilidad al cambio climático y aumento de la mitigación de los gases de efecto invernadero, mediante la atención pertinente y efectiva a sus causas. 5.- Fortalecer el marco institucional para que impulse el desarrollo forestal sustentable, mediante la mejora y simplificación normativa, la gobernanza territorial, desarrollo tecnológico, de capacidades, el acceso al financiamiento, la información y el monitoreo de las acciones, bajo un enfoque de género e inclusión. 6.1 Relevancia del objetivo 1: Incrementar la productividad forestal sustentable en los ecosistemas naturales, mejorando los medios de vida de las comunidades y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Mediante este objetivo se busca aprovechar sustentablemente la vasta riqueza forestal que México posee, ya que cuenta con 138.7 millones de hectáreas cubiertas por algún tipo de vegetación forestal, donde habita el 9.42 % de la población nacional, es decir, cerca de 11.9 millones de personas.56 Por lo que resulta importante implementar acciones para contrarrestar las desigualdades estructurales que quejan a esta población, particularmente a mujeres, población indígena y afromexicana y grupos vulnerables que habitan en zonas forestales. Mediante el impulso del manejo forestal sustentable, se espera que dichas poblaciones aprovechen de manera sustentable y conserven no solo su fuente de sustento, sino también el vínculo cultural, histórico y espiritual que mantienen con los ecosistemas forestales. Lo anterior para contrarrestar las limitadas oportunidades económicas, la escasa infraestructura productiva, la débil articulación con el mercado y la falta de acceso a servicios financieros que han perpetuado un ciclo de pobreza y exclusión en estas poblaciones. 56 CONAFOR. (2024). Estado que guarda el sector forestal en México 2023 (EGSFM 2023). Consultado el 15 de julio de 2025. Disponible en: https://www.gob.mx/conafor/documentos/estado-que-guarda-el-sector-forestal-en-mexico-2023 404 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Con lo anterior, se pretende disminuir la presión directa sobre los ecosistemas, desincentivando prácticas de corto plazo que exacerban la deforestación, el cambio de uso del suelo y el aprovechamiento no regulado de los recursos naturales. Se destaca que se promoverá y gestionará la diversificación de la actividad productiva de la mediana y pequeña propiedad agrícola o forestal mediante el manejo forestal con fines forrajeros, lo que permitirá un uso eficiente y sustentable de los recursos disponibles del predio; mayor disponibilidad de forraje, mejora en la sostenibilidad del suelo y control de la erosión. A nivel territorial, se estima que al menos 20.7 millones de hectáreas podrían incorporarse al manejo forestal maderable sustentable,57 con potencial para detonar actividades productivas sostenibles, generar empleos dignos y fortalecer las economías locales. Este objetivo busca atender barreras como la falta de acompañamiento técnico especializado, debilidad organizativa de los ejidos y comunidades y carencia de mecanismos de financiamiento adecuados a la naturaleza y tiempos del sector forestal. Desde esta perspectiva, el objetivo de fortalecer los medios de vida y reducir las brechas de desigualdad en zonas forestales responde a la necesidad de transformar las condiciones estructurales de rezago en oportunidades de desarrollo, mediante estrategias que integran el manejo forestal comunitario, el uso sostenible y diversificado de los recursos forestales y la consolidación de redes locales de valor. Se trata de un enfoque transversal y humanista que reconoce a las comunidades como protagonistas de la conservación y el desarrollo, promoviendo su organización productiva, la planeación territorial, la adopción de prácticas certificadas y la diversificación de modelos productivos adaptados a cada territorio; contribuyendo a garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres; comunidades indígenas y afrodescendientes; niñas, niños y adolescentes; jóvenes y personas adultas mayores, entre otros grupos vulnerables. Este objetivo se alinea directamente con el modelo de desarrollo planteado en el PND 2025-2030 al apostar por la justicia social, el desarrollo desde lo local, el combate a la desigualdad estructural y la transición hacia una economía productiva, verde y regenerativa. Con ello, se busca pasar de una visión asistencialista a una estrategia de fortalecimiento de capacidades comunitarias, donde el Estado acompaña, articula y facilita el acceso equitativo a los recursos, tecnologías y mercados. Al impulsar cadenas de valor sostenibles, mecanismos de financiamiento innovadores, y esquemas de comercialización responsables, este objetivo contribuye a la generación de empleos locales, mejora del ingreso familiar, conservación de la biodiversidad y resiliencia frente al cambio climático. De igual forma, promueve la inclusión de mujeres, juventudes y pueblos indígenas, reconociendo su papel central en la gestión de los recursos naturales y la reproducción social de los territorios forestales. En suma, atender prioritariamente la situación de las comunidades forestales no sólo representa una necesidad urgente desde el punto de vista social y ambiental, sino una oportunidad estratégica para construir un modelo de desarrollo incluyente, solidario y sustentable, que permita avanzar hacia el bienestar de todas y todos los mexicanos, sin dejar a nadie atrás y sin dejar a nadie fuera. Así, el PNF 2026-2030 reafirma su compromiso con una visión de desarrollo que articula productividad, sostenibilidad ambiental y justicia social, reconociendo que la conservación de los ecosistemas forestales está estrechamente ligada a la mejora de las condiciones de vida de quienes los habitan y cuidan. 6.2 Relevancia del objetivo 2: Fortalecer la conservación de los ecosistemas forestales y la provisión de bienes y servicios ambientales generados por los ecosistemas forestales mediante un enfoque de manejo integrado del territorio, incluyente, para contribuir al bienestar de los grupos de población de atención prioritaria. Los ecosistemas forestales son fundamentales para el bienestar de la población mexicana, al constituir una fuente clave de servicios ambientales —como la regulación hídrica, la captura de carbono, la provisión de alimentos y medicinas, y el resguardo de la biodiversidad— que sustentan la vida y el desarrollo en múltiples territorios del país. Además de su relevancia ecológica, estos ecosistemas sostienen la identidad sociocultural de numerosos pueblos indígenas y comunidades rurales, siendo parte integral de los paisajes bioculturales de México; sin embargo, más del 60 % del territorio nacional presenta algún grado de degradación ambiental, siendo la deforestación por cambio de uso del suelo el principal motor de pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos. Mediante este objetivo se busca conservar los ecosistemas forestales para evitar que el porcentaje de degradación ambiental aumente. 57 CONAFOR. (2024). Elaboración propia. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 405 Asimismo, el PNF 2026-2030 considera acciones para la valoración económica de los servicios proporcionados por los ecosistemas en los mercados tradicionales, con la finalidad de contribuir a la disminución de su sobreexplotación y deterioro; por ejemplo, reconociendo que la pérdida de cobertura forestal afecta directamente la disponibilidad de agua, la productividad agrícola, y eleva la vulnerabilidad frente al cambio climático, principalmente en relación a fenómenos hidrometeorológicos severos. En este contexto, el presente objetivo cobra una importancia estratégica para el desarrollo nacional al plantear un modelo de conservación que articula la protección de los recursos forestales y de la biodiversidad con un enfoque de manejo integrado del territorio, inclusión social y sostenibilidad económica. Esto responde a una visión de desarrollo centrada en el bienestar de las personas, especialmente de aquellas comunidades en condiciones de vulnerabilidad, y promueve una justicia ambiental que fortalece el tejido social, impulsa la soberanía alimentaria y refuerza la resiliencia de los territorios frente a los efectos del cambio climático. La atención prioritaria a esta problemática parte de reconocer que aproximadamente el 70 % de las zonas con ecosistemas forestales se ubican en territorios de pueblos indígenas y núcleos agrarios, los cuales enfrentan históricamente rezagos en acceso a infraestructura, financiamiento y oportunidades de desarrollo. La incorporación de estos territorios al esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA), al Fondo Patrimonial de Biodiversidad y proyectos en corredores ecológicos o paisajes bioculturales, busca cerrar dichas brechas con acciones concretas que reconocen y fortalecen su rol como guardianes del territorio. Particularmente, el PSA se ha consolidado como una herramienta clave para incentivar la conservación y manejo sustentable en territorios estratégicos, al reconocer el valor de los servicios ecosistémicos que brindan las comunidades locales. Sin embargo, su alcance ha sido limitado en términos presupuestales y por ende, territoriales. Por ello, el PNF 2026–2030 retoma y amplía la estrategia del PSA como parte del diseño programático del objetivo 2, articulándola con otros esquemas como el Fondo Patrimonial de Biodiversidad (FPB) y proyectos de restauración en corredores ecológicos y paisajes bioculturales, para fortalecer su cobertura, eficacia e impacto social. Además, se han identificado zonas estratégicas como las cuencas hidrográficas prioritarias, selvas secas y bosques de coníferas, cuya conservación es clave para mantener la funcionalidad ecológica y evitar mayores impactos económicos y sociales por fenómenos como la sequía, la erosión y las inundaciones. Esto se vuelve aún más urgente considerando que el 75 % del agua para riego agrícola en México proviene de ecosistemas forestales, y que la degradación de estos compromete la seguridad alimentaria nacional. Este objetivo también reconoce la necesidad de integrar el uso sustentable de la biodiversidad en el sector forestal, en concordancia con la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad, promoviendo actividades productivas sostenibles que armonicen con la conservación, como la ganadería bajo selvas secas, la diversificación productiva en comunidades rurales y el fortalecimiento de cadenas de valor forestales con enfoque biocultural. En suma, el objetivo 2 responde a una problemática estructural de pérdida de capital natural que afecta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables, y propone una vía transformadora para restaurar el equilibrio entre conservación, bienestar humano y desarrollo sostenible. Su implementación es indispensable para construir una nueva relación con la naturaleza, basada en la corresponsabilidad social, la equidad territorial y el reconocimiento del valor de los servicios ecosistémicos como bienes públicos esenciales para el futuro del país. Asimismo, como parte del desarrollo sustentable, se debe salvaguardar con un enfoque transversal de igualdad sustantiva y respeto de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la conservación de la biodiversidad, asegurando su aprovechamiento sustentable, además de la conservación de las reservas de agua. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Restaurar los ecosistemas prioritarios que mejoren la conectividad, funcionalidad ecológica y capacidad productiva de las zonas forestales degradadas, contribuyendo al bienestar de las comunidades forestales, bajo los principios de igualdad sustantiva, inclusión y justicia social. Mediante este objetivo se busca reducir la degradación ambiental en México, que es una de las principales amenazas al bienestar social y económico de muchas comunidades rurales. Revertir los procesos de deforestación, erosión del suelo, y pérdida de biodiversidad, no solo mejora la capacidad de los ecosistemas para proveer servicios ambientales, sino que también contribuye a atender problemas estructurales como la exclusión social, la inseguridad alimentaria y la pobreza. Restaurar las zonas forestales de México que se encuentran degradadas, impacta favorablemente la capacidad productiva de estas áreas y disminuye la vulnerabilidad de las comunidades que dependen de ellas para su sustento diario. 406 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 La restauración de los ecosistemas forestales prioritarios es clave para proporcionar soluciones integrales que aborden tanto los problemas ecológicos como los sociales. A través de estrategias de restauración que incluyan sistemas silvopastoriles, agroforestales y otros enfoques basados en la naturaleza, se puede recuperar la capacidad productiva de las zonas forestales, restablecer la seguridad alimentaria y crear nuevas oportunidades de desarrollo económico para las comunidades. La restauración no solo implica la recuperación de las funciones ecológicas, sino también el fortalecimiento del tejido social y el impulso de prácticas productivas sostenibles que contribuyan al bienestar a largo plazo. El enfoque territorial y participativo es fundamental, ya que cada ecosistema tiene características específicas que requieren soluciones adaptadas a su realidad local. Las áreas prioritarias incluyen selvas, manglares, cuencas hidrográficas y zonas áridas. La restauración debe considerar, en primer lugar, los ecosistemas que son claves para la seguridad hídrica y la biodiversidad, como las cuencas costeras, manglares y humedales, que ofrecen protección natural contra fenómenos climáticos extremos y contribuyen a la resiliencia de las comunidades más vulnerables. Además, se debe priorizar la transversalidad mediante la atención a las comunidades rurales que, en muchos casos, enfrentan brechas significativas en términos de acceso a recursos, servicios básicos y oportunidades de desarrollo. En particular, las zonas donde las poblaciones indígenas y afrodescendientes habitan son algunas de las más afectadas por la degradación forestal, lo que resalta la necesidad de implementar proyectos de restauración que no solo busquen restaurar la cobertura forestal, sino también garantizar los derechos de las comunidades, fortalecer sus capacidades productivas y mejorar sus medios de vida. El objetivo de restaurar estos ecosistemas prioritarios se alinea con una visión de desarrollo que fomenta la justicia ambiental y la inclusión social, garantizando que las personas más afectadas por la degradación forestal puedan beneficiarse directamente de los proyectos de restauración. En este sentido, la restauración se convierte en una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las comunidades forestales, reducir los riesgos climáticos y contribuir al desarrollo sostenible del país. Por todo lo anterior, es urgente atender las áreas prioritarias con un enfoque que integre criterios ambientales, sociales y económicos, lo que permitirá avanzar hacia la recuperación de la capacidad productiva de las zonas forestales degradadas y, con ello, mejorar los medios de vida de las comunidades rurales. Este proceso también contribuirá a las metas de seguridad alimentaria, equidad social y adaptación al cambio climático, claves para la consolidación de un México más resiliente y sostenible. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Frenar los procesos de deforestación y degradación forestal, para la protección del patrimonio natural del país, disminución de la vulnerabilidad al cambio climático y aumento de la mitigación de los gases de efecto invernadero, mediante la atención pertinente y efectiva a sus causas. Frenar la deforestación bruta promedio anual estimada en 203,552 hectáreas al año para el período 2001 – 2024, representa actualmente una de las mayores estrategias para conservar el patrimonio natural de México y para aumentar la resiliencia de los territorios frente al cambio climático.58 Esto no solo beneficia a la biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas, sino que también, de forma directa, a los medios de vida de las comunidades forestales. Por lo anterior, llegar a una tasa de cero deforestación para el año 2030, constituye una de las prioridades para la administración actual. Asimismo, reducir la tala ilegal supondría disminuir la pérdida económica que esto implica para el Pueblo de México y que de acuerdo con el INECC (2022) se estima que asciende hasta 97 mil millones de pesos anuales y 20.7 mil millones en ingresos fiscales.59 Por otro lado, ante escenarios de cambio climático que exacerban las afectaciones a los ecosistemas forestales por la modificación de patrones de incendios forestales y la presencia de plagas y enfermedades, es necesario implementar esfuerzos de prevención y atención oportuna de estos fenómenos, porque son clave tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio climático. 58 El cambio climático se refiere a los cambios de temperatura y elementos climáticos a corto, mediano y largo plazo, los cuales pueden generarse por: 1) Fenómenos naturales de aumento de temperatura generada por variaciones solares, erupciones volcánicas, incendios forestales, sequías, ciclones tropicales o huracanes, aumento del nivel del mar, pérdida de la biodiversidad, etc.; y 2) Por actividades generadas por las personas derivadas de quema de combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas, la cual genera emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano, que envuelven al planeta y concentran el calor del sol, elevando la temperatura. En este sentido, resulta fundamental implementar acciones que disminuyan o mitiguen las causas y efectos de dicho fenómeno en México y a nivel mundial. 59 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). (2022). Estimación de las pérdidas económicas por la tala ilegal en México, México Pp. 21. Consultado el 18 de julio de 2025. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/781684/162_2022_Perdidas_Economicas_por_Tala.pdf. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 407 Para la mitigación, los ecosistemas forestales son claves porque contribuyen a reducir emisiones por degradación de los ecosistemas; asimismo, para la adaptación al cambio climático, porque contribuyen a disminuir la vulnerabilidad de las personas ante estos cambios, bajo principios de igualdad sustantiva y respeto de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos y otros grupos vulnerables. Ralentizar los procesos de deforestación y degradación forestal se vuelve una prioridad nacional, indispensable para proteger el patrimonio natural y garantizar la continuidad de los servicios ecosistémicos que sostienen el bienestar de las comunidades. Para lograrlo, el PNF 2026-2030 considera prioritario fortalecer la coordinación entre dependencias y entre órdenes de gobierno, superando la fragmentación de esfuerzos y capacidades, considerando como transversales las acciones relacionadas con la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, principalmente realizadas por el INECC. Esta articulación debe sustentarse en una visión compartida del territorio rural como un paisaje integrado, en el que converjan funciones ecológicas, productivas, sociales y culturales, y donde las acciones de conservación y desarrollo se implementen de forma conjunta, complementaria y transversal a nivel nacional, considerando las áreas naturales protegidas en sus distintos tipos, áreas destinadas voluntariamente a la conservación y otras medidas de conservación efectiva en el territorio. Abordar la deforestación y la degradación desde un enfoque de paisaje permite construir soluciones más eficaces, inclusivas y sostenibles, que reconozcan la diversidad biocultural de los territorios y promuevan la participación activa de los actores locales. Solo mediante esta mirada integral y coordinada será posible salvaguardar el capital natural del país, revertir los procesos de deterioro ambiental y avanzar hacia un modelo de desarrollo forestal resiliente y justo para las generaciones presentes y futuras. 6.5 Relevancia del objetivo 5: Fortalecer el marco institucional para que impulse el desarrollo forestal sustentable, mediante la mejora y simplificación normativa, la gobernanza territorial, desarrollo tecnológico, de capacidades, el acceso al financiamiento, la información y el monitoreo de las acciones, bajo un enfoque de género e inclusión. Para que el desarrollo forestal sustentable en México sea una realidad, es indispensable contar con un marco institucional que facilite su implementación, eliminando obstáculos normativos y operativos que históricamente han limitado el alcance de las políticas públicas en el sector. La dispersión de normas, los procesos administrativos complejos y la débil coordinación entre instituciones han dificultado la gestión efectiva de los recursos forestales y restringido la participación de los actores locales. Una de las principales barreras que se identificó en el proceso participativo de construcción de este documento fue la dificultad y tardanza para realizar trámites relacionados con el sector forestal, entre ellos la aprobación de los programas de manejo forestal y las autorizaciones de las plantaciones forestales. Frente a este escenario, se vuelve prioritario mejorar y simplificar la normatividad, no solo para agilizar trámites y reducir cargas burocráticas, sino también para asegurar reglas claras, justas y adaptadas a las realidades de los territorios. Esta transformación institucional debe ir de la mano del fortalecimiento de la gobernanza territorial, entendida como la capacidad de articular actores clave, alrededor de una visión compartida del uso y conservación de los ecosistemas. De acuerdo con los registros de SEMARNAT, durante 2024, el 41.52 % de los trámites forestales se atendieron a tiempo con relación al número de trámites ingresados. Llevar a cabo las acciones consideradas al respecto en el PNF 2026-2030 y atender todos los trámites forestales a tiempo permitiría, por ejemplo, contribuir a reducir la brecha entre las 660,355 hectáreas de avisos de plantaciones forestales comerciales y las cerca de 85 mil hectáreas de plantaciones forestales comerciales establecidas y en crecimiento. Lo anterior también podría contribuir a aprovechar las 20.7 millones de hectáreas con potencial efectivo de incorporarse al aprovechamiento forestal sustentable. Esto en congruencia con el Eje Transversal 2 del PND 2025-2030, que considera, entre otros objetivos, incrementar la productividad y competitividad a través de un proceso de simplificación, digitalización y reducción de los tiempos de resolución de trámites en los tres órdenes de gobierno. Una gobernanza sólida requiere, además, mecanismos efectivos de participación social, en los que las comunidades no solo sean consultadas, sino reconocidas como protagonistas en la toma de decisiones. La inclusión de sus voces y saberes resulta fundamental para diseñar estrategias que respondan a sus necesidades, fortalezcan sus capacidades y promuevan el uso sostenible de los recursos. Esto es especialmente relevante en contextos de desigualdad estructural, donde mujeres, pueblos indígenas y grupos históricamente excluidos enfrentan barreras persistentes para ejercer sus derechos. 408 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 En este proceso, el acceso a la información, la transparencia y el monitoreo de las acciones juegan un papel clave para construir confianza pública, asegurar la rendición de cuentas y permitir ajustes oportunos en la política forestal. Solo con información clara, accesible y verificable es posible evaluar el impacto de los programas y garantizar la toma de decisiones informada. Para lo anterior, se deben fortalecer las acciones de investigación científica, así como el estudio de los ecosistemas forestales. Esto, como parte de una estrategia vinculada al eje transversal 2 del PND 2025-2030 de innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional. Asimismo, se deben difundir los conocimientos técnicos que permitan la preservación y aprovechamiento sustentable, así como para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en México. Esto considerando lo referente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), y la Agenda 2030. Finalmente, el nuevo marco institucional debe construirse con un enfoque de inclusión transversal, que reconozca la diversidad social, territorial, cultural e incorpore de manera prioritaria la perspectiva de género. Garantizar la participación plena y equitativa de mujeres, pueblos indígenas y comunidades indígenas y afromexicanas, jóvenes, personas con alguna discapacidad y demás grupos vulnerables, no solo es un principio de justicia, sino una condición esencial para la eficiencia y legitimidad de las políticas forestales. 6.6 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional Forestal 2026-2030 En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática que señala la Ley de Planeación, las dependencias y entidades de la APF tienen la obligación de integrar, publicar en el Diario Oficial de la Federación y dar seguimiento a los programas de tipo sectorial, especial, regional e institucional que derivan del Plan Nacional de Desarrollo. Por su parte, en el PND 2025-2030 se establece, de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Planeación, como parte del Eje General 4; Desarrollo sustentable, al Programa Nacional Forestal 2026-2030, mismo que deberá ser elaborado por la CONAFOR, de acuerdo con su ámbito de competencia y con fundamento en la LGDFS. Objetivos del Programa Nacional Forestal 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 1. Incrementar la productividad forestal sustentable en los ecosistemas naturales mejorando los medios de vida de las comunidades y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Objetivos 2.5, 2.10, 3.6, 3.10, 3.11, 4.5 y T1.1 Estrategias 2.5.4, 2.10.3, 3.6.1, 3.10.3, 3.11.2, 3.11.3, 4.5.3 y T1.1.4 2. Fortalecer la conservación de los ecosistemas forestales y la provisión de bienes y servicios ambientales generados por los ecosistemas forestales mediante un enfoque de manejo integrado del territorio, incluyente, para contribuir al bienestar de los grupos de población de atención prioritaria. Objetivos 4.5 y T3.4 Estrategias 4.5.2, 4.5.10, T3.4.3 y T3.4.4 3. Restaurar los ecosistemas prioritarios que mejoren la conectividad, funcionalidad ecológica y capacidad productiva de las zonas forestales degradadas, contribuyendo al bienestar de las comunidades forestales, bajo los principios de igualdad sustantiva, inclusión y justicia social. Objetivos 4.5 y T3.4 Estrategias 4.5.4, T3.4.3 y T3.4.4 4. Frenar los procesos de deforestación y degradación forestal, para la protección del patrimonio natural del país, disminución de la vulnerabilidad al cambio climático y aumento de la mitigación de los gases de efecto invernadero, mediante la atención pertinente y efectiva a sus causas. Objetivos 2.2 y 4.5 Estrategias 2.2.3 y 4.5.1 5. Fortalecer el marco institucional para que impulse el desarrollo forestal sustentable, mediante la mejora y simplificación normativa, la gobernanza territorial, desarrollo tecnológico, de capacidades, el acceso al financiamiento, la información y el monitoreo de las acciones, bajo un enfoque de género e inclusión. Objetivos 4.5, T1.3, T2.4 y T3.4 Estrategias 4.5.9, T1.3.1, T2.4.4, T3.4.3 y T3.4.4 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 409 7. Estrategias y líneas de acción Para atender la problemática identificada en el diagnóstico y lograr cada uno de los objetivos antes mencionados, se plantean 22 estrategias y 151 líneas de acción a implementar por las dependencias y entidades involucradas en la gestión, conservación y aprovechamiento de los recursos forestales, durante el período 2026-2030. Lo anterior, considerando los principios del Humanismo Mexicano, con respeto a la dignidad humana, igualdad sustantiva y respeto a los derechos de la población indígena y afromexicana, y con el fin de garantizar condiciones de bienestar social y económico en materia de desarrollo sustentable, contribuyendo al segundo piso de la transformación con una República que protege al medio ambiente y sus recursos naturales, a fin de garantizar un medio ambiente sano para todas y todos los mexicanos. Objetivo 1. Incrementar la productividad forestal sustentable en los ecosistemas naturales mejorando los medios de vida de las comunidades y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Estrategia 1.1 Reactivar la producción forestal con base en el desarrollo de alianzas intersectoriales que articulen el aprovechamiento forestal con los mercados. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.1 Impulsar redes de confianza y certidumbre forestal mediante la generación de alianzas entre productores, comunidades y organizaciones sociales y privadas, que fortalezca la gestión forestal territorial en el fomento de la producción, conservación, manejo y restauración de ecosistemas forestales y servicios ambientales. SEMARNAT, CONAFOR 1.1.2 Apoyar la incorporación o reincorporación de superficie al manejo sustentable, a través del manejo forestal comunitario, el fortalecimiento de empresas forestales y orientando la producción hacia las demandas del mercado. CONAFOR, SEMARNAT 1.1.3 Impulsar la planeación territorial, mediante la elaboración de planes de ordenamiento territorial que articulen el aprovechamiento, conservación y restauración forestal con cadenas de valor y mercados. SEMARNAT, CONAFOR, INPI 1.1.4 Promover el desarrollo de capacidades de las personas prestadoras de servicios forestales para que respondan a las necesidades de acompañamiento técnico de las comunidades, ejidos, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y personas productoras forestales, mediante un enfoque de perspectiva de género e inclusión. SEMARNAT, CONAFOR 1.1.5 Diseñar e implementar una estrategia de focalización de zonas productoras clave y con potencial productivo de incorporarse al manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables mediante criterios técnicos y análisis de potencial productivo. CONAFOR 1.1.6 Fortalecer el desarrollo de empresas forestales comunitarias a través de alianzas estratégicas entre comunidades y empresas, con financiamiento y capacitación técnica que les permita acceder a mercados, tecnologías y conocimientos. CONAFOR, SEMARNAT 1.1.7 Mejorar la competitividad forestal a través del fortalecimiento de los distintos eslabones de las cadenas de valor de productos forestales maderables y no maderables, mediante apoyo en infraestructura, equipamiento, asistencia técnica y acceso a mercados de productos forestales maderables y no maderables. CONAFOR 1.1.8 Impulsar la especialización de personas prestadoras de servicios técnicos, para que respondan a las necesidades de comunidades, ejidos, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y personas productoras forestales, mediante un enfoque de género e inclusión. SEMARNAT, CONAFOR, SEDATU (RAN) 1.1.9 Impulsar el reconocimiento de corredores biológicos productivos en la Selva Maya, mediante esquemas y estándares que con criterios técnicos, sociales y ecológicos reconozcan su función territorial y permitan su integración a esquemas de conservación productiva. CONAFOR, SEMARNAT (CONANP) 410 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 1.2 Fortalecer las actividades productivas diversificadas de las comunidades forestales, consolidando medios de vida con el manejo sustentable de la biodiversidad y el acceso a mercados solidarios. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.1 Desarrollar planes de uso o aprovechamiento de recursos biológicos, en comunidades, ejidos y con pequeños productores mediante esquemas participativos y de gestión local. CONAFOR, SEMARNAT, CONABIO 1.2.2 Apoyar la diversificación productiva de las actividades forestales, plantaciones forestales y agroforestales, mediante capacitación, acceso a recursos económicos y vinculación a cadenas de valor locales y sostenibles, que fortalezca la seguridad de las personas y en especial de grupos vulnerables. CONAFOR, SEMARNAT, CONABIO 1.2.3 Acreditar comunidades y microrregiones forestales bajo la categoría de OMECS mediante una gestión forestal con resultados positivos y sostenidos en la conservación de la biodiversidad. CONAFOR, SEMARNAT, CONABIO, SEMARNAT (CONANP) 1.2.4 Fortalecer el SUMA incorporándolas a cadenas de valor para contribuir a la conservación de la biodiversidad y mejorar los medios de vida de las comunidades locales, indígenas y afromexicanas. CONAFOR, SEMARNAT, CONABIO Estrategia 1.3 Invertir en infraestructura y tecnología para modernizar el sector forestal y alcanzar economías de escala que maximicen la producción y competitividad. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.1 Promover la articulación de la oferta y demanda de productos forestales con la participación de actores clave mediante la identificación de necesidades de producción a nivel local y regional. CONAFOR 1.3.2 Promover y apoyar la ejecución de prácticas silvícolas y de manejo del hábitat, mediante el fortalecimiento de capacidades, en terrenos bajo manejo forestal autorizado, para incrementar la productividad de los terrenos forestales y la conservación de la biodiversidad. CONAFOR, SEMARNAT 1.3.3 Fomentar la implementación de prácticas de silvicultura adaptativa que contribuyan a disminuir la vulnerabilidad de las personas y los ecosistemas al cambio climático, mediante asistencia técnica especializada, transferencia de conocimiento y financiamiento público y comunitario. CONAFOR, SEMARNAT (CONANP), INECC, INPI 1.3.4 Impulsar el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales comerciales, integrándolas a cadenas de valor competitivas fomentando la asociatividad de empresas forestales comerciales, mixtas y privadas para lograr economías de escala. CONAFOR, SEMARNAT, BIENESTAR 1.3.5 Impulsar la diversificación productiva y de servicios a través de plantaciones forestales en sistemas agroforestales, silvopastoriles y el aprovechamiento de productos maderables y no maderables, considerando la vocación de cada territorio. CONAFOR, SEMARNAT, BIENESTAR, AGRICULTURA, INPI 1.3.6 Fomentar el manejo forestal sustentable con actividades productivas en áreas naturales protegidas, conforme lo permita su zonificación y subzonificación. CONAFOR, SEMARNAT (CONANP), SEMARNAT 1.3.7 Promover el desarrollo de mercados de carbono forestal nacional y el acceso a las áreas bajo manejo forestal como incentivo para incrementar la productividad. CONAFOR, SEMARNAT 1.3.8 Fomentar proyectos de innovación tecnológica y transferencia de tecnología para impulsar el desarrollo e integración de las cadenas locales de valor que generen economías locales, sustentables y solidarias, considerando las particularidades de grupos vulnerables. CONAFOR Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 411 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.9 Impulsar modelos de negocio forestales que promuevan la economía circular y el aprovechamiento sustentable, mediante esquemas de desarrollo de empresas forestales, acceso a financiamiento y asesoría, con enfoque local, con inclusión y equidad de género. CONAFOR 1.3.10 Apoyar la integración y el desarrollo de empresas forestales comunitarias y empresas forestales de mujeres, jóvenes y pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante acompañamiento, formación técnica y mecanismos de comercialización solidaria, que permitan detonar economías de escala y el empoderamiento de los procesos productivos. CONAFOR Estrategia 1.4 Promover la certificación y ejecución de prácticas mejoradas de manejo forestal a través de estándares nacionales e internacionales que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y al bienestar de las personas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.4.1 Impulsar la certificación forestal como mecanismo para la adopción e implementación de buenas prácticas de manejo forestal, bajo estándares nacionales e internacionales. CONAFOR 1.4.2 Apoyar el acompañamiento a las ATP, Certificación Forestal Nacional o Internacional o Auditorías Intermedia, mediante asistencia técnica especializada, recursos públicos y coordinación con organismos certificadores. CONAFOR 1.4.3 Impulsar un modelo de producción y consumo responsable y el desarrollo de mercados que valoren adecuadamente los productos legales, sustentables, trazables y/o certificados y aquellos bienes y servicios generados, a través de procesos comunitarios. CONAFOR, SEMARNAT 1.4.4 Fomentar el financiamiento de incubadoras de negocios forestales para mujeres y jóvenes, con enfoque de género, mediante fondos públicos, alianzas público-comunitarias y asistencia empresarial, que fortalezca la permanencia de estas poblaciones y el relevo generacional en las comunidades forestales. CONAFOR, IMJUVE 1.4.5 Impulsar esquemas de certificación de la industria forestal, mediante la ejecución de prácticas responsables y esquemas de estándares internacionales. CONAFOR Estrategia 1.5 Promover y diversificar modelos de comercio y financiamiento que permitan el acceso oportuno a recursos económicos, financieros, de infraestructura y servicios para impulsar el manejo forestal sustentable competitivo y en beneficio de las comunidades. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.5.1 Desarrollar e implementar una estrategia de movilización de financiamientos nacionales e internacionales, mediante alianzas multilaterales, fondos climáticos y mecanismos de cooperación para impulsar el desarrollo forestal sustentable a largo plazo. CONAFOR, SEMARNAT 1.5.2 Impulsar el desarrollo de instrumentos financieros adaptados al sector forestal, mediante garantías, subsidios cruzados y fondos semilla, que fortalezcan empresas forestales comunitarias, de mujeres, jóvenes y población indígena y afromexicana, que promuevan la equidad e inclusión. CONAFOR, SEMARNAT 412 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.5.3 Fomentar la búsqueda de mecanismos de financiamiento y compensación que consideren la valoración e internalización de los servicios ecosistémicos en los mercados regulados y voluntarios de bonos de carbono vinculados a las áreas de restauración y manejo forestal mejorado y las cadenas de producción. CONAFOR, SEMARNAT, (CONAGUA), INECC, AGRICULTURA 1.5.4 Identificar fuentes de financiamiento concurrente y complementario, mediante esquemas interinstitucionales con instancias públicas, privadas y fondos internacionales, buscando sinergias con otras dependencias y programas. CONAFOR, SEMARNAT (CONAGUA, CONANP), AGRICULTURA, INPI, 1.5.5 Promover la formación de microrregiones forestales mediante la articulación de ejidos y comunidades vecinas para planificar el manejo integrado del territorio, optimizar infraestructura compartida y acceder a mercados especializados. CONAFOR, AGRICULTURA, SEDATU 1.5.6 Optimizar los canales de distribución y comercialización, mediante el establecimiento de plataformas de comercialización directa y justa entre productores forestales y consumidores. CONAFOR Objetivo 2. Fortalecer la conservación de los ecosistemas forestales y la provisión de bienes y servicios ambientales generados por los ecosistemas forestales mediante un enfoque de manejo integrado del territorio, incluyente, para contribuir al bienestar de los grupos de población de atención prioritaria. Estrategia 2.1 Conservar los ecosistemas forestales del país bajo el enfoque de conservación activa, basada en el uso y manejo sustentable para mantener la provisión de los servicios ambientales en beneficio de la población y del desarrollo sostenible. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.1 Incorporar superficie de ecosistemas forestales y áreas de alto valor de biodiversidad al esquema de Pago por Servicios Ambientales, mediante convocatorias dirigidas y criterios territoriales que prioricen áreas estratégicas y la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático. CONAFOR, INECC, SEMARNAT (CONANP) CONABIO 2.1.2 Fortalecer y ampliar la cobertura de Pago por Servicios Ambientales a través de mecanismos de concurrencia de recursos financieros públicos y/o privados. CONAFOR 2.1.3 Incorporar superficie forestal en áreas con alto valor de biodiversidad y sociocultural al esquema de FPB, mediante convenios de conservación y con enfoque de conectividad ecológica y participación comunitaria. CONAFOR, SEMARNAT (CONANP), CONABIO, SEDATU (RAN) 2.1.4 Fomentar la incorporación de superficie forestal en zonas de recarga natural de acuíferos y reserva de agua, cuencas, subcuencas prioritarias al esquema PSA, mediante coordinación con actores locales y usuarios del agua para favorecer la gestión integral del recurso hídrico. CONAFOR, SEMARNAT (CONAGUA) 2.1.5 Apoyar a las personas beneficiarias del PSA para que desarrollen actividades de diversificación productiva, mediante asesoría técnica y recursos públicos, con enfoque de manejo integrado del paisaje, género e inclusión social. CONAFOR, SEMARNAT (CONANP) 2.1.6 Fomentar mecanismos e instrumentos habilitadores, mediante incentivos fiscales, fondos públicos y acuerdos interinstitucionales, para que las empresas, organizaciones, instituciones públicas y la sociedad en general, destinen recursos económicos para conservar los ecosistemas forestales y evitar el crecimiento de la frontera agropecuaria. CONAFOR Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 413 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.7 Integrar a la conservación activa en la agenda e instrumentos de política pública, mediante convenios interinstitucionales, que reconozcan que los servicios ambientales son bienes públicos necesarios para el desarrollo sustentable y el bienestar de todas las personas. SEMARNAT, CONAFOR, SEDATU, SEDATU (RAN) 2.1.8 Fortalecer la colaboración con las personas usuarias de Distritos y Unidades de Riego para implementar el PSA, mediante convenios institucionales y coordinación con actores locales, para mantener la funcionalidad en las cuencas hidrológicas que abastecen presas de almacenamiento para el riego agrícola. CONAFOR, SEMARNAT (CONAGUA) Estrategia 2.2 Integrar la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México en el sector forestal, para contribuir a su conservación y uso sustentable, así como al bienestar de las personas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.1 Promover la producción y productividad forestal, mediante programas de fomento productivo y esquemas de planeación con criterios de sustentabilidad, perspectiva biocultural, de género e inclusión y enfoque de cuencas de abasto y la participación equitativa de todos los sectores sociales. CONAFOR, SEMARNAT, CONABIO, INPI 2.2.2 Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forrajeros de ecosistemas de selvas secas, mediante su reconocimiento y acciones de capacitación y acompañamiento técnico. CONAFOR, AGRICULTURA 2.2.3 Propiciar la implementación de proyectos estratégicos mediante capacitación y fomento de la participación local en paisajes clave de bosques de coníferas, selvas medianas y bajas, manglares, zonas áridas y semiáridas, contribuyendo a su conservación, bajo principios de equidad e inclusión. CONAFOR, SEMARNAT (CONANP), CONABIO 2.2.4 Fortalecer la participación de comunidades forestales en la implementación de los sistemas de monitoreo y evaluación comunitaria mediante la implementación de la “Estrategia de integración para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad del sector forestal”. CONAFOR, SEMARNAT (CONANP), CONABIO Objetivo 3. Restaurar los ecosistemas prioritarios que mejoren la conectividad, funcionalidad ecológica y capacidad productiva de las zonas forestales degradadas, contribuyendo al bienestar de las comunidades forestales, bajo los principios de igualdad sustantiva, inclusión y justicia social. Estrategia 3.1 Impulsar la restauración de ecosistemas prioritarios mediante un enfoque territorial y participativo que integre criterios ambientales y sociales, priorizando las soluciones basadas en la naturaleza para la reducción de desastres naturales. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.1 Diseñar e implementar acciones de restauración forestal, mediante convocatorias en zonas prioritarias considerando ANP, ecosistemas críticos, zonas de recarga de acuíferos, corredores biológicos y áreas representativas, integrando la visión de comunidades, mujeres, pueblos y/o comunidades indígenas y afromexicanas, así como las autoridades locales. CONAFOR, SEMARNAT (CONAGUA) 3.1.2 Implementar esquemas de restauración forestal estratégica mediante la focalización en zonas de recarga de acuíferos, cuencas, subcuencas prioritarias, áreas afectadas por incendios forestales de muy alta y extrema severidad, y ecosistemas donde la recuperación natural esté comprometida. CONAFOR, SEMARNAT (CONAGUA), CONABIO 414 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.3 Integrar el enfoque de adaptación y mitigación al cambio climático y reducción de riesgos, en los instrumentos de planeación y acciones de restauración forestal, con enfoque territorial, género e inclusión mediante criterios técnicos y participación local. CONAFOR, INECC, CONABIO, SEMARNAT (CONANP), SEDATU 3.1.4 Apoyar la restauración de cuencas costeras prioritarias, manglares y humedales mediante financiamiento climático, asistencia técnica y participación comunitaria, aumentando la resiliencia de la población y los ecosistemas a los efectos del cambio climático, y contribuyendo a la mitigación de este. CONAFOR, SEMARNAT (INECC), CONABIO Estrategia 3.2 Impulsar la restauración forestal productiva, mediante sistemas silvopastoriles y agroforestales, para aumentar la producción y productividad en ecosistemas forestales, en beneficio de las comunidades rurales, las mujeres y pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.1 Impulsar la adopción de sistemas silvopastoriles y agroforestales, mediante capacitación técnica, incentivos productivos y acompañamiento comunitario, en ecosistemas preferentemente forestales. CONAFOR, BIENESTAR, AGRICULTURA 3.2.2 Establecer alianzas con personas con actividad ganadera, organizaciones de productores, autoridades y fuentes de financiamiento para cofinanciar prácticas agroforestales y silvopastoriles, garantizando la compatibilidad con la conservación y restauración de ecosistemas forestales. AGRICULTURA, CONAFOR 3.2.3 Diseñar e implementar programas de capacitación, mediante la generación de material didáctico accesible, culturalmente pertinente y con enfoque de género e inclusión, para el manejo sustentable del suelo, agua, el uso responsable del fuego y actividades de restauración forestal productiva. AGRICULTURA, CONAFOR, SEMARNAT 3.2.4 Desarrollar programas de apoyo dirigidos a personas productoras de ganado para la implementación de proyectos de restauración forestal productiva mediante la movilización de recursos económicos y técnicos. CONAFOR Estrategia 3.3 Fomentar la diversificación productiva y el desarrollo de cadenas de valor sostenibles, asociadas a la restauración forestal, en beneficio de comunidades rurales, mujeres, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que dependen de los ecosistemas forestales. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.1 Identificar e impulsar productos forestales maderables y no maderables con potencial de valor agregado vinculados a procesos de restauración forestal en regiones prioritarias, mediante diagnósticos participativos y asistencia técnica que contribuyan a mejorar los medios de vida de la población. CONAFOR, CONABIO 3.3.2 Impulsar modelos de negocio comunitarios que integren actividades de restauración forestal con aprovechamiento sostenible, mediante incubadoras rurales, formación empresarial y esquemas asociativos con enfoque local y comunitario y con enfoque de género e inclusión. CONAFOR, MUJERES 3.3.3 Capacitar a las personas que realizaron acciones de restauración forestal, en buenas prácticas de transformación, comercialización y trazabilidad, mediante alianzas con centros de educación e investigación y extensionistas rurales. CONAFOR, SEMARNAT Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 415 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.4 Fortalecer las capacidades de organizaciones comunitarias para la gestión de micro, pequeña y medianas empresas vinculadas a la restauración forestal, a través de asistencia técnica, equipamiento e inclusión financiera. CONAFOR 3.3.5 Establecer mecanismos de acceso preferente a mercados locales y regionales para productos derivados de la restauración forestal, a través de ferias, distintivos comunitarios y plataformas digitales promovidas por instituciones federales. CONAFOR 3.3.6 Impulsar esquemas de financiamiento público y mixto dirigidos a iniciativas productivas sostenibles relacionadas con la restauración forestal, mediante convocatorias y criterios de elegibilidad para mujeres, jóvenes y pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. CONAFOR, INPI, IMJUVE 3.3.7 Diseñar un sistema nacional de monitoreo de acciones de restauración basado en las mejores prácticas nacionales e internacionales mediante indicadores ecológicos y sociales con enfoque diferenciado que permita evaluar sus resultados e impactos. CONAFOR, CONABIO, SEMARNAT (CONANP) Objetivo 4. Frenar los procesos de deforestación y degradación forestal, para la protección del patrimonio natural del país, disminución de la vulnerabilidad al cambio climático y aumento de la mitigación de los gases de efecto invernadero, mediante la atención pertinente y efectiva a sus causas. Estrategia 4.1 Fortalecer acciones para reducir las emisiones de GEI por deforestación y degradación forestal y aumentar los acervos de carbono forestal para contribuir a alcanzar la meta nacional de cero emisiones netas y adaptarse a los efectos del cambio climático. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.1.1 Implementar el enfoque de manejo integrado del territorio mediante la articulación efectiva de programas y acciones territoriales que frenen la deforestación y degradación forestal, e incrementen los acervos de carbono forestal para alcanzar cero emisiones netas de GEI. CONAFOR, SEMARNAT 4.1.2 Establecer arreglos institucionales en todos los niveles de gobierno, mediante acuerdos de coordinación y protocolos de gobernanza participativa que faciliten la articulación de programas y acciones en el territorio rural para la reducción de emisiones de GEI y el aumento de acervos de carbono. CONAFOR, SEMARNAT (CONANP), SEDATU (RAN) 4.1.3 Promover la actualización de la normativa sobre carbono y emisiones evitadas en el sector forestal para impulsar mecanismos de pago por resultados y proyectos del mercado voluntario, que fortalezcan la implementación de la ENAREDD+ y aseguren la distribución equitativa de beneficios. SEMARNAT, CONAFOR 4.1.4 Diseñar y promover mecanismos de financiamiento flexibles, diversos, graduales y eficientes para la implementación de programas y acciones para reducir emisiones de GEI derivados de la deforestación y degradación forestal REDD+. CONAFOR 4.1.5 Fortalecer el sistema nacional de salvaguardas sociales y ambientales mediante procesos de formación, difusión accesible y monitoreo de acciones con enfoque de género e inclusión para informar sobre cómo se abordan y respetan en el marco de programas y actividades REDD+. CONAFOR, SEMARNAT 416 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.1.6 Diseñar y establecer un mecanismo de certificación de cadenas de suministro de productos agropecuarios provenientes de una producción sustentable, libre de deforestación y de bajas emisiones de carbono. AGRICULTURA, SEMARNAT, CONAFOR 4.1.7 Impulsar la participación de personas dueñas y poseedoras de terrenos forestales en mercados de carbono, mediante la generación y difusión de información suficiente y accesible para todas las personas participantes e impulsar medidas para que sean equitativos y competitivos. CONAFOR, SEMARNAT, INECC 4.1.8 Promover la participación en mecanismos cooperativos y de mercado de reducciones evitadas, nacionales e internacionales cuando sea favorable para el país y para las personas que habitan los ecosistemas forestales, mediante esquemas de difusión y asesoría técnica que aseguren beneficios para comunidades forestales. CONAFOR, SEMARNAT, INECC 4.1.9 Promover alianzas estratégicas para implementar prácticas de reconversión productiva, ganadería sustentable o regenerativa, asegurando su compatibilidad con el manejo sustentable de los ecosistemas forestales. CONAFOR, AGRICULTURA Estrategia 4.2 Mejorar las capacidades institucionales para el monitoreo de la cobertura forestal y la contabilidad de emisiones de GEI, mediante el fortalecimiento de sistemas, enfoques metodológicos y el uso de la mejor información disponible, que contribuyan a la toma de decisiones informadas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.2.1 Fortalecer el SAMOF mediante la integración de metodologías para la estimación de la deforestación bruta nacional y subnacional que sirva como indicador para el monitoreo y la evaluación de los programas y acciones implementadas para frenar la deforestación. CONAFOR 4.2.2 Avanzar en el desarrollo de un sistema de alertas tempranas de deforestación a escalas nacional y estatal mediante la realización de pruebas piloto cuya información contribuya al diseño e implementación de acciones para reducir la deforestación. CONAFOR 4.2.3 Apoyar a las autoridades e instituciones competentes y legalmente facultadas para realizar acciones de inspección y vigilancia ambiental y forestal, mediante la atención de solicitudes de información que contribuyan a la integración de procedimientos judiciales y administrativos para sancionar a infractores que realicen cambios de uso del suelo no autorizados. CONAFOR 4.2.4 Consolidar el desarrollo e implementación del instrumento de información que contribuya al cumplimiento del artículo 24 de la LGDFS, mediante la colaboración con iniciativas nacionales e internacionales similares, para impulsar la producción de bienes agropecuarios libres de deforestación. CONAFOR, AGRICULTURA 4.2.5 Consolidar el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación mediante el desarrollo de capacidades para la contabilidad de las absorciones y emisiones de gases de efecto invernadero en el sector forestal y estimar la contribución de las acciones institucionales a la mitigación del cambio climático, así como para dar cumplimiento a los compromisos de reporte nacional e internacional en materia de mitigación del cambio climático. CONAFOR Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 417 Estrategia 4.3 Frenar la tala clandestina y el comercio ilegal de materias primas y productos forestales, mediante la prevención, las acciones de inteligencia, monitoreo, inspección y vigilancia, que asegure el cumplimiento de la normatividad en la cadena productiva forestal. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.3.1 Desarrollar e implementar acciones para la generación y obtención de información estratégica y colaborativa, que permita identificar y combatir, de manera diferenciada, las modalidades con que se presentan los procesos de tala y comercio ilegal de materias primas y productos forestales. SEMARNAT (PROFEPA), SSPC, DEFENSA-GN, SEDATU, SEDATU (RAN) 4.3.2 Planear, diseñar y ejecutar operativos puntuales y estratégicos, mediante coordinación interinstitucional con cuerpos de seguridad nacional para mejorar el tiempo de respuesta y aumentar su efectividad en las zonas críticas. SSPC, DEFENSA-GN, SEMARNAT (PROFEPA), MARINA 4.3.3 Focalizar las acciones de inspección, vigilancia y operativos a los procesos de aprovechamiento, transporte, abastecimiento, transformación y comercialización de materias primas forestales, mediante priorización territorial conforme a análisis de riesgo. SEMARNAT (PROFEPA) 4.3.4 Fortalecer las acciones de vigilancia en carreteras, aduanas, puertos marítimos y cruces fronterizos y zonas terrestres de las vías generales de comunicación a fin de asegurar la legal procedencia de las mercancías forestales en su movimiento transfronterizo. SEMARNAT (PROFEPA), MARINA, DEFENSA-GN 4.3.5 Fortalecer el combate y sanción de las faltas administrativas y fiscales, de los delitos ambientales y contra la hacienda pública federal mediante protocolos homologados y capacitación jurídica ambiental, que disminuyan los índices de impunidad de acciones en contra de los ecosistemas forestales. SEMARNAT (PROFEPA), DEFENSA-GN 4.3.6 Fortalecer la integración y judicialización de expedientes, mediante protocolos homologados y capacitación jurídica ambiental, para disminuir la impunidad administrativa y penal en materia forestal, así como determinar los daños ambientales y sus medidas de compensación. SEMARNAT, SEMARNAT (PROFEPA), SSPC 4.3.7 Desarrollar e implementar un sistema de trazabilidad y transparencia de la legal procedencia de materias primas y productos forestales en toda la cadena productiva forestal, fortalecer la gestión sostenible y legalidad en el sector forestal. SEMARNAT, SEMARNAT (PROFEPA), CONAFOR 4.3.8 Articular y coordinar acciones con programas del Bienestar mediante convenios interinstitucionales en áreas críticas en ilícitos forestales, con el propósito de fortalecer el tejido social y los medios de vida de la población que habita en dichas áreas. SEMARNAT (PROFEPA, CONANP), BIENESTAR, AGRICULTURA, CONAFOR, , IMJUVE 4.3.9 Generar información ordenada, sistemática, actualizada y transparente sobre los actos de autoridad en materia de inspección y vigilancia forestal mediante sistemas interoperables y accesibles. SEMARNAT (PROFEPA) 4.3.10 Promover la responsabilidad comunitaria y social entre empresas forestales comunitarias, privadas y Centros de Abastecimiento y Transformación mediante campañas de corresponsabilidad y certificación voluntaria para el abastecimiento de productos de aprovechamiento sustentable y origen lícito. SEMARNAT (PROFEPA, CONANP), CONAFOR 418 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 4.4 Implementar el Programa de Manejo del Fuego en Ecosistemas Forestales, con el propósito de reducir la degradación de los ecosistemas forestales ocasionada por los cambios en los regímenes de fuego. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.4.1 Impulsar el reconocimiento social del rol ecológico del fuego en los ecosistemas forestales, promoviendo la capacitación y difusión en el tema a fin de incrementar y fortalecer las acciones encaminadas al manejo del fuego en el país. CONAFOR, SEMARNAT (CONANP, PROFEPA), CONABIO, INECC, SSPC (CNPC), INIFAP 4.4.2 Fortalecer acciones de coordinación interinstitucional para el manejo del fuego, mediante convenios de corresponsabilidad y la promoción de la responsabilidad compartida entre gobierno, personas propietarias y poseedores de terrenos forestales, sociedad civil organizada, centros de investigación y academia. CONAFOR, MARINA, DEFENSA-GN, SSPC (CNPC), SRE, INPI, AGRICULTURA, SEDATU, SALUD, SSPC, BIENESTAR, SEMARNAT (CONAGUA, CONANP, PROFEPA), CONABIO, INIFAP INECC 4.4.3 Fortalecer la participación social en el manejo del fuego mediante acciones de protección y manejo de combustible que disminuya la presencia de incendios forestales dañinos e, incremente la superficie con manejo de combustibles. CONAFOR, SEMARNAT (CONANP, PROFEPA), INPI 4.4.4 Mantener y fortalecer el programa de supresión de incendios forestales dañinos, mediante el uso óptimo de la infraestructura disponible, equipamiento y capacitación para personal profesionalizado. CONAFOR, MARINA, DEFENSA-GN, CNPC, SEMARNAT (CONAGUA, CONANP, PROFEPA), CONABIO, INIFAP 4.4.5 Impulsar y fortalecer las acciones de manejo de combustibles forestales a fin de incrementar la superficie con acciones de protección contra la presencia de incendios forestales dañinos. CONAFOR 4.4.6 Promover la investigación aplicada para el Manejo del fuego en ecosistemas forestales a través de la Red Mexicana de Manejo del Fuego, instituciones académicas y centros de investigación. CONAFOR, INECC, CONABIO, INIFAP 4.4.7 Fortalecer la cooperación internacional para obtener y transferir conocimientos para el manejo del fuego, así como para promover el incremento en la capacidad de respuesta a nivel global. CONAFOR, SEMARNAT, SRE 4.4.8 Diseñar e implementar, en coordinación con AGRICULTURA, la estrategia de manejo del fuego agropecuario, a fin de disminuir la presencia de incendios forestales dañinos. CONAFOR, AGRICULTURA Estrategia 4.5 Detectar de manera temprana y reducir las afectaciones de plagas y enfermedades forestales nativas y exóticas, a través de su manejo y control oportuno, a fin de proteger la salud de los ecosistemas forestales. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.5.1 Fortalecer el sistema de alerta temprana en su componente de Conocimiento del Riesgo, para determinar las áreas geográficas que presentan las condiciones de mayor riesgo por la posible presencia de plagas y enfermedades forestales. CONAFOR, SEMARNAT (CONANP) 4.5.2 Fortalecer y promover la participación y esquemas de capacitación estandarizada de quienes intervienen en las acciones de detección, manejo y control de plagas y enfermedades forestales incluyendo a las personas propietarias y/o poseedoras de terrenos forestales. CONAFOR 4.5.3 Fortalecer la coordinación intra e interinstitucional en materia de sanidad forestal, para la realización de acciones coordinadas que permitan atender la problemática fitosanitaria a nivel nacional, en el ámbito de competencia de cada actor involucrado. CONAFOR 4.5.4 Monitorear y vigilar oportunamente las áreas con cobertura forestal, priorizando las identificadas con mayor riesgo, con la finalidad de detectar de manera temprana la presencia de plagas nativas y exóticas. CONAFOR, SEMARNAT (PROFEPA, CONANP) Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 419 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.5.5 Promover y fomentar la generación de conocimientos, mediante el desarrollo y transferencia de tecnología, para la implementación de medidas e instrumentos de prevención, combate, manejo y control de plagas y enfermedades forestales. CONAFOR, SEMARNAT 4.5.6 Atender de manera oportuna y dar seguimiento al trámite de aviso de la posible presencia de plagas o enfermedades forestales, mediante la adopción de prácticas y protocolos adaptados a las necesidades del sector forestal para la emisión de las notificaciones de saneamiento. CONAFOR, SEMARNAT (CONANP), SEMARNAT 4.5.7 Fortalecer la capacidad de respuesta a nivel local para realizar acciones de saneamiento forestal, mediante capacitación técnica, dotación de protocolos operativos adaptados a contextos comunitarios. CONAFOR 4.5.8 Fortalecer el Sistema de Alerta Temprana mejorando la comunicación y difusión de información relevante en materia de Sanidad Forestal para las y los actores involucrados en diferentes niveles territoriales, mediante el uso de plataformas digitales, notas informativas y mecanismos comunitarios. CONAFOR Objetivo 5. Fortalecer el marco institucional para que impulse el desarrollo forestal sustentable, mediante la mejora y simplificación normativa, la gobernanza territorial, desarrollo tecnológico, de capacidades, el acceso al financiamiento, la información y el monitoreo de las acciones, bajo un enfoque de género e inclusión. Estrategia 5.1 Mejorar y simplificar el marco normativo y administrativo que impulse y facilite la conservación, protección, restauración y el uso sustentable de los ecosistemas forestales, favoreciendo la participación de mujeres, personas jóvenes, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.1.1 Fortalecer el marco legal y normativo que incide en el sector forestal, mediante procesos de revisión participativa, análisis técnico-jurídico y actualización para que sea congruente a las condiciones del territorio y simplificado para el entendimiento y cumplimiento de las personas. SEMARNAT, CONAFOR, SEMARNAT (PROFEPA), INPI, SEDATU (RAN) 5.1.2 Desarrollar acciones de mejora regulatoria, mediante la simplificación de trámites en materia forestal, que garantice su atención oportuna, reduzca los costos de transacción de las personas, brinde certeza jurídica y favorezca la legalidad en el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales. SEMARNAT, CONAFOR 5.1.3 Fortalecer los marcos normativos y mecanismos institucionales que reconozcan los derechos colectivos sobre los territorios forestales, mediante procesos de armonización legal y diálogo interinstitucional atendiendo las necesidades de mujeres, personas jóvenes, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. SEMARNAT, INPI, MUJERES, IMJUVE. CONAFOR, SEMARNAT (CONANP), SEDATU (RAN) 5.1.4 Actualizar el marco normativo y regulatorio, mediante diagnósticos con enfoque de género y consultas comunitarias, reconociendo y garantizando los derechos de las mujeres en el territorio y en el desarrollo forestal sustentable. CONAFOR, MUJERES, PA, SEDATU (RAN) 5.1.5 Impulsar mecanismos fiscales con atención diferenciada, pertinente y simplificada para la realización de acciones de conservación, protección, restauración y uso sustentable de los recursos forestales. SEMARNAT, CONAFOR, PA, SEDATU (RAN), INPI 5.1.6 Fortalecer, actualizar y simplificar los programas e instrumentos económicos de apoyo al sector forestal, garantizando su pertinencia cultural y el acceso preferencial a mujeres, personas jóvenes, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. CONAFOR, SEMARNAT, INPI, IMJUVE 420 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 5.2 Desarrollar e impulsar mecanismos de coordinación interinstitucional, que articulen programas, acciones y recursos en el territorio rural, y aseguren una implementación eficiente, transparente, inclusiva y con enfoque de largo plazo en materia de desarrollo forestal sustentable. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.2.1 Consolidar los instrumentos de coordinación interinstitucional enfocados a impulsar esquemas de manejo integrado del territorio rural, que contribuyan a la conservación y manejo de los ecosistemas forestales, así como al desarrollo de actividades productivas sustentables en el medio rural. SEMARNAT, CONAFOR, AGRICULTURA, SEDATU (RAN), PA, INPI 5.2.2 Fortalecer e impulsar la descentralización de atribuciones mediante reformas normativas y acuerdos interinstitucionales que mejore la coordinación y articulación entre dependencias a nivel federal, estatal y municipal en el territorio. SEMARNAT, CONAFOR 5.2.3 Implementar proyectos intersectoriales con enfoque integral de cuencas y acuíferos, género y derechos humanos en territorios prioritarios, que disminuyan la presión sobre los ecosistemas, la vulnerabilidad al cambio climático y contribuyan al bienestar de la población en zonas forestales. SEMARNAT, CONAFOR, SEMARNAT (CONAGUA, CONANP), INECC, AGRICULTURA, BIENESTAR, SEDATU 5.2.4 Promover la interoperabilidad de sistemas de información entre dependencias y órdenes de gobierno mediante una eficaz y eficiente cooperación interinstitucional e intersectorial. SEMARNAT, CONAFOR, SEMARNAT (CONAGUA, CONANP) CONABIO, INECC, AGRICULTURA, INPI, SEDATU (RAN), SSPC (CENAPRED) 5.2.5 Impulsar mecanismos de cofinanciamiento o complementariedad para potenciar el impacto de los proyectos forestales en el territorio mediante el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional que facilite la identificación e implementación de sinergias en el territorio. CONAFOR, SEMARNAT (CONANP), BIENESTAR, INPI 5.2.6 Fortalecer la cooperación interinstitucional e internacional en financiamiento, cambio climático y cooperación técnica, mediante la canalización de recursos para la adopción de prácticas innovadoras orientadas al desarrollo forestal. CONAFOR, SEMARNAT, INECC, CONABIO, SEMARNAT (CONANP) Estrategia 5.3 Fortalecer los sistemas de gobernanza territorial a diferentes escalas, para desarrollar capacidades para la participación y toma de decisiones de las comunidades locales, indígenas y afromexicanas, así como de otras personas y actores locales relevantes, con un enfoque de igualdad sustantiva. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.3.1 Impulsar el desarrollo de capacidades mediante procesos de formación participativa, con interculturalidad y perspectiva de género, dirigido a todos los grupos que integran el sector forestal, para fortalecer su liderazgo en la gestión forestal y promuevan la creación de redes comunitarias. CONAFOR, INPI, MUJERES, IMJUVE 5.3.2 Diseñar metodologías participativas, interculturales e inclusivas en núcleos agrarios mediante talleres y ejercicios comunitarios que integren las perspectivas de los grupos históricamente excluidos en la planeación, implementación y evaluación de políticas forestales. CONAFOR, INPI, MUJERES, IMJUVE, PA, SEDATU (RAN) 5.3.3 Impulsar el desarrollo de capacidades en materia de planeación y gestión del territorio en ecosistemas forestales mediante procesos de formación participativa con los tres órdenes de gobierno, para la conservación, protección y manejo de los recursos forestales. CONAFOR, SEDATU 5.3.4 Desarrollar mecanismos de participación social para el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los programas y acciones a desarrollar mediante la difusión de esquemas de contraloría social. CONAFOR, INPI Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 421 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.3.5 Fortalecer capacidades locales para la detección y denuncia de afectaciones socioambientales, mediante formación en monitoreo comunitario y uso de nuevas tecnologías. CONAFOR, SEMARNAT (PROFEPA, CONANP) 5.3.6 Diseñar e implementar protocolos comunitarios para la atención y resolución de conflictos socioambientales, basados en el diálogo intercultural, la corresponsabilidad entre personas y colectivos involucrados y el fortalecimiento de la gobernanza territorial. CONAFOR, SEMARNAT (PROFEPA), PA, INPI 5.3.7 Fortalecer los espacios regionales de gobernanza colaborativa, mediante procesos participativos y espacios de diálogo que articulen a comunidades, autoridades, academia y sociedad civil, en la identificación de prioridades y la formulación de políticas públicas. CONAFOR, SEMARNAT (PROFEPA), INPI 5.3.8 Impulsar la implementación de criterios nacionales para la aplicación de salvaguardas sociales y ambientales, con enfoque de derechos, igualdad sustantiva y diversidad territorial en la gestión forestal. CONAFOR, SEMARNAT, INPI, MUJERES, SEDATU (RAN) 5.3.9 Incorporar las salvaguardas sociales y ambientales en la planeación, operación y evaluación de programas forestales, como requisito obligatorio y transversal. CONAFOR, SEMARNAT 5.3.10 Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales para la implementación efectiva de salvaguardas, especialmente en territorios indígenas, comunidades forestales y zonas de alta vulnerabilidad al cambio climático. CONAFOR, INPI Estrategia 5.4 Impulsar un modelo integral de asistencia técnica, investigación e innovación que articule saberes locales y científicos, fortalezca capacidades comunitarias y territoriales, y mejore la implementación de políticas públicas y el manejo sustentable del territorio. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.4.1 Fortalecer el modelo de servicios forestales y asistencia técnica, mediante esquemas de monitoreo, evaluación y capacitación continua, que integren saberes tradicionales, gobernanza comunitaria y enfoque de género. CONAFOR, SEMARNAT, INPI, MUJERES 5.4.2 Desarrollar competencias de las personas asesoras técnicas mediante procesos de formación continua con enfoque de género, inclusión, pertinencia cultural y diálogo de saberes para mejorar su apoyo a comunidades, ejidos, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y productores forestales. CONAFOR 5.4.3 Integrar capacitación, innovación y tecnología, mediante la actualización participativa de las necesidades del sector, que mejoren los proyectos de conservación, restauración y manejo sostenible. CONAFOR, INIFAP, AGRICULTURA 5.4.4 Fomentar redes de colaboración entre instituciones académicas, centros de investigación y actores del sector forestal mediante convenios y proyectos conjuntos de innovación y transferencia tecnológica alineada con necesidades detectadas. CONAFOR, INIFAP, AGRICULTURA 5.4.5 Impulsar investigación aplicada, innovación y tecnología mediante proyectos participativos con comunidades, ejidos, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas, empresas forestales y personas productoras, incluyendo mujeres y jóvenes, que contribuyan al desarrollo sostenible. CONAFOR 5.4.6 Difundir conocimiento técnico, científico y tradicional, mediante plataformas de libre acceso y promoviendo el intercambio de saberes entre comunidades, universidades y actores clave para fortalecer capacidades técnicas y organizativas. CONAFOR 422 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 5.5 Fortalecer el acceso equitativo a la información y la transparencia proactiva en el sector forestal, mediante el desarrollo y consolidación de sistemas de información y plataformas de monitoreo pertinentes, que fortalezcan la gobernanza, con perspectiva de género, enfoque intercultural e interseccional. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.5.1 Integrar los principios de transparencia y rendición de cuentas en la gestión forestal, mediante mecanismos con enfoque territorial e intercultural, con énfasis en la participación igualitaria de mujeres, juventudes, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y otros grupos vulnerables. CONAFOR 5.5.2 Fortalecer las plataformas y sistemas de acceso libre a información forestal y territorial, mediante el uso de formatos abiertos, accesibles y con pertinencia lingüística y cultural, que aseguren la comprensión efectiva y fortalezcan la participación ciudadana y la toma de decisiones informada e inclusiva. CONAFOR, SEMARNAT 5.5.3 Fortalecer el sistema nacional de monitoreo forestal mediante la generación de información útil, oportuna, confiable y transparente, con desagregación por género, edad, discapacidad, afrodescendencia y población, para el diseño e implementación de políticas forestales y la toma de decisiones. CONAFOR, SEMARNAT 5.5.4 Fortalecer el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, mediante la integración y articulación de sus componentes clave para garantizar la generación de información forestal útil, oportuna, confiable y transparente que apoye el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas forestales. CONAFOR 5.5.5 Implementar mecanismos de transparencia participativa, mejorando la pertinencia cultural y accesibilidad, que permitan a las comunidades, mujeres, juventudes y personas mayores su empoderamiento y participación activa en la gestión de los recursos a través de mecanismos de contraloría social. CONAFOR, INPI 5.5.6 Fomentar procesos de monitoreo comunitario y ciudadano, mediante la capacitación inclusiva que atienda las distintas barreras y favorezca la participación de mujeres, juventudes y grupos prioritarios en la generación y análisis de información estratégica sobre los territorios forestales. CONAFOR 5.5.7 Fortalecer el Inventario Nacional Forestal y de Suelos mediante un enfoque de monitoreo forestal comunitario que impulse la participación de núcleos agrarios, mujeres, juventudes y grupos prioritarios, para la generación de información estratégica sobre los ecosistemas forestales. CONAFOR 5.5.8 Articular redes comunitarias, académicas, institucionales, organizaciones de mujeres y poblaciones indígenas, mediante mecanismos de seguimiento colaborativo e informado de políticas forestales, que reconozcan tradiciones y saberes ancestrales y comunitarios como fuentes legítimas de información. CONAFOR, INPI Estrategia 5.6 Diseñar una estrategia educativa, cultural y lingüísticamente pertinente, con enfoque de género y territorial, que fortalezca capacidades, difunda la cultura forestal y promueva la participación social corresponsable hacia el desarrollo forestal sustentable. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.6.1 Implementar un programa de educación y cultura forestal que apoye la conservación, restauración y uso sostenible de los recursos, con enfoque participativo y adaptado a contextos locales. CONAFOR, SEMARNAT Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 423 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.6.2 Diseñar campañas en lenguas Indígenas y formatos accesibles para fomentar conciencia ambiental, diversidad cultural y manejo forestal responsable mediante el uso de medios y lenguaje pertinente. CONAFOR, INPI 5.6.3 Crear materiales educativos que respeten cosmovisiones de los Pueblos Indígenas, con enfoque intercultural, de género y generacional para el manejo sostenible del entorno. CONAFOR, INPI 5.6.4 Mejorar la difusión sobre derechos, gobernanza y conservación mediante el uso de medios pertinentes y tecnologías accesibles que, fortalezcan la participación local. CONAFOR, INPI, MUJERES 5.6.5 Promover la comunicación participativa, mediante la generación de mensajes de las comunidades en los que se difunda información que valore sus saberes y prácticas sobre conservación y manejo forestal. CONAFOR, INPI 5.6.6 Promover la articulación de redes de divulgación entre comunidades, instituciones y sociedad civil, visibilizando el rol local en la gestión forestal y el intercambio de saberes. CONAFOR, INPI 5.6.7 Fomentar la participación comunitaria en programas de educación ambiental, desarrollando valores, ciudadanía responsable y materiales contextualizados. CONAFOR 5.6.8 Diseñar e implementar acciones de divulgación forestal con pertinencia cultural, favoreciendo el intercambio de conocimiento y capacidades de los actores del sector para un desarrollo sustentable. CONAFOR 5.6.9 Impulsar la educación socioambiental en escuelas y comunidades, promoviendo el cuidado de la naturaleza con enfoque territorial y respeto a la diversidad. CONAFOR, INPI 5.6.10 Consolidar redes de divulgación de cultura forestal, impulsando la formación, profesionalización y capacidades tanto del sector como de personas interesadas. CONAFOR Estrategia 5.7 Impulsar la perspectiva de género e inclusión, transversalizando los derechos y saberes de mujeres, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con discapacidad, jóvenes y personas de la diversidad sexogenérica, promoviendo su participación efectiva y paritaria y fortaleciendo capacidades. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.7.1 Impulsar procesos formativos integrales, fortaleciendo capacidades y habilidades de mujeres forestales y poblaciones de atención prioritaria, que contribuyan a su bienestar y participación activa, igualitaria y equitativa en el desarrollo forestal sustentable. CONAFOR, MUJERES, SEDATU, PA, INPI 5.7.2 Garantizar la participación igualitaria, equitativa y paritaria de mujeres, y poblaciones de atención prioritaria en espacios de representación y toma de decisiones en distintos niveles y esquemas de gobernanza mediante acompañamiento intercultural y mecanismos afirmativos. CONAFOR, SEMARNAT, MUJERES, PA, INPI, SEDATU 5.7.3 Fomentar la inclusión de las mujeres en el desarrollo forestal sustentable a través de proyectos para mujeres y acciones afirmativas, con enfoque de autonomía económica y resiliencia territorial que representen una mejora para su bienestar. CONAFOR, MUJERES, SEDATU (RAN), INPI, SEDATU 5.7.4 Diseñar e implementar acciones de prevención de violencias mediante estrategias de comunicación y capacitación utilizando lenguaje accesible y con pertinencia cultural, que fomenten el respeto a la diversidad y visibilice el rol de las mujeres y sus saberes en el manejo forestal sustentable. CONAFOR, MUJERES, SEDATU (RAN), INPI, SEDATU 424 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 8. Indicadores y metas Para verificar el progreso de los cinco Objetivos del PNF 2026-2030, se han planteado diez indicadores. En ellos se ha fijado una meta específica con la cual se podrá verificar progresivamente su avance y los logros al final de la administración en 2030. En el cuadro siguiente se presenta la relación de los diez indicadores de acuerdo con el Objetivo que le corresponde del PNF 2026-2030. Indicadores del Objetivo 1. Incrementar la productividad forestal sustentable en los ecosistemas naturales mejorando los medios de vida de las comunidades y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 1.1. Tasa de variación de la Producción Forestal Maderable a nivel Nacional Objetivo Objetivo 1. Incrementar la productividad forestal sustentable en los ecosistemas naturales mejorando los medios de vida de las comunidades y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad Definición o descripción El indicador mide la Tasa de variación (el porcentaje de cambio) entre la cantidad de producción forestal maderable a nivel nacional en comparación con la producción del año base 2023. La tasa de variación es calculada anualmente, considerando las fluctuaciones en la producción de madera, con el propósito de contar con una medida para evaluar el crecimiento y la eficiencia en el uso de los recursos forestales maderables. Este indicador se actualizará periódicamente para reflejar las tendencias de la producción forestal durante el período 2026-2030. Derecho asociado Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Durante el primer bimestre del siguiente año a medir Unidad de medida Tasa de variación Periodo de recolección de los datos Enero–diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales - DGGFSOE Método de cálculo Tasa de variación de la Producción Forestal Maderable a nivel Nacional = [(Producción forestal maderable en el año t – Producción forestal maderable en el año 2023) / (Producción forestal maderable en el año 2023)] × 100 Observaciones - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Producción forestal maderable en el año t (2023) Valor variable 1 6,621,043 Fuente de información variable 1 SEMARNAT DGGFSOE Nombre variable 2 Producción forestal maderable en 2023 Valor variable 2 6,621,043 Fuente de información variable 2 SEMARNAT – DGGFSOE Sustitución en método de cálculo Tasa de variación de la Producción Forestal Maderable a nivel Nacional = [(6,621,043 − 6,621,043) / (6,621,043)] × 100 = 0 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 La información oficial disponible más actualizada corresponde a 2023, como se puede observar en el siguiente enlace: https://anuarios.semarnat.gob.mx/index.php/produccion-forestal/#epfm El desfase observado en la disponibilidad de la información oficial obedece al proceso técnico–administrativo de captura, integración y validación que se realiza en las oficinas estatales, el cual implica etapas sucesivas de revisión, conciliación y aseguramiento de la calidad de los datos antes de su consolidación a nivel central. Año 2023 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 43.48 La meta considera la proyección de lograr pasar de 6.62 millones de metros cúbicos rollo (m3r) registrados en 2023 a pasar a 9.5 millones m3r en el 2030. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 25.89 23.74 9.44 15.18 7.92 0 ND ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 13.28 (7,500,000 Mm3r) 20.83 (8,000,000 Mm3r) 28.38 (8,500,000 Mm3r) 35.93 (9,000,000 Mm3r) 43.48 (9,500,000 Mm3r) Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 425 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 1.2. Tasa de variación de la superficie forestal bajo aprovechamiento sustentable a nivel nacional. Objetivo Objetivo 1. Incrementar la productividad forestal sustentable en los ecosistemas naturales mejorando los medios de vida de las comunidades y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad Definición o descripción El indicador mide la tasa de variación de la superficie, que se mantiene vigente con autorización de manejo forestal sustentable para el aprovechamiento maderable, no maderable y la superficie establecida vigente de plantaciones forestales comerciales, con relación a la observada en el año de línea base. Derecho asociado Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Durante el primer bimestre del siguiente año a medir Unidad de medida Tasa de variación Periodo de recolección de los datos De enero a diciembre del año a medir Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales - DGGFSOE Método de cálculo Tasa de variación de la superficie forestal bajo aprovechamiento sustentable a nivel nacional = [(superficie vigente con autorización de Mad + NoMad + PFC en el año t) - (superficie vigente con autorización de Mad + NoMad + PFC en el año de línea base) / (superficie vigente con autorización de Mad + NoMad + PFC en el año de línea base)] * 100 Donde: Mad: Aprovechamiento forestal maderable NoMad: Aprovechamiento forestal no maderable PFC: plantaciones forestales comerciales establecidas Observaciones - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 superficie vigente con autorización de Mad + NoMad + PFC en el año 2023 Valor variable 1 8,396,030.33 hectáreas Desglose: Maderable: 5,944,824.81 hectáreas No Maderable: 1,790,851.00 hectáreas PFC: 660,354.52 hectáreas Fuente de información variable 1 SEMARNAT DGGFSOE Nombre variable 2 superficie vigente con autorización de Mad + NoMad + PFC en 2023 Valor variable 2 8,396,030.33 hectáreas Desglose: Maderable: 5,944,824.81 hectáreas No Maderable: 1,790,851.00 hectáreas PFC: 660,354.52 hectáreas Fuente de información variable 2 SEMARNAT DGGFSOE Sustitución en método de cálculo Tasa de variación de la superficie forestal bajo aprovechamiento sustentable a nivel nacional = [(8,396,030.33-8,396,030.33) / (8,396,030.33)] * 100 = 0 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 La información oficial disponible más actualizada corresponde a 2023, como se puede observar en el siguiente enlace: https://anuarios.semarnat.gob.mx/index.php/manejo-forestal-sustentable- 2/#eafm El desfase observado en la disponibilidad de la información oficial obedece al proceso técnico–administrativo de captura, integración y validación que se realiza en las oficinas estatales, el cual implica etapas sucesivas de revisión, conciliación y aseguramiento de la calidad de los datos antes de su consolidación a nivel central. Año 2023 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 30.00 La meta considera la proyección de lograr incrementar la superficie en un 30 %, es decir pasar 8.39 millones de hectáreas vigentes en 2023 a pasar a 10.91 millones de hectáreas en el 2030. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 7.42 15.68 11.81 7.44 3.64 0 ND ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 10.77 15.53 20.29 25.06 30.00 426 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicadores del Objetivo 2. Fortalecer la conservación de los ecosistemas forestales y la provisión de bienes y servicios ambientales generados por los ecosistemas forestales mediante un enfoque de manejo integrado del territorio, incluyente, para contribuir al bienestar de los grupos de población de atención prioritaria. ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.1. Tasa de variación de la superficie vigente con Pago por Servicios Ambientales a nivel nacional. Objetivo Objetivo 2. Fortalecer la conservación de los ecosistemas forestales y la provisión de bienes y servicios ambientales generados por los ecosistemas forestales mediante un enfoque de manejo integrado del territorio, incluyente, para contribuir al bienestar de los grupos de población de atención prioritaria. Definición o descripción El indicador mide la tasa de variación de la superficie que se mantiene vigente con PSA con relación al año de línea base. Derecho asociado Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Enero del año siguiente. Unidad de medida Tasa de variación Periodo de recolección de los datos De enero a diciembre del año a medir Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance CONAFOR-CGCR Método de cálculo Tasa de variación de la superficie vigente con Pago por Servicios Ambientales (PSA) a nivel nacional = [(superficie vigente con PSA en el año t) - (superficie vigente con PSA en el año de línea base) / (superficie vigente con PSA en el año de línea base)] * 100 Observaciones - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Superficie vigente con PSA en el año t (2024) Valor variable 1 1,645,868 Fuente de información variable 1 CONAFOR-CGCR Nombre variable 2 Superficie vigente con PSA en el año de línea base (2024) Valor variable 2 1,645,868 Fuente de información variable 2 CONAFOR-CGCR Sustitución en método de cálculo Tasa de variación de la superficie vigente con PSA a nivel nacional = [(1,645,868 – 1,645,868) / (1,645,868)] * 100 = 0 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 - Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 29.73 La meta considera la proyección de lograr pasar de 1.64 millones de hectáreas registradas en 2024 a pasar a 2.13 millones de hectáreas vigentes en 2030. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ND ND ND ND ND ND 0 ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 9.91 14.86 19.82 24.77 29.73 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 427 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.2. Porcentaje de superficie incorporada al pago por servicios ambientales en zonas críticas de deforestación a nivel nacional. Objetivo Objetivos 2. Fortalecer la conservación de los ecosistemas forestales y la provisión de bienes y servicios ambientales generados por los ecosistemas forestales mediante un enfoque de manejo integrado del territorio, incluyente, para contribuir al bienestar de los grupos de población de atención prioritaria. Definición o descripción El indicador mide el porcentaje de superficie vigente con PSA que se focaliza en zonas críticas de deforestación. Derecho asociado Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Enero del año siguiente. Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos De enero a diciembre del año a medir Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance CONAFOR-CGCR Método de cálculo Porcentaje de superficie incorporada al pago por servicios ambientales en zonas críticas de deforestación = (Superficie vigente con PSA focalizada en zonas críticas de deforestación en el año t) / (Superficie vigente con PSA en el año t) * 100 Observaciones - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Superficie vigente con PSA focalizada en zonas críticas de deforestación en el año t (2024) Valor variable 1 839,392.68 Fuente de información variable 1 CONAFOR-CGCR Nombre variable 2 Superficie vigente con PSA en el año t (2024) Valor variable 2 1,645,868 Fuente de información variable 2 CONAFOR-CGCR Sustitución en método de cálculo Porcentaje de superficie incorporada al pago por servicios ambientales en zonas críticas de deforestación = (839,392.68) / (1,645,868) * 100 = 51 % VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 51 % - Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 56 % La meta considera la proyección de lograr focalizar al menos el 56 % de la superficie vigente con PSA en zonas críticas de deforestación SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ND ND ND ND ND ND 51 % ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 52 % 53 % 54 % 55 % 56 % 428 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicadores del objetivo 3.- Restaurar los ecosistemas prioritarios que mejoren la conectividad, funcionalidad ecológica y capacidad productiva de las zonas forestales degradadas, contribuyendo al bienestar de las comunidades forestales, bajo los principios de igualdad sustantiva, inclusión y justicia social. ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 3.1. Porcentaje de superficie prioritaria con acciones de restauración forestal a nivel nacional Objetivo objetivo 3.- Restaurar los ecosistemas prioritarios que mejoren la conectividad, funcionalidad ecológica y capacidad productiva de las zonas forestales degradadas, contribuyendo al bienestar de las comunidades forestales, bajo los principios de igualdad sustantiva, inclusión y justicia social. Definición o descripción Mide el porcentaje de hectáreas atendidas con acciones de restauración forestal en cuencas, microcuencas y ecosistemas estratégicos con enfoque de manejo integrado del territorio respecto a la superficie potencial definida. Derecho asociado Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Enero del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos De enero a diciembre del año a medir Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance CONAFOR-CGCR Método de cálculo Porcentaje de superficie prioritaria con acciones de restauración forestal a nivel nacional = [(Total de hectáreas con acciones de restauración forestal en el periodo de 2019 al año t)/(Total de hectáreas potenciales de atención mediante acciones de restauración forestal)]*100 Observaciones Las acciones de Restauración Forestal se pueden consultar en la “Guía para la elaboración de la Ficha Técnica y Operación de los Proyectos de Restauración Forestal”. Cabe resaltar que dicha guía puede presentar adecuaciones. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Total de hectáreas con acciones de restauración forestal en el periodo de 2019 a 2025 Valor variable 1 222,339.54 hectáreas Fuente de información variable 1 CONAFOR-CGCR Nombre variable 2 Total de hectáreas potenciales de atención mediante acciones de restauración forestal Valor variable 2 12,000,000 hectáreas Fuente de información variable 2 CONAFOR-CGCR Sustitución en método de cálculo Porcentaje de superficie prioritaria con acciones de restauración forestal a nivel nacional = [(222,339.54)/(12,000,000)] * 100 = 1.85 % VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 1.85 % Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 2.37 % La meta considera la proyección de lograr pasar de 222,339.54 de hectáreas con acciones de restauración a pasar a 284,944.31 hectáreas en el 2030 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0 % 0.76 % 0.85 % 1.02 % 1.13 % 1.34 % 1.54 % 1.85 % METAS 2026 2027 2028 2029 2030 1.87 % 2.04 % 2.21 % 2.33 % 2.37 % Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 429 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 3.2. Porcentaje de superficie con acciones de restauración forestal para fomentar la reconversión productiva en áreas de uso agropecuario en ecosistemas prioritarios a nivel nacional. Objetivo Objetivo 3.- Restaurar los ecosistemas prioritarios que mejoren la conectividad, funcionalidad ecológica y capacidad productiva de las zonas forestales degradadas, contribuyendo al bienestar de las comunidades forestales, bajo los principios de igualdad sustantiva, inclusión y justicia social. Definición o descripción Mide el porcentaje de hectáreas atendidas con acciones de restauración forestal en cuencas, microcuencas y ecosistemas prioritarios en terrenos que actualmente tengan un uso agropecuario y que su vocación original es forestal o preferentemente forestal, con el propósito de restablecer la cobertura forestal e incrementar bienes y servicios ambientales. Derecho asociado Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Enero del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos De enero a diciembre del año a medir Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance CONAFOR-CGCR Método de cálculo Porcentaje de superficie con acciones de restauración forestal para fomentar la reconversión productiva en áreas de uso agropecuario en ecosistemas prioritarios a nivel nacional = [(Total de hectáreas con reconversión productiva de 2019 al año t) / (Total de hectáreas potenciales para realizar acciones de reconversión productiva en ecosistemas prioritarios)] * 100 Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Total de hectáreas con reconversión productiva de 2019 al año 2025 Valor variable 1 53,381.87 hectáreas Fuente de información variable 1 CONAFOR-CGCR Nombre variable 2 Total de hectáreas potenciales para realizar acciones de reconversión productiva en ecosistemas prioritarios Valor variable 2 2,100,000 hectáreas Fuente de información variable 2 CONAFOR-CGCR Sustitución en método de cálculo Porcentaje de superficie con acciones de restauración forestal para fomentar la reconversión productiva en áreas de uso agropecuario en ecosistemas prioritarios a nivel nacional = [(53,381.87) / (2,100,000)] * 100 = 2.54 % VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 2.54 % Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 3.77 % La meta considera la proyección de lograr pasar de 53,381.87 hectáreas registrados en 2025 a pasar a 79,154.89 hectáreas en el 2030 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0 % 0 % 1.32 % 1.59 % 1.85 % 2.23 % 2.50 % 2.54 % METAS 2026 2027 2028 2029 2030 2.91 % 3.13 % 3.34 % 3.55 % 3.77 % 430 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador del objetivo 4.- Frenar los procesos de deforestación y degradación forestal, para la protección del patrimonio natural del país, disminución de la vulnerabilidad al cambio climático y aumento de la mitigación de los gases de efecto invernadero, mediante la atención pertinente y efectiva a sus causas. ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 4.1. Tasa de deforestación bruta a nivel nacional Objetivo Objetivo 4.- Frenar los procesos de deforestación y degradación forestal, para la protección del patrimonio natural del país, disminución de la vulnerabilidad al cambio climático y aumento de la mitigación de los gases de efecto invernadero, mediante la atención pertinente y efectiva a sus causas. Definición o descripción Este indicador permite medir la pérdida de cobertura de terrenos forestales a nivel nacional, así como determinar las causas que originan el cambio de uso del suelo como un indicador proxy del nivel de protección y conservación de los ecosistemas forestales, incluyendo los bienes y servicios ecosistémicos que contribuyen al bienestar de la población Derecho asociado Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Diciembre del año siguiente al que se reporta la medición Unidad de medida Tasa de variación Periodo de recolección de los datos De enero a diciembre del año a medir Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance CONAFOR-CGPI Método de cálculo TDBN = ((STFt /STFt-1) -1) ∗ 100 Donde: TDBN: Tasa de deforestación bruta a nivel nacional. STFt: Superficie de tierras forestales que permanece como tal en el año t STFt-1: Superficie de tierras forestales que permanece como tal en el año t-1 Observaciones Una tendencia ascendente en el valor del indicador significa que el porcentaje de tierras deforestadas está disminuyendo o que el área de tierras forestales se pierde a menor velocidad. Esto implica que la cantidad de tierras forestales deforestadas está disminuyendo respecto a periodos anteriores. Es decir, un valor más alto en el indicador refleja una mejor conservación de los bosques y una reducción en la pérdida de cobertura forestal. El "aumento" del indicador muestra que la deforestación bruta se está reduciendo, ya que cada vez menos superficie forestal es afectada. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Superficie de tierras forestales que permanece como tal en el año t Valor variable 1 96,383,925.18 hectáreas Fuente de información variable 1 CONAFOR - CGPI Nombre variable 2 Superficie de tierras forestales que permanece como tal en el año t-1 Valor variable 2 96,492,884.18 hectáreas Fuente de información variable 2 CONAFOR - CGPI Sustitución en método de cálculo TDBN = ((96,383,925.18/ 96,492,884.18) -1) ∗ 100 = -0.11 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor -0.11 Corresponde al valor observado en 2024 del indicador clave nacional Tasa de deforestación bruta nacional disponible en el Catálogo Nacional de Indicadores del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), disponible en https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?ind=6207133065&gen=15529&d=n&idOrden=1.1 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 -0.012 La meta considera la proyección para alcanzar una tasa cero deforestación al 2030 en alineación a los compromisos internacionales y considerando las autorizaciones de cambios de uso del suelo por excepción para el desarrollo de actividades productivas o de sustento. Para el logro de la meta se requiere impulsar un modelo de desarrollo rural sustentable, a través de mejores políticas de planificación territorial y fortalecimiento de la coordinación intersectorial e interinstitucional que permita lograr la reducción de la pérdida de ecosistemas forestales, el uso pertinente del territorio y la agricultura climáticamente inteligente. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 -0.17 -0.23 -0.18 -0.17 -0.21 -0.19 -0.11 ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 -0.114 -0.088 -0.063 -0.037 -0.012 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 431 Indicadores del objetivo 5. Fortalecer el marco institucional para que impulse el desarrollo forestal sustentable, mediante la mejora y simplificación normativa, la gobernanza territorial, desarrollo tecnológico, de capacidades, el acceso al financiamiento, la información y el monitoreo de las acciones, bajo un enfoque de género e inclusión. ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 5.1. Porcentaje de trámites en materia forestal que se otorgan dentro de los plazos establecidos. Objetivo Objetivo 5. Fortalecer el marco institucional para que impulse el desarrollo forestal sustentable, mediante la mejora y simplificación normativa, la gobernanza territorial, desarrollo tecnológico, de capacidades, el acceso al financiamiento, la información y el monitoreo de las acciones, bajo un enfoque de género e inclusión. Definición o descripción Mide el número de trámites forestales que se han simplificado para su gestión, así como el número de trámites atendidos en los tiempos administrativos señalados en la normatividad aplicable Derecho asociado Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Enero del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos De enero a diciembre del año a medir Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SEMARNAT - DGGFSOE Método de cálculo Porcentaje de atención de trámites = (Número de trámites atendidos a tiempo / Número de trámites recibidos) * 100 Observaciones - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Trámites atendidos a tiempo (Maderable, No Maderable y PFC) Valor variable 1 858 trámites atendidos a tiempo (Maderable, No Maderable y PFC) Fuente de información variable 1 SEMARNAT – DGGFSOE Nombre variable 2 Número de trámites recibidos Valor variable 2 2,066 trámites recibidos en 2024 Total de trámites recibidos (Maderable, No Maderable y PFC) Fuente de información variable 2 SEMARNAT – DGGFSOE Sustitución en método de cálculo Porcentaje de atención de trámites = (858 / 2,066) * 100 = 41.53 % VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 41.53 % Trámites atendidos a tiempo con relación al número de trámites ingresados en 2024 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 100 % Se espera atender en tiempo todos los trámites forestales que ingresen SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 41.16 % 88.73 % 44.20 % 39.08 % 37.11 % 37.16 % 41.53 % ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 432 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 5.2. Porcentaje de mujeres beneficiarias directas de acciones de conservación, restauración, protección y manejo forestal a nivel nacional. Objetivo Objetivo 5. Fortalecer el marco institucional para que impulse el desarrollo forestal sustentable, mediante la mejora y simplificación normativa, la gobernanza territorial, desarrollo tecnológico, de capacidades, el acceso al financiamiento, la información y el monitoreo de las acciones, bajo un enfoque de género e inclusión. Definición o descripción Mide la proporción de mujeres beneficiarias directas de los apoyos de la CONAFOR orientados a realizar acciones de conservación, restauración, protección y manejo forestal, respecto al total de personas beneficiarias directas. Derecho asociado Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Enero del año siguiente. Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos De enero a diciembre del año a medir Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance CONAFOR-UGI Método de cálculo Porcentaje de mujeres beneficiarias directas de acciones de conservación, restauración, protección y manejo forestal a nivel nacional = (número de mujeres beneficiarias directas de los apoyos de la CONAFOR en el año t) / (número de personas beneficiarias directas de los apoyos de la CONAFOR en el año t) * 100 Observaciones i. Se consideran todos los apoyos otorgados mediante Reglas de Operación del Programa presupuestario S219 (ROP) y Lineamientos de Operación (CACUSTF y FPB), tanto de personas físicas como de personas morales. ii. Son los registros de los apoyos con el estatus: Apoyos Viables, asignados, No cancelados, no desistidos y firmados. iii. El conteo se realiza por año, por lo que considera el conteo de CURP únicas por año. iv. Fecha de corte 16 de abril de 2025 de la línea base. Durante 2024, dado que se identificó un porcentaje bajo de la captura de personas beneficiarias directas en el "módulo de captura de personas beneficiarias directas del SIIAC" se implementó una estrategia para complementar los datos. v. Las cifras para el periodo 2019-2024 son definitivas APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de mujeres beneficiarias directas de los apoyos de la CONAFOR en el año t (2024) Valor variable 1 18,921 mujeres beneficiarias directas Fuente de información variable 1 CONAFOR – UGI Nombre variable 2 Número de personas beneficiarias directas de los apoyos de la CONAFOR en el año t (2024) Valor variable 2 69,518 personas beneficiarias directas Fuente de información variable 2 CONAFOR - UGI Sustitución en método de cálculo Porcentaje de mujeres beneficiarias directas de acciones de conservación, restauración, protección y manejo forestal a nivel nacional = (18,921) / (69,518) * 100 = 27.22% Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 433 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 27.22 % Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 35 % La meta considera pasar de una proporción de 27.22 % de mujeres beneficiarias directas de acciones de conservación, restauración, protección y manejo forestal a 35% en 2030. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 25.21 % 25.16 % 25.99 % 28.13 % 28.62 % 27.48 % 27.22 % ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 31 % 32 % 33 % 34 % 35 % 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa Comisión Nacional Forestal Instituto Mexicano de la Juventud Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Procuraduría Agraria Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Secretaría de Bienestar Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Secretaría de la Defensa Nacional – Guardia Nacional Secretaría de las Mujeres Secretaría de Marina Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de Salud Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana __________________________ 434 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 PROGRAMA Nacional Hídrico 2026-2030. PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO 2026-2030 1. Índice 1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo 6. Objetivos 6.1 Relevancia del objetivo 1: Fortalecer la gobernanza del agua mediante el mejoramiento del marco normativo, la supervisión del cumplimiento de concesiones y la eficiencia administrativa, en beneficio de la población 6.2 Relevancia del objetivo 2: Garantizar el acceso progresivo al derecho humano al agua y al saneamiento para las poblaciones urbanas y rurales, mediante servicios públicos eficientes y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y actores comunitarios. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Impulsar el uso eficiente y sustentable del agua en los sectores agrícola, industrial y de servicios, mediante innovación tecnológica y gestión responsable, para reducir la presión sobre las fuentes hídricas. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos para conservar el equilibrio hídrico, proteger ecosistemas y garantizar su disponibilidad futura. 6.5 Relevancia del objetivo 5: Reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos del cambio climático en el sector hídrico, mediante medidas de prevención, mitigación, adaptación, fortalecimiento y resiliencia 6.6 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional Hídrico 2026-2030. 7. Estrategias y líneas de acción 8. Indicadores y metas 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa 2. Señalamiento del origen de los recursos del programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo. 3. Siglas y acrónimos AGRICULTURA: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ANDHAS: Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad BIENESTAR: Secretaría de Bienestar SABG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres CFE: Comisión Federal de Electricidad CPEUM o Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios CONAFOR: Comisión Nacional Forestal Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 435 CONAGUA: Comisión Nacional del Agua CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONAPO: Consejo Nacional de Población DOF: Diario Oficial de la Federación ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social IMTA: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático LAN: Ley de Aguas Nacionales LGA: Ley General de Aguas LP: Ley de Planeación MUJERES: Secretaría de las Mujeres OMS: Organización Mundial de la Salud ONU: Organización de las Naciones Unidas OPS: Organización Panamericana de la Salud PIB: Producto Interno Bruto PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 PNH 2026-2030 o Programa: Programa Nacional Hídrico 2026-2030 PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROMARNAT: Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2025-2030 PRONACOSE: Programa Nacional contra la Sequía RENAMECA: Red Nacional de Medición de Calidad del Agua REPDA: Registro Público de Derechos de Agua1 REPNA: Registro Público Nacional del Agua RHA: Región Hidrológico-Administrativa SALUD: Secretaría de Salud SECIHTI: Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SENER: Secretaría de Energía SINA: Sistema Nacional de Información sobre Cantidad, Calidad, Usos y Conservación del Agua SMN: Servicio Meteorológico Nacional SNIEG: Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores TURISMO: Secretaría de Turismo ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México 1 Conforme a las reformas de la Ley de Aguas Nacionales de 11 de diciembre de 2025, el REPDA será sustituido por el REPNA. 436 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 4. Fundamento normativo 4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La política hídrica nacional se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). El artículo 1o., refiere que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El artículo 4o., establece que toda persona tiene derecho a la salud, a un medio ambiente sano y al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El artículo 27, párrafo primero, señala que la propiedad de las tierras y aguas corresponde originariamente a la Nación. 4.2 Ley de Planeación La elaboración del Programa Nacional Hídrico (PNH 2026-2030), en su carácter de programa especial, se fundamenta en los artículos 9o., 22, 26, 26 Bis, 27, 29, 30, 31 y 32 de la Ley de Planeación, los cuales regulan el Sistema Nacional de Planeación Democrática y establecen la obligatoriedad para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de conducir sus actividades con perspectiva intercultural, de género y de derechos humanos. 4.3 Ley de Aguas Nacionales (LAN) La LAN es reglamentaria del artículo 27 de la CPEUM en materia de aguas nacionales y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. En su artículo 7, fracción I, declara de utilidad pública la gestión integrada de los recursos hídricos, como prioridad y asunto de seguridad nacional. Con base en los artículos 9 y 15 de la LAN, la planificación hídrica es de carácter obligatorio para la gestión integrada de los recursos hídricos, la conservación de recursos naturales, ecosistemas vitales y el medio ambiente, y la CONAGUA es el órgano responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del PNH. 4.4 Ley General de Aguas (LGA) Conforme a lo señalado en su artículo 25, fracción III, la Federación tiene la facultad de elaborar e instrumentar el Programa Nacional Hídrico y el artículo 29, fracción I, establece que el PNH es uno de los instrumentos de política pública para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento. 4.5 Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 Conforme a la LP, el Plan Nacional de Desarrollo precisa los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país (artículo 21) e indica los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados (artículo 22). En el Anexo 1 del PND 2025-2030, se señala la obligatoriedad de la elaboración del Programa Nacional Hídrico.2 4.6 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2025-2030 El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) incluye la orientación de la visión del sector hídrico a partir de la política ambiental. Incluye como objetivo 3, “Garantizar el derecho humano al agua, asegurando la gestión sustentable de los recursos hídricos y fomentando la protección e integridad de las cuencas y acuíferos, los ecosistemas y su biodiversidad”. 2 Cabe señalar que, aunque en algunos documentos y referencias históricas se utiliza la denominación “Programa Nacional Hidráulico”, ésta corresponde al nombre anterior de lo que actualmente se denomina Programa Nacional Hídrico. Ambos términos hacen referencia al mismo instrumento de planeación, por lo que, para efectos del cumplimiento de esta disposición del PND 2025-2030, se elabora un solo programa: el Programa Nacional Hídrico 2026-2030. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 437 4.7 Otros ordenamientos jurídicos Destacan los siguientes ordenamientos: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; la Ley General de Economía Circular; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; el “Tratado relativo al aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana y del río Bravo (Grande) desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América”, y el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo 5.1 Aspectos generales El agua es un recurso finito indispensable para la salud humana, los ecosistemas, la biodiversidad, la producción de alimentos, la industria, la generación de energía y el desarrollo económico; por lo tanto, su gestión adecuada se considera un factor estratégico de seguridad nacional y un pilar para la estabilidad social y política del país. Anualmente, México recibe 1,464,734 hm3 de agua en forma de precipitación, de esta, el 71% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 22% escurre por ríos y arroyos y el 7% se infiltra al subsuelo de forma natural, recargando los acuíferos (figura 1).3 Figura 1. Volúmenes medios anuales de los componentes del ciclo hidrológico en México, 2024 Fuente: CONAGUA (s.f.). Información estadística para la planeación. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. El balance del ciclo hidrológico 2024, da como resultado un volumen de agua renovable4 de 471,713 hm3, del cual no todo está disponible para su aprovechamiento, debido a la imposibilidad de captar su totalidad para cubrir las demandas de agua, principalmente en época de lluvias, y a la necesidad de disponer del vital líquido para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Durante el periodo 1991-2020, la precipitación promedio anual del país fue de 747.6 mm, con una distribución espacial diferenciada. Los valores extremos se presentaron en la RHA Península de Baja California, con 159.4 mm/año y en la RHA Frontera Sur, con 2,001.3 mm/año (mapa 1).5 3 CONAGUA (s.f.). Información estadística para la planeación hídrica. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. 4 Agua renovable se refiere a la cantidad máxima de agua que puede ser extraída o utilizada anualmente en un área sin alterar el equilibrio ecológico, y que se repone a través del ciclo hidrológico, principalmente por la lluvia. 5 CONAGUA (s.f.). Información estadística para la planeación hídrica. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. 438 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Mapa 1. Distribución espacial de la precipitación pluvial normal, 1991-2020 Fuente: CONAGUA (2023). Estadísticas del Agua en México 2023. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/Descargas/pdf/EAM2023_f.pdf. Debido a que dos terceras partes del territorio nacional son áridas o semiáridas, es indispensable llevar una mejor gestión de la demanda, de la oferta y de gobernanza para garantizar seguridad hídrica, incluyendo la infraestructura necesaria para su almacenamiento. La mayor parte de la lluvia anual ocurre entre junio y octubre y los mínimos se registran entre febrero y abril. La comparación entre 2024 y el período 1991-2020 muestra la misma distribución estacional (gráfica 1).6 Gráfica 1. Distribución de la precipitación pluvial promedio 1991-2020 y 2024 Fuente: CONAGUA (s.f.). SINA. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. 6 CONAGUA (s.f.). Información estadística para la planeación hídrica. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 439 Por su ubicación intertropical, nuestro país está expuesto a ciclones tropicales, huracanes7 y sequías que causan daños severos. Con el cambio climático se prevé el incremento de su recurrencia e intensidad. A pesar de los riesgos de inundaciones y deslaves, las lluvias de los ciclones tropicales también contribuyen al llenado de presas y lagos, que es de gran beneficio durante las épocas de sequía. La tabla 1 muestra los ciclones tropicales que han afectado al país de 1970 a 2024. Tabla 1. Ciclones tropicales por categoría que han impactado el territorio nacional de 1970 a 2024 Océano Depresiones tropicales Tormentas tropicales Huracanes moderados (H1 y H2) Huracanes intensos (H3-H5) Total Atlántico 35 38 21 14 108 Pacífico 44 61 57 15 177 Total 79 99 78 29 285 Nota: Las cifras se derivan de la categoría de impacto y no de la categoría máxima alcanzada. Fuente: CONAGUA (s.f.). Información estadística para la planeación hídrica. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. Las lluvias intensas pueden provocar inundaciones y daños significativos, especialmente en zonas urbanas donde se combinan diversos factores de vulnerabilidad. La ausencia de sistemas adecuados de drenaje pluvial, la mala gestión de los residuos sólidos (que obstruyen coladeras y desagües), así como la proliferación de asentamientos humanos en zonas de riesgo, agravan considerablemente los impactos. Estos problemas se intensifican por el aumento de escurrimientos provenientes de zonas altas, resultado de la deforestación y la erosión del suelo, que reducen la capacidad de infiltración y aceleran el flujo superficial hacia las partes bajas del territorio. La persistente ausencia de precipitaciones provoca sequías8 prolongadas, especialmente en la franja desértica del norte del país. Los eventos más intensos y extensos suelen presentarse en ciclos de aproximadamente diez años, aunque su duración es variable e impredecible, pudiendo extenderse desde algunos meses hasta varios años. Las sequías generan efectos significativamente negativos en las actividades productivas, la vegetación, la fauna silvestre y las fuentes de abastecimiento de agua, reduciendo de manera drástica la disponibilidad del recurso y comprometiendo la sostenibilidad ambiental y económica de las regiones afectadas. De acuerdo con el Monitor de Sequía en México para el año 2025, en la figura 2 se muestran dos ejemplos de las condiciones de sequía en el país: en el mapa correspondiente al 31 de mayo, el 40.3% del territorio presentó algún grado de sequía, del cual, el 9.0% del territorio presentó condiciones de sequía excepcional, en tanto que en el mapa del 30 de noviembre se muestra el 10.6% de la superficie del país con algún grado de sequía, sin condiciones de sequía excepcional.9 Figura 2. Monitor de Sequía de México, 2025 Fuente: CONAGUA (s.f.). Monitor de Sequía en México. https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de- sequia/monitor-de-sequia-en-mexico [fecha de consulta: enero de 2026]. 7 Los huracanes son ciclones tropicales con velocidad de vientos mayor de 119 km/h. SEMARNAT (2018). ¿Por qué suceden los huracanes, ciclones y tormentas? https://www.gob.mx/semarnat/articulos/por-que-suceden-los-huracanes-ciclones-y-tormentas. 8 Las sequías constituyen un fenómeno natural que se manifiesta como una deficiencia de humedad anormal y persistente, que tiene un impacto adverso en la vegetación, los animales y las personas. IMTA (2019). ¿Qué son las sequías? https://www.gob.mx/imta/articulos/que-son-las-sequias?idiom=es. 9 CONAGUA (s.f.). Monitor de Sequía en México. https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en- mexico [fecha de consulta: enero de 2026]. 440 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 5.2 Aguas superficiales Los ríos y arroyos de México forman una red hidrográfica de aproximadamente 633 mil kilómetros. De esa red, en 51 ríos fluye el 85.7% del escurrimiento superficial. Sus cuencas abarcan el 65% de la superficie territorial continental.10 En 2023,11 el volumen de aguas superficiales aprovechado fue de 54,465 hm3, de ese total, el 79.3% se destinó al uso agrícola,12 10.9% al abastecimiento público,13 3.1% al uso industrial14 y el 6.7% restante a la generación eléctrica.15 En el mapa 2 se muestran las cuencas hidrológicas con y sin disponibilidad de agua superficial, conforme a la determinación de la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales de las 757 cuencas del país, publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2023.16 Mapa 2. Cuencas hidrológicas con y sin disponibilidad, 2023 Fuente: CONAGUA. Elaboración propia con base en la publicación: DOF (28 de diciembre de 2023). ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales de las 757 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 regiones hidrológicas en que se encuentra dividido los Estados Unidos Mexicanos. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5712948&fecha=28/12/2023#gsc.tab=0. Las 653 cuencas hidrológicas marcadas en color verde, cuentan con disponibilidad media anual de aguas superficiales. Mientras que las 104 cuencas restantes marcadas en color rojo presentan déficit. 10 CONAGUA (2023). Estadísticas del Agua en México 2023. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/Descargas/pdf/EAM2023_f.pdf. 11 CONAGUA (s.f.). Información estadística para la planeación hídrica. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. 12 Incluye agrícola, acuacultura, pecuario, múltiple y otros. 13 Incluye doméstico y público urbano. 14 Corresponde a la industria autoabastecida de agua, incluye usos: agroindustrial, servicios, industrial y comercio. 15 Refiere a las termoeléctricas. Se excluye a la hidroelectricidad por ser un uso no consuntivo. El uso consuntivo se refiere a la cantidad de agua que se consume y no se devuelve al medio ambiente después de ser utilizada. 16 DOF (28 de diciembre de 2023). ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales de las 757 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 regiones hidrológicas en que se encuentra dividido los Estados Unidos Mexicanos. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5712948&fecha=28/12/2023#gsc.tab=0. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 441 5.3 Aguas subterráneas El agua subterránea en las zonas áridas y semiáridas constituye la fuente principal de abastecimiento ante la escasez de recursos superficiales. En numerosas ciudades del país se recurre a los acuíferos para cubrir su creciente demanda de agua, por lo que su gestión sostenible resulta clave para garantizar el suministro, prevenir la sobreexplotación y proteger la calidad del recurso. En el año 2023, del volumen total de agua extraído de los 653 acuíferos del país, el 71.1% se destinó para ser usado en el sector agrícola, el 20.9% se utilizó para el abastecimiento público urbano de las ciudades y comunidades rurales del país, el 6.9% se empleó como insumo en el sector industrial y el 1.1% restante en la generación de energía eléctrica, excluida la hidroelectricidad.17 A nivel nacional, el volumen total concesionado para usos consuntivos18 es de 90,629 hm³, de este, el 39.9% (36,165 hm³) provienen de fuentes subterráneas.19 Las concesiones del agua subterránea representan casi la tercera parte del volumen de la recarga. Estos valores nacionales de uso de aguas subterráneas no reflejan las condiciones críticas de sobreexplotación de acuíferos que se presentan en regiones áridas, semiáridas del país y en áreas densamente pobladas, como el Valle de México, donde la extracción supera la recarga. Estas condiciones generan desabasto, agotamiento de manantiales, deterioro de la calidad del agua, aumento del costo de extracción del agua y daños físicos, como hundimientos y grietas del suelo, que afectan a la infraestructura y a los ecosistemas acuáticos. El mapa 3 muestra los acuíferos con y sin disponibilidad, conforme a la determinación de la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos del país (DOF, 9 de noviembre de 2023).20 Mapa 3. Acuíferos con y sin disponibilidad de agua, 2023 Fuente: CONAGUA. Elaboración propia con base en la publicación del DOF (9 de noviembre de 2023). ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológico-administrativas que se indican. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5708074&fecha=09/11/2023#gsc.tab=0. Los 367 acuíferos marcados en color verde, cuentan con disponibilidad media anual de aguas subterráneas. Mientras que 286 acuíferos, marcados en color rojo, no cuentan con disponibilidad. 17 CONAGUA (s.f.). Información estadística para la planeación hídrica. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. 18 Usos consuntivos del agua son aquellos donde el agua se consume, se evapora o se incorpora a un producto. 19 CONAGUA (s.f.). Información estadística para la planeación hídrica. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. 20 DOF (9 de noviembre de 2023). ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológico-administrativas que se indican. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5712948&fecha=28/12/2023#gsc.tab=0.. 442 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 5.4 Calidad del agua La CONAGUA lleva a cabo el monitoreo sistemático de la calidad del agua de los principales cuerpos de agua del país a través de la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (RENAMECA). La medición de la calidad del agua incluye el análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, establecidos de acuerdo con el tipo de cuerpo de agua a caracterizar. El nivel de calidad de los cuerpos de agua se representa a través del semáforo de calidad del agua, el cual permite clasificar de manera cualitativa el estado del recurso hídrico, mediante un código de tres colores (verde, amarillo y rojo). Esta clasificación se obtiene a partir del análisis de los siguientes parámetros: Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días, Demanda Química de Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales, Coliformes Fecales, Escherichia coli, Enterococos Fecales, Porcentaje de Saturación de Oxígeno Disuelto y Toxicidad Aguda. El color verde del semáforo indica que la calidad del agua se encuentra en condiciones que van de excelentes a aceptables. En contraste, los colores amarillo y rojo indican agua contaminada a fuertemente contaminada, representando el color rojo los contaminantes que más afectaciones podrían causar al ambiente. De acuerdo con el semáforo de calidad del agua, de los 4,676 sitios superficiales monitoreados a través del RENAMECA durante el periodo 2012-2024, el 44% se clasificaron en verde, el 26% en amarillo, y el 30% en rojo.21 En el mapa 4 se muestran los sitios de monitoreo de aguas superficiales del país y los colores de semáforo de cada uno. Mapa 4. Sitios superficiales de monitoreo de calidad del agua y su clasificación de acuerdo al semáforo de calidad del agua, 2012-2024 Fuente: CONAGUA (s.f.). Indicadores de Calidad del Agua. https://www.gob.mx/conagua/articulos/indicadores-de- calidad-del-agua [fecha de consulta: enero de 2026]. 21 CONAGUA (s.f.). Indicadores de Calidad del Agua. https://www.gob.mx/conagua/articulos/indicadores-de-calidad-del-agua [fecha de consulta: enero de 2026]. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 443 5.5 Población, agua renovable y PIB La distribución territorial de la población del país se concentra principalmente en las zonas urbanas, donde el número de habitantes pasó de 11 millones en 1950 a 99 millones en 2020,22 como se ilustra en la gráfica 2. Gráfica 2. Evolución de la población urbana, rural y total, 1950 a 2020 Fuente: CONAGUA (2023). Estadísticas del Agua en México 2023. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/Descargas/pdf/EAM2023_f.pdf. Las entidades con mayor proporción de población rural en su territorio, son Chiapas (50.8%) y Oaxaca (50.5%), seguidas por Hidalgo (42.7%), Tabasco (41.5%), Guerrero (40.3%), Veracruz (38.3%), Zacatecas (36.7%) y San Luis Potosí (32.8%).23 La población y la mayor actividad económica se ha concentrado en las zonas con menor disponibilidad de agua renovable24 es por ello que en las zonas centro y norte, donde se tiene el 32% de la disponibilidad nacional, se concentra el 77% de la población y se genera el 82% del PIB, situación que contrasta con las zonas sur y sureste, donde existe el 68% de la disponibilidad del vital líquido y únicamente se ubica el 23% de la población y se genera solamente el 18% del PIB (mapa 5).25 22 CONAGUA (2023). Estadísticas del Agua en México 2023. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/Descargas/pdf/EAM2023_f.pdf. 23 INEGI (s.f.). Cuéntame de México. Usa la estadística y la geografía para descubrir México. https://cuentame.inegi.org.mx/descubre/poblacion/rural_urbana/ [fecha de consulta: enero de 2026]. 24 Agua renovable se refiere a la cantidad máxima de agua que puede ser extraída o utilizada anualmente en un área sin alterar el equilibrio ecológico, y que se repone a través del ciclo hidrológico, principalmente por la lluvia. 25 CONAGUA (s.f.). Información estadística para la planeación hídrica. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. 444 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Mapa 5. Contraste regional entre agua renovable y desarrollo, 2024 Fuente: CONAGUA (s.f.). Información estadística para la planeación hídrica. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. 5.6 Usos del agua A diciembre de 2023,26 el volumen anual concesionado para usos consuntivos y no consuntivos ascendía a 267,350.06 hm3. Del total, 90,629.48 hm³ se destinó a usos consuntivos, para cubrir la demanda de agua potable y las actividades productivas. La tabla 2 presenta la distribución de estos volúmenes consuntivos por fuente de extracción. Tabla 2. Volúmenes anuales de agua concesionados para usos agrupados consuntivos, diciembre de 2023 Uso agrupado Origen Volumen total (miles de hm3) Porcentaje Superficial (miles de hm3) Subterráneo (miles de hm3) Abastecimiento público 5.93 7.57 13.5 14.90 Agrícola 43.19 25.71 68.9 76.02 Industria autoabastecida 1.69 2.51 4.2 4.63 Termoeléctricas 3.65 0.38 4.03 4.45 Total 54.46 36.17 90.63 100.0 Fuente: CONAGUA (s.f.). Información estadística para la planeación hídrica. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. Respecto a los usos no consuntivos, se concesionaron 176,711.12 hm3 para la generación de energía hidroeléctrica y 9.46 hm3 para la conservación ecológica. 26 CONAGUA (s.f.). Información estadística para la planeación hídrica. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 445 5.7 Coberturas de agua potable, alcantarillado y tratamiento De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, la cobertura nacional fue de 96.1% para el servicio de agua potable y de 95.2% para alcantarillado. Al desagregar por ámbito, la cobertura de agua potable alcanzó el 98.0% en áreas urbanas y el 89.1% en áreas rurales. En cuanto al alcantarillado, la cobertura fue de 98.5% en zonas urbanas y 83.2% en zonas rurales.27 Se destaca que en 21 entidades federativas se presentan coberturas de agua potable entubada en vivienda o predio por arriba del valor nacional. La población servida a nivel nacional es de 120.5 millones de habitantes en el año 2020.28 En cuanto al alcantarillado, 19 entidades federativas registran coberturas superiores al valor nacional de 95.2%.29 La población atendida con este servicio en el país superaba los 119.3 millones de habitantes en 2020. La tabla 3 presenta el desglose por entidad federativa. Tabla 3. Coberturas de agua potable y alcantarillado, 2020 Entidad Federativa Agua potable Alcantarillado Población servida (hab.) Población servida (%) Población servida (hab.) Población servida (%) Aguascalientes 1,410,516 99.3 1,409,513 99.3 Baja California 3,641,772 97.7 3,583,608 96.1 Baja California Sur 744,338 94.1 766,262 96.9 Campeche 884,512 95.6 873,972 94.4 Coahuila de Zaragoza 3,099,677 98.9 3,093,057 98.6 Colima 720,473 99.1 722,497 99.3 Chiapas 4,901,069 88.9 4,944,459 89.7 Chihuahua 3,651,910 98.1 3,576,287 96.1 Ciudad de México 9,023,868 98.7 9,123,074 99.7 Durango 1,774,075 97.5 1,711,896 94.1 Guanajuato 5,947,867 96.9 5,933,458 96.6 Guerrero 3,100,018 88.1 3,052,311 86.7 Hidalgo 2,949,280 96.0 2,920,828 95.1 Jalisco 8,181,452 98.6 8,176,061 98.6 México 16,435,872 97.1 16,439,948 97.2 Michoacán de Ocampo 4,584,390 97.1 4,506,697 95.4 Morelos 1,873,566 95.7 1,922,246 98.2 Nayarit 1,184,616 96.9 1,162,236 95.0 Nuevo León 5,706,110 98.9 5,694,653 98.7 Oaxaca 3,682,391 89.8 3,262,760 79.6 Puebla 6,246,575 95.2 6,225,163 94.9 Querétaro 2,302,578 97.6 2,291,312 97.1 Quintana Roo 1,797,700 97.2 1,789,789 96.8 San Luis Potosí 2,594,712 92.3 2,543,827 90.5 Sinaloa 2,938,997 98.5 2,893,519 97.0 Sonora 2,878,972 98.6 2,767,398 94.8 Tabasco 2,246,119 93.8 2,341,723 97.8 Tamaulipas 3,450,766 98.2 3,331,602 94.8 Tlaxcala 1,306,033 97.6 1,294,906 96.7 Veracruz de Ignacio de la Llave 7,331,237 91.3 7,265,754 90.5 Yucatán 2,285,195 98.8 2,133,601 92.2 Zacatecas 1,584,868 98.1 1,557,230 96.3 Total Nacional 120,461,524 96.1 119,311,647 95.2 Fuente: INEGI (s.f.). Censo de Población y Vivienda 2020. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#tabulados. 27 CONAGUA (2025). Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento edición 2025. www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1044537/DSAPAS_2025.pdf. 28 INEGI (s.f.). Censo de Población y Vivienda 2020. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#tabulados. 29 CONAGUA (2023). Estadísticas del Agua en México 2023. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/Descargas/pdf/EAM2023_f.pdf. 446 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Respecto al tratamiento de aguas residuales municipales, en el año 2024 las 2,899 plantas en operación en nuestro país, dieron tratamiento a un caudal de 143.8 m3/s de los 211.2 m3/s recolectados por los sistemas de alcantarillado, lo que representa una cobertura del 68.1%.30 En la tabla 4 se muestra la información por entidad federativa de las plantas de tratamiento municipales, del caudal tratado y de la cobertura de tratamiento. Tabla 4. Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y cobertura de tratamiento, por entidad federativa, 2024 Entidad Federativa Núm. de plantas Capacidad instalada (l/s) Caudal tratado (l/s) Cobertura de tratamiento (%) Aguascalientes 135 4,849 2,696 97.0 Baja California 42 6,617 5,044 99.7 Baja California Sur 31 2,060 1,416 66.0 Campeche 28 159 123 5.9 Coahuila de Zaragoza 26 5,732 4,677 68.9 Colima 69 2,299 1,727 72.1 Chiapas 135 2,310 1,348 25.6 Chihuahua 208 9,485 7,097 87.2 Ciudad de México 30 5,583 21,589 99.2 Durango 244 5,861 4,098 97.4 Guanajuato 93 8,412 5,034 79.3 Guerrero 46 3,012 2,846 73.3 Hidalgo1 108 35,899 493 22.7 Jalisco 155 16,241 12,033 91.9 México2 129 9,005 18,291 70.3 Michoacán de Ocampo 43 4,119 2,702 44.2 Morelos 78 3,162 2,239 33.5 Nayarit 75 3,890 2,217 99.8 Nuevo León 57 16,167 11,519 90.8 Oaxaca 70 1,864 1,187 47.1 Puebla 152 4,315 4,158 55.7 Querétaro de Arteaga 64 2,375 1,808 69.9 Quintana Roo 29 3,042 2,025 53.5 San Luis Potosí 49 2,636 1,847 50.9 Sinaloa 318 6,736 5,347 67.0 Sonora 112 7,414 6,074 62.9 Tabasco 103 3,153 2,358 33.0 Tamaulipas 65 8,023 4,551 89.0 Tlaxcala 24 1,097 1,080 69.8 Veracruz de Ignacio de la Llave 92 6,910 4,281 30.9 Yucatán 37 759 575 14.5 Zacatecas 52 1,726 1,290 54.0 Total Nacional 2,899 194,914 143,770 68.1 1/ La capacidad instalada incluye los 35,000 l/s la planta Atotonilco. 2/ El caudal tratado incluye el que se procesa en la PTAR Atotonilco, ubicada en el estado de Hidalgo, 19,029.6 l/s de la CDMX y 12,686.4 l/s del Estado de México. Fuente: CONAGUA (2025). Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, edición 2025. www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1044537/DSAPAS_2025.pdf. 30 CONAGUA (2025). Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, edición 2025. www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1044537/DSAPAS_2025.pdf. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 447 5.8 Grado de presión sobre el agua Aunque el uso de agua renovable a nivel nacional es bajo (19.2%), varias regiones, especialmente las del centro, norte y noroeste, afrontan niveles elevados de estrés hídrico. En algunas de estas zonas, se utiliza más del 40% del agua renovable, lo que resulta una fuerte presión sobre el recurso y limita el desarrollo socioeconómico. La RHA XIII Aguas del Valle de México, que incluye a la ZMVM, presenta el grado de presión más alto, 128.7% (tabla 5).31 Tabla 5. Grado de presión sobre el recurso hídrico por Región Hidrológico-Administrativa, 2023 Región Hidrológico Administrativa Agua renovable (hm3/año) Volumen total de agua concesionado (hm3/año) Grado de Presión (%) Grado I Península de Baja California 4,968.2 4,456.6 89.7 Alto II Noroeste 8,326.4 6,882.7 82.7 Alto III Pacífico Norte 27,100.4 10,786.7 39.8 Medio IV Balsas 24,215.9 11,364.5 46.9 Alto V Pacífico Sur 31,730.1 1,709.2 5.4 Sin estrés VI Río Bravo 13,517.7 9,984.7 73.9 Alto VII Cuencas Centrales del Norte 4,744.1 4,026.7 84.9 Alto VIII Lerma-Santiago-Pacífico 35,592.6 16,184.4 45.5 Alto IX Golfo Norte 28,169.2 6,031.9 21.4 Medio X Golfo Centro 117,521.7 6,451.0 5.5 Sin estrés XI Frontera Sur 153,543.6 2,761.6 1.8 Sin estrés XII Península de Yucatán 19,320.2 5,555.5 28.8 Medio XIII Aguas del Valle de México 3,444.8 4,433.9 128.7 Muy Alto Total Nacional 472,195.0 90,629.5 19.2 Bajo Nota: Grado de presión sobre el recurso hídrico = 100*(Volumen total de agua concesionado / Agua renovable). La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras. Fuente: CONAGUA (s.f.). Información estadística para la planeación hídrica. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. De acuerdo con la tabla anterior, el promedio nacional del grado de presión sobre el recurso hídrico es bajo; sin embargo, en las RHA del centro y norte del país se presentan valores altos de presión, mientras que varias RHA del sur y sureste no muestran estrés hídrico. El agua renovable per cápita muestra contrastes entre las regiones: en la RHA XIII Aguas del Valle de México, el valor es de 141 m3/hab/año, mientras que en la RHA XI Frontera Sur es de 18,027, aproximadamente cinco veces el valor nacional y 128 veces el de la región XIII.32 La tabla 6 presenta el desglose de agua renovable per cápita, por RHA. Tabla 6. Agua renovable per cápita por Región Hidrológico Administrativa, 2024 Región Hidrológico-Administrativa Agua renovable (hm3/año) Población regional (Millones de habitantes) Agua renovable per cápita (m3/hab/año) I Península de Baja California 4,968.2 5.2 961.2 II Noroeste 8,326.4 3.0 2,786.2 III Pacífico Norte 27,100.4 4.8 5,701.4 IV Balsas 24,215.9 12.9 1,879.6 V Pacífico Sur 31,730.1 5.4 5,928.8 VI Río Bravo 13,035.3 14.4 907.8 VII Cuencas Centrales del Norte 4,744.1 5.0 946.2 VIII Lerma-Santiago-Pacífico 35,592.6 27.2 1,310.7 IX Golfo Norte 28,169.2 5.3 5,284.9 X Golfo Centro 117,521.7 10.8 10,849.4 XI Frontera Sur 153,543.6 8.5 18,027.4 XII Península de Yucatán 19,320.2 5.5 3,513.3 XIII Aguas del Valle de México 3,444.8 24.4 141.1 Total Nacional 471,712.6 132.3 3,566.2 Nota: el agua renovable media per cápita se calcula con base en el Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI y proyecciones de población de CONAPO. La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras. Fuente: CONAGUA (s.f.). Información estadística para la planeación hídrica. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. 31 CONAGUA (s.f.). Información estadística para la planeación hídrica. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. 32 CONAGUA (s.f.). Información estadística para la planeación hídrica. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. 448 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 5.9 Problemática del agua en México En este apartado se describe la problemática del agua que sirvió de base para la definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción que orientan las intervenciones de política pública hídrica del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Conforme al reporte de 2023 del IPCC,33 el cambio climático ha ocasionado daños y pérdidas sustanciales a nivel global en los ecosistemas terrestres de agua dulce, de hielo y nieve, costeros y oceánicos. Además, ha favorecido la desertificación y ha exacerbado la degradación del suelo, con especial incidencia en áreas costeras de baja altitud, deltas fluviales y zonas áridas. La combinación de presión humana, elevación del nivel del mar y eventos climáticos extremos ha provocado la pérdida del 50% de los humedales costeros durante el último siglo. El cambio climático no afecta a todas las personas y grupos poblacionales por igual. Las comunidades y los grupos en situación de vulnerabilidad (personas indígenas, con discapacidad, con bajos ingresos, principalmente) presentan niveles de pobreza y carencias sociales, por lo que son las más afectadas por los eventos que se presentan por este fenómeno.34 A nivel mundial, entre 2010 y 2020, la mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en regiones altamente vulnerables, que en regiones con muy baja vulnerabilidad.35 Nuestro país está expuesto a diversos fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, y uno de los que mayor impacto genera son los ciclones tropicales, los cuales se presentan con mayor frecuencia e intensidad a causa del cambio climático. El sector hídrico nacional enfrenta retos como una gestión limitada de aguas superficiales y subterráneas, contaminación del agua, deterioro de los ecosistemas y su biodiversidad, así como la descarga de aguas residuales sin tratamiento o con tratamiento deficiente en numerosos cuerpos de agua. El 30% de los principales ríos monitoreados por la CONAGUA se clasifican con algún grado de contaminación.36 La Zona Metropolitana del Valle de México y localidades de los estados de Aguascalientes, Tlaxcala, Guanajuato, Baja California, Nuevo León, Querétaro, Morelos y Quintana Roo, enfrentan dificultades de abastecimiento de agua para consumo humano y otros usos debido a su alta concentración poblacional y al crecimiento de los sectores productivos. Asimismo, en localidades de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, persisten problemas de acceso al agua por la dispersión poblacional y las limitaciones de la infraestructura hídrica.37 Otro aspecto importante son las enfermedades relacionadas con el recurso hídrico. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 al menos 1,700 millones de personas a nivel global consumían agua procedente de fuentes contaminadas con residuos biológicos, químicos y nuevos contaminantes38,39 y las enfermedades diarreicas eran la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco años. En el caso de México, la tasa de mortalidad infantil, en menores de cinco años, por cada 100,000 habitantes, se redujo notablemente al pasar de 122.7 en 1990 a 42.1 en 1995 y continuó disminuyendo hasta 5.4 en el año 2024,40 como se muestra en la gráfica 3. 33 IPCC (2023). Climate Change 2023 Synthesis Report. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf. 34 Batthyány, Karina (2023). El cambio climático afecta de manera desproporcionada a las comunidades más pobres. https://www.clacso.org/el-cambio-climatico-afecta-de-manera-desproporcionada-a-las-comunidades- maspobres/#:~:text=%E2%80%9CEl%20cambio%20clim%C3%A1tico%20afecta%20de,las%20comunidades%20m%C3%A1s%20pobre s%E2%80%9D%20%2D%20CLACSO. 35 World Resources Institute (2022). 6 grandes hallazgos del informe del IPCC de 2022 sobre impactos climáticos, adaptación y vulnerabilidad. https://es.wri.org/insights/6-grandes-hallazgos-del-informe-del-ipcc-de-2022-sobre-impactos-climaticos-adaptacion-y. 36 DOF (19 de diciembre de 2024). Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. https://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5745669&fecha=19/12/2024#gsc.tab=0. 37 Lara, Marco / Li Ng, Juan José, BBVA Research (2024). México Agua ya no pasa por mi casa: una revisión de la situación hídrica actual. https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2024/04/2024-04-23-Situacion-hidrica-en-Mexico.pdf. 38 Contaminación microbiana por la presencia de heces; química por presencia de arsénico, fluoruros y nitratos, así como contaminación por nuevos contaminantes, como determinados fármacos, plaguicidas, moléculas perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas y microplásticos. 39 OMS (13 de septiembre de 2023). Agua para consumo humano, Dato y Cifras. https://www.who.int/es/news-room/fact- sheets/detail/drinking-water. 40 CONAGUA (s.f.). Información estadística para la planeación hídrica. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 449 Gráfica 3. Cobertura de agua potable y alcantarillado y tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de cinco años, 1990 a 2024 Fuente: CONAGUA (s.f.). Información estadística para la planeación hídrica. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/ [fecha de consulta: febrero de 2026]. La falta de agua limita las prácticas básicas de higiene y facilita la propagación de enfermedades prevenibles, como infecciones gastrointestinales y respiratorias, al impedir la eliminación eficaz de virus y bacterias. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que lavarse las manos con agua y jabón puede reducir hasta en 50% las diarreas y en 25% las infecciones respiratorias,41 con efectos particularmente relevantes en la población infantil. En septiembre de 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la higiene de manos puede reducir hasta un 40% los cuadros diarreicos y un 21% los casos de enfermedades respiratorias.42 5.9.1 Identificación de brechas Mujeres y hombres La carencia de infraestructura y servicios de agua impacta de forma diferenciada a mujeres y niñas en comunidades rurales y periurbanas, quienes son las que tienen que dedicarle mayor tiempo para la recolección del agua. En los hogares mexicanos donde es necesario acarrear y almacenar agua, las mujeres dedican el 64% de su tiempo a esta tarea,43 lo que restringe su acceso a la educación y al empleo. Esta carga aumenta los riesgos para su salud, incluyendo enfermedades transmitidas por agua contaminada, y eleva la exposición a violencia y acoso durante los desplazamientos para obtener agua. La falta de instalaciones sanitarias adecuadas y de agua para la higiene menstrual provoca absentismo escolar de niñas en edad escolar. 41 OPS (2012). Noticias. https://www.paho.org/es/noticias/15-10-2012-lavarse-manos-con-agua-jabon-reduce-50-diarreas-infantiles-25- infecciones. 42 IMSS (2022). Prensa. https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202209/454#:~:text=no%20banner%20*%20Septiembre%202022.%20*%20Con,y%20en%2021 %20por%20ciento%20enfermedades%20respiratorias. 43 ANEAS (2025). Brecha de género y acceso al agua: una lucha por la equidad y la sostenibilidad. https://www.aneas.com.mx/brecha- genero-acceso-agua-equidad-sostenibilidad/. 450 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Para reducir la brecha entre mujeres y hombres en el acceso y gestión del agua y el saneamiento, es necesario incorporar la perspectiva de género, identificar las desigualdades y roles de género en la comunidad, ofrecer capacitación y desarrollo a mujeres y hombres por igual, propiciar que los beneficios de los programas lleguen en forma equitativa a todas las personas, así como promover la participación de mujeres en los comités de agua y saneamiento, y en puestos de decisión. Población de los territorios urbanos y rurales En el ámbito rural se concentran los mayores rezagos y dificultades para la provisión de servicios de agua debido a la dispersión de las localidades y a la baja densidad poblacional, lo que encarece las obras de infraestructura y los servicios. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, existen 184.3 mil localidades rurales donde habitan 26.7 millones de personas.44 La discriminación estructural y la marginación crónica que han sufrido los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas han limitado su acceso equitativo a inversiones y servicios básicos, incluida el agua, en comparación con las zonas urbanas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024,45 de las 38.4 millones de viviendas en México, 7.4 millones (19.3%) no cuentan con agua entubada dentro del hogar. De la misma encuesta, al comparar la situación entre localidades urbanas y rurales, en las primeras, el 11.2% de las viviendas no tienen dicha infraestructura hidráulica al interior de las mismas, mientras que en las poblaciones rurales, el 51.0% no la tienen. Asimismo, en las zonas rurales el 41.1% de las viviendas tiene acceso al agua a través de instalaciones fuera de la vivienda, pero dentro del terreno, y el 5.3% se abastecen mediante pozos, lagos, ríos o arroyos y el resto de otras fuentes como llave comunitaria, pipas, entre otras. La provisión de agua en localidades rurales aisladas implica costos unitarios de inversión y operación elevados por la dispersión espacial y la distancia a las cabeceras municipales. La insuficiencia del servicio conlleva carga física por acarreo, pérdidas en productividad agrícola y barreras para la inserción en empleos formales, lo que mantiene condiciones de vulnerabilidad económica. En contextos periurbanos donde la red no cubre la demanda, proliferan mercados informales de suministro mediante carros tanque (pipas), los cuales aplican precios por encima del costo regulado, generando un impacto sobre los hogares de menores ingresos y pérdidas en bienestar social. 44 INEGI (s.f.). ¿Qué hay en las localidades rurales de México? 2024. www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463915119.pdf [fecha de consulta: enero de 2026]. 45 Porcentajes obtenidos de INEGI (2025). ENIGH 2024. https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 451 Ubicación geográfica Existen brechas geográficas significativas en la cobertura de agua potable. Según la ENIGH 2024, en Guerrero solo el 16.5% de la población cuenta con acceso diario a agua entubada y saneamiento básico,46 mientras que en Nuevo León alcanza el 91.6%. El promedio nacional al cierre de 2024 fue de 56.3%,47 lo que evidencia desigualdades entre entidades y zonas del país. Como puede observarse en la gráfica 4, existe rezago en 14 entidades: Nayarit, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala, San Luis Potosí, Hidalgo, México, Zacatecas, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Baja California Sur y Guerrero. Gráfica 4. Proporción de la población que tiene acceso al agua entubada diariamente, así como al saneamiento básico, 2024 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2025). ENIGH 2024. https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/. Nivel socioeconómico En México existe una brecha entre el nivel socioeconómico de los hogares y la frecuencia con que les llega el agua potable por tubería; estas desigualdades varían considerablemente en todo el territorio. La Ciudad de México muestra disparidad socioeconómica en la disponibilidad de agua, como se observa en la gráfica 5. Guanajuato, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México también presentan brechas en viviendas que cuentan con suministro de agua por tubería, superiores a 40 puntos porcentuales.48 46 Agua entubada dentro de la vivienda o fuera de ella, pero dentro del predio, con una dotación diaria de agua, sanitario de uso exclusivo y drenaje conectado a la red o fosa séptica. 47 Porcentajes obtenidos de INEGI (2025). ENIGH 2024. https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/. 48 Porcentajes obtenidos de INEGI (2025). ENIGH 2024. https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/. 452 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Gráfica 5. Proporción de la población que tiene acceso al agua entubada diariamente, así como el saneamiento básico en la Ciudad de México, 2024 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2025), ENIGH 2024. https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/. 5.9.2 Deficiencias administrativas en la gestión del agua Un marco regulatorio no acorde a la realidad nacional y la insuficiente inversión en el sector hídrico, son problemas centrales en la gobernanza del agua en México. De no atenderse, se disminuye la capacidad del país para gestionar sus recursos hídricos de manera eficiente y equitativa, dejando a muchas comunidades expuestas a la escasez, a la contaminación del agua y a los impactos agravados por el cambio climático. El sistema de concesiones de agua vigente desde 1992 presentó fallas desde sus inicios, entre ellas, la entrega de títulos sin verificar los volúmenes realmente extraídos. Estas deficiencias se intensificaron con la emisión masiva de concesiones, la falta de información precisa sobre la disponibilidad de los cuerpos de agua y por una inspección, medición y supervisión insuficientes de los volúmenes aprovechados. La reforma a la Ley de Aguas Nacionales de 2004 introdujo la figura de la transmisión de derechos, que permitió transferir entre particulares —personas físicas o morales— el volumen de agua consignado parcial o totalmente en un título de concesión. Aunque la transmisión de derechos estaba prevista como mecanismo legal cuando no hay disponibilidad para nuevas concesiones, se utilizó indebidamente para la compraventa de títulos, sin controles adecuados. A esta práctica, se suma la inspección insuficiente a las personas usuarias de aguas nacionales para verificar el cumplimiento de concesiones y permisos de descarga, un rezago de aproximadamente 150 mil trámites de administraciones pasadas y deficiencias detectadas en diversos títulos de concesión. El Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) presentaba inconsistencias en los datos. Por otro lado, se tenían deficiencias en las plataformas informáticas para ingreso y procesamiento de solicitudes de trámites competencia de la CONAGUA, lo cual generaba atrasos en su resolución, haciendo necesario modificar y unificar estos sistemas para mejorar la atención a las personas usuarias. Lo anterior, sumado a sanciones a infractores que no impactaban en la corrección de los actos de incumplimiento de la LAN, debilitaban la gobernanza y facilitaban la apropiación y el uso no regulado del recurso. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 453 Por otro lado, no se ha logrado crear conciencia y sensibilización generalizada en la población sobre la importancia y necesidad del buen uso, preservación y pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. A pesar de los problemas de escasez que se presentan en muchas regiones del país, se sigue desperdiciando el agua. Por ello, se requiere incrementar el compromiso de la sociedad en la gestión del agua. A través de las estrategias y líneas de acción del objetivo 1, “Fortalecer la gobernanza del agua mediante el mejoramiento del marco normativo, la supervisión del cumplimiento de concesiones y la eficiencia administrativa, en beneficio de la población”, se atenderá a la problemática antes señalada. 5.9.3 Deficiencias en los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento El artículo 115 de la Constitución asigna a los municipios la responsabilidad de proveer los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y contempla la posibilidad de que los estados participen. En general, los organismos prestadores de estos servicios enfrentan diversos problemas: carecen de autosuficiencia financiera; tienen eficiencias físicas y comerciales bajas (entre 50 y 70%), y presentan deficiencias en la calidad del servicio. Esto se evidencia especialmente en el tratamiento de aguas residuales y en el abastecimiento de zonas rurales y periurbanas.49 Estas deficiencias se manifiestan en varios aspectos: frecuentemente no se mide el consumo de todas las personas usuarias, ni se fiscalizan todas las tomas clandestinas; en general las tarifas no reflejan los costos reales de los servicios; la recaudación resulta insuficiente para cubrir los costos de operación, rehabilitación, mantenimiento y reposición de la infraestructura, y la capacitación del personal (operativo, administrativo y directivo) es limitada, además de una alta rotación, en parte por la naturaleza trianual de la gestión municipal. En consecuencia, el aumento de la cobertura de servicios en algunas localidades no va a la par del crecimiento poblacional, lo que crea brechas en el acceso y calidad del servicio. A esto se suma la atención deficiente en localidades alejadas de las cabeceras municipales, así como la persistencia de ineficiencias energéticas en los sistemas electromecánicos y el limitado uso de herramientas tecnológicas especializadas para la gestión y operación. Las deficiencias en el mantenimiento, la rehabilitación y la reposición de la infraestructura provocan pérdidas de agua en las redes de distribución y fugas en las redes de alcantarillado. Asimismo, la carencia o capacidad insuficiente de las plantas de tratamiento de aguas residuales en algunas poblaciones, sumada a una operación limitada, ocasiona la descarga de aguas residuales de mala calidad a ríos, lagos y costas, lo que tiene impactos negativos para la salud pública y los ecosistemas. La problemática se agrava por una gestión y distribución ineficientes del agua, afectando de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables. Estas fallas se magnifican por una supervisión y mantenimiento inadecuados, que comprometen la continuidad y calidad del suministro. Esta problemática se atenderá mediante las estrategias y líneas de acción del objetivo 2, “Garantizar el acceso progresivo al derecho humano al agua y al saneamiento para las poblaciones urbanas y rurales, mediante servicios públicos eficientes y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y actores comunitarios”. 5.9.4 Pérdidas de agua en el sector agrícola y áreas de oportunidad para mejora en el uso eficiente del agua en el sector industrial En México, el sector agrícola enfrenta problemas en materia de agua. La eficiencia es un reto, ya que el uso en este sector oscila entre el 33% y el 55%. A pesar de que la agricultura de riego consume el 76.3% del agua concesionada, predominan los sistemas de riego por gravedad o inundación, conocidos por su baja eficiencia.50 El problema se incrementa por las pérdidas de agua que se producen durante la conducción, tanto en canales sin revestir (por infiltración y evaporación), como en canales revestidos y redes de tubería, que requieren mantenimiento y rehabilitación. Persiste el establecimiento de ciertos cultivos de alto consumo hídrico en zonas de baja disponibilidad, lo que provoca la sobreexplotación de acuíferos y cuerpos de agua superficiales, agravando la inseguridad hídrica local. 49 CONAGUA (s.f.). Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Mejora de Eficiencia Comercial. https://files.conagua.gob.mx/conagua/mapas/SGAPDS-1-15-Libro2.pdf. 50 Conviviendo con la naturaleza (2025). Eficiencia y Desafíos Hídricos en el Sector Agrícola de México. https://conviviendo.com.mx/2025/03/21/eficiencia-y-desafios-hidricos-en-el-sector-agricola-de-mexico/. 454 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Diversas organizaciones de las personas usuarias de riego no están consolidadas y enfrentan problemas de insuficiencia de recursos económicos, falta de transparencia y deficiencias en la rendición de cuentas. Estas limitaciones han frenado su consolidación institucional y restringen el acceso a programas federales de subsidios. En el sector industrial, se presentan oportunidades para optimizar el uso eficiente del agua, por ejemplo, mediante un mayor aprovechamiento del agua residual tratada en procesos que lo permitan. Por otro lado, en diversas industrias no se tratan adecuadamente las aguas residuales y sus efluentes son descargados a ríos, lagos o al mar, ocasionando contaminación con sustancias tóxicas, incluyendo metales pesados. La problemática antes descrita se atenderá mediante las estrategias y líneas de acción del objetivo 3, “Impulsar el uso eficiente y sustentable del agua en los sectores agrícola, industrial y de servicios, mediante innovación tecnológica y gestión responsable, para reducir la presión sobre las fuentes hídricas”. 5.9.5 Deficiencia en el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos, que afecta al medio ambiente Como se mencionó en líneas anteriores, uno de los principales problemas en cuencas y acuíferos es la sobreexplotación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Las descargas de aguas residuales sin tratamiento a cuerpos de agua nacionales deterioran la calidad ambiental, provocan la pérdida de ecosistemas y afectan la biodiversidad, las fuentes de abastecimiento y la salud pública, con impactos sobre comunidades rurales, indígenas y afromexicanas. Este problema se ve agravado por el vertido indiscriminado a ríos, lagos, lagunas, entre otros, de residuos sólidos —basura, cascajo y llantas— y por la escasa participación ciudadana en la gobernanza del agua. El mal manejo y la descarga inadecuada de las aguas residuales municipales, industriales y de otros tipos como el drenaje agrícola y los escurrimientos pluviales, provocan la contaminación del agua al verterse directamente en cuerpos receptores sin un tratamiento adecuado. Esto puede tener efectos nocivos para la salud humana, reducción en la productividad económica, calidad inadecuada del agua de descarga y, por ende, la degradación de los ecosistemas acuáticos.51 Cabe mencionar que el 31.9% de las aguas residuales municipales colectadas no reciben tratamiento.52 La situación de los acuíferos es preocupante ya que las regiones áridas y semiáridas dependen principalmente del agua subterránea, que suministra el agua necesaria para casi toda la población rural y sostienen el riego de 2.6 millones de hectáreas, aproximadamente un tercio de la superficie bajo riego, concentrada mayoritariamente en las unidades de riego. Esta problemática se atenderá a través de las estrategias y líneas de acción del objetivo 4, “Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos para conservar el equilibrio hídrico, proteger ecosistemas y garantizar su disponibilidad futura”. 5.9.6 Alta vulnerabilidad de la población ante la presencia de tormentas severas y ciclones tropicales y acciones insuficientes para mitigar las sequías Las inundaciones son un problema recurrente en México, ya que afectan a la población y sus bienes, a las áreas productivas y a las vías de comunicación, así como a la infraestructura y a la flora y la fauna silvestre. El aumento de las construcciones y las superficies asfaltadas en las ciudades reduce la capacidad del suelo para infiltrar el agua de lluvia. Este problema se agrava por varios factores: deficiencias en la aplicación de los planes de desarrollo urbano, al permitir asentamientos irregulares en zonas inundables; gestión inadecuada de residuos, que obstruyen los sistemas de drenaje reduciendo su capacidad de desalojo, y la escasa inversión en soluciones basadas en la naturaleza como biodiques, reforestación de cuencas y lagunas artificiales de amortiguamiento. A ello se suma el cambio climático que ocasiona fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos cada vez más severos y frecuentes. 51 UNAM (2023). Regulaciones para la descarga de aguas residuales de México: comparación con otros países y su cumplimiento en plantas de tratamiento seleccionadas. https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/54362/47415. 52 CONAGUA (2025). Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, edición 2025. www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1044537/DSAPAS_2025.pdf. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 455 Durante la última década, México ha sido impactado por 20 ciclones tropicales de categoría 3, 4 o 5; 19 huracanes de intensidad 1 o 2, y 23 tormentas tropicales. Los años de mayor impacto recientes fueron 2017 y 2023, con ocho eventos cada uno.53 Durante el año 2023, los ciclones tropicales sumaron un total de 85,866.5 millones de pesos y 54 defunciones, y las lluvias e inundaciones 1,393.2 millones de pesos con 5 muertes. En conjunto, los desastres producidos por fenómenos de origen natural registraron 52.2% de las defunciones totales y 98.1% de los daños y pérdidas.54 Un ejemplo notable es el del huracán Otis que tocó tierra en Acapulco, Guerrero, el 25 de octubre de 2023, con vientos máximos sostenidos de 230 km/h, alcanzando la categoría 5. El fenómeno provocó afectaciones del 80% en el sector hotelero y daños millonarios.55 Por otro lado, de acuerdo con el Monitor de Sequía en México,56 en 2024 el 88% de los municipios presentó algún grado de sequía, lo que ha provocado, entre otros impactos, efectos severos en la producción agrícola. Aunque existen herramientas útiles para caracterizar sequías y emitir alertas tempranas —como el Monitor de Sequía de México, publicado quincenalmente en Internet por la CONAGUA— y otras desarrolladas en el marco del Programa Nacional contra la Sequía (PRONACOSE),57 todavía es necesario avanzar significativamente con la participación y coordinación de los tres órdenes de gobierno para prevenir y mitigar los efectos de las sequías. Por medio de las estrategias y líneas de acción del objetivo 5, “Reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos del cambio climático en el sector hídrico, mediante medidas de prevención, mitigación, adaptación, fortalecimiento y resiliencia”, se atenderá a la problemática antes señalada. 5.10 Visión a largo plazo Situación esperada al 2030 Con base en las acciones que se realicen en la presente administración federal, orientadas por el PND 2025-2030, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2025-2030, el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad; así como por el presente Programa Nacional Hídrico 2026-2030, a partir de 2030 aspiramos a ser un país que garantice el acceso progresivo al derecho humano al agua y al saneamiento. Asimismo, se pretende que se reconozca el valor estratégico del recurso, se promueva su uso eficiente y se protejan los cuerpos de agua, asegurando un desarrollo sustentable y la conservación ambiental para las generaciones futuras. Para ello, se fortalecerá la gobernanza del agua mediante un registro de derechos de agua completo, veraz y actualizado; trámites administrativos más ágiles y transparentes, que inhiban la corrupción, además de un trato digno hacia la ciudadanía. Se reforzarán las acciones para dar cumplimiento a la LAN, la LGA y demás legislación y normatividad aplicable, ante faltas relacionadas con el aprovechamiento de las aguas nacionales, sus bienes públicos inherentes, y las descargas de aguas residuales a cuerpos de agua de propiedad nacional, sin el adecuado tratamiento. Se promoverán medidas para enfrentar los problemas de contaminación que causen daño ambiental, consistentes en aumentar la vigilancia y la aplicación de sanciones que incluyan clausuras de los entes contaminantes y multas que inhiban la reincidencia. Se combatirá el robo del agua y su comercialización ilegal. 53 Elaboración propia con base en: CONAGUA. SMN (s.f.). Información histórica de ciclones tropicales. https://smn.conagua.gob.mx/es/ciclones-tropicales/informacion-historica [consultado en febrero de 2026]. 54 CENAPRED (2024) Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México. www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/504-RESUMENEJECUTIVOIMPACTO2023.PDF. 55 Deutsche Welle (2023). En Acapulco Otis causó daños al 80% del sector hotelero. https://www.dw.com/es/en-acapulco-el- hurac%C3%A1n-otis-caus%C3%B3-da%C3%B1os-al-80-del-sector-hotelero/a-67260288. 56 CONAGUA (s. f.). Monitor de sequía en México. https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en- mexico[fecha de consulta: enero de 2026]. 57 PRONACOSE (2024). Programa Nacional Contra la Sequía. https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-nacional- contra-la-sequia-pronacose-299759 [fecha de consulta: enero de 2026]. 456 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Lo anterior, se reforzará con acciones transversales, con una visión preventiva y correctiva, tanto de seguimiento, monitoreo, supervisión y evaluación, a fin de garantizar la mejora continua. Se contará con una caracterización más precisa de la calidad de las aguas nacionales y se intensificarán las acciones para controlar y remediar la contaminación de cuerpos de agua, con el fin de proteger el medio ambiente. Se mantendrán actualizados los estudios de disponibilidad de cuencas y acuíferos para conocer con mayor precisión los volúmenes de agua susceptibles de concesión o asignación a quienes cumplan los requisitos establecidos por la CONAGUA. Asimismo, se establecerán o ajustarán los ordenamientos administrativos de cuencas y acuíferos —vedas, reglamentos y reservas de agua— según corresponda, con el objetivo de garantizar su sustentabilidad. Se difundirá de manera amplia y periódica la información pública sobre las condiciones de las aguas nacionales y su administración. Se implementarán campañas y actividades de sensibilización sobre el cuidado y uso eficiente del agua. Estas acciones fortalecerán el conocimiento ciudadano, promoverán prácticas responsables y respaldarán una valoración más justa del recurso hídrico. Se fomentará la participación organizada e informada de la población, con especial impulso al involucramiento de mujeres y representantes de grupos vulnerables, incluyendo pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para formular y ejecutar proyectos conjuntos que atiendan asuntos comunes y estratégicos para la sustentabilidad hídrica. Se impulsará un amplio programa de infraestructura hídrica que incluirá proyectos estratégicos de abastecimiento para ciudades y megalópolis, así como obras y mejoras en los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, basados en la elaboración y ejecución de planes maestros municipales tanto para localidades urbanas como a las rurales, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Con ello, se ampliará la cobertura de servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición adecuada de las aguas residuales, reduciendo las brechas territoriales y socioeconómicas, garantizando de manera progresiva el derecho humano al agua y al saneamiento, al tiempo que se promueve un uso más eficiente del recurso. Se reducirá la brecha entre mujeres y hombres en el acceso al agua y al saneamiento, disminuyendo de manera significativa los problemas que afectan en mayor medida a las mujeres. Al contar con mejores servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y la suma de esfuerzos interinstitucionales, en conjunto con otros programas sectoriales y especiales derivados del PND 2025-2030, se contribuirá a la reducción de enfermedades transmitidas por el agua, que afectan en mayor medida a niñas y niños menores de cinco años. Se coadyuvará al reconocimiento legal de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento58 como organizaciones gestoras y administradoras del servicio en poblaciones rurales y en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Se fortalecerán mediante apoyos técnicos, jurídicos y financieros coordinados entre los tres órdenes de gobierno. Con ello, se contribuirá a cerrar brechas históricas de marginación y discriminación en el acceso a los servicios públicos en materia de agua. En el campo, se reducirá significativamente la pérdida de agua gracias a la tecnificación del riego agrícola. Se fortalecerán asociaciones de personas usuarias de los distritos y unidades de riego, mejorando su capacidad para modernizar sus unidades productivas; esto contribuirá, entre otros aspectos, a recuperar volúmenes para garantizar el derecho humano al agua, incrementar la eficiencia del uso hídrico y contribuir a la soberanía alimentaria. Se impulsará la investigación científica, la adaptación y la transferencia de tecnologías para el tratamiento, reúso y potabilización del agua, así como para aumentar la productividad y la eficiencia hídrica en el riego agrícola. Ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, las instituciones y la población estarán mejor informadas para tomar medidas oportunas de prevención y protección, y se reforzará la atención antes, durante y después de cada evento. 58 Conforme a la Ley General de Aguas, son instancias conformadas por personas de una comunidad, organizadas bajo sistemas normativos propios con la finalidad de prestar el servicio de agua potable y en su caso, tratamiento de aguas residuales, sin una lógica de lucro o ganancia. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 457 Se mejorarán los instrumentos a cargo de la CONAGUA para proteger a la población, sus bienes y las áreas productivas mediante obras estructurales —bordos de protección y presas de control de avenidas— y medidas no estructurales —boletines meteorológicos más precisos y oportunos, monitoreo continuo de lluvias, sequías, escurrimientos y almacenamiento de presas y lagos —. Se aportará información para la elaboración y/o actualización de atlas de riesgo y se realizarán trabajos de delimitación de cauces de propiedad nacional prioritarios. Situación esperada al 2050 De mantenerse la aplicación de los instrumentos de política pública implementados por la presente administración para el desarrollo del sector hídrico, hacia el año 2050 México habrá consolidado la gobernanza del agua, garantizando un control integral de los aprovechamientos de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes. Los trámites de concesión en la materia se realizarán de manera transparente, sencilla y ágil, fortaleciendo la confianza ciudadana y la eficiencia administrativa. La población hará un uso más responsable del agua en sus actividades cotidianas y contará con una mayor información y conciencia sobre los temas hídricos, fortaleciendo la cultura del cuidado del recurso. Los habitantes en zonas urbanas y rurales, incluyendo los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, disfrutarán plenamente del derecho humano al agua y al saneamiento, con un uso eficiente del recurso. Las enfermedades de origen hídrico se habrán reducido de manera significativa y el reúso del agua residual tratada municipal alcanzará niveles óptimos. Se habrán alcanzado las mayores eficiencias en el uso del agua en la agricultura, con una reducción sustancial de pérdidas en su conducción y en el riego de cultivos. En el ámbito industrial, la economía circular se habrá consolidado como modelo de gestión hídrica, garantizando un aprovechamiento responsable y sostenible del recurso. Se habrá contribuido al derecho humano a un medio ambiente sano, en lo relativo a los recursos hídricos. Los ríos, arroyos, lagos, presas y acuíferos estarán más limpios y se habrá reducido sustancialmente la sobreexplotación de cuerpos de agua, garantizando su sostenibilidad para las generaciones futuras. Ante la intensificación de los efectos del cambio climático en el sector hídrico, México estará mejor preparado. La población y las dependencias de los tres órdenes de gobierno dispondrán de pronósticos meteorológicos confiables y de alta calidad, que permitirán anticipar riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta. En caso de afectaciones derivadas de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, se brindará apoyo expedito y coordinado a estados y municipios, mediante acciones como el desalojo de agua anegada, el suministro emergente de agua potable y la aportación de recursos entre los tres órdenes de gobierno, para la restauración de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Asimismo, se llevará a cabo la rehabilitación de la infraestructura hidráulica federal que resulte dañada, incluyendo presas, conducciones y bordos. Se informará con precisión la ocurrencia de sequías y se emitirán recomendaciones oportunas para la implementación de acciones de uso racional y eficiente del agua, fortaleciendo la capacidad de prevención y respuesta de la población y de las instituciones. 6. Objetivos El Programa Nacional Hídrico 2026-2030 contribuirá al cumplimiento de los objetivos del PND 2025-2030 mediante la articulación de sus Ejes Generales 1. Gobernanza con justicia y participación ciudadana; 2. Desarrollo con bienestar y humanismo; 3. Economía moral y trabajo, y 4. Desarrollo sustentable; así como de los Ejes Transversales: 1. Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres; 2. Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional, y 3. Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Asimismo, el PNH 2026-2030 apoyará al PROMARNAT 2025-2030, con énfasis en su objetivo 3, “Garantizar el derecho humano al agua, asegurando la gestión sustentable de los recursos hídricos y fomentando la protección e integridad de las cuencas y acuíferos, los ecosistemas y su biodiversidad”, y a otros programas emanados del PND 2025-2030. También, este documento rector de la política hídrica contribuirá al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS), principalmente al Objetivo 6, “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. 458 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Los objetivos, estrategias y líneas de acción del PNH se orientan al bienestar de las personas y a la conservación, preservación y manejo sustentable del agua, fortaleciendo su gobernanza. Buscan garantizar el acceso progresivo al derecho humano al agua y al saneamiento, promover el uso eficiente y sustentable del vital líquido en los sectores agrícola, industrial y de servicios, y reducir la vulnerabilidad de los efectos del cambio climático. El Programa también tiene la finalidad de contribuir a la recuperación del equilibrio ecológico en las regiones del país, así como al mantenimiento y aumento de los bienes y servicios ambientales. Su fundamento se basa en los Principios de la Política Ecológica y Ambiental Humanista de la actual administración federal. A continuación, se presentan los cinco objetivos del Programa: Objetivos del Programa Nacional Hídrico 2026-2030 1.- Fortalecer la gobernanza del agua mediante el mejoramiento del marco normativo, la supervisión del cumplimiento de concesiones y la eficiencia administrativa, en beneficio de la población. 2.- Garantizar el acceso progresivo al derecho humano al agua y al saneamiento para las poblaciones urbanas y rurales, mediante servicios públicos eficientes y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y actores comunitarios. 3.- Impulsar el uso eficiente y sustentable del agua en los sectores agrícola, industrial y de servicios, mediante innovación tecnológica y gestión responsable, para reducir la presión sobre las fuentes hídricas. 4.- Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos para conservar el equilibrio hídrico, proteger ecosistemas y garantizar su disponibilidad futura. 5.- Reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos del cambio climático en el sector hídrico, mediante medidas de prevención, mitigación, adaptación, fortalecimiento y resiliencia. 6.1 Relevancia del objetivo 1: Fortalecer la gobernanza del agua mediante el mejoramiento del marco normativo, la supervisión del cumplimiento de concesiones y la eficiencia administrativa, en beneficio de la población La transparencia y la gobernanza son conceptos estrechamente vinculados en la gestión pública. La transparencia implica la apertura y el acceso a la información pública; la gobernanza se refiere a los procesos mediante los cuales se toman y ejecutan las decisiones en las instituciones públicas. Ambos conceptos se articulan en una estrategia pública que hace posible que la democracia funcione con mayor eficacia. La transparencia y el acceso a la información pública en el marco de la gobernanza permiten que la sociedad esté mejor informada y participe en procesos de formulación, implementación, monitoreo y evaluación de decisiones de interés público. El Estado es actor clave para dirigir a la sociedad, al mismo tiempo que comparte responsabilidades bajo el principio de colaboración con otros actores, la tarea de gobernar con la máxima transparencia posible y hacer eficiente el uso de los recursos públicos que administra el gobierno se vuelve, actualmente, una mayor exigencia. Es así como, con el objetivo de hacer del agua un derecho para las y los mexicanos, se presentó al inicio de la administración el Plan Nacional Hídrico 2024-2030,59 el cual se basa en cuatro ejes fundamentales: 1) Política hídrica y soberanía nacional; 2) Justicia y acceso al agua; 3) Mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático, y 4) Gestión integral y transparente. En el marco de dicho plan, se suscribió el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad (ANDHAS), publicado en el DOF el 19 de diciembre de 2024.60 59 Presidencia de la República. (21 de noviembre de 2024). #MañaneraDelPueblo desde Palacio Nacional https://www.youtube.com/watch?v=qmON5-4Bnls. 60 DOF (19 de diciembre de 2024). ACUERDO Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5745669&fecha=19/12/2024#gsc.tab=0. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 459 El acuerdo establece el compromiso entre el gobierno y la sociedad de realizar acciones y estrategias en la actual administración federal, con el fin de atender el estrés hídrico de nuestro país, fue firmado por la Titular del Ejecutivo Federal, así como por personas funcionarias del gobierno federal, gobernadoras, presidentas municipales, usuarias del agua industriales, agrícolas y pecuarias, así como directoras de universidades y representantes del sector social. Por ello, en cumplimiento de los compromisos 5 y 6 del ANDHAS y el Compromiso 97 para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación: Desarrollo de un programa de ordenamiento de concesiones,61 se llevará a cabo el ordenamiento de las concesiones, asignaciones y permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, para evitar el otorgamiento de concesiones que excedan la disponibilidad del recurso hídrico. Se revisarán los más de 500 mil títulos de concesión o asignación de agua y se corregirán inconsistencias. Se atenderán trámites rezagados de administraciones pasadas y se contará con una nueva plataforma digital para simplificar y digitalizar los trámites de concesiones y asignaciones de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes,62 con el fin de mejorar la atención a la ciudadanía y la transparencia, al reducir los tiempos de respuesta de 60 a 30 días. El Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) será sustituido por el Registro Público Nacional del Agua (REPNA) para los derechos de agua y sus bienes públicos inherentes. Este registro, junto con la implementación de la plataforma Ventanilla Digital Única de Trámites del Agua, facilitará una gestión más eficiente y transparente, y orientada a la prevención de actos de corrupción en los trámites en la materia. Se intensificarán las acciones de verificación, inspección y comprobación del cumplimiento de obligaciones previstas en la LAN y su Reglamento, además de las Normas Oficiales Mexicanas y decretos. Así mismo, se invitará a la ciudadanía a incrementar su participación, mediante denuncias de irregularidades observadas en el uso de las aguas nacionales, a través del Portal de Denuncias de Aguas Nacionales63 y del correo electrónico: denunciaciudadana@conagua.gob.mx. Se promoverá la expedición o reformas a las disposiciones reglamentarias de la Ley de Aguas Nacionales, a partir del decreto publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2025, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicha Ley.64 La CONAGUA reforzará las acciones para optimizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas usuarias y contribuyentes de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes. Se promoverá la participación social para crear conciencia entre la población sobre la importancia del uso responsable y pago justo del agua; así como para impulsar mecanismos a fin de prevenir y resolver los conflictos asociados al recurso hídrico. Con los gobiernos estatales y municipales, se llevarán a cabo programas y acciones de cultura del agua y campañas de sensibilización enfocadas al uso y aprovechamiento eficiente del agua. Efectos directos e indirectos en la población con la implementación del objetivo 1  La población dispondrá de agua, proveniente de los volúmenes que no sean utilizados y que se reincorporen al fondo de reserva de aguas nacionales.  Se mejorará la atención a la ciudadanía al reducir los tiempos de respuesta de atención a trámites, de 60 a 30 días.  La población coadyuvará al cuidado del agua, lo que resultará en un menor desperdicio y reducción de la contaminación de los cuerpos de agua, además podrá denunciar las malas prácticas en su uso y conservación. 61 Presidencia de la República (2024). 100 compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. https://www.gob.mx/presidencia/documentos/100-compromisos-para-el-segundo-piso-de-la-cuarta-transformacion. 62 CONAGUA (s.f.). Ventanilla Digital Única de Trámites del Agua. https://ventanilladigital.conagua.gob.mx/auth/login [fecha de consulta: enero de 2026]. 63 CONAGUA (s.f.). Portal de Denuncias de Aguas Nacionales. https://www.gob.mx/conagua/articulos/portal-de-denuncias-de-aguas- nacionales?idiom=es [fecha de consulta: enero de 2026]. 64 DOF (11 de diciembre de 2025). DECRETO por el que se expide la Ley General de Aguas y, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5775799&fecha=11/12/2025#gsc.tab=0 . 460 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026  Los contribuyentes estarán más informados sobre la obligación que tienen de presentar declaraciones por el uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, así como por el pago de derechos relacionados.  Se regularizarán concesiones y asignaciones vencidas a través de facilidades administrativas.  Se abatirá paulatinamente el rezago en trámites ante la CONAGUA.  Se terminará con la especulación en lo relativo a transmisiones de derechos y cambios de uso del agua, evitando el sobreconcesionamiento y el acaparamiento del agua. 6.2 Relevancia del objetivo 2: Garantizar el acceso progresivo al derecho humano al agua y al saneamiento para las poblaciones urbanas y rurales, mediante servicios públicos eficientes y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y actores comunitarios. Con un enfoque de justicia social, perspectiva de género y protección de los derechos humanos, destacando el derecho humano al agua y al saneamiento, se realizarán acciones, en corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, que incidirán en la mejora de la prestación de servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento. El objetivo 2, junto con sus estrategias y líneas de acción, se estableció para garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento a nivel nacional, con atención prioritaria a las comunidades con mayor rezago —rurales, indígenas, afromexicanas, dispersas y en zonas periurbanas— y así reducir de manera significativa la desigualdad en la prestación de servicios. Asimismo, se dará cumplimiento al Compromiso 99 para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación: Desarrollar proyectos estratégicos para reciclamiento de agua en 16 entidades. Se desarrollarán e implementarán planes maestros de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y prevención de inundaciones por municipio, con la participación de los tres órdenes de gobierno, priorizando las zonas con mayor rezago. En el ANDHAS se establecieron las siguientes acciones que se atenderán con el objetivo 2:  Garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente.  Inversión, de los tres órdenes de gobierno, en materia de infraestructura en el marco del Programa Nacional Hídrico.  Colaboración entre el sector público, privado y social para realizar acciones de mejora en los entornos locales para fortalecer el derecho humano al agua.  Impulsar la innovación tecnológica para el tratamiento, reúso y potabilización del agua, con la inclusión de biotecnología e infraestructura verde. En particular, se construirá y/o rehabilitará la infraestructura hidráulica en las localidades, y se promoverá el reconocimiento de la gestión de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento, se les apoyará con asesoría, capacitación y recursos, con perspectiva de género, a fin de asegurar la provisión adecuada de los servicios de agua y saneamiento, incluyendo el uso de prácticas tradicionales, tecnologías sustentables, incluyentes, no convencionales y ecotecnias. Se fomentarán acciones para el reúso de agua residual tratada para usos que no requieren agua potable, bajo los principios de economía circular, para reducir el consumo de agua de primer uso y contribuir a la preservación de los ecosistemas naturales. Asimismo, se impulsarán medidas para mejorar la eficiencia energética de los equipos electromecánicos y se promoverá el uso de energías limpias. Además, se promoverá la innovación tecnológica y la adopción de mejores prácticas administrativas de los organismos operadores, así como la capacitación y la profesionalización de su personal, para mejorar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Efectos directos e indirectos en la población con la implementación del objetivo 2  Se contará con mejores servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, acortando la brecha existente en cumplimiento al derecho humano al agua y al saneamiento.  Las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento serán reconocidas paulatinamente y se les apoyará con asesoría, capacitación y recursos con perspectiva de género.  Se promoverá asesoría y capacitación a las personas prestadoras de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para la mejora de servicios a la población. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 461 6.3 Relevancia del objetivo 3: Impulsar el uso eficiente y sustentable del agua en los sectores agrícola, industrial y de servicios, mediante innovación tecnológica y gestión responsable, para reducir la presión sobre las fuentes hídricas. México enfrenta grandes desafíos en la gestión del agua debido a su creciente demanda y al incremento en la sobreexplotación de las fuentes de agua, teniendo como consecuencia el aumento del estrés y el déficit hídrico en las cuencas y acuíferos del país, así como el incremento en el grado de presión de las fuentes de agua y la disminución de la disponibilidad per cápita, que ha pasado de 17,742 a 3,656 metros cúbicos por habitante en siete décadas, con una proyección de solo 3,285 metros cúbicos para el 2030,65 poniéndose aún más en riesgo la sustentabilidad de los recursos hídricos. Por ello, en cumplimiento del Compromiso 98 para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, y del PND 2025-2030, de realizar la tecnificación de 200 mil hectáreas de riego en 13 distritos prioritarios, se llevará a cabo un Programa Nacional de Tecnificación de Riego, que incluye: conservación, rehabilitación, tecnificación y mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola, y tecnificación de la superficie de riego, así como el desarrollo de capacidades y acompañamiento técnico a personas productoras en el uso eficiente del agua, a fin de que contribuyan a disminuir las pérdidas de agua, incremente la productividad del agua en el campo y apoyar a la soberanía alimentaria. También se promoverá la reconversión de cultivos hacia otros de alto rendimiento económico con base en la disponibilidad del agua y la vocación del suelo. Se proporcionarán apoyos a las personas productoras de riego, mediante los programas de subsidios, para mejorar o consolidar la gestión y administración de sus organizaciones y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. En cuanto al sector industrial, se fomentará la optimización y modernización de procesos para reducir el consumo de agua, mediante la adopción de tecnologías ahorradoras, el tratamiento adecuado de sus aguas residuales y el reúso de las mismas en los procesos productivos, bajo principios de economía circular. Por otro lado, se gestionará con las industrias la devolución voluntaria a la Nación de volúmenes de sus derechos de agua no utilizados, para que sean destinados al consumo humano y al fondo de reserva de aguas nacionales. Cabe resaltar, que las acciones antes citadas se enmarcan en los compromisos establecidos en el ANDHAS, de mitigar el estrés hídrico mediante la eficiencia en el uso del agua en los procesos productivos industriales, agrícolas y pecuarios, la promoción de innovación tecnológica para el tratamiento, reúso y potabilización del agua, incorporando biotecnología e infraestructura verde. Además, en dicho acuerdo se estableció el compromiso de la devolución de volúmenes no utilizados en los sectores agrícola e industrial, para contar con más agua para consumo humano. Por consiguiente, el objetivo 3 del PNH 2026-2030 está orientado a incrementar el uso eficiente y sustentable del agua en los sectores productivos y de servicios, a fin de reducir la presión hídrica sobre las fuentes de abastecimiento, contribuir a la soberanía alimentaria, al desarrollo sustentable y al derecho humano al agua. Efectos directos e indirectos en la población con la implementación del objetivo 3  Se incrementará la productividad del agua en las actividades agrícolas de riego.  Se dispondrá de más agua para destinarse al consumo humano, proveniente de los volúmenes recuperados mediante el programa de tecnificación del riego agrícola, por el mejoramiento de eficiencias en los procesos industriales y por la devolución voluntaria de derechos de agua de ambos sectores.  Las personas usuarias agrícolas recibirán capacitación y acompañamiento técnico para la adopción de mejores prácticas y acceso a tecnologías sustentables de riego. 65 SEMARNAT (s.f.). Informe del Medio Ambiente. https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/tema/cap6.html. 462 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 6.4 Relevancia del objetivo 4: Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos para conservar el equilibrio hídrico, proteger ecosistemas y garantizar su disponibilidad futura. Los recursos renovables y utilizables de agua dulce del mundo se concentran en lagos, humedales, ríos y acuíferos; por ello, es necesaria su preservación y restauración. Proteger los ecosistemas que sustentan el ciclo del agua es indispensable para garantizar la seguridad hídrica de largo plazo en el país. Además de las líneas de acción previstas en el objetivo 1, referente al control de concesiones y asignaciones, fortalecimiento de la inspección de las descargas y emisión de sanciones, y de las obras de tratamiento de aguas residuales, contempladas en el objetivo 2, se aplicarán políticas y medidas adicionales para la restauración y preservación de los cuerpos de aguas nacionales. Mediante las estrategias y líneas de acción del objetivo 4 del PNH 2026-2030 se fortalecerá la evaluación y caracterización de la calidad de los cuerpos de aguas superficiales y subterráneos, con el propósito de prevenir, reducir y controlar su contaminación, mitigar los impactos sobre la salud humana y el ambiente, y evitar el deterioro de estos cuerpos de agua. También se implementarán acciones adicionales de saneamiento y restauración de cuerpos de aguas nacionales mediante la colaboración coordinada de dependencias de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, empresas y ciudadanía, incluyendo jornadas de limpieza de ríos, reforestación y restauración de la vegetación riparia nativa. Se priorizará el saneamiento de los ríos Tula, Atoyac y Lerma-Santiago, y se ejecutará el Programa Adopta un Río para que, en cada entidad federativa, se realicen acciones de saneamiento en al menos un cuerpo de agua contaminado. Paralelamente, se impulsarán acciones de conservación y restauración de humedales y se actualizará el Inventario Nacional de Humedales. Con lo anterior, se dará cumplimiento al Compromiso 92 para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y el establecido en ANDHAS de realizar la limpieza y saneamiento de los tres ríos más contaminados del país; además de atender el Principio 6 del Humanismo Mexicano: El desarrollo y bienestar del pueblo solo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Se actualizará periódicamente la disponibilidad media anual de cuencas y acuíferos, como base para dirigir acciones hacia su recuperación y para ordenar concesiones y asignaciones de agua, de modo que solo se otorguen volúmenes realmente disponibles. Se promoverán acciones para recuperar volúmenes de aguas nacionales con la participación coordinada de entidades federativas, municipios y personas usuarias del agua, con base en los compromisos suscritos en el ANDHAS y acuerdos estatales específicos. También se realizarán acciones incluidas en el ANDHAS relacionadas con medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, como reforestación y restauración ambiental, para aumentar la resiliencia de las cuencas y la disponibilidad hídrica. Por otro lado, se destacan las actividades que se realizarán de actualización o en su caso, de emisión de nuevos ordenamientos de cuencas y acuíferos, mediante el establecimiento, modificación o supresión de vedas, reservas de agua o zonas reglamentadas, con el fin de controlar la extracción, explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales. Se contará con apoyo técnico, científico y financiero de diferentes instancias de otros países y organismos internacionales a fin de mejorar el sector hídrico en México, aprovechando las buenas experiencias y las mejores prácticas. Estas acciones, junto con el establecimiento o ajuste de las condiciones particulares de descarga y la determinación de los caudales ecológicos de cuerpos de aguas superficiales estratégicos, garantizarán mejores condiciones ambientales y un mayor control de los aprovechamientos de agua, contribuyendo a la gestión sustentable del recurso. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 463 Efectos directos e indirectos en la población con la implementación del objetivo 4  Se reducirán los impactos negativos en la salud, ocasionados por la contaminación de los cuerpos de aguas superficiales, subterráneos y costeros.  Se logrará la seguridad hídrica de largo plazo en el país, mediante la restauración y preservación de los cuerpos de aguas nacionales.  Se tendrán mejores condiciones ambientales y un mayor control de los aprovechamientos de agua, mediante el establecimiento, modificación o supresión de vedas, reservas de agua o zonas reglamentadas. 6.5 Relevancia del objetivo 5: Reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos del cambio climático en el sector hídrico, mediante medidas de prevención, mitigación, adaptación, fortalecimiento y resiliencia Por su ubicación geográfica, nuestro país está expuesto a eventos meteorológicos e hidrometeorológicos severos. Esta situación se agrava por el cambio climático; los ciclones tropicales ocasionan inundaciones y daños asociados, mientras que las sequías afectan amplias zonas del territorio. Ante la ocurrencia de ciclones tropicales se implementarán acciones preventivas que incluyan vigilancia continua de la infraestructura hidráulica —incluidas presas— y el fortalecimiento del Servicio Meteorológico Nacional para generar pronósticos más precisos y oportunos sobre el comportamiento climático y la evolución de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, en beneficio de la población. Otra acción relevante, son las obras de protección contra inundaciones que continuará realizando la CONAGUA. En el sexenio anterior, se protegieron a 328 mil habitantes adicionales y 28 mil hectáreas de superficie productiva, incluyendo poblaciones rurales, indígenas o afromexicanas. En lo relativo a la atención de los daños que ocasionan los fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la CONAGUA incrementará su apoyo con personal y equipo, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México, así como las dependencias federales competentes, en las acciones necesarias para: desalojar los volúmenes de agua en exceso en poblaciones inundadas, proporcionar agua potable de manera emergente en centros de salud y a la población en general, restablecer el suministro de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como colaborar con fondos para la reconstrucción de la infraestructura dañada que se utiliza para la prestación de estos servicios. También se rehabilitará la infraestructura hidráulica federal que sea dañada, como presas y canales, entre otras. Por otro lado, ante la presencia de sequías, que en 2024 afectaron al 88.2% de los municipios del país,66 la CONAGUA continuará emitiendo el Monitor de Sequía de México, así como recomendaciones en etapas tempranas para su atención y apoyos para acciones de mitigación. Efectos directos e indirectos en la población con la implementación del objetivo 5  Se protegerá a la población ante la presencia de eventos meteorológicos e hidrometeorológicos severos mediante la construcción y mantenimiento de obras de protección que garanticen su seguridad ante inundaciones.  La población estará debidamente informada sobre el estado del tiempo, el clima, la ocurrencia y evolución de los diferentes fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos. 66 CONAGUA (2024). Monitor de Sequía en México. https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Sequ%C3%ADa/Monitor%20de%20sequ%C3%ADa%20en%20M%C3%A 9xico/Seguimiento%20de%20Sequ%C3%ADa/MSM20240531.pdf 464 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026  Se alertará de manera oportuna a los habitantes, mediante las mediciones en tiempo real de los caudales de agua que conducen los ríos más importantes.  Se atenderá a la población afectada por los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos. En resumen, el objetivo 5 del PNH 2026-2030 busca reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos del cambio climático en el sector hídrico, mediante medidas de mitigación y adaptación, con especial atención a las regiones más expuestas. 6.6 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional Hídrico 2026-2030. El PNH 2026-2030 se vincula a los objetivos y estrategias del PND. El Programa comparte objetivos centrados en buscar la mejor gobernanza del agua, garantizar el derecho humano al agua67 y al saneamiento, el uso eficiente del agua en los sectores productivos, promover el manejo integrado y sustentable del agua y reducir la vulnerabilidad de la población ante fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos extremos. El cuadro de abajo muestra la contribución de los cinco objetivos del presente programa especial, alineados al cumplimiento de los objetivos y estrategias del PND 2025-2030. Objetivos del Programa Nacional Hídrico 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 2030 Objetivo 1. Fortalecer la gobernanza del agua mediante el mejoramiento del marco normativo, la supervisión del cumplimiento de concesiones y la eficiencia administrativa, en beneficio de la población. Objetivos 1.1, 1.3, 4.3, 4.6, T1.3, T2.1 y T2.2 Estrategias 1.1.2, 1.1.6, 1.3.1, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 4.3.4, 4.6.6, T1.3.1, T2.1.2 y T2.2.5 Objetivo 2. Garantizar el acceso progresivo al derecho humano al agua y al saneamiento para las poblaciones urbanas y rurales, mediante servicios públicos eficientes y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y actores comunitarios. Objetivos 1.2, 4.3, 4.5, 4.6 y T3.6 Estrategias 1.2.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.5.1, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.5, 4.6.9 y T3.6.5 Objetivo 3. Impulsar el uso eficiente y sustentable del agua en los sectores agrícola, industrial y de servicios, mediante innovación tecnológica y gestión responsable, para reducir la presión sobre las fuentes hídricas. Objetivos 3.6, 4.3 y 4.6 Estrategias 3.6.2, 4.3.3, 4.6.2 y 4.6.3 Objetivo 4. Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos para conservar el equilibrio hídrico, proteger ecosistemas y garantizar su disponibilidad futura. Objetivos 4.3, 4.5 y 4.6 Estrategias 4.3.4, 4.5.1 y 4.6.4 Objetivo 5. Reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos del cambio climático en el sector hídrico, mediante medidas de prevención, mitigación, adaptación, fortalecimiento y resiliencia. Objetivos 2.2, 2.10, 4.3 Estrategias 2.2.3, 2.10.3, 2.10.4 y 4.3.2 67 Con base en el Artículo 1o. Constitucional, a fin de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos contenidos en la CPEUM y en los Tratados Internacionales de los que México es parte, entre ellos, el derecho al agua. Cámara de Diputados (s.f.). CPEUM. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf [fecha de consulta: enero de 2026]. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 465 7. Estrategias y líneas de acción Objetivo 1. Fortalecer la gobernanza del agua mediante el mejoramiento del marco normativo, la supervisión del cumplimiento de concesiones y la eficiencia administrativa, en beneficio de la población. Estrategia 1.1 Ordenar y modernizar el régimen de concesiones de agua para tener mayor control de la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.1 Revisar los títulos de concesión y asignación, corregir las irregularidades y reincorporar a las aguas nacionales los volúmenes de agua no utilizados. CONAGUA 1.1.2 Crear el Registro Público Nacional del Agua en sustitución del Registro Público de Derechos de Agua como base única de datos de las personas usuarias de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes que permita una gestión eficiente y transparente, previniendo actos de corrupción. CONAGUA 1.1.3 Reducir el rezago de trámites en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes. CONAGUA 1.1.4 Gestionar y dar seguimiento a los acuerdos y convenios de colaboración con estados, municipios y personas usuarias del agua para la devolución de derechos de aguas nacionales, en beneficio del derecho humano al agua y el fondo de reserva de aguas nacionales. CONAGUA Estrategia 1.2 Mejorar los procesos de atención a la ciudadanía en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes para que estén acorde a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.1 Desarrollar e implementar la plataforma Ventanilla Digital Única de Trámites del Agua, a fin de agilizar y transparentar el proceso de atención de trámites de concesiones, asignaciones y permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes y prevenir actos de corrupción. CONAGUA 1.2.2 Dar mayores facilidades a las personas usuarias de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, a través de la simplificación de trámites y de la disminución de requisitos y tiempos de respuesta. CONAGUA y SEMARNAT Estrategia 1.3 Reforzar acciones de administración de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes para que las personas usuarias cumplan con sus obligaciones, conforme a la legislación vigente en la materia. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.1 Establecer los mecanismos para el control y medición de la extracción, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, mediante la obtención de datos de volúmenes extraídos. CONAGUA 466 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.2 Fortalecer las acciones de verificación e inspección para el cumplimiento de la legislación y normatividad por las personas usuarias de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con apoyo de la denuncia ciudadana y la participación de los gobiernos estatales y municipales, contribuyendo a prevenir actos de corrupción. CONAGUA y PROFEPA 1.3.3 Fortalecer las actividades de calificación, inicio, resolución y ejecución de sanciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales, su reglamento y demás legislación aplicable, como resultado de visitas de inspección, requerimientos de información, revisión de gabinete y denuncias, previniendo actos de corrupción. CONAGUA 1.3.4 Optimizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas usuarias y contribuyentes de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, a través de la implementación de acciones de mejora. CONAGUA Estrategia 1.4 Promover reformas al marco legislativo y normativo en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes para transformar el régimen jurídico del agua en México. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.4.1 Promover la expedición o reformas a las disposiciones reglamentarias a la Ley de Aguas Nacionales, a partir del decreto publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2025. CONAGUA y SEMARNAT 1.4.2 Revisar, actualizar y, en su caso, proponer normas en materia de agua, a fin de adecuarlas a las condiciones actuales del sector hídrico. CONAGUA, SALUD y SEMARNAT Estrategia 1.5 Dar acceso a la información gubernamental en materia de agua y facilitar la participación de la sociedad organizada para fortalecer la gestión del agua y la rendición de cuentas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.5.1 Fortalecer los sistemas de información de la CONAGUA a través del SINA, en el marco del SNIEG, mediante la optimización de la recopilación de datos, además la mejora y homologación de la información con un enfoque de interoperabilidad, además del mejoramiento de las capacidades institucionales, en materia geográfica, estadística, para la difusión de información del sector hídrico. CONAGUA e INPI 1.5.2 Fomentar entre la población el ahorro y cuidado del agua, así como la disposición adecuada de los desechos que se vierten al drenaje y cuerpos de agua, mediante la elaboración de materiales educativos y la implementación de acciones de capacitación, comunicación y cultura del agua, que consideren perspectiva de género. CONAGUA, SEMARNAT, PROFEPA e IMTA 1.5.3 Implementar campañas sobre el uso, cuidado y preservación del agua dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con el objetivo de fomentar una cultura de cuidado de los recursos hídricos y contribuir a la construcción de entornos saludables y sostenibles. CONAGUA, SEMARNAT e IMTA Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 467 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.5.4 Promover la participación ciudadana y de las entidades gubernamentales, a través de los consejos de cuenca, en la formulación y seguimiento de políticas de agua en el ámbito de su competencia. CONAGUA e INPI 1.5.5 Promover la participación sustantiva e igualitaria de las mujeres y hombres, así como la representación de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y de otros grupos vulnerables, en los consejos de cuenca para fortalecer las políticas públicas del sector hídrico. CONAGUA, MUJERES e INPI 1.5.6 Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el sector hídrico, mediante el acceso público y oportuno a datos relevantes, contribuyendo a la prevención de la corrupción. CONAGUA y SABG Estrategia 1.6 Fortalecer las capacidades institucionales para la transformación del sector hídrico a fin de contribuir a la República con derecho al agua. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.6.1 Desarrollar e implantar la planeación hídrica nacional y regional con la participación de la sociedad, incluyendo mujeres, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y las dependencias de los tres órdenes de gobierno. CONAGUA, SEMARNAT e IMTA 1.6.2 Fortalecer el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones, incorporando criterios de priorización, para garantizar el logro de los objetivos y metas del sector hídrico. CONAGUA y SEMARNAT Objetivo 2. Garantizar el acceso progresivo al derecho humano al agua y al saneamiento para las poblaciones urbanas y rurales, mediante servicios públicos eficientes y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y actores comunitarios. Estrategia 2.1 Apoyar en el desarrollo de infraestructura de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales para incrementar la cobertura de estos servicios públicos en el país. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.1 Promover la construcción y rehabilitación de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para contribuir al derecho humano al agua y saneamiento, con la participación e inversiones de los tres órdenes de gobierno. CONAGUA, SEMARNAT y BIENESTAR 2.1.2 Desarrollar proyectos estratégicos para el abastecimiento de agua potable en las zonas con mayor déficit del recurso hídrico. CONAGUA 2.1.3 Fomentar el aprovechamiento de aguas residuales municipales tratadas y contribuir a la economía circular, mediante su reúso en riego de jardines, en la industria y, con la concertación y apoyo técnico a las personas productoras, en riego agrícola, con la participación de los tres órdenes de gobierno. CONAGUA, IMTA y AGRICULTURA 2.1.4 Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación para el tratamiento, reúso, captación, potabilización del agua y aseguramiento hídrico, considerando la inclusión de tecnologías que contemplen soluciones basadas en la naturaleza. CONAGUA, IMTA y SECIHTI 468 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 2.2 Promover el mejoramiento de la capacidad operativa, administrativa y financiera de las personas prestadoras de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para incrementar la calidad de los servicios que recibe la población. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.1 Impulsar el mejoramiento de la eficiencia física y comercial de los organismos operadores de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para propiciar su fortalecimiento institucional y un uso eficiente y sustentable del agua. CONAGUA e IMTA 2.2.2 Apoyar en la capacitación del personal técnico, operativo y directivo de organismos operadores para mejorar los servicios que recibe la población, la operación y mantenimiento de los sistemas y la planeación. CONAGUA e IMTA 2.2.3 Coadyuvar en el incremento de las eficiencias energéticas en los sistemas electromecánicos utilizados en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento y promover el uso de energías renovables. CONAGUA y CFE 2.2.4 Otorgar mayor porcentaje de inversión federal en los programas de subsidios para desarrollo de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, cuando se trate de organismos operadores que cuenten con un consejo de administración o figura organizativa similar que esté integrada en igual o mayor proporción de mujeres en cargos decisorios. CONAGUA Estrategia 2.3 Dar apoyo a la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a las localidades rurales, y pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para contribuir al logro de la república democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.3.1 Apoyar en el desarrollo de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante prácticas tradicionales e incluyentes y tecnologías sustentables, mano de obra local y participación de las mujeres en la toma de decisiones. CONAGUA, INPI, IMTA y MUJERES 2.3.2 Promover la aplicación de tecnologías no convencionales y ecotecnias para la provisión de los servicios de agua, desinfección y saneamiento en comunidades rurales, como sistemas de captación de lluvia, sistemas de potabilización con energía solar y baños ecológicos. CONAGUA, INPI e IMTA 2.3.3 Promover el reconocimiento legal de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento de zonas periurbanas, rurales, y de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a fin de ser susceptibles de apoyos técnicos, legales y presupuestales. CONAGUA e INPI 2.3.4 Otorgar mayor porcentaje de inversión federal en los programas de subsidios para desarrollo de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, cuando se trate de sistemas comunitarios de agua y saneamiento reconocidos que se integren en igual o mayor proporción por mujeres en cargos decisorios. CONAGUA Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 469 Objetivo 3. Impulsar el uso eficiente y sustentable del agua en los sectores agrícola, industrial y de servicios, mediante innovación tecnológica y gestión responsable, para reducir la presión sobre las fuentes hídricas. Estrategia 3.1 Incrementar el uso eficiente y sustentable del agua en los sectores agrícola y pecuario, para aumentar la productividad del agua en el campo y contribuir a la seguridad alimentaria. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.1 Promover la productividad en el campo, mediante la conservación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola y tecnificación de la superficie de riego, así como el desarrollo de capacidades y acompañamiento técnico a personas productoras en el uso eficiente del agua. CONAGUA y AGRICULTURA 3.1.2 Otorgar mayor porcentaje de inversión federal en los programas de subsidios para rehabilitación y tecnificación de infraestructura hidroagrícola y tecnificación de riego parcelario en unidades de riego, en proyectos de comunidades con población indígena significativa; así como para los ubicados en comunidades con pobreza extrema, pueblos originarios y comunidades afromexicanas, así como los solicitados por grupos de mujeres. CONAGUA 3.1.3 Promover el desarrollo tecnológico en distritos y unidades de riego y sistemas integrales de asistencia técnica a personas productoras para para incrementar la productividad y uso eficiente del agua. CONAGUA, AGRICULTURA e IMTA 3.1.4 Promover la reconversión de cultivos, de acuerdo con la disponibilidad sustentable de las fuentes de abastecimiento de agua de la región, mediante procesos productivos sustentables, investigación y acompañamiento técnico a personas productoras. CONAGUA, AGRICULTURA e IMTA 3.1.5 Promover la devolución voluntaria a la nación de volúmenes de derechos de agua que no sean utilizados por personas usuarias agrícolas y pecuarias, y sean destinados para el consumo humano y a las reservas de aguas nacionales. CONAGUA Estrategia 3.2 Fortalecer la capacidad organizativa, técnica y administrativa de las asociaciones de personas usuarias de riego mediante asistencia técnica, capacitación y fomento a la transparencia, para mejorar su desempeño en el uso eficiente del agua. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.1 Promover la mejora administrativa de las asociaciones de personas usuarias agrícolas, incluyendo la transparencia y rendición de cuentas. CONAGUA e IMTA 3.2.2 Fomentar la capacitación de las personas usuarias agrícolas en el uso de mejores prácticas, tecnologías de punta y uso eficiente del agua. CONAGUA, AGRICULTURA e IMTA Estrategia 3.3 Impulsar el uso eficiente del agua en los sectores industrial y de servicios para avanzar en la sustentabilidad del recurso. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.1 Promover el desarrollo y la aplicación de tecnologías en la industria para un uso eficiente del agua, tratamiento de aguas residuales y el reúso en sus procesos productivos, con un criterio de economía circular. CONAGUA, SEMARNAT y PROFEPA 470 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.2 Promover la devolución voluntaria a la nación de volúmenes de derechos de agua que no sean utilizados por las personas usuarias industriales y sean destinados al consumo humano y a las reservas de aguas nacionales. CONAGUA 3.3.3 Promover acciones en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como ecotecnias, por parte de empresas industriales y turísticas en beneficio de los habitantes de comunidades aledañas, los destinos turísticos, y ecosistemas vinculados a cuerpos de agua. CONAGUA, TURISMO y SEMARNAT Objetivo 4. Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos para conservar el equilibrio hídrico, proteger ecosistemas y garantizar su disponibilidad futura. Estrategia 4.1 Implementar acciones de saneamiento de los ríos Tula, Atoyac, Lerma-Santiago y otros cuerpos de agua contaminados del país para contribuir a su restauración ecológica. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.1.1 Fortalecer el monitoreo de calidad del agua subterránea y superficial, incrementando los sitios de muestreo y la capacitación técnica continua. CONAGUA, SALUD e IMTA 4.1.2 Fortalecer el Laboratorio Nacional de Referencia de Calidad del Agua y la Red Nacional de Laboratorios de la CONAGUA, para el análisis, evaluación y caracterización de la calidad del agua, mediante la modernización de su infraestructura, y la capacitación técnica continua. CONAGUA e IMTA 4.1.3 Establecer y aplicar condiciones particulares de descarga en los cuerpos de agua nacionales que lo ameriten. CONAGUA 4.1.4 Impulsar acciones de limpieza, retiro de maleza, desazolve y recuperación de zona federal en los cuerpos de agua de propiedad nacional más contaminados del país, con la participación de la sociedad, instituciones y dependencias de los tres órdenes de gobierno. CONAGUA y SEMARNAT 4.1.5 Contribuir a la gestión sostenible de los humedales mediante el fortalecimiento y la actualización del Inventario Nacional de Humedales, como herramienta clave para la toma de decisiones y la conservación de estos ecosistemas. CONAGUA y SEMARNAT Estrategia 4.2 Actualizar o establecer ordenamientos administrativos de cuerpos de agua nacionales a fin de preservar su disponibilidad, o en su caso, reducir su sobreexplotación. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.2.1 Actualizar o establecer decretos de veda, reservas o zonas reglamentadas, según corresponda, de cuencas y acuíferos para el control de las extracciones, explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales y promover una gestión sustentable del agua. CONAGUA 4.2.2 Mantener actualizada la disponibilidad media anual de cuencas y acuíferos, a fin de contar con el soporte técnico para la administración y gestión sustentable de los recursos hídricos. CONAGUA 4.2.3 Apoyar la preservación del ciclo hidrológico, mediante el desarrollo e implementación de estrategias para contar con caudal ecológico en ríos y humedales donde se construyan obras de infraestructura que puedan afectar los flujos de agua. CONAGUA Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 471 Estrategia 4.3 Promover la conservación de bosques, suelo y agua, priorizando las soluciones basadas en la naturaleza, para preservar y restaurar ecosistemas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.3.1 Promover acciones y medidas necesarias para rehabilitar o restaurar los humedales, así como para fijar un entorno natural o perímetro de protección de la zona húmeda, a efecto de preservar sus condiciones hidrológicas y el ecosistema. CONAGUA, SEMARNAT, CONAFOR y CONANP 4.3.2 Apoyar en la atención de emergencias hidroecológicas para proteger la salud de la población y el medio ambiente, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, mediante colaboración en la detección del agente causal y la magnitud del daño, así como participar en la implementación de medidas de remediación. CONAGUA, PROFEPA y SALUD Estrategia 4.4 Fortalecer la cooperación internacional y la participación en iniciativas regionales y globales para apoyar el desarrollo del sector hídrico en nuestro país. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.4.1 Atender coordinadamente los asuntos binacionales en las cuencas transfronterizas conforme a los acuerdos internacionales. CONAGUA y SRE 4.4.2 Contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU en materia de agua, mediante la cooperación internacional y la realización de acciones para el desarrollo del sector hídrico en nuestro país. CONAGUA, SEMARNAT, IMTA y SRE 4.4.3 Continuar y fortalecer la cooperación internacional en sus diferentes vertientes, incluyendo el intercambio de información meteorológica y climatológica. CONAGUA, SEMARNAT y SRE 4.4.4 Impulsar esquemas de financiamiento que consideren fondos no reembolsables por parte de los organismos financieros internacionales y otras fuentes externas, incluyendo las climáticas. CONAGUA y SEMARNAT Objetivo 5. Reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos del cambio climático en el sector hídrico, mediante medidas de prevención, mitigación, adaptación, fortalecimiento y resiliencia. Estrategia 5.1 Implementar medidas de prevención y atención ante fenómenos hidrometeorológicos para reducir la vulnerabilidad y las afectaciones a la población, sus bienes y a la infraestructura urbana y rural. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.1.1 Participar con los tres órdenes de gobierno en las acciones para identificar y reducir asentamientos humanos en zonas federales con riesgo hidrometeorológico, mediante estudios de delimitación de cauces y cuerpos de agua nacionales. CONAGUA, SEDATU, INECC, IMTA y CENAPRED 5.1.2 Apoyar en emergencias hidrometeorológicas, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, al desalojo, desinfección y suministro de agua, restauración de infraestructura hidráulica federal y ayuda en el restablecimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. CONAGUA, SALUD y CFE 472 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.1.3 Conservar y ampliar la cobertura geográfica de los Centros Regionales de Atención de Emergencias, así como fortalecer sus capacidades técnicas, logísticas y operativas, para la atención oportuna y eficiente de emergencias hidrometeorológicas. CONAGUA 5.1.4 Vigilar el comportamiento y la operación de la infraestructura hidráulica federal, ante la presencia de fenómenos naturales extremos y realizar acciones, en el ámbito de la competencia de la CONAGUA, para protección de los centros de población y áreas productivas. CONAGUA y CFE 5.1.5 Emitir recomendaciones sobre el uso racional del agua a nivel municipal, durante la ocurrencia de sequías, con base en el análisis del Monitor de Sequía, entre otros instrumentos. CONAGUA e INECC 5.1.6 Contribuir al fortalecimiento de los protocolos de actuación ante siniestros por fenómenos hidrometeorológicos, mediante una coordinación adecuada entre los órdenes de gobierno, el uso de sistemas de información y alertamiento temprano. CONAGUA e IMTA 5.1.7 Contribuir con información para la elaboración y/o actualización de los atlas de riesgos ante inundaciones a nivel de cuenca hidrológica, para centros de población, áreas productivas y zonas turísticas. CONAGUA, INECC y CENAPRED Estrategia 5.2 Fortalecer los sistemas de observación, medición y monitoreo de las variables meteorológicas, hidrológicas y climatológicas, a fin de contribuir en la mejora de la gestión integral del agua. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.2.1 Fortalecer la medición y observación de caudales, niveles y variables meteorológicas mediante mantenimiento, ampliación, operación y automatización de estaciones hidrométricas, meteorológicas y climatológicas. CONAGUA, CFE e IMTA 5.2.2 Analizar las condiciones atmosféricas pasadas, monitorear las inmediatas y formular escenarios, para la emisión de pronósticos meteorológicos y climatológicos. CONAGUA e IMTA 5.2.3 Proporcionar a las dependencias de los tres órdenes de gobierno y a la población, información oportuna y confiable sobre la ocurrencia y evolución de los eventos meteorológicos e hidrometeorológicos. CONAGUA, IMTA y CENAPRED 5.2.4 Fortalecer los mecanismos de información para los sectores productivos y población, mediante el intercambio de información entre las dependencias federales, en materia de meteorología, climatología e información geoespacial. CONAGUA, CENAPRED, IMTA, AGRICULTURA, SENER y CFE Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 473 Estrategia 5.3 Construir, mantener y rehabilitar obras de control de inundaciones para reducir los riesgos de afectación a la población y sus bienes, así como a sectores productivos, por la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.3.1 Construir, mantener y rehabilitar la infraestructura de protección y control de avenidas en ríos y arroyos para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la población y los sistemas productivos y la infraestructura hidráulica, ante los efectos del cambio climático. CONAGUA 5.3.2 Apoyar en el desarrollo de obras de drenaje pluvial en las poblaciones para reducir riesgos de inundaciones por avenidas extraordinarias. CONAGUA 5.3.3 Realizar acciones de restauración de la capacidad hidráulica de cauces mediante acciones de limpieza y desazolve. CONAGUA y SEMARNAT Estrategia 5.4 Desarrollar una cultura de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático por los fenómenos hidrometeorológicos para salvaguardar la integridad de la población. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.4.1 Desarrollar la capacidad técnica, mediante la cooperación internacional, que permita proponer acciones para atender los efectos asociados al cambio climático en los fenómenos hidrometeorológicos. CONAGUA y SEMARNAT 5.4.2 Fortalecer la participación de los diferentes actores del sector hídrico en el diseño de estrategias de adaptación al cambio climático y soluciones basadas en la naturaleza, para el manejo de inundaciones y sequías. CONAGUA y CENAPRED, SEMARNAT e INECC 5.4.3 Incrementar el intercambio de información y resultados con las diferentes instancias nacionales e internacionales para evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico. CONAGUA 5.4.4 Contribuir al cumplimiento del Acuerdo de París en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, generadas por contaminantes de aguas residuales, fomentando el tratamiento adecuado de las mismas, como medida de mitigación del cambio climático. CONAGUA e INECC 5.4.5 Contribuir en el análisis de los efectos directos e indirectos del cambio climático, reflejados en la mayor severidad de los fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos y sus afectaciones a la población, a fin de determinar acciones de mitigación y adaptación, considerando los modelos y proyecciones climáticas. CONAGUA, INECC e IMTA 474 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 8. Indicadores y metas Para verificar el progreso de los cinco Objetivos del PNH 2026-2030, se han definido seis indicadores. En ellos se ha fijado una meta específica, con la cual se podrá verificar progresivamente su avance y su logro al final de la administración en 2030. A continuación, se presenta la relación de los indicadores. Indicador 1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 1.1 Volumen de aguas nacionales recuperado. Objetivo Objetivo 1: Fortalecer la gobernanza del agua mediante el mejoramiento del marco normativo, la supervisión del cumplimiento de concesiones y la eficiencia administrativa, en beneficio de la población. Definición o descripción Mide el volumen de las aguas nacionales concesionadas o asignadas recuperadas a nivel nacional, impactando directamente a las cuencas y acuíferos del país. Derecho asociado Artículo 4o. de la CPEUM, derecho humano al agua. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Enero Unidad de medida Metros cúbicos anuales Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Subdirección General de Administración del Agua Método de cálculo VRt = VR1 + VR2 + VR3 Donde: VRt = Volumen Recuperado Total VR1 = Volumen recuperado de concesiones inscritas vencidas VR2 = Volumen recuperado de Procedimientos Administrativos más Resoluciones Administrativas Inscritas VR3 = Volumen recuperado de Sentencia Judicial más Sentencia Inscrita Observaciones La recuperación del volumen se realiza de forma directa para aquellas que no requieren de un procedimiento administrativo para determinar la extinción o revocación. Se puede llevar a cabo a través de una forma indirecta, a través de un procedimiento administrativo instaurado, substanciado en apego a la normatividad y que éste se encuentre firme. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 VR1= Volumen recuperado de concesiones inscritas vencidas Valor variable 1 0 Fuente de información variable 1 Registro Público de Derechos de Agua Nombre variable 2 VR2= Volumen recuperado de Procedimientos Administrativos más Resoluciones Administrativas Inscritas Valor variable 2 461,238,470.80 Fuente de información variable 2 Registro Público de Derechos de Agua Nombre variable 3 VR3= Volumen recuperado de Sentencia Judicial más Sentencia Inscrita Valor variable 3 0 Fuente de información variable3 Registro Público de Derechos de Agua Sustitución en método de cálculo VRt = 0 + 461,238,470.80 + 0 = 461,238,470.80 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 461,238,470.80 NA Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 3,000,000,000 de metros cúbicos acumulados Meta propuesta por la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 461,238,470.80 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 1,000,000 000 1,500,000 000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 475 Indicador 1.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 1.2 Número de trámites para concesiones de aguas nacionales y bienes públicos inherentes concluidos Objetivo Objetivo 1: Fortalecer la gobernanza del agua mediante el mejoramiento del marco normativo, la supervisión del cumplimiento de concesiones y la eficiencia administrativa, en beneficio de la población. Definición o descripción Concluir los expedientes de trámites solicitados por las personas usuarias de aguas nacionales y bienes públicos inherentes que ingresan, tanto en los periodos anuales como también los correspondientes al rezago. Derecho asociado Artículo 4o. De la CPEUM, derecho humano al agua. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Febrero Unidad de medida Solicitudes de trámites concluidas Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre. Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Subdirección General de Administración del Agua Método de cálculo Es el número total de trámites de personas usuarias de aguas nacionales y bienes públicos inherentes ingresados y concluidos en el año, más el número de trámites de personas usuarias de aguas nacionales y bienes públicos inherentes concluidos en el año actual procedentes de los trámites de años anteriores no concluidos (rezago) TCA = STReC + STRz Donde: TCA = Total de trámites concluidos para cada año. STReC = Número de trámites de personas usuarias de aguas nacionales y bienes públicos inherentes ingresados y concluidos en el año. STRz = Número de trámites de personas usuarias de aguas nacionales y bienes públicos inherentes concluidos en el periodo actual procedentes de trámites no concluidos de años anteriores (rezago) Observaciones Para el cálculo del indicador, se tomarán en cuenta los registros que resguarda la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones en cada uno de los sistemas. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 STReC = Número de trámites de personas usuarias de aguas nacionales y bienes públicos inherentes ingresados y concluidos en el año. Valor variable 1 28,591 Fuente de información variable 1 Los diferentes sistemas resguardados por la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones Nombre variable 2 STRz = Número de trámites de personas usuarias de aguas nacionales y bienes públicos inherentes concluidos en el periodo actual procedentes de trámites no concluidos de años anteriores (rezago) Valor variable 2 13,808 Fuente de información variable 2 Los diferentes sistemas resguardados por la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones Sustitución en método de cálculo TCA = 28,591 + 13,808 = 42,399 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 42,399 La línea base es el 100% del número de solicitudes y trámites ingresados y concluidos en el ejercicio fiscal 2025. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 242,399 La meta para el sexenio es calculada con base a los antecedentes de solicitudes recibidas en los años anteriores. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 N/D N/D 26,134 27,882 20,834 39,854 42,399 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 82,399 122,399 162,399 202,399 242,399 476 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.1 Proporción de proyectos estratégicos en materia de agua potable implementados. Objetivo Objetivo 2. Garantizar el acceso progresivo al derecho humano al agua y al saneamiento para las poblaciones urbanas y rurales, mediante servicios públicos eficientes y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y actores comunitarios. Definición o descripción Mide el avance en la ejecución de 16 proyectos estratégicos en materia de agua potable concluidos. Derecho asociado Artículo 4o. de la CPEUM, derecho humano al agua. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Marzo del siguiente año Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales B00.- Comisión Nacional del Agua Método de cálculo PPEC= (NPECt / NPEP) * 100 Donde: PPEC = Porcentaje de avance de proyectos estratégicos en materia de agua potable concluidos NPECt = Número de proyectos estratégicos en materia de agua potable concluidos al año t NPEP = Número de proyectos estratégicos en materia de agua potable programados en el sexenio Observaciones Debido a las características en inversión y envergadura de los proyectos estratégicos, los primeros en concluirse se darán hasta el año 2026, conforme a lo indicado en las Metas. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 NPECt = Número de proyectos estratégicos en materia de agua potable concluidos al año Valor variable 1 0 Fuente de información variable 1 Cuenta pública, SHCP Nombre variable 2 NPEP = Número de proyectos estratégicos en materia de agua potable programados en el sexenio Valor variable 2 16 Fuente de información variable 2 Cuenta pública, SHCP Sustitución en método de cálculo PPEC = (0 / 16) * 100 = 0 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 El indicador es nuevo, por ello la línea base tiene valor de cero proyectos. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 100 Se consideran aquellos proyectos de inversión estratégicos en materia de agua potable exclusivamente. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA 0 ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 12.5 56.25 87.5 87.5 100 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 477 Indicador 3.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 3.1 Porcentaje de la superficie tecnificada en distritos de riego prioritarios. Objetivo Objetivo 3. Impulsar el uso eficiente y sustentable del agua en los sectores agrícola, industrial y de servicios, mediante innovación tecnológica y gestión responsable, para reducir la presión sobre las fuentes hídricas. Definición o descripción Mide el porcentaje de superficie tecnificada respecto de las 200,000 ha por tecnificar en distritos de riego prioritarios. El programa de tecnificación de riego tiene como objetivos el eficientar el agua para uso agrícola, destinar parte del agua recuperada para el consumo humano e incrementar la productividad. Derecho asociado Artículo 4o. de la CPEUM, derecho humano al agua. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Agosto del año siguiente a la medición Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales B00.- Comisión Nacional del Agua Método de cálculo PSTDRP = (ST / TSPTDRP) ∗ 100 Donde: PSTDRP = Porcentaje de la superficie tecnificada en distritos de riego prioritarios. ST = Superficie tecnificada en distritos de riego prioritarios. TSPTDRP = Total de superficie programada por tecnificar en distritos de riego prioritarios. Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 ST = Superficie parcelaria tecnificada en distritos de riego prioritarios Valor variable 1 0 Fuente de información variable 1 Registros administrativos Nombre variable 2 TSPTDRP = Total de superficie programada por tecnificar en distritos de riego prioritarios Valor variable 2 200,000 Fuente de información variable 2 Registros administrativos Sustitución en método de cálculo PSTDRP = (0 / 200,000) ∗ 100 = 0 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 Se iniciará en 2025 la tecnificación de los distritos de riego prioritarios Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 100 Para integrar 200,000 ha al 2030 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA 0 ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 9.95 18.97 29.47 59.47 100 478 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 4.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 4.1 Proporción de sitios de monitoreo de calidad de agua superficial con calidad aceptable, buena o excelente. Objetivo Objetivo 4. Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos para conservar el equilibrio hídrico, proteger ecosistemas y garantizar su disponibilidad futura. Definición o descripción Proporción de los sitios de monitoreo de calidad de agua superficial en los que se registra calidad del agua aceptable, buena o excelente en función de los siguientes parámetros: Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Oxígeno Disuelto, toxicidad, presencia de Escherichia Coli y presencia de enterococos fecales. Derecho asociado Artículo 4o. de la CPEUM, derecho humano a la salud. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero-Diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales B00.- CONAGUA Método de cálculo La proporción se calcula a partir del cociente que se obtiene al dividir el número de sitios de monitoreo de calidad del agua superficial en los que se registra calidad del agua aceptable, buena o excelente (Num_SitiosAdecuados) entre el total de sitios de monitoreo de calidad de aguas superficiales (Total_Sitios) multiplicado por 100. P_CalidadAdecuada = (Num_SitiosAdecuados / Total_Sitios) x 100 Donde: P_CalidadAdecuada = Proporción de sitios de monitoreo de calidad de agua superficial con calidad aceptable, buena o excelente. Num_SitiosAdecuados = Número de sitios de monitoreo de calidad del agua superficial en los que se registra calidad del agua aceptable, buena o excelente. Total Sitios = Total de sitios de monitoreo de calidad de aguas superficiales Observaciones Pueden observarse variaciones importantes en la calidad del agua debido a la influencia de factores ambientales y antropogénicos, en época de lluvia generalmente tiende a mejorar y en estiaje se presenta un efecto inverso. La cantidad de sitios monitoreados anualmente es variable ya que depende del presupuesto autorizado para realizar las actividades de muestreo y análisis de muestras. Para el año 2024, el valor de 4,747 es el número de sitios superficiales con resultados de calidad del agua para los parámetros evaluados durante el periodo 2015-2024. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Num_SitiosAdecuados = Número de sitios de monitoreo de calidad del agua superficial en los que se registra calidad del agua aceptable, buena o excelente. Valor variable 1 2,684 Fuente de información variable 1 Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua de la CONAGUA Nombre variable 2 Total_Sitios = Total de sitios de monitoreo de calidad de aguas superficiales Valor variable 2 4,747 Fuente de información variable 2 Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua de la CONAGUA Sustitución en método de cálculo P_CalidadAdecuada = (Num_SitiosAdecuados / Total_Sitios) x 100= (2,684/4,747) *100= 56.5 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 56.5 La línea base se obtuvo de los resultados de medición de 4,747 sitios superficiales (ríos, lagos, lagunas, costeros), durante el periodo de 2015-2024. Año 2024 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 479 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 57 La meta propuesta es un incremento muy conservador con respecto a la línea base obtenida para 2024, ya que lo esperado es que la calidad en los cuerpos de agua mejore con el tiempo. Sin embargo, la CONAGUA realiza el monitoreo sistemático y permanente de la calidad del agua y clasifica los sitios con base en los resultados obtenidos en aceptable, buena o excelente; pero la calidad no depende del número de sitios monitoreados, sino que se ve influenciada por diversos factores ambientales (como las temporadas de lluvias y estiaje) y antropogénicos (como las descargas de aguas residuales y las acciones de saneamiento implementadas). Por lo anterior, el aumento o disminución de la proporción de sitios no depende del monitoreo realizado por la CONAGUA, sino del impacto de los factores antes mencionados. Es importante resaltar que, para disminuir el impacto negativo causado por los factores antropogénicos se requiere la participación de los tres órdenes de gobierno, el sector privado y la sociedad. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 58.6 58.2 58.3 58.4 56.7 56.5 ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 56.6 56.7 56.8 56.9 57.0 Indicador 5.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 5.1 Variación porcentual de habitantes protegidos contra inundaciones. Objetivo Objetivo 5. Reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos del cambio climático en el sector hídrico, mediante medidas de prevención, mitigación, adaptación, fortalecimiento y resiliencia. Definición o descripción Este indicador mide el incremento porcentual del número de habitantes protegidos con infraestructura hidráulica para prevenir y/o mitigar el riesgo de inundaciones. (en vez de incremento poner variación o cambio, porque no es necesario definir de antemano incremento) El indicador, expresa en términos acumulados, la variación o cambio porcentual de número de habitantes protegidos anualmente. Refleja el esfuerzo de la Comisión Nacional del Agua en las acciones estructurales que realiza, mediante inversiones en proyectos de prevención, reconstrucción y control de inundaciones, contribuyendo a reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos adversos de los fenómenos hidrometeorológicos. Derecho asociado Artículo 4o. de la CPEUM, derecho humano a un medio ambiente sano. Artículo 4o. de la CPEUM, derecho humano al agua. Nivel de desagregación Geográfica: Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Julio Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero – Diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales B00.- Comisión Nacional del Agua Método de cálculo TVHPCI = ((NHPCIt - NHPCIlb) / NHPCIlb) * 100 Donde: TVHPCI = Tasa de variación de habitantes protegidos contra inundaciones NHPCIt = Número de habitantes protegidos contra inundaciones al año t NHPCIlb = Número de habitantes protegidos contra inundaciones en el año de línea base (2024) Observaciones Para el cálculo del indicador, se tomarán en cuenta los registros administrativos de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la CONAGUA. 480 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 NHPCIt = Número de habitantes protegidos contra inundaciones al año t Valor variable 1 1,439,126 Fuente de información variable 1 Registros administrativos de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la CONAGUA Nombre variable 2 NHPCIlb = Número de habitantes protegidos contra inundaciones en el año de línea base (2024) Valor variable 2 1,439,126 Fuente de información variable 2 Registros administrativos de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la CONAGUA Sustitución en método de cálculo TVHPCI = ((1,439,126 - 1,439,126) / 1,439,126) * 100 = 0% VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 La línea base, en términos numéricos, corresponde al valor de cierre al año 2024 del indicador “habitantes protegidos contra inundaciones”, que fue de 1,439,126 personas. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 175.5 Se espera que el número de habitantes protegidos tenga un crecimiento hasta de 175.5% (3,965,055) con respecto al 2024. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA 0 ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 80.1 130.0 148.0 162.7 175.5 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa Comisión Federal de Electricidad Comisión Nacional del Agua Comisión Nacional Forestal Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Secretaría de Bienestar Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Secretaría de Energía Secretaría de las Mujeres Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de Salud Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Secretaría de Turismo _____________________________ Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 481 PROGRAMA Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030. PROGRAMA NACIONAL DE REMEDIACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS 2026-2030 1. Índice 1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo 5. Diagnóstico de la situación actual y visión a largo plazo 6. Objetivos 6.1 Impulsar la actualización del Inventario Nacional de Sitios Contaminados en favor de la remediación de estos a nivel nacional 6.2 Reducir la cantidad de sitios contaminados propiedad de particulares, de entidades federativas y municipios, mediante su remediación, en beneficio de la salud de los ecosistemas y de la población 6.3 Mejorar los instrumentos normativos que regulan la remediación de sitios contaminados a través de su actualización garantizando un ambiente sano para la población del país 6.4 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados PNRSC 2026-2030 7. Estrategias y líneas de acción 8. Indicadores y metas 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo. 3. Siglas y acrónimos ASEA: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. COP: Contaminantes Orgánicos Persistentes. CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DGGIMAR: Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas. DOF: Diario Oficial de la Federación. FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés. INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INSC: Inventario Nacional de Sitios Contaminados. INSR: Inventario Nacional de Sitios Remediados. LIC: Ley de Infraestructura de la Calidad. LGPGIR: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. LP: Ley de Planeación. NOM: Norma Oficial Mexicana. 482 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 NMX: Norma Mexicana. PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo. PNRSC 2026-2030 o Programa: Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030. PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. UCPPVSDH: Unidad Coordinadora de Proyectos Prioritarios, Vinculación Social y Derechos Humanos. 4. Fundamento normativo En los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. Este mandato vincula a las autoridades de los tres niveles de gobierno, las cuales deben adoptar en el marco de sus competencias, todas aquellas medidas necesarias para proteger y preservar el ambiente, además de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, como se desprende del diverso 1o., de la CPEUM. En este sentido, el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030 (PNRSC 2026-2030) se elabora para contribuir en la remediación de sitios contaminados y dar cumplimiento a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). En ese sentido, la LGPGIR, en sus artículos 7, fracción I, 8 y 9, señala que la Federación a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), está facultada, para formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos, así como elaborar el PNRSC 2026-2030, en coordinación con las entidades federativas y los municipios. De manera particular, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) es la unidad responsable dentro de la SEMARNAT de coordinar la formulación, integración, publicación, implementación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, de conformidad con el artículo 19, fracción XX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México cuenta con instrumentos jurídicos que deben cumplirse de manera obligatoria. Entre las regulaciones se encuentran las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y los Estándares. Las NOM aplicables en materia de suelos contaminados establecen los límites máximos permisibles (hidrocarburos) o concentraciones de referencia totales (metales) para la remediación de sitios contaminados. Los Estándares se refieren a los lineamientos para muestreo y caracterización de dichos sitios y otras especificaciones para la remediación; se presentan especificaciones técnicas, los métodos de muestreo y análisis. A la fecha, en México se han publicado 10 normas (considerando NOM y Estándares) que regulan la gestión de los suelos contaminados, 2 NOM que regulan la gestión en agua contaminada y 2 NOM que regulan la protección de acuíferos (ver Anexo 1). De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) artículo 32 Bis, fracciones I, II y II Bis, y la Ley de Planeación (LP) en sus artículos 16, 21, 21 Bis, 21 Ter, 22 y 26 Bis, corresponde a las dependencias de la Administración Pública Federal intervenir, respecto de las materias que les competan, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo; dicho Plan es la guía de los objetivos y acciones del Gobierno de México para los próximos años. Estos objetivos buscan consolidar la transformación del país bajo un modelo de desarrollo con bienestar, justicia social y sustentabilidad. Para alcanzar estos objetivos se requiere la elaboración de programas sectoriales, programas especiales, programas regionales, así como programas institucionales. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND 2025-2030), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de abril de 2025, dentro de sus Ejes Generales busca lograr un equilibrio entre el desarrollo económico, social y ambiental que preserve el medio ambiente y evite un daño irreversible, al tiempo que busca evitar que se agoten los recursos naturales y permita su disfrute a las generaciones futuras. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 483 Específicamente en su Eje General 4. Desarrollo sustentable, hace mención al Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, por lo que en atención a lo establecido en el artículo 16, fracción IV, de la LP, se contribuye con la elaboración del PNRSC 2026-2030 y a su vez se da cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en los convenios de Estocolmo y Minamata, a fin de dar seguimiento a las actividades destinadas a la protección de la salud humana y al medio ambiente, tomando medidas para reducir a un mínimo los sitios contaminados. Con lo anterior, se espera avanzar en la agenda nacional. Es de precisar que, el Convenio de Estocolmo y el Convenio de Minamata tienen como objetivo, proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), así como del mercurio cuya sustancia química preocupa por su capacidad de acumulación en los ecosistemas. México al firmar estos convenios, se compromete a promover, exhortar e impulsar el saneamiento de sitios contaminados a nivel nacional, con esto coadyuva en el mejoramiento del medio ambiente. 5. Diagnóstico de la situación actual y visión a largo plazo La situación actual de los sitios contaminados en México hace imprescindible establecer el PNRSC 2026 - 2030, el cual se enmarca en el Eje General 4: Desarrollo Sustentable del PND 2025 - 2030. A partir de este Programa se busca impulsar el desarrollo sustentable, garantizando el equilibrio entre desarrollo económico, social y ambiental, protegiendo al medio ambiente y evitando su daño a largo plazo, favoreciendo principalmente a niñas y niños, así como a personas adultas mayores, bajo los principios que rigen el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Del análisis a la población afectada por sitios contaminados y de acuerdo con datos obtenidos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI);1 de una población total de 126,014,024 habitantes en la República Mexicana, se obtiene una cifra total de 58,407,656 habitantes, contemplando grupos vulnerables tales como niñas, niños y personas mayores de 65 años, ubicados en 32 Estados y 361 Municipios (siendo aproximadamente el 46% del total de la población), las cuales están siendo afectadas por al menos un sitio contaminado en su entorno, tal como se muestra en la Gráfica 1. Gráfica 1. Situación de la población por sitios contaminados en el país, 2020 Fuente: Elaboración propia con información publicada en INEGI. 2020. Censo de Población y Vivienda. México. Censo de Población y Vivienda (CPV) 2020 apartado Documentación, opción Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Principales_resultados_EUM.pdf Fecha de consulta: enero 2026. 1 INEGI. 2020. Censo de Población y Vivienda. México. Censo de Población y Vivienda (CPV) 2020 apartado Documentación, opción Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Principales_resultados_EUM.pdf Fecha de consulta: enero 2026. 484 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Los estudios de riesgo ambiental dentro de su análisis consideran de manera indirecta a la población en general y tangencialmente inciden en grupos vulnerables como niñas, niños y adultos mayores; que son más susceptibles a los impactos de la contaminación o desastres ambientales. Si bien este PNRSC 2026-2030, no tiene como foco principal a estos grupos, los objetivos, estrategias y líneas de acción, están direccionadas al beneficio de la población en general que es afectada por los sitios contaminados a nivel nacional. De acuerdo con el artículo 5, fracción XL, de la LGPGIR, un sitio contaminado es un lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de estos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades y características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define al suelo como un cuerpo natural que consta de capas horizontales compuestas de materiales minerales meteorizados como materia orgánica, aire y agua, siendo el producto final de la influencia del tiempo, combinado con el clima, topografía y organismos.2 El suelo se utiliza con diversos fines, entre los que se encuentran la agricultura, la ganadería, la extracción de minerales y materiales para la construcción, así como el confinamiento de residuos. La contaminación derivada de estas actividades, provoca que el suelo sea vulnerable y sufra modificaciones que puedan causar su degradación, y la falta de atención en este recurso hace evidente el aceleramiento de problemas graves de contaminación que se viven actualmente.3 La remediación de sitios contaminados permite la recuperación de servicios ambientales del suelo y agua, la reducción de riesgos a la salud humana y al ambiente; además posibilita la re-utilidad de los sitios, promoviendo y recuperando actividades económicas y de desarrollo sostenible. 5.1 Los sitios contaminados y sus fuentes En México, la mayoría de los contaminantes del suelo proviene de actividades humanas, como prácticas agrícolas no sostenibles; actividades industriales, como la minería, o actividades propias del sector hidrocarburos, entre otras; así como la generación y mal manejo de los residuos peligrosos y urbanos. La contaminación del suelo es un problema que ha sido reconocido internacionalmente; el término “contaminación del suelo” se refiere a la presencia de un químico, sustancia o elemento en concentraciones más altas de lo que naturalmente se encuentran en el sitio,4 que provoca una reacción en cadena, que altera su biodiversidad, reduce la materia orgánica que contiene, así como su capacidad para actuar como filtro; de igual forma contamina el agua almacenada en el suelo y el agua subterránea, provocando un desequilibrio en sus nutrientes. Entre los contaminantes del suelo más comunes se encuentran los metales y metaloides, los contaminantes orgánicos persistentes y los contaminantes emergentes, como los productos farmacéuticos y los destinados al cuidado personal.5 Dentro de los Estados más vulnerables por contaminación del suelo, se encuentran: Veracruz de Ignacio de la Llave con 30% de los sitios contaminados de todo el país; Tamaulipas con 13%; Tabasco con 5%; San Luis Potosí con 5%; Puebla con 4%; Estado de México con 3%; Ciudad de México con 3%, y los estados restantes que representan el 37%, ver Gráfica 2. 2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Definiciones clave. ¿Qué es el suelo? Disponible en: https://www.fao.org/soils-portal/about/definiciones/es/ Fecha de consulta: enero 2026. 3 Informe Anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2021. Disponible en: https://www.undp.org/es/publicaciones/informe-anual-del-pnud-2021 20 pp. 4 Definición de contaminación del suelo, FAO, 2015. ¿Qué es la contaminación del suelo? Disponible en: https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/7d70ca8d-7503-4839-8d6b-8250e9add8ac/content 1 pp. 5 Contaminantes en el suelo, FAO, 2018. La contaminación de los suelos está contaminando nuestro futuro. Disponible en: https://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/es/c/1127957/ Fecha de consulta: enero 2026. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 485 Gráfica 2. Comportamiento de los sitios contaminados en el país por estado, 2018 Fuente: Elaboración propia con información publicada por la SEMARNAT. 2025. Sitios con Suelos Contaminados y Remediados DGGIMAR-DGPEEA. Disponible en: https://geoportal.semarnat.gob.mx/arcgisp/apps/webappviewer/index.html?id=6633959897c14220b90f1b92a6e11840 Fecha de consulta: enero 2026 En este sentido, se debe priorizar la gestión integral del suelo, con énfasis en acciones de prevención, protección, conservación y remediación. Aunque las funciones del suelo y sus servicios ecosistémicos6 hacen evidentes las aportaciones al bienestar humano, también es de resaltar su complejidad sistémica, por lo que, para atenderla de manera integral, en relación con la gestión sostenible del suelo, es necesario establecer un enfoque estratégico que permita generar sinergias que contribuyan a preservarlo. Por lo anterior, es prioritario implementar políticas para reducir y revertir el daño ambiental, proteger los ecosistemas estratégicos del país, como bosques, selvas y cuerpos de agua, así como fomentar el aprovechamiento de residuos mediante la economía circular en los Estados más contaminados. Esto implica incentivar el reciclaje y reutilización de materiales, el aprovechamiento energético de residuos y la gestión eficiente de los mismos, el uso de tecnologías limpias para reducir la contaminación, la optimización de los recursos, la gestión de proyectos de infraestructura sustentable y el ordenamiento territorial eficiente. El cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de suelos contaminados debe fortalecerse mediante una supervisión más estricta; la aplicación efectiva de sanciones y la reparación de daños a los ecosistemas y a las comunidades, permitirá el cuidado del medio ambiente, lo cual se apega al modelo de desarrollo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y a los principios del Humanismo Mexicano, garantizando el bienestar colectivo. La SEMARNAT dentro del PNRSC 2021-2024,7 desarrolló un sistema de información geográfico basado en el Inventario Nacional de Sitios Contaminados (INSC) e Inventario Nacional de Sitios Remediados (INSR) denominado “Portal geomático”.8 Este Portal permite reunir, gestionar y analizar los datos contenidos en los inventarios por medio de consultas interactivas de los usuarios, generando un mayor conocimiento en la población sobre las fuentes de contaminación y sus impactos, contribuyendo también al derecho de acceso a la información. Hasta diciembre de 2025 en México existían 1,114 sitios contaminados, los cuales se clasifican en 10 diferentes contaminantes de acuerdo con el Portal geomático de la SEMARNAT. Se muestra la distribución de los sitios contaminados incluidos en el INSC (Mapa 1). 6 Los servicios ecosistémicos son aquellos que la naturaleza o los procesos ecológicos proveen a los seres vivos y al planeta. Fuente: SEMARNAT Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/servicios-ambientales-o-ecosistemicos-esenciales-para-la-vida?idiom=es Fecha de consulta: abril de 2026. 7 PNRSC 2021-2024. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/documentos/programa-nacional-de-remediacion-de-sitios-contaminados 23 pp. 8 Sitios con suelos contaminados y remediados. Disponible en: https://geoportal.semarnat.gob.mx/arcgisp/apps/webappviewer/index.html?id=6633959897c14220b90f1b92a6e11840 Fecha de consulta: enero 2026. 486 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Mapa 1. Ubicación de los sitios contaminados en el país, 2025 Fuente: SEMARNAT. 2025. Sitios con Suelos Contaminados y Remediados DGGIMAR-DGPEEA. Disponible en: https://geoportal.semarnat.gob.mx/arcgisp/apps/webappviewer/index.html?id=6633959897c14220b90f1b92a6e11840 Fecha de consulta: enero 2026 Acorde a la información registrada, los sitios contaminados se distribuyen por tipo de contaminante, de la siguiente manera: Hidrocarburos (1,015); Metales y Metaloides (34); Mezcla de contaminantes (29); Ácidos y Bases (17); No especifica información (N.E.I.) (7); Otros contaminantes no normados (7); Bifenilos policlorados (1); Plaguicidas (1); Solventes orgánicos (2), y Bases (1); tal como se muestra en la Gráfica 3. Gráfica 3. Distribución porcentual de los contaminantes en sitios contaminados del país, 2025 Fuente: Elaboración propia con información publicada por la SEMARNAT. 2025. Sitios con Suelos Contaminados y Remediados DGGIMAR-DGPEEA. Disponible en: https://geoportal.semarnat.gob.mx/arcgisp/apps/webappviewer/index.html?id=6633959897c14220b90f1b92a6e11840 Fecha de consulta: enero 2026. La información del INSC y del INSR se obtiene de la gestión de trámites que se realizan ante la SEMARNAT y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) desde 2008, con corte a diciembre 2025. La información que se presenta en el INSC comprende las propuestas de remediación de suelos contaminados por emergencias y pasivos ambientales, así como las transferencias de sitios con suelos contaminados. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 487 Es importante mencionar que para la integración de la información del INSC y del INSR se cuenta con la participación de instituciones como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) e Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), por lo que se presume que el INSC permite determinar la tendencia de la contaminación, contribuyendo a la toma de decisiones de las autoridades en la atención de sitios contaminados. Asimismo, la SEMARNAT cuenta con un inventario de sitios potencialmente contaminados en el país; que enlista aquellos sitios en los que se presume un problema ambiental, pero que no se ha realizado una caracterización o estudio que permita comprobar su contaminación. Entre los lugares de este inventario, se identificaron sitios localizados en las Cuencas de los ríos Tula, Lerma-Santiago y Atoyac (Tabla 1), los cuales forman parte del cumplimiento del Compromiso No. 92 “Limpieza y Saneamiento de los tres ríos más contaminados del país”, de los 100 compromisos presidenciales del Segundo Piso de la Cuarta Transformación contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Tabla 1. Sitios en las cuencas de los tres ríos más contaminados del país, 2025 Cuenca No. de sitios contaminados No. de sitios críticos Cuenca del Río Atoyac 8 2 Cuenca del Río Santiago-Lerma 72 4 Cuenca del Río Tula 10 4 Total 90 10 Fuente: Elaboración propia con información de la SEMARNAT. 2025. Sitios con Suelos Contaminados y Remediados DGGIMAR-DGPEEA. La información actualizada con la que cuenta la SEMARNAT a diciembre de 2025 señala un total de 1,114 sitios contaminados de los cuales 953 se encuentran en áreas rurales y 161 en áreas urbanas, como se aprecia en la Gráfica 4. Gráfica 4. Distribución porcentual de sitios contaminados por zona, 2025 Fuente: Elaboración propia con información publicada por la SEMARNAT. 2025. Sitios con Suelos Contaminados y Remediados DGGIMAR-DGPEEA. Disponible en: https://geoportal.semarnat.gob.mx/arcgisp/apps/webappviewer/index.html?id=6633959897c14220b90f1b92a6e11840 Fecha de consulta: enero 2026. 488 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Los antes mencionados se clasifican como se describe a continuación: a) Sitios contaminados que no tienen un programa de remediación aprobado Con base en una revisión al INSC realizada en 2025, la SEMARNAT ha identificado 274 sitios contaminados que no tienen un programa de remediación aprobado en el periodo 2008 a 2025. Es decir, sitios para los que se tiene identificada su contaminación, pero el responsable de esta no ha realizado el procedimiento para obtener una resolución favorable de su programa de remediación y poder realizar las acciones de remediación. Esto representa una extensión total de suelo de 3,702,202.41 m2 y un volumen de 10,771,046.01m3.9 b) Sitios contaminados en los que no se ha concluido la remediación Por otra parte, en el INSC se tienen registrados 840 sitios contaminados en los cuales los responsables de la remediación, a pesar de haber obtenido su resolución favorable del programa de remediación para realizar acciones en el sitio entre 2008 y 2025, no han efectuado su trámite de conclusión de remediación. Lo que representa una extensión total de suelo de 7,343,243.22 m2 y un volumen de 6,417,759.19 m3.10 En caso de requerir la intervención de la Federación, la SEMARNAT está facultada para llevar a cabo acciones de remediación, previa expedición de declaratoria de remediación de sitios hecha por el titular del Ejecutivo Federal. Para tal efecto, elaborará previamente los estudios que lo justifiquen. No se omite indicar que están obligadas a llevar a cabo las acciones de remediación, todas aquellas personas físicas o morales que hayan ocasionado la contaminación de sitios con materiales o residuos peligrosos, producto de las actividades relacionadas con la generación y manejo de materiales y residuos peligrosos. Con la finalidad de promover el cumplimiento referente a los sitios contaminados que no tienen un programa de remediación aprobado y los sitios contaminados en los que no se ha concluido la remediación, se llevará a cabo un plan de exhortos con la finalidad de solicitar de manera formal llevar a cabo las acciones correspondientes para obtener la aprobación de su propuesta de remediación y/o la conclusión de la remediación, sin omitir la importancia de exponer los motivos por los cuáles los promoventes no han llevado a cabo las actividades correspondientes para los dos casos enunciados. Asimismo, en cada caso, se mantendrá notificado a PROFEPA con la intención de que proceda conforme a sus atribuciones. En este tenor, las afectaciones en materia de salud, medio ambiente, vivienda y economía de las diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad se describen en la Figura 1: 9 Sitios con suelos contaminados y remediados. Disponible en: https://geoportal.semarnat.gob.mx/arcgisp/apps/webappviewer/index.html?id=6633959897c14220b90f1b92a6e11840 Fecha de consulta: enero 2026. 10 Sitios con suelos contaminados y remediados. Disponible en: https://geoportal.semarnat.gob.mx/arcgisp/apps/webappviewer/index.html?id=6633959897c14220b90f1b92a6e11840 Fecha de consulta: enero 2026. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 489 Figura 1. Principales afectaciones de los suelos contaminados Fuente: Elaboración propia con información publicada por Iberdrola.com. 2025. La contaminación del suelo, sus efectos sobre nuestro futuro y qué podemos hacer para reducirla. Disponible en: https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/contaminacion-del-suelo-causas-efectos-soluciones Fecha de consulta: enero 2026. 490 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Para atender estas problemáticas, es urgente implementar medidas de mitigación y restauración, para revertir, remediar los daños causados y promover la regeneración ambiental en el área de influencia, por lo que se ha planteado el Objetivo 1. Impulsar la actualización del Inventario Nacional de Sitios Contaminados en favor de la remediación de estos a nivel nacional. 5.2 Información sobre sitios remediados De acuerdo con la LGPGIR (Art. 5, fracción XXVIII), la remediación es un conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos. Asimismo, la remediación también se define como el proceso de restauración que se lleva a cabo para devolver las características con las que contaba previo al daño, sin embargo, cada suelo contaminado representa un caso único, debido a los distintos factores que intervienen, por ejemplo: el tipo de contaminante, el tipo de suelo, el clima, la topografía, la tecnología a aplicar o el uso de suelo. De acuerdo con la información a diciembre de 202511 se han remediado 1,249 sitios con distintos contaminantes, clasificados de la siguiente forma: Hidrocarburos (1,119), Ácidos y Bases (55), Metales y Metaloides (35), Mezcla de contaminantes (16), Otros contaminantes no normados (15), Solventes orgánicos (4), Plaguicidas (4) y Bifenilos policlorados (1). En la gráfica 5 se muestra la distribución porcentual de los sitios remediados: Gráfica 5. Distribución porcentual de los contaminantes en sitios remediados del país, 2025 Fuente: Elaboración propia con información publicada por la SEMARNAT. 2025. Sitios con Suelos Contaminados y Remediados DGGIMAR-DGPEEA. Disponible en: https://geoportal.semarnat.gob.mx/arcgisp/apps/webappviewer/index.html?id=6633959897c14220b90f1b92a6e11840 Fecha de consulta: enero 2026. Las acciones a ejecutar están alineadas con los 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, en particular, el PNRSC 2026-2030 contribuye transversalmente en la República XII. República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales del PND 2025-2030, en el ya citado compromiso 92. Limpieza y saneamiento de los 3 ríos más contaminados del país, por ello, de los 90 sitios identificados como contaminados se determinaron 10 sitios catalogados como críticos para atender su remediación (Tabla 2). 11 Sitios con suelos contaminados y remediados: Disponible en: https://geoportal.semarnat.gob.mx/arcgisp/apps/webappviewer/index.html?id=6633959897c14220b90f1b92a6e11840 Fecha de consulta: enero 2026. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 491 Tabla 2. Sitios críticos identificados con posible contaminación en las cuencas de los ríos Tula, Lerma Santiago y Atoyac, 2025 Sitios críticos identificados con posible contaminación en la cuenca del Río Tula Denominación Municipio y estado Posibles contaminantes en el sitio Área aprox. total del sitio (m²) 1.- Atotonilco de Tula- SC-RSU (Urbanos) Atotonilco de Tula de Allende, Hidalgo Productos derivados de petróleo (fracción media y pesada, y otros de baja movilidad) 1,126.00 2.- Atotonilco de Tula- Sitios con residuos sólidos Atotonilco de Tula de Allende, Hidalgo Hidrocarburos halogenados volátiles 5,650.00 3.- Chapa de Mota- Tiradero a cielo abierto Chapa de Mota, Estado de México Ácidos, bases y anhídridos, y residuos sólidos urbanos 65,104.00 4.- Oleoducto de 24" Ǿ Nueva Teapa-Tula-Salamanca Tezontepec de Aldama, Hidalgo Hidrocarburos 3,000.00 Sitios críticos identificados con posible contaminación en la cuenca del Río Lerma y Santiago 1.- El Salto** El Salto, Jalisco Gasolina 90.00 2.- Toluca** Toluca, Estado de México Hidrocarburos 2,154.77 3.- San Pedro Tlaquepaque San Pedro Tlaquepaque, Jalisco Productos derivados del petróleo (combustibles de avión y gasolinas) 2,800.00 4.- Guadalajara Guadalajara, Jalisco Productos derivados del petróleo (combustibles de avión y gasolinas) 40,000.00 Sitios críticos identificados con posible contaminación en la cuenca del Río Atoyac 1.- Nopalucan Nopalucan, Puebla Productos derivados de petróleo (fracción media y pesada y otros de baja movilidad) No especificado 2.- Muñoz de Domingo Arenas** Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala Hidrocarburos 404.00 ** Sitio registrado en el Inventario Nacional de Sitios Contaminados Fuente: Elaboración propia con información de la SEMARNAT. 2025. Sitios con Suelos Contaminados y Remediados DGGIMAR-DGPEEA. Para mantener el progreso de la remediación de los sitios contaminados se implementarán acciones que consistirán en: recabar la información necesaria mediante la caracterización de los sitios con la finalidad de identificar los tipos de contaminantes y sus concentraciones para posteriormente realizar los trabajos de remediación, los cuales garantizarán la protección al medio ambiente y minimizarán el riesgo de afectaciones a la salud de 1,205,499 habitantes. 12 Por lo anterior, se ha planteado el Objetivo 2. Reducir la cantidad de sitios contaminados propiedad de particulares, de entidades federativas y municipios, mediante su remediación, en beneficio de la salud de los ecosistemas y de la población. Cuenca del Río Sonora El Río Sonora presenta una problemática ambiental desde agosto de 2014, derivada del derrame de aproximadamente 40,000 m3 de lixiviados, compuestos por solución acidulada de sulfato de cobre, trazas de cobre y de otros metales disueltos en la Cuenca del Río Bacanuchi, afluente del Río Sonora, afectándose aproximadamente 288.8 km del cauce del río.13 12 INEGI. 2020. Censo de Población y Vivienda. México. Censo de Población y Vivienda (CPV) 2020 apartado Documentación, opción Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Principales_resultados_EUM.pdf Fecha de consulta: Abril de 2026 13 Documentación propia tomada del Programa de Remediación de la empresa Buena Vista de Cobre, S.A: de C.V. (2014), Estudio de caracterización del sitio afectado por el derrame de solución acidulada con sulfato de cobre de Buena Vista de Cobre, S.A. DE C.V., pp 5. 492 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Esta situación ha generado impactos significativos en la calidad ambiental de la cuenca, afectando la biota, la productividad agrícola y a su vez la seguridad alimentaria, constituyendo un riesgo potencial para el medio ambiente y la salud humana. Al respecto, y derivado de los compromisos presidenciales, la SEMARNAT por medio de la DGGIMAR, realizará el replanteamiento de acciones y medidas a las que se someterán las zonas contaminadas, para eliminar o reducir los contaminantes con la finalidad de garantizar el derecho a un medio ambiente sano para las y los habitantes de la región. Este sitio crítico se sumaría a los establecidos en la Tabla 1, dando un total de 11 sitios para atender. 5.3 Actualización de Instrumentos Normativos La normatividad vigente en el sector, ofrece una oportunidad estratégica de actualización, ya que muchas de sus disposiciones fueron diseñadas bajo condiciones tecnológicas, sociales y económicas, distintas a las actuales. La Norma NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 establece los criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por metales pesados y metaloides como arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio. Su objetivo es definir los límites de concentración para identificar y limpiar suelos que representen un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Dicha norma fue publicada en el DOF el 2 de marzo de 2007 y no ha sido modificada desde entonces. Modernizar este marco regulatorio permitirá contar con una normativa clara, que fortalezca los criterios de remediación e impulsen la innovación y fomenten la competitividad del país, garantizando la protección a la salud y medio ambiente sano de las y los mexicanos. Para realizar la actualización de la norma se requerirá la creación de grupos de trabajo en donde converjan distintas instancias de tipo gubernamental, instituciones de educación superior, actores privados, etc., para revisar los criterios de remediación total que consideren parámetros internacionales, y la inclusión de contaminantes que históricamente no han sido regulados. Asimismo, la actualización normativa facilitará la implementación efectiva de políticas públicas alineadas con los objetivos del PND 2025-2030. Para dar atención a esta problemática, se ha establecido el Objetivo 3. Mejorar los instrumentos normativos que regulan la remediación de sitios contaminados a través de su actualización garantizando un ambiente sano para la población del país. 5.4 Visión de largo plazo A partir del desarrollo del PNRSC 2026-2030, se fortalecerá de manera sustancial la capacidad institucional de la SEMARNAT para atender los pasivos ambientales que afectan la calidad del suelo, el agua y los ecosistemas, con esta premisa, el PNRSC 2026-2030 se alinea con el Eje General 4 del PND 2025- 2030, orientado a garantizar el bienestar ambiental. En este sentido, el Programa fortalecerá las capacidades locales y la articulación interinstitucional para enfrentar los desafíos que representan los sitios contaminados en el país. Se estima que, hacia el año 2030, la implementación de las medidas contempladas en el PNRSC 2026- 2030 permitirá contribuir de manera decisiva al saneamiento de los ríos más contaminados del país, en cumplimiento con el compromiso 92 de los Cien Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Asimismo, se coadyuvará a la gestión de acciones de remediación de suelo que reduzcan significativamente el número de sitios contaminados, priorizando aquellos que por su nivel de riesgo puedan representar mayor afectación para la población en general. Con estas acciones el Sector Medio Ambiente consolidará una política pública que garantice el derecho constitucional a un medio ambiente sano, promoviendo la equidad ambiental y la justicia social. Para 2045 se habrá avanzado de manera significativa en la remediación de sitios contaminados a nivel nacional, así como, en el saneamiento de la contaminación en las cuencas de los ríos del país, garantizando así el derecho a un medio ambiente sano y contribuyendo a equilibrar el cuidado de los ecosistemas y la salud de la población. El país contará con un INSC con información más confiable, detallada y precisa, que permita conocer de forma práctica y con mayor rapidez, la tendencia de la contaminación a nivel nacional, los factores que la están provocando, así como los volúmenes de suelo que se encuentran afectados; lo anterior, facilitará la toma de decisiones y el establecimiento de estrategias de prevención. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 493 6. Objetivos La SEMARNAT, a través de la DGGIMAR, se encargará de llevar a cabo los objetivos establecidos mediante la implementación de las estrategias y líneas de acción pertinentes, en concordancia con el PND 2025-2030. Para ello, trabajará en coordinación con las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como otros entes del sector ambiental de México, incluidas las unidades y órganos administrativos desconcentrados y descentralizados competentes de la SEMARNAT como son la PROFEPA, CONAGUA, INECC y ASEA. Asimismo, coordinará y colaborará con la Unidad Coordinadora de Proyectos Prioritarios, Vinculación Social y Derechos Humanos (UCPPVSDH) en la orientación y fortalecimiento de la participación pública en el PNRSC 2026-2030, y coadyuvará en otros que tengan relación con la prevención y control de la contaminación originada por uso y manejo de sustancias químicas, materiales peligrosos y residuos peligrosos. Se determinarán los criterios para el uso y manejo de sustancias químicas, manejo de residuos peligrosos, así como para la remediación de la contaminación del suelo por sustancias peligrosas, materiales peligrosos y residuos peligrosos, exceptuando los residuos a los que se refiera a las actividades del sector hidrocarburos. Objetivos del Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030 1.- Impulsar la actualización del Inventario Nacional de Sitios Contaminados en favor de la remediación de estos a nivel nacional. 2.- Reducir la cantidad de sitios contaminados propiedad de particulares, de entidades federativas y municipios, mediante su remediación, en beneficio de la salud de los ecosistemas y de la población. 3.- Mejorar los instrumentos normativos que regulan la remediación de sitios contaminados a través de su actualización garantizando un ambiente sano para la población del país. 6.1 Impulsar la actualización del Inventario Nacional de Sitios Contaminados en favor de la remediación de estos a nivel nacional Actualizar el Inventario Nacional de Sitios Contaminados permitirá conocer aquellos que sean de mayor interés nacional, lo que coadyuvará a la toma decisiones que favorezcan a la población más vulnerable, bajo el principio de prosperidad compartida que rige al Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Adicionalmente la actualización del inventario contribuye a la participación de México en los Convenios de Minamata y Estocolmo, en materia de remediación de sitios contaminados. Actualizar el inventario requiere de la participación de varias instituciones gubernamentales, como son la ASEA, INECC, PROFEPA y CONAGUA. Será la DGGIMAR la encargada de integrar la información. De acuerdo con el INSC con corte a diciembre de 2025, existen 1,114 sitios contaminados, de los cuales 953 se encuentran en áreas rurales y 161 en áreas urbanas.14 6.2 Reducir la cantidad de sitios contaminados propiedad de particulares, de entidades federativas y municipios, mediante su remediación, en beneficio de la salud de los ecosistemas y de la población Para garantizar el bienestar de la población, se deben promover acciones que reviertan la contaminación y recuperen la calidad y las condiciones naturales del suelo y el agua. Por lo que la SEMARNAT a través de la DGGIMAR, se encargará de promover la remediación de sitios contaminados propiedad de particulares a través de la gestión de exhortos enviados a los responsables de la remediación de sitios registrados en el INSC durante el periodo 2024-2025, así como, el seguimiento de cada trámite para la obtención de la aprobación y/o conclusión de su programa de remediación, además se atenderán aquéllos sitios propiedad de entidades federativas y municipios, entidades paraestatales en liquidación, etc. Se determinarán estrategias con las diferentes entidades en la materia para atender la remediación de sitios prioritarios, para dar cumplimiento al compromiso No. 92 de los 100 Compromisos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Es obligación de los propietarios o poseedores de los sitios contaminados llevar a cabo la remediación de estos, sean particulares o entidades públicas, conforme lo establece la normatividad y bajo el principio de cuidado al medio ambiente para garantizar el desarrollo y bienestar que rige al Segundo Piso de la Cuarta Transformación. La DGGIMAR podrá recurrir a la PROFEPA o, en su caso, a la CONAGUA, para solicitar, en el ámbito de sus competencias, realicen las gestiones necesarias para obligar a los responsables a la remediación. 14 Sitios con suelos contaminados y remediados: Disponible en: https://geoportal.semarnat.gob.mx/arcgisp/apps/webappviewer/index.html?id=6633959897c14220b90f1b92a6e11840 Fecha de consulta: enero 2026. 494 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 6.3 Mejorar los instrumentos normativos que regulan la remediación de sitios contaminados a través de su actualización garantizando un ambiente sano para la población del país La revisión de los instrumentos normativos permitirá fortalecer las medidas para mantener el bienestar de la población, al realizar la mejora regulatoria que permita imponer medidas más estrictas para asegurar la calidad de vida de la población y del medio ambiente y se asegure la existencia de un Estado de derecho en el que se garanticen los derechos humanos, los cuales son irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con los principios que rigen al Segundo Piso de la Cuarta Transformación. En México, existen regulaciones que permiten fortalecer el marco jurídico en materia de sitios contaminados: las NOM´s y los Estándares, de acuerdo a la Ley de Infraestructura de Calidad (LIC). La aplicación de las NOM´s es de observancia obligatoria y son elementos fundamentales para consolidar el marco jurídico, ya que establecen los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos o criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por metales, los lineamientos para el muestreo para la caracterización de sitios contaminados y establecen especificaciones para la remediación. Por lo tanto, establecen los límites o concentraciones que no se deben rebasar y dan certidumbre a la efectividad de los resultados de la remediación de sitios contaminados. Las NMX o Estándares, son documentos técnicos que prevén un uso común y repetido de reglas, especificaciones, atributos o métodos de prueba aplicables a un bien, producto, proceso o servicio. Para sitios contaminados se establecen, en el caso de los hidrocarburos, métodos para el análisis de contaminantes, y en el caso de metales, las especificaciones generales para el muestreo de suelos. Es de resaltar que las NOM son complementadas por las NMX o Estándares las cuales, por regla general, son de aplicación voluntaria excepto cuando se requiera su observancia obligatoria mediante referencia expresa en una NOM para los fines determinados por la misma. En México se han publicado diez normas que regulan la gestión de los suelos contaminados, dos que regulan la gestión en agua contaminada y dos que regulan la protección de acuíferos (Ver Anexo 1). 6.4 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados PNRSC 2026-2030 El PNRSC 2026-2030 se vincula a los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. El PNRSC 2026-2030 coadyuva con los objetivos centrados en los derechos de las personas y la prevención, control y mitigación de los impactos ambientales. A continuación, se muestra la contribución de los tres Objetivos del presente Programa Especial al cumplimiento de los objetivos y estrategias del PND 2025-2030. Asimismo, y de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Planeación (LP), y de acuerdo con en el PND 2025-2030, en su Eje General 4. Desarrollo sustentable, los programas derivados del mismo, como es el caso de PNRSC 2026-2030, deben ser elaborados por las dependencias y entidades de acuerdo con su ámbito de atribución y con fundamento en las leyes vigentes. Objetivos del Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 2030 Objetivo 1. Impulsar la actualización del Inventario Nacional de Sitios Contaminados en favor de la remediación de estos a nivel nacional. 4.3 4.3.3 y 4.3.4 Objetivo 2. Reducir la cantidad de sitios contaminados propiedad de particulares, de entidades federativas y municipios, mediante su remediación, en beneficio de la salud de los ecosistemas y de la población. 4.3 4.3.3 y 4.3.4 Objetivo 3. Mejorar los instrumentos normativos que regulan la remediación de sitios contaminados a través de su actualización garantizando un ambiente sano para la población del país. 4.3 4.3.7 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 495 7. Estrategias y líneas de acción Objetivo 1. Impulsar la actualización del Inventario Nacional de Sitios Contaminados en favor de la remediación de estos a nivel nacional Estrategia 1.1 Integrar información estratégica de sitios contaminados por materiales o residuos peligrosos para reducir la contaminación en suelos nacionales Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.1 Analizar la información de sitios contaminados en zonas rurales y urbanas con base en las solicitudes de remediación. SEMARNAT, ASEA, CONAGUA e INECC 1.1.2 Registrar la información de sitios contaminados en zonas rurales y urbanas con base en las solicitudes de remediación coadyuvando a la protección de su población. SEMARNAT 1.1.3 Retirar del INSC aquellos sitios que fueron remediados. SEMARNAT 1.1.4 Actualizar el inventario de sitios remediados con base en la información obtenida. SEMARNAT Estrategia 1.2 Desarrollar la investigación documental y de campo sobre los ríos más contaminados del país, relacionados con los compromisos presidenciales, en pro de la remediación de los suelos contaminados en sus cuencas Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.1 Integrar la información documental actualizada sobre sitios contaminados relacionados con las cuencas de los ríos Tula, Lerma-Santiago y Atoyac, tres de los ríos más contaminados del país, a través de datos con los que cuenta la SEMARNAT. SEMARNAT 1.2.2 Recabar información de campo sobre sitios contaminados en las cuencas de los ríos Tula, Lerma-Santiago y Atoyac mediante visitas estratégicas a las zonas contribuyendo a la política de cambio climático. SEMARNAT 1.2.3 Registrar los sitios contaminados de las cuencas de los ríos Tula, Lerma-Santiago y Atoyac en el INSC. SEMARNAT 1.2.4 Establecer y definir un plan de trabajo para la ejecución de actividades de remediación en las cuencas de los ríos Tula, Lerma-Santiago, Atoyac y Sonora. SEMARNAT Objetivo 2. Reducir la cantidad de sitios contaminados propiedad de particulares, de entidades federativas y municipios, mediante su remediación, en beneficio de la salud de los ecosistemas y de la población Estrategia 2.1 Impulsar la remediación de sitios contaminados registrados en el INSC para reducir la contaminación en el país Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.1 Simplificar requisitos de los trámites para obtener la aprobación y conclusión del programa de remediación. SEMARNAT 496 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.2 Digitalizar la documentación de los trámites, para obtener la aprobación y conclusión de programa de remediación, por medio de un portal virtual. SEMARNAT 2.1.3 Implementar acciones de promoción para obtener la aprobación y/o conclusión de su programa de remediación, mediante los exhortos y las respuestas recibidas de los mismos, y/o la inspección y verificación cuando así corresponda SEMARNAT y PROFEPA Estrategia 2.2 Implementar las acciones de remediación de los sitios considerados como críticos ubicados en las cuencas de los ríos Tula, Lerma-Santiago, Atoyac y Sonora para reducir la contaminación en el país. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.1 Desarrollar el plan de trabajo ejecutando las acciones de remediación, así como su seguimiento, en los sitios considerados como críticos ubicados en la cuenca del río Tula. SEMARNAT 2.2.2 Desarrollar el plan de trabajo ejecutando las acciones de remediación, así como su seguimiento, en los sitios considerados como críticos ubicados en la cuenca del río Lerma-Santiago. SEMARNAT 2.2.3 Desarrollar el plan de trabajo ejecutando las acciones de remediación, así como su seguimiento, en los sitios considerados como críticos ubicados en la cuenca del río Atoyac. SEMARNAT 2.2.4 Desarrollar el plan de trabajo ejecutando las acciones de remediación, así como su seguimiento, en los sitios considerados como críticos ubicados en la cuenca del río Sonora. SEMARNAT Objetivo 3. Mejorar los instrumentos normativos que regulan la remediación de sitios contaminados a través de su actualización garantizando un ambiente sano para la población del país Estrategia 3.1 Fortalecer el marco normativo para la remediación de sitios contaminados mediante su actualización, para favorecer a la población en riesgo cercana a estos Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.1 Analizar la vigencia del marco normativo actual, mediante los mecanismos de mejora regulatoria para determinar la factibilidad de su validación, modificación o cancelación. SEMARNAT 3.1.2 Identificar áreas de mejora en el marco normativo de la remediación de sitios contaminados de México, mediante su comparación con información histórica y/o con las normativas de otros países. SEMARNAT 3.1.3 Desarrollar el proceso de actualización del instrumento normativo que establece los criterios de remediación de sitios contaminados de México, contribuyendo a equilibrar el cuidado de los ecosistemas y salud de la población. SEMARNAT Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 497 8. Indicadores y metas Indicador 1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 1.1 Porcentaje de sitios contaminados actualizados a nivel nacional. Objetivo Impulsar la actualización del Inventario Nacional de Sitios Contaminados en favor de la remediación de estos a nivel nacional. Definición o descripción Mide el número de sitios contaminados que son actualizados en el INSC representado en porcentaje en el periodo 2026-2030. Derecho asociado CPEUM artículo 4o., Derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Enero del año siguiente al que se reporta la medición Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero - diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 618.- Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas Método de cálculo PSCA= (NSCA/NTSCR) *100 Donde: PSCA: Porcentaje de Sitios Contaminados Actualizados en el periodo 2026-2030. NSCA: Número de Sitios Contaminados Actualizados al año t. NTSCR: Número total de sitios contaminados registrados en el INSC al cierre de 2025. Observaciones El número de sitios contaminados registrados en el inventario nacional con corte a diciembre de 2025, con un valor de 1, 114, que servirán como base o referencia para el periodo 2026-2030. Es importante mencionar que cada sitio se actualiza solo una vez. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de sitios contaminados actualizados al año t. Valor variable 1 0 Fuente de información variable 1 Inventario Nacional de Sitios Contaminados Nombre variable 2 Número total de sitios contaminados registrados en el INSC al cierre de 2025 Valor variable 2 1,114 Fuente de información variable 2 Inventario Nacional de sitios Contaminados Sustitución en método de cálculo PSCA= (0/1,114) *100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 Este indicador es de reciente creación. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 17 Para 2030 serán actualizados 187 sitios contaminados que corresponde al 17% de los 1,114 sitios contaminados al corte de diciembre de 2025 considerados como línea base. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 0 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 3.4 6.8 10.4 13.6 17 498 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 1.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de sitios críticos en las cuencas registrados en el Inventario Nacional de Sitios Contaminados. Objetivo Impulsar la actualización del Inventario Nacional de Sitios Contaminados en favor de la remediación de estos a nivel nacional. Definición o descripción Mide el número de sitios contaminados considerados como críticos que ingresan al INSC, ubicados en las cuencas de los ríos Tula, Lerma Santiago y Atoyac representado en porcentaje. Derecho asociado CPEUM artículo 4o., Derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Enero del año siguiente al que se reporta la medición Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero-diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 618.- Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas Método de cálculo PSCCR = (RSCC / SCICDC) x 100 Donde: PSCCR: Porcentaje de Sitios Críticos Contaminados Registrados. RSCC: Registro de Sitios Contaminados Críticos. SCICDC: Sitios Contaminados Identificados como Críticos Dentro de las Cuencas. Observaciones La diferencia del indicador 1.1 y 1.2 radica en que el indicador 1.2 aplica únicamente para los sitios identificados como contaminados de las cuencas de los tres ríos objetivo del compromiso 92 del PND. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Registro de sitios contaminados críticos Valor variable 1 0 Fuente de información variable 1 INSC de la DGGIMAR Nombre variable 2 Sitios Contaminados Identificados como Críticos Dentro de las Cuencas Valor variable 2 10 Fuente de información variable 2 Registro en la DGGIMAR Sustitución en método de cálculo PSCCR = [0/10] x 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 El indicador es de nueva creación, por lo que no cuenta con línea base. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 100 Se identificaron 10 sitios como críticos dentro de las Cuencas, por lo que se espera cumplir la meta total en el 2030. Esta meta está sujeta a la disponibilidad de recursos económicos. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 0 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 40 40 60 60 100 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 499 Indicador 2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de Sitios contaminados que a través del análisis de las respuestas a exhortos enviados en el periodo 2024- 2025 podrían obtener la aprobación y/o la conclusión de su Programa de Remediación. Objetivo Reducir la cantidad de sitios contaminados propiedad de particulares, de entidades federativas y municipios, mediante su remediación, en beneficio de la salud de los ecosistemas y de la población. Definición o descripción Número de sitios contaminados con programas y/o conclusiones aprobadas derivado de los exhortos enviados en el periodo 2024-2025 y de los que se obtuvo respuesta favorable en el periodo 2026-2030 representado en porcentaje. Derecho asociado CPEUM artículo 4o., Derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Enero del año siguiente al que se reporta la medición Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 618.- Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas Método de cálculo PSCAPRC=(SCAPRCEx/SCIP)*100 Donde: PSCAPRC: Porcentaje de Sitios contaminados que obtendrán la aprobación de su programa de remediación y/o de la conclusión derivado de los exhortos enviados en el periodo 2024-2025. SCAPRCEx : Sitios contaminados del periodo 2024-2025 que obtuvieron la aprobación de su programa de remediación y/o la conclusión a través de los exhortos en el periodo 2026-2030. SCIP: Sitios contaminados identificados en el periodo 2024-2025 a los que les envío exhorto. Observaciones No hay observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Sitios contaminados del periodo 2024-2025 que obtuvieron la aprobación de su programa de remediación y/o de la conclusión a través de los exhortos en el periodo 2026-2030 Valor variable 1 3 Fuente de información variable 1 INSC de la DGGIMAR Nombre variable 2 Sitios Contaminados Identificados en el Periodo 2024-2025 a los que se envió exhorto Valor variable 2 60 Fuente de información variable 2 INSC de la DGGIMAR Sustitución en método de cálculo PSCAPRC = 3/60*100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 5 Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 50 Se considera que un total de 30 sitios obtendrán la aprobación del programa de remediación y/o de la conclusión del programa de remediación, lo que representa un 50% del total de los sitios identificados en el periodo. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 5 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 10 20 30 40 50 500 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 2.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de sitios remediados considerados como críticos propiedad de la federación, o de entidades federativas o municipios ubicados en las cuencas. Objetivo Reducir la cantidad de sitios contaminados propiedad de particulares, de entidades federativas y municipios, mediante su remediación, en beneficio de la salud de los ecosistemas y de la población. Definición o descripción Mide el número de sitios remediados considerados como críticos que ingresan al INSR, ubicados en las cuencas de los ríos Tula, Lerma Santiago, Atoyac y Sonora representado en porcentaje. Derecho asociado CPEUM artículo 4o., Derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Enero del año siguiente al que se reporta la medición Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero-diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 618.- Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas Método de cálculo PSR = (SCRC / SCICDC) *100 Donde PSR: Porcentaje de Sitios Remediados. SCRC: Sitios Contaminados Remediados considerados como críticos en el periodo 2026-2030. SCICDC: Sitios Contaminados Identificados como Críticos Dentro de las Cuencas. Observaciones Cada sitio remediado se contabiliza una sola vez durante el periodo de medición. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Sitios Contaminados Remediados considerados como críticos en el periodo 2026-2030 Valor variable 1 0 Fuente de información variable 1 INSC de la DGGIMAR Nombre variable 2 Sitios Contaminados Identificados como Críticos Dentro de las Cuencas Valor variable 2 11 Fuente de información variable 2 INSC de la DGGIMAR Sustitución en método de cálculo PSR = (0/11)*100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 El indicador es de nueva creación, por lo que no cuenta con línea base. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 27 Se realizará la remediación de tres sitios contaminados prioritarios comprometidos, ubicados dentro de las cuencas de los ríos más contaminados del país. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 0 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 0 9 9 18 27 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 501 Indicador 3.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de actualización del Instrumento Normativo para la remediación de sitios contaminados. Objetivo Mejorar los instrumentos normativos que regulan la remediación de sitios contaminados a través de su actualización garantizando un ambiente sano para la población del país. Definición o descripción Porcentaje de avance de las acciones realizadas respecto a las acciones programadas en el proceso de actualización de la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004. Derecho asociado CPEUM artículo 4o., Derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Enero del año siguiente al que se reporta la medición Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero-diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 618.- Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas Método de cálculo PAAIN= (NARt / NAPt) x 100 Donde: PAAIN: Porcentaje de avance en la actualización del instrumento normativo. NARt: Número de acciones realizadas al año t NAPt: Número de acciones programadas al año t Observaciones Donde t es igual al año de reporte APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de acciones realizadas al año t Valor variable 1 0 Fuente de información variable 1 DGGIMAR Nombre variable 2 Número de acciones programadas al año t Valor variable 2 5 Fuente de información variable 2 DGGIMAR Sustitución en método de cálculo PAAIN = (0/5) x 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 El indicador es de nueva creación, por lo que no cuenta con línea base. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 100 Se revisará o modificará una NOM. La meta se refiere a la etapa de envío de las respuestas a comentarios y norma definitiva a la UCAJ, toda vez que la publicación en el DOF no depende de la SEMARNAT. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 0 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 10 20 60 80 100 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Comisión Nacional del Agua. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 502 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 ANEXO 1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y los Estándares. No. Norma Nombre Normas Oficiales Mexicanas que regulan la gestión de suelos contaminados 1 NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 Establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio. 2 NOM-052-SEMARNAT-2005 Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 3 NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 Establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y los lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación. 4 NOM-133-SEMARNAT-2015 Protección ambiental-Bifenilos Policlorados (BPCs)-Especificaciones de manejo. Estándares que regulan la gestión de suelos contaminados No. Norma Nombre 1 NMX-AA-134-SCFI-2006 Suelos – Hidrocarburos Fracción Pesada por extracción y gravimetría – método de prueba. 2 NMX-AA-145-SCFI-2008 Suelos - Hidrocarburos Fracción Media por cromatografía de gases con detector de ionización de flama – método de prueba. 3 NMX-AA-146-SCFI-2008 Suelos - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) por cromatografía de gases/espectrometría de masas (CG/EM) o cromatografía de líquidos de alta resolución con detectores de fluorescencia y ultravioleta visible (UV-VIS) – método de prueba. 4 NMX-AA-105-SCFI-2014 Suelos - Hidrocarburos Fracción Ligera por cromatografía de gases con detectores de ionización de flama o espectrometría de masas (Cancela a la NMX-AA-105-SCFI-2008). 5 NMX-AA-141-SCFI-2014 Suelos – Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos (BTEX) por cromatografía de gases con detectores de espectrometría de masas y fotoionización método de prueba (Cancela a la NMX-AA-141-SCFI-2007). 6 NMX-AA-132-SCFI-2016 Muestreo de suelos para la identificación y la cuantificación de metales y metaloides, y manejo de la muestra (Cancela a la NMX-AA-132-SCFI-2006). Normas Oficiales Mexicanas que regulan la gestión en aguas contaminadas y acuíferos No. Norma Nombre 1 NOM-001-SEMARNAT-2021 Que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación. 2 NOM-002-SEMARNAT-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 3 NOM-003-CONAGUA-1996 Requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos. 4 NOM-004-CONAGUA-1996 Requisitos para la protección de acuíferos durante el mantenimiento y rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos en general. ________________________________ Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 503 PROGRAMA Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2026-2030. PROGRAMA NACIONAL DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 2026-2030 1. Índice 1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo 5. Diagnóstico de la situación actual y visión a largo plazo 6. Objetivos 6.1 Relevancia del objetivo 1: Aumentar la sustentabilidad del campo cañero en México. 6.2 Relevancia del objetivo 2: Mejorar la estabilidad de las condiciones de mercado de productos y derivados de la caña de azúcar en beneficio del sector de la agroindustria de la caña de azúcar mexicana. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Diversificar el aprovechamiento de la caña de azúcar para la producción de biocombustibles a nivel nacional. 6.4 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2026-2030 7. Estrategias y líneas de acción 8. Indicadores y metas 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el programa 10. Referencias 2. Señalamiento del origen de los recursos del programa La totalidad de las acciones que se consideran en el programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, el reporte y la rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo. 3. Siglas y acrónimos AFAC Agencia Federal de Aviación Civil. AFU Clave de Unidad Responsable asignada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para referirse al CONADESUCA con fines de programación y presupuesto. AGRICULTURA Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. CICTCAÑA Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar. CIDCA Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de Azúcar, A.C. CFE Comisión Federal de Electricidad. CNE Comisión Nacional de Energía. CONAGUA Comisión Nacional del Agua. CONTRATO UNIFORME Contrato Uniforme de Compraventa y de siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar. CONTRATO 11 Instrumento financiero estandarizado que se negocia en el mercado de futuros de Estados Unidos y que sirve como referencia del precio de azúcar crudo destinado al mercado mundial. 504 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 CONTRATO 16 Instrumento financiero estandarizado que se negocia en el mercado de futuros de Estados Unidos y que sirve como referencia del precio de azúcar crudo destinado al mercado de Estados Unidos. CONAFOR Comisión Nacional Forestal. CONADESUCA Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. CPCC Comités de Producción y Calidad Cañera. CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CNIAA Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera. DGSIAP Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. EE. UU. Estados Unidos de América. IMMEX Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Ingenio o Ingenios azucareros La planta industrial dedicada al procesamiento, transformación e industrialización de la caña de azúcar. INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. JMRF Jarabe de Maíz Rico en Fructosa. LDSCA Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. PEMEX Petróleos Mexicanos. PND 2025-2030 Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. PRONAC 2026-2030 Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2026-2030. ECONOMÍA Secretaría de Economía. SECIHTI Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional. SEGOB Secretaría de Gobernación. SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. SENER Secretaría de Energía. SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SICT Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. SRE Secretaría de Relaciones Exteriores. SSPC Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social. SAF Biocombustibles Sostenibles de Aviación, por sus siglas en inglés. SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. SIIBA Sistema de Información para la Integración del Balance Azucarero. SNICS Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. T-MEC Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá. UNAM Universidad Nacional Autónoma de México UNC-CNPR Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales. UNPCA Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, A.C. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 505 4. Fundamento normativo Los artículos 25 y 26, apartado A, de la CPEUM establecen, respectivamente, que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y del empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, y que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. El artículo 27, fracción XX, de la CPEUM establece que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural, cultural, económico y de salud, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina su bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional. La Ley de Planeación establece en sus artículos 1, 9 y 22, respectivamente, las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo con perspectiva intercultural y de género y, establece que el PND indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados, sin perjuicio de aquellos cuya elaboración se encuentre prevista en las leyes. El artículo 12 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable determina que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y la conducción de la política de desarrollo rural sustentable, las cuales se ejercerán por conducto de las dependencias y entidades del Gobierno Federal y mediante los convenios que éste celebre con los gobiernos de las entidades federativas, y a través de éstos, con los gobiernos municipales. En cumplimiento a lo anterior, la elaboración y emisión del PRONAC 2026-2030, se sujetó a las previsiones contenidas en el PND 2025-2030 y a lo señalado en los artículos 4 y 8 de la LDSCA. La dependencia responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del PRONAC 2026-2030 será AGRICULTURA, a través de la Coordinación General de Producción, Comercialización, Sustentabilidad e Innovación, la cual preside la Junta Directiva del CONADESUCA; organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia sectorizado a AGRICULTURA, cuyo objeto es coordinar y realizar todas las actividades relacionadas a la agroindustria de la caña de azúcar. Adicionalmente, en cumplimiento de los compromisos internacionales de México en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), en particular a los ODS ( 7, 8 y 13) el PRONAC 2026-2030, contribuirá de manera directa a la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, a fin de garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos, así como a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos. Además de la normatividad señalada en párrafos anteriores, el PRONAC 2026-2030 se emite en el marco legal que de manera enunciativa más no limitativa se menciona a continuación: • T-MEC. • Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículos 1, 2, 8, 11, 14, 46 y 47. • Ley de Biocombustibles: artículos 1, 7, 25. • Ley de Comercio Exterior: artículos 1 a 98. • Ley Federal del Trabajo: artículos 2, 5, 153-A a 153-X, 173 a 180, 279 a 284, 404 a 421, 509 a 512-G. • Ley del Seguro Social: artículos 222 a 236. • Reglamento Interior de la AGRICULTURA. • ACUERDO por el que se sujeta a permiso previo la exportación de azúcar y se establece un cupo máximo para su exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre de 2017 y sus modificaciones el 27 de diciembre de 2020 y el 22 de noviembre de 2022. 506 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 5. Diagnóstico de la situación actual y visión a largo plazo El cultivo y aprovechamiento de la caña de azúcar es la única actividad agroindustrial que está regulada por una ley: la LDSCA. Su aplicación ha permitido la estabilidad del sector, al definir las responsabilidades que tienen las partes que conforman esta agroindustria; los Abastecedores de Caña, los Ingenios Azucareros y el CONADESUCA tienen claramente definidas sus atribuciones en la LDSCA. No obstante, resulta necesario actualizar dicha ley y elaborar su reglamento. El CONADESUCA es un organismo público descentralizado dependiente de la Administración Pública Federal que coordina y realiza todas las actividades relacionadas con la agroindustria de la caña de azúcar, previstas en la LDSCA. En cumplimiento a sus atribuciones y responsabilidades, el CONADESUCA formula el PRONAC 2026-2030, y en su elaboración participan la representación de las Organizaciones Nacionales de Abastecedores de Caña de Azúcar y la representación de la CNIAA. El cultivo y aprovechamiento de la caña de azúcar en México tiene una antigüedad de más de 500 años (Ganem, 1967).1 En el ciclo azucarero octubre 2024 a septiembre de 2025, esta actividad productiva se extendió en 16 entidades de la república mexicana y en 290 municipios para abastecer a 47 ingenios azucareros. Adicionalmente, se cultiva caña para abastecer a plantas productoras de alcohol, elaborar piloncillo y, en pequeñas áreas, para consumo en fresco (García, 1997).2 El principal producto que se obtiene de la caña de azúcar es la sacarosa, un disacárido compuesto de glucosa y fructosa. El azúcar de caña se obtiene en diferentes calidades dependiendo de su pureza: azúcar refinada, azúcar estándar, azúcar blanco especial, azúcar mascabado y azúcar crudo (para exportación), y los derivados que se obtienen del procesamiento de la caña como el bagazo, la cachaza y la miel final, entre otros. Con base en la información entregada por los CPCC al CONADESUCA, actualmente se cultivan más de 800 mil hectáreas para la producción de caña de azúcar que se destina a los ingenios azucareros, encontrándose en condiciones de temporal el 60%, con riego de auxilio un 20%, y con riego normal un 20%; los ciclos de cultivo son planta, soca y resoca. Estas cifras cambian cada zafra, dependiendo de muchos factores, siendo el más importante el comportamiento del clima. La mayor producción de caña y azúcar de la historia de la agroindustria se obtuvo en la zafra 2012/13, siendo de casi 7 millones de toneladas de azúcar, con una superficie industrializada de 780 mil hectáreas. En contraste, la zafra 2024/25 tuvo una producción de más de 4.7 millones de toneladas, con una superficie industrializada récord de 736 mil hectáreas, lo anterior derivado de una sequía prolongada en el período de 2020 a 2024. La diferencia entre los valores observados para la producción de caña entre las zafras 2012/13 y la 2024/25 es de 15.5 millones de toneladas, mientras que la diferencia en producción de azúcar fue de 2.20 millones de toneladas, -26.2% y -31.6% respectivamente para el ciclo más reciente. El Cuadro 1 muestra las cifras registradas en las zafras 2012/13 a 2024/25: Cuadro 1. Agroindustria de la Caña de Azúcar, producción de caña, azúcar y coproductos. Zafra Superficie Industrializada en hectáreas (ha) Producción (toneladas y millones de litros) Caña Neta (t) Azúcar (t) Bagazo Obtenido (t) Miel Final 85º Brix producida (t) Alcohol (l) 2012/13 780,254 59,011,397 6,974,799 17,552,636 2,353,352 16.686 2013/14 790,481 52,246,817 6,021,292 15,473,161 2,020,019 17.608 2014/15 783,515 51,520,047 5,984,961 15,166,887 1,832,855 8.412 2015/16 778,930 52,085,149 6,117,048 15,294,620 1,975,715 12.029 2016/17 777,078 51,156,048 5,957,170 15,222,471 2,027,671 13.816 1017/18 784,661 51,218,400 6,009,520 15,187,269 1,955,387 9.122 2018/19 804,060 54,757,557 6,425,919 16,052,257 2,190,259 13.771 2019/20 783,486 47,265,093 5,278,320 14,125,646 1,962,718 12.112 2020/21 789,996 49,144,354 5,715,448 14,734,766 2,011,990 15.531 2021/22 799,774 52,319,940 6,185,050 15,817,694 2,178,131 11.847 2022/23 806,193 45,498,865 5,224,248 13,803,205 1,872,606 5.285 2023/24 743,119 44,026,929 4,703,547 13,574,862 1,928,820 0.799 2024/25 736,486 43,524,749 4,770,525 13,484,346 1,990,247 10.422 Fuente: CONADESUCA, Informe estadístico del sector agroindustrial de la caña de azúcar en México, zafras 2012/13 a 2024/25.3 1 Ganem, N. M. (1967). Evolución histórica de la industria azucarera mexicana. [México: Imprenta Nuevo Mundo]. 2 García Chávez, L. R. (1997). La agroindustria azucarera de México frente a la apertura comercial. Chapingo, México: Universidad Autónoma Chapingo (UACh). 3 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2024). Informe estadístico del sector agroindustrial de la caña de azúcar en México, zafras 2012/13 a 2024/25. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/dieproc-informes-estadisticos-del-sector-agroindustrial-de-la-cana-de-azucar-en-mexico Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 507 En el período 2012/13 a 2024/25, no solo bajó el rendimiento en campo, sino que también las cañas se procesaron con menor calidad. Los principales indicadores productivos de la Agroindustria de la Caña de Azúcar en las últimas 13 zafras muestran un comportamiento con tendencia a la baja (Cuadro 2). Cuadro 2. Principales indicadores productivos de la Agroindustria de la Caña de Azúcar. Zafra RC RF RAI SCA FCA PZA PTS TPT KARBE t/ha % t/ha % % % % % Kg/tcn 2012/13 78.742 11.352 8.939 13.680 13.152 81.690 2.355 17.34 119.325 2013/14 68.729 11.083 7.617 13.388 13.137 82.073 2.338 19.89 117.134 2014/15 68.409 11.166 7.639 13.356 13.178 82.596 2.229 21.98 117.047 2015/16 69.568 11.288 7.853 13.485 13.089 82.587 2.235 17.47 118.232 2016/17 68.601 11.175 7.666 13.454 13.194 82.196 2.322 17.64 117.784 2017/18 67.973 11.267 7.659 13.533 13.262 82.391 2.318 18.90 118.493 2018/19 70.936 11.266 7.992 13.541 13.086 82.077 2.324 15.53 118.489 2019/20 62.891 10.712 6.737 13.033 13.285 81.263 2.368 17.37 113.434 2020/21 64.928 11.143 7.235 13.464 13.481 81.908 2.369 15.49 117.618 2021/22 68.370 11.311 7.734 13.625 13.623 82.225 2.366 16.17 119.344 2022/23 58.998 10.984 6.480 13.309 13.530 81.877 2.374 18.33 116.418 2023/24 62.028 10.204 6.329 12.665 13.665 80.071 2.499 22.10 109.548 2024/25 62.119 10.427 6.477 12.960 13.766 80.353 2.577 18.50 112.677 En donde: RC: rendimiento en campo por unidad de superficie (t/ha) RF: rendimiento en fábrica (%) RAI: rendimiento agroindustrial (t azúcar por ha) SCA: sacarosa en caña (%) FCA: fibra en caña (%) PZA: pureza del jugo mezclado (%) PTS: pérdidas totales de sacarosa (%) TPT: tiempo perdido total (%) KARBE: kg/tcn. Kilogramos de azúcar recuperable base estándar por toneladas de caña neta (KARBE teórico). Fuente: CONADESUCA, Informe estadístico del sector agroindustrial de la caña de azúcar en México, zafras 2012/13 a 2024/25.4 Es evidente que la productividad del campo cañero y de los ingenios azucareros se ha reducido, cada uno de los parámetros que se presentan en el Cuadro 2 muestran una contracción desde la zafra 2012/13 a la zafra 2024/25. Las causas de esta reducción son diversas. La interacción de factores climáticos, agronómicos y de gestión del campo cañero ha contribuido de manera acumulativa a los resultados observados. En el apartado siguiente se analizan los principales factores que han incidido en la agroindustria de la caña de azúcar y que explican su situación actual. Características de la producción de la caña de azúcar El cultivo de la caña de azúcar se extiende en 844.7 mil hectáreas, en promedio, y anualmente se cosechan también en promedio de 783 mil hectáreas para abastecer a los ingenios azucareros.5 De acuerdo con las cifras reportadas por la DGSIAP, en 2023 la superficie sembrada y cosechada de caña de azúcar se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional, solo después del maíz en grano. El valor de la producción en ese año fue de 52,936 millones de pesos, equivalentes al 30% del valor de la producción de maíz en grano (DGSIAP, 2024).6 4 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2024). Informe estadístico del sector agroindustrial de la caña de azúcar en México, zafras 2012/13 a 2024/25. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/dieproc-informes-estadisticos-del-sector-agroindustrial-de-la-cana-de-azucar-en-mexico 5 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2024). Información proporcionada por los Comités de Producción y Calidad Cañera: Ciclo azucarero 2024/2025. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 6 Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. (2024). Estadísticas de producción agroalimentaria y pesquera 2024. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. https://nube.agricultura.gob.mx/cierre_agricola/ 508 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 En el contexto internacional, México se ubica entre los diez principales productores de azúcar, por lo que su contribución al mercado mundial ha sido significativa durante la última década. No obstante, la mayor relevancia de la producción de caña de azúcar en el país radica en su importancia económica y social, ya que constituye el sustento de miles de familias desde la época colonial hasta la actualidad. La LDSCA ha contribuido a la estabilidad del sector al definir las responsabilidades que tienen las partes que conforman esta agroindustria: los abastecedores de caña, los ingenios azucareros y el CONADESUCA. No obstante, el relajamiento en el cumplimiento de los compromisos entre abastecedores de caña y los ingenios azucareros definidos en la LDSCA, y la falta de un capítulo de sanciones en la ley de mérito, ha hecho que cada vez menos personas productoras de caña e ingenios azucareros cumplan con los compromisos establecidos en la ley; por ejemplo, un número creciente de personas productoras de caña no firman el Contrato Uniforme, estableciéndose como “productores libres”; mientras que varios ingenios y los CPCC incumplen con la entrega de información oportuna, consistente y completa al CONADESUCA. Estas deficiencias en la información limitan el cumplimiento de las atribuciones que tiene el CONADESUCA conferidas en la LDSCA. Otro claro ejemplo lo representa la integración de los estimados de producción de caña y azúcar. Los estimados son fundamentales para la planeación de cada ciclo productivo: el procedimiento implica la proyección de la superficie que se estima cosechar en la zafra y los rendimientos en campo, para calcular la cantidad de caña que se espera cosechar; la cantidad de caña se multiplica por el rendimiento en fábrica esperado en los ingenios azucareros y con esos valores se estima la producción azucarera de la zafra. Una estrategia desarrollada por los grupos de trabajo del CONADESUCA, y aprobada por unanimidad en la Junta Directiva, para dimensionar y ordenar el campo cañero y la producción de azúcar en los ingenios azucareros, consiste en la determinación de la superficie de referencia; concepto y procedimiento de cálculo incorporado en los lineamientos de exportación aprobados por la Junta Directiva en su Vigésima Octava Sesión Ordinaria del 18 de diciembre de 2014 mediante Acuerdo 3-14-EX24/11/14 y su modificación aprobada en la Décimo Octava Sesión Extraordinaria, realizada el 2 de mayo de 2024, mismos que entrarán en vigor a partir del Ciclo Azucarero 2025-2026.7 Con esta estrategia se pretende tener claramente dimensionado el campo cañero y coadyuvar a su ordenamiento, para que cada ingenio tenga perfectamente cuantificada su zona de abasto y se evite la “piratería de caña” entre los ingenios, procurando que toda la caña que se procesa en un ingenio tenga su Contrato Uniforme de acuerdo con lo que establece la LDSCA. El productor de caña es libre de moverse como abastecedor de un ingenio a otro de manera ordenada, es decir, de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en la ley; en tanto que, lo que genera desorden es que una caña contratada por un ingenio se destine a otro de manera irregular. También esa situación genera incertidumbre en las estimaciones de producción de caña y azúcar de cada ciclo azucarero, debido a la presencia de “cañas libres”, definidas como aquellas que no forman parte de la zona de abasto de ningún ingenio, y que además no están contratadas formalmente para abastecer a una fábrica en particular. La movilidad de las personas productoras de caña de un ingenio a otro como abastecedores de manera irregular se ha incrementado por la necesidad de los ingenios de disponer de más caña para aumentar su molienda y tener mayores economías de escala. Si la movilidad de las personas productoras de caña se llevara a cabo bajo los procedimientos establecidos en la LDSCA, aquellos ingenios que ofrezcan mejores condiciones a sus abastecedores podrían tener un mayor volumen de caña. Asimismo, este aumento podría darse por un incremento en la productividad del campo cañero atendido por los mismos abastecedores del ingenio. Adicionalmente, una reducción en sus costos permitiría ofrecer mejores dividendos para los cañeros de ese ingenio, optimizando las labores para la producción, cosecha y abasto de caña. 7 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2022, 19 de julio). Lineamientos de exportación. Gobierno de México. https://www.gob.mx/conadesuca/es/articulos/lineamientos-de-exportacion-309784?idiom=es Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 509 Cuadro 3. Padrón Nacional de Abastecedores de Caña de Azúcar por ciclo azucarero (número de personas productoras). Ciclo azucarero UNPCA UNC-CNPR Libres CPM Asociaciones con registro local y sin registro nacional Total 2012-2013 67,679 50,356 13,146 8,307 820 140,308 2013-2014 85,172 57,190 14,257 7,814 589 165,022 2014-2015 70,170 51,652 17,295 12,216 608 151,941 2015-2016 74,250 54,266 19,229 13,844 1,235 162,824 2016-2017 78,701 55,458 19,634 15,013 1,975 170,781 2017-2018 78,749 54,795 22,135 15,513 1,654 172,846 2018-2019 88,413 55,087 22,348 12,021 869 178,738 2019-2020 No hubo registro por la pandemia 2020-2021 2021-2022 82,179 48,460 24,644 18,075 4,646 178,004 2022-2023 81,611 47,672 22,009 16,491 6,364 174,147 2023-2024 81,696 47,767 19,582 13,742 7,161 169,948 2024-2025 78,755 49,197 17,641 13,473 5,268 164,334 Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional Agropecuario (Archivo interno, 2024). https://www.agricultura.gob.mx/sites/default/files/sagarpa/Publicaciones/datos_abiertos/2025/padron_nacional_canero_2024 _2025/padron_nacional_canero_2024_2025.pdf En el Cuadro 3 se presenta el número de personas productoras afiliadas a las organizaciones nacionales: Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA) y a la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Productores Rurales (UNC- CNPR), a la organización Cañeros Produciendo por México (CPM), y personas productoras de caña libres y otras personas productoras de caña de organizaciones locales. Se observa un incremento importante en el número de personas productoras libres, definidos éstos como las personas productoras que no están afiliados a ninguna organización nacional o local, pero que se entiende que tienen un Contrato Uniforme. Hay un número importante de personas productoras de caña libres, identificados por los ingenios y reportados al Registro Nacional Agropecuario para los fines de certificación del padrón de abastecedores, el Padrón Nacional de Abastecedores de Caña del Ciclo Azucarero 2024/2025 registró 17,641 abastecedores de caña a los ingenios en esta condición; no obstante, existe un número importante personas productoras de caña que entregan su materia prima sin tener un Contrato Uniforme con algún ingenio. El número de cañeros en esa condición es cada vez más numeroso. Para el ciclo 2024/2025, se estima que más de 10 mil personas productoras no tienen ningún compromiso de entrega de caña con algún ingenio; es decir, comercializan su caña con quién les ofrezca el mejor precio y condiciones de pago. De hecho, existen en el campo cañero compradores de caña (o intermediarios) que buscan caña para los ingenios y en el mejor de los casos establecen convenios de abastecimiento o contratos particulares, sin que el productor de caña participe directamente. La situación descrita con anterioridad está generando varios problemas. En las zonas de abasto donde concurren varios ingenios, no hay certeza de que el 100% de la caña que estima cosechar un ingenio en particular en una zafra determinada lo pueda lograr, porque aún con contrato, las personas productoras de caña entregan su producto a otro ingenio con quien no tienen celebrado contrato, o bien las personas productoras “libres, sin contrato” entregan su caña al mejor postor. De ahí que los estimados para cada zafra sean tan erráticos, con amplias variaciones en la superficie que estiman cosechar. En estas condiciones, el CONADESUCA ha tenido en los últimos ciclos azucareros más dificultades para recibir en tiempo y forma la información que requiere para que todas las personas y entidades relacionadas e involucradas en el sector tomen oportunamente las mejores decisiones; por ejemplo, la información sobre los estimados de producción, los datos que alimentan el SIIBA, los costos de producción del campo cañero, la información para alimentar el Sistema de Indicadores de Sustentabilidad (SI-Sustentabilidad), los informes de corridas de campo y fábrica, las Declaraciones Concentradas de Alcances Finales a Cañeros, el Balance de Superficie, el Balance Energético, los estimados de Producción, las actas de inicio y fin de zafra, entre mucha otra información que se recibe, se sistematiza y se publica para servicio del sector y de las dependencias del sector público. 510 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 En este contexto y a pesar de las dificultades para tener la información completa, oportuna y precisa, la información publicada por el CONADESUCA es la referencia oficial no solo en México, sino que también ha adquirido reconocimiento en el ámbito internacional. Se requiere fortalecer el compromiso de los CPCC de cada ingenio para que se involucren con mayor responsabilidad en la entrega de la información que les requiere el CONADESUCA, verificando y validando dicha información y no solo dejar esta responsabilidad a la representación de los ingenios, ya que finalmente dicha información es la que representa las condiciones del campo cañero. Movilidad de los abastecedores de caña entre los ingenios De acuerdo con la LDSCA, cualquier abastecedor de caña puede moverse libremente de un ingenio a otro según le convenga; dicha movilidad debe cumplir algunos requisitos básicos para que se haga de manera ordenada: primero, no debe tener ningún adeudo con el ingenio y la organización a la que este afiliado; segundo, debe contar con la anuencia entre el ingenio receptor y el ingenio de origen; y tercero, los CPCC deberán estar notificados de manera formal. Si la movilidad de abastecedores de caña se hiciera de manera ordenada, todo el proceso de planeación del abasto de caña a cada ingenio, los estimados de producción y el propio desarrollo de la zafra tendrían menos variaciones. De manera ilustrativa y como ejemplo de lo que pasa en las regiones cañeras donde concurren varios ingenios para proveerse de su materia prima se presenta la movilidad registrada entre las zafras 2021/22 y la 2023/24 con datos del Registro Nacional Agropecuario (Figura 1). Figura 1. Movilidad de los abastecedores de caña de los ingenios (zafra 2021/22 a otros ingenios zafra 2023/24) (número de personas productoras de caña) Nota: Aún no se encuentra disponible la información para la zafra 2024/2025. Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional Agropecuario (Archivo interno, 2025). https://www.agricultura.gob.mx/sites/default/files/sagarpa/Publicaciones/datos_abiertos/2025/padron_nacional_canero_2024 _2025/padron_nacional_canero_2024_2025.pdf. Estructura de la producción de caña y las características de los abastecedores de materia prima a los ingenios azucareros De acuerdo con el Registro Nacional Agropecuario, se han identificado 164,334 abastecedores de caña vinculados a los ingenios azucareros en México. Esta base productiva se compone de ejidatarios, pequeños propietarios y arrendatarios, así como de figuras jurídicas que incluyen Sociedades de Producción Rural, asociaciones de productores, parcelas escolares y campos experimentales. Del padrón total, destacan 86,262 ejidatarios, 19,842 pequeños propietarios y 10,199 arrendatarios. No obstante, persiste un segmento significativo de abastecedores cuyo régimen de tenencia de la tierra aún no ha sido clasificado.8 8 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2025). Registro Nacional Agropecuario. [Base de datos interna]. Gobierno de México. Recuperado el 30 de enero de 2026. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 511 El tamaño de los predios cultivados con caña varía de forma significativa: desde menos de una hectárea, hasta más de 100 hectáreas de unidades con más de un productor o Sociedades de Producción Rural (SPR). La mayor parte de los abastecedores de caña (132,770 cañeros), 80.8% del total identificado, tienen predios de menos de 4 hectáreas, en su mayoría en condiciones de temporal y por ende dependientes de la variabilidad del clima. La superficie que integran es de 259.2 mil hectáreas (zafra 2022/23) esta superficie representa el 30.68% del total identificado.9 Bajo esta estructura de tenencia de la tierra, es más complicado desarrollar economías de escala en la producción de caña; por ejemplo, para sistemas de riego, uso de maquinaria para las labores agrícolas y de cosecha, para el transporte de caña, para la aplicación de insumos y el manejo integrado de plagas y enfermedades, entre otras labores que se realizan en el campo cañero. Por otra parte, la alta fragmentación y heterogeneidad de los predios cultivados con caña hace más difícil la integración de los estimados de producción. La caña de azúcar se debe cosechar en frentes de corte de calidad similar, conformados por bloques amplios de la misma variedad, edad, ciclo de cultivo y manejo agronómico, para abastecer al ingenio con caña que presente características de madurez y calidad similares y lograr mejores rendimientos en campo, en ese sentido, la fragmentación del campo cañero dificulta este propósito. Un factor adicional que ha cobrado relevancia en las últimas zafras es la amplitud de arrastre de caña que algunos ingenios están implementando para incrementar el volumen de caña en su molienda y aumentar la capacidad aprovechada del molino. Este crecimiento extensivo de la producción de azúcar, con el que se obtiene más caña derivado de una mayor superficie cosechada y un mayor período de molienda (días de zafra), deriva en la pérdida de calidad de la caña que muelen los ingenios. A continuación, se presentan algunos datos y gráficas que ilustran esta situación. Cuadro 4. Estimados de producción de caña y azúcar (2017/18 a 2024/25) Ciclo Azucarero 1er. Estimado Superficie Por Cosechar Superficie Cosechada e Industrializada cierre de zafra Diferencia entre el valor de cierre de zafra y el 1er. Estimado Hectáreas 2017-2018 801,907 784,661 -17,246 2018-2019 822,925 804,060 -18,865 2019-2020 809,212 783,486 -25,726 2020-2021 811,148 789,996 -21,152 2021-2022 805,029 799,774 -5,255 2022-2023 832,245 806,193 -26,052 2023-2024 798,286 743,119 -55,167 2024-2025 742,934 736,486 -6,448 Fuente: Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2024). Informe estadístico del sector agroindustrial de la caña de azúcar en México, zafras 2012/13 a 2024/25. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.10 Importancia de los Estimados de Producción de Caña y Azúcar Permite al sector contar con la información detallada de cada ingenio para determinar si existe crecimiento o decrecimiento (expansión o contracción) de la producción de caña y azúcar e identificar los factores que inciden en dicha variación cada ciclo azucarero (rendimiento de campo, rendimiento de fábrica, superficie cultivada en las zonas de abasto de los ingenios azucareros y superficie cosechada e industrializada). Cada ingenio debe integrar en el estimado una zona de abasto perfectamente delimitada y cuantificada con el 100% de Contratos Uniformes, lo cual permitirá realizar con mayor precisión los estimados de zafra, en particular, el primer estimado de producción. Sin embargo, esta situación ideal cada día se cumple menos. Para las Organizaciones Nacionales y Locales de Abastecedores de caña de cada ingenio, los padrones de abastecedores se podrán cuantificar con mayor certidumbre y menos duplicidades para evitar la “piratería de caña”. 9 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2025). Registro Nacional Agropecuario. [Base de datos interna]. Gobierno de México. Recuperado el 30 de enero de 2026 10 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2024). Informe estadístico del sector agroindustrial de la caña de azúcar en México, zafras 2012/13 a 2024/25. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/dieproc-informes-estadisticos-del-sector-agroindustrial-de-la-cana-de-azucar-en-mexico 512 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Promover el orden para el abasto de los mercados: ventas domésticas de los ingenios, cuota estadounidense T-MEC, ventas a IMMEX y ventas a mercado mundial En lo que respecta a la integración del balance nacional azucarero estimado, por el lado de la oferta, los conceptos que se integran en el balance son: los inventarios con que inicia el ciclo azucarero, las importaciones estimadas y la producción de azúcar que esperan obtener los ingenios para el ciclo proyectado, considerando lo obtenido en el estimado de producción de caña y azúcar. En general se realizan tres estimados de producción de caña para hacer los ajustes necesarios durante la zafra en términos de la cantidad de azúcar que se destinará a los diferentes mercados: el nacional o doméstico, la cuota estadounidense, el azúcar que se estima vender a las empresas IMMEX, y el azúcar que eventualmente se destinaría al mercado mundial, en el caso de existir más azúcar que la que demandan los mercados anteriores. Por el lado de la demanda, la estructura del balance azucarero incorpora las exportaciones totales de azúcar, que se dividen en tres destinos: a) la cuota estadounidense, b) ventas a empresas IMMEX (exportación indirecta) y las ventas al resto del mundo (otros países diferentes de EE. UU.). La demanda de azúcar también integra el consumo nacional aparente (la suma de las ventas domésticas de los ingenios más las importaciones totales). El balance concluye con el inventario final. El balance azucarero estimado se modifica cada vez que se actualiza el estimado de producción y es una herramienta muy importante para monitorear el comportamiento del mercado doméstico y determinar el volumen que se debe exportar a la cuota estadounidense y a otros mercados (ventas IMMEX más mercado mundial). Los lineamientos de exportación vigentes establecen que los grupos azucareros y los ingenios pueden exportar indistintamente a cualquiera de los dos componentes que conforman otros mercados, por lo que para dar cumplimiento de la cantidad que les corresponde de exportación a otros mercados, se considera también la cantidad de azúcar que vendan a empresas IMMEX (de mayor valor que la que se exporta a Mercado Mundial). Las cifras promedio del balance azucarero de 2014/15 a 2024/25 se presentan en el Cuadro 5. Cuadro 5. Balance azucarero promedio de los ciclos 2014/15 a 2024/25 (toneladas) Concepto Total Estándar * Refinada Oferta total 6,838,073 5,057,993 1,780,080 Inventario inicial 1,033,851 721,149 312,702 Producción 5,670,160 4,266,647 1,403,513 Importaciones totales 134,062 70,197 63,865 Demanda total 5,777,677 4,321,770 1,455,907 Exportaciones totales 1,594,677 1,151,960 442,717 Ingenios 1,588,580 1,148,287 440,293 Estados Unidos de América y Puerto Rico 941,825 739,924 201,901 Estados Unidos de América y Puerto Rico, fuera de cupo 68,215 68,215 - Estados Unidos de América y Puerto Rico, con prórroga 2,171 2,063 108 Resto del mundo 226,753 203,954 22,799 IMMEX 349,617 134,131 215,486 Otras empresas 6,097 3,673 2,424 Consumo nacional aparente 4,183,000 3,169,810 1,013,190 Ventas totales de ingenios 4,048,938 3,099,613 949,325 Otras importaciones 134,062 70,197 63,865 Inventario final 1,060,396 736,223 324,173 Nota: * Incluye además de azúcar estándar, la blanca especial, mascabado y crudo. Fuente: Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2024). Balances azucareros, 2014/2015 a 2024/2025. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.11 11 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2024). Balances azucareros, 2014/2015 a 2024/2025. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/documentos-politica-comercial-ver-mas Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 513 De acuerdo con las cifras promedio de diez años del balance azucarero, el 28% de la producción nacional se exporta y 72% es consumo nacional. De las exportaciones, el 18% se destinaron a EE. UU., 6.15% fueron exportaciones indirectas a través de las ventas a empresas IMMEX y 3.84% se exportó al resto del mundo (mercado mundial). Bajo esta estructura de mercado, la agroindustria de la caña de azúcar tiene estabilidad, derivado de que la ponderación de precios de los tres mercados (doméstico, EE. UU. e IMMEX) (pagado con el Contrato 16) y mercado mundial (pagado con el Contrato 11) permite obtener un precio de referencia del azúcar base estándar suficiente para cubrir los costos de producción de la caña de azúcar y el costo de elaboración del azúcar en los ingenios, más un margen de ganancia razonable para los dos sectores de la agroindustria. Una situación complicada en términos de rentabilidad se ha presentado cuando es necesario exportar al mercado mundial una proporción de azúcar mayor del 10%12 respecto a la producción; en estas condiciones la ponderación de la participación relativa del mercado mundial con precio (que puede estar tres veces más bajo que el mercado nacional y por la mitad del mercado de EE. UU), puede afectar la rentabilidad del sector, donde el productor de caña es el eslabón más dañado. El precio de la caña para el industrial representa un costo variable y el más importante, pero para el productor de caña el precio de su materia prima afecta directamente a su ingreso total. La dimensión del campo cañero y su capacidad de producción de azúcar es determinante en los resultados económicos de cañeros e industriales. Un balance equilibrado entre oferta y demanda permite ingresos para los sectores con márgenes de ganancia suficientes para continuar con una actividad rentable, en el supuesto que los precios de los mercados se mantengan en la línea o por arriba de la tendencia histórica. Si los precios de los mercados en términos reales se mantienen o crecen y los costos se mantienen en términos reales, la actividad es rentable; no obstante, si los precios se deprimen y los costos crecen la actividad azucarera deja de ser rentable y se generan pérdidas en los ingenios y en el campo cañero. Cuando los precios del mercado doméstico se elevan por arriba del precio de paridad de importación como ocurrió en el ciclo 2023/24, se estimulan las importaciones de azúcar de terceros países aun pagando el arancel y los costos de internación. Figura 2. Precios de azúcar refinado y estándar vs precios de la competencia (JMRF) Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM, 2024), basados en el seguimiento [diario de precios y el World, U.S., and Mexican sugar and corn sweetener prices.13 12 El análisis propio de los balances azucareros zafras 2014/2015 a 2024/2025 sugiere que, cuando la participación de la producción nacional de azúcar en el mercado mundial supera el 10% se podrían presentar problemas de rentabilidad para los productores cañeros. Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2024). Balances azucareros, 2014/2015 a 2024/2025. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/documentos-politica-comercial-ver-mas 13 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2025). Reporte semanal de precios de azúcar: Comparativo nacional e internacional. Gobierno de México. https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/documentos-politica-comercial-ver-mas Para consultar los precios de azúcar y tipo de cambio, acceder al reporte semanal de precios de azúcar en la liga: https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/documentos-politica-comercial-ver-mas Para consultar los precios al mayoreo de Jarabe de Maíz Rico en Fructosa, acceder a la tabla 9 en la liga: https://www.ers.usda.gov/media/5169/world-us-and-mexican-sugar-and-corn-sweetener-prices.xlsx?v=30919 514 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Figura 3. Precio del azúcar estándar al mayoreo vs precio de la azúcar importada pagando arancel y un margen de intermediación de 30% Fuente: Elaboración propia con datos del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA, 2025). Los precios de la azúcar importada incluyen un cálculo estimado basado en el arancel histórico de 360 USD/t (2008-octubre 2025) y del 150% ad valorem (noviembre-diciembre 2025), más un margen de intermediación del 30%. Los costos de traslado e internación se basan en estimaciones internas no disponibles públicamente. 14 Clase de tierra cultivada con caña de azúcar para abastecer a los ingenios azucareros La caña de azúcar se cultiva en condiciones de temporal (60%), de riego (20%) y riego de auxilio (20%), estos valores son aproximados y pueden variar en cada ciclo productivo. La realidad es que en general, en las zonas productoras de caña cada día es más escasa el agua y hay mayores restricciones para su uso en la agricultura, especialmente en el cultivo de caña.15 Asimismo, es necesario considerar que, en el contexto de cambio climático, no actual sino también futuro, la eficiencia en riego ayuda, pero puede llegar a no ser suficiente ante escenarios de sequía excepcional (D4), de acuerdo con las intensidades establecidas por el Monitor de Sequía en México, calculado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que ha sido más frecuente en los últimos cinco años en gran parte del territorio nacional. Si este tipo de sequías se presenta en áreas donde ya se registra una sobreexplotación de acuíferos, esto amplifica el riesgo en la producción de caña.16 Se ha señalado que el cultivo de la caña es uno de los que más agua consume en la agricultura, aunque si bien esto es cierto, también es verdad que los sistemas de riego dominantes en los campos cañeros no son los más eficientes en el uso del agua. El sistema de riego por goteo que existe en algunas zonas productoras de caña reduce significativamente el consumo de agua, además permite optimizar la aplicación de nutrientes y reduce tanto la erosión de suelo como la población de malezas, entre otras ventajas. No obstante, requiere de inversión por parte del productor de caña y terrenos con ciertas características de topografía, pendientes moderadas y sobre todo tamaños de predios cañeros que permitan amortizar la inversión en el sistema de riego. El financiamiento y la integración de personas productoras para este propósito son fundamentales para avanzar en el incremento de la superficie con sistemas de riego que utilicen de manera eficiente el agua disponible. 14 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2025). Documentos de política comercial: Reporte semanal de precios de azúcar. Gobierno de México. https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/documentos-politica-comercial-ver-mas Nota: El arancel que se aplicó en el período Oct 2008 a Oct 2025 fue de 360 US dólares por tonelada; mientras que para noviembre y diciembre de 2025, el arancel es de 150% ad valorem. 15 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2024). Información de los Comités de Producción y Calidad Cañera: Ciclo azucarero 2024/2025. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 16 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (Año de publicación). Evaluación del sector cañero: Mesas de trabajo del CONADESUCA. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. [Documento interno]. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 515 Es indispensable promover el acceso a riego en la superficie cultivada con caña, ya sea riegos de auxilio o riego completo, incorporando el riego tecnificado que permita optimizar el uso del agua disponible para aumentar la productividad del campo cañero, hacer más eficiente la aplicación de nutrientes, reducir la erosión del suelo y mejorar el manejo de plagas, enfermedades y malezas, mismas que derivado de los efectos cambio climático, se ha visto una modificación en su distribución, ya sea por efecto de alta humedad por precipitaciones o por aumento de temperatura y períodos prolongados de sequía. El uso eficiente del agua de riego permite aumentar los rendimientos en campo, mejorar el ingreso de las personas productoras de caña y proveer materia prima de mejor calidad para la molienda, es decir se obtiene caña más limpia, con más sacarosa y con mejor pureza de los jugos extraídos en los molinos. Con ello, el ingenio trabaja mejor en la extracción y recuperación de sacarosa, se reducen los tiempos perdidos, se reducen las pérdidas de sacarosa en todo el proceso e incluso es posible bajar los costos de producción. Impactos del cambio climático en la producción de caña de azúcar Estudios recientes señalan cambios importantes en el rendimiento de la caña de azúcar a nivel nacional, por efecto de cambio climático. Por ejemplo, Estrada et al. (2022)17 analizaron el cultivo de la caña de azúcar (junto con otros siete cultivos de relevancia socioeconómica a nivel nacional), donde el cultivo de caña de azúcar destaca por ser la segunda industria agrícola más importante de México. Estos fueron los principales hallazgos: Bajo el escenario RCP 8.5 (alta emisión).18 Sin efecto de fertilización por CO2: las simulaciones del modelo de Política Ambiental Integrada sobre Clima (EPIC) muestran fuertes disminuciones de rendimiento en caña de temporal: -23.7% (corto plazo), -52.6% (mediano) y -72.2% (largo plazo). Con efecto de CO2: los modelos LPJLM19 y MIROC20 proyectan aumentos sustanciales, de +28% a +40% a lo largo del siglo. Las proyecciones muestran alta incertidumbre entre modelos, con variaciones de reducciones (EPIC) a incrementos >70% (LPJLM). En contraste, la caña de riego tiende a mostrar aumentos en rendimientos (+27%, +48% y +59%) al considerar el efecto de CO2, especialmente en estados como Jalisco, Puebla, Oaxaca y San Luis Potosí, donde los aumentos podrían superar 100%. Bajo el escenario RCP2.621 (bajas emisiones): Las proyecciones son más optimistas, con incrementos promedio de 30-34% en ambos sistemas, que pueden alcanzar >40% si se incorpora el efecto de fertilización por CO2. Costos y beneficios económicos: El estudio estima que, sin el efecto de CO2, la caña de temporal enfrentaría pérdidas de hasta 10,277 millones USD en valor (2022) presente durante 2008-2010. Si se considera la fertilización por CO2, la caña podría, en cambio, generar beneficios netos de hasta 21,358 millones USD (sumando temporal y riego). Tres estados concentran la mayor parte de las pérdidas (sin CO2): Veracruz (47%), Oaxaca (15%) y San Luis Potosí (9.5%). Con CO2, estos mismos estados se convierten en los principales beneficiados, junto con Jalisco y Puebla. La incertidumbre del modelado de caña de azúcar es la más alta entre los cultivos analizados debido a su fuerte sensibilidad al CO2 y a las condiciones hídricas. En resumen, se pueden definir los siguientes tres focos críticos sobre el cultivo de caña:  La caña de azúcar es el único cultivo del estudio que presenta potenciales beneficios netos bajo escenarios de altas emisiones, pero solo si el efecto fertilizador del CO2 se materializa y si existe acceso al riego.  Sin fertilización y bajo temporal, la caña se convierte en uno de los cultivos más vulnerables al cambio climático, especialmente en Veracruz, Oaxaca y el Golfo de México.  La investigación resalta la necesidad de inversión tecnológica (mejoramiento varietal, sistemas de riego eficientes) y planes de adaptación diferenciados según tipo de manejo y región. 17 Estrada, F., Mendoza-Ponce, A., Calderón-Bustamante, O., & et al. (2022). Impacts and economic costs of climate change on Mexican agriculture. Regional Environmental Change, 22(126). 18 Representative Concentration Pathways, por sus siglas en inglés, RCP 8.5 es el escenario más alto de emisiones desarrollado por la comunidad científica y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. 19 Lund-Potsdam-Jena Lush Model (Modelo de vegetación Lund-Potsdam-Jena), se trata de un modelo global de crecimiento de la vegetación aprobado por la comunidad científica y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). 20 Los modelos MIROC son modelos climáticos globales utilizados en la investigación del cambio climático y reportados por el IPCC. 21 Representative Concentration Pathways, por sus siglas en inglés, RCP 2.6 es el escenario más bajo de emisiones desarrollado por la comunidad científica y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático 516 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Cuadro 6. Ingenios según la clase de tierra donde se cultiva la caña. Ingenio Condición Climática Extrema Categoría tipo de agricultura Déficit Hídrico Acumulado 2019-2023 (mm) Tala Sequía R -560.2 Atencingo Sequía R 123.1 Calipam Humedad / Déficit R Central Casasano Sequía R El Mante Sequía R -298.2 Eldorado Humedad / Déficit R Emiliano Zapata Sequía R Lázaro Cárdenas Sequía R Melchor Ocampo Sequía R -1056.0 Pedernales Sequía R Cía. La Fe (Pujiltic) Humedad R -876.6 San Francisco Ameca Sequía R San Nicolás Déficit Hídrico / Sequía R Pánuco Sequía R -513.7 Alianza Popular Sequía R y T Bellavista Sequía R y T Constancia Déficit Hídrico R y T El Molino Sequía R y T La Margarita Humedad R y T Plan de San Luis Sequía R y T -612.9 Quesería Sequía R y T San José de Abajo Déficit Hídrico / Sequía R y T Tamazula Sequía R y T Adolfo López Mateos Exceso Humedad T y RAux 292.8 Central Progreso Déficit Hídrico / Sequía T y RAux CIASA (Cuatotolapam) Déficit Hídrico / Sequía T y RAux El Higo Sequía T y RAux 364.3 El Modelo Humedad / Déficit T y RAux -625.9 Central El Potrero Déficit Hídrico T y RAux José María Morelos Sequía T y RAux La Gloria Humedad / Déficit T y RAux -61.1 La Joya Humedad T y RAux 338.3 Central La Providencia Déficit Hídrico T y RAux Mahuixtlán Humedad / Déficit T y RAux 1619.3 Plan de Ayala Sequía T y RAux San Pedro Exceso Humedad T y RAux -224.5 Santa Clara Sequía T y RAux -869.5 Tres Valles Exceso Humedad T y RAux 531.7 San Rafael de Pucté Exceso Humedad T Presidente Benito Juárez Exceso Humedad T -245.4 El Carmen Déficit Hídrico T Huixtla Humedad T 3002.3 San Miguel del Naranjo Sequía T San Cristóbal Humedad / Déficit T -551.9 Central San Miguelito Déficit Hídrico / Sequía T Santa Rosalía Exceso Humedad T Central Motzorongo Déficit Hídrico ND El Refugio Humedad ND Nota: Déficit hídrico en milímetros (mm). R=Riego, T=Temporal, RAux=Riego de auxilio, ND=No Disponible. Fuente: Elaboración propia con datos del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA, 2024), obtenidos de los reportes periódicos de pronósticos climatológicos por zona de abastecimiento.22 22 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2024). Pronósticos climatológicos. Gobierno de México. https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/pronosticos-climatologicos?state=published Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 517 Variedades cultivadas de caña Casi dos terceras partes de las variedades de caña cultivadas en México se concentran en dos variedades: la CP 72-2086 (36%) y la MEX 69-290 (26.63%), la primera de origen extranjera y la segunda obtenida en México. Se cultivan en los campos cañeros otras tres variedades la ITV 92-1424 (7.41%), la RD 75-11 (6.42%), y la MEX 79-431 (5.66%); estas variedades, sumadas a las dos primeras representan el 82.13% del total cultivado. Las cifras anteriores se integraron con la información contenida en bases de datos del CONADESUCA y que se conforman con la información aportada por los ingenios azucareros en cada ciclo productivo. No obstante, es indispensable realizar y validar un censo de variedades a nivel nacional y por zona de abasto de cada ingenio, debido a que en varios campos cañeros existe una gran mezcla de variedades. Figura 4. Variedades de caña de azúcar que se cultivan en México 2018/19-2023/24 Nota: Aún no se encuentra disponible la información para la zafra 2024/2025. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante consulta del Sistema de Información Integral del Bienestar Azucarero (SIIBA) del CONADESUCA (2025), obtenidos a través del Reporteador de Costos y Sustentabilidad por zona de abastecimiento.23 Renovación de cepas en el campo cañero Uno de los principales factores que afectan la productividad de la caña de azúcar es la edad de plantación. Con base en resultados de funciones de producción estimadas por el CONADESUCA, la superficie de caña en etapa de resoca afecta de forma negativa al rendimiento. De acuerdo con las recomendaciones técnicas, el período de aprovechamiento de una plantación es de ocho años a partir del primer corte, después de este tiempo la productividad de la planta decrece sustancialmente, afectando la rentabilidad del cultivo. De la superficie total industrializada durante la zafra 2020/2021, el 24% cuenta con una edad de plantación de más de 8 años, en cuyo caso debiera establecerse un programa de volteo de cepas de al menos un 15% de la superficie total de los frentes de corte, para tratar de mantener una proporción de 15% plantillas, 15% socas y 70% de resocas. Es preocupante el porcentaje de campos envejecidos, debido a que se invierte en mantener plantaciones cuya productividad va en declive, por lo que se requiere contar con un programa de renovación de cepas que permita aprovechar el potencial productivo del cultivo tomando en consideración una evaluación de la idoneidad del cultivo en los próximos años bajo condiciones de cambio climático. En la figura 5, se puede observar la relación entre la proporción de volteo de cepas y el rendimiento, en donde a medida que la proporción de volteo de cepas en un campo cañero es mayor el rendimiento también aumenta. Para la renovación de cepas se requiere contar con una fuente de semilla saneada y/o certificada de variedades comerciales, libres de plagas y enfermedades; semillas de buena calidad, alto nivel de adaptación y productividad generadas a partir de procesos tecnológicos eficientes. Lo anterior contribuye al mejoramiento de los rendimientos agroindustriales, permitiendo sustentar el incremento productivo en términos de calidad y rentabilidad. 23 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2025). Reporteador de costos y sustentabilidad: Sistema de Información Integral del Bienestar Azucarero (SIIBA). Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Recuperado el 30 de enero de 2026, de https://www.siiba.conadesuca.gob.mx/SiCostosSustentabilidad/ConsultaPublica/ReporteadorCostos.aspx?app=costo 518 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Figura 5. Porcentaje de volteo de cepas en los ingenios azucareros de México (promedio de las zafras 2015/16 a 2021/22). Nota: Aún no se encuentra disponible la información para la zafra 2024/2025. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante consulta del Sistema de Información Integral del Bienestar Azucarero (SIIBA) del CONADESUCA (2022). El porcentaje representa el promedio de volteo de cepas registrado en los ingenios de México para el periodo de las zafras 2015/16 a 2021/22. 24 Con el fin de contribuir al desarrollo productivo de la cadena agroindustrial de la caña de azúcar en México, es necesario llevar a cabo la utilización de recursos tecnológicos con los que se cuenta en los centros de investigación para el establecimiento de semilleros certificados en regiones estratégicas. Durante la zafra 2021/2022, del total de la superficie industrializada (799,774 hectáreas) se renovó el 7.96% (63,662.8 hectáreas), debiéndose renovar al menos el 15% (120 mil hectáreas) para no afectar la rentabilidad del cultivo. Por otro lado, se requiere realizar el saneamiento de las cepas comerciales, para contrarrestar el daño causado por plagas y enfermedades, de tal forma que al renovar las plantaciones se haga utilizando únicamente semilla saneada. Adicionalmente, es evidente la falta de uso de variedades disponibles en centros de investigación, sobre todo nuevas variedades con características sobresalientes en cuanto a tolerancia de condiciones como sequía, a plagas y enfermedades. Ya que la producción de caña en México se sustenta principalmente en cinco variedades (CP 72-2086, 36%; Mex 69-290, 26.63%; ITV 92-1424, 7.41%; RD 75-11 6.42%, y MEX 79-431 5.66%). En este sentido la ampliación del uso de nuevas variedades adaptadas a las condiciones agroecológicas de las regiones productoras es clave para contrarrestar condiciones como sequías prolongadas y/o incidencia de plagas y enfermedades. 24 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2022). Resumen de costos y sustentabilidad: Sistema de Información Integral del Bienestar Azucarero (SIIBA). Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Recuperado el 30 de enero de 2026, de https://www.siiba.conadesuca.gob.mx/SiCostosSustentabilidad/ConsultaPublica/ResumenCostos.aspx?app=costos Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 519 Volteo de cepas en caña de azúcar usando vitro-plantas Como antecedente, en 2016 se celebró el convenio entre CONADESUCA y CIDCA, para reproducir in vitro variedades comerciales de dos hectáreas de semilleros básicos en 11 Campos Experimentales (CER´s); se produjeron y distribuyeron 20 mil plantas por campo, logrando obtener de 80 a 140 toneladas de semilla por hectárea que finalmente dio como resultado la obtención de 2 mil toneladas de semilla para el establecimiento de semilleros semicomerciales. Cuadro 7. Superficie con volteo de cepas en las diferentes regiones cañeras de México en hectáreas (2021-2023) Región No de Ingenios Siembra planta 2021/23 (ha) (a) Cortes terminados zafra (ha)021/22 (b) Volteo de cepas % respecto a los cortes terminados Volteo cepas zafra 2021/22 (ha) (c) % de cepas respecto a la superficie por industrializar Papaloapan- Golfo 8 11,473 179,710 3.71 8,674 3.98 Sureste 6 9,706 119,602 3.56 3,656 3.49 Noreste 7 33,919 188,914 4.74 9,794 4.85 Córdoba-Golfo 10 5,327 128,578 1.50 1,905 1.69 Pacífico 10 8,814 104,096 4.01 5,162 3.90 Noroeste 3 105 30,756 1.15 170 1.11 Centro 5 5,295 44,431 8.45 4,754 8.55 Nacional 49 74,640 796,088 4.29 34,115 4.26 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante consulta del Sistema de Información Integral del Bienestar Azucarero (SIIBA) del CONADESUCA (2022). Las hectáreas corresponden a la superficie con volteo de cepas por región cañera, con fecha de corte al 25 de junio de 2022. 25 La superficie de volteo de cepas a nivel ingenio muestra indicadores muy bajos en aquellos ingenios que reportan información y es probable que aquellos que no remiten esta información presenten índices aún más bajos. Hay varios argumentos que se señalan para justificar la falta de volteo de cepas: a. La falta de financiamiento para renovar el campo cañero. b. Los elevados precios de la caña que se recibieron en los ciclos 2021/22 a 2023/24. c. La necesidad de caña de los ingenios para completar sus moliendas estimuló la cosecha de caña de bajos rendimientos por unidad de superficie. d. La falta de ingreso para el productor de caña durante el ciclo en que se desarrollan las plantaciones (plantillas). Cuadro 8. Superficie en volteo de cepas reportada por algunos ingenios al CONADESUCA, zafra 2024/25 Ingenio Socas y resocas Sup. cortes terminados (ha) (a) Sup. volteo de cepas (ha) (b) Sup. volteo de cepas (%) (b) / (a)*100 Alianza Popular 10,531.85 - - Atencingo 12,203.86 454.87 3.73 Central Casasano 5,266.81 419.63 7.97 Central El Potrero 12,677.04 277.88 2.19 Central La Providencia 4,244.57 - - Central Progreso 8,365.14 46.75 0.56 Central San Miguelito 3,574.79 - - Cía. La Fe (Pujiltic) 15,207.60 730.17 4.80 El Higo 15,305.58 482.81 3.15 El Modelo 8,409.95 410.00 4.88 25 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2022). Resumen de costos y sustentabilidad: Sistema de Información Integral del Bienestar Azucarero (SIIBA). Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Recuperado el 30 de enero de 2026, de https://www.siiba.conadesuca.gob.mx/SiCostosSustentabilidad/ConsultaPublica/ResumenCostos.aspx?app=costos 520 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Ingenio Socas y resocas Sup. cortes terminados (ha) (a) Sup. volteo de cepas (ha) (b) Sup. volteo de cepas (%) (b) / (a)*100 La Margarita 12,768.61 127.76 1.00 Mahuixtlán 3,939.61 143.54 3.64 Melchor Ocampo 10,370.93 453.36 4.37 Plan de San Luis 11,841.86 293.18 2.48 Benito Juárez 11,808.44 - - Puga 6,249.37 987.20 15.80 Quesería 10,906.13 200.00 1.83 San Cristóbal 23,043.74 1,183.89 5.14 San Rafael de Pucté 16,285.07 - - Santa Clara 4,020.06 182.86 4.55 Tamazula 8,487.15 379.07 4.47 Tres Valles 27,300.26 - - Total 242,808.42 6,772.97 2.79 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante consulta del Sistema de Información Integral del Bienestar Azucarero (SIIBA) del CONADESUCA (2025). La superficie corresponde al reporte de volteo de cepas de los ingenios registrados para la zafra 2024/25 al 30 de enero de 2026.26 Costos de producción de caña de azúcar Los buenos ingresos derivados de la producción de caña en la zafra 2023/2024, representaron una excelente oportunidad para capitalizar el campo cañero y sentar las bases para la recuperación de la caída de los rendimientos en el campo de los últimos años. Para tal efecto es necesario ubicar en la estructura de costos de producción las áreas de oportunidad que ofrezcan en el corto plazo los mejores resultados. Por ejemplo, es necesario analizar la conveniencia de la renovación de cepas, la reconversión de áreas de temporal a riego o el incremento del número de riegos, así como los cambios necesarios en el tipo, cantidad y forma de aplicación de los fertilizantes, entre otros. Lo anterior, acompañado con un análisis de riesgo de inversión bajo un enfoque que contemple el componente climático y su comportamiento proyectado en los próximos años. De esta manera se invierte estratégicamente en regiones cañeras con idoneidad climática a futuro, y se evitan (en la manera de lo posible) pérdidas económicas de manera preventiva y no reactiva. Cada una de estas acciones implica una valoración técnica y económica, a través de la cual se generen indicadores para tomar las decisiones de inversión y de ajustes en los paquetes tecnológicos que permitan elevar la productividad y competitividad de la producción de caña. De las zafras 2016/2017 a 2023/2024 los costos de producción se han incrementado en términos reales y el precio de la caña se ha mantenido con poca variación, por lo que el margen de utilidad presenta una tendencia a la baja. En el ciclo azucarero 2024/2025 los precios del azúcar cayeron de manera dramática, para mitigar la caída del precio para el pago de la caña en el ciclo 2024/2025 se llegó a un acuerdo de concertación entre industriales y cañeros, a través del cual se logró aumentar el precio de referencia para el pago de la caña de un valor calculado con los precios del ciclo de $16,012.80 por tonelada de azúcar a un precio concertado de $16,100.00 por tonelada de azúcar base estándar. La estructura de costos de producción de caña en el período de referencia (2016/2017-2023/2024) ha cambiado de manera significativa, por ejemplo, el costo de las labores agrícolas pasó de 33.2% a 42.0%, la participación relativa de los costos de cosecha se redujo de 36.89% a 27.17%, mientras que los gastos diversos prácticamente se duplicaron de 7.61% a 13.68%, los costos de siembra sumados a los de preparación del terreno oscilan alrededor del 20%. 26 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2025). Resumen de costos y sustentabilidad: Sistema de Información Integral del Bienestar Azucarero (SIIBA). Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Recuperado el 30 de enero de 2026, de https://www.siiba.conadesuca.gob.mx/SiCostosSustentabilidad/ConsultaPublica/ResumenCostos.aspx?app=costos Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 521 Figura 6. Estructura de costos de producción de caña en el período de referencia (2016/2017-2023/2024) Nota: Aún no se encuentra disponible la información para la zafra 2024/2025. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante consulta del Sistema de Información Integral del Bienestar Azucarero (SIIBA) del CONADESUCA (2024). La estructura de costos se obtuvo mediante la consulta de variables por regiones para el periodo de las zafras 2016/17 a 2023/24.27 Figura 7. Estructura de los costos de producción de caña (%) Nota: Aún no se tiene disponible la información para la zafra 2024/2025. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante consulta del Sistema de Información Integral del Bienestar Azucarero (SIIBA) del CONADESUCA (2024). La estructura porcentual de los costos de producción se obtuvo mediante la consulta de variables por regiones en el portal oficial de costos y sustentabilidad.28 27 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2024). Consulta pública de variables por regiones: Sistema de Información Integral del Bienestar Azucarero (SIIBA). Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Recuperado el 30 de enero de 2026, de https://www.siiba.conadesuca.gob.mx/SiCostosSustentabilidad/ConsultaPublica/ConsultaPublicaVariablesRegiones.aspx?app=costos 28 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2024). Consulta pública de variables por regiones: Sistema de Información Integral del Bienestar Azucarero (SIIBA). Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Recuperado el 30 de enero de 2026, de https://www.siiba.conadesuca.gob.mx/SiCostosSustentabilidad/ConsultaPublica/ConsultaPublicaVariablesRegiones.aspx?app=costos 522 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Acuerdo de concertación para definir precio de referencia del azúcar base estándar para el pago de la caña El PRONAC 2026-2030 es un programa especial derivado del PND 2025-2030, que no cuenta con presupuesto propio. Ante ello, se pretende avanzar en la construcción de un acuerdo en el que se establezca el precio de referencia del azúcar base estándar, el cual sirve como fundamento para pago de la caña. Este acuerdo de concertación es resultado de la aplicación del sistema de pago definido en el Capítulo II de la LDSCA, y el procedimiento especificado en los artículos 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65. Este sistema de pago de caña de azúcar es determinante para definir el ingreso que recibirán las personas productoras de caña que abastecen a los ingenios y el ingreso que los industriales reciben por la venta del producto azúcar. El 57% de precio de referencia del azúcar base estándar, le corresponde al abastecedor de caña y el 43% al industrial. El precio de referencia se calcula con las ventas ponderadas de azúcar destinadas al mercado doméstico y las ventas al mercado exterior (cuota a EE. UU., y Puerto Rico, pagadas a contrato 16 y las ventas al mercado mundial pagadas a contrato 11, como se explicó anteriormente). Los cambios derivados de la implementación del PRONAC 2026-2030, en la población productora de caña de azúcar que se entrega a los ingenios están ubicados en el ámbito de incremento del ingreso por aumento de la productividad y competitividad del cultivo de la caña de azúcar, y por efecto de la diversificación del aprovechamiento de la caña en productos con mayor valor agregado que aquel que se obtiene exportando azúcar al mercado mundial la cual se realiza con pérdida para el sector, como lo es la producción de biocombustibles como etanol y biocombustibles sostenibles de aviación (SAF, por sus siglas en inglés). También con la implementación del PRONAC 2026-2030, se pretende fortalecer el orden en el mercado de los edulcorantes (azúcar de caña, jarabe de maíz rico en fructosa y los edulcorantes sin calorías) de tal manera que no exista competencia desleal entre el azúcar de caña que se produce en los ingenios azucareros mexicanos y la importación de azúcar de otros países, las importaciones de jarabe de maíz rico en fructosa proveniente de EE.UU. y los edulcorantes dietéticos que en su mayor volumen se importan. En el campo cañero participan como abastecedores/as de ingenios hombres y mujeres, no se identifican brechas o rezagos derivadas del género, si se identifican algunos riesgos en el tema de trabajo infantil, particularmente en poblaciones migrantes que se dedican al corte de caña; para erradicar el trabajo infantil se están haciendo campañas en donde participan las personas productoras de caña y los industriales para que este problema no esté presente en el campo cañero. El CONADESUCA levanta en cada zafra una encuesta de percepción de esta problemática en la competencia de los CPCC además de otros indicadores de Sostenibilidad. El corte manual de la caña de azúcar es un trabajo considerado de alto riesgo por lo que resulta complicado contar con cortadores de caña. Las personas productoras de caña e ingenios están haciendo esfuerzos para mecanizar la cosecha en donde las condiciones de los campos cañeros lo permiten, no obstante, se requiere desarrollar tecnología de cosecha mecanizada más acorde con las condiciones de topografía y textura del campo cañero, así como a la dificultad que representa el tamaño de los predios cañeros para el uso de maquinaria en general y no solo para las cosechadoras. Investigación y desarrollo tecnológico Actualmente, el CIDCA es una de las entidades dedicada a desarrollar, coordinar y/o evaluar proyectos de investigación científica en caña de azúcar y su transferencia tecnológica para otorgar mayor competitividad y rentabilidad a la agroindustria azucarera nacional, principalmente a través del desarrollo de nuevas variedades de caña de azúcar. Cuenta con una estación de hibridación, una estación cuarentenaria, un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales para la reproducción de variedades comerciales, un laboratorio de biología molecular y 11 campos experimentales distribuidos en diferentes estados productores de caña. A la fecha cuenta con 20 variedades registradas y 26 variedades en proceso de registro. Entre los proyectos más destacados en los que ha trabajado se encuentra el mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares. Otras instituciones públicas como la Universidad Veracruzana, Colegio de Postgraduados, INIFAP y la UNAM, también cuentan con diferentes líneas de investigación relacionadas al mejoramiento genético, fitosanidad, biotecnología y manejo agronómico, con excepción de INIFAP, la mayoría de los trabajos realizados en las instituciones mencionadas es con fines académicos. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 523 Demandas de Investigación Si bien la LDSCA mandata la creación del CICTCAÑA, hasta la fecha no ha sido posible obtener los recursos presupuestales necesarios para hacer viable su operación. Ante esta situación, los agentes de la agroindustria y el CONADESUCA han emprendido diversas acciones para identificar y atender las necesidades de investigación del sector, entre ellas la elaboración de la Agenda Nacional de Investigación y la realización de sesiones de trabajo en las que confluyen las opiniones de distintos actores. Asimismo, el CONADESUCA cuenta con el sistema SI-Investigación, un acervo documental en constante actualización que recopila y pone a disposición estudios y trabajos de investigación elaborados por especialistas e instituciones, tanto nacionales como internacionales. Es importante continuar con los esfuerzos para orientar las necesidades de investigación en la agroindustria, así como con la gestión de recursos para su realización. Los principales temas de investigación identificados son: Fitosanidad (plagas emergentes y de mayor impacto), variedades tolerantes a condiciones adversas, análisis de suelos, mecanización para el corte de caña, tecnologías emergentes e implementación de un modelo eficiente de transferencia de tecnología (Esquema del CICTCAÑA). Identificación del Problema Público de la Agroindustria de la Caña de Azúcar La cadena de valor de la caña de azúcar en México considera, entre otras, las actividades de siembra, cultivo, cosecha, comercialización, así como la industrialización para generar su principal derivado, el azúcar de caña. Siendo este último por el que la actividad azucarera se considera de interés público, ya que tiene un alto impacto social, al dar empleo directo a más de 500 mil personas (incluidas personas productoras, jornaleros, cortadores, transportistas y obreros) beneficiando indirectamente a más de 2.4 millones de personas; que viven en 290 municipios de 16 entidades federativas. Factores como la estructura minifundista de la superficie cañera, el incremento en los costos de producción en cada zafra, así como el incremento de los excedentes de azúcar debido a la contracción del consumo interno derivado de la importación de edulcorantes, la reducción de la cuota estadounidense para abastecerse de azúcar mexicana y la campaña contra el consumo del azúcar, principalmente, han hecho que los márgenes de utilidad que obtienen los industriales por su azúcar y, consecuentemente, las personas productoras por su caña, se vean mermados. México es autosuficiente en materia azucarera, se cubren los compromisos de suministro de azúcar de la cuota americana cada ciclo, se satisface la demanda de azúcar para las empresas IMMEX y queda un remanente que se debe exportar al mercado mundial (otros países excepto los EE. UU.), dicha exportación al mercado mundial, se realiza con pérdida para los industriales y cañeros. El excedente al mercado mundial se vende a contrato 11 y dependiendo del volumen que se destine a ese mercado, se pondera con los otros precios (mercado doméstico y mercado de EE. UU.) para calcular el precio del azúcar base estándar que sirve de referencia para el pago de la caña. En general, la estructura de la demanda de azúcar en los últimos 10 años se ha distribuido en las siguientes proporciones: 70.82% venta de los ingenios al mercado nacional, 17.26% cuota americana (cupo), 6.14% IMMEX y 3.84% mercado mundial. El excedente de azúcar promedio durante el periodo 2014/2024 fue de 221,462 toneladas de azúcar. No obstante, las ventas de los ingenios al mercado nacional presentan una tendencia a la baja, al igual que la cuota americana y las ventas a empresas IMMEX. Por lo que, si la tendencia actual continúa y se recuperan los niveles de producción, los excedentes de producción de caña y azúcar podrían alcanzar el equivalente a 10 millones de toneladas de caña como ocurrió en la zafra 2018/2019. En ese escenario, se producirían 1.175 millones de toneladas de azúcar que tendrían que destinarse al mercado mundial, afectando severamente los ingresos de las personas productoras de caña y los ingenios. Sin duda, el mayor impacto en una reducción del precio del azúcar estándar al mayoreo que sirve de referencia para determinar el precio de la caña lo sufren las personas productoras de esta materia prima; para el industrial una reducción en el precio del azúcar estándar al mayoreo significa una reducción en sus costos de producción, dado que la caña de azúcar es el principal componente de costo de los ingenios azucareros. Mientras que, para el cañero, una reducción del precio del azúcar estándar que sirve de referencia para el pago de la caña significa una reducción en sus ingresos totales y no en sus costos de producción. A pesar de que nuestro principal socio comercial EE. UU., demanda azúcar y en los últimos años México se ha visto favorecido debido a cupos extraordinarios que se han asignado por cuestiones meramente coyunturales, la exportación está sujeta a la apertura de cupos que en los últimos diez ciclos azucareros muestran una tendencia a la baja. 524 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 A diferencia de otros productos, la exportación de azúcar al mercado mundial no es negocio. Los precios que paga dicho mercado son tan sólo la mitad de lo que paga el mercado de los EE. UU. y han llegado a representar un tercio de lo que paga el mercado nacional. Por lo expuesto anteriormente, la principal problemática de la agroindustria de la caña de azúcar son los excedentes de caña de azúcar, mientras mayores excedentes de azúcar se tengan, mayor cantidad de azúcar se debe de exportar a mercado mundial y, por consiguiente, los ingresos de las personas productoras e industriales se ven reducidos, afectando principalmente a las personas pequeñas y medianas productoras de caña de azúcar: campesinos, indígenas y afrodescendientes de amplias zonas del país. En cada ciclo azucarero y de acuerdo con su nivel de producción, todos los ingenios tienen que exportar el excedente de azúcar que no tiene mercado nacional y no cabe en la cuota asignada por EE.UU.. Lo anterior, desestimula el incremento de la productividad en el campo cañero puesto que mayor producción de azúcar para el mercado mundial significa menores ingresos para todos; es decir, el campo cañero se encuentra en un estado de “contención productiva”. Por ello el presente PRONAC 2026-2030 contribuirá al incremento de la sustentabilidad del campo cañero, a mejorar la estabilidad de las condiciones de mercado, así como a la diversificación de la agroindustria de la caña de azúcar a través de la producción de biocombustibles. Bajo el compromiso del Segundo Piso de la Transformación y los principios rectores del humanismo mexicano, el PRONAC 2026-2030 promoverá y respetará los derechos humanos de las mujeres (igualdad sustantiva), la prosperidad compartida en beneficio de las personas productoras de caña de azúcar de nuestro país, así como el desarrollo y bienestar del sector de la agroindustria de la caña de azúcar con especial cuidado del medio ambiente. Producción de biocombustibles: una oportunidad para incrementar la productividad y modernizar al sector de la agroindustria de la caña de azúcar. Nuestro país es autosuficiente en la producción de azúcar. La producción anual de caña de azúcar es suficiente para cubrir la demanda interna y existe un excedente que se exporta, incluso con pérdidas para los industriales y cañeros. La estructura de la demanda es 66% mercado nacional, 10% cuota americana, 10% IMMEX y 14% mercado mundial (CONADESUCA, 2025). Durante la última década EE. UU. ha reducido a México su cuota de exportación de azúcar, las empresas IMMEX están comprando menos azúcar y el mercado interno se está contrayendo. Esto contribuye a explicar la caída en el precio del azúcar y en consecuencia del ingreso de las personas productoras de caña y los ingenios azucareros, con el riesgo de caer en insolvencia con pérdida de rentabilidad. Esta problemática requiere la diversificación del uso de la caña para canalizar los excedentes que se exportan al mercado mundial a pérdida, dándole un uso alterno y mayor valor agregado a través de la producción de biocombustibles como el etanol como insumo para su transformación en SAF. La materia prima más abundante, disponible y con ventajas para la producción de SAF es la caña de azúcar. Los excedentes de producción de caña han llegado a superar los 10 millones de toneladas, que al ser transformadas en etanol resultan en 800 millones de litros del biocombustible, materia prima suficiente para producir alrededor de 400 millones de litros de bioturbosina SAF. El equivalente en etanol del excedente de azúcar equivale a 546 millones de litros de etanol y a 320 millones de litros de SAF. Estas cifras requieren que la producción de caña sea suficiente para producir cada ciclo 6 millones de toneladas de azúcar; producción que ya se ha superado en la zafra 2021/2022. Con el SAF se podría pagar la caña a un precio equivalente al que se paga el contrato 16 o al menos a un valor entre este contrato y el contrato 11, según el análisis de rentabilidad del negocio de producción de etanol, y convertirlo en bioturbosina. En México, 15 de las 32 aerolíneas comerciales que operan actualmente, cuentan con compromisos de consumo de SAF para 2030. De acuerdo con proyecciones de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para ese año se estima una demanda de SAF en un rango de los 250-390 millones de litros anuales. Es por ello que, el 13 de enero de 2025, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, presentó el Plan México, como una estrategia de desarrollo económico equitativo y sustentable para la prosperidad compartida con una visión del presente y el futuro sobre el desarrollo nacional. Dicho Plan contempla como proyecto clave el Plan SAF el cual tiene como finalidad reducir la dependencia de SAF, en beneficio de los productores de caña de azúcar e ingenios azucareros. Lo anterior, será posible mediante el desarrollo de un mercado de etanol local, identificando las zonas productoras de caña de azúcar con potencial para la producción de bioetanol, como insumo base para su biorrefinación en SAF. Con ello, se estima que, a finales del año 2030, se logrará reducir en un 20% la dependencia de SAF. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 525 El Plan SAF, se considera como un eje tractor para lograr incrementar la productividad y lograr la sostenibilidad de la agroindustria de la caña de azúcar ante un escenario en el que el consumo de azúcar tiene una tendencia a la baja. Es la oportunidad que tiene la agroindustria para inhibir los excedentes de azúcar que han sido el tema más sensible históricamente, para su transformación en un producto de mayor valor agregado (bioetanol-SAF) cuidando los recursos naturales, generando nuevos empleos, mejorando el ingreso de quienes dependen de esta agroindustria, sustituyendo las importaciones y contribuyendo a la reducción de la pobreza en el campo mexicano. Son tiempos de transformación de la vida pública y política de nuestro país y la agroindustria, las personas productoras de caña e ingenios azucareros no se pueden quedar atrás. Al contrario, existe un gran potencial de este sector para, sin descuidar el abasto del mercado nacional y las exportaciones a nuestro principal socio comercial de azúcar, poder transitar hacia la creación de una nueva agroindustria e incursionar en un nuevo mercado denominado “SAF”. Para ello se requiere compromiso de todos los agentes del sector, inversión en el campo, investigación, infraestructura, implementación de buenas prácticas agrícolas y sociales, que permitan incrementar la productividad y eliminar la contención productiva del campo cañero que ha existido por muchos años. Es fundamental capacitar al personal de la agroindustria para lograr la certificación de los criterios de sostenibilidad, se requiere inversión en infraestructura que permita realizar la transformación de materia prima sostenible, pero lo más importante: se requiere voluntad, unidad y coordinación dentro de todo el sector, así como con otras dependencias para sacar adelante la política pública que se habrá de implementar y hacer realidad la producción de biocombustibles en nuestro país. Visión a Largo Plazo La agroindustria de la caña de azúcar en los próximos veinte años se consolida como una cadena productiva ordenada y resiliente al cambio climático, que garantiza el abasto de un bien de consumo básico para la población y un insumo muy importante para diversos productos preenvasados, con oferta suficiente para abastecer la cuota americana, satisfacer el consumo de azúcar de las empresas instaladas en México que requieren azúcar y que sus productos son para exportación (IMMEX) y reducir al mínimo las exportaciones al mercado mundial, para mantener los precios en niveles que aseguren buenos ingresos para las personas productoras de caña y los ingenios azucareros. En 2050, la agroindustria de la caña de azúcar de México habrá logrado su diversificación y se habrá consolidado como un referente nacional e internacional para la producción de biocombustibles, mejorando sustancialmente sus indicadores de productividad y sustentabilidad, logrando la generación de un número mayor de empleos, de una mayor derrama económica y de una mejora sustantiva en el bienestar de la población que depende directa e indirectamente de dicha agroindustria. 6. Objetivos Objetivos del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2026-2030 1.- Aumentar la sustentabilidad del campo cañero en México. 2.- Mejorar la estabilidad de las condiciones de mercado de productos y derivados de la caña de azúcar en beneficio del sector de la agroindustria de la caña de azúcar mexicana. 3.- Diversificar el aprovechamiento de la caña de azúcar para la producción de biocombustibles a nivel nacional. 6.1 Relevancia del objetivo 1: Aumentar la sustentabilidad del campo cañero en México. A partir de la zafra 2010/11, el sector de la agroindustria de la caña de azúcar tiene a su disposición el Sistema de Indicadores de Sustentabilidad (SI-Sustentabilidad), el cual tiene como objetivo recopilar y estructurar las acciones en materia de sustentabilidad implementadas por los CPCC en México, para la estimación anual (por zafra) de 18 indicadores e índices correspondientes. El sistema permite contar con una métrica para monitorear, evaluar y difundir el contexto en que se desarrolla la sustentabilidad en el sector a partir de 3 ejes: A) Conservación: calidad, conservación y protección de los recursos naturales, B) Innovación: capacidad de cambio e innovación y C) Eficiencia: eficiencia del sistema de producción. En el campo cañero las variables estratégicas son el rendimiento en campo medido en toneladas de caña por hectárea (t/ha), la cantidad de azúcar contenida en cada tonelada de caña (la calidad de la materia prima) y desde luego los costos de producción de caña por hectárea y por tonelada. Debido a que se trata de un cultivo semiperenne; es decir, se siembra y puede cosecharse durante varios años, en general se trata de ciclos de 5 o 6 años de mayor productividad, pero algunas veces se extiende el número de cortes de caña a más de 6. 526 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Son tiempos de transformación y el sector de la agroindustria de la caña de azúcar tiene el gran potencial y debe generar esa transición hacia una nueva agroindustria bajo un enfoque de agricultura climáticamente inteligente; es decir, que sea económicamente factible, ambientalmente sensible y socialmente aceptable y que permita satisfacer la demanda de SAF, sin descuidar el abasto nacional de azúcar ni las exportaciones a nuestro principal socio comercial EE.UU. Mejorar los indicadores de sostenibilidad de la agroindustria de la caña de azúcar permitirá a corto, mediano y largo plazo, contribuir con la preservación de recursos naturales, disminución de emisiones, disminución de consumo de recursos (agua, energía, insumos, etc.); reducción de costos, disminución de la generación de residuos, aumentar el reaprovechamiento de recursos y en general incrementar el bienestar de las personas del campo y la ciudad, con una visión a largo plazo como lo establece la LDSCA. 6.2 Relevancia del objetivo 2: Mejorar la estabilidad de las condiciones de mercado de productos y derivados de la caña de azúcar en beneficio del sector de la agroindustria de la caña de azúcar mexicana. Procurar la estabilidad del mercado azucarero reviste una importancia estratégica tanto desde el punto de vista económico como social. Económicamente, el mercado de la caña de azúcar es uno de los pilares del sector agroindustrial en México, con una significativa contribución al Producto Interno Bruto agropecuario y una fuerte presencia en las cadenas de valor regionales. Este objetivo se alinea con el Modelo de Desarrollo del Segundo Piso de la Transformación planteado en el PND 2025–2030, ya que contribuye a garantizar ingresos más justos para las personas productoras a través de condiciones de mercado más previsibles, fortaleciendo la economía moral y el trabajo en el campo. Asimismo, incide en el bienestar social al reducir la incertidumbre de los hogares cañeros, promueve prácticas agrícolas sostenibles y respalda la integración de cadenas productivas en la agroindustria azucarera, impulsando el desarrollo regional y la creación de valor agregado. Con ello, se favorece un crecimiento económico con justicia, sustentabilidad y soberanía, en congruencia con los principios del Humanismo Mexicano que orientan la actual política de desarrollo nacional. Las actuales condiciones del mercado azucarero nacional se encuentran marcadas por una sobreoferta significativa, derivada de la importación de más de 700 mil toneladas de azúcar, así como de más de un millón de toneladas de jarabe de maíz rico en fructosa (JMRF) durante el ciclo 2023/2024, volumen que representó un incremento del 24% respecto al ciclo previo. Esta situación fue impulsada por los altos precios históricos que se registraron en el mercado doméstico de azúcar, los cuales incentivaron tanto la entrada de importaciones como la mayor utilización de edulcorantes alternativos. Como resultado, la composición del Consumo Nacional Aparente (CNA) de edulcorantes en 2023/2024 se modificó de manera relevante: únicamente el 59.5% correspondió a ventas internas de los ingenios azucareros, mientras que el 40.5% restante fue cubierto por importaciones de azúcar y por el JMRF. Esta sobreoferta ha provocado una caída del 27.6% en los precios nacionales de azúcar durante el ciclo 2024/2025, con efectos negativos directos en la rentabilidad del campo cañero, que resiente una fuerte reducción en el ingreso de las personas productoras de caña y en la industria azucarera, que enfrenta presiones financieras y de competitividad. Adicionalmente, la creciente participación del JMRF en la dieta edulcorante nacional refuerza los riesgos de desplazamiento estructural del azúcar en el mercado interno, lo que genera mayor incertidumbre sobre la sostenibilidad del sector cañero en el mediano plazo. Al contribuir a la estabilidad del mercado, se favorece la permanencia del empleo, el acceso a ingresos dignos y la mejora de la calidad de vida en regiones donde pocas otras actividades económicas tienen un impacto similar. Además, fortalecer la agroindustria de la caña de azúcar contribuye a reducir desigualdades sociales y a fomentar el arraigo rural, evitando el desplazamiento forzado por motivos económicos. En este sentido, la estabilidad del mercado no es solo un objetivo sectorial, sino un componente esencial para el desarrollo económico regional y la justicia social en las zonas productoras de caña de azúcar. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Diversificar el aprovechamiento de la caña de azúcar para la producción de biocombustibles a nivel nacional. En 2022, los Estados Miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) adoptaron la meta de lograr Cero Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para 2050. Para tal efecto la OACI creó una medida para que los Estados puedan “compensar” las emisiones de CO₂ denominado: “Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA)”. CORSIA se elaboró considerando el desarrollo de 3 fases de implementación; no obstante, en 2027 comenzará la fase obligatoria, para la cual todas las aerolíneas que realizan vuelos internacionales deberán demostrar el uso Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF, por sus siglas en inglés) o bien pagar por la compensación de sus emisiones. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 527 La producción de SAF es clave para mejorar el bienestar de la población rural de nuestro país, así como la descarbonización de la industria de la aviación. Según la región, la tecnología y el tipo de materia prima podrían ofrecer muchos otros beneficios, en ese sentido, además de reducir las emisiones, se pueden generar puestos de trabajo, eslabonamientos positivos con el sector agrícola y la utilización de residuos como insumos en el proceso productivo, entre otros. En México la materia prima disponible más abundante y con ventajas para la producción de SAF es la caña de azúcar. Los excedentes de producción de caña han llegado a superar los 10 millones de toneladas de caña, que al ser transformadas en etanol resultan en 800 millones de litros del biocombustible, materia prima suficiente para producir alrededor de 400 millones de litros de bioturbosina (SAF). México es autosuficiente en materia azucarera, se cubren los compromisos de suministro de azúcar de la cuota americana cada ciclo, se satisface la demanda de azúcar para las empresas IMMEX y queda un remanente que se debe exportar al mercado mundial (otros países excepto los EE. UU.) con pérdida para los industriales y cañeros. Dicho excedente se vende a contrato 11 y dependiendo del volumen que se destine a ese mercado, se pondera con el precio del azúcar base estándar que sirve de referencia para el pago de la caña. En general, la estructura de la demanda de azúcar en los últimos 12 años se ha distribuido en las siguientes partes: 66% mercado nacional, 10% cuota americana, 10% IMMEX y 14% mercado mundial (CONADESUCA, 2025). El equivalente en etanol del excedente de azúcar equivale a 546 millones de litros de etanol y a 320 millones de litros de SAF.29 Estas cifras requieren que la producción de caña sea suficiente para producir cada ciclo 6 millones de toneladas de azúcar; producción que ya se ha superado. La diversificación del uso de la caña permite canalizar los excedentes dándole un uso alterno para la producción de biocombustibles como el etanol para de ahí obtener el SAF. Estados Unidos ha reducido la cuota de exportación, las empresas IMMEX están comprando menos azúcar y el mercado interno se está contrayendo, todo esto abona para una caída en el precio del azúcar y en consecuencia en el ingreso de las(os) productoras(es) de caña y los ingenios azucareros, con el riesgo de caer en insolvencia con la pérdida de rentabilidad. La producción de SAF permitiría pagar la caña a un precio superior al del contrato 11, de acuerdo con un análisis de rentabilidad de la producción de etanol y su procesamiento para obtener bioturbosina. En México el 47% de las aerolíneas comerciales que operan vuelos internacionales incrementarán su demanda de bioturbosina a razón de los compromisos adquiridos para el uso de biocombustibles para el año 2030. Se estima, que la demanda para ese año sea de hasta 390 millones de litros por año, de acuerdo a la SICT. Por lo expuesto anteriormente y aunado a los esfuerzos del Segundo Piso de la Transformación, la diversificación de la agroindustria de la caña de azúcar a través de la producción de biocombustibles contribuirá al cumplimiento de los Objetivos 3.4, 3.6 y 4.2 del PND 2025-2030 así como al Plan SAF en el marco del Plan México, al fortalecer el desarrollo y tecnificación del campo cañero mexicano, fortalecer la soberanía alimentaria al mantener la autosuficiencia de nuestro país en materia azucarera e impulsando la producción de biocombustibles (bioetanol y SAF) a partir de la caña de azúcar, fomentando la innovación tecnológica, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y mitigando el impacto ambiental, en beneficio de las personas productoras de caña e industriales de nuestro país. 6.4 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2026-2030 El PRONAC 2026-2030 está elaborado bajo el firme compromiso de poder consolidar el segundo piso de la cuarta transformación de México a través de la prosperidad de la República y el bienestar de la población, en específico de aquellas comunidades rurales y regiones que son dependientes del sector de la agroindustria de la caña de azúcar de nuestro país. Para lograr lo anterior, el PRONAC 2026-2030 se enfoca en la implementación de tres objetivos, mismos que se encuentran alineados a siete de las catorce Repúblicas que agrupan el Proyecto de Nación encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y de manera transversal dichos objetivos están alineados al Eje 3.-Economía Moral y Trabajo y al Eje 4.-Desarrollo Sustentable del PND 2025-2030, como se muestra a continuación: 29 Nota. Elaboración propia a partir de datos técnicos de Farmdoc Daily (Goldsmith & Landry, 2024). La estimación se basa en la tasa de conversión de etanol a combustible sostenible de aviación (SAF). Goldsmith, P., & Landry, C. (22 de febrero de 2024). Is sustainable aviation fuel the future of ethanol? Farmdoc Daily. University of Illinois. 528 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivos del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 2030 1.- Aumentar la sustentabilidad del campo cañero en México. Objetivo 3.6 Fortalecer la producción, el desarrollo y la tecnificación del campo mexicano, enfocándose en los pequeños y medianos productores, mediante el uso sostenible de los recursos naturales y la provisión de servicios públicos de calidad. Estrategia 3.6.3 Fortalecer los bienes y servicios públicos en el sector agroalimentario para mejorar su sostenibilidad, equidad y productividad. 2.- Mejorar la estabilidad de las condiciones de mercado de productos y derivados de la caña de azúcar en beneficio del sector de la agroindustria de la caña de azúcar mexicana. Objetivo 3.4 Fortalecer la soberanía alimentaria para garantizar el derecho del pueblo de México a una alimentación nutritiva, suficiente, de calidad y aprecios accesibles para todos. Estrategia 3.4.2 Promover el buen funcionamiento de los mercados agrícolas, acuícolas y pesqueros, impulsando la generación de valor agregado y optimizando la comercialización de sus productos para garantizar el abasto de alimentos. 3.- Diversificar el aprovechamiento de la caña de azúcar para la producción de biocombustibles a nivel nacional. Objetivo 4.2 Impulsar proyectos estratégicos de energías limpias, modernizar la infraestructura eléctrica y fomentar la innovación tecnológica para reducir la dependencia de combustibles fósiles y mitigar el impacto ambiental. Estrategia 4.2.1 Fomentar la transición gradual de combustibles fósiles a energías renovables para fortalecer la sustentabilidad económica y ambiental. 7. Estrategias y líneas de acción Objetivo 1. Aumentar la sustentabilidad del campo cañero en México. Estrategia 1.1 Impulsar la certificación sustentable de la agroindustria de la caña de azúcar para recuperar su productividad y competitividad. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.1 Estimar y realizar el análisis correspondiente de las emisiones y captura de CO2, tanto de campo como de fábrica, para aquellos ingenios interesados en promover dichos procesos, a través de la colaboración con los abastecedores de caña de azúcar, industria, centros de investigación y academia. AGRICULTURA/CONADESUCA, SECIHTI, UNC-CNPR, UNPCA, INGENIOS AZUCAREROS 1.1.2 Estimar la huella hídrica verde del cultivo de caña de azúcar a través del desarrollo de una metodología para tal fin. AGRICULTURA/CONADESUCA, SECIHTI, UNC-CNPR, UNPCA, INGENIOS AZUCAREROS 1.1.3 Disminuir riesgos de contaminación ambiental en las zonas de abasto cañeras del país a través de la adopción de buenas prácticas de manejo y disposición de envases de agroquímicos. AGRICULTURA/CONADESUCA, SECIHTI, UNC-CNPR, UNPCA, INGENIOS AZUCAREROS, AMOCALI, A.C., SENASICA 1.1.4 Impulsar la capacitación y formación de recursos humanos para elaborar planes de gestión ambiental, de residuos, de manejo de suelos a través de talleres regionales en las zonas cañeras del país. AGRICULTURA/CONADESUCA, SECIHTI, UNC-CNPR, UNPCA, INGENIOS AZUCAREROS 1.1.5 Fomentar la adopción de servicios ambientales que brindan los ecosistemas forestales, como la captura de carbono y regulación del ciclo hidrológico, entre las personas productoras de caña, mediante mecanismos de compensación y acompañamiento técnico. AGRICULTURA/CONADESUCA, SEMARNAT/CONAFOR Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 529 Estrategia 1.2 Fortalecer la vinculación y coordinación entre instituciones de investigación, organizaciones de productores y los ingenios, para generar alternativas de adaptación y mitigación ante los impactos del cambio climático. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.1 Monitorear el crecimiento y desarrollo del cultivo de caña de azúcar, mediante el procesamiento de imágenes satelitales y Sistemas de Información Geográfica (SIG). AGRICULTURA/CONADESUCA, CNIAA, UNC-CNPR, UNPCA A.C., INGENIOS AZUCAREROS 1.2.2 Promover la planeación oportuna de la cosecha a través de la generación de pronósticos climatológicos en el sector de la agroindustria de la caña de azúcar. AGRICULTURA/CONADESUCA, CNIAA, UNC-CNPR, UNPCA A.C., INGENIOS AZUCAREROS 1.2.3 Continuar con el Proyecto Estratégico "Producción de semilla de caña de azúcar con variedades comerciales y nuevos híbridos, mediante el establecimiento de semilleros de alta calidad". INIFAP, AGRICULTURA/CONADESUCA, SECIHTI, CIDCA, A.C., UNC-CNPR, UNPCA A.C., INGENIOS AZUCAREROS. 1.2.4 Mejorar la eficacia en la aplicación de insumos y bioinsumos agrícolas, tipos de maquinaria, sistemas de riego y tecnología de corte y cosecha, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la organización de eventos demostrativos en el campo cañero. INIFAP, AGRICULTURA/CONADESUCA, SECIHTI, UNC-CNPR, UNPCA A.C. 1.2.5 Colaborar en la organización de foros y talleres en coordinación con el Campo Experimental de Variedades de Caña de Azúcar - UNPCA “El Manguito”, Veracruz, mediante la promoción y participación en los eventos que se realizan para las y los abastecedores de caña de azúcar e industriales. UNPCA A.C., CIDCA, A.C., AGRICULTURA/CONADESUCA, UNC-CNPR, INIFAP 1.2.6 Generar mayor vinculación con entidades u organismos del Gobierno de México a través de la firma de convenios de colaboración para fomentar la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, Buen Uso y Manejo de Agroquímicos y evaluaciones de impacto del cambio climático en el campo cañero mexicano. UNC-CNPR, UNPCA, INGENIOS AZUCAREROS, AMOCALLI, A.C. SENASICA, STPS, SEMARNAT/INECC/CONAFOR, AGRICULTURA/CONADESUCA. 1.2.7 Fortalecer las capacidades del sector cañero ante el cambio climático a través de la elaboración y ejecución de módulos formativos (presenciales y virtuales) sobre amenazas climáticas, prácticas adaptativas y estrategias sostenibles aplicables al cultivo de caña. SEMARNAT/INECC, AGRICULTURA/ CONADESUCA/ INIFAP, UNC-CNPR, UNPCA A.C, ASÍ COMO INGENIOS AZUCAREROS. 1.2.8 Fortalecer el diagnóstico de la producción cañera frente a escenarios de cambio climático, a través de modelación agroclimática que integre proyecciones de temperatura, precipitación y disponibilidad hídrica, y la evaluación de la exposición y sensibilidad del sistema cañero. SEMARNAT/INECC, AGRICULTURA/CONADESUCA/INIFAP SECIHTI. 1.2.9 Generar y actualizar información climática aplicada al sector de la agroindustria de la caña de azúcar a través de la consolidación de un grupo de trabajo técnico interinstitucional permanente. SEMARNAT/INECC, AGRICULTURA/CONADESUCA/INIFAP SECIHTI Estrategia 1.3 Promover condiciones laborales dignas entre las y los trabajadores del campo y la agroindustria cañera para mejorar su bienestar económico y social. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.1 Promover una mayor participación de la mujer en el sector de la agroindustria de la caña de azúcar a través de la implementación de políticas internas de igualdad de género en ingenios y organizaciones de abastecedores. AGRICULTURA/CONADESUCA, UNPCA, UNC-CNPR, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS 530 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.2 Prevenir y erradicar el trabajo infantil en campos cañeros, mediante acciones de sensibilización y adopción de protocolos de actuación ante la detección de trabajo infantil con abastecedores e industriales de caña de azúcar y gobierno. AGRICULTURA/CONADESUCA, UNPCA, UNC-CNPR, INGENIOS AZUCAREROS, STPS. 1.3.3 Fomentar el trabajo digno y el respeto a los derechos humanos de las personas jornaleras agrícolas, mediante el mejoramiento de las condiciones laborales de sus centros de trabajo. AGRICULTURA/CONADESUCA, UNPCA, UNC-CNPR, INGENIOS AZUCAREROS, STPS. Estrategia 1.4 Fortalecer la investigación, innovación y transferencia tecnológica para reducir los costos de producción de los abastecedores de caña y los ingenios azucareros. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.4.1 Promover la validación de variedades y la producción de caña con semilla proveniente de semilleros certificados y semilla apta para la producción de etanol, mediante actividades de investigación, innovación y transferencia de tecnología. INIFAP, CIDCA/CER´S, SENASICA, SNICS, AGRICULTURA/CONADESUCA, UNPCA, UNC-CNPR, INGENIOS AZUCAREROS 1.4.2 Reducir los costos de producción en el campo cañero, mediante la renovación de cepas, el incremento de la mecanización de la cosecha en verde, el uso de drones y sensores, la optimización de los recursos disponibles y la coordinación con los abastecedores de caña de azúcar e ingenios azucareros. INIFAP, CIDCA/CER´S, SENASICA, SNICS, AGRICULTURA/CONADESUCA, UNPCA, UNC-CNPR, INGENIOS AZUCAREROS Objetivo 2. Mejorar la estabilidad de las condiciones de mercado de productos y derivados de la caña de azúcar en beneficio del sector de la agroindustria de la caña de azúcar mexicana. Estrategia 2.1 Fortalecer la calidad de la información que los ingenios azucareros entregan al CONADESUCA para garantizar la confiabilidad de sus servicios. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.1 Gestionar la entrega de la información general y específica requerida por el CONADESUCA a través de comunicados oficiales y circulares a los Comités de Producción y Calidad Cañera de los representantes nacionales en sus Grupos Técnicos de Trabajo. AGRICULTURA/CONADESUCA, UNC-CNPR, UNPCA, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS 2.1.2 Consolidar el Sistema de Información del Mercado Azucarero (SIMAN), mediante la gestión y verificación del volumen, completitud, oportunidad, confiabilidad y calidad de la información de las ventas reportadas. AGRICULTURA/CONADESUCA, UNC-CNPR, UNPCA, CNIAA, ECONOMÍA. 2.1.3. Promover el ordenamiento de la producción de caña de azúcar de las zonas de abasto de los ingenios a través de la implementación del registro de la superficie de referencia que se define en los Lineamientos de Exportación derivados del Acuerdo 3-14EX-24/11/14 de la Junta Directiva del CONADESUCA. AGRICULTURA/CONADESUCA, UNPCA, UNC-CNPR, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 531 Estrategia 2.2 Promover el uso de tecnologías y la adopción de prácticas de optimización para mejorar la eficiencia en el sector cañero. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.1 Fomentar el uso de información georreferenciada en los Comités de Producción y Calidad Cañera para identificar las zonas de abasto, mediante la implementación del SIE-Caña, visualizadores de código abierto (OpenSource) o plataformas con licencia. AGRICULTURA/CONADESUCA, UNC-CNPR, UNPCA, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS 2.2.2 Fomentar la práctica de la agricultura regenerativa a través de la actualización y aplicación de estudios de suelo, que se han realizado por diferentes instancias. AGRICULTURA/CONADESUCA, UNC-CNPR, UNPCA, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS, INIFAP, SHCP/FIRA. 2.2.3 Reducir los costos de producción en el campo cañero, mediante la implementación de esquemas de compras consolidadas de fertilizantes y agroquímicos en coordinación con los Comités de Producción y Calidad Cañera de cada ingenio. AGRICULTURA/CONADESUCA, UNC-CNPR, UNPCA, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS, PEMEX 2.2.4 Optimizar la cosecha de la caña de azúcar a través de pruebas de cortadoras de tallo largo y la implementación de cosechadoras combinadas de caña troceada. AGRICULTURA/CONADESUCA, UNC-CNPR, UNPCA. 2.2.5 Impulsar mejoras en la eficiencia de la agroindustria de la caña de azúcar, mediante el seguimiento del Programa de Reparaciones de fábrica en cada ingenio azucarero. AGRICULTURA/CONADESUCA, UNC-CNPR, UNPCA, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS 2.2.6 Elevar en forma sostenible los niveles de competitividad de la agroindustria de la caña de azúcar, mediante programas de desarrollo tecnológico que articulen el campo con la fábrica. AGRICULTURA/CONADESUCA, UNC-CNPR, UNPCA, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS, SHCP/FIRA. 2.2.7 Reducir los tiempos perdidos en campo y fábrica a través de la generación e implementación de programas de atención preventiva para minimizarlos. AGRICULTURA/CONADESUCA, UNC-CNPR, UNPCA, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS Estrategia 2.3 Promover la cogeneración de energía eléctrica en los ingenios azucareros para contribuir a la sostenibilidad del sector y la transición energética de México. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.3.1 Impulsar la interconexión de los ingenios azucareros al sistema eléctrico nacional través de la coordinación y vinculación con las dependencias del Gobierno de México con atribuciones en la materia. AGRICULTURA/CONADESUCA, SENER, CFE, INGENIOS AZUCAREROS. 2.3.2 Promover el acceso a incentivos, permisos regulatorios, infraestructura y apoyos técnicos que permitan viabilizar proyectos de generación de energía renovable en el sector. AGRICULTURA/CONADESUCA, SENER, CNE, CFE. 2.3.3 Optimizar el aprovechamiento del bagazo de la caña de azúcar a través de la generación de un catálogo nacional de tecnologías para identificación de oportunidades de mejora y cambios tecnológicos AGRICULTURA/CONADESUCA, SENER, CFE, INGENIOS AZUCAREROS. 2.3.4 Contribuir a una mejor planeación y modelación del Sistema Eléctrico Nacional mediante el desarrollo de un Catálogo de Tecnologías (CT) AGRICULTURA/CONADESUCA, SENER, CFE, SECIHTI, INGENIOS AZUCAREROS. 532 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 2.4 Fortalecer la comunicación y relación entre los ingenios, las personas abastecedoras de caña de azúcar e instituciones gubernamentales para mejorar el desarrollo de la agroindustria. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.4.1 Homologar la información reportada a nivel nacional, mediante la implementación de talleres y reuniones con los Comités de Producción y Calidad Cañera, para la elaboración de las actas de inicio y fin de zafra. AGRICULTURA/CONADESUCA, UNPCA, UNC-CNPR, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS 2.4.2 Promover la captura mensual en el SIIBA de forma oportuna, veraz y completa, mediante la capacitación a corporativos / ingenios para su sensibilización y envío de la información de los resultados de la zafra en cada ciclo productivo. AGRICULTURA/CONADESUCA, UNPCA, UNC-CNPR, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS 2.4.3 Atender las solicitudes de información relacionada con la superficie de referencia de cada ingenio, mediante la elaboración de infografías, trípticos, webinars y manuales. AGRICULTURA/CONADESUCA, UNPCA, UNC-CNPR, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS 2.4.4 Promover la prevención y disminución de los delitos en actividades relacionadas con la cadena productiva de la caña de azúcar, mediante la elaboración de campañas de denuncia y protocolos de actuación con las instancias responsables de la seguridad pública en las regiones cañeras de todo el país. UNC-CNPR, UNPCA, AGRICULTURA, SEGOB, SSPC, CONADESUCA, SEDENA/GUARDIA NACIONAL 2.4.5 Promover la optimización de los recursos hídricos en el sector de la agroindustria de la caña de azúcar, a través del establecimiento de mesas de trabajo interinstitucionales. UNC-CNPR, UNPCA, CNIAA, AGRICULTURA/CONADESUCA, INECC, CONAGUA 2.4.6 Apoyar al sector de la agroindustria de la caña de azúcar en materia de Miscelánea Fiscal, mediante acciones de capacitación brindadas a los ingenios en coordinación con el SAT. SAT, UNC-CNPR, UNPCA, CNIAA, AGRICULTURA/CONADESUCA 2.4.7 Mejorar la operación del programa de cosecha y de molienda que se establezca en el Comités de Producción y Calidad Cañera de cada ingenio, mediante la sistematización de procesos e información en las organizaciones de abastecedores de caña y los ingenios azucareros. AGRICULTURA/CONADESUCA, UNPCA, UNC-CNPR, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS Estrategia 2.5 Promover el consumo responsable e informado de azúcar de caña en el mercado nacional para contrarrestar las percepciones negativas de su consumo en México. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.5.1 Promover la sustitución de edulcorantes sintéticos por azúcar de caña mexicana en alimentos y bebidas mediante la articulación con el sector industrial y las autoridades competentes. AGRICULTURA/CONADESUCA, UNPCA, UNC-CNPR, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS 2.5.2 Implementar campañas educativas sobre el impacto de los edulcorantes ajenos al azúcar de caña, a través de la difusión de información científica de la World Sugar Research Organization (WSRO) y de la Campaña Hablemos de Azúcar de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA). AGRICULTURA/CONADESUCA, UNPCA, UNC-CNPR, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS Objetivo 3. Diversificar el aprovechamiento de la caña de azúcar para la producción de biocombustibles a nivel nacional. Estrategia 3.1 Fomentar la producción de biocombustibles a partir de los excedentes de caña de azúcar para garantizar la sostenibilidad de la agroindustria y promover su diversificación. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.1 Dar cumplimiento a los criterios de sostenibilidad exigidos a nivel internacional para el desarrollo de distintos biocombustibles (ej. Plan CORSIA), mediante la realización de estudios en las regiones cañeras con potencial productivo. AGRICULTURA/CONADESUCA, SICT/ASA/AFAC, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS, UNPCA, UNC-CNPR, SENER, SEMARNAT, INECC, SECIHTI. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 533 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.2. Obtener financiamiento para la investigación y acompañamiento técnico necesarios para la certificación en esquemas de sostenibilidad (ej. Plan CORSIA), mediante la colaboración del sector de la agroindustria de la caña de azúcar con instituciones financieras. AGRICULTURA/CONADESUCA, SHCP/FIRA, SENER, SICT/ASA/AFAC, SECIHTI, UNC-CNPR, UNPCA, INGENIOS AZUCAREROS 3.1.3 Colaborar en la elaboración de la hoja de ruta para la producción de SAF en México, a través de la coordinación de la mesa de trabajo “Materias Primas”. AGRICULTURA/CONADESUCA, SICT/ASA/AFAC, SENER, SEMARNAT, ECONOMÍA, SECIHTI, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS, UNPCA, UNC- CNPR. 3.1.4 Coadyuvar en la elaboración de Programas para la producción sustentable de biocombustibles a través de la coordinación con las dependencias y actores involucrados en el sector. AGRICULTURA/CONADESUCA, SICT/ASA/AFAC, SENER, SEMARNAT, ECONOMÍA, SRE/AMEXCID, SECIHTI, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS, UNPCA, UNC-CNPR. 3.1.5 Promover el financiamiento de proyectos para el desarrollo de biocombustibles en México, mediante la identificación y participación en convocatorias de organizaciones nacionales e internacionales. AGRICULTURA/CONADESUCA, SHCP/FIRA, SENER, SICT/ASA/AFAC, SRE/AMEXCID, SECIHTI, PEMEX, UNC-CNPR, UNPCA, INGENIOS AZUCAREROS 3.1.6 Promover la instalación de destilerías anexas a los ingenios azucareros para la producción de etanol anhidro, para su formulación con gasolina o como insumo para su transformación en SAF, a través de la elaboración de estudios de prefactibilidad y factibilidad (FEED). AGRICULTURA/CONADESUCA, CNIAA, INGENIOS AZUCAREROS, UNPCA, UNC-CNPR 3.1.7 Promover el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas para la producción de caña de azúcar certificada bajo estándares de sostenibilidad, mediante la obtención de financiamiento de organizaciones internacionales. AGRICULTURA/CONADESUCA, SHCP/FIRA, SENER, SICT/ASA/AFAC, SEMARNAT, SECIHTI, PEMEX, UNC-CNPR, UNPCA, INGENIOS AZUCAREROS, Estrategia 3.2 Fortalecer el desarrollo de competencias de las personas productoras de caña de azúcar para asegurar la producción de biocombustibles bajo estándares internacionales de sostenibilidad. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.1 Capacitar al personal en la elaboración del inventario de emisiones de la agroindustria de la caña de azúcar mexicana, a partir del análisis de ciclo de vida (ACV) de la cadena de valor caña de azúcar-etanol. AGRICULTURA/CONADESUCA, SENER, SEMARNAT/INECC, SICT/ASA/AFAC, SHCP/FIRA, SECIHTI, INIFAP, UNC-CNPR, UNPCA, INGENIOS AZUCAREROS 3.2.2 Promover la capacitación y adiestramiento en el trabajo, de acuerdo con la normatividad aplicable, así como la certificación de competencias del personal para el desarrollo de biocombustibles en México, mediante convenios de colaboración con los tres niveles de gobierno y otros países. AGRICULTURA/CONADESUCA, SENER, SEMARNAT, INECC, SHCP/FIRA, SECIHTI, SRE/AMEXCID, STPS, SICT/ASA, INIFAP, UNC-CNPR, UNPCA, INGENIOS AZUCAREROS. 3.2.3. Promover la formación y certificación de las personas productoras de caña de azúcar, ingenios azucareros y biorrefinerías, mediante la celebración de reuniones, capacitación y talleres regionales. AGRICULTURA/CONADESUCA, SENER, SEMARNAT/INECC, SICT/ASA/AFAC, SHCP/FIRA, SECIHTI, INIFAP, UNC-CNPR, UNPCA, INGENIOS AZUCAREROS 3.2.4. Divulgar la estrategia para la producción de biocombustibles con los excedentes de caña de azúcar, mediante la participación y representación de México en foros, eventos y seminarios internacionales. AGRICULTURA/CONADESUCA, SENER, SEMARNAT/INECC, SICT/ASA/AFAC, SHCP/FIRA, SECIHTI, INIFAP, UNC-CNPR, UNPCA, INGENIOS AZUCAREROS 3.2.5 Fortalecer las capacidades, características y condiciones para la producción de etanol y de SAF, mediante la divulgación de la ruta ATJ en reuniones con los diferentes actores interesados a nivel nacional e internacional. AGRICULTURA/CONADESUCA, SENER, SEMARNAT/INECC, SICT/ASA/AFAC, SHCP/FIRA, SECIHTI, INIFAP, CONAGUA, UNC-CNPR, UNPCA, INGENIOS AZUCAREROS 534 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 8. Indicadores y metas Indicador 1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 1.1 Índice de sustentabilidad en el campo cañero Objetivo 1. Aumentar la sustentabilidad del campo cañero en México. Definición o descripción Mide el incremento del índice de sustentabilidad en el campo cañero A partir de la información recabada en el SI-Sustentabilidad del CONADESUCA, se determinan los Indicadores de Sustentabilidad. Los Indicadores están expresados en porcentajes y promedios; a partir de éstos y utilizando ponderadores específicos, se construye un Índice para cada acción de sustentabilidad en cada zona de abasto de los ingenios, el cual sintetiza y hace comparable la información de dichos indicadores. Derecho asociado Derecho al desarrollo económico con equidad y sustentabilidad; Derecho al acceso y aprovechamiento equitativo de los recursos productivos; Derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; Derecho al bienestar y a una vida digna. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Enero del año subsiguiente Unidad de medida Puntos Índice Período de recolección de los datos Junio a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 8.-Agricultura y Desarrollo Rural AFU.- Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar Método de cálculo IndCampo1 = IDSupLC + IDSupSP + IDSupRT + IDSupFerRT + IDSupAO + IDSupBiof + IDSupMIP + IDSupCB + IDSupPCL + IDSupCV + IDRenC + IDCosPro Observaciones En donde: IndCampo = Índice de Sustentabilidad en campo IDSupLC = Índice de Superficie sembrada con labranza de conservación IDSupSP = Índice de Superficie sembrada con el sistema piña IDSupRT = Índice de Superficie sembrada con riego tecnificado IDSupFerRT = Índice de Superficie fertilizada con base en recomendaciones técnicas IDSupAO = Índice de Superficie con aplicación de abonos orgánicos IDSupBiof = Índice de Superficie con aplicación de biofertilizantes IDSupMIP = Índice de Superficie atendida con manejo integral de plagas IDSupCB = Índice de Superficie atendida con control biológico IDSupPCL = Índice de Superficie atendida con el programa Campo Limpio IDSupCV = Índice de Superficie cosechada en verde IDRenC = Índice de Rendimiento promedio de caña de azúcar IDCosPro = Índice de Costo de producción por tonelada APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 IDSupLC Valor variable 1 0.04 Fuente de información variable 1 CONADESUCA Nombre variable 2 IDSupSP Valor variable 2 0.02 Fuente de información variable 2 CONADESUCA Nombre variable 3 IDSupRT Valor variable 0.24 Fuente de información variable CONADESUCA Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 535 Nombre variable 4 IDSupFerRT Valor variable 0.24 Fuente de información variable CONADESUCA Nombre variable 5 IDSupAO Valor variable 0.02 Fuente de información variable CONADESUCA Nombre variable 6 IDSupBiof Valor variable 0.02 Fuente de información variable CONADESUCA Nombre variable 7 IDSupMIP Valor variable 0.18 Fuente de información variable CONADESUCA Nombre variable 8 IDSupCB Valor variable 0.16 Fuente de información variable CONADESUCA Nombre variable 9 IDSupPCL Valor variable 0.08 Fuente de información variable CONADESUCA Nombre variable 10 IDSupCV Valor variable 0.16 Fuente de información variable CONADESUCA Nombre variable 11 IDRenC Valor variable 0.16 Fuente de información variable CONADESUCA Nombre variable 12 IDCosPro Valor variable 0.08 Fuente de información variable CONADESUCA Sustitución en método de cálculo IndCampo= 0.04 + 0.02 + 0.24 + 0.24 + 0.02 + 0.02 + 0.18 + 0.16 + 0.08 + 0.16 + 0.16 + 0.08 = 1.40 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 1.40 La línea base corresponde al índice de sustentabilidad en campo para la zafra 2024/2025 Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 1.69 La meta es contribuir al incremento del índice de sustentabilidad en campo, cuyo valor óptimo es de 3.0 que corresponde a una escala de “Alto Compromiso con la sustentabilidad” SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 1.50 1.40 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 1.56 1.59 1.62 1.66 1.69 1 Valores obtenidos de los resultados de la actualización anual del SI-Sustentabilidad. 536 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 1.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 1.2 Tasa de crecimiento1 de la superficie industrializada de caña de azúcar Objetivo 1. Aumentar la sustentabilidad del campo cañero en México. Definición o descripción Mide la tasa de crecimiento del área de cultivo (superficie) que ha sido efectivamente cosechada y procesada en las áreas de abasto de los ingenios. Derecho asociado Derecho al desarrollo económico con equidad y sustentabilidad; Derecho al acceso y aprovechamiento equitativo de los recursos productivos; Derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; Derecho al bienestar y a una vida digna. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Octubre del año subsecuente Unidad de medida Porcentaje Período de recolección de los datos Noviembre a agosto del año subsiguiente Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 8.-Agricultura y Desarrollo Rural AFU.- Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar Método de cálculo CSup=((Supn-Supaño_base)/Supaño_base)*100 Observaciones CSup= Porcentaje de crecimiento de la superficie que ha sido efectivamente cosechada y procesada Supn= Superficie industrializada de caña de azúcar del año corriente Supaño_base= Superficie industrializada de caña de azúcar del año base inmediato anterior APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL INCREMENTO ANUAL Nombre variable 1 Supn Valor variable 1 736.5 Fuente de información variable 1 CONADESUCA Nombre variable 2 Supaño_base Valor variable 2 736.5 Fuente de información variable 2 CONADESUCA Sustitución en método de cálculo CSup = ((736.5-736.5)/736.5)*100 = 0 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 La línea base corresponde a la tasa de crecimiento para el periodo 2025-2030 considerando una meta de 800 mil hectáreas, el resultado de dicha tasa es 8.62, la cual es dividida entre 5 años (1.72) Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 8.62 La meta es alcanzar un crecimiento acumulado de 8.62 para llegar a 800 mil hectáreas. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR2 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0.98 2.47 2.56 0.83 1.24 0.80 7.83 0 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 1.72 3.45 5.17 6.90 8.62 1 En caso de afectaciones por siniestros de cualquier tipo la recuperación puede variar negativamente. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 537 Indicador 2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.1 Ingreso por tonelada producida de caña de azúcar Objetivo 2. Mejorar la estabilidad de las condiciones de mercado de los productos y derivados de la caña de azúcar en beneficio del sector de la agroindustria de la caña de azúcar mexicana Definición o descripción Mide el cambio del ingreso en el campo cañero mediante el valor de la caña neta en términos reales, fomentando la productividad de la producción. Derecho asociado Derecho al desarrollo económico con equidad y sustentabilidad; Derecho al acceso y aprovechamiento equitativo de los recursos productivos; Derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; Derecho al bienestar y a una vida digna. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Enero del año siguiente Unidad de medida Pesos M.N. por tonelada de caña Período de recolección de los datos Octubre - septiembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 8.-Agricultura y Desarrollo Rural AFU.- Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar Método de cálculo {[(((Precio de Referencia del Azúcar x 0.57)/1000) x KARBE)]/(Coeficiente deflactor del INPC)} = Pesos M.N., por tonelada de caña de azúcar, en términos reales Observaciones El coeficiente de 0.57, se establece en la LDSCA en el artículo 58, y se refiere al porcentaje que recibe la persona productora de caña de azúcar por cada kilogramo de azúcar que produce el ingenio. El KARBE es un parámetro que estima los Kilogramos de azúcar recuperable base estándar, y se determina como un promedio del ciclo. Coeficiente deflactor del INPC = INPC año t, / INPC línea base (2024-2025) APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Precio de referencia del azúcar base estándar Valor variable 1 16,100.00 Fuente de información variable 1 CONADESUCA Nombre variable 2 KARBE (Kilos de Azúcar Recuperable Base Estándar) Valor variable 2 112.677 Fuente de información variable 2 CONADESUCA Nombre variable 3 INPC Línea Base (2024-2025) Valor variable 3 140.036 Fuente de información variable 3 INEGI Nombre variable 4 INPC Año t Valor variable 4 140.036 Fuente de información variable 4 INEGI Sustitución en método de cálculo {(((16,100.00 x 0.57)/1000) x 112.677)]/(1.000)} = $1,034.04, por tonelada de caña de azúcar, en términos reales VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 1,034.04 Se toma como línea base el ciclo octubre 2024 – septiembre 2025. Año 2024-2025 (Oct-Sep) Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 1,293.54 Se estima que el valor real pagado por tonelada de caña de azúcar registre un incremento anual equivalente, al menos, al promedio de la inflación anual observadas en septiembre de 2024 y septiembre de 2025, de 4.58%. Este ajuste iniciaría en el ciclo 2025/2026, tomando como referencia el valor correspondiente al ciclo 2024/2025, alcanzando para el ciclo 2029/2030 un nivel estimado de 1,293.54 pesos por tonelada de caña, en términos reales. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 1,213.43 1,048.44 1,279.44 1,281.58 1,202.52 1,403.82 1,414.28 1,034.04 METAS 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 1,081.40 1,130.92 1,182.72 1,236.89 1,293.54 538 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 2.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.2 Participación de la oferta nacional de azúcar en el Consumo Nacional Aparente (CNA) de Edulcorantes Objetivo 2. Mejorar la estabilidad de las condiciones de mercado de los productos y derivados de la caña de azúcar en beneficio del sector de la agroindustria de la caña de azúcar mexicana Definición o descripción Mide el porcentaje de participación de la oferta nacional de azúcar dentro del CNA de Edulcorantes, buscando que este indicador tenga un valor de al menos el 70% respecto de la oferta de importación Derecho asociado Derecho al desarrollo económico con equidad y sustentabilidad; Derecho al acceso y aprovechamiento equitativo de los recursos productivos; Derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; Derecho al bienestar y a una vida digna Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Enero del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Período de recolección de los datos Octubre - septiembre Tendencia esperada Constante Unidad responsable de reportar el avance 8.-Agricultura y Desarrollo Rural AFU.- Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar Método de cálculo (((Ventas domésticas de los ingenios azucareros) / (Consumo Nacional Aparente de Edulcorantes)) * 100) = Porcentaje de participación de la oferta nacional en el CNA de Edulcorantes Observaciones Se establece un porcentaje mínimo del 73.5%, considerando el promedio obtenido entre los ciclos 2012-2013 a 2022-2023 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE. Nombre variable 1 Ventas domésticas de los ingenios (toneladas) Valor variable 1 3,746,607 Fuente de información variable 1 CONADESUCA Nombre variable 2 CNA de Edulcoran-tes Valor variable 2 5,552,862 Fuente de información variable 2 CONADESUCA Sustitución en método de cálculo (((3,746,607) / (5,552,862)) * 100) = 67.47% de la oferta nacional de azúcar en el CNA de Edulcorantes VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 67.47 Se toma como línea base el ciclo octubre 2024 – septiembre 2025 Año 2024-2025 (Oct-Sep) Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 73.50 Se prevé que la participación de la oferta de azúcar mexicana dentro del CNA de edulcorantes retome los niveles observados previos al ciclo 2023-2024, el cual registró un promedio de 73.50% en el período comprendido entre los ciclos 2012-2013 y 2022-2023, con el fin de mejorar la estabilidad en el mercado azucarero. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 70.36 72.42 73.72 74.28 75.97 70.30 59.47 67.47 METAS 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 73.50 73.50 73.50 73.50 73.50 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 539 Indicador 3.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 3.1 Tasa de variación de la superficie destinada a la producción de biocombustibles a nivel nacional. Objetivo 3. Diversificar el aprovechamiento de la caña de azúcar para la producción de biocombustibles a nivel nacional. Definición o descripción Mide la tasa de variación de la superficie en hectáreas cultivadas con caña destinadas a la producción de biocombustibles. Derecho asociado Derecho al desarrollo económico con equidad y sustentabilidad; Derecho al acceso y aprovechamiento equitativo de los recursos productivos; Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Enero del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Período de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 8.-Agricultura y Desarrollo Rural AFU.- Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar Método de cálculo CSupbiocomb=((Supbiocombn-Supbiocombaño_base)/Supindustaño_base)*100 Observaciones CSupbiocomb = Tasa de variación de la superficie cañera destinada a la producción de biocombustibles. Supbiocombn = Superficie cañera destinada a la producción de biocombustibles del año corriente Supbiocombaño_base = Superficie cañera destinada a la producción de biocombustibles del año inmediato anterior. Supindustaño_base= Superficie industrializada de caña de azúcar del año base APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. Nombre variable 1 Supbiocombn Valor variable 1 0 Fuente de información variable 1 CONADESUCA Nombre variable 2 Supbiocombaño_base Valor variable 2 0 Fuente de información variable 2 CONADESUCA Nombre variable 3 Supindustaño_base Valor variable 3 736.4 Fuente de información variable 3 CONADESUCA Sustitución en método de cálculo CSupbiocomb=((0-0)/736.4)*100= 0 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 Debido a que se trata de un indicador de nueva creación y que a la fecha no existe la producción de biocombustibles en México, el valor es 0. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 12.5 Si se produce más caña para usos alternos como el etanol, se diversificará la producción de caña de azúcar destinando superficie cañera para la producción de biocombustibles (bioetanol o SAF). La meta es que al 2030 el 12.5% de la superficie cañera nacional se pueda destinar a la producción de biocombustibles (etanol/SAF). SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA NA 0 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 2.5 5.0 7.5 10 12.5 540 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 3.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 3.2 Variación porcentual de actores económicos productivos que dependen de la agroindustria de la caña de azúcar como resultado de la diversificación del uso de la caña de azúcar en productos diferentes al azúcar. Objetivo 3. Diversificar el aprovechamiento de la caña de azúcar para la producción de biocombustibles a nivel nacional. Definición o descripción Este indicador cuantifica las intervenciones que contribuyen a la diversificación del uso de la caña de azúcar con la participación de los actores económicos-productivos de la agroindustria cañera. Derecho asociado Derecho al desarrollo económico con equidad y sustentabilidad; Derecho al acceso y aprovechamiento equitativo de los recursos productivos; Derecho al bienestar y a una vida digna. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Enero del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Período de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 8.-Agricultura y Desarrollo Rural AFU.- Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar Método de cálculo ∆PDivAgroind = (PDivAgroindN – PdivAgroind2024)/ PAgroind2024*100 Observaciones En donde: ∆PDivAgroind = variación porcentual de personas que dependen de la agroindustria de la caña de azúcar como resultado de la diversificación del uso de la caña de azúcar en productos diferentes al azúcar PDivAgroindN = Número de personas que dependen de la agroindustria de la caña de azúcar como resultado de la diversificación del uso de la caña de azúcar en productos diferentes al azúcar en el periodo N PDivAgroind2024 = Número de personas que dependen de la agroindustria de la caña de azúcar como resultado de la diversificación del uso de la caña de azúcar en productos diferentes al azúcar en el periodo 2024 PAgroind2024=Número de personas que dependen de la agroindustria de la caña de azúcar APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2024 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado. Nombre variable 1 1.- Número de personas que dependen de la agroindustria de la caña de azúcar como resultado de la diversificación del uso de la caña de azúcar en productos diferentes al azúcar en el periodo N. Valor variable 1 0 Fuente de información variable 1 CONADESUCA/CNIAA/ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Nombre variable 2 2.- Número de personas que dependen de la agroindustria de la caña de azúcar como resultado de la diversificación del uso de la caña de azúcar en productos diferentes al azúcar en el periodo 2024 Valor variable 2 0 Fuente de información variable 2 CONADESUCA/CNIAA/ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Nombre variable 3 3.- Número de personas que dependen de la agroindustria de la caña de azúcar en el periodo 2024 Valor variable 3 500000 Fuente de información variable 3 CONADESUCA/CNIAA/ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Sustitución en método de cálculo (0 – 0)/500000*100 = 0 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 Debido a que se trata de un indicador de nueva creación, el valor es 0. La información estadística de las intervenciones, aunque están reportadas, no están integradas en un indicador. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 4 Si se produce más caña para usos alternos como el etanol/SAF, los empleos podrían incrementarse cuando menos 4% en 2030. Para el 2030 podrían estar operando tres destilerías, generando 20 mil empleos directos e indirectos en el campo mexicano. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA NA 0 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 0.6 1.2 1.8 2.4 4 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 541 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el programa Agencia Federal de Aviación Civil. Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Comisión Nacional del Agua Comisión Federal de Electricidad. Comisión Nacional de Energía. Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Comisión Nacional Forestal. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Petróleos Mexicanos. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretaría de Economía. Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Secretaría de la Defensa Nacional. Secretaría de Gobernación. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Secretaría de Energía. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Secretaría de Relaciones Exteriores. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 10. Referencias N. M. Ganem, Evolución histórica de la industria azucarera mexicana, (1967). García Chávez, L.R., La agroindustria azucarera de México frente a la apertura comercial, México, Universidad Autónoma Chapingo, (1997) Informe estadístico del sector agroindustrial de la caña de azúcar en México, zafras 2012-2013 a 2023-2024, CONADESUCA (2024). Disponible en https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/dieproc-informes-estadisticos-del-sector- agroindustrial-de-la-cana-de-azucar-en-mexico Información proporcionada por los Comités de Producción y Calidad Cañera al CONADESUCA, ciclo azucarero 2024/25. Información no pública. Información de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2024. Repositorio de información disponible en https://www.gob.mx/agricultura/dgsiap/archivo/acciones_y_programas Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Registro Nacional Agropecuario. Padrón Certificado zafra 2024-2025. Debido a la naturaleza sensible de la información, la información no es pública. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Registro Nacional Agropecuario. Padrón Certificado zafra 2022-2023. Balances Azucareros, 2014/2015 a 2023/2024 elaborados por el CONADESUCA. Disponibles en https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/documentos-politica-comercial-ver-mas Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2021-2024. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/709503/PROGRAMA_PRONAC_2021- 2024vf_web.pdf Resultados de la Medición de la pobreza en México, https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados Información del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (Mesas de trabajo del CONADESUCA). Estrada, F., Mendoza-Ponce, A., Calderón-Bustamante, O.et al.Impacts and economic costs of climate change on Mexican agriculture. Reg Environ Change 22, 126 (2022). Disponible en https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-022-01986-0 ____________________________ 542 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 PROGRAMA Nacional de Pesca y Acuacultura 2026-2030. PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA 2026-2030 1. Índice 1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo 6. Objetivos 6.1 Relevancia del Objetivo 1: Elevar el bienestar económico y social y las habilidades técnicas de las personas pescadoras y acuacultoras y jornaleros del sector. 6.2 Relevancia del Objetivo 2: Mejorar el ordenamiento y la gobernanza de la pesca y la acuacultura. 6.3 Relevancia del Objetivo 3: Incrementar la producción pesquera y acuícola a nivel nacional de forma sustentable e inclusiva. 6.4 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2026-2030 7. Estrategias y líneas de acción Objetivo 1. Elevar el bienestar económico y social y las habilidades técnicas de las personas pescadoras y acuacultoras y jornaleros del sector. Objetivo 2. Mejorar el ordenamiento y la gobernanza de la pesca y la acuacultura. Objetivo 3. Incrementar la producción pesquera y acuícola a nivel nacional de forma sustentable e inclusiva. 8. Indicadores y metas 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en el programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo. 3. Siglas y acrónimos AGRICULTURA Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural APF Administración Pública Federal BIENPESCA Componente del Programa Presupuestario Pesca y Acuacultura Sustentables, que otorga un apoyo federal económico directo y capacitación básica a personas que se dedican a la actividad pesquera o acuícola, registradas en el Padrón de Productores de Pesca y Acuacultura. CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONAPESCA Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 543 IMIPAS Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables INDNR Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático Km Kilómetros LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente LGPAS Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables LP Ley de Planeación MARINA Secretaría de Marina MEDIO AMBIENTE Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible OFP Oficiales Federales de Pesca ONU Organización de las Naciones Unidas PND 2025-2030 Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 PNPA 2026-2030 Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2026-2030 PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PSADER 2025-2030 Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2025 -2030 RNPA Registro Nacional de Pesca y Acuacultura 4. Fundamento normativo Los artículos 4o., 5o., 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) disponen la competencia del Estado para garantizar el derecho de toda persona a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; que se dedique a la profesión o trabajo que le acomode, siendo lícitos; además la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, y organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que le imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. En el artículo 27, párrafo tercero, de la CPEUM, establece que “… la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”. Asimismo, en su fracción XX, inciso c), establece que “… el Estado garantizará, en los términos que fije la ley, la entrega de un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala “, y el artículo 123 establece que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley “. Por su parte, la Ley de Planeación (LP) en sus artículos 1o., 2o.,16 fracciones IV y VIII, y 21 bis, cuarto párrafo, dispone las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar las actividades de la APF, a quienes les corresponde “Asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el Plan, así como con los programas especiales en los términos que establezca éste”; asimismo, coordinar la elaboración y ejecución de los programas especiales y regionales que correspondan conforme a su ámbito de atribuciones. El presente Programa, atiende lo dispuesto en el artículo 26 de la LP al señalar las prioridades del desarrollo integral del país, fijados en el Plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector. La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) en los artículos 8o., fracción II, 9o., 19 y 20, dispone las facultades de AGRICULTURA para proponer, formular, coordinar y ejecutar la política nacional de pesca y acuacultura sustentables, así como los planes y programas que de ella se deriven; y su coordinación con MEDIO AMBIENTE en lo que respecta a la preservación, restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente y con la MARINA en relación con la inspección y vigilancia de las 544 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 actividades pesqueras y acuícolas; así mismo esta Ley señala que en la planeación nacional del desarrollo se deberá incorporar la política nacional de pesca y acuacultura; y que el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo. La pesca y la acuacultura atienden a los preceptos establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), respecto a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, la cual establece en su artículo 1, fracción I, entre otros, las bases para “Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar”; asimismo en el artículo 2, fracción V, considera elemento de interés público, “La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático”; en el artículo 51 se establece proteger y preservar los ecosistemas marinos y regular el aprovechamiento sustentable de la flora y fauna acuática. El Programa se elabora en cumplimiento con lo señalado en el Anexo I: Sistema Nacional de Planeación Democrática del PND 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de abril de 2025. El PND 2025-2030, establece en sus ejes generales, 2: Desarrollo con Bienestar y Humanismo, y 3: Economía Moral y Trabajo, la responsabilidad del estado para garantizar los derechos sociales, asegurando la continuidad de los programas del Bienestar, entre ellos el apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala; y fortaleciendo el campo mexicano, priorizando la soberanía alimentaria de México a través del apoyo al a los sectores y la protección de derechos de quienes trabajan y viven en el campo. Asimismo, en la “República rural justa y soberana” establecida en el marco de los “100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación” 1se busca consolidar la transformación del campo mexicano, impulsando la producción nacional para alcanzar mayores niveles de autosuficiencia y soberanía alimentaria. Por su parte, el Objetivo 3.5 del PND 2025-2030, establece: “Contribuir al bienestar y la inclusión social de la población rural, enfocándose en micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, así como en las personas jornaleras, mediante acciones que mejoren sus ingresos.” Este Programa se alinea al Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2025-2030 (PSADER 2025-2030) en los Objetivos dirigidos a “Contribuir a la soberanía y la autosuficiencia alimentaria nacional incrementando la producción agropecuaria, pesquera y acuícola”, “Mejorar el bienestar económico y social de las y los productores de pequeña y mediana escala, así como de las y los trabajadores del campo y las costas mexicanos” y “Mejorar la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas agroalimentarios frente a los efectos del cambio climático”. De igual modo, el Programa contribuye al cumplimiento de los Objetivos “2. Hambre Cero” y “14. Vida Submarina”, objetivos que forman parte de la de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de las Naciones Unidas. En este marco, AGRICULTURA con la participación de la CONAPESCA, serán las responsables de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del presente Programa. 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo Importancia de la Pesca y la Acuacultura La pesca y la acuacultura son un asunto de seguridad nacional2, y actividades económicas que contribuyen a la soberanía alimentaria. Su gestión integral es impostergable, ya que México cuenta con 629,925 hectáreas de cuerpos de agua de las lagunas costeras en el litoral del Océano Pacífico y 647,979 hectáreas en el Golfo de México y el Mar Caribe, con una Zona Económica Exclusiva de 200 millas marinas con potencial pesquero y ostenta una gran variedad de sistemas costeros y marinos dentro de sus aguas territoriales: 12,500 km² de superficie de lagunas costeras y esteros, además de 6,500 km² de aguas interiores como lagos, lagunas, represas y ríos donde también se desarrolla la acuacultura, a la cual se destinan 250,860 hectáreas3. Estas condiciones han permitido mantener un nivel de captura y producción superior a los 2.1 millones de toneladas anuales de peso vivo, con más de 50 especies pesqueras comercializadas y que forman parte de la dieta mexicana. 1 100 compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Presidencia de la República, 2024. https://www.gob.mx/presidencia/documentos/100-compromisos-para-el-segundo-piso-de-la-cuarta-transformacion 2 En el Artículo 17, fracción I, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables se establece que: “El Estado Mexicano reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son asuntos de seguridad nacional y son prioridad para la planeación nacional del desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas” 3 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). (2020). Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024. Gobierno de México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/616554/PROGRAMA_Nacional_de_Pesca_y_Acuacultura_2020-2024baja.pdf Página 11. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 545 Es fundamental que dichas actividades se lleven a cabo bajo un enfoque de sustentabilidad, con el fin de preservar la salud de los ecosistemas marinos y costeros, y garantizar la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras4. Se estima que en México 1.6 millones de toneladas de productos pesqueros y acuícolas se destinan al consumo humano directo con lo que el consumo per cápita en México se registra en casi los 15 kilogramos.5 La contribución del pescado para la alimentación, más que una fuente de energía a la dieta es una importante fuente de proteínas animales de alta calidad y fácil digestión. En poblaciones de bajos ingresos, que dependen en gran medida de un reducido número de alimentos básicos densos en calorías, el pescado representa una opción viable para una diversificación nutricional relativamente barata y disponible en el plano local. La pesca y la acuacultura son actividades productivas relevantes por su contribución a la economía local y nacional. En 2025, de estos subsectores se generaron empleos e ingresos para un total de 333,630 productores pesqueros y acuícolas a nivel nacional6, beneficiando de manera directa e indirecta a 1,668,150 personas7. La pesca y la acuacultura requieren de acciones diferenciadas respecto a la agricultura y la ganadería. Las características en las que se realizan esas actividades productivas, debido a la incertidumbre sobre la posibilidad de prever el volumen de producción anual que se puede obtener, hacen imprescindible que se consideren las especificidades para su efectivo desarrollo sostenible que haga posible la preservación de los ecosistemas en los mares y las aguas interiores del país. Un Programa especial en el que se expresen las directrices de política pública en torno a la pesca y a la acuacultura resulta necesario; constituye el eje articulador de objetivos, estrategias y acciones integrales y transversales, para la promoción y desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas con base en criterios de productividad y sustentabilidad, que contribuyan al equilibrio ecológico y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Volumen y Valor de la Producción Pesquera y Acuícola A partir de 2013 y hasta 2025, el volumen de la producción pesquera y acuícola ha observado una tasa media anual de crecimiento del 1.84% al pasar de las 1,746,277 a 2,173,621 de toneladas métricas en peso vivo, con un promedio anual de 1,969,468 toneladas en el periodo. 8 Por subsector, la acuacultura es la actividad que muestra una tasa media anual de crecimiento positivo del 4.02% al pasar de 245,761 toneladas en 2013 a 394,560 en 2025, que en comparación con la pesca fue mayor, ya que esta última registró un crecimiento medio anual de solo 1.43%.9 Ante la presión de los recursos pesqueros de captura, de los que alrededor del 90% de las principales pesquerías se encuentra en su máximo rendimiento sostenible, es necesario mantener los niveles de producción de los productos de ese origen; por ello, la acuacultura es el área donde se vislumbran posibilidades para incrementar los volúmenes de producción en beneficio de una mayor disponibilidad para el consumo humano. 10 4 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2022). El estado mundial de la pesca y la acuacultura 2022: Hacia la transformación azul. https://www.fao.org/3/cc0461es/cc0461es.pdf Página 180. 5 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2024). Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2024 Cuadro 4.2.1 y 4.2.2, Aparatado 4.2 (Página 228). Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. https://nube.conapesca.gob.mx/sites/cona/dgppe/2024/ANUARIO_ESTADISTICO_DE_ACUACULTURA_Y_PESCA_2024.pdf 6 CONAPESCA. (2025). Base de datos 2025 para el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca [Base de datos interna]. Consultado el 22 de enero de 2026. 7 De acuerdo con la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA, 2017), por cada empleo directo en el sector se estiman cinco empleos indirectos o personas relacionadas. 8 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2024). Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013 Página. 112. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-de-acuacultura-y-pesca y Base de datos 2025 para el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca [Base de datos interna]. Consultado el 22 de enero de 2026. Nota. Elaboración propia basada en el Cuadro 2.4 (Series Históricas) del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2024 (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2024, Página. 165) y Base de datos 2025 para el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca [Base de datos interna]. Consultado el 22 de enero de 2026. 9Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2024). Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013, Cuadro 2.4.7 Volumen de la Producción de Acuacultura en Peso Vivo. Página 146. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-de-acuacultura-y-pesca 10 Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentable. (2025). Carta Nacional Pesquera 2025. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/982574/CNP_2025.pdf 546 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 En los últimos doce años, la producción de la acuacultura de los sistemas controlados registra una participación de los volúmenes por encima del 50% del total anual, mientras que para la producción de las pesquerías acuaculturales se observa una tendencia negativa. En este sentido, los esfuerzos deberán estar dirigidos a la recuperación de la producción de las pesquerías acuícolas en los cuerpos de aguas federales. 11 En términos del valor, en los últimos doce años, la producción pesquera y acuícola nacional ha registrado una tasa de crecimiento medio anual del orden de 8.7%, considerando que en 2013 el valor fue de 19,914 millones de pesos y para 2025 alcanzó la cifra de 54,425 millones de pesos.12 Gráfica 1. Valor de la Producción Pesquera y Acuícola de México 2013-2025. 13 Fuente: Elaboración propia basada en Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013-2024 de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA, 2024) y Base de datos 2025 para el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca [Base de datos interna]. Consultado el 22 de enero de 2026. Asimismo, por separado tanto la pesca (captura) como la acuacultura, en el periodo 2013-2025, registran crecimientos positivos importantes al contabilizar 6.9% y 11.2% de aumento respectivamente14. Regiones Pesqueras y Acuícolas Para efectos de una caracterización más adecuada de la situación de la pesca y la acuacultura de nuestro país, se destaca la conveniencia de dividir el país en cinco regiones en atención al nivel cultural, económico y social, lo que ha influido y determinado el quehacer de la pesca y la acuacultura, ello en función de las condiciones naturales y recursos disponibles, que en conjunto han marcado importantes diferencias y grados de desarrollo en la actividad. 11 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2024). Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2024. Página 238 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. https://nube.conapesca.gob.mx/sites/cona/dgppe/2024/ANUARIO_ESTADISTICO_DE_ACUACULTURA_Y_PESCA_2024.pdf 12 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. (2024). Base de datos de producción del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013- 2024. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-de-acuacultura-y-pesca página 147 y Base de datos 2025 para el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca [Base de datos interna]. Consultado el 22 de enero de 2026. 13 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. (2024). Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013-2024. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-de-acuacultura-y-pesca y Base de datos 2025 para el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca [Base de datos interna]. Consultado el 22 de enero de 2026. 14 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. (2024). Base de datos de producción del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013- 2024. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-de-acuacultura-y-pesca y Base de datos 2025 para el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca [Base de datos interna]. Consultado el 22 de enero de 2026. Nota. Elaboración propia basada en Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuacultura 2024 (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2024) y Base de datos 2025 para el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca [Base de datos interna]. Consultado el 22 de enero de 2026. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 547 Mapa 1. Regiones Pesqueras y Acuícolas Fuente: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) En cuanto a la participación de la producción pesquera por litoral, de acuerdo con la producción nacional registrada en los últimos doce años, la mayor producción se obtiene en el litoral Pacífico, en la que la región del Pacífico Norte ocupa el primer lugar con una participación del 73% de la producción, seguida por la región del Pacífico Sur con el 12%. De este litoral del Pacífico las entidades con mayor participación en la producción pesquera son: Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California. Mapa 2. Participación de las principales especies de captura y acuacultura del total de la producción nacional por región Fuente: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 548 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Por su parte, las regiones del Golfo de México y del Caribe ocupan una participación del total nacional del 8% y 5%, respectivamente. Las entidades sin litoral o con aguas interiores, han aportado alrededor del 2% a la producción nacional, posicionándose como los principales productores de esta zona los estados de México, Hidalgo, San Luís Potosí y Puebla. Los pescadores ribereños, considerados como población prioritaria de atención, representan entre el 70% y 80% en cuatro de las cinco regiones, con lo cual se puede determinar la relación de estos productores con las principales especies por región, que en términos generales las especies de escama se asocian a esas regiones. Tabla 1. Población pesquera y acuícola por región POBLACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA REGISTRADA POR REGIÓN (PERSONAS), 2025* Región Total por Región Porcentaje por Total Nacional Porcentaje por Total Regional Región Total por Región Porcentaje por Total Nacional Porcentaje por Total Regional 1. Pacífico Norte 106,199 32 100 4. Mar Caribe 32,822 10 100 Acuacultores 21,634 26 20 Acuacultores 2,190 3 7 Pescadores mayores 4,798 39 5 Pescadores mayores 5,315 43 16 Pescadores ribereños 79,767 34 75 Pescadores ribereños 25,317 11 77 2. Pacífico Sur 96,300 29 100 5. Aguas Interiores 33,727 10 100 Acuacultores 26,796 32 28 Acuacultores 22,252 26 66 Pescadores mayores 477 4 0 Pescadores mayores 0 - - Pescadores ribereños 69,027 29 72 Pescadores ribereños 11,475 5 34 3. Golfo de México 64,582 19 100 Acuacultores 11,730 14 18 Pescadores mayores 1,690 14 3 Pescadores ribereños 51,162 22 79 *Cifras estimadas Fuente: Base de datos 2025 para el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca [Base de datos interna]. Consultado el 22 de enero de 2026.15 Otra actividad es la pesca deportiva - recreativa misma que en nuestro país ostenta ventajas comparativas importantes para su práctica ante el mundo, comenzando por las especies (en tallas y pesos), principal atractivo de los sitios de pesca. En México la pesca deportiva - recreativa se puede realizar en una franja costera de 50 millas náuticas contadas a partir de la línea de base, desde la cual se mide el mar territorial en ambos litorales, para la pesca de seis especies reservadas para esta actividad. Asimismo, embalses cuya potencialidad de nutrientes y clima permite un desarrollo biológico de la lobina (principal especie dulceacuícola demandada por los pescadores deportivos) sin igual en el mundo. La pesca deportiva y el fomento turístico de la actividad constituyen oportunidades de diversificación de ingresos para las personas dedicadas a las actividades pesqueras y acuícola. Problemática del Sector Pesquero y Acuícola El estado actual que guardan la producción pesquera y acuícola, así como su importancia para la soberanía alimentaria reflejan la siguiente problemática central. Productores pesqueros y acuícolas enfrentan condiciones adversas que perjudican el desarrollo de su actividad y los medios para su bienestar económico y social. Este problema es causado principalmente por: La estacionalidad e irregularidad de ingresos, falta de formalización de empleos de las personas y trabajadores dedicados a la actividad, vulnerabilidad de la actividad por efectos climáticos y desafíos para el ordenamiento y la erradicación de la pesca ilegal. 15 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. (2025). Base de datos 2025 para el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca [Base de datos interna]. Consultado el 22 de enero de 2026. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 549 Respecto a la primera causa, las personas dedicadas a las actividades pesqueras y acuícolas enfrentan; entre otras limitantes, la falta de capacitación técnica sobre prácticas sustentables, el uso de tecnologías obsoletas y la limitada adopción de innovaciones tecnológicas para la generación de valor en su actividad. Asimismo, las restricciones normativas —como los acuerdos de vedas, las normas oficiales mexicanas y las zonas de refugio pesquero—, que son medidas necesarias para la conservación del recurso, reducen temporalmente la actividad productiva y los ingresos de los pequeños productores. Existe además una escasa disponibilidad de insumos de calidad, como semilla acuícola certificada, y la ausencia de un sistema nacional de certificación que facilite el acceso a mercados de alto valor. La vulnerabilidad económica y la exclusión social en comunidades rurales y costeras agravan esta problemática. Esta situación no solo compromete la estabilidad económica de miles de familias, sino que también afecta la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, limita el potencial de producción del país y pone en riesgo su seguridad alimentaria. Por lo anterior, se identifica como primer problema el atender el bajo nivel de ingresos y el permanente riesgo de la pérdida de su empleo, al impactar de forma directa en las condiciones económicas y sociales de las y los productores, y por ende de las comunidades pesqueras y acuícolas. Esto acentúa los rezagos y brechas económicas y sociales, así como las precarias condiciones laborales que enfrentan las personas pescadoras y acuacultoras por falta de seguridad social y protección laboral. La anterior problemática será atendida a través del Objetivo 1: Elevar el bienestar económico y social y las habilidades técnicas de las personas pescadoras y acuacultoras y jornaleros del sector. Este Objetivo resulta relevante porque contribuye a la efectividad del derecho a un apoyo directo, establecido en el artículo 27 de la CPEUM. De esta manera se amplían sus opciones de incorporación a las actividades productivas pesqueras o acuícolas, y se amplían las oportunidades de mejoramiento de su bienestar. Para lograr el Objetivo se promoverá la mejora de las condiciones de vida de las personas pescadoras, acuacultoras y jornaleras del sector; se fortalecerán las capacidades y habilidades, y se impulsarán acciones de adaptación al cambio climático. Esto permitirá contribuir al desarrollo económico y el bienestar social de las comunidades, mejorará su productividad y competitividad, y se fortalecerá la resiliencia de las comunidades pesqueras y acuícolas. Es importante destacar que, las prácticas pesqueras no sostenibles, la sobre explotación de los recursos, el uso de artes de pesca destructivas y la falta de un control efectivo en las capturas, así como la pesca ilegal no declarada, amenazan la biodiversidad y la salud de los ecosistemas acuáticos, al tiempo que disminuyen la disponibilidad de los recursos pesqueros a largo plazo. Este deterioro no solo pone en riesgo la sostenibilidad del sector pesquero, sino que también afecta el sustento económico de las comunidades rurales y costeras, y limita la seguridad alimentaria del país. 16 Respecto a la segunda problemática, el insuficiente ordenamiento pesquero y acuícola; que tiene como efecto la persistencia de la pesca ilegal, no declarada y reglamentada (Pesca INDNR) y un marco normativo desactualizado e insuficiente son factores que perjudican el desarrollo de la actividad productiva, así como el bienestar económico y social de las personas productoras, jornaleras y sus comunidades. A ello, se suma la insuficiencia de información científica actualizada y de esfuerzo pesquero; limitados planes de manejo y de restauración; escasez de evaluaciones de los recursos pesqueros, y la no precisión sobre el número real de unidades económicas, pescadores, acuacultores activos, no han permitido un efectivo desarrollo del ordenamiento para una mejor administración de los recursos pesqueros y acuícolas. La información insuficiente ha provocado un importante rezago en la resolución de autorizaciones (permisos y concesiones) que data de 2013, con un registro de 4,495 solicitudes, y que a finales de 2024 descendió a un total de 2,773 autorizaciones todavía pendientes de resolver. 17 Así, de entre los elementos clave para el desarrollo de un efectivo ordenamiento pesquero, las evaluaciones de los recursos pesqueros y la identificación de los actores interesados son las áreas de oportunidad para mejorar la información para la toma de decisiones y/o implementar medidas efectivas para el ordenamiento pesquero y acuícola. 16 Reyes, V. Delgadina, M. (2018). La sustentabilidad en la pesca como objeto del Ordenamiento Pesquero. Revista de la Facultad de Derecho de México, 68 (272-1), Páginas143-170. 17 CONAPESCA. (2025). Reporte de indicadores del Sistema de Administración Pesquera (SAP) [Base de datos interna]. Gobierno de México. Recuperado el 22 de enero de 2026. 550 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Por lo anterior, se espera que las acciones a realizar para la atención de la problemática descrita serán transversales y alineadas al PND 2025-2030 en sus ejes generales: “Eje general 2: Desarrollo con bienestar y humanismo”; “Eje general 3: Economía moral y trabajo”, y “Eje general 4: Desarrollo sustentable”, y a la “República rural justa y soberana”, establecida en los “100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”; toda vez que al mejorar el ordenamiento y la gobernanza de la pesca habrá mayor producción lo que impactará favorablemente en la economía de las personas dedicadas a la actividad. Para ello se plantea el Objetivo 2: Mejorar el ordenamiento y la gobernanza de la pesca y la acuacultura. Para contribuir a la solución de esta problemática, se propone promover el ordenamiento y el manejo sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas; combatir la pesca INDNR; impulsar el fortalecimiento institucional y la coordinación interinstitucional y territorial. Con ello, se espera contribuir a una mayor protección de los ecosistemas marinos y su desarrollo responsable; contribuir a la sostenibilidad de los recursos pesqueros, hacer más eficientes las actividades pesqueras y acuícolas y mejorar la gestión de programas y políticas para el sector. México posee una oportunidad única para liderar la transición hacia prácticas de acuacultura y pesca más responsables, aprovechando su vasta biodiversidad y su potencial para producir alimentos de alta calidad. Este liderazgo no solo contribuiría al desarrollo económico, social y sustentable del país, sino que también permitiría mejorar los ingresos en las regiones pesqueras y acuícolas. Aunque México cuenta con condiciones territoriales propicias para desarrollar esta actividad, persisten importantes deficiencias en la capacitación de las y los pescadores, las cuales tienen un impacto directo en la sostenibilidad y la productividad del sector. La falta de formación técnica y conocimientos especializados impide que las personas pescadoras adopten prácticas responsables y sostenibles, aumentando así el riesgo de sobreexplotación de los recursos marinos y promoviendo el uso de técnicas destructivas que dañan los ecosistemas. Esta insuficiencia en la capacitación también limita la adopción de tecnologías modernas y eficientes, dificultando la mejora de la actividad ya que muchos pescadores dependen de métodos tradicionales que, en el contexto actual, resultan ineficaces y poco rentables, afectando sus ingresos y su calidad de vida. (SADER, 2023).18 En el ámbito de la acuacultura, hay zonas con vocación acuícola que no son utilizadas debido a la falta de una adecuada articulación interinstitucional, diagnóstico territorial y una planificación técnica de largo plazo. La producción de semilla de calidad es clave para sostener esta actividad, pero su carencia limita el crecimiento y la sostenibilidad del sector acuícola. Además, un desarrollo acuícola sin una planificación adecuada y sin considerar los impactos ambientales puede generar problemas como la contaminación del agua, la destrucción de hábitats naturales y la propagación de enfermedades, afectando la sustentabilidad de la actividad. Por lo anterior se plantea la atención de un tercer problema, el bajo y desigual nivel de producción pesquera y acuícola, que en gran parte se debe al insuficiente ordenamiento pesquero y acuícola, pero también a las diversas condiciones geográficas y naturales de las diferentes zonas productivas del país cuyos niveles de desarrollo son muy variables y desiguales en cuanto al tipo de actividad y por ende del productor. Este problema público no solo incide de manera negativa en los ingresos del productor, sino que también en el volumen de productos pesqueros y acuícolas disponibles para los sistemas alimentarios locales. Esta problemática, se busca atender con la implementación del Objetivo 3: Incrementar la producción pesquera y acuícola a nivel nacional de forma sustentable e inclusiva. Este Objetivo se alcanzará mediante el desarrollo de una acuacultura sostenible, el fomento al consumo de pescados y mariscos en la población y establecer y ejecutar las medidas de manejo pesquero y acuícola con base en la mejor información científica disponible. Con ello, se espera contribuir a la soberanía alimentaria y al mejoramiento de las economías territoriales; en el mismo sentido a una mayor y mejor salud y nutrición de los mexicanos y mexicanas, y al incremento de la producción. El PNPA 2026-2030, se apoya para la consecución de acciones en el programa presupuestario de Acuacultura y Pesca Sustentables, cuyo componente BIENPESCA se consolidará como un esquema de transferencia directa a las personas pescadoras y acuacultoras del sector. Este componente ha sido una herramienta para aliviar la presión económica durante las temporadas de baja actividad, especialmente entre las personas pescadoras ribereñas y acuacultoras de pequeña escala en atención al derecho establecido en el Artículo 27 de la CPEUM, sobre la entrega de apoyo anual a pescadores de pequeña escala. Los Objetivos propuestos, contribuirán a los principios del Humanismo mexicano: prosperidad compartida, el desarrollo y bienestar con cuidado al medio ambiente, igualdad sustantiva, así como un México soberano. 18 Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentable. (2023). Carta Nacional Pesquera 2023. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Gobierno de México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/892410/CNP_2023.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 551 Visión de largo plazo Hacia 2030 se han revertido las condiciones adversas, tanto en el ámbito de gestión como del entorno productivo, se espera que las personas productoras alcancen mayores niveles de bienestar económico y social; exista un mejor ordenamiento y gobernanza que limite los efectos nocivos de la pesca ilegal no declarada y no documentada y una producción sustentable pesquera y acuícola. Hacia 2050, las personas pescadoras y acuacultoras cuentan con condiciones favorables para el desarrollo de su actividad de manera sostenible, lo que les permite obtener mejores ingresos, asegurando su bienestar económico. 6. Objetivos Con el propósito de revertir y dar atención a la problemática central identificada del sector pesquero y acuícola nacional, y bajo la visión de la presente Administración de consolidar la transformación del país bajo un modelo de desarrollo con bienestar, justicia social y sustentabilidad, tal y como se expresa en el PND 2025-2030, se establecen tres objetivos para el PNPA 2026-2030, cuyo propósito es contribuir al mejoramiento y/o generación de las condiciones productivas para que las comunidades pesqueras y acuícolas, sobre todo las de pequeña escala, alcancen mayores niveles de bienestar económico y social. Objetivos del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2026-2030 1. Elevar el bienestar económico y social y las habilidades técnicas de las personas pescadoras y acuacultoras y jornaleros del sector. 2. Mejorar el ordenamiento y la gobernanza de la pesca y la acuacultura. 3. Incrementar la producción pesquera y acuícola a nivel nacional de forma sustentable e inclusiva. 6.1 Relevancia del Objetivo 1: Elevar el bienestar económico y social y las habilidades técnicas de las personas pescadoras y acuacultoras y jornaleros del sector. Elevar el bienestar de las personas pescadoras y acuacultoras y jornaleras es uno de los múltiples propósitos del "Segundo Piso de la Cuarta Transformación" en México, dado que contribuyen al desarrollo económico, la seguridad alimentaria, la equidad social y la sostenibilidad del medio ambiente. Los pescadores ribereños, cuyos medios de vida dependen de la pesca, se infiere que se encuentran entre las poblaciones rurales más pobres y vulnerables. No obstante, este tipo de pesca por las regiones observadas en donde se desarrolla, así como por el valor de algunas de las especies que capturan y producen, tienen el potencial para contribuir a la reducción de la pobreza y a la creación de resiliencia mediante el suministro de alimentos, ingresos y empleo. Asimismo, los medios de vida relacionados con la pesca revisten una importancia especial en las zonas rurales y remotas donde se carece de un empleo alternativo. La actividad pesquera fortalece la resiliencia actuando como red de seguridad durante períodos de escasez y en situaciones de catástrofe, cuando otros sectores de producción de alimentos (por ejemplo, la agricultura) no funcionan. De acuerdo con un trabajo de análisis de la CONAPESCA de 2023, en el que se estimó el ingreso de los pescadores ribereños a partir del valor de su producción anual, los días laborados, el número de pescadores por municipio y los costos de operación, a un total de 146 mil pescadores ribereños en 114 municipios19 de 25 Entidades Federativas les correspondió un ingreso por debajo de la Línea de Pobreza Extrema Rural por Ingreso de CONEVAL que fue de 1,743 pesos mensual, para el mes de diciembre de 2023; 20 motivo por el que dicho Objetivo se establece considerando que esta población, dentro del Humanismo mexicano, es pilar de la economía mexicana y la garantía de su desarrollo socioeconómico es fundamental para lograr una "prosperidad compartida". 19 1.Mexicali, 2.Ensenada, 3.Tijuana, 4.Mulege, 5.Comundú,6. La Paz, 7.Loreto, 8.Champotón, 9.Sabancuy, 10.Carmen, 11.Campeche, 12.Palizada, 13.Chiapas, 14.Tonalá, 15.Pijijiapan, 16.Catazajá, 17.Tecpatan, 18.Acapetahua, 19.Arriaga, 20.Tuxtla Gutiérrez, 21.Tecomán, 22.Manzanillo,23. Durango, 24.Celaya, 25.Petatlán,26. Acapulco De Juárez,27. Guerrero, 28.Tecpan De Galeana, 29.Pungarabato, 30.Pachuca, 31.Guadalajara, 32.Puerto Vallarta, 33.Chapala, 34.Ocotlán, 35.México, 36.Sahuayo, 37.Pátzcuaro, 38.Zitácuaro, 39.Nueva Italia, 40.Coahuayana, 41.Lázaro Cárdenas, 42.Cuernavaca, 43.Tecuala, 44.San Blas, 45. Santiago Ixcuintla, 46.Tepic, 47.Compostela, 48.Tuxpan, 49.Bahía Banderas, 50.Juchitán De Zaragoza, 51.Salina Cruz, 52.San Miguel Soyaltepec, 53.San Pedro Mixtepec, 54.San Pedro Pochutla, 55.Santiago Pinotepa, 56.Querétaro, 57.Othón P. Blanco, 58.Cozumel, 59.Isla Mujeres, 60.Benito Juárez, 61.Tulum, 62.Solidaridad, 63.San Luis Potosí, 64.El Fuerte, 65.Culiacán, 66.Ahome, 67.Guasave, 68.Mazatlán, 69.Rosario, 70.Escuinapa, 71.Navolato, 72.Angostura, 73.Cajeme, 74.Guaymas, 75.Hermosillo, 76.Pitiquito, 77.Huatabampo, 78.Puerto Peñasco, 79.San Luis Rio Colorado, 80. Emiliano Zapata, 81.Villahermosa, 82.Macuspana, 83.Paraíso, 84.Centla, 85.Jonuta, 86.Cárdenas, 87.Tampico, 88.San Fernando, 89.Soto La Marina, 90.Nueva Guerrero, 91.El Mante, 92.Matamoros, 93.Ciudad Victoria, 94.Tlaxcala, 95.Coatzacoalcos, 96.Pánuco, 97.Tecolutla, 98.Tlacotalpan, 99.Coatzintla, 100.Pueblo Viejo, 101.Alvarado, 102.Catemaco, 103.Naranjos-Amatlán, 104.Nautla, 105.Tamiahua, 106.Veracruz Ignacio de la Llave, 107.Rio Lagartos, 108.Tizimín, 109.Progreso, 110.Mérida, 111.Dzilam De Bravo, 112.Telchac Puerto, 113.Hunucma, 114.Zacatecas. 20 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (s. f.). Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (Canasta Alimentaria). Recuperado el 19 de febrero de 2025, de https://sistemas.coneval.org.mx/InfoPobreza/Pages/wfrLineaBienestarComponent?pAnioInicio=2016&pTipoIndicador=0 552 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Al respecto, es importante mencionar que debido a la dinámica cambiante del sector que depende de factores desde biológicos hasta socioeconómicos, el ingreso y los lugares pueden variar, por lo que se hace necesario la realización de estimaciones anuales para la canalización de apoyos y esfuerzos según resulte. La reducción de las condiciones de pobreza de las personas pescadoras ribereñas (con especial énfasis de aquellos de los municipios identificados) es el propósito de este Objetivo, a través de las estrategias y líneas de acción encaminadas a fortalecer los medios de vida de esta población vulnerable, con un acceso inclusivo a la pesca y a los recursos económicos conexos. Otro de los aspectos relevantes del Objetivo para contribuir no solo al bienestar económico y social de las comunidades pesqueras, sino que también a la población en general, es lo referente al consumo de los productos pesqueros y acuícolas. El propósito no solo es el de llevar a cabo acciones para el incremento del consumo de esos productos, sino que también propiciar las condiciones para que poblaciones vulnerables accedan a este alimento con alto valor nutricional. De acuerdo con la FAO, en 2022 el consumo mundial anual per cápita fue de 20.7 kg., mientras que, en términos regionales, para América Latina y el Caribe fue de 10,7 kg. Aunque existe una gran variabilidad entre países, la media regional sólo es inferior a la de África, y se sitúa muy por detrás de la media mundial21. En México el promedio de consumo per cápita de productos pesqueros y acuícolas en los últimos 12 años es de 14.8 kg, producto de una disponibilidad, también promedio en el mismo periodo de 1.53 millones de toneladas. En este sentido, el Objetivo es el incremento del consumo nacional de pescados y mariscos, así como también el que comunidades rurales de alta marginación accedan a alimentos de la acuacultura comunitaria. Sin duda, los apoyos a las personas pescadoras de pequeña escala, relacionados para el fortalecimiento de las capacidades con enfoque de género, acceso a productos pesqueros y acuícolas con alto contenido proteínico de bajo costo, apoyos económicos directos, mecanismos de comercio justo, entre otros, son los elementos clave para contribuir a su bienestar económico y social. Impulsar el desarrollo económico y social, a través de las actividades de pesca y acuacultura toda vez que generan empleo, ingresos y desarrollo local, lo que contribuye a la economía regional y nacional. Combatir la pobreza en estas comunidades permitirá liberar su potencial productivo y contribuir al crecimiento económico. La articulación territorial con los tres órdenes de gobierno y la generación de sinergias con las dependencias del ejecutivo relacionado con el sector, es una de las estrategias fundamentales para la atracción de mayores recursos en apoyo al ingreso y bienestar económico y social de las personas pescadoras y acuacultoras. Adicionalmente, este Objetivo no sólo se apega a la política nacional, sino que de igual manera se alinea a la visión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, al realizar acciones para el desarrollo de un mundo justo y sostenible, libre de pobreza, hambre y malnutrición, y comprometido con la igualdad y la no discriminación. En este contexto, con las acciones relevantes del presente Objetivo se dará atención a 215 mil pequeños productores pesqueros y acuícolas; recibirán apoyo económico directo, en el marco del programa de BIENPESCA de manera anual, al menos 5,000 niñas y niños en comunidades rurales de alta marginación; podrán acceder a alimentos de la pesca y acuacultura, a través de la capacitación a productores y mujeres, en proceso de transformación de productos y vincularlos con escuelas que cuentan con Programa de Alimentación Escolar; fortalecerá las capacidades de al menos 25 mil mujeres trabajadoras del sector, e incrementará el consumo nacional de pescado y mariscos en al menos 5%. 6.2 Relevancia del Objetivo 2: Mejorar el ordenamiento y la gobernanza de la pesca y la acuacultura. El desarrollo sostenible de la pesca y la acuacultura es fundamental para proteger los ecosistemas marinos y asegurar la disponibilidad de recursos para futuras generaciones, motivo por el que la promoción y fortalecimiento del ordenamiento pesquero y acuícola es clave para la sostenibilidad del sector. Con este propósito se contribuye al modelo de desarrollo del “Segundo piso de la Cuarta Transformación” al inscribirse en las acciones encaminadas a garantizar los derechos de los trabajadores a un salario digno y cimentar la soberanía alimentaria de nuestro país (Eje general 3: Economía moral y trabajo), así como a promover el uso responsable de los recursos naturales y reducir el daño ambiental (Eje general 4: Desarrollo Sustentable). Visualizar el estado de salud que guardan las principales especies que integran la producción pesquera y acuícola nacional, así como la importancia de dichas especies de acuerdo con la región y el esfuerzo pesquero en las mismas, son factores clave para la implementación de un adecuado ordenamiento pesquero y acuícola que en otros términos se refiere al manejo (administración) de los recursos de la pesca y la acuacultura. 21Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2024, 7 de junio). Un informe de la FAO revela que la producción mundial de la pesca y la acuicultura alcanza un nuevo récord. https://www.fao.org/americas/news/news-detail/fao-report--global- fisheries-and-aquaculture-production-reaches-a-new-record-high/es Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 553 La presión sobre los recursos tanto para que sean fuentes de alimento como para que generen empleos directos e indirectos en las comunidades humanas establecidas en los litorales de los mares mexicanos y de los cuerpos de aguas interiores se ha incrementado notablemente en los últimos años. La mayoría de los recursos pesqueros han alcanzado la captura máxima posible bajo el principio de un manejo pesquero sustentable, por lo que el esfuerzo de pesca que soporta esos recursos debe de ser estimado y controlado de manera eficiente. Actualmente, el aprovechamiento pesquero en nuestro país se centra en alrededor de seis pesquerías. De acuerdo con las diversas publicaciones de la Carta Nacional Pesquera desde 2012 y hasta 2025 el 90% de las especies de dichas pesquerías se encuentran en su máximo rendimiento sostenible. Mientras que especies del Océano Atlántico como el pepino de mar, camarón (rojo, roca, rosado), bagre, robalo y pulpo rojo; y, el Océano Pacífico el pepino de mar, lisa y atún aleta azul, se registran en un estado de deterioro y/o sobrexplotado. En este contexto, el propósito e importancia de este Objetivo es el de establecer las medidas y/o revertir las malas prácticas, para administrar a la pesca y a la acuacultura de forma que se aproveche a un nivel de sostenibilidad cuando la producción de alimentos sea una prioridad y para no comprometer la capacidad reproductiva de las poblaciones sobre todo las pesqueras. Asimismo, a que el eficiente manejo considere prácticas orientadas a mantener la población de las especies marinas en niveles óptimos para garantizar su supervivencia, respetando el entorno natural, con técnicas que no ejerzan un impacto negativo sobre los demás hábitats del ecosistema. Adicional a un mejor conocimiento del esfuerzo pesquero, con el cual habrá de ajustarse y/o implementarse mayor y mejor normatividad pesquera y acuícola, el presente Objetivo busca reorganizar la inspección y vigilancia para optimizar las labores de verificación del cumplimiento de dicha normatividad. Ante las limitaciones de la capacidad operativa y la amplitud del reto en esta materia, la coordinación interinstitucional, particularmente con MARINA) y con los gobiernos estatales y municipales, se llevará a cabo una labor de inspección y vigilancia más estratégica y con mejores acciones de inteligencia, lo cual vendrá a contribuir al propósito del presente Objetivo. La buena gobernanza es crucial para el desarrollo sostenible de la pesca y la acuacultura. Permite el manejo eficiente de los recursos pesqueros, la protección de los ecosistemas, la promoción de la seguridad alimentaria y la gestión responsable de la industria, evitando la sobreexplotación y la degradación ambiental, lo que conduce y contribuye al propósito final de toda política pública que es el beneficio de las personas, que para el caso es para las comunidades pesqueras y acuícolas, tal y como se pretende para el caso del sector en México. Elementos importantes para la efectiva gobernanza serán las acciones que se implementarán para contribuir al aseguramiento de la conservación de los ecosistemas marinos y acuáticos, promoviendo la pesca responsable y evitando la destrucción de hábitats, en las que el mejoramiento del ordenamiento pesquero y el combate, a la pesca INDNR de manera efectiva serán fundamentales. Asimismo, dentro de las consideraciones para una buena gobernanza el acceso a alimentos nutritivos para la población, así como el fomento de la acuacultura, la innovación tecnológica en la pesca y el desarrollo de prácticas que minimicen el impacto ambiental, son temas torales. La reactivación de los mecanismos de participación de las personas pescadoras y acuacultoras, las autoridades gubernamentales y otras partes interesadas en la toma de decisiones y la implementación de las políticas, serán igualmente parte trascendental de este Objetivo. La nueva visión de gobernanza también tiene como eje prioritario la revisión, actualización e implementación efectiva del marco regulatorio para contribuir a garantizar tanto que la actividad se realice de manera responsable y sostenible como también el dar certidumbre en la operación de los procesos institucionales, incluyendo mecanismos de monitoreo y cumplimiento de las normas y regulaciones, para que la pesca y la acuacultura se desarrollen de acuerdo con las reglas establecidas. Ya en términos específicos relacionados a la mejora de la gobernanza y el ordenamiento pesquero, de entre los principales propósitos, la atención de las personas pescadoras y acuacultoras en sus estados y comunidades; el ordenamiento con enfoque social de las cinco principales pesquerías; especial atención a las áreas de pesca crítica (Alto Golfo de California, Golfo de Ulloa y Playa Bagdad); implementación de un sistema de trazabilidad; inspección y vigilancia estratégica; inducción de una mayor participación social en el ordenamiento pesquero, a través de los comités de manejo pesquero; y, reducción, eliminación y digitalización de trámites para facilitar la gestión de las personas pescadoras y acuacultoras y ampliar la transparencia; serán los temas prioritarios y de relevancia del presente Objetivo. 554 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 6.3 Relevancia del Objetivo 3: Incrementar la producción pesquera y acuícola a nivel nacional de forma sustentable e inclusiva. Incrementar la producción pesquera y acuícola es crucial para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico, especialmente en el contexto del "Segundo Piso de la Cuarta transformación" en México, en la cual se busca fortalecer la industria nacional y la soberanía alimentaria. En nuestro país, la inseguridad alimentaria se localiza sobre todo en las zonas rurales, donde casi en su totalidad se ubican pescadores ribereños, con índices de marginalidad y asociados a la carencia de acceso seguro a una cantidad suficiente de alimentos inocuos y nutritivos para su normal crecimiento y desarrollo y para llevar a cabo una vida activa y sana. Es decir que la marginación (pobreza) es un factor que se ubica en detrimento de la seguridad alimentaria. Por ello, el Objetivo es consolidar las condiciones para generar una estabilidad en cuanto a la disponibilidad, el acceso y la utilización correcta de los alimentos pesqueros. Más que como una fuente de energía, la contribución del pescado a la dieta es importante en lo que respecta a las proteínas animales de alta calidad y fácil digestión. En este marco, la relevancia del presente Objetivo es la de apoyar la producción nacional y fortalecer la soberanía alimentaria, con una mayor disponibilidad de productos pesqueros y acuícolas que contribuyan a garantizar el abasto de alimentos, mejorar las condiciones para el bienestar económico y social de las personas pescadoras y acuacultoras y construir una economía más resiliente. Para ello se busca aumentar la producción nacional y facilitar la comercialización de los productos a precios justos, acciones encaminadas a la autosuficiencia alimentaria del país. Así, de entre beneficios de incrementar la producción pesquera y acuícola destacan:  Mayor disponibilidad de alimentos. La producción pesquera y acuícola puede complementar y diversificar la oferta de alimentos, mejorando el acceso a proteínas animales de calidad.  Mejor nutrición. El pescado y los mariscos son fuentes importantes de nutrientes, especialmente ácidos grasos omega-3, que son beneficiosos para la salud.  Contribución a la seguridad alimentaria. Una producción pesquera y acuícola más robusta puede ayudar a asegurar un suministro de alimentos más estable y sostenible, especialmente en regiones con altos niveles de inseguridad alimentaria.  Resiliencia del sistema alimentario. Diversificar la producción de alimentos puede hacer que el sistema alimentario sea más resiliente ante desafíos como el cambio climático o las fluctuaciones del mercado.  Alcanzar la soberanía alimentaria. Se busca garantizar que México pueda producir la mayor parte de sus alimentos básicos, reduciendo la dependencia de importaciones y fortaleciendo su economía.  Garantizar el abasto nacional de alimentos. Al aumentar la producción de productos pesqueros, se busca asegurar que los alimentos lleguen a las mesas de las familias mexicanas.  Desarrollo económico. El aumento de la producción pesquera y acuícola se traduce en que proviene de una importante fuente de empleos e ingresos para las comunidades costeras, rurales y las industrias relacionadas. El aumento en la producción genera beneficios para estas comunidades y contribuye al desarrollo local. Visibilizar los elementos para el logro de lo anteriormente mencionado de manera sustentable y sostenible, es lo relevante del Objetivo, al implementar las medidas necesarias para su cumplimiento. En este sentido, la realización de acciones para el fortalecimiento de elementos como la implementación de prácticas de manejo sostenible que considere la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad; la innovación y uso de la tecnología para mejorar la eficiencia y la productividad; el apoyo a las comunidades pesqueras a través de los programas de capacitación, financiamiento y asistencia técnica en materia de sustentabilidad; son entre otros, medidas a desarrollar para ayudar a conservar los ecosistemas marinos y dulceacuícolas, proteger la biodiversidad y mitigar los impactos del cambio climático. Asimismo, la inclusión social en el incremento de la producción pesquera y acuícola beneficia a las comunidades más vulnerables, como los pescadores artesanales y las mujeres, con apoyos para proporcionarles oportunidades de empleo y mejora de sus condiciones de vida. Como se puede observar, la relevancia y resultados del Objetivo está vinculado a las acciones consideradas en los dos objetivos anteriores de este PNPA 2026-2030, motivo por el que la contribución de cada Objetivo para el desarrollo del sector en forma sustentable y para el bienestar económico y social de productores pesqueros y acuícolas, es por separado y en combinación. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 555 Acciones relevantes que habrán de impulsarse en contribución para el incremento de la producción de manera sustentable e inclusiva, es el incremento de la producción acuícola en 10% y la pesquera en 5%; las unidades de producción acuícola ordenadas al 100%; el incremento de la producción de especies estratégicas como el ostión y la tilapia en 30% y 30% respectivamente a nivel nacional; incremento de la participación de las mujeres en la acuacultura en un 50%; y, la implementación y desarrollo de acciones para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático en el sector. 6.4 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2026-2030 Los Objetivos del PNPA 2026-2030 se vinculan con los Objetivos y Estrategias del PND 2025-2030 y PSADER 2025-2030, a través de un enfoque integral que busca el desarrollo sostenible, la soberanía alimentaria y la mejora de las condiciones de vida de las comunidades pesqueras y acuícolas, con especial atención a las poblaciones de productores de ambos subsectores menos favorecidas. La formulación y conducción de estos Objetivos con sus respectivas Estrategias y Líneas de Acción responden de manera alineada y prioritariamente al “Eje general 3: Economía Moral y Trabajo” (Objetivos 1 y 2 del PNPA 2026-2030) y de forma transversal al “Eje 1. Gobernanza con Justicia y Participación Ciudadana” y “Eje 2 Desarrollo con Bienestar y Humanismo” contenidos en el PND 2025-2030. Los objetivos del PNPA 2026-2030 se vinculan a los propósitos establecidos tanto en la “República Rural Justa y Soberana” establecida en los “100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, así como en el Eje general 3 antes referido, que busca fortalecer la soberanía alimentaria a través de políticas que fomenten la producción pesquera de pequeña escala, especialmente en municipios con altos índices de pobreza; como en la “República fraterna”, “República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable” y “República segura y con Justicia” en las que se consideran disposiciones orientadas al estado de bienestar, justicia social y mecanismos de gobernanza; temas esenciales para el desarrollo de las comunidades pesqueras y acuícolas mexicanas. En este marco, a continuación, se indica la vinculación que de manera específica se ha establecido entre los tres Objetivos del PNPA 2026-2030 y los Objetivos y Estrategias del PND 2025-2030. Objetivos del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 Objetivo 1. Elevar el bienestar económico y social y las habilidades técnicas de las personas pescadoras y acuacultoras y jornaleros del sector. Objetivo 3.5 Contribuir al bienestar y la inclusión social de la población rural, enfocándose en micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, así como en las personas jornaleras, mediante acciones que mejoren sus ingresos. Estrategia 3.5.1 Mejorar el ingreso y promover la inclusión social de la población rural y las personas jornaleras, a través de la formalización del empleo y la dignificación del trabajo, garantizando el reconocimiento de sus derechos y la mejora de sus condiciones laborales. Estrategia 3.5.2 Impulsar el desarrollo del turismo rural y comunitario a través de programas de fomento y certificaciones específicas. Objetivo 2. Mejorar el ordenamiento y la gobernanza de la pesca y la acuacultura Objetivo 3.6 Fortalecer la producción, el desarrollo y la tecnificación del campo mexicano, enfocándose en los pequeños y medianos productores, mediante el uso sostenible de los recursos naturales y la provisión de servicios públicos de calidad Estrategia 3.6.1 Fomentar la transición agroecológica y el uso sostenible de los recursos naturales en la producción agropecuaria, pesquera y acuícola, garantizando la sostenibilidad frente al cambio climático. Estrategia 3.6.2 Promover el uso eficiente del agua en la agricultura, ganadería y acuacultura para asegurar la sostenibilidad hídrica en la producción de alimentos. Estrategia 3.6.3 Fortalecer los bienes y servicios públicos en el sector agroalimentario para mejorar su sostenibilidad, equidad y productividad. 556 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivos del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 Objetivo 3. Incrementar la producción pesquera y acuícola a nivel nacional de forma sustentable e inclusiva. Objetivo 3.4 Fortalecer la soberanía alimentaria para garantizar el derecho del pueblo de México a una alimentación nutritiva, suficiente, de calidad y a precios accesibles para todos. Estrategia 3.4.1 Fortalecer la capacidad e inclusión productiva de los productores, con énfasis en la micro, pequeña y mediana escala, para aumentar la producción nacional sostenible de alimentos bajo un enfoque agroecológico. Estrategia 3.4.2 Promover el buen funcionamiento de los mercados agrícolas, acuícolas y pesqueros, impulsando la generación de valor agregado y optimizando la comercialización de sus productos para garantizar el abasto de alimentos. 7. Estrategias y líneas de acción Para el cumplimiento de los tres objetivos establecidos en el PNPA 2026-2030 se diseñaron, con la contribución de las áreas técnicas y unidades de apoyo de la CONAPESCA en apego a sus atribuciones y recursos disponibles, 10 Estrategias y 45 Líneas de Acción que de manera táctica y en conjunto contribuirán al propósito de que las personas pescadoras y acuacultoras cuenten con las condiciones favorables para el desarrollo e incremento de su productividad. Al efecto, es importante señalar la relevancia de las estrategias y líneas de acción que se han dispuesto en el Objetivo 2 de este PNPA 2026-2030, ya que serán clave para la consecución de las estrategias y líneas de acción de los Objetivos 1 y 3 que son la parte sustantiva del programa y del quehacer para el cumplimiento de los objetivos de la CONAPESCA. En la implementación de las estrategias y acciones puntuales para el cumplimiento de los objetivos son relevantes los temas relacionados con la información científica, la cooperación internacional, la coordinación interinstitucional y vinculación territorial, la reactivación de los mecanismos de participación del sector productivo en la toma de decisiones, las recomendaciones de organismos gubernamentales y no gubernamentales entre otros temas de gobernanza; por su importancia en el desarrollo del sector pesquero y acuícola, con especial atención a grupos vulnerables. Objetivo 1. Elevar el bienestar económico y social y las habilidades técnicas de las personas pescadoras y acuacultoras y jornaleros del sector. Estrategia 1.1 Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas pescadoras y acuacultoras y jornaleros del sector para contribuir al desarrollo económico y el bienestar social de las comunidades costeras. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.1 Contribuir a la mejora del ingreso de las personas pescadoras y acuacultoras de pequeña y mediana escala mediante el otorgamiento de apoyos económicos directos del Programa de Pesca y Acuacultura Sustentables. CONAPESCA 1.1.2 Promover la inclusión de las personas pescadoras y acuacultoras en los esquemas de protección social, mediante asesoría en asambleas informativas en las entidades federativas. CONAPESCA 1.1.3 Propiciar la rentabilidad de las instalaciones acuícolas de pequeña escala, mediante el acompañamiento técnico y organizativo para generar economías de escala y mejorar la competitividad y acceso a mercados. CONAPESCA 1.1.4 Brindar atención al sector pesquero y acuícola respecto a sus requerimientos en materia de infraestructura pública, mediante la articulación con otras autoridades. CONAPESCA 1.1.5 Impulsar la reconversión productiva del sector pesquero tradicional a través del desarrollo de la pesca deportiva, la adopción de métodos y artes de pesca sustentables, el valor agregado, la acuacultura regenerativa y el ecoturismo, en coordinación con las Entidades gubernamentales pertinentes. CONAPESCA MEDIO AMBIENTE CONANP Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 557 Estrategia 1.2 Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades técnicas de las personas pescadoras y acuacultoras para mejorar su productividad y contribuir a la competitividad del sector. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.1 Mejorar las condiciones de las personas pescadoras y acuacultoras en sus actividades productivas a través del otorgamiento de capacitación y asistencia técnica. CONAPESCA 1.2.2 Promover el enfoque autogestivo en la producción de tilapia y ostión, priorizando a micro, pequeños y medianos productores, grupos de mujeres acuacultoras, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante la capacitación técnica. CONAPESCA 1.2.3 Gestionar la capacitación a las personas trabajadoras del sector pesquero y acuícola en temas de seguridad en las zonas marinas y aguas interiores, nuevas tecnologías, regulaciones pesqueras y ambientales, así como estándares de exportación, mediante esquemas de cooperación técnica. CONAPESCA MARINA MEDIO AMBIENTE PROFEPA CONABIO Estrategia 1.3 Impulsar acciones de adaptación al cambio climático para fortalecer la resiliencia de las comunidades pesqueras y acuícolas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.1 Desarrollar la Estrategia Nacional de Adaptación de la Pesca y la Acuacultura al Cambio Climático, mediante la realización de un diagnóstico de vulnerabilidad de comunidades pesqueras y acuícolas. CONAPESCA MEDIO AMBIENTE INECC 1.3.2 Implementar las acciones primarias de adaptación al cambio climático en al menos cinco comunidades pesqueras y acuícolas con mayor vulnerabilidad del país, mediante la cooperación integral entre los actores de la pesca y acuacultura. CONAPESCA Objetivo 2. Mejorar el ordenamiento y la gobernanza de la pesca y la acuacultura. Estrategia 2.1 Promover el ordenamiento y manejo sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas para la protección de los ecosistemas marinos y su aprovechamiento sustentable. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.1 Fortalecer el ordenamiento acuícola mediante el levantamiento del inventario de Unidades Acuícolas en operación e identificación de la superficie real de cultivo en cuerpos de agua de jurisdicción federal, para su regularización. CONAPESCA 2.1.2 Fortalecer el ordenamiento pesquero mediante la permanente articulación con IMIPAS y la celebración de convenios específicos con los gobiernos de los estados que potencien las capacidades para evaluar los recursos y vigilar la aplicación de la normativa. CONAPESCA IMIPAS MEDIO AMBIENTE PROFEPA 2.1.3 Determinar el esfuerzo pesquero y la capacidad acuícola instalada a través de la ejecución de censos en campos pesqueros y unidades acuícolas. CONAPESCA 2.1.4 Diseñar e implementar el Sistema Nacional de Zonas de Refugio Pesquero (SNZRP), enfocado en la recuperación de pesquerías clave y los ecosistemas costero-marinos, mediante el establecimiento de las bases para su funcionamiento con una amplia participación social. CONAPESCA MEDIO AMBIENTE CONANP 2.1.5 Fortalecer el marco jurídico para el desarrollo sostenible de la pesca y acuacultura mediante la emisión y/o actualización de sus instrumentos regulatorios, en coordinación con MEDIO AMBIENTE. CONAPESCA MEDIO AMBIENTE CONANP PROFEPA 558 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.6 Formular e implementar medidas de manejo sostenibles, a través de mecanismos de colaboración con la participación de los diversos actores del sector pesquero. CONAPESCA MEDIO AMBIENTE CONANP CONABIO 2.1.7 Impulsar la cooperación internacional en materia científico-técnica mediante la firma de acuerdos con países, regiones u organismos de interés para el sector pesquero y acuícola. CONAPESCA IMIPAS 2.1.8 Formular estrategias de negociación mediante la participación de manera presencial o virtual en foros y organismos pesqueros y acuícolas internacionales con impacto en el manejo de los recursos pesqueros de interés nacional. CONAPESCA 2.1.9 Promover una pesca sostenible a través de alianzas estratégicas regionales y mundiales encaminadas al cumplimiento de los ODS. CONAPESCA Estrategia 2.2 Combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, para contribuir a la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.1 Mantener de forma permanente la vigilancia marítima de embarcaciones pesqueras mediante el Sistema de Monitoreo Satelital, que refuerce el control del esfuerzo pesquero y fortalezca la aplicación de medidas de ordenamiento y salvaguardar la vida humana en el mar. CONAPESCA MARINA MEDIO AMBIENTE PROFEPA 2.2.2 Establecer estratégicamente Zonas de Operación Especiales para intensificar la inspección y vigilancia, mediante la coordinación estrecha con MARINA y asignación de Oficiales Federales de Pesca (OFP) y recursos técnicos según las necesidades operativas de cada zona específica. CONAPESCA MARINA 2.2.3 Identificar la legal procedencia e inocuidad de los productos de la pesca y la acuacultura, a lo largo de toda la red de valor, mediante la creación del Sistema Nacional de Trazabilidad de la pesca y la acuacultura, con la participación interinstitucional. CONAPESCA 2.2.4 Fomentar el cumplimiento de la normatividad mediante la realización de campañas de difusión y concientización dirigidas al sector pesquero, acuícola y público en general. CONAPESCA MARINA Estrategia 2.3 Impulsar el fortalecimiento institucional para alcanzar la eficiencia en las actividades pesqueras y acuícolas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.3.1 Fortalecer los sistemas de recopilación y sistematización de la información del sector mediante la adecuación de los procesos del Registro Nacional Pesquero y Acuícola (RNPA). CONAPESCA 2.3.2 Otorgar al sector productivo pesquero y acuícola un servicio más eficiente y accesible a través de la digitalización de trámites para la emisión de autorizaciones de pesca comercial, deportiva y acuacultura. CONAPESCA Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 559 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.3.3 Facilitar a las personas pescadoras y acuacultoras, la gestión de trámites de forma directa y cercana a sus lugares de origen, mediante el facultamiento de las Oficinas de Representación de la CONAPESCA en los estados y localidades. CONAPESCA 2.3.4 Fortalecer la calidad y oportunidad de la información sobre la producción acuícola y pesquera, mediante la capacitación y asistencia a las personas pescadoras y acuacultoras y personas servidoras públicas en el uso eficiente de los sistemas de información estadística del sector. CONAPESCA 2.3.5 Ofrecer servicios públicos más ágiles y accesibles a la ciudadanía y actores de la pesca y acuacultura, mediante la simplificación de trámites y requisitos, así como la reducción de costos y tiempos de atención. CONAPESCA Estrategia 2.4 Fortalecer la coordinación interinstitucional y territorial para una mejor gestión de los programas y políticas del sector. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.4.1 Promover los mecanismos de participación para el desarrollo de la pesca y la acuacultura sustentables, mediante la reactivación e instalación de Comités Consultivos para el manejo pesquero y acuícola. CONAPESCA 2.4.2 Ampliar la cobertura de las operaciones de verificación de la procedencia legal de productos pesqueros y acuícolas en el transporte terrestre, mediante capacitación de elementos de seguridad pública federal. CONAPESCA 2.4.3 Promover la capacitación de los servidores públicos que ejecutan la inspección y vigilancia en materia de responsabilidades administrativas. CONAPESCA 2.4.4 Impulsar el diseño y adopción de medidas de manejo pesquero y acuícola, a través de la reactivación o instalación de los Consejos de Pesca y Acuacultura para la elaboración y actualización de normas o acuerdos regulatorios, y mecanismos de articulación con el sector ambiental. CONAPESCA IMIPAS MEDIO AMBIENTE CONANP CONABIO 2.4.5 Asegurar la participación efectiva de las personas pescadoras y acuacultoras en la elaboración de la normatividad pesquera y acuícola, mediante la consulta oportuna. CONAPESCA Objetivo 3. Incrementar la producción pesquera y acuícola a nivel nacional de forma sustentable e inclusiva. Estrategia 3.1 Desarrollar una acuacultura sostenible que contribuya a la soberanía alimentaria y al mejoramiento de las economías territoriales. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.1 Fortalecer la debida toma de decisiones y el desarrollo estratégico del sector mediante la elaboración de estudios de competitividad y de mercado de los subsectores acuícolas y sus principales especies. CONAPESCA 3.1.2 Promover la recuperación productiva de los principales Centros acuícolas de Gobierno Federal mediante el fortalecimiento de la infraestructura y las líneas genéticas para solventar la demanda de semillas. CONAPESCA 560 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.3 Fortalecer la disponibilidad de insumos biológicos en la producción de tilapia y especies comerciales de moluscos bivalvos, con criterios científicos y de regulación ambiental, mediante la articulación entre el sector productivo, gobiernos estatales y dependencias relacionadas. CONAPESCA IMIPAS MEDIO AMBIENTE CONABIO 3.1.4 Impulsar la diversificación acuícola y los modelos acuícolas eco-sistémicos a través de la creación de plataformas y redes nacionales de colaboración sectorial. CONAPESCA Estrategia 3.2 Fomentar el consumo de pescados y mariscos en la población para contribuir a la salud y nutrición de los mexicanos. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.1 Promover la oferta de productos comerciales de calidad para la alimentación, mediante la adición de un valor agregado y el aprovechamiento de especies de bajo valor comercial. CONAPESCA 3.2.2 Promover el consumo de pescado en los programas de alimentación escolar mediante acuerdos con las instancias competentes. CONAPESCA 3.2.3 Promover el consumo de pescados y mariscos, mediante la capacitación a docentes, padres de familia, alumnos y profesionales acerca del valor nutricional aportado y sus formas de preparación. CONAPESCA 3.2.4 Fomentar el consumo de productos pesqueros y acuícolas, a través de campañas de concientización sobre sus beneficios en la alimentación e informativas en medios presenciales y digitales. CONAPESCA Estrategia 3.3 Establecer y ejecutar las medidas de manejo pesquero y acuícola con base en la mejor información científica disponible que contribuyan al incremento de la producción, de manera sustentable. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.1 Promover la disponibilidad, monitoreo e intercambio de información técnica y científica relativa a la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas mediante la elaboración y actualización de las Cartas Nacionales Pesquera y Acuícola. CONAPESCA IMIPAS MEDIO AMBIENTE CONABIO CONANP 3.3.2 Promover la elaboración e implementación de Planes de Manejo de las actividades pesqueras y acuícolas, en temas de recursos, especies y regiones, con criterios de sustentabilidad, mediante la planeación participativa a nivel nacional y regional, así como a través de la operación de órganos consultivos. CONAPESCA IMIPAS MEDIO AMBIENTE CONABIO CONANP 3.3.3 Fortalecer la Plataforma Tecnológica de Investigación Pesquera y Oceanográfica a través de esquemas de vinculación, colaboración y prestación de servicios con otras instituciones públicas y privadas, organismos nacionales e internacionales y otros agentes del sector. IMIPAS 3.3.4 Promover la adopción de innovaciones y desarrollo tecnológico por las personas pescadoras y acuacultoras a través de mecanismos de transferencia tecnológica y divulgación científica. IMIPAS Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 561 8. Indicadores y metas Con el propósito de monitorear los avances en términos sustantivos y de gestión sobre el cumplimiento de los objetivos trazados en el PNPA 2026-2030 se han identificado los siguientes indicadores. Indicador 1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Ingreso promedio diario de las personas pescadoras de pequeña escala Objetivo Objetivo 1 Elevar el bienestar económico y social y las habilidades técnicas de las personas pescadoras y acuacultoras y jornaleros del sector. Definición o descripción Mide el ingreso de las personas pescadoras de pequeña escala con base al valor de la producción pesquera y acuícola reportada y los costos de operación de la producción primaria. Derecho asociado Articulo 123 o 25 CPEUM Derecho a un nivel de vida digna y al trabajo Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Junio Unidad de medida Pesos Mexicanos Periodo de recolección de los datos Enero - diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 8.- Agricultura y Desarrollo Rural I00.- Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca Método de cálculo IPPPED= ( (VP- CO) / NDT) / NPPE IPPPED= Ingreso promedio diario de las personas pescadoras de pequeña escala VP= Valor de la producción pesquera NPPE= Número de pescadores de pequeña escala CO= Costos de operación NDT= Número de días trabajados Observaciones La información sobre el número de productores de pequeña escala, valor de la producción se obtendrá del Sistema de Información Pesquera y Acuícola (SIPESCA) APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 VP Valor de la producción Valor variable 1 18, 200, 807, 657 pesos Fuente de información variable 1 CONAPESCA- SIPESCA Nombre variable 2 NPPE Número de pescadores de pequeña escala Valor variable 2 234,504 personas Fuente de información variable 2 CONAPESCA- SIPESCA Nombre variable 3 CO Costos de operación Valor variable 3 4, 550, 201, 914 (25% del valor de la producción pesquera) Fuente de información variable 3 Sector productivo Nombre variable 4 NDT Número de días trabajados Valor variable 4 306 días Fuente de información variable 4 CONAPESCA Sustitución en método de cálculo IPPPED= ( (VP- CO) / NDT) / NPPE IPPPED= ((18,200,807,657 - 4,550,201,914) / 306) / 234,504 IPPPED= 190.23 pesos VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 190.23 Con el método de cálculo establecido se obtuvo la estimación del ingreso por día por pescador. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 Mantener la tendencia promedio ascendente del incremento del ingreso diario. Comparar el ingreso obtenido por las y las personas pescadoras de pequeña escala con las líneas de pobreza reportadas por el INEGI. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 252 220 222 179 206 186.50 190.23 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 194.03 197.92 201.87 205.91 210.03 562 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de actos de inspección y vigilancia con cumplimiento del marco legal. Objetivo Objetivo 2. Mejorar el Ordenamiento y la Gobernanza de la Pesca y la Acuacultura Definición o descripción El objetivo de los actos de inspección y vigilancia es verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de acciones de pesca por lo tanto el indicador medirá el porcentaje de aquellos actos que cumplen con la normatividad establecida por la CONAPESCA. Se entiende que cumplen con el marco legal aquellos actos que no deriven en procedimiento administrativo y/o sanción, por lo tanto, se espera que los mismos aumenten a lo largo del tiempo. Derecho asociado Artículo 4o. de la CPEUM. Derecho a un medio ambiente sano y la protección de los recursos naturales Nivel de desagregación Geográfica: Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Febrero del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero - diciembre. Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección General de Inspección y Vigilancia / Unidad de Asuntos Jurídicos. (CONAPESCA) Método de cálculo AIVCML= (AIVRSPA / TAIV)*100 AIVCML= Actos de inspección y vigilancia con cumplimiento del marco legal AIVRSPA= Actos de inspección y vigilancia realizados sin procedimiento administrativo realizados en el año N TAIV= Total de Actos de Inspección y Vigilancia realizados en el año Observaciones Se definen como actos de inspección y/o vigilancia a las actuaciones realizadas por los Oficiales Federales de Pesca con el objetivo de verificar y comprobar el cumplimiento de normatividad pesquera y acuícola (Art. 124 LGPAS) APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 AIVRSPA Numerador: Actos de inspección y vigilancia sin procedimiento administrativo realizados en 2025. Valor variable 1 17,720 Fuente de información variable 1 Sumatoria de Actas con acuerdo de archivo, Actas con devolución, Actas con nulidad y Verificaciones realizadas +Nombre variable 2 TAIV Denominador: Actos de inspección y vigilancia realizados en 2025. Valor variable 2 19,435 Fuente de información variable 2 Explotación de registro administrativo. Sustitución en método de cálculo AIVCML= (AIVRSPA/ TAIV)*100 AIVCML= (17,720 / 19,435)*100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 91.18% Es el porcentaje de actos de inspección y vigilancia realizados que no conllevan un procedimiento administrativo debido a su cumplimiento legal establecido en la normatividad de acuerdo al total de actos de inspección y vigilancia realizados en el año. Año 2025. Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 92% Se espera mantener o, en su caso, incrementar los actos de inspección y vigilancia que cumplan con lo establecido en la normatividad vigente. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 91.18% METAS 2026 2027 2028 2029 2030 91.33% 91.50% 91.67% 91.83% 92% Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 563 Indicador 3.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Incremento porcentual de la producción pesquera y acuícola Objetivo Objetivo 3. 3. Incrementar la producción pesquera y acuícola a nivel nacional de forma sustentable e inclusiva. Definición o descripción Mide la variación porcentual de la producción pesquera y acuícola nacional Derecho asociado Artículo 4o de la CPEUM. Derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Marzo Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero - diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance 8.- Agricultura y Desarrollo Rural I00.- Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca Método de cálculo ∆%VPPA= (( VPPA año N - VPPA B)/ VPPA B)*100 ∆%VPPA= Incremento porcentual del volumen de la producción pesquera y acuícola año N VPPA N= Volumen de la producción pesquera y acuícola en el año N VPPA B= Volumen de la producción pesquera y acuícola en el año Base (2025) Observaciones Se determina el porcentaje de la producción pesquera y acuícola de cada año considerando el volumen de producción pesquera y acuícola en toneladas reportadas en el Sistema Información Pesquera y Acuícola (SIPESCA) APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 VPPA B Volumen de la producción pesquera y acuícola en el año Base (2025) Valor variable 1 2,173,621 Fuente de información variable 1 SIPESCA Nombre variable 2 VPPA N Volumen de la producción pesquera y acuícola en el año N Valor variable 2 2,173,621 Fuente de información variable 2 SIPESCA Sustitución en método de cálculo ∆%VPPA= ((VPPA N - VPPA B)/ VPPA B)*100 0.0% = ((2,173,621- 2,173,621) / 2,173,621)*100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0.0% Se cuenta con una captura pesquera y producción acuícola reportada en peso vivo de 2,173,621 para el año 2025, al tratarse de una variación porcentual el resultado para 2025 es igual a 0.0% Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 Incremento porcentual del volumen de la producción pesquera y acuícola del 2.54% (2,228,831), con respecto a la Línea Base. Para el logro de la meta en la producción pesquera, prevé se mantendrán estables los volúmenes de captura y/o aumentar en menor medida; mientras que en la producción acuícola se prevé que con los programas de Ostricultura y Tilapia se incrementen los volúmenes en hasta 3% anual. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 -1.59% -14.02% -11.14% -12.10% -5.22% -2.02% 0.0% METAS 2026 2027 2028 2029 2030 0.48% 0.97% 1.48% 2.00% 2.54% 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Secretaría de Marina Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ______________________________ 564 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 PROGRAMA Especial en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030. PROGRAMA ESPECIAL EN MATERIA DE HUMANIDADES, CIENCIAS, TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN 2026-2030 1. Índice 1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo 6. Objetivos 6.1 Relevancia del objetivo 1: Promover la generación de conocimiento en la comunidad de CHTI para fortalecer la comprensión de fenómenos sociales y naturales y contribuir a su producción en contextos locales y globales. 6.2 Relevancia del objetivo 2: Consolidar la coordinación intersectorial para impulsar la investigación y el desarrollo de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, para asegurar su aprovechamiento en sectores estratégicos que contribuyan al bienestar integral de la sociedad mexicana. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Reducir la dependencia tecnológica del país mediante el impulso a proyectos en sectores que articulen capacidades locales, regionales y nacionales en CHTI, promoviendo la transferencia tecnológica como eje de vinculación entre conocimiento y desarrollo. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Fortalecer el SNHCTI mediante instrumentos y mecanismos que faciliten la articulación, coordinación y cooperación entre dependencias de la APF, entidades federativas y actores de los sectores privado y social. 6.5. Vinculación de los objetivos del Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030 7. Estrategias y líneas de acción 8. Indicadores y metas 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa 10. PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 2026-2030 11. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOSEGURIDAD Y LA BIOTECNOLOGÍA 2026-2030 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo. 3. Siglas y acrónimos ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior APF Administración Pública Federal ATDT Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones BAT Bienes de Alta Tecnología CFE Comisión Federal de Electricidad CHTI Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación COLPOS Colegio de Postgraduados CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 565 CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONAFOR Comisión Nacional Forestal CONASAMI Comisión Nacional de los Salarios Mínimos CONAHCYT Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPI Centros Públicos de Investigación (incluye a los centros públicos de investigación coordinados por la SECIHTI, institutos nacionales de salud y laboratorios nacionales) CULTURA Secretaría de Cultura DEFENSA Secretaría de la Defensa Nacional ECONOMÍA Secretaría de Economía IDE Investigación Científica y Desarrollo Experimental IES Instituciones de Educación Superior IMIPAS Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables IMP Instituto Mexicano del Petróleo IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-Bienestar Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia INDAABIN Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales INEEL Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias INPI Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado LGHCTI Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal MARINA Secretaría de Marina OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU Organización de las Naciones Unidas PEMHCTI 2026-2030 Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, o Programa Tecnologías e Innovación 2026-2030 PEMEX Petróleos Mexicanos PND 2025-2030 Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 SABG Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural SALUD Secretaría de Salud SECIHTI Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SENER Secretaría de Energía 566 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 SEP Secretaría de Educación Pública SICT Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes SNHCTI Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación SNII Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNP Sistema Nacional de Posgrados SRE Secretaría de Relaciones Exteriores SSPC Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social TURISMO Secretaría de Turismo UACh Universidad Autónoma Chapingo UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 4. Fundamento normativo El Programa Especial en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030 (PEMHCTI 2026-2030) tiene como propósito establecer una hoja de ruta estratégica para el desarrollo y fortalecimiento del conocimiento científico, tecnológico y humanístico en México, en un ambiente que propicie la innovación. Este instrumento de planeación se fundamenta en los artículos 3o., fracción V, 25 y 26, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); los cuales establecen que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica; que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, al impulsar la competitividad y fomentar el crecimiento económico con base en el fortalecimiento del aparato científico, tecnológico y de innovación del país. Por su parte, la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), es el principal instrumento legal que da origen y sustento al PEMHCTI 2026-2030, ya que su artículo 13 establece que la Agenda Nacional tiene por objeto articular la planeación de las políticas públicas entre los distintos órdenes de gobierno. El artículo 15 de la LGHCTI indica que el Gobierno Federal debe formular y publicar, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND 2025-2030), el Programa Especial en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, como instrumento de planeación transversal a toda la Administración Pública Federal (APF), que oriente las políticas, estrategias, prioridades e instrumentos en esta materia. Asimismo, el artículo 16 dispone que dicho programa deberá ser integrado por la actual Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), en colaboración con otras dependencias y entidades de la APF, y con participación de la comunidad académica y científica, así como de los sectores privado y social; mientras que el numeral 30 prevé la necesaria asignación presupuestaria para estos fines. De conformidad con los artículos 22 y 26 de la Ley de Planeación, todos los programas especiales deben derivarse del PND 2025-2030, lo cual se reafirma en la LGHCTI. El PND 2025-2030 establece como una de sus prioridades el fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico con enfoque humanista, equitativo y sustentable. En concordancia con lo anterior, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) contempla en su artículo 38 Bis, fracciones III y XII, que la SECIHTI tiene el encargo de articular, coordinar y ejercer la rectoría que corresponde al Estado mexicano en las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, a través del Sistema Nacional de Planeación Democrática; así como elaborar, implementar y evaluar los planes, programas y estrategias en la materia, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los proyectos prioritarios en la materia. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 567 En ese sentido, el PEMHCTI 2026-2030 no solo responde a un mandato legal, sino también a una directriz estratégica del Ejecutivo Federal, para articular esfuerzos institucionales, presupuestarios y sociales para el bienestar del pueblo, lo que se evidencia al identificar la interacción que la SECIHTI tiene con el resto de las dependencias de la APF, conforme los artículos 32 Bis, fracción XLII; 33, fracción V; 34, fracción XXV; 35, fracción VII; 36, fracción XXVI; 38, fracciones VIII y XIII; 41, fracción XXV; 41 Bis, fracciones IV y XV, y 42, fracción XII, de la LOAPF; así como 21, fracción II, del Reglamento Interior de la SECIHTI. El PEMHCTI 2026-2030 también encuentra sustento en diversos instrumentos internacionales suscritos por México, tales como: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especialmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9. industria, innovación e infraestructura y 4. educación de calidad; la recomendación sobre la ciencia y los investigadores científicos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2017), que promueve una política científica centrada en el interés público, la inclusión y el acceso equitativo al conocimiento y desde luego, los principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que amparan el derecho de las personas al goce de los beneficios del progreso científico. El PEMHCTI 2026-2030 está diseñado con un enfoque transversal e interinstitucional, lo cual implica que su implementación y seguimiento involucran a distintas dependencias, Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros Públicos de Investigación (CPI), por lo que la SECIHTI queda como instancia rectora del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (SNHCTI), conforme al artículo 3, fracción V, de la LGHCTI, ya que tiene la responsabilidad de articular la política nacional en la materia; así, la SECIHTI es la dependencia responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas de este Programa. 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo La decisión de la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, de elevar al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) a rango de Secretaría de Estado, marca un hito en la historia de la política científica nacional. La creación de la SECIHTI no solo da inicio a una nueva etapa institucional, sino que refleja la importancia que el conocimiento, la investigación científica, el pensamiento humanístico, el desarrollo tecnológico y la innovación tendrán en este proyecto de transformación de nuestro país. Este nuevo enfoque parte de la firme convicción de que no es posible avanzar hacia una sociedad próspera e incluyente sin una política científica sólida, articulada y socialmente responsable. La ciencia, la tecnología y las humanidades no deben concebirse como esferas separadas del desarrollo, sino como herramientas fundamentales para garantizar derechos, reducir desigualdades y responder, desde el conocimiento, a los grandes desafíos del país y del mundo. En ese marco, la SECIHTI asume el compromiso de construir un SNHCTI que articule de forma efectiva las capacidades de las IES (públicas y particulares), los CPI, los tres órdenes de gobierno, el sector social y el sector privado. Esta articulación será clave para fortalecer la enseñanza científica y técnica de nuestro país para que la investigación genere conocimiento de frontera y ofrezca soluciones a problemas estratégicos que impulsen la soberanía científica y tecnológica, y promuevan el desarrollo sostenible con una visión local, regional y nacional. Convertir a México en una potencia científica y tecnológica, tal como lo establece el PND 2025-2030, implica también asumir con responsabilidad el impulso de vocaciones regionales, la actualización de modelos educativos, la ampliación de la matrícula en áreas estratégicas, y la pertinencia de los programas formativos de alto nivel. Asimismo, será indispensable disminuir el rezago y la dependencia tecnológica, revisar y fortalecer las tecnologías existentes, y las capacidades nacionales para responder con soluciones propias a las prioridades nacionales -por ejemplo, desde la soberanía alimentaria hasta el desarrollo de vacunas y dispositivos médicos-. Con ello, se busca garantizar que la población disfrute plenamente de los beneficios de los resultados científicos, tal como lo establece la CPEUM. Este esfuerzo colectivo requiere una nueva forma de colaboración institucional. Si bien México cuenta con una comunidad científica altamente capacitada, esta ha permanecido desarticulada entre sí y, en algunos casos, desvinculada de las prioridades del desarrollo nacional. La función articuladora de la SECIHTI será esencial para coordinar la investigación científica y humanística en el país, promover el trabajo conjunto entre instituciones y sectores, compartir infraestructura, construir capacidades regionales, y asegurar que el conocimiento contribuya tanto a resolver problemas urgentes como a ampliar las fronteras del saber científico, colocando a México en una posición de liderazgo y facilitando su aplicación en políticas públicas con impacto real. 568 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Para cumplir con este cometido, la SECIHTI promueve un modelo de colaboración interinstitucional e interdisciplinario que constituye el eje para el desarrollo de los proyectos estratégicos nacionales. Se trata del Espacio Común de Educación Superior, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México (Red ECOS), un esquema de colaboración que integra a los sectores científico, gubernamental, privado y social para desarrollar proyectos de interés nacional que impulsan el avance de la Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (CHTI). Este modelo de cooperación actúa como puente entre las necesidades sociales y las soluciones basadas en conocimiento científico y tecnológico, articulando a múltiples actores para transformar desafíos nacionales en proyectos colaborativos que contribuyen a la formulación de políticas públicas, la innovación tecnológica y el bienestar social. Este modelo de colaboración es el eje transversal de los objetivos, estrategias y líneas de acción que se presentan en el PEMHCTI 2026-2030. En este sentido, el PEMHCTI 2026-2030 no es únicamente un documento de planeación: representa una oportunidad para establecer un horizonte común, con bases sólidas para una política pública que integre los compromisos sociales del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, los principios del Humanismo Mexicano y la defensa del derecho a la ciencia. En esta nueva etapa se busca reivindicar el papel del Estado como garante de los derechos, entendiendo a la ciencia no solo como un derecho en sí mismo, sino como un medio para hacer posibles otros derechos fundamentales. Asimismo, los objetivos, estrategias y líneas de acción del PEMHCTI 2026-2030 contribuyen al logro de las metas planteadas en el Plan México y se encuentran alineados a los 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, especialmente al 32. 300 mil nuevos espacios para educación superior; 33. México será potencia tecnológica y de innovación y 34. Programa de desarrollo tecnológico para el desarrollo nacional; que contribuyen a hacer de México una República educadora, humanista y científica. En concreto, el PEMHCTI 2026-2030 presenta los objetivos, estrategias y líneas de acción que atienden cuatro problemáticas específicas. En primer lugar, persisten brechas institucionales, laborales y regionales que limitan la capacidad de la comunidad de CHTI para generar conocimiento nuevo y participar activamente en la producción científica de frontera. Para atender esta problemática, se pone en marcha el Objetivo 1. Promover la generación de conocimiento en la comunidad de CHTI para fortalecer la comprensión de fenómenos sociales y naturales y contribuir a su producción en contextos locales y globales. En segundo lugar, persiste la necesidad de fortalecer la conexión entre los avances científicos, tecnológicos y las prioridades sociales, con el fin de ampliar sus beneficios a toda la población. Esta situación se debe, en gran medida, a la débil integración de estos avances con los sectores y actores estratégicos necesarios para aprovechar los conocimientos, tecnologías y productos generados por la investigación para transformarlos en bienes y servicios accesibles. Derivado de lo anterior, la población -especialmente la que enfrenta mayores condiciones de vulnerabilidad- se ve excluida del acceso a soluciones innovadoras en salud, educación, medio ambiente, entre otras; lo que profundiza desigualdades y limita el impacto social del conocimiento. Para revertir esta situación se establece el Objetivo 2. Consolidar la coordinación intersectorial para impulsar la investigación y el desarrollo de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, para asegurar su aprovechamiento en sectores estratégicos que contribuyan al bienestar integral de la sociedad mexicana. En tercer lugar, México enfrenta una dependencia tecnológica, evidenciada en su limitada capacidad para generar tecnología propia en áreas estratégicas. Esta situación, de origen histórico y estructural, impacta directamente en el bienestar de la población y al dificultar el acceso a insumos críticos. Por lo anterior, se busca atender la problemática a través del Objetivo 3. Reducir la dependencia tecnológica del país mediante el impulso a proyectos en sectores que articulen capacidades locales, regionales y nacionales en CHTI, promoviendo la transferencia tecnológica como eje de vinculación entre conocimiento y desarrollo. Por último, el SNHCTI presenta una débil articulación entre los distintos actores que lo integran, esto también limita la orientación estratégica de la política en CHTI y el potencial de los resultados de las actividades en la materia. Es por ello que se establece el Objetivo 4. Fortalecer el SNHCTI mediante instrumentos y mecanismos que faciliten la articulación, coordinación y cooperación entre dependencias de la APF, entidades federativas y actores de los sectores privado y social. A continuación, se desarrolla con mayor detalle cada una de estas problemáticas y sus causas. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 569 5.1 Desigualdad de condiciones para la generación de conocimiento Medir la generación de conocimiento de un país es un reto complejo; no obstante, uno de los indicadores más utilizados para aproximarse a comprender esta situación es el número de artículos científicos publicados. En el quinquenio 2020-2024, México registró 95,297 artículos científicos1 derivados de actividades de investigación científica realizadas por personas investigadoras adscritas a instituciones nacionales. En comparación, países como Estados Unidos de América, Canadá o Reino Unido generan más de mil artículos por cada millón de habitantes, mientras que nuestro país alcanza apenas 134. Esta diferencia se relaciona estrechamente con el número de personas dedicadas a la investigación científica, ya que nuestro país cuenta con alrededor de 272 investigadoras e investigadores por millón de habitantes, frente a 4,825 en el caso de Estados Unidos de América, por ejemplo.2 Esta diferencia pone en evidencia las condiciones desiguales en las que se desarrolla la comunidad científica y tecnológica y que afectan su capacidad para sostener la generación de conocimiento y expandir sus aportaciones hacia las fronteras del saber. Las causas de estas brechas son múltiples, pero destacan al menos cuatro factores. En primer lugar, la formación científica, humanística y tecnológica en las IES carece, en algunos casos, de una orientación articulada hacia los fines de interés nacional, lo cual limita la preparación de personas con capacidades para generar conocimiento pertinente y estratégico. A esta situación se suma el hecho de que el número de personas que aspiran a desarrollar carreras científicas sigue siendo reducido, en gran medida debido a la baja cobertura de la educación superior, que impide a amplios sectores de jóvenes acceder a espacios de formación científica y técnica. En segundo lugar, el necesario fortalecimiento de la integración entre los espacios de formación académica y los entornos reales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que evite restringir el desarrollo de competencias especializadas y dificulte la producción de conocimiento aplicado desde etapas tempranas de la formación profesional. En tercer lugar, la infraestructura insuficiente, financiamiento limitado, burocracia excesiva, falta de personal técnico de apoyo, escasa articulación entre instituciones o pocos incentivos para la colaboración y la continuidad de proyectos en la que trabaja la comunidad científica, humanística y tecnológica impide sostener procesos robustos de investigación científica e innovación, afectando su participación en la expansión de las fronteras del conocimiento y en la generación de aportaciones con impacto nacional e internacional. Adicionalmente, fortalecer la participación de la comunidad CHTI en redes de colaboración nacionales e internacionales representa una oportunidad para ampliar el intercambio de saberes, impulsar la generación conjunta de conocimiento y favorecer su proyección en ámbitos locales y globales, contribuyendo así a una mayor inserción en la producción científica de frontera. 5.1.1 El acceso a la educación superior y su escasa orientación a la formación científica y tecnológica Nuestro país ha experimentado un incremento sostenido en la cobertura educativa en el nivel de licenciatura. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre los ciclos escolares 2012-2013 y 2024-2025 se registró un crecimiento de 14.5 puntos porcentuales en la tasa de cobertura bruta de educación superior, al pasar de 30.6% a 45.1%.3 No obstante, según datos de la UNESCO, aún nos situamos por debajo del promedio de cobertura bruta de la región de América Latina y el Caribe que se ubica en 56.66% y muy por detrás del nivel reportado por nuestros principales socios comerciales; los datos disponibles más recientes reflejan que Estados Unidos de América cuenta con una tasa de cobertura bruta en educación superior de 79.36%, mientras que Canadá cuenta con 76.27%.4 1 SECIHTI. Cálculo a partir de Clarivate, base de datos InCites Essential Science Indicators 2020-2024, disponible en: https://incites.clarivate.com (Datos actualizados al 1 de junio de 2025; exportados el 17 de julio de 2025). 2 Banco Mundial, disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.SCIE.RD.P6. Seleccionar “Todos los países y economías”/ Seleccionar México y Estados Unidos de América, respectivamente. Última fecha de consulta 17 de marzo de 2026. 3 SEP. Sistema de Información y Gestión Educativa: Cobertura de educación superior total, disponible en: https://siged.sep.gob.mx/SIGED/mapa2.html. Seleccionar Indicador “Cobertura de superior total (No incluye posgrado)”. Última fecha de consulta 18 de marzo de 2026. 4 UNESCO. Instituto de Estadística, disponible en: https://databrowser.uis.unesco.org/view#indicatorPaths=UIS- SDG4Monitoring%3A0%3AGER.5T8&geoMode=countries&geoUnits=&browsePath=EDUCATION%2FUIS- SDG4Monitoring%2Ft4.3%2Fi4.3.2&timeMode=range&view=table&chartMode=multiple&tableIndicatorId=GER.5T8&chartHighlightSeries=&ch artHighlightEnabled=true. Seleccionar Grupos regionales en Filtro por país o región/Seleccionar WB: Latin América & Caribbean (excluding high income). Asimismo, seleccionar Países en Filtro por país o región/Seleccionar Estados Unidos de América y Canadá, respectivamente. Última fecha de consulta 18 de marzo de 2026. 570 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 La baja cobertura de educación superior en licenciatura se acentúa debido a condiciones de desigualdad estructurales que generan tendencias de concentración y obstaculizan el acceso a la formación universitaria. Entidades federativas con alto grado de rezago como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, presentan las tasas brutas de cobertura más bajas del país, con 24.7%, 23.6% y 19.7%, respectivamente.5 Un factor que puede contribuir a explicar esta baja cobertura es la presencia limitada de IES públicas en diversas entidades. En entidades como Oaxaca y Chiapas, una proporción significativa de municipios no cuenta con este tipo de instituciones, lo que refleja una cobertura territorial desigual. En contraste, entidades como el Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco concentran una parte importante de la oferta de educación superior pública. En el nivel posgrado también se presenta un alto grado de concentración territorial. Para el ciclo escolar 2024-2025 se contabilizaron a nivel nacional 11,397 programas de posgrado público y particular; sin embargo, tres entidades federativas concentraron 25.8% de esta oferta: la Ciudad de México 11.7% (1,328 programas), Puebla 7.8% (887) y el Estado de México 6.4% (727); mientras que las entidades federativas que concentraron el menor número de programas fueron Colima 1.4% (159), Tlaxcala 1.1% (128) y Baja California Sur 0.5% (62).6 En términos de campos de formación académica, en el ciclo escolar 2024-2025 a nivel licenciatura, 60.1% del total de la matrícula se concentró en tres: administración y negocios (22.0%); ingeniería, manufactura y construcción (19.2%); y ciencias sociales y derecho (18.9%). La concentración se agudiza en el posgrado, donde los campos referidos alcanzan 29.5%, 5.5% y 18.7%, respectivamente, más el de educación (29.9%) concentran 83.5% de la matrícula total nacional,6 como se observa en la Gráfica 1. Por el contrario, en el nivel de licenciatura, campos como ciencias naturales, matemáticas y estadística; o agronomía y veterinaria se situaron por debajo de 5% de la matrícula nacional. En el caso del posgrado, ninguno de los campos señalados alcanzó 5% de la matrícula, por lo que se destaca particularmente el caso de agronomía y veterinaria con apenas 0.9%.6 Asimismo, diversificar la formación de egresados de posgrado en distintos campos del conocimiento constituye una oportunidad para fortalecer las capacidades nacionales en sectores estratégicos, por ejemplo, la atención al cambio climático, la sostenibilidad ambiental y la soberanía alimentaria. Gráfica 1. Distribución de la matrícula total nacional por campo de formación académica Ciclo escolar 2017-2018 - 2024-2025 Fuente. SECIHTI. Cálculos a partir de ANUIES, Anuarios Estadísticos de Educación Superior 2017-2025, Posgrado, disponible en: https://anuario.anuies.mx/index.php (incluye subsistema público y particular, maestría y doctorado). Última fecha de consulta 9 de abril de 2026. 5 SEP. Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025, disponible en: https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025_bolsillo.pdf, página 42. 6 SECIHTI. Cálculos a partir de ANUIES, Anuario Estadístico de Educación Superior 2024-2025, disponible en: https://anuario.anuies.mx/index.php. Última fecha de consulta 9 de abril de 2026. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 571 Esta serie de desigualdades, territoriales, estructurales y disciplinares, impacta de forma directa en la capacidad nacional para generar conocimiento científico, humanístico y tecnológico que responda a las necesidades del país y contribuya a la expansión de las fronteras del saber. De acuerdo con la UNESCO, la enseñanza y formación científica y técnica comprende todas las actividades educativas universitarias, la formación en posgrado, la actualización y capacitación continua especializada. Por lo tanto, ese tipo de actividades no solo ocurren dentro de las IES o centros de investigación, también son impartidas o promovidas por otros centros de formación como hospitales de alta especialidad, institutos nacionales de salud o instituciones públicas federales como el Instituto Mexicano del Transporte -que depende de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) o el Instituto Nacional de Ciencias Penales -de la Fiscalía General de la República-, o el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)- de la Secretaría de Energía (SENER). De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para el ciclo escolar 2024-2025, los Institutos Nacionales de Cardiología Dr. Ignacio Chávez, de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, el Hospital Infantil de México Federico Gómez y de Salud Pública impartieron 107 programas de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, y atendieron a 1,812 estudiantes. Para este mismo ciclo, el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República ofreció 41 programas de posgrado (especialidad, maestría y doctorado) a una matrícula de 660 personas.7 Para que los esfuerzos de la enseñanza y formación científica y técnica potencien sus resultados, es fundamental que todos los actores y sectores involucrados se articulen en torno a propósitos superiores comunes. En resumen, resulta necesario ampliar la cobertura, así como incrementar y diversificar la oferta educativa en los niveles de licenciatura y posgrado y orientar las actividades de formación científica y técnica hacia fines de interés nacional que fortalezcan el desarrollo integral del país. 5.1.2 Desvinculación entre la formación académica y las demandas del sector privado, público y social Además de la necesaria ampliación y diversificación en la cobertura de la educación superior, el fortalecimiento de la enseñanza y formación científica y técnica también se deben considerar las condiciones y necesidades del país, a fin de orientar los recursos y esfuerzos que se requieren para procurar una formación pertinente y de calidad, que responda a los desafíos sociales y económicos de México. Esto implica promover una oferta educativa alineada con las necesidades del desarrollo nacional, así como fortalecer la vinculación entre la formación académica y su aplicación práctica en los sectores privado, público y social. La incorporación de nuevos modelos y esquemas formativos en la educación superior constituye un elemento estratégico para avanzar hacia un sistema más flexible y adaptativo, capaz de responder tanto a los desafíos nacionales como a conciliar las trayectorias y proyectos de vida de las personas con los procesos formativos. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es uno de los países miembro que aún privilegia esquemas de formación tradicionales en el nivel de licenciatura, en contraste con naciones como Alemania, Suiza, Corea del Sur y Canadá, que han adoptado de manera más amplia modelos alternativos como educación superior de ciclo corto, educación a distancia, formación dual o esquemas híbridos. Estas modalidades han demostrado mayor capacidad para adaptarse a las transformaciones tecnológicas, sociales y laborales, así como para ampliar el acceso y mejorar la inserción profesional de las personas. Si bien México ha implementado iniciativas orientadas a diversificar la formación como la oferta de carreras técnicas superiores universitarias, su impacto en términos de cobertura aún es limitado. El modelo presencial y escolarizado continúa siendo predominante. En el ciclo escolar 2024-2025, únicamente 11.8% de la matrícula nacional de licenciatura cursa sus estudios en una modalidad no escolarizada; proporción que se reduce a 6.4% en el subsistema público. En el mismo periodo, la educación dual permanece escasamente implementada.8 7 SECIHTI. Cálculos a partir de ANUIES, Anuario Estadístico de Educación Superior 2024-2025, disponible en: https://anuario.anuies.mx/index.php. Última fecha de consulta 9 de abril de 2026. 8 SECIHTI. Cálculos a partir de ANUIES, Anuario Estadístico de Educación Superior 2024-2025, disponible en: https://anuario.anuies.mx/index.php . Última fecha de consulta 18 de marzo de 2026. 572 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 De acuerdo con información de la ANUIES, pocas universidades del país ofrecen programas en esta modalidad, lo que refleja el amplio potencial de desarrollo que aún tiene la modalidad dual para fortalecer la pertinencia y empleabilidad de la educación superior en México, sobre todo con un enfoque en la investigación científica y humanística, así como en el desarrollo tecnológico, para formar personas altamente capacitadas y comprometidas con el avance científico, humanístico y tecnológico del país. 5.1.3 Insuficiente consolidación de la comunidad científica, humanística y tecnológica Una condición necesaria para el fortalecimiento de la formación científica es la consolidación de la comunidad de CHTI del país, promoviendo su capacidad para generar investigación, innovación y soluciones científicas y tecnológicas que contribuyan al desarrollo social, económico y cultural del país. Uno de los aspectos que limita la consolidación de una comunidad de personas investigadoras es el desigual acceso al posgrado. En las últimas dos décadas, de acuerdo con datos de la SEP, la matrícula del posgrado ha tenido un aumento significativo, de 172,493 estudiantes en el ciclo escolar 2005-2006 a 478,382 en el ciclo 2024-2025; lo que representa un incremento de 177.3%.8 Sin embargo, la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Nuevo León y Jalisco concentran 54.8% de la matrícula nacional,8 lo que evidencia la falta de equidad en el acceso a estas oportunidades académicas. Esta desigualdad territorial también plantea el riesgo de homologar las temáticas y enfoques investigativos, perdiendo la pluralidad de miradas que es fundamental para atender las complejas problemáticas del país. En términos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), en 2025 cuenta con 44,794 integrantes, 77.1% se concentran en la categoría “candidato” (24.7%) y en el “nivel uno” (52.4%) de investigador nacional.9 Lo que refleja la necesidad de implementar medidas que fortalezcan las trayectorias de las personas investigadoras principiantes y se promueva la investigación orientada a la solución de problemas nacionales y regionales, además de proponer soluciones a potenciales problemáticas que en el futuro pudieran aparecer. La comunidad científica de nuestro país también se enfrenta a dificultades laborales; es un hecho que el número de egresados de doctorado ha crecido a un ritmo mayor que el de la apertura de las plazas académicas; situación que también contribuye a la concentración institucional y geográfica e incentiva la migración de personas al extranjero. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2024, en México hay 39,206 personas con maestría o doctorado sin empleo o disponibles para trabajar, lo que representa una condición de desempleo de 2.7%.10 Asimismo, la población altamente especializada enfrenta dificultades al insertarse en empleos cuyas funciones no corresponden con su formación, lo que implica una situación de sobre calificación laboral, especialmente entre quienes se incorporan al sector privado. 5.2 Limitaciones en la articulación entre la generación de conocimiento científico y su aprovechamiento efectivo para atender problemáticas estratégicas con beneficio social La reforma de 2019 al artículo 3o., de la CPEUM reconoció el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Este derecho es una herramienta clave para atender las principales problemáticas del país, pues las CHTI son potenciales detonadores del desarrollo a través de sus aplicaciones que derivan en soluciones concretas. A pesar de los avances en el reconocimiento del derecho de la población a gozar de los beneficios del desarrollo científico y tecnológico, persisten importantes barreras que limitan su materialización. Una de las principales causas son las limitaciones en la articulación entre la generación de conocimiento científico y su aprovechamiento efectivo para atender problemáticas estratégicas con beneficio social. Esta desconexión se debe, en gran medida, a que los mecanismos que articulan los resultados de la investigación con otros sectores para su aprovechamiento aún son limitados. Áreas como el desarrollo sostenible, la salud, la gestión de riesgos medioambientales, la seguridad, la protección civil, el apoyo a desastres y la preservación y promoción de las culturas, particularmente de los pueblos indígenas, son solo algunos ejemplos de ámbitos que requieren una mayor participación de las CHTI para contribuir de manera efectiva al bienestar social, la equidad y la sostenibilidad. 9 SECIHTI. Cálculos a partir de registros administrativos. 10 SECIHTI. Cálculos a partir de INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cuarto trimestre de 2024, disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/. Última fecha de consulta 18 de marzo de 2026. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 573 5.2.1 Limitados mecanismos de articulación de resultados de la investigación con otros sectores para su aprovechamiento En México, uno de los principales desafíos para lograr que el conocimiento científico contribuya efectivamente al bienestar de la población radica en mejorar los mecanismos de articulación que permitan traducir los resultados de la investigación en beneficios sociales tangibles. Si bien existe una producción académica importante en términos de proyectos y publicaciones, esta se mantiene, en gran medida, alejada de los procesos que permiten su implementación o aprovechamiento en sectores estratégicos, así como vincularse más con la sociedad y el sector productivo. La investigación básica en el país se realiza principalmente en universidades, centros públicos de investigación e institutos nacionales de salud, donde predomina un enfoque académico que podría fortalecerse si se vincula más con otros sectores y con la sociedad, sin dejar la ciencia fundamental y básica; como se observa en países como Japón o Estados Unidos de América, donde una proporción significativa de la actividad científica se lleva a cabo también desde el sector privado. De acuerdo con una revisión de artículos científicos publicados por personas mexicanas, entre 2020 y 2024, 99.94% fueron elaborados por personas investigadoras adscritas a instituciones académicas, mientras que solo 0.06% provino de personas vinculadas con empresas del sector privado.11 El Estado mexicano ha mostrado históricamente un compromiso con el impulso a la Investigación Científica y Desarrollo Experimental (IDE). Entre 2001 y 2024 se invirtieron 109,491 millones de pesos en 35,704 proyectos de desarrollo tecnológico, ciencia básica y aplicada, infraestructura y difusión del conocimiento; los mecanismos de financiación fueron diversos y en ocasiones se carecía de una visión compartida que permitiera aprovechar los esfuerzos de instituciones que se beneficiaron de recursos para atender líneas de investigación similares.12 Ejemplo de temas que pudieron articularse estratégicamente y que representan aspectos de interés para el desarrollo nacional son los asociados con pobreza, desigualdad, inclusión social, producción alimentaria, agropecuaria y acuícola; acceso a la vivienda sostenible; seguridad, protección civil y desarrollo social. De acuerdo con la información disponible del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), se tiene que de los 28,530 proyectos apoyados durante el periodo 2002-2018, 48 proyectos (0.2%) por un monto de 85.8 millones de pesos fueron para temas de pobreza; 16 proyectos (0.1%) en desigualdad por 10.1 millones de pesos; tres proyectos (0.01%) para inclusión social por 3 millones de pesos; 231 proyectos (0.8%) en materia de producción alimentaria, agropecuaria y acuícola por 805.2 millones de pesos; 16 proyectos (0.06%) relacionados con vivienda sostenible por 37.3 millones de pesos; 14 proyectos (0.05%) sobre seguridad pública por 12.8 millones de pesos y 23 proyectos (0.1%) para desarrollo social por 51.2 millones de pesos.13 Para la investigación de todas estas problemáticas se destinaron 1,005.4 millones de pesos, 1% del total de los recursos que se destinaron a IDE; que apoyaron 351 proyectos que representan 1.2% del total de proyectos autorizados en todo el periodo.13 Esta situación refleja una importante dispersión de agendas de investigación que, aunque todas necesarias, requieren de una orientación estratégica que permita su utilización por sectores clave capaces de aprovechar los resultados de estas investigaciones y, en los casos que aplique, traducirlas a soluciones que contribuyan al bienestar integral de la sociedad mexicana. Los mecanismos de articulación intersectorial y de gestión del conocimiento aún son insuficientes, lo que impacta en que los avances científicos no respondan de forma efectiva a los grandes desafíos sociales del país. Para revertir esta situación, es necesario no solo fortalecer la pertinencia temática de la investigación, sino también desarrollar estructuras institucionales y operativas que garanticen su implementación, escalamiento e integración en políticas públicas, procesos productivos y servicios sociales. 11 SECIHTI. Cálculos a partir de Clarivate, Incites; Esquema: Web of Science, (2020-2024), disponible en: https://incites.clarivate.com. Última fecha de consulta 17 de marzo de 2026. 12 SECIHTI. Cálculos a partir de registros administrativos 2001-2024. 13 SECIHTI. Cálculos a partir de registros administrativos 2002-2018. 574 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Gráfica 2. Distribución del número de proyectos y monto ministrado en millones de pesos por temas seleccionados 2002-2018 Fuente. SECIHTI. Cálculos a partir de registros administrativos 2002-2018. Dentro de los esfuerzos por orientar la ciencia y la tecnología hacia la atención de necesidades sociales prioritarias es importante considerar también la naturaleza dual del conocimiento científico, que no solo resuelve problemáticas existentes, sino que también abre nuevas posibilidades para el desarrollo futuro. La ciencia y la innovación, por su carácter exploratorio e impredecible, tienen un papel fundamental en imaginar escenarios alternativos, ampliar los horizontes del pensamiento y generar soluciones aún no concebidas. Por ello, la articulación de las CHTI deberá orientar la investigación a problemas específicos, pero también a aquella que impulsa el avance del conocimiento en sí mismo, reconociendo que ambas dimensiones son complementarias y necesarias para fortalecer la soberanía tecnológica, el desarrollo sostenible y la capacidad de respuesta ante desafíos emergentes. 5.3 Dependencia tecnológica En el escenario global altamente interconectado en el que vivimos, la capacidad de una nación para generar tecnología propia es fundamental para asegurar que un país no dependa exclusivamente de proveedores extranjeros, especialmente en áreas estratégicas para el desarrollo, la seguridad y el bienestar nacional. México enfrenta una alta dependencia tecnológica que puede observarse en principio porque el monto que paga por tecnología extranjera es más alto de lo que recibe por exportar conocimiento propio. Aunque no se disponen de datos actualizados, el dato de 2015 indica que la tasa de cobertura de la balanza de pagos tecnológica que mide la relación de los ingresos respecto a los egresos de los bienes intangibles con contenido tecnológico de un país, es baja en comparación con otros países.14 Para el año de referencia México presentó una tasa de cobertura de 0.22, lo cual indica que depende de otras naciones para cubrir sus necesidades tecnológicas; mientras que Japón, por ejemplo, registró una tasa de cobertura de 6.55, lo que lo hace un gran exportador de este tipo de bienes.15 14 La Balanza de Pagos Tecnológica registra el flujo de ingresos y egresos derivados del intercambio internacional de conocimientos técnicos y tecnológicos entre países. Incluye los pagos y cobros por el uso de patentes, licencias, marcas, diseños industriales, asistencia técnica y servicios de IDE. Este indicador permite conocer cuánto paga un país por usar tecnología extranjera y cuánto recibe por transferir su propia tecnología, ofreciendo una medida del grado de dependencia o autonomía tecnológica y del dinamismo de su innovación en el contexto internacional. Definición elaborada a partir de la OCDE, Proposed Standard Method of Compiling and Interpreting Technology Balance of Payments Data, París, OECD Publishing, 1990, disponible en: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/1990/01/proposed-standard-method-of-compiling-and-interpreting-technology- balance-of-payments-data_g1gh23b5/9789264065567-en.pdf 15 SECIHTI. Informe general del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en México, 2018, página 406, disponible en: https://sisnai.secihti.mx/wp- content/uploads/Normatividad/Informes%20Conahcyt/01%20Informe%20general/Informe%20general%202018/Informe%20general%202018.p df. Última fecha de consulta 18 de marzo de 2026. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 575 Gráfica 3. Tasa de cobertura de la balanza de pagos tecnológica en países miembros de la OCDE seleccionados, 2015 Fuente. SECIHTI. Cálculos a partir de INEGI-CONACYT, Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET) 2017 y OECD, Main Science and Technology Indicators 2018 Volume 1. En términos de patentes, la relación de dependencia para 2025 fue de 12.78, lo que indica que nuestro país presenta un alto grado de dependencia tecnológica, toda vez que la relación del número de solicitudes de patentes por extranjeros respecto de las solicitadas por nacionales es mayor: por cada solicitud patente registrada por un nacional se registraron casi 13 solicitudes de patentes por personas o empresas extranjeras.16 Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad nacional de diseño, producción y control de tecnologías estratégicas en sectores de alta especialización, al asegurar su escalamiento y articulación regional. En áreas estratégicas como el sector farmacéutico, el país ha experimentado una reducción en su capacidad productiva, lo que compromete su respuesta ante necesidades de salud pública. De acuerdo con el INEGI, la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) de la industria farmacéutica a precios constantes muestra dos periodos diferenciados. El primero, de 1993 a 2008, tuvo un crecimiento promedio anual de 3.0% y el segundo se marcó por una reducción a partir de 2009. Lo anterior fue consecuencia, entre otras cosas, de la reestructuración de las cadenas de valor a nivel internacional. Esto ocasionó que México dejara de producir algunos medicamentos y se tuvieran que importar.17 Y a pesar de que la industria farmacéutica nacional representa un mercado superior a 3,300 millones de dólares, de acuerdo con datos del Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), más de 65% de los medicamentos e insumos médicos que se utilizan en México son importados.18 Por ello, es indispensable promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en salud, que permita la producción local de medicamentos, dispositivos médicos y soluciones para el control de enfermedades. En materia de transición energética, que implica un cambio hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, México también enfrenta el reto de reducir la dependencia de fuentes no sostenibles y tecnologías extranjeras. En este escenario, es necesario impulsar el desarrollo de tecnologías que permitan hacer frente a la tendencia global de la electrificación de sectores tradicionalmente dependientes de los combustibles fósiles, como el transporte, en el cual la adopción de vehículos eléctricos viene en aumento. 16 La relación de dependencia del indicador de patentes muestra cuántas solicitudes de patentes extranjeras se registran en un país por cada solicitud de patente nacional. Si el indicador de relación de dependencia tecnológica en patentes es casi 13, significa que, por cada solicitud de patente registrada por una persona o institución mexicana, se registran 13 solicitudes de patentes extranjeras en el país. SECIHTI. Cálculo a partir de IMPI en Cifras 2025, disponible en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tXB- 73xSHEqLCtZj7OSVwC33IKqSnG9y/edit?gid=1939650906#gid=1939650906. Última fecha de consulta: 9 de abril de 2026. 17 INEGI. Comunicado de prensa 12/09/2022: conociendo la industria farmacéutica, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/especiales/Ind_Farmac22.pdf Última fecha de consulta: 18 de marzo de 2026. 18 Conferencia del Pueblo, 4 de julio de 2025, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=mgHntvtFrds&list=PLQMTy9WNfDrs9Hpn_klIXdgI3TVLOT_JN&index=1, en el minuto 15. Última fecha de consulta: 18 de marzo de 2026. 576 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 El almacenamiento de energía, la fabricación de baterías de litio y el desarrollo de otras alternativas también son puntos neurálgicos en esta transición, aunado a la incertidumbre regulatoria que tiende a desincentivar la inversión en nuevas tecnologías; situación que también ocurre en otros sectores. Ante esta situación, también es importante impulsar la transición energética mediante tecnologías limpias, aprovechamiento del litio y la protección de la innovación mediante marcos legales modernos. La dependencia tecnológica también puede medirse a través del comercio exterior de los Bienes de Alta Tecnología (BAT), (productos generados por el sector manufacturero con un alto nivel de gasto en IDE con relación a sus ventas). En 2023, las exportaciones de BAT registraron 57,200.8 millones de dólares, mientras que las importaciones registraron 49,651.9 millones de dólares, lo que representó una tasa de cobertura de 1.15,19 esto significa que México es un país exportador neto de BAT, es decir, el valor de sus exportaciones de bienes alcanza a cubrir el monto del valor de sus importaciones. Como puede observarse, al ser un país con grandes capacidades en el sector manufacturero, se tienen grandes posibilidades de aprovechar estas ventajas para modificar la situación de dependencia tecnológica descrita arriba. Por lo antes expuesto y en concordancia con el PND 2025-2030 y el Plan México, se han identificado tres sectores estratégicos en los cuales México puede impulsar sus capacidades, convertirse en referente global y fortalecer su soberanía tecnológica: tecnologías estratégicas (como las orientadas a la movilidad urbana, espaciales, inteligencia artificial, entre otras); salud (centrado en la producción de medicamentos, dispositivos médicos y soluciones para el diagnóstico y control de enfermedades) y, transición energética (mediante tecnologías limpias y aprovechamiento del litio). La reducción de la dependencia tecnológica requiere una coordinación efectiva entre las instituciones del Estado, la academia, el sector privado y la sociedad civil, constituyéndose como un objetivo estratégico para fomentar el desarrollo del país y fortalecer su capacidad de respuesta frente a los desafíos globales. 5.4 Necesidad de una mejor articulación del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación Una de las principales limitaciones para el fortalecimiento del SNHCTI es la persistente fragmentación institucional y la necesidad de una mejor articulación entre los distintos actores que lo integran. Esta situación ha dificultado la consolidación de una política científica y tecnológica coordinada y orientada a resultados, capaz de avanzar en la generación de conocimiento y de responder a los desafíos estratégicos del país. La ausencia de mecanismos eficaces de cooperación entre dependencias de la APF, entidades federativas y sectores privado y social ha contribuido a una gestión desarticulada del conocimiento, caracterizada por la duplicidad de esfuerzos y, en ocasiones, el uso poco eficiente de los recursos disponibles. En este contexto, una de las causas estructurales es la falta de mecanismos formales e institucionalizados de coordinación intergubernamental e interinstitucional. La definición de prioridades en investigación científica, humanística, desarrollo tecnológico e innovación se ha llevado a cabo con escasa participación conjunta entre niveles de gobierno, lo que ha generado agendas dispersas y poco integradas territorialmente. Asimismo, la carencia de criterios comunes para jerarquizar problemas estratégicos y orientar recursos ha limitado la posibilidad de establecer una hoja de ruta nacional con enfoque territorial, multisectorial y prospectivo. Adicionalmente, prevalecen esquemas de gestión que no favorecen el trabajo colaborativo ni la integración de capacidades entre sectores. La falta de incentivos claros para la cooperación intersectorial, así como la débil institucionalización de espacios colaborativos, ha limitado el desarrollo de soluciones integrales desde la política de CHTI. También es importante señalar la escasa integración de prioridades locales y regionales en las agendas nacionales de IDE. Esto ha generado una desconexión entre las capacidades científicas y tecnológicas del país y las necesidades concretas de los territorios, así como una fragmentación de los esfuerzos y de las rutas de trabajo que podrían fortalecerse mediante una mayor cooperación y articulación. Ante esta situación, se requiere establecer mecanismos más robustos de gobernanza que consideren estos desafíos, así como nuevos modelos de trabajo colaborativo que permitan avanzar hacia un ecosistema articulado, orientado a la atención de prioridades estratégicas nacionales y regionales, con participación activa de todos los sectores involucrados en la generación, aplicación y aprovechamiento del conocimiento. 19 La tasa de cobertura se define como el cociente del valor de las exportaciones respecto al valor de las importaciones, y se presenta como una aproximación al grado de dependencia de algún país por cierto bien o producto. Este indicador se puede interpretar como la proporción de (el valor de) las importaciones de BAT que es posible financiar a través de (el valor de) las exportaciones. Cuando el valor del cociente es igual a la unidad implica que existe equilibrio comercial. Cuando el cociente es mayor que la unidad, indica que el país es exportador neto de BAT, es decir, el valor de sus exportaciones de bienes alcanza a cubrir el monto del valor de sus importaciones. Por el contrario, cuando el indicador es menor a uno, se habla de dependencia comercial (ampliándose a medida que tiende a cero), donde el valor de las exportaciones se ve superado por los ingresos provenientes del valor de las importaciones, y por tanto esa diferencia requiere ser financiada con recursos provenientes de otras fuentes. SECIHTI. Cálculo a partir de INEGI. Balanza Comercial de México, disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/balanza/. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 577 5.5 Visión de largo plazo La suma de esfuerzos coordinados por la SECIHTI permitirá que, para 2030 México consolide su SNHCTI y lo articule estratégicamente en beneficio del desarrollo nacional con prosperidad compartida. Estos esfuerzos se caracterizarán por la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, las instituciones educativas y de investigación, el sector privado y la sociedad civil. La enseñanza y la formación científica y técnica se desarrollará de manera articulada y alineada con las necesidades más urgentes del país, será accesible para todas las personas, con especial atención en población vulnerable, por ejemplo, madres solteras, personas indígenas o con discapacidad, lo que contribuirá a fortalecer el talento nacional, ampliará las oportunidades de empleo especializado y ayudará a reducir brechas sociales y regionales. Con una comunidad científica y tecnológica fortalecida, México avanzará en la generación de conocimiento y aportará al entendimiento de los complejos fenómenos sociales y naturales. Las CHTI serán motores centrales del bienestar social, gracias a su orientación hacia la solución de problemas públicos. La vinculación estratégica entre sectores permitirá transformar el conocimiento en bienes, servicios y recomendaciones de política orientadas a elevar la calidad de vida de la población, especialmente de los sectores históricamente excluidos. México dará pasos firmes para reducir su dependencia tecnológica al fortalecer las capacidades propias para diseñar, desarrollar y producir tecnologías en áreas como la salud, el campo, la energía y el medio ambiente. Se apostará por fortalecer las capacidades locales, regionales y nacionales y se fomentará la transferencia tecnológica para que el país cuente con una base productiva innovadora y capaz de responder, de manera autónoma a los desafíos globales. El conocimiento será reconocido no solo como un pilar del crecimiento económico, sino como un derecho y un mecanismo esencial para la toma de decisiones orientadas a construir un país más justo y sostenible. Con los cimientos que habrán sido puestos por los gobiernos de la Cuarta Transformación y la continuidad de este proyecto, para 2045 México habrá reducido significativamente su dependencia tecnológica y será capaz de generar, adaptar y aplicar soluciones propias -o con altos componentes nacionales- a los grandes desafíos. En este contexto, la enseñanza y formación científica y técnica formará parte integral de todas las etapas educativas y se impulsará una cultura del conocimiento socialmente compartida. La investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación se integrarán plenamente a los sectores estratégicos del país -como la salud, la alimentación, la energía, el medio ambiente y la transformación digital- lo que contribuirá a posicionar a México en el escenario internacional como un referente por su modelo científico, tecnológico y de innovación con enfoque humanista, inclusivo y sustentable. 6. Objetivos El PEMHCTI 2026-2030 plantea cuatro objetivos, éstos contienen sus respectivas estrategias, líneas de acción e indicadores para monitorear su cumplimiento. Objetivos del Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias Tecnologías e Innovación 2026-2030 1.- Promover la generación de conocimiento en la comunidad de CHTI para fortalecer la comprensión de fenómenos sociales y naturales, y contribuir a su producción en contextos locales y globales. 2.- Consolidar la coordinación intersectorial para impulsar la investigación y el desarrollo de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, para asegurar su aprovechamiento en sectores estratégicos que contribuyan al bienestar integral de la sociedad mexicana. 3.- Reducir la dependencia tecnológica del país mediante el impulso a proyectos en sectores que articulen capacidades locales, regionales y nacionales en CHTI, promoviendo la transferencia tecnológica como eje de vinculación entre conocimiento y desarrollo. 4.- Fortalecer el SNHCTI mediante instrumentos y mecanismos que faciliten la articulación, coordinación y cooperación entre dependencias de la APF, entidades federativas y actores de los sectores privado y social. 578 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 6.1 Relevancia del objetivo 1: Promover la generación de conocimiento en la comunidad de CHTI para fortalecer la comprensión de fenómenos sociales y naturales y contribuir a su producción en contextos locales y globales. La generación de conocimiento en la comunidad de CHTI es un componente estratégico para el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas del país. En un entorno global caracterizado por una expansión acelerada de los horizontes del saber, resulta fundamental consolidar las condiciones que permitan a esta comunidad participar activamente en la construcción y transformación de los marcos teóricos, metodológicos y técnicos que sustentan el desarrollo del conocimiento en sus distintas disciplinas. Uno de los indicadores que dan muestra de la generación de conocimiento de nuestro país y su participación en la escena regional y global es el número de artículos que publican investigadoras e investigadores mexicanos en revistas indizadas. En el quinquenio 2020-2024 se registraron 95,297 artículos científicos derivados del conocimiento generado a partir de las actividades de investigación realizadas por personas investigadoras adscritas a instituciones en México. El 49.7% de esta producción se concentró en cinco áreas del conocimiento: botánica y zootecnia (11,635 artículos), ingeniería (9,549), medicina clínica (9,374), química (9,222) y ambiente/ecología (7,549).20 En América Latina, México representa 18% de la producción de la región. Países como Brasil, Chile y Argentina produjeron 273,463 (52.7%), 59,498 (11.5%) y 50,287 (9.7%) artículos, respectivamente.20 A nivel mundial, el área del conocimiento con más producción de artículos es la medicina clínica; en esta área México participa con apenas 0.6% de la producción de artículos a nivel mundial.20 Estos datos reflejan la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales de investigación, ampliar la participación de la comunidad científica mexicana en áreas estratégicas y consolidar entornos institucionales que favorezcan la generación de conocimiento de frontera. El avance en el conocimiento no solo requiere una formación sólida, sino también ambientes que impulsen la investigación interdisciplinaria, la reflexión crítica y la colaboración entre campos del saber. En este sentido, promover la generación de conocimiento desde la comunidad CHTI permite al país no solo consolidar su capacidad científica, sino también posicionarse como un actor relevante en la producción global, con aportaciones innovadoras, críticas y pertinentes en diversos campos del saber. Esta estrategia reconoce que el conocimiento no es estático, sino dinámico y en permanente expansión. Fortalecer su generación desde una perspectiva abierta, interdisciplinaria y orientada al descubrimiento impulsa la creación de nuevas ideas, lenguajes, conceptos y tecnologías que enriquecen el acervo científico y cultural, y amplían los límites de lo posible en los campos científicos, humanísticos y tecnológicos. Este objetivo contribuye al modelo de desarrollo de los 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación mediante la atención al compromiso 33 México será potencia tecnológica y de innovación. 6.2 Relevancia del objetivo 2: Consolidar la coordinación intersectorial para impulsar la investigación y el desarrollo de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, para asegurar su aprovechamiento en sectores estratégicos que contribuyan al bienestar integral de la sociedad mexicana. Con el propósito de asegurar el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, señalado en la fracción V, del artículo 3o., de la CPEUM, es indispensable cerrar la brecha entre la generación de conocimiento y su aplicación en la solución de problemas estratégicos nacionales, sin detrimento del avance del conocimiento a partir del impulso a la ciencia básica y de frontera. En ese sentido, se propone consolidar la coordinación intersectorial para impulsar la investigación y el desarrollo de las CHTI, a fin de que sus resultados coadyuven a responder efectivamente a los grandes desafíos del país y contribuyan al bienestar integral de la población. Para conseguirlo se advierten algunas condiciones fundamentales. 20 SECIHTI. Cálculos a partir de Clarivate, base de datos InCites Essential Science Indicators 2020-2024, disponible en: https://incites.clarivate.com (Datos actualizados al 1 de junio de 2025; exportados el 17 de julio de 2025). Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 579 Actualmente, las desigualdades estructurales y territoriales condicionan el acceso equitativo a los beneficios del desarrollo científico y tecnológico. Persisten importantes rezagos en entidades con alta marginación, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde la limitada presencia de IES públicas y de centros de investigación restringe las oportunidades de formación científica, tecnológica y humanística. Esas asimetrías territoriales también se traducen en brechas de capacidades, pues gran parte de la infraestructura, la oferta de posgrado y la producción científica se concentran en pocas entidades federativas, principalmente en la Ciudad de México, Puebla, Jalisco y el Estado de México. La vinculación del SNHCTI con los sectores público, privado y social puede potenciar no solo el incremento de la IDE en el país, sino también una mejor articulación de dicha investigación con los problemas estratégicos nacionales. Actualmente, la mayor parte de la investigación científica en México se realiza en instituciones académicas con un enfoque predominantemente académico, lo cual limita su vinculación con las necesidades concretas de los sectores público, social y privado, lo que dificulta que la población acceda plenamente a los beneficios derivados de la ciencia. La adopción de modelos colaborativos, por tanto, promueve e incentiva la participación activa de estos sectores en el desarrollo científico y tecnológico, particularmente cuando se orientan a reducir desigualdades y a fortalecer capacidades locales y regionales en ciencia y tecnología. Para incrementar la incidencia de la investigación científica y tecnológica es fundamental fortalecer la coordinación intersectorial, es decir, contar con el conocimiento especializado que poseen las dependencias del Estado sobre temáticas prioritarias resulta clave para diseñar e implementar proyectos más pertinentes y efectivos. Esa colaboración optimiza recursos y capacidades, facilita la alineación de agendas con las necesidades nacionales y promueve la transferencia tecnológica, e incrementa así el impacto social de la investigación. Un enfoque territorial e inclusivo de dicha coordinación permitirá reducir brechas regionales, atender rezagos y garantizar que la generación y aplicación del conocimiento contribuyan al bienestar de toda la población, sin importar su lugar de origen o condición socioeconómica. Este objetivo contribuye al modelo de desarrollo de los 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación mediante la atención a los compromisos 33. México será potencia tecnológica y de innovación y 34. Programa de desarrollo tecnológico para el desarrollo nacional. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Reducir la dependencia tecnológica del país mediante el impulso a proyectos en sectores que articulen capacidades locales, regionales y nacionales en CHTI, promoviendo la transferencia tecnológica como eje de vinculación entre conocimiento y desarrollo. Reducir la dependencia tecnológica de México es una tarea indispensable para convertir a nuestro país en una potencia científica y tecnológica. Esto implica lograr la independencia y capacidad para generar, desarrollar y aplicar conocimiento científico y tecnológico orientado al bienestar de la población y al desarrollo nacional. Se trata de generar conocimiento en lugar de depender de transferencias de tecnología desde otros países; de invertir en la formación de nuevas generaciones de científicas y científicos, tecnólogas y tecnólogos; y de asegurar que la investigación responda a necesidades y desafíos específicos de atención prioritaria para el país. Actualmente, México enfrenta una alta dependencia tecnológica que limita su capacidad de respuesta ante desafíos globales. La relación de dependencia para México en 2025 se colocó en un valor de 12.78 lo que implica que, por cada solicitud de patente registrada por una persona o institución nacional, se registraron por extranjeros casi 13 solicitudes de patente. Este desequilibrio refleja la débil capacidad innovadora nacional y una necesidad de articular esfuerzos para propiciar el diseño, desarrollo y protección de tecnologías propias.21 Esta situación de dependencia se observa con claridad en sectores estratégicos como la salud, en donde más de 65% de los medicamentos e insumos médicos utilizados en el país son importados.22 En materia de transición energética, la dependencia de tecnologías extranjeras también limita el avance hacia modelos 21 SECIHTI. Cálculos a partir de IMPI en Cifras 2025. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tXB- 73xSHEqLCtZj7OSVwC33IKqSnG9y/edit?gid=1939650906#gid=1939650906. Última fecha de consulta: 9 de abril de 2026. 22 Conferencia del Pueblo, 4 de julio de 2025, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=mgHntvtFrds&list=PLQMTy9WNfDrs9Hpn_klIXdgI3TVLOT_JN&index=1, en el minuto 15. Última fecha de consulta: 18 de marzo de 2026 580 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 sostenibles. México requiere desarrollar tecnologías limpias propias, como baterías de litio, sistemas de almacenamiento de energía y componentes para la electrificación del transporte, áreas críticas en las cuales aún se depende de proveedores extranjeros. En este contexto, promover proyectos estratégicos en sectores clave como salud, transición energética y tecnologías avanzadas permitirá generar valor agregado nacional, reducir la dependencia, y construir un modelo de desarrollo basado en el conocimiento y la soberanía. Alcanzar la soberanía tecnológica no implica aislamiento, sino fortalecer nuestras capacidades nacionales para participar activamente y en condiciones de igualdad en el intercambio global de conocimiento, tecnologías e innovaciones. La soberanía científica se construye a través de la autonomía estratégica, pero también mediante alianzas inteligentes y una integración activa en redes internacionales siempre fincada en el respeto a los intereses nacionales. Este objetivo contribuye al modelo de desarrollo de los 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación mediante la atención al Compromiso 34. Programa de desarrollo tecnológico para el desarrollo nacional. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Fortalecer el SNHCTI mediante instrumentos y mecanismos que faciliten la articulación, coordinación y cooperación entre dependencias de la APF, entidades federativas y actores de los sectores privado y social. La encomienda de articular las capacidades, los conocimientos, recursos y la especialización de las personas investigadoras y tecnólogas para consolidar un auténtico SNHCTI requiere de un importante esfuerzo de coordinación, a través del cual se produzca un provechoso diálogo e interacción entre los múltiples y diversos agentes que participan en tareas de IDE. Como se mencionó en el diagnóstico, de acuerdo con los registros administrativos del entonces CONACYT, entre 2001 y 2024 se invirtieron 109,491 millones de pesos en 35,704 proyectos de ciencia básica y aplicada y de desarrollo tecnológico, infraestructura y difusión del conocimiento. De estos, solo 1% del total de los recursos invertidos durante el periodo 2002-2018 se destinó a proyectos directamente relacionados con problemáticas como pobreza, desigualdad, inclusión o vivienda sostenible, lo que evidencia la necesidad de contar con instancias de articulación intersectorial que orienten la investigación hacia las prioridades nacionales y sociales.23 En pleno respeto a los derechos de libertad de investigación y expresión, es imperativo propiciar nuevos modelos de trabajo colaborativo que multipliquen las capacidades y posibilidades con las que hoy cuenta el país para generar proyectos que incidan sobre las principales prioridades de desarrollo en los niveles nacional, regional y local. Es decir, que para llevar a cabo la actividad científica y tecnológica de manera fructífera resulta necesario fomentar, desarrollar, consolidar y vincular las capacidades científicas nacionales, coordinando la participación de los sectores público, social y privado en actividades y proyectos de investigación en ciencia, humanidades, desarrollo tecnológico e innovación. En este sentido, diseñar e implementar políticas públicas de CHTI debe orientarse a reducir la variedad regional existente para fortalecer a cada una de las entidades federativas de acuerdo con sus capacidades, vocaciones y necesidades. Por ello, con el objetivo de hacer más efectiva la inversión de los recursos públicos destinados a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, debe fortalecerse la vinculación entre todos los agentes involucrados en esas actividades, porque es necesario reforzar la relación entre las dependencias y entidades de la APF con las IES, con los centros e instituciones de investigación públicas y privadas, con las empresas y con las entidades federativas y municipios. La tarea de coordinación que se propone en este objetivo debe fungir, asimismo, como un elemento fundamental para el logro de los propósitos establecidos en el PND 2025-2030 y en el Plan México, fortaleciendo la gobernanza del SNHCTI y garantizando que las CHTI contribuyan a reducir las brechas territoriales, sociales y productivas del país, bajo los principios de equidad, inclusión y desarrollo sostenible. Este objetivo contribuye al modelo de desarrollo de los 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación mediante la atención al compromiso 33. México será potencia tecnológica y de innovación. 23 SECIHTI. Cálculo a partir de registros administrativos 2001-2024. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 581 6.5. Vinculación de los objetivos del Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030 Los objetivos del PEMHCTI 2026-2030 se encuentran alineados al Objetivo transversal 2.4 Impulsar la investigación colaborativa, el desarrollo tecnológico y la innovación en sectores estratégicos, con el objetivo de convertir a México en una potencia científica y tecnológica soberana, orientada hacia un desarrollo con bienestar y prosperidad del PND 2025-2030. Este enfoque promoverá la formación científica, la generación de conocimiento y la transferencia tecnológica con visión humanista, contribuyendo al progreso integral del país. Objetivos del Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 1. Promover la generación de conocimiento en la comunidad de CHTI para fortalecer la comprensión de fenómenos sociales y naturales y contribuir a su producción en contextos locales y globales. T2.4 Impulsar la investigación colaborativa, el desarrollo tecnológico y la innovación en sectores estratégicos, con el objetivo de convertir a México en una potencia científica y tecnológica soberana, orientada hacia un desarrollo con bienestar y prosperidad. Este enfoque promoverá la formación científica, la generación de conocimiento y la transferencia tecnológica con visión humanista, contribuyendo al progreso integral del país. T2.4.1 Promover la formación y consolidación de la comunidad científica, tecnológica, de humanidades y de innovación, con un enfoque de paridad de género, para fortalecer las capacidades de México y reducir su dependencia tecnológica T2.4.3 Generar conocimiento a través de la investigación básica y transdisciplinaria, y fortalecer la infraestructura necesaria para abordar problemas prioritarios, diseñando estrategias de divulgación que acerquen ese conocimiento a la población 2. Consolidar la coordinación intersectorial para impulsar la investigación y el desarrollo de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, para asegurar su aprovechamiento en sectores estratégicos que contribuyan al bienestar integral de la sociedad mexicana. T2.4 Impulsar la investigación colaborativa, el desarrollo tecnológico y la innovación en sectores estratégicos, con el objetivo de convertir a México en una potencia científica y tecnológica soberana, orientada hacia un desarrollo con bienestar y prosperidad. Este enfoque promoverá la formación científica, la generación de conocimiento y la transferencia tecnológica con visión humanista, contribuyendo al progreso integral del país. T2.4.2 Promover el desarrollo tecnológico mediante la maduración y escalamiento de tecnologías alineadas con las prioridades regionales y nacionales, asegurando la independencia tecnológica y contribuyendo al bienestar social. T2.4.3 Generar conocimiento a través de la investigación básica y transdisciplinaria, y fortalecer la infraestructura necesaria para abordar problemas prioritarios, diseñando estrategias de divulgación que acerquen ese conocimiento a la población T2.4.4 Implementar mecanismos de vinculación, modernización y transferencia tecnológica e innovación entre los sectores académico, productivo, público y social, alineados con las prioridades nacionales y orientados al bienestar social T2.4.5 Fomentar la creación de redes de colaboración interinstitucionales que lleven a cabo proyectos estratégicos, promuevan la transferencia de conocimiento e innovación, y aborden desafíos locales, nacionales e internacionales. 582 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivos del Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 3.- Reducir la dependencia tecnológica del país mediante el impulso a proyectos en sectores que articulen capacidades locales, regionales y nacionales en ciencia, humanidades, tecnología e innovación, promoviendo la transferencia tecnológica como eje de vinculación entre conocimiento y desarrollo. T2.4 Impulsar la investigación colaborativa, el desarrollo tecnológico y la innovación en sectores estratégicos, con el objetivo de convertir a México en una potencia científica y tecnológica soberana, orientada hacia un desarrollo con bienestar y prosperidad. Este enfoque promoverá la formación científica, la generación de conocimiento y la transferencia tecnológica con visión humanista, contribuyendo al progreso integral del país. T2.4.1 Promover la formación y consolidación de la comunidad científica, tecnológica, de humanidades y de innovación, con un enfoque de paridad de género, para fortalecer las capacidades de México y reducir su dependencia tecnológica T2.4.2 Promover el desarrollo tecnológico mediante la maduración y escalamiento de tecnologías alineadas con las prioridades regionales y nacionales, asegurando la independencia tecnológica y contribuyendo al bienestar social T2.4.3 Generar conocimiento a través de la investigación básica y transdisciplinaria, y fortalecer la infraestructura necesaria para abordar problemas prioritarios, diseñando estrategias de divulgación que acerquen ese conocimiento a la población T2.4.4 Implementar mecanismos de vinculación, modernización y transferencia tecnológica e innovación entre los sectores académico, productivo, público y social, alineados con las prioridades nacionales y orientados al bienestar social T2.4.5 Fomentar la creación de redes de colaboración interinstitucionales que lleven a cabo proyectos estratégicos, promuevan la transferencia de conocimiento e innovación, y aborden desafíos locales, nacionales e internacionales. 4.- Fortalecer el SNHCTI mediante instrumentos y mecanismos que faciliten la articulación, coordinación y cooperación entre dependencias de la APF, entidades federativas y actores de los sectores privado y social. T2.4 Impulsar la investigación colaborativa, el desarrollo tecnológico y la innovación en sectores estratégicos, con el objetivo de convertir a México en una potencia científica y tecnológica soberana, orientada hacia un desarrollo con bienestar y prosperidad. Este enfoque promoverá la formación científica, la generación de conocimiento y la transferencia tecnológica con visión humanista, contribuyendo al progreso integral del país. T2.4.5 Fomentar la creación de redes de colaboración interinstitucionales que lleven a cabo proyectos estratégicos, promuevan la transferencia de conocimiento e innovación, y aborden desafíos locales, nacionales e internacionales. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 583 7. Estrategias y líneas de acción Para lograr los cuatro objetivos del PEMHCTI 2026-2030, se han diseñado 13 estrategias, integradas por 72 líneas de acción, que serán instrumentadas a lo largo de la presente administración. El PEMHCTI 2026-2030 se integró atendiendo a las propuestas de las personas y organizaciones interesadas en el desarrollo de las CHTI del país; captadas a través del proceso de consulta que se realizó en el marco de la elaboración del PND 2025-2030. Asimismo, consideró las aportaciones de las entidades y dependencias de la APF que realizan actividades en materia de CHTI. Objetivo 1. Promover la generación de conocimiento en la comunidad de CHTI para fortalecer la comprensión de fenómenos sociales y naturales y contribuir a su producción en contextos locales y globales. Estrategia 1.1 Fortalecer la enseñanza y formación científica y técnica en las instituciones que integran el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, mediante mecanismos de coordinación, con el propósito de orientarla hacia fines de interés nacional. Líneas de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.1 Promover el uso o incorporación de inmuebles destinados a funcionar como nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, a través de convenios con los gobiernos de las entidades federativas. SECIHTI, SHCP (INDAABIN), SEDATU. 1.1.2 Diseñar nuevos programas de estudio de licenciatura y posgrado, pertinentes para el desarrollo nacional y útiles para sectores estratégicos, mediante la colaboración con expertos y actores clave de los ámbitos público, privado y social. SECIHTI, CPI24, SEP, SADER, SALUD, SENER (IMP, INEEL, PEMEX, CFE). 1.1.3. Impulsar la capacitación docente en educación superior a través de programas de formación continua sobre la inclusión de tecnologías emergentes como recurso de enseñanza especializada. SECIHTI, SEP. 1.1.4 Revisar y actualizar los planes de estudio para la formación de personas en nivel técnico y de educación superior en sectores estratégicos. SECIHTI, CPI, SALUD, SEP, SENER (IMP), SADER (UACh). 1.1.5 Promover el acceso al Sistema Nacional de Posgrados (SNP), por medio de acciones afirmativas de inclusión e igualdad sustantiva, considerando enfoques de pertinencia, incidencia y vinculación. SECIHTI, SEP. 1.1.6 Otorgar becas para cursar estudios de posgrado en universidades, IES y centros de investigación nacionales y en el extranjero, en áreas prioritarias, promoviendo el acceso equitativo y la participación de personas en condición de vulnerabilidad. SECIHTI, SRE, SEP, INPI. 1.1.7 Promover la formación de personas servidoras públicas, mediante programas de posgrado, para fortalecer las capacidades institucionales y técnicas del Gobierno. SECIHTI, CPI, SABG, IMSS Bienestar, SENER (IMP) ECONOMÍA, MARINA, SICT, DEFENSA, ISSSTE. 24 La lista de instituciones integrantes se encuentra disponible en el apartado 9. Lista de dependencias y entidades participantes. 584 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 1.2 Fomentar la integración del modelo dual en la educación superior, enfocado en la investigación científica y humanística, así como en el desarrollo tecnológico, para formar personas altamente capacitadas y comprometidas con el avance del conocimiento en el país. Líneas de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.1 Promover la adopción de programas de formación dual en áreas estratégicas para el desarrollo nacional, dando un espacio a la población con estudios concluidos de nivel medio superior por medio de convenios entre instituciones de educación superior y sectores privado, público y social. SECIHTI, CPI, ECONOMÍA, SEP, SABG. 1.2.2 Diseñar e implementar programas de licenciatura y posgrado en modalidad dual que consideren estancias formativas en entornos laborales, mediante convenios con los sectores gubernamental, productivo y social. SECIHTI, CPI, SEP, SABG, SENER (IMP), ECONOMÍA, ISSSTE. 1.2.3 Impulsar esquemas de movilidad nacional e internacional que fortalezcan la formación dual con experiencias prácticas en instituciones, empresas y centros de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. SECIHTI, SEP, SRE, SABG. 1.2.4 Promover el acceso equitativo en los procesos de selección para cursar programas de licenciatura y posgrado de modalidad dual, a través de la incorporación de criterios de inclusión con enfoque de igualdad sustantiva en las políticas de selección. SECIHTI, CPI, SEP. Estrategia 1.3 Fortalecer el desarrollo de la comunidad científica, humanística y tecnológica del país, promoviendo su capacidad para realizar investigación, innovación y generar soluciones científicas y tecnológicas que contribuyan al desarrollo social, económico y cultural del país. Líneas de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.1 Fortalecer programas de incorporación laboral de personas altamente especializadas, mediante mecanismos de vinculación, convocatorias y apoyos institucionales sostenibles. SECIHTI, SEP, SABG, STPS. 1.3.2 Impulsar la investigación y desarrollo de tecnologías orientadas a la solución de problemas nacionales y regionales, a través de la creación de cuerpos académicos y grupos de trabajo interdisciplinarios altamente especializados. SECIHTI, CPI, SEP. 1.3.3. Orientar la investigación científica y tecnológica a la atención de problemas públicos y el desarrollo de soluciones basadas en evidencia, a través de acuerdos de colaboración entre el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y el sector público. SECIHTI, CPI, SABG. 1.3.4 Impulsar la divulgación científica y tecnológica, mediante la creación de publicaciones especializadas, repositorios, plataformas digitales y otros medios accesibles desde las dependencias de la APF. SECIHTI, CPI, SALUD, SEP, SENER (CFE), ISSSTE, IMSS, IMSS-Bienestar, SEMARNAT (CONABIO, CONAFOR, IMTA), SSPC, SABG, ATDT. 1.3.5 Promover el análisis territorial y temático del Sistema Nacional de Educación Superior y del SNHCTI, en concordancia con la política de datos científicos de la SECIHTI, mediante el diseño y desarrollo de Sistemas Nacionales de Información Científica. SECIHTI, SEP. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 585 Líneas de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.6 Integrar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico al Sistema Nacional de Información Científica, en colaboración con IES y CPI, mediante repositorios interoperables, para facilitar el acceso abierto al conocimiento y fomentar la colaboración académica, productiva y social. SECIHTI, CPI, SEP. 1.3.7 Impulsar la investigación oceanográfica nacional para el desarrollo marítimo y en concordancia con la Política Marítima Nacional. SECIHTI, SEP, CPI, SEMARNAT, SENER (CFE), ECONOMÍA, MARINA. Estrategia 1.4 Articular redes de colaboración nacional e internacional que fortalezcan la producción, intercambio y aprovechamiento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico. Líneas de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.4.1 Promover el desarrollo de proyectos de investigación y la generación de conocimiento, mediante la creación e integración de redes de colaboración en los sectores público, privado y social. SECIHTI, CPI, SEP, ECONOMÍA, SRE, IMSS, ISSSTE, SEMARNAT (CONAFOR), SADER, SALUD. 1.4.2 Fortalecer la difusión del conocimiento generado por la comunidad CHTI, mediante el desarrollo de plataformas digitales de acceso abierto. SECIHTI, CPI, CULTURA, ECONOMÍA, SADER, SEP. 1.4.3 Impulsar la elaboración de proyectos colaborativos entre instituciones nacionales e internacionales, mediante convocatorias específicas que integren diversas disciplinas. SECIHTI. 1.4.4 Apoyar el fortalecimiento de la infraestructura digital de las instituciones públicas de educación superior y de investigación, mediante apoyos que faciliten su interconexión a redes nacionales e internacionales especializadas en el ámbito académico. SECIHTI, ATDT. Estrategia 1.5 Impulsar el acceso abierto y universal al conocimiento científico, humanístico y tecnológico para que su generación, difusión y aprovechamiento sean inclusivos, equitativos y sostenibles y todas las personas puedan beneficiarse del progreso científico. Líneas de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.5.1 Promover la creación y adopción de estrategias institucionales de acceso abierto al conocimiento científico, humanístico y tecnológico en los CPI, IES e integrantes del SNHCTI, mediante acciones de colaboración y fortalecimiento institucional. SECIHTI, CPI, SEP. 1.5.2 Coordinar la creación, diseño, desarrollo e implementación de sistemas de información científica, mediante la colaboración entre instituciones del SNHCTI y el fortalecimiento de la infraestructura física y digital para la gestión y difusión del conocimiento. SECIHTI, CPI, ATDT. 1.5.3 Estandarizar la interoperabilidad de los sistemas de información científica, mediante la aplicación de normas de calidad en datos científicos y geoespaciales, incluyendo metadatos, trazabilidad, accesibilidad, validación, visualización y alineación con estándares nacionales e internacionales. SECIHTI, CPI, ATDT. 586 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Líneas de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.5.4 Incorporar a las bibliotecas en el diseño y ejecución de políticas de acceso abierto, como nodos de acceso, resguardo y difusión del conocimiento científico, humanístico y tecnológico, mediante acciones y mecanismos de colaboración interinstitucional. SECIHTI, SEP. 1.5.5 Promover el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas en materia de acceso abierto y universal al conocimiento, a través de redes, alianzas y acciones colaborativas entre instituciones nacionales e internacionales de los sectores académico, público y social. SECIHTI, SEP. Objetivo 2. Consolidar la coordinación intersectorial para impulsar la investigación y el desarrollo de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, para asegurar su aprovechamiento en sectores estratégicos que contribuyan al bienestar integral de la sociedad mexicana. Estrategia 2.1 Impulsar la investigación y el diseño de soluciones científicas y tecnológicas para que contribuyan al desarrollo sostenible de nuestra sociedad con un enfoque de inclusión, justicia y seguridad social. Líneas de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.1 Apoyar proyectos para la realización de investigaciones en temas relacionados con la reducción de la pobreza, la desigualdad y la inclusión social. SECIHTI, CPI, STPS (CONASAMI). 2.1.2 Impulsar la transferencia y el escalamiento de desarrollos tecnológicos en los sectores primarios vinculados con la producción alimentaria, mediante convenios de coordinación que promuevan la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos. SECIHTI, CPI, SADER. 2.1.3 Apoyar proyectos orientados al mejoramiento, intercambio y escalamiento de producción de semillas, así como al desarrollo de bioinsumos, a través de la vinculación de centros de producción certificados y otros actores. SECIHTI, CPI, SADER. 2.1.4 Fomentar la sostenibilidad de territorios de producción agropecuaria y acuícola, mediante el apoyo a proyectos interinstitucionales. SECIHTI, CPI, TURISMO, SEDATU, MARINA, SENER (CFE), SEMARNAT SEMARNAT (IMTA), SADER, SALUD, SRE, SEP, SABG. 2.1.5 Diseñar e implementar políticas basadas en evidencia científica, mediante proyectos de investigación en temas estratégicos (energía, protección civil, transporte, ambiente, seguridad alimentaria y social) con la participación de IES, CPI, comunidades, sector público y privado. SECIHTI, SENER (CFE, IMP), IMSS, IMSS-Bienestar, SEMARNAT (CONAFOR), SADER (IMIPAS, INIFAP), SALUD, SEP, SRE, ATDT, SABG. 2.1.6 Promover el diseño e implementación de programas institucionales de investigación científica, humanística y tecnológica en las IES y CPI, a través de convenios de colaboración. SECIHTI, SEP. 2.1.7 Promover la operación de redes de colaboración interinstitucional e interdisciplinaria en áreas de interés local, regional y nacional. SECIHTI, CPI, SEP. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 587 Estrategia 2.2 Promover la generación de conocimiento que facilite la integración de estrategias de prevención y respuesta a riesgos climáticos y medioambientales. Líneas de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.1 Fortalecer la capacidad científica y tecnológica nacional ante el cambio climático, mediante el apoyo a proyectos de investigación que impulsen la adaptación, resiliencia y mitigación con transiciones justas, bajas en carbono e incluyentes, en especial en comunidades vulnerables. SECIHTI, CPI, SEMARNAT (IMTA, INECC), SENER. 2.2.2 Coordinar la implementación de sistemas científicos avanzados de monitoreo y modelado en tiempo real, mediante plataformas tecnológicas para anticipar, analizar y mitigar riesgos asociados con fenómenos meteorológicos y oceánicos. SECIHTI, CPI, MARINA, SENER (IMP). 2.2.3 Apoyar el desarrollo de investigaciones científicas, mediante proyectos que promuevan la restauración de cuencas, fortaleciendo la salud de ecosistemas y comunidades, con participación de IES, CPI y los sectores público, privado y social. SECIHTI, CPI, SEMARNAT (IMTA). 2.2.4 Promover la protección y manejo sostenible de selvas, bosques y manglares, mediante el diseño de propuestas de intervención con enfoque científico y tecnológico, que fortalezcan su conservación y restauración y contribuyan al control de los factores que amenazan su funcionalidad ecosistémica. SECIHTI, CPI, SEMARNAT (CONAFOR). 2.2.5 Promover soluciones basadas en evidencia científica que contribuya a mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida en comunidades, mediante el apoyo a desarrollos y aplicaciones de tecnologías con enfoque sostenible. SECIHTI, CPI, SENER. 2.2.6 Promover la colaboración técnica y científica en materia de reducción de riesgos asociados con la gestión de residuos sólidos urbanos y manejo de rellenos sanitarios, mediante la formación de una red de especialistas. SECIHTI, CPI. 2.2.7 Impulsar el aprovechamiento sostenible del sargazo, desde un enfoque de colaboración local, regional e internacional, mediante el apoyo a investigaciones científicas y tecnológicas. SECIHTI, CPI, SEMARNAT (IMTA). Estrategia 2.3 Promover la investigación científica y humanística orientada a la preservación, reconocimiento y promoción de la cultura, las artes, la herencia y presente indígenas, contribuyendo al desarrollo social, político, democrático e incluyente del país. Líneas de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.3.1 Fomentar la reflexión pública sobre los procesos históricos y democráticos del país, por medio del apoyo a investigaciones que analicen las bases éticas, políticas e ideológicas de distintas corrientes de pensamiento. SECIHTI, CPI. 2.3.2 Impulsar la recuperación y uso sostenible de materias primas de artesanías y oficios, mediante el apoyo a proyectos de investigación aplicada en colaboración comunitaria para preservar saberes tradicionales y fortalecer cadenas productivas locales. SECIHTI, CPI, INPI, CULTURA. 588 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Líneas de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.3.3 Aportar conocimientos científicos al diseño de políticas públicas para la protección, promoción, transmisión intergeneracional y la revitalización de lenguas indígenas, mediante el apoyo a proyectos de investigación aplicada. SECIHTI, CPI, SABG, CULTURA, SEP, INPI. 2.3.4 Impulsar la preservación y promoción de la identidad cultural nacional y regional, favoreciendo la inclusión y el respeto por las diversas tradiciones y manifestaciones culturales, mediante el apoyo a proyectos de investigación aplicada en áreas de patrimonio, diversidad cultural y memoria histórica. SECIHTI, CPI, CULTURA, INPI. Objetivo 3. Reducir la dependencia tecnológica del país mediante el impulso a proyectos en sectores que articulen capacidades locales, regionales y nacionales en CHTI promoviendo la transferencia tecnológica como eje de vinculación entre conocimiento y desarrollo. Estrategia 3.1 Fortalecer la capacidad nacional de diseño, producción y control de tecnologías estratégicas en sectores de alta especialización, para asegurar su escalamiento y articulación regional. Líneas de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.1 Coordinar el desarrollo de soluciones de movilidad urbana sostenibles, seguras, accesibles y libres de emisiones que prioricen el uso de componentes mexicanos, a través de la maduración y escalamiento de desarrollos nacionales. SECIHTI, CPI, SEP. 3.1.2 Incentivar la adopción y uso de desarrollos tecnológicos nacionales, a través de la creación de un portafolio de tecnologías desarrolladas con potencial de transferencia o licenciamiento, que permita establecer vínculos con el sector privado y social. SECIHTI, CPI, SALUD, IMSS, ISSSTE, MARINA, SEP, SRE, SADER (COLPOS), SENER (CFE). 3.1.3 Coordinar el desarrollo de tecnologías espaciales de observación y monitoreo territorial que arroje información útil para el uso agropecuario, la urbanización, seguimiento de fenómenos naturales, sistemas marinos y oceánicos, seguridad y protección, entre otros. SECIHTI, ATDT, ECONOMÍA, SRE, MARINA. 3.1.4 Coordinar el diseño, fabricación y aplicación de sistemas tecnológicos que fortalezcan las capacidades nacionales de alertamiento para la prevención, atención y reducción de riesgos ante fenómenos naturales. SECIHTI, CPI, DEFENSA, MARINA. 3.1.5 Fomentar el uso y desarrollo de la Inteligencia Artificial y el cómputo de alto rendimiento, junto con la formación de especialistas en la materia para atender desafíos en sectores estratégicos. SECIHTI, CPI, ATDT. 3.1.6 Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica, mediante la implementación de estrategias de creación, modernización y articulación de laboratorios, centros de investigación y plataformas digitales que faciliten el desarrollo y la gestión eficiente de proyectos científicos y tecnológicos. SECIHTI, CPI, TURISMO, SABG, SEDATU, ECONOMÍA, CULTURA (INAH), ATDT, DEFENSA, MARINA, SENER (CFE), IMSS-Bienestar, ISSSTE, SADER, SALUD, SICT, SEP, SSPC. 3.1.7 Promover entre las personas desarrolladoras, tecnólogas e innovadoras, el registro de figuras de propiedad industrial, a través de la simplificación y difusión de trámites que faciliten su registro. SECIHTI, CPI, ECONOMÍA (IMPI), SADER, IMSS, SALUD, SEP. 3.1.8 Promover la transferencia y comercialización de desarrollos tecnológicos e invenciones, a través de la creación de alianzas estratégicas con el sector privado. SECIHTI, CPI, IMSS. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 589 Líneas de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.9 Crear unidades de negocio en colaboración con IES, CPI y sector privado para impulsar la innovación, transferencia y desarrollo de tecnologías que generen un valor agregado. SECIHTI. 3.1.10 Desarrollar y producir sistemas de vehículos aéreos no tripulados multipropósito para usos estratégicos como el monitoreo agrícola, la protección civil y la vigilancia territorial, fortaleciendo las capacidades nacionales. SECIHTI, CPI, DEFENSA, MARINA. Estrategia 3.2 Promover la investigación, desarrollo e innovación que permita la producción local de medicamentos, dispositivos médicos y soluciones para el control de enfermedades prioritarias. Líneas de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.1 Promover la investigación en salud y el desarrollo de modelos innovadores de prevención, diagnóstico y atención, a través del apoyo a proyectos específicos. SECIHTI, CPI, SALUD. 3.2.2 Optimizar la producción de biológicos, vacunas y mezclas estériles medicamentosas, para favorecer la disponibilidad de medicamentos, vacunas y biológicos de calidad a la ciudadanía, especialmente a niños, niñas y adultos mayores, con el apoyo a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. SECIHTI, CPI, SALUD. 3.2.3 Incentivar inversiones y licencias cruzadas entre laboratorios, mediante convenios de colaboración tecnológica, desarrollo de medicamentos y expansión de mercado, para ampliar capacidades que fortalezcan la soberanía farmacéutica. SECIHTI, CPI, SALUD. 3.2.4 Impulsar la maduración tecnológica de dispositivos médicos, mediante convenios de colaboración y capacitación con autoridades competentes, para facilitar su implementación, registro y escalamiento. SECIHTI, CPI, IMSS. 3.2.5 Desarrollar y consolidar sistemas de información institucional integrales, interoperables y actualizados, que fortalezcan la toma de decisiones estratégicas, la planificación y la evaluación de políticas públicas. SECIHTI, SALUD. Estrategia 3.3 Impulsar la transición energética mediante tecnologías limpias y su aprovechamiento para fortalecer la soberanía energética. Líneas de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.1 Promover la investigación en tecnologías renovables, exploración y explotación geológica, emisión de energías limpias, reducción de emisiones contaminantes, justicia energética, entre otros temas afines, a través del apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica. SECIHTI, CPI, ECONOMÍA, SENER (CFE, PEMEX), SEMARNAT (IMTA). 3.3.2 Desarrollar y articular la cadena de valor del litio desde la producción primaria hasta sus usos finales, a través de la realización de proyectos investigación y formalización de convenios de colaboración con actores relevantes en la materia. SECIHTI, CPI, SENER, ECONOMÍA. 3.3.3 Fomentar la generación de nuevos diseños de semiconductores y consolidar en nodos regionales las capacidades para su fabricación a escala industrial, mediante programas de innovación tecnológica y de formación especializada. SECIHTI, CPI, ECONOMÍA. 590 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Líneas de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.4 Promover el fortalecimiento de la infraestructura científica especializada y la adopción de tecnologías avanzadas para la gestión, monitoreo y operación de infraestructuras eléctricas, mediante el otorgamiento de apoyos a proyectos de investigación. SECIHTI, CPI, SENER (CFE). 3.3.5 Desarrollar capacidades técnicas enfocadas al impulso de la transición energética, mediante acuerdos de colaboración nacional e internacional. SECIHTI, CPI, SENER. 3.3.6 Generar insumos para la toma de decisiones o políticas públicas en materia energética, mediante el desarrollo de Sistemas de Información. SECIHTI, CPI, ATDT. Objetivo 4. Fortalecer el SNHCTI mediante instrumentos y mecanismos que faciliten la articulación, coordinación y cooperación entre dependencias de la APF, entidades federativas y actores de los sectores privado y social. Estrategia 4.1 Establecer mecanismos de coordinación intergubernamentales e interinstitucionales para la definición de temas prioritarios en materia de investigación científica y humanística, desarrollo tecnológico e innovación. Líneas de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.1.1 Impulsar la creación de una instancia intersecretarial encargada de la coordinación de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, con la definición de prioridades, el establecimiento de mecanismos normativos, y operativos que garanticen su funcionamiento eficaz y articulado. SECIHTI. 4.1.2 Contribuir a la implementación de la política nacional de CHTI, a través de la Conferencia Nacional de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, integrada por las personas titulares de los organismos y consejos estatales de CHTI de las entidades federativas. SECIHTI. 4.1.3 Implementar redes y proyectos que atiendan prioridades nacionales, mediante instancias de concertación y diálogo con instituciones académicas y organismos de los sectores social y privado que llevan a cabo actividades de CHTI. SECIHTI, SEP. Estrategia 4.2 Promover nuevos modelos de trabajo colaborativo orientados a la atención de prioridades nacionales y estatales, desde la política de CHTI. Líneas de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.2.1 Generar modelos de trabajo sustentados en redes y proyectos de investigación desarrollo tecnológico e innovación, de carácter nacional y estatal, basados en principios de coordinación y colaboración, para la atención de problemáticas prioritarias de alcance nacional, regional y local. SECIHTI, SEP. 4.2.2. Contribuir al Plan México del gobierno federal, a través del desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que coadyuven a la implementación de sus estrategias y objetivos. SECIHTI. 4.2.3 Apoyar, con base en evidencia científica y rigurosa, la política pública nacional y local en materia de CHTI, a través de la articulación de IES, CPI e instancias gubernamentales. SECIHTI, SEP. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 591 8. Indicadores y metas Indicador 1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 1.1 Porcentaje de artículos indizados de acceso abierto publicados por personas investigadoras adscritas a instituciones nacionales Objetivo 1. Promover la generación de conocimiento en la comunidad de CHTI para fortalecer la comprensión de fenómenos sociales y naturales y contribuir a su producción en contextos locales y globales. Definición o descripción Mide la accesibilidad de la investigación científica nacional, reflejando qué proporción de las publicaciones de investigadores adscritos a instituciones mexicanas están disponibles públicamente. Derecho asociado Derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Junio del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SECIHTI, Unidad de Políticas Transversales Método de cálculo (Número total de artículos indizados de acceso abierto publicados por personas investigadoras adscritas a instituciones nacionales en el año t/ Número total de artículos indizados publicados por personas investigadoras adscritas a instituciones nacionales en el año t) * 100 Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número total de artículos indizados de acceso abierto publicados por personas investigadoras adscritas a instituciones nacionales en el año t Valor variable 1 11,537 Fuente de información variable 1 Clarivate, Dataset: InCites Dataset + ESCI. Unidad de Políticas Transversales Nombre de variable 2 Número total de artículos indizados publicados por personas investigadoras adscritas a instituciones nacionales en el año t Valor variable 2 18,445 Fuente de información variable 2 Clarivate, Dataset: InCites Dataset + ESCI. Unidad de Políticas Transversales Sustitución en método de cálculo (11,537/ 18,445) *100 = 63 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 63 Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 72 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 47 49 50 54 59 61 59 63 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 65 68 68 69 72 592 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.1 Avance en el desarrollo de proyectos estratégicos Objetivo 2. Consolidar la coordinación intersectorial para impulsar la investigación y el desarrollo de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, para asegurar su aprovechamiento en sectores estratégicos que contribuyan al bienestar integral de la sociedad mexicana. Definición o descripción Mide el avance general del total de proyectos estratégicos coordinados desde la SECIHTI. Derecho asociado Derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información junio del año siguiente Unidad de medida Razón Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SECIHTI, Unidad de Políticas Transversales Método de cálculo (Sumatoria del avance de los proyectos estratégicos en el año t/ número total de proyectos estratégicos en el año t) Observaciones El indicador expresa una relación entre el avance acumulado de los proyectos estratégicos los cuales son desarrollados mediante una coordinación intersectorial y el total de proyectos estratégicos APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Sumatoria del avance de los proyectos estratégicos en el año t Valor variable 1 266 Fuente de información variable 1 Registros Administrativos de las Subsecretarías de Ciencia y Humanidades y de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación Nombre de variable 2 Número total de proyectos estratégicos en el año t Valor variable 2 20 Fuente de información variable 2 Registros Administrativos de las Subsecretarías de Ciencia y Humanidades y de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación Sustitución en método de cálculo (266 / 20) = 13.3 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 13.3 El apoyo a los proyectos estratégicos inició en 2025. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 100.0 Para la meta 2030 se proyecta apoyar 20 proyectos estratégicos alineados al Plan México este número puede modificarse en función de las decisiones y prioridades que la Presidencia de la República determine cada año. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA NA 13.3 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 34.1 51.3 75.0 94.0 100.0 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 593 Indicador 3.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 3.1 Tasa de dependencia tecnológica Objetivo 3. Reducir la dependencia tecnológica del país mediante el impulso a proyectos en sectores que articulen capacidades locales, regionales y nacionales en ciencia, humanidades, tecnología e innovación, promoviendo la transferencia tecnológica como eje de vinculación entre conocimiento y desarrollo Definición o descripción Mide la capacidad del país para realizar sus propios desarrollos tecnológicos Derecho asociado Derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Junio del año siguiente Unidad de medida Razón Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance SECIHTI, Unidad de Políticas Transversales Método de cálculo (Número de solicitudes de patente realizadas en México por extranjeros el año t / Número de solicitudes de patente realizadas en México por nacionales en el año t) Observaciones El indicador se construye a partir de información de carácter nacional, cuya evolución depende de múltiples factores estructurales. No obstante, la Secretaría contribuye a su mejora mediante el diseño, coordinación e implementación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación del país, así como al impulso de la generación y apropiación de conocimiento y su transferencia. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de solicitudes de patente realizadas en México por extranjeros el año t Valor variable 1 14,695 Fuente de información variable 1 Secretaría de Economía IMPI en Cifras, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Nombre de variable 2 Número de solicitudes de patente realizadas en México por nacionales en el año t Valor variable 2 1,150 Fuente de información variable 2 Secretaría de Economía IMPI en Cifras, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Sustitución en método de cálculo (14,695 /1,150) = 12.78 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 12.78 Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 11.5 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 9.6 11.2 11.6 13.5 15.9 15.0 12.8 12.78 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 12.4 12.2 11.9 11.7 11.5 594 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 4.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 4.1 Porcentaje de proyectos en colaboración con al menos dos instituciones Objetivo 4. Fortalecer el SNHCTI mediante instrumentos y mecanismos que faciliten la articulación, coordinación y cooperación entre dependencias de la APF, entidades federativas y actores de los sectores privado y social. Definición o descripción Mide el porcentaje de proyectos aprobados por la SECIHTI que se desarrollan en colaboración con al menos dos instituciones en relación con el total de proyectos aprobados Derecho asociado Derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Junio del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SECIHTI, Unidad de Políticas Transversales Método de cálculo ((Número de proyectos aprobados por la SECIHTI desarrollados en colaboración en el año t / Número total de proyectos aprobados por la SECIHTI en el año t) * 100 Observaciones Proyectos en colaboración: se refiere a los proyectos autorizados, ejecutados por la institución beneficiaria en conjunto con al menos otra entidad participante. Se incluye tanto a las instituciones declaradas en la propuesta inicial como las que se integren durante el desarrollo del proyecto. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de proyectos aprobados por la SECIHTI desarrollados en colaboración en el año t Valor variable 1 665 Fuente de información variable 1 Registros Administrativos de las Subsecretarías de Ciencia y Humanidades y de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación Nombre de variable 2 Número total de proyectos aprobados por la SECIHTI en el año t Valor variable 2 1914 Fuente de información variable 2 Registros Administrativos de las Subsecretarías de Ciencia y Humanidades y de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación Sustitución en método de cálculo (665 /1914) * 100 = 35 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 35 El número de proyectos aprobados por la SECIHTI en 2025 fue atípico ya que el promedio de los seis años anteriores fue de 849. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 40 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ND 8 34 47 36 34 15 35 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 36 37 38 39 40 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 595 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones Comisión Nacional Forestal Comisión Federal de Electricidad Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Secretaría de Cultura Secretaría de la Defensa Nacional Instituto Mexicano del Petróleo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables Instituto Mexicano del Seguro Social Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Secretaría de Marina Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Secretaría de Salud Secretaría de Economía Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación Secretaría de Turismo Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Secretaría de Energía Secretaría de Educación Pública Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Secretaría del Trabajo y Previsión Social Entidades que se consideran CPI Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. CIATEQ, A.C. "Centro de Tecnología Avanzada" Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 596 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Centros de Integración Juvenil, A.C. Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. Centro de Investigación en Química Aplicada El Colegio de la Frontera Norte, A.C. El Colegio de Michoacán, A.C. El Colegio de San Luis, A.C. El Colegio de la Frontera Sur Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. Hospital General "Dr. Manuel Gea González" Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" Hospital Infantil de México "Federico Gómez" Hospital Juárez de México Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica Instituto Nacional de Cancerología Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" Instituto de Ecología, A.C. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas" Instituto Nacional de Geriatría Instituto Nacional de Medicina Genómica Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez" Innova Bienestar de México, S.A.P.I. de C.V. Instituto Nacional de Pediatría Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes" Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz" Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra" Instituto Nacional de Salud Pública Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. Universidad Nacional Rosario Castellanos Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 597 10. PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 2026-2030 1. Índice 1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa 3. Siglas y acrónimos 4. Presentación 5. Fundamento normativo 6. La innovación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 7. Ecosistema Nacional de Innovación: avances, brechas y desafíos 8. Rol estratégico de las alianzas para el desarrollo y la innovación tecnológica 9. Objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Innovación 2026-2030 10. Articulación con instrumentos de política nacional 11. Indicadores y metas 12. Conclusiones 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo. 3. Siglas y acrónimos CHTI Ciencia, Tecnología e Innovación CPI Centros Públicos de Investigación (Incluye a los Centros Públicos de Investigación coordinados por la SECIHTI, institutos nacionales de salud y Laboratorios Nacionales) CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos EFIDT Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología IDE Investigación Científica y Desarrollo Experimental IES Instituciones de Educación Superior IIDT Indicador de Impulso al Desarrollo Tecnológico LGHCTI Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual PIB Producto Interno Bruto PND 2025-2030 Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 PNI 2026-2030 Programa Nacional de Innovación 2026-2030 PEMHCTI 2026-2030 Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030 PSCHTI 2025-2030 Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025-2030 SECIHTI Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación SNHCTI Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 598 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 4. Presentación El Programa Nacional de Innovación 2026-2030 (PNI 2026-2030) constituye un instrumento de política pública estratégico para el desarrollo integral de nuestra nación. Este documento, concebido como un anexo del Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030 (PEMHCTI 2026-2030), ha sido elaborado como la hoja de ruta que orientará los esfuerzos y las inversiones en materia de innovación en México. Su elaboración responde a la imperante necesidad de consolidar un ecosistema de innovación robusto, dinámico y equitativo, capaz de transformar los desafíos nacionales en oportunidades de desarrollo sostenible, el bienestar social y la independencia tecnológica. Por medio de este programa, se busca establecer un marco coherente que articule la visión y las acciones de los diversos actores involucrados: el sector gubernamental, la academia, la iniciativa privada y la sociedad civil, en consonancia con los objetivos del programa del cual forma parte. A lo largo de sus secciones, el PNI 2026-2030 aborda el fundamento normativo que lo sustenta, realiza un diagnóstico exhaustivo del ecosistema de innovación actual —identificando avances significativos, así como brechas y desafíos persistentes— y enfatiza el rol estratégico de las alianzas colaborativas como motor de desarrollo tecnológico. Asimismo, define objetivos claros, estrategias innovadoras y acciones concretas orientadas a impulsar el emprendimiento, la transferencia de conocimiento, el fomento de redes de colaboración y el desarrollo del talento humano. Con la implementación de este programa, México aspira a potenciar su capacidad innovadora, generando soluciones de alto impacto que contribuyan al crecimiento económico, la inclusión social y la competitividad global, consolidando la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación (CHTI) como bienes comunes estratégicos para el progreso compartido. 5. Fundamento normativo El artículo 3o., fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce que todas las personas tienen derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Esta disposición guarda coherencia con el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reafirmando el carácter universal de este derecho. En este sentido, el acceso a la ciencia y la innovación no se limita a un beneficio abstracto, sino que guarda una relación directa con otros derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación, la información, la participación ciudadana, así como a recursos vitales como el agua y la biodiversidad. En alineación con lo antes expuesto, corresponde al Estado fomentar el desarrollo de la investigación en los ámbitos científico, humanístico y tecnológico, así como garantizar el acceso público a la información y resultados derivados de dichas actividades. Para cumplir con esta obligación, deberá destinar recursos suficientes y establecer mecanismos de coordinación, vinculación y participación conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable. En atención a este mandato, la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) establece los objetivos, principios y fundamentos para el diseño y ejecución de las políticas públicas en la materia, así como los mecanismos de fomento, financiamiento y articulación institucional. El artículo 11, fracción VI, de dicha Ley reconoce a la innovación como un proceso social orientado a encontrar soluciones a problemáticas complejas que no pueden ser resueltas con fórmulas tradicionales, conocimiento convencional o procedimientos estandarizados. Su finalidad es responder de manera eficaz y sostenible a necesidades colectivas, en atención al interés público nacional. Asimismo, el artículo 17 de la referida Ley establece que el programa especial deberá contener el Programa Nacional de Innovación. La normativa también promueve la generación y aplicación de conocimientos orientados a crear o mejorar productos, servicios, procesos y modelos de gestión. Estas acciones buscan elevar el bienestar social y económico del país, impulsar el desarrollo industrial con respeto ambiental, mejorar el desempeño institucional del sector público y fortalecer la competitividad de los sectores social y privado de la economía. Todo ello en un marco que fomente la articulación intersectorial y la responsabilidad ética y ambiental. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 599 En congruencia con estas disposiciones, el Reglamento Interior de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) establece que la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación tiene a su cargo la coordinación, diseño e implementación de estrategias orientadas a promover la ciencia aplicada, el desarrollo y la innovación tecnológica con enfoque social, territorial y sostenible. Entre sus responsabilidades se encuentran el impulso a la vinculación interinstitucional entre los sectores académico, productivo, social y gubernamental, así como el fortalecimiento de las capacidades nacionales en investigación, transferencia tecnológica, emprendimiento y conformación de empresas de base científica y tecnológica. Además, la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación articula programas para mejorar la calidad de la investigación aplicada, asegurar el acceso abierto al conocimiento y garantizar la disposición social de sus beneficios. La Subsecretaría también promueve mecanismos de estímulo fiscal e inversión privada en innovación, coordina acciones para el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica y fomenta la inclusión de poblaciones subrepresentadas en los programas y convocatorias bajo su responsabilidad. Asimismo, participa en la evaluación y mejora de políticas públicas en la materia y colabora con otros niveles de gobierno y actores estratégicos para consolidar un ecosistema de innovación orientado al desarrollo nacional. A su vez, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND 2025-2030) establece que la innovación es un componente estratégico para que México consolide su aspiración de convertirse en una potencia tecnológica. Este objetivo implica la creación de un programa tecnológico orientado al desarrollo nacional y a la conformación de un ecosistema científico y tecnológico capaz de impulsar el crecimiento económico, fortalecer la seguridad nacional y reducir la dependencia del exterior en sectores clave. Ante el estancamiento de la competitividad global y la baja participación nacional en el registro de patentes, el PND 2025-2030 señala la necesidad de recuperar la rectoría del Estado en la planeación económica mediante políticas que fortalezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas, acompañadas por un impulso a la banca de desarrollo y a la innovación tecnológica. La innovación, en este marco, se convierte en una herramienta para diversificar las opciones laborales y económicas con enfoque territorial, inclusión social y sustentabilidad. En este mismo sentido, el Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025-2030 (PSCHTI 2025-2030) plantea estrategias que orientan al fortalecimiento del ecosistema nacional de tecnología e innovación mediante la implementación de mecanismos que fomenten la vinculación entre sus distintos actores, con el propósito de facilitar el financiamiento conjunto, la transferencia de conocimientos y el escalamiento de desarrollos tecnológicos. Asimismo, se promueve la creación de procesos eficaces de transferencia tecnológica dentro de las instituciones dedicadas a la generación de conocimiento, con la finalidad de transformar los avances científicos y tecnológicos en soluciones concretas que beneficien a la sociedad. De igual forma, se contempla la emisión de instrumentos de política pública que impulsen la protección del conocimiento y el fortalecimiento de la inventiva, contribuyendo al aumento de solicitudes de propiedad intelectual y consolidando así un entorno más dinámico y estratégico para la innovación en el país. Derivado de todo lo anterior, se reconoce la relevancia de que el PNI 2026-2030 logre articular los esfuerzos, desde la investigación hasta la innovación aplicada, incentivando la colaboración de todos los sectores involucrados para traducir el conocimiento en soluciones que abonen al desarrollo nacional y al bienestar colectivo. 6. La innovación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 México actualmente enfrenta desafíos estructurales, rezagos históricos y transformaciones tecnológicas aceleradas; por ello, la innovación adquiere un papel estratégico en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo para México. Más allá de su asociación con la competitividad, la innovación se entiende como un medio para garantizar el bienestar colectivo, la equidad social, la autonomía tecnológica y la sustentabilidad ambiental. Por lo anterior, el país ha asumido el objetivo de fortalecer su capacidad científica, tecnológica y de innovación, mediante la construcción de un ecosistema funcional que vincule ciencia y tecnología con el desarrollo nacional. Este propósito requiere transformar las capacidades existentes y generar condiciones institucionales, económicas y sociales que favorezcan el desarrollo de soluciones aplicables a los desafíos nacionales. 600 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Durante las últimas décadas, las políticas públicas en CHTI estuvieron orientadas a la productividad y a responder a requerimientos de mercado, dejando en segundo plano necesidades sociales, ambientales y estratégicas. Esta orientación redujo la capacidad nacional de investigación y producción tecnológica, limitando la infraestructura científica e incrementando la dependencia del exterior. Revertir esta tendencia implica desarrollar sectores clave como la energía, la electromovilidad, la vigilancia marítima, el desarrollo sustentable, entre otros, con un enfoque que promueva la independencia tecnológica. Es por ello que la innovación debe contribuir a resolver problemas concretos, cerrar brechas y construir un futuro equitativo y sostenible. También se plantea recuperar el papel del Estado en la planeación económica a través de políticas que fortalezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta estrategia debe coordinarse con el desarrollo y maduración tecnológica, el acceso al financiamiento público y el respaldo de la banca de desarrollo, con el objetivo de consolidar un sector productivo nacional sólido y competitivo. Asimismo, la transferencia de conocimiento y tecnología se debe visualizar como un eje articulador, al ser la herramienta que permite que hallazgos científicos, conocimiento y propiedad intelectual pasen de las instituciones generadoras a los usuarios públicos y privados, generando respuestas e intervenciones sociales. Contar con una política orientada a fortalecer la inventiva, proteger el conocimiento y facilitar su transferencia es fundamental para integrar el desarrollo tecnológico al crecimiento nacional. Esto exige la articulación entre sectores y la implementación de acciones que aseguren su efectividad. Entre estas acciones se incluyen de manera enunciativa, más no limitativa:  Vinculación entre actores clave: generación de mecanismos que conecten universidades, centros de investigación, empresas, dependencias gubernamentales, así como sociedad civil.  Apoyo al emprendimiento de base científica y tecnológica: creación de esquemas de incubación, financiamiento y herramientas para comercializar conocimiento.  Impulso a la transferencia tecnológica: promoción del licenciamiento, cesión de derechos y maduración de tecnologías antes de su integración al entorno productivo o institucional.  Protección del conocimiento: fortalecimiento de capacidades institucionales en propiedad intelectual y divulgación sobre sus beneficios. En ese sentido, una política de innovación con visión territorial, intersectorial e internacional resulta estratégica. Diversos organismos internacionales, como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros, han señalado que la innovación es esencial para fomentar el crecimiento económico sostenido, atender desafíos ambientales y sanitarios, reducir desigualdades y generar empleo de calidad. Se ha observado que no necesariamente se requieren grandes volúmenes de inversión para lograr resultados: la claridad estratégica, la institucionalidad y la coordinación son elementos clave. Algunos países han logrado desarrollar capacidades significativas con recursos limitados, gracias a políticas que priorizan la articulación entre sectores, la inversión en talento y la transferencia de conocimiento. Esta visión propone el uso eficiente de los recursos disponibles y un enfoque orientado a necesidades específicas.25 Impulsar una política nacional de innovación eficaz requiere transformar estructuras, dinámicas y formas de coordinación dentro del ecosistema de innovación. Se necesita construir una base que permita identificar prioridades, consolidar capacidades, articular proyectos intersectoriales y promover una cultura de colaboración. La innovación debe asumirse como una estrategia para ampliar derechos, facilitar el acceso a soluciones y contribuir a un desarrollo económico y sustentable más equitativo. La ciencia y la tecnología deben orientarse al beneficio social, con una perspectiva incluyente y sostenible. Así, esta se convierte en un componente esencial para asegurar el derecho a un futuro con mayores oportunidades. La política nacional de innovación debe generar condiciones para que el conocimiento se traduzca en soluciones prácticas, con impacto colectivo. 25 Adrià Tuneu Puig (2024). Innovación frugal: Hacer más con menos, Universidad Oberta de Catalunya, disponible en: https://blogs.uoc.edu/mel/es/innovacion-frugal-hacer-mas-con-menos/ Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 601 7. Ecosistema Nacional de Innovación: avances, brechas y desafíos El ecosistema nacional de innovación de un país comprende el conjunto de instituciones y organizaciones pertenecientes a los sectores social, público y privado, que interactúan y establecen redes de colaboración complejas, tanto a nivel local, regional e incluso nacional, como con actores fuera de sus fronteras, para intercambiar conocimiento y recursos que permiten el desarrollo y aprovechamiento de nuevos avances científicos y tecnológicos para la innovación. Lo anterior da lugar a nuevos o mejores procesos, bienes y servicios disponibles en el mercado que contribuyen al desarrollo económico, tecnológico y social de la nación. Además, este concepto también comprende el conjunto de normativas, leyes, políticas y sistemas existentes en el país que inciden en la actividad de innovación.26 En México, el ecosistema nacional de innovación lo conforman empresas, cámaras industriales, asociaciones civiles y de profesionales, universidades, centros de investigación, instituciones gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal, instituciones financieras, organismos reguladores, entidades articuladoras o intermediarios de tecnología como las incubadoras, aceleradoras u oficinas de transferencia de tecnología, organizaciones no gubernamentales, entre otros actores, cuyas interacciones en materia de desarrollo de tecnología e innovación se han caracterizado por ser escasas o poco eficientes. Desde hace más de una década, en el ecosistema nacional persisten las necesidades de fortalecer la cultura de innovación y estimular una mayor inversión en actividades de Investigación Científica y Desarrollo Experimental (IDE) por parte del sector empresarial. También persiste la necesidad de aumentar las capacidades para la IDE en el sector académico y de investigación, alineado con necesidades y problemáticas reales, de incrementar sus vínculos con la industria, así como de transitar los servicios tecnológicos y de capacitación técnica de los centros de investigación hacia actividades colaborativas más complejas e intensivas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Por su parte, desde los sistemas público, regulatorio y financiero, persiste la necesidad de hacer más eficiente la implementación de las políticas, normativas e iniciativas para la innovación, incrementar el alcance de su difusión, así como facilitar e incrementar la disponibilidad de recursos para incentivar la innovación.27 Hoy en día, a pesar de los avances y de que ha mejorado la adopción de las actividades de innovación entre los distintos actores, resulta indispensable continuar realizando esfuerzos coordinados desde los distintos sectores para consolidar el ecosistema nacional de innovación del país, sobre todo en aquellas áreas en las que persisten retos importantes. De acuerdo con datos del Índice Global de Innovación (GII por sus siglas en inglés), publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2024, México se ubicó en la posición 56 respecto de un total de 133 economías analizadas, ascendiendo dos posiciones con respecto al año anterior y manteniendo el tercer lugar en la región de América Latina y el Caribe, detrás de Chile y Brasil, que ocupan el segundo y el primer lugar respectivamente. Cabe destacar que, en contraste con Chile y México, países que en la última década se han mantenido como líderes en innovación en la región, Brasil ha experimentado un ascenso sostenido en los últimos años, pasando de la posición 66 en 2019 a la posición 50 en 2024, con fortalezas en indicadores del GII en materia de IDE, absorción de conocimiento, activos intangibles de las empresas, entre otros. 26 García Fuentes (2017). The Regional Innovation Systems Approach: A Critique of Its Application in Mexico, disponible en: https://www.researchgate.net/publication/320610783_The_Regional_Innovation_Systems_Approach_A_Critique_of_Its_Application_in_Mexico. 27Ortiz Cantú y Pedroza Zapata (2006). ¿Qué es la Gestión de la Innovación y la Tecnología? Journal of Technology Management & Innovation, disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84710206. 602 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Gráfica 1. Posición de México en el GII (2014 - 2024) Fuente. OMPI. Índice Global de Innovación 2014-2024. Disponible en: https://www.wipo.int/publications/es/series/index.jsp?id=129 . Para la correcta interpretación de los datos, se recomienda consultar la edición correspondiente a cada año. Cabe destacar que, en contraste con Chile y México, países que en la última década se han mantenido como líderes en innovación en la región, Brasil ha experimentado un ascenso sostenido en los últimos años, pasando de la posición 66 en 2019 a la posición 50 en 2024, con fortalezas en indicadores del GII en materia de IDE, absorción de conocimiento, activos intangibles de las empresas, entre otros.28 Por su parte, aunque México mejoró su posición en 2024, del análisis de los distintos indicadores que componen el GII, se destaca la importancia de fortalecer aquellos más estrechamente relacionados con las actividades de ciencia, humanidades, tecnología e innovación, como el gasto bruto en IDE como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) (en el que nuestro país ocupa la posición 80), investigadores de tiempo completo por millón de habitantes (posición 80), publicaciones de investigación con coautoría público-privada como porcentaje de todas las publicaciones de investigación (posición 108), artículos científicos y técnicos (posición 104), colaboración universidad-industria en IDE (posición 74), así como en los indicadores en materia de protección de la propiedad intelectual como familias de patentes (posición 80), patentes por origen (solicitudes de patentes presentadas por residentes en México) (posición 89), patentes solicitadas a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés) (posición 76), diseños industriales por origen (posición 80), entre otros.28 Para lo anterior, si bien la SECIHTI funge como ente coordinador de este sector, es fundamental el esfuerzo compartido y articulado entre los distintos actores que conforman el ecosistema nacional de innovación del país, interactuando y aportando cada uno desde sus distintos ámbitos de acción, los conocimientos, recursos e insumos necesarios para promover la generación de nuevos avances y desarrollos que detonen los procesos de innovación. Ejemplo de lo anterior es la importancia de promover la inversión en IDE, no solo incrementando el presupuesto año con año para financiar estas actividades desde el sector público, sino también incentivando fuertemente la participación del sector privado, pues durante décadas, el sector público ha sido la principal entidad encargada de la inversión en este rubro.29 En consideración de lo anterior, es de suma importancia promover la conformación de asociaciones y redes de colaboración que propicien las actividades de IDE conjuntas, incrementando no solo las oportunidades para generar nuevas tecnologías, productos y servicios que alcancen el éxito en el mercado, sino también para atender problemáticas y necesidades persistentes en el país que contribuyan a mejorar el bienestar de la población en México. 28 OMPI (2024). Índice Global de Innovación 2024, disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2024-en-global- innovation-index-2024-17th-edition.pdf. 29 Vilchis Flores y Merritt Tapia (2024). El papel del Estado en el desarrollo científico y tecnológico de México, Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, vol. 55, núm. 219, disponible en https://www.probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/70211/62888 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 603 8. Rol estratégico de las alianzas para el desarrollo y la innovación tecnológica En un contexto global caracterizado por la aceleración tecnológica, la transformación digital y la transición hacia una economía basada en el conocimiento, la innovación tecnológica se consolida como un factor estratégico para el desarrollo económico sostenible y la competitividad global.30 En este sentido, los países que han invertido en fortalecer sus infraestructuras y capacidades científico-tecnológicas muestran mayores niveles de autosuficiencia, resiliencia y generación de valor agregado en sus economías, lo que les permite un mejor posicionamiento a nivel mundial. México se enfrenta a la oportunidad de fortalecer su soberanía tecnológica, transitando de una economía dependiente de manufactura de bajo valor a un modelo basado en innovación y cadenas de suministro estratégicas, tomando como base la CHTI. El PND 2025-2030 reconoce a la CHTI como eje transversal para lograr prosperidad compartida, equidad regional y vinculación internacional competitiva. Bajo este enfoque, las alianzas estratégicas surgen como el mecanismo operativo que conecta la generación de conocimiento con su aplicación práctica para resolver desafíos prioritarios nacionales, a través de la identificación y vinculación de los actores clave (gobierno, academia, empresas y sociedad civil) necesarios para impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país. A través del PNI 2026-2030 se busca impulsar la consolidación de alianzas estratégicas entre gobierno, academia y la iniciativa privada para fomentar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación tecnológica, orientados a resolver problemas nacionales prioritarios o realizar intervenciones sociales, mediante soluciones prácticas de corto y mediano plazo, fortaleciendo la autosuficiencia tecnológica, la relocalización productiva, la transferencia de conocimiento y la generación de empleos de calidad, en coherencia con los principios de prosperidad compartida, equidad territorial y sostenibilidad ambiental establecidos en el Plan México y el PND 2025-2030. 8.1. Colaboración internacional: experiencias de alianzas para impulsar la innovación tecnológica Diversos países han consolidado modelos de alianzas estratégicas entre gobierno, industria y academia para impulsar la innovación, fortalecer la competitividad y responder a desafíos tecnológicos y sociales. En Estados Unidos de América, destaca el caso de los Consorcios Tecnológicos de Innovación como la “Semiconductor Research Corporation (SRC)” y la “Manufacturing USA Network”, que integran universidades, empresas líderes y agencias federales para desarrollar soluciones avanzadas en semiconductores, manufactura digital y nanotecnología.31 Por su parte, en Canadá se consolidó la “Superclusters Initiative” que articula nodos industriales regionales con universidades, pequeñas y medianas empresas (PYMES) para codesarrollar tecnologías emergentes como inteligencia artificial, biofarmacéutica y tecnologías limpias.32 En Europa, los clústeres de innovación y las Plataformas Tecnológicas Europeas (ETP por sus siglas en inglés), junto con programas como “Horizon Europe”, impulsan proyectos colaborativos transnacionales que desarrollan soluciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cabe destacar que, México a través del antes CONACYT participó en Horizonte Europa a través de un mecanismo llamado "Puerta Horizonte Europa", con el cual se financió la participación de entidades nacionales en proyectos de investigación e innovación en el marco del programa europeo. Por otro lado, la “European Cluster Collaboration Platform” (ECCP) ha reportado más de 1,200 clústeres activos en sectores de energía renovable, movilidad inteligente y biotecnología.33 Latinoamérica también aporta casos relevantes: Brasil avanza en biotecnología agrícola y energías limpias con redes público-privadas, mientras que en Chile se promueve la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde mediante la formación y colaboración entre consorcios estatales, empresas energéticas y universidades en materia de energías limpias.34 30 OECD (2022). Science, Technology and Innovation Outlook, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-science-technology- and-innovation-outlook_25186167.html 31 National Network for Manufacturing Innovation (2021). Manufacturing USA. Report to Congress FY 2021, disponible en: https://www.manufacturingusa.com/. 32 Gobierno de Canadá (2022). Global Innovation Clusters, disponible en: https://ised-isde.canada.ca/site/global-innovation-clusters/en 33 Comisión Europea (2023). Cluster policy, disponible en: https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/cluster-policy_en 34 OECD (2022). Science, Technology and Innovation Outlook, disponible en: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-science-technology- and-innovation-outlook_25186167.html 604 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estas experiencias internacionales confirman que la coinversión gubernamental y de la iniciativa privada en la innovación generada por la academia, desde las universidades y Centros Públicos de Investigación (CPI), son factores clave para traducir el conocimiento en soluciones competitivas. A partir de esto, México adapta aprendizajes para consolidar alianzas que respondan a retos estratégicos enfocados en alcanzar la soberanía tecnológica y la equidad territorial. En este marco, el Gobierno de México, bajo el liderazgo de la Presidenta, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y a través de la SECIHTI se impulsa una visión que entiende la CHTI como bienes comunes estratégicos, base para la prosperidad compartida y el bienestar de la sociedad. Para esto, busca establecer alianzas estratégicas mediante vinculaciones exitosas que permitan la innovación pública, la transferencia de conocimiento y la apropiación social de la ciencia, garantizando que el desarrollo tecnológico llegue a todas las regiones del país y beneficie a la población de forma equitativa. Antes de 2019, la política de innovación mexicana mostraba fragmentación, debilidad en mecanismos de transferencia tecnológica y escasa coordinación interinstitucional. Los recursos públicos destinados a ciencia y tecnología frecuentemente se canalizaban a grandes corporativos sin evidencia de retorno social ni protección de propiedad intelectual para el Estado. Asimismo, la débil cultura de innovación y la baja inversión privada en IDE limitaban la generación de patentes, la transferencia a empresas y la vinculación academia-iniciativa privada. Estas carencias se traducían en baja complejidad tecnológica en sectores económicos clave como el automotriz, farmacéutico y agroindustrial. Con la implementación de un modelo nacional de innovación, México inició un cambio de paradigma: de un esquema de apoyos fragmentados a una estrategia centrada en la vinculación entre el gobierno, academia, empresas y sociedad civil, con respeto al medio ambiente, enfocada en la recuperación de la soberanía científica y tecnológica. Entre los principales logros se encuentran: 1) el registro de figuras de propiedad intelectual en cotitularidad del Estado, las cuales incluyen patentes, modelos de utilidad y diseños industriales y 2) el impulso a proyectos de desarrollo de vacunas, dispositivos médicos, electromovilidad, seguridad nacional y bioinsumos que demostró que en México es posible pasar de prototipos a la producción a escala industrial en poco tiempo, así como la consolidación de infraestructura y capacidades nacionales para la transformación del conocimiento en soluciones reales. A pesar de estos avances, se ha identificado la persistencia de los siguientes retos, los cuales sientan las bases para el impulso renovado que plantea el PND 2025-2030, ya que es necesario fortalecer la cultura de protección de la propiedad intelectual desde etapas tempranas; vincular de forma más profunda la innovación con cadenas de valor regionales; asegurar que la transferencia tecnológica llegue a PYMES y comunidades locales, así como elevar la participación de capital privado directo en investigación aplicada. Para el logro de los objetivos del Plan México35 y el PND 2025-2030, es necesaria la consolidación de la vinculación y de alianzas estratégicas entre el gobierno, academia, iniciativa privada y sociedad civil. El Gobierno lidera la coordinación estratégica y coinvierte, asegurando la adecuada protección del conocimiento que garantice la reinversión en beneficio de la sociedad; la academia forma talento y genera ciencia básica y aplicada, desarrollo de tecnología e innovación; la iniciativa privada cofinancia, escala y comercializa; y la sociedad civil legitima procesos y ayuda a identificar prioridades territoriales. En este sentido, el PND 2025-2030 busca fortalecer la gobernanza multinivel, articulando capacidades federales, estatales y municipales para el desarrollo de proyectos nacionales prioritarios de alto impacto. De ahí que sea necesaria la articulación de programas de formación de talento especializado vinculado a sectores estratégicos como semiconductores, energías renovables, inteligencia artificial, salud y soberanía alimentaria. Paralelamente, se enfoca en el impulso de redes de transferencia tecnológica, plataformas digitales compartidas y convenios interinstitucionales para acelerar la escalabilidad de tecnologías maduras producidas en el país. 35 Gobierno de México. Plan México (2024). Estrategia de Desarrollo económico equitativo y sustentable para la prosperidad compartida, disponible en: https://www.planmexico.gob.mx/. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 605 El fortalecimiento de las alianzas público-privadas, la relocalización productiva y la reindustrialización con contenido nacional son metas planteadas en el Plan México para incrementar la participación de insumos y procesos mexicanos en sectores estratégicos y de impacto económico a nivel internacional como el automotriz eléctrico, aeroespacial, biofarmacéutico y semiconductores. Por lo que se proyecta entre otras cosas, la creación de parques industriales y Polos de Bienestar, conectados a corredores logísticos como el Istmo y el Golfo; el desarrollo de programas como IMMEX 4.036 que modernizan manufactura avanzada con certificación de estándares internacionales, las alianzas con empresas tractoras para sustituir importaciones estratégicas, así como la ventanilla Única Digital de Inversiones para agilizar trámites y contratos con prioridad de 50% de contenido nacional en compras públicas.35 Respecto a la formación de talento especializado y vinculación entre la academia-industria, el PND 2025- 2030 indica que a través del Plan México se establece entre sus metas -150 mil nuevos profesionistas y técnicos anuales-, con enfoque en sectores estratégicos. Además, se busca el fortalecimiento de esquemas de educación dual, prácticas profesionales y certificación de competencias en donde las universidades, institutos tecnológicos y CPI desempeñan un rol clave. Por otra parte, entre los principales desafíos identificados para el fortalecimiento de alianzas estratégicas, se encuentran la consolidación de marcos normativos claros para la propiedad intelectual compartida, el fortalecimiento de la gobernanza interinstitucional para evitar duplicidades, medir el impacto de las alianzas con indicadores claros (identificación de casos de éxito), impulsar indicadores que midan el impacto de desarrollos tecnológicos e innovaciones nacionales a nivel económico, social y ambiental (programa de monitoreo y evaluación), y por último, cerrar brechas regionales con Polos de Innovación bien articulados. Para que las alianzas estratégicas en materia de innovación y tecnología sean sostenibles y escalables, se plantea un conjunto de estrategias orientadas a fortalecer la cooperación entre sectores y a potenciar el impacto de los proyectos prioritarios. Por lo anterior, se propone ampliar los incentivos fiscales vinculados a los resultados de transferencia tecnológica, así como crear instrumentos de financiamiento mixtos público-privados que impulsen el desarrollo de iniciativas alineadas con las prioridades nacionales. Asimismo, se busca expandir el modelo de educación dual a todo el sistema técnico y tecnológico del país, con el fin de fortalecer la vinculación entre la formación académica y las necesidades del sector productivo. También se plantea el fortalecimiento de plataformas digitales, como observatorios especializados, que permitan compartir datos, diseños y prototipos de manera abierta y colaborativa. La conformación de consejos consultivos intersectoriales con la participación de representantes del ámbito empresarial, académico y social, será clave para orientar la toma de decisiones. Además, se propone fomentar una participación activa en consorcios internacionales y acuerdos de cooperación técnica que fortalezcan las capacidades nacionales. Finalmente, se subraya la importancia de publicar informes anuales de resultados de manera abierta, en apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas. El fortalecimiento de las alianzas estratégicas entre el Gobierno de México, la academia, la iniciativa privada y la sociedad civil contribuirá a la consolidación de México como potencia científica, tecnológica, competitiva y socialmente justa, con la innovación nacional como palanca de equidad y bienestar. 36 El Programa IMMEX 4.0 forma parte de una estrategia nacional orientada a modernizar y digitalizar los mecanismos de operación aduanera y fiscal de las empresas exportadoras, especialmente aquellas con certificación IVA e IEPS. Este rediseño no solo responde a necesidades internas de control y simplificación, sino también a la exigencia de alinear los procesos mexicanos con estándares internacionales en materia de trazabilidad, automatización, transparencia y facilitación comercial, disponible en: https://www.stratego- st.com/articulos-especializados/immex-4-0/ 606 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 9. Objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Innovación 2026-2030 La SECIHTI se coordinará con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, mediante los instrumentos interinstitucionales que resulten necesarios para la adecuada implementación de las líneas de acción previstas en el presente Programa. Objetivo 1. Promover el emprendimiento, la maduración, el escalamiento y la adopción de tecnologías prioritarias mediante el fortalecimiento de capacidades, el impulso a esquemas de colaboración entre actores estratégicos del ecosistema de innovación y la articulación de mecanismos de apoyo técnico, financiero y normativo, para impulsar la soberanía en la materia. 1.1 Impulsar el desarrollo, maduración y escalamiento de tecnologías prioritarias en sectores estratégicos del país, a fin de fortalecer la soberanía tecnológica y contribuir al bienestar social y económico de la población Líneas de acción 1.1.1 Implementar esquemas de financiamiento, cofinanciamiento y estímulos fiscales durante el periodo 2026-2030, a través de convocatorias públicas orientadas a la maduración y escalamiento de tecnologías prioritarias. 1.1.2 Fortalecer las capacidades de IDE en el corto plazo mediante programas de formación, acceso compartido a infraestructura científica y tecnológica, y servicios de gestión de propiedad intelectual, entre las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación. 1.1.3 Desarrollar programas de incubación y aceleración durante este sexenio, mediante alianzas con instituciones académicas, centros de investigación y organismos de desarrollo empresarial que incidan en la creación y consolidación de empresas de base científica y tecnológica. 1.2 Identificar, monitorear y priorizar desarrollos tecnológicos clave en regiones y sectores estratégicos del país, con el propósito de orientar las políticas públicas y recursos hacia áreas de alto impacto tecnológico, económico y social. Líneas de acción 1.2.1 Desarrollar estudios de diagnóstico y prospectiva tecnológica durante 2026-2030, mediante observatorios y plataformas colaborativas que generen información estratégica para la atención de problemáticas nacionales prioritarias. 1.2.2 Fortalecer en el corto plazo la evaluación de tecnologías en etapas intermedias y avanzadas de maduración, con base en metodologías estándar y mecanismos de validación técnico con los sectores. Objetivo 2. Fomentar redes colaborativas de innovación entre sectores clave mediante la identificación de capacidades, la articulación de agendas comunes y la promoción de espacios de vinculación multisectorial, que integren a la academia, la industria y el gobierno, con el fin de potenciar la generación de soluciones de desarrollo e innovación tecnológica y fortalecer el ecosistema nacional de innovación. 2.1. Fortalecer y crear redes de colaboración entre actores de los sectores público, privado y social que permitan articular capacidades y recursos a través de proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico e innovación para abordar problemáticas y retos comunes de interés nacional. Líneas de acción 2.1.1 Realizar la identificación y diagnóstico de instituciones académicas y de investigación, empresas y entidades gubernamentales que permita comprender sus capacidades, atribuciones y necesidades para identificar ámbitos de acción en común alineados con prioridades nacionales. 2.1.2 Diseñar e implementar foros temáticos y encuentros sectoriales entre actores clave del ecosistema que permitan el intercambio de conocimiento y la creación de vínculos que faciliten la conformación de grupos de trabajo multidisciplinarios e interinstitucionales para propiciar la innovación. 2.1.3 Promover incentivos fiscales y mecanismos de financiamiento que estimulen la participación e inversión de instituciones públicas y organizaciones privadas en proyectos colaborativos para la maduración y el escalamiento de tecnologías prioritarias. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 607 2.2 Promover la articulación de consorcios y la conformación de alianzas público-privadas que faciliten el uso compartido y el aprovechamiento mutuo de capacidades, infraestructura y recursos entre los actores del ecosistema para propiciar el desarrollo tecnológico y la innovación. Líneas de acción 2.2.1 Propiciar la consolidación de acuerdos y convenios que promuevan esquemas de colaboración entre Centros de Investigación e Instituciones de Educación Superior con actores del sector productivo público y privado para facilitar el intercambio de conocimiento, desarrollo de talento y mejores prácticas. 2.2.2 Impulsar programas para el acceso a infraestructura y laboratorios especializados de forma compartida entre actores, optimizando recursos y potenciando la investigación que permita generar conocimiento, desarrollo tecnológico y publicaciones científicas con coautoría público-privada. Objetivo 3. Impulsar la participación social y el desarrollo de talento nacional mediante la promoción de programas de formación especializada, así como la generación de entornos propicios para la inclusión y la colaboración, para contribuir en los procesos de desarrollo e innovación tecnológica nacionales. 3.1 Generar mecanismos que fomenten la participación social en el desarrollo de soluciones tecnológicas en zonas con rezago o vocaciones estratégicas, con el fin de impulsar la innovación tecnológica orientada al bienestar. Líneas de acción 3.1.1 Establecer plataformas y programas en el corto plazo, mediante convocatorias abiertas y el establecimiento de espacios colaborativos que involucren a la academia, gobierno y sector productivo en la identificación de problemáticas y la co-creación de soluciones tecnológicas. 3.1.2 Impulsar proyectos de innovación abierta y desafíos tecnológicos, a través de alianzas con los gobiernos locales, entidades académicas, el sector productivo y la sociedad, para generar soluciones con impacto directo en sus entornos. 3.2 Fortalecer el talento nacional y la apropiación social del conocimiento en comunidades académicas, científicas y productivas del país, con el propósito de impulsar una cultura de desarrollo e innovación tecnológica. Líneas de acción 3.2.1 Crear programas de capacitación especializados, mediante vinculaciones con instituciones educativas, centros de investigación y organismos empresariales, en vigilancia tecnológica, comercialización de tecnología, emprendimiento de base científica y protección de la propiedad intelectual. 3.2.2 Promover la participación de estudiantes y recién egresadas y egresados en esquemas de educación dual, a través de pasantías, estancias y desarrollo de tesis en colaboración con en el sector productivo y la academia. 3.2.3. Desarrollar metodologías y herramientas de apropiación social del conocimiento científico y tecnológico, mediante contenidos divulgativos, actividades interactivas y materiales adaptados a diferentes audiencias y necesidades. 3.2.4. Fortalecer los programas académicos de educación superior en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como en áreas de innovación y emprendimiento, incluyendo el desarrollo de habilidades tecnológicas emergentes. 3.2.5. Fomentar la movilidad estudiantil y de investigadoras e investigadores a nivel nacional e internacional, a través de convenios de colaboración y redes académicas que favorezcan el intercambio de conocimiento y experiencias en entornos de innovación. 608 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivo 4. Fortalecer la transferencia y el licenciamiento del conocimiento hacia los sectores productivo y social mediante el impulso a mecanismos de protección intelectual, esquemas de colaboración público-privada, y el acompañamiento técnico para la evaluación de resultados de investigación, con el propósito de transformar el conocimiento en soluciones aplicadas que detonen innovación, productividad y bienestar social. 4.1 Incentivar e implementar mecanismos que propicien la maduración y escalamiento de tecnologías desarrolladas por nacionales, que permita facilitar su transferencia desde el sector académico y de investigación hacia los sectores público, social y privado para atender prioridades en alineamiento con sectores y temáticas de interés nacional. Líneas de acción 4.1.1 Establecer instrumentos de vinculación robustos entre el sector público, académico y privado para co- financiar y promover el desarrollo conjunto, la protección de la propiedad intelectual y el emprendimiento de base tecnológica. 4.1.2 Diseñar e implementar mecanismos para diversificar las fuentes de financiamiento público-privado que impulsen el desarrollo tecnológico y la innovación. 4.1.3 Coordinar con entes públicos la participación intersecretarial para el diseño e implementación de lineamientos e instrumentos normativos que faciliten y agilicen la transferencia de tecnología. 4.1.4 Implementar y promover diversas modalidades de transferencia de tecnología, incluidas actividades de IDE conjuntos y la creación de unidades de negocio que propicien su escalamiento a nivel industrial y posterior comercialización. 4.2 Implementar iniciativas de política pública que promuevan la protección y difusión del conocimiento de nuevos avances científicos y desarrollos tecnológicos de investigadoras e investigadores y tecnólogas y tecnólogos nacionales que faciliten su posterior transferencia e implementación para abordar desafíos y retos nacionales. Líneas de acción 4.2.1 Emitir convocatorias y fondos específicos para financiar la protección de la propiedad intelectual de tecnologías nacionales de investigadores, emprendedores, MiPymes, instituciones académicas y de investigación que faciliten su transferencia e implementación. 4.2.2 Realizar campañas de difusión, foros y vitrinas tecnológicas para dar a conocer el portafolio de tecnologías mexicanas con protección de propiedad intelectual, facilitando su transferencia y maduración. 4.2.3 Generar propuestas normativas para la regulación y promoción de la transferencia de tecnología, la gestión de la propiedad intelectual en instituciones académicas y de investigación, así como para el fomento de alianzas de carácter intersecretariales y público-privadas. 10. Articulación con instrumentos de política nacional 10.1 Coordinación con programas sectoriales La SECIHTI, como cabeza de sector, sienta las directrices en la materia para la implementación de política pública que permita el fortalecimiento de la soberanía nacional y la independencia científica y tecnológica del país, así como a la prevención, atención y solución de problemáticas nacionales, en cumplimiento a lo establecido en la LGHCTI, y conforme a las atribuciones que le son conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la SECIHTI. A efecto de hacer frente a los retos nacionales en torno al desarrollo tecnológico, científico y de innovación, en congruencia con lo establecido en el PND 2025-2030, y a través del PSCHTI 2025-2030, se han establecido objetivos, estrategias y líneas de acción orientados a reducir la dependencia tecnológica en México, a través del fortalecimiento de las capacidades nacionales y la infraestructura científica; así como a la maduración y escalamiento de tecnologías prioritarias que funjan como soluciones tecnológicas para abordar problemáticas nacionales. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 609 Por lo que se resalta la relevancia del fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la constitución de empresas de base científica y tecnológica con participación del sector público, que permitan el impulso al desarrollo científico y tecnológico del país, y coadyuven a la atención a problemáticas nacionales. Bajo este contexto, la coordinación interinstitucional para la determinación conjunta de las acciones pertinentes, eficientes y alineadas a los objetivos nacionales, permitirá que las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación redunden en el bienestar del pueblo de México, lo que se refleja en las acciones transversales previstas en los Programas Sectoriales a cargo de las dependencias responsables. La CHTI son pilares para la atención de las necesidades, problemáticas y retos contemporáneos de la sociedad mexicana, por lo que la colaboración y articulación de esfuerzos multisectoriales, a través de los Programas Sectoriales, permite la atención focalizada para el desarrollo de tecnologías estratégicas de vanguardia, así como la transferencia de tecnologías indispensables para el desarrollo integral del país, con impacto en los sectores social, económico y ambiental. A través de los Ejes Generales establecidos en el PND 2025-2030, se prevé la articulación con el sector educativo, como una palanca para el desarrollo industrial y la reconfiguración de las cadenas productivas, con el sector energético. Lo anterior por medio del desarrollo de tecnologías limpias que permitan la generación de un modelo de soberanía energética con sustentabilidad; con el sector productivo agrícola, mediante el empleo de tecnologías que aseguren la salud, nutrición y procuren la protección del medio ambiente y el uso eficiente del agua con tecnologías que reduzcan el desperdicio y promuevan la conservación del recurso; la seguridad nacional, a partir del uso de tecnología avanzada y la optimización de los métodos de inteligencia, así como el fortalecimiento de la infraestructura portuaria; entre otros sectores. 10.2 Sinergias con iniciativas regionales e internacionales La innovación, de acuerdo con el artículo 11 de la LGHCTI, se puede interpretar como un proceso social de descubrimiento o hallazgo de soluciones a problemas complejos. Los cuales, pueden ser resueltos por diversas vías y con la participación de diversos actores, con el fin de encontrar respuestas eficaces y sustentables a necesidades colectivas del público nacional. Para México, la innovación juega un papel estratégico en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo integral mediante diversos elementos, entre los que se destaca la construcción de un ecosistema funcional que vincule ciencia y tecnología con el desarrollo nacional. En este modelo, se resalta la gran importancia de desarrollar e implementar programas, proyectos específicos y acciones con la participación de los sectores público, social y privado; la vinculación con instituciones de educación superior, centros de investigación, tanto en el territorio nacional como en el extranjero; y en colaboración con actores y organismos regionales e internacionales. México busca impulsar una visión que entiende la CHTI como bienes comunes estratégicos, y trabaja en una política de innovación con visión territorial, intersectorial e internacional, la cual resulta estratégica para el bienestar colectivo, resolver problemas concretos, la autonomía tecnológica, cerrar brechas y construir un futuro equitativo y sostenible. Es así que, bajo este marco, el Gobierno de México busca impulsar y establecer vinculaciones y alianzas estratégicas que permitan la innovación pública, la transferencia del conocimiento y la apropiación social de la ciencia. En el territorio nacional, se busca transitar de una economía dependiente de manufactura de bajo valor a un modelo basado en innovación y cadenas de suministro estratégicas, tomando como base la CHTI. Es así que, en el Plan México se establecen elementos como: el incremento de la participación de insumos y procesos en sectores cruciales para el desarrollo tecnológico y la innovación, la creación de parques industriales y Polos de Bienestar, el fortalecimiento de la conexión de los corredores logísticos, alianzas con empresas tractoras, así como la modernización de la manufactura y el cumplimiento de certificaciones con estándares internacionales. Lo anterior, por medio de una política integral que permita alcanzar la autonomía y aumentar la participación en los mercados internacionales y la colaboración con iniciativas regionales e internacionales. Asimismo, en el PSCHTI 2025-2030 se establecen las estrategias que permitan el fortalecimiento del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e innovación (SNHCTI) y se plasman las acciones de la Secretaría para impulsar la investigación colaborativa, el desarrollo tecnológico y la innovación en sectores estratégicos. 610 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 En este sentido, se destaca que la colaboración internacional y el trabajo cooperativo entre los diversos sectores son importantes para fortalecer las redes y los mecanismos de cooperación que aporten a la soberanía científica, a la atención de problemas prioritarios nacionales, regionales y locales, y al aumento de las capacidades del país en CHTI. En cumplimiento con lo anterior y tras lo estipulado en la LGHCTI, se buscará promover la participación de la banca de desarrollo y organismos internacionales en el financiamiento en materia de CHTI; se formularán y ejecutarán actividades, proyectos y programas de cooperación internacional en materia de CHTI; se participará en la negociación de tratados y convenios internacionales en relación con la CHTI; se promoverá y gestionará la designación de agregadurías científicas en las embajadas del país y se actuará en los organismos o agencias internacionales de los que México sea parte, en los temas de CHTI. Adicionalmente, es importante fortalecer las colaboraciones entre naciones que busquen atender problemas prioritarios similares, con el fin de desarrollar soluciones regionales, disminuir los costos de inversión y potencializar las capacidades instaladas en los países que tengan la intención de sumar esfuerzos en la atención de problemáticas comunes. Al mismo tiempo, es pertinente la creación y el establecimiento de plataformas tecnológicas y clústeres de Innovación que permitan fomentar la interacción entre los diversos sectores y países, lo cual derive en el intercambio de conocimiento y la participación activa en materia de CHTI para encontrar aquellas soluciones a problemas comunes. 10.3 Actores estratégicos y esquemas de gobernanza del programa 10.3.1 Actores estratégicos La colaboración permite el intercambio de conocimientos y que los actores que realizan actividades científicas, de desarrollo tecnológico e innovación o que se encuentran interesados en ellas, así como la sociedad en general, conozcan qué se hace, quién lo hace y para qué se hace. Asimismo, mediante la colaboración se pueden identificar problemáticas particulares y generales de los actores involucrados, y desde las diferentes perspectivas de los actores se pueden generar rutas de solución. Tener conocimiento de lo que se hace en materia de ciencia, tecnología e innovación es un principio básico para impulsar acciones comunes que permitan la suma de capacidades y que potencien los resultados que se derivan de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Así, el PNI 2026-2030 resulta relevante en la identificación de actores estratégicos y la articulación de los esfuerzos, desde la investigación hasta la innovación aplicada, incentivando la colaboración de todos los sectores involucrados para traducir el conocimiento en soluciones que abonen al desarrollo nacional y al bienestar colectivo. Para fomentar la ampliación de las redes colaborativas entre sectores clave, y fortalecer el ecosistema nacional de tecnología e innovación orientado al desarrollo nacional y a la recuperación de la soberanía científica y tecnológica, además de mantener los mecanismos de colaboración y estrategias de vinculación existentes con los actores estratégicos, nacionales e internacionales, ya identificados en los sectores gubernamental, académico, empresarial y de la sociedad civil, se implementarán acciones centradas en alianzas estratégicas específicas. Lo anterior, para conectar la generación de conocimiento con su aplicación práctica para resolver desafíos prioritarios nacionales, que estarán enfocadas en el financiamiento conjunto, la transferencia de conocimiento y tecnología, así como en el escalamiento de desarrollos tecnológicos. Mantener y ampliar el trabajo colaborativo y coordinado entre los actores estratégicos del ecosistema nacional de tecnología e innovación permitirá estructurar e implementar mecanismos de detección de problemáticas locales, regionales y nacionales prioritarias, y definir ejes estratégicos de actuación para la generación de soluciones que beneficien a la sociedad. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 611 Asimismo, para atender problemas complejos de manera más eficiente, se requiere de la ampliación de la colaboración fuera de las fronteras nacionales. La colaboración internacional resulta necesaria para abordar desafíos globales que superan las capacidades de cualquier país de forma aislada; además, facilita el intercambio de conocimientos, el acceso a infraestructura de investigación avanzada y la formación de redes de expertos que potencian la calidad y el impacto de la investigación. 10.3.2 Gobernanza La colaboración, coordinación y articulación del SNHCTI también implica dar respuesta a la transformación institucional de la entidad rectora del sector por medio del diseño e implementación de mecanismos de gobernanza que permitan restablecer el diálogo permanente entre el Estado y los actores estratégicos del ecosistema nacional de tecnología e innovación. La transformación del CONAHCYT a SECIHTI le dotó a esta última de mayores facultades para regular el sector y establecer líneas generales de actuación que deben permear en el nivel local; su nueva posición facilita la coordinación con otras dependencias, instituciones educativas y organizaciones internacionales que, a su vez, permite impulsar proyectos de investigación a gran escala. Sin embargo, su actuación debe basarse en la austeridad republicana, la transparencia y la rendición de cuentas, manteniendo la disciplina financiera y fiscal para continuar con un gobierno sin lujos y sin privilegios, como se indica en el PND 2025-2030, ya que la gobernanza con justicia y participación ciudadana es el punto de partida para un Estado más democrático y eficiente. El fortalecimiento del ecosistema nacional de tecnología e innovación orientado a desarrollo nacional y a la recuperación de la soberanía científica y tecnológica, promueve el desarrollo de una sociedad democrática, participativa, transparente y justa, por lo que resulta indispensable la construcción de vínculos con los sectores gubernamental, académico, empresarial y la sociedad civil, del ámbito nacional e internacional, para una coordinación efectiva y eficiente, que permita la implementación de las estrategias y líneas de acción para conseguir las objetivos planteados en el presente instrumento. 10.4 Estímulos fiscales para incrementar la participación del sector productivo Para responder a las necesidades nacionales en materia de innovación, la participación del sector productivo resulta clave, no solo por su impacto interno, mediante la incorporación de nuevos equipos, sistemas de calidad y herramientas especializadas, sino también por los efectos que genera en términos de inversión, empleo y crecimiento económico. La adopción de desarrollos tecnológicos y de innovación por parte de las empresas permite su continuidad y mejora operativa, expansión y proyección hacia mercados internacionales. Con el objetivo de fortalecer esta participación, se requiere fomentar el interés del sector privado en actividades de IDE vinculadas a problemáticas nacionales. En este contexto, el Gobierno de México ha implementado políticas públicas que buscan incentivar la inversión mediante estímulos fiscales, por ejemplo, a través del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología (EFIDT) impulsado desde la SECIHTI. En este sentido, para ampliar el alcance y aprovechamiento de dichos incentivos, es necesario intensificar su difusión e involucrar de manera efectiva a los sectores académico, público y social. El EFIDT ha sido clave para incentivar la participación del sector privado en la generación de conocimiento y la transferencia tecnológica. Este programa es coordinado por la SECIHTI y operado en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, permitiendo a las empresas deducir un porcentaje de los gastos directos invertidos en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. En el marco del PND 2025-2030, su fortalecimiento y simplificación administrativa se plantea como una palanca para escalar la inversión privada en innovación que responda a líneas estratégicas nacionales. En la convocatoria del EFIDT en 2025, se ha registrado un incremento de 14.6% en el número de empresas participantes respecto a 2024, así como un aumento de 13.3% en el valor total de los proyectos (Gráfica 2). Las áreas de conocimiento con mayor concentración han sido ingeniería y tecnología, ciencias agropecuarias y biotecnología, y medicina y ciencias de la salud (Gráfica 3): 612 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Gráfica 2. Participación del sector productivo en el EFIDT Fuente. SECIHTI. Cálculos a partir de registros administrativos del EFIDT. Gráfica 3. Distribución de la inversión por área de conocimiento Fuente. SECIHTI. Cálculos a partir de registros administrativos del EFIDT. Actualmente, la mayor participación se concentra en el centro del país, seguido de las regiones del Bajío y del norte. Para revertir esta concentración geográfica, es necesario desplegar acciones focalizadas que promuevan la inversión en IDE en más polos regionales que abarquen todo el territorio nacional. Otro objetivo estratégico es fomentar la vinculación entre el sector productivo y el académico (educación dual), con la finalidad de formar personal capacitado que colabore en los proyectos beneficiados con estímulos fiscales. Esta colaboración no solo contribuye al desarrollo tecnológico, sino que amplía las oportunidades laborales para egresados del nivel superior, quienes pueden incorporarse a empresas consolidadas con posibilidades de desarrollo profesional. En términos de impacto, los proyectos apoyados a través del EFIDT no se limitan a beneficios económicos, sino también sociales. Se ha identificado una derrama laboral significativa en tres categorías: personal especializado e investigadores, técnicos y operadores, y personal administrativo, con un promedio de tres personas involucradas por categoría en cada proyecto. En cuanto a competitividad, el desarrollo de productos innovadores permite a las empresas ampliar su mercado, atraer nuevos clientes y establecer relaciones con proveedores especializados. Por estas razones, es fundamental continuar fortaleciendo los mecanismos que promuevan el uso de estímulos fiscales como instrumento para impulsar el desarrollo de innovación tecnológica, la inversión privada en IDE de talento técnico y profesional en todo el país. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 613 11. Indicadores y metas Indicador 1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 1.1 Impulso a la maduración de desarrollos tecnológicos prioritarios Objetivo 1. Promover el emprendimiento, la maduración, el escalamiento y la adopción de tecnologías prioritarias mediante el fortalecimiento de capacidades, el impulso a esquemas de colaboración entre actores estratégicos del ecosistema de innovación y la articulación de mecanismos de apoyo técnico, financiero y normativo, para impulsar la soberanía en la materia. Definición o descripción Mide la proporción de proyectos apoyados que han logrado avanzar en su nivel de madurez tecnológica, reflejando así la efectividad del apoyo para impulsar el desarrollo tecnológico. Derecho asociado Derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Mayo del siguiente año Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero-diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SECIHTI, Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación Método de cálculo (Número de proyectos que avanzaron en su nivel de madurez tecnológica apoyados mediante convocatoria en la administración / Número total de proyectos apoyados mediante convocatoria en materia de maduración tecnológica en la administración) * 100 Observaciones Se refiere a proyectos apoyados que han logrado avanzar al menos un nivel en su madurez tecnológica en el marco de convocatorias emitidas en la administración. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de proyectos que avanzaron en su nivel de madurez tecnológica apoyados mediante convocatoria en la administración Valor variable 1 17 Fuente de información variable 1 Registros administrativos de la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación Nombre variable 2 Número total de proyectos apoyados mediante convocatoria en materia de desarrollo tecnológico en la administración Valor variable 2 110 Fuente de información variable 2 Registros administrativos de la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación Sustitución en método de cálculo 17 / 110 * 100 =15 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 15 Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 80 IIDT cercano a la meta: Indica un alto impulso, es decir, la mayoría de los proyectos apoyados han logrado avanzar en su maduración tecnológica. IIDT bajo: Sugiere que pocos proyectos han logrado avanzar en su maduración tecnológica, lo que puede indicar la necesidad de mejorar los criterios y mecanismos de apoyo establecidos en las convocatorias para tal fin o la calidad de las propuestas. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 10 15 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 30 45 60 70 80 614 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.1 Colaboraciones establecidas entre los actores del ecosistema de innovación Objetivo 2. Fomentar redes colaborativas de innovación entre sectores clave mediante la identificación de capacidades, la articulación de agendas comunes y la promoción de espacios de vinculación multisectorial, que integren a la academia, la industria y el gobierno, con el fin de potenciar la generación de soluciones de desarrollo e innovación tecnológica y fortalecer el ecosistema nacional de innovación. Definición o descripción Este indicador mide el incremento en el número de colaboraciones formalizadas entre al menos dos actores del ecosistema de innovación, mediante instrumentos jurídicos que evidencien la cooperación para el desarrollo, transferencia o adopción de conocimiento, tecnologías o soluciones innovadoras. Derecho asociado Derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Junio del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SECIHTI, Subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación Método de cálculo Número total de colaboraciones formalmente establecidas y registradas en t - número total de colaboraciones formalmente establecidas y registradas en t -1 / número colaboraciones formalmente establecidas y registradas en t *100 Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número total de colaboraciones establecidas en el año t Valor variable 1 ND Fuente de información variable 1 Registros administrativos de la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación Nombre de variable 2 Número total de colaboraciones establecidas en el año t -1 Valor variable 2 ND Fuente de información variable 2 Registros administrativos de la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación Sustitución en método de cálculo 0 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 Es un nuevo indicador que empezará a medirse en 2025. El cálculo de 2025 requiere el dato de 2024, por lo que no es posible tener un dato del indicador para 2025. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 25 Incremento porcentual de al menos 25% de las vinculaciones establecidas SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA NA 0 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 5 10 15 20 25 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 615 Indicador 3.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 3.1 Formación especializada en vigilancia tecnológica, comercialización de tecnología, emprendimiento de base científica y protección de la propiedad intelectual Objetivo 3. Impulsar la participación social y el desarrollo de talento nacional mediante la promoción de programas de formación especializada, así como la generación de entornos propicios para la inclusión y la colaboración, para contribuir en los procesos de desarrollo e innovación tecnológica nacionales. Definición o descripción Este indicador contabiliza el número de personas formadas en instituciones académicas, públicas o privadas, especializadas en cuatro áreas estratégicas: vigilancia tecnológica, comercialización de tecnología, emprendimiento de base científica y protección de la propiedad intelectual Derecho asociado Derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Junio del año siguiente Unidad de medida Número Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SECIHTI, Subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación Método de cálculo Número personas formadas y especializadas en materia de vigilancia tecnológica, comercialización de tecnología, emprendimiento de base científica y protección de la propiedad intelectual en el año t Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de personas formadas y especializadas en materia de vigilancia tecnológica, comercialización de tecnología, emprendimiento de base científica y protección de la propiedad intelectual en el año t Valor variable 1 80 Fuente de información variable 1 Registros administrativos de la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación Sustitución en método de cálculo 80 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 80 Es un nuevo indicador que empezó a medirse en 2025. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 180 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 0 80 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 100 120 140 160 180 616 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 4.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 4.1 Indicador de actividades de difusión del portafolio de tecnologías mexicanas con protección de propiedad intelectual apoyadas por la SECIHTI. Objetivo 4. Fortalecer la transferencia y el licenciamiento del conocimiento hacia los sectores productivo y social mediante el impulso a mecanismos de protección intelectual, esquemas de colaboración público-privada, y el acompañamiento técnico para la evaluación de resultados de investigación, con el propósito de transformar el conocimiento en soluciones aplicadas que detonen innovación, productividad y bienestar social. Definición o descripción Este indicador refleja el porcentaje de incremento anual en el número de actividades orientadas a difundir el portafolio de tecnologías protegidas por propiedad intelectual y apoyadas por la SECIHTI. Se consideran actividades de difusión aquellas como ferias tecnológicas, encuentros de vinculación, plataformas digitales, boletines, catálogos, talleres o seminarios que promuevan estas tecnologías. Derecho asociado Derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Junio del siguiente año Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero-diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SECIHTI, Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación Método de cálculo (Número de actividades orientadas a difundir el portafolio de tecnologías protegidas por propiedad intelectual y apoyadas por la SECIHTI en el año t - número de actividades orientadas a difundir el portafolio de tecnologías protegidas por propiedad intelectual y apoyadas por la SECIHTI en t- 1/ Número total de proyectos de desarrollo tecnológico financiados en el año t) * 100 Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número total de actividades de difusión en el año t Valor variable 1 ND Fuente de información variable 1 Informes técnicos de los proyectos financiados y registros de convenios o instrumentos formales validados por la SECIHTI Nombre variable 2 Número total de actividades de difusión en el año t-1 Valor variable 2 ND Fuente de información variable 2 Registros administrativos de la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación Sustitución en método de cálculo 0 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 617 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 Este es un indicador de reciente creación, por lo que actualmente no cuenta con una línea base establecida. La primera medición de resultados se realizará en 2025. El cálculo de 2025 requiere el dato de 2024, por lo que no es posible tener un dato del indicador para 2025. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 25 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA NA 0 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 5 10 15 20 25 12. Conclusiones El PNI 2026-2030 representa un componente fundamental para México, al concebir la innovación no solo como un motor de competitividad económica, sino como una herramienta estratégica para garantizar el bienestar colectivo, la equidad social y la autonomía tecnológica. Este enfoque busca revertir la tendencia histórica de políticas de CHTI orientadas únicamente al mercado, para atender prioritariamente las necesidades sociales y estratégicas del país y reducir la dependencia tecnológica del exterior. Para lograr estos ambiciosos objetivos, el documento subraya la imperante necesidad de consolidar un ecosistema nacional de innovación funcional y articulado. Esto implica fortalecer la cultura de la innovación, incrementar sustancialmente la inversión en IDE; especialmente desde el sector privado, que históricamente ha tenido una baja participación, y mejorar las capacidades de IDE en el ámbito académico y de investigación, alineándolas con las problemáticas nacionales. Un pilar central de este programa es el rol estratégico de las alianzas entre el gobierno, la academia, la iniciativa privada y la sociedad civil. Estas alianzas son vistas como el mecanismo operativo esencial para conectar la generación de conocimiento con su aplicación práctica, resolver desafíos nacionales prioritarios, fortalecer la soberanía tecnológica, impulsar la relocalización productiva y fomentar la transferencia de conocimiento, generando empleos de calidad. Se propone el desarrollo, maduración, escalamiento y adopción de tecnologías prioritarias mediante el fortalecimiento de capacidades y mecanismos de apoyo técnico, financiero y normativo. En este sentido, el programa se articula con el PND 2025-2030 y el PSCHTI 2025-2030, reconociendo la CHTI como un eje transversal para la prosperidad compartida y el bienestar social. Finalmente, el éxito del Programa Nacional de Innovación dependerá de la capacidad para articular esfuerzos desde la investigación hasta la innovación aplicada, incentivando la colaboración intersectorial para traducir el conocimiento en soluciones prácticas que abonen al desarrollo nacional y al bienestar colectivo, consolidando así a México como una potencia científica, tecnológica, competitiva y socialmente justa. 618 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 11. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOSEGURIDAD Y LA BIOTECNOLOGÍA 2026-2030 1. Índice 1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo 5. Diagnóstico 6. Políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción 7. Epílogo: visión de largo plazo 8. Indicadores y metas 9. Lista de dependencias y entidades participantes 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo. 3. Siglas y acrónimos APF Administración Pública Federal CHTI Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación CIBIOGEM Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPI Centros Públicos de Investigación IES Instituciones de Educación Superior INPI Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas LBOGM Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados LGHCTI Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias Tecnologías e Innovación LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal OGM Organismos Genéticamente Modificados PDBB 2026-2030 Programa para el Desarrollo de la Bioseguridad y la o Programa Biotecnología PND 2025-2030 Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 SECIHTI Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación SEj-CIBIOGEM Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM 4. Fundamento normativo El Programa para el Desarrollo de la Bioseguridad y la Biotecnología 2026-2030 (PDBB 2026-2030), es parte del Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030, y se desarrolla con fundamento en los artículos 16 y 17, fracción VI, de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias Tecnologías e Innovación (LGHCTI) 15, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; 19 fracción V, 28, 29 y 30 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM); 9, fracción XIV, y 10, fracción XI, del Reglamento de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM); y 2 de las Reglas de Operación de la CIBIOGEM. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 619 Así como, en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND 2025-2030) y sobre la base de los instrumentos y estándares internacionales relativos al derecho humano a la ciencia conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con el fin de que toda persona goce de los beneficios de su desarrollo y de sus aplicaciones. La LGHCTI establece los fines, principios y bases para la creación de orientaciones, políticas públicas, planes y programas destinados a asegurar el derecho humano a la ciencia. De esta manera, se busca que todas las personas disfruten de los beneficios del progreso científico y también de los resultados que este genera, así como el goce de otros derechos fundamentales relacionados, entre ellos la participación, el acceso a la información, la salud, el agua, un ambiente sano y limpio, a la alimentación adecuada, la educación y la cultura. Por su parte, la bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), de acuerdo con el artículo 3, fracción V, de la LBOGM, tiene por objeto prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que las actividades con OGM (movimientos transfronterizos, comercialización, utilización confinada, consumo y liberación al ambiente, incluida la siembra) pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y la diversidad biológica, incluyendo los aspectos de inocuidad de dichos organismos que se destinen para uso o consumo humano. En México, la bioseguridad de los OGM se encuentra normada por la CPEUM, particularmente, en los artículos 1o., 2o., 4o. y 27 fracción XX, y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, especialmente, en los relativos a la vida, a un ambiente sano y limpio, a la salud, a una alimentación adecuada y a la ciencia, con énfasis en los derechos de grupos históricamente vulnerables como son las infancias, las personas campesinas y trabajadoras del campo y las personas indígenas, afromexicanas y de comunidades equiparables. Además, la bioseguridad y el desarrollo biotecnológico de los OGM se sustentan, a nivel internacional, en el Convenio de la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, así como en el enfoque precautorio, cuyo desarrollo parte del Principio 15 de las Resoluciones del Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 199237, de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano, con base en estándares de derechos humanos nacionales, regionales y universales. Y a nivel nacional, en la LGHCTI, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Salud, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la LBOGM, la Ley de Productos Orgánicos, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, entre otras. Por su parte, la CIBIOGEM ha establecido una serie de principios y valores que rigen las políticas públicas en materia de bioseguridad de los OGM, lo que ha quedado establecido en el documento Principios, Misión, Visión y Valores de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, aprobado por el Pleno de la CIBIOGEM mediante acuerdo CIBIOGEM/ORD/01/2020-07.38 En el marco de lo anteriormente planteado, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) presenta el PDBB 2026-2030. 5. Diagnóstico México es reconocido como uno de los países megadiversos del mundo, debido a la amplia variedad de especies animales y vegetales que alberga, así como a la gran diversidad de ecosistemas que van desde selvas tropicales hasta zonas áridas, bosques templados, costas y sistemas montañosos. Esta riqueza no es solo biológica, sino también biocultural: el país es centro de origen, domesticación y diversificación de numerosos cultivos de alto valor comercial nacional e internacional, resultado de miles de años de interacción entre los pueblos originarios, los ecosistemas y la agrobiodiversidad. La diversidad genética de las especies endémicas de microorganismos, animales, vegetales, así como de las variedades producto de la selección llevada a cabo por los pueblos originarios constituye un patrimonio estratégico para México, tanto por su valor ecológico como por su relevancia cultural y productiva, esencial para lograr la soberanía alimentaria. Por ello, un programa de bioseguridad amplio y sólido es esencial para protegerla. 37 ONU. Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), disponible en: https://docs.un.org/es/A/CONF.151/26/Rev.1(vol.I). 38 CIBIOGEM. Normativa, disponible en: https://cibiogem.secihti.mx/normatividad-distribuidor/. 620 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 La bioseguridad debe establecer medidas claras que permitan conocer y evaluar los riesgos asociados al uso y a la liberación de OGM, tanto transgénicos como aquellos editados mediante el uso de tecnología CRISPR-Cas39 o por TALENS40 (con todas sus variantes), salvaguardando los ecosistemas, la variabilidad genética de las especies y los sistemas agroalimentarios que garanticen un balance entre productividad y conservación de los recursos naturales. Asimismo, la CIBIOGEM debe establecer directrices para determinar que las innovaciones biotecnológicas se implementen de manera responsable, con base en evidencia científica y, en los casos donde sea necesario, como en cultivos estratégicos para el país, considerar el principio precautorio. Además, las nuevas tecnologías, generadas en centros y universidades públicas con recursos del estado deberán estar protegidos y ponerse a disposición de medianos y pequeños productores nacionales. La protección de la biodiversidad y los recursos bioculturales mexicanos requiere políticas que integren conservación, uso sostenible y desarrollo científico, garantizando que el avance tecnológico no comprometa la integridad de los ecosistemas ni el bienestar de las comunidades que dependen de ellos. El PND 2025-2030 establece la guía para impulsar un modelo de desarrollo que promueva el bienestar social, el acceso equitativo a oportunidades y la sostenibilidad ambiental. En el ámbito de la bioseguridad de los OGM y del desarrollo biotecnológico, persisten retos asociados a la determinación de los posibles riesgos con base en evidencia científica, la clasificación de los niveles de riesgo (en caso de que existan), la regulación con base en el nivel de riesgo, la elaboración y socialización pública de información técnica incluyendo manuales de trabajo y protocolos de seguridad para la implementación y uso responsable de las tecnologías, la coordinación interinstitucional y el monitoreo que permita generar reportes con conclusiones científicas. Es importante vigilar y determinar científicamente si los OGM representan un riesgo en regiones consideradas centros de origen, domesticación y/o diversificación para las múltiples variedades de maíz, jitomate, frijol, algodón, por mencionar algunos ejemplos emblemáticos; en caso de ser así tomar medidas con base en el nivel de riesgo. Además, la concentración del mercado de semillas recae en un número limitado de empresas privadas, lo que puede limitar el acceso a opciones diversificadas para productores de pequeña y mediana escala, en quienes recae tres cuartas partes de la producción agroalimentaria nacional. Por lo anterior, es esencial aplicar políticas públicas basadas en evidencias científicas que permitan determinar la existencia de potenciales riesgos asociados al uso de OGM y de cultivos obtenidos mediante estrategias de innovación del mejoramiento genético (como la edición genómica de precisión cuyo producto final no es un OGM) bajo la rectoría del estado, y en colaboración con Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros Públicos de Investigación (CPI), para promover condiciones de justicia y bienestar social en materia de bioseguridad de los OGM y de organismos editados no transgénicos en México. Estas políticas deben considerar la protección de la salud humana, la conservación de la biodiversidad —incluida la agrodiversidad—, el impulso a sistemas agroalimentarios saludables y sostenibles, y prácticas que contribuyan al cumplimiento gradual de las obligaciones en materia de derechos humanos, considerando el principio precautorio en casos donde cultivos y organismos sean de relevancia biocultural y estratégicos para el país. En este sentido, es imperativo lograr un equilibrio entre el desarrollo económico, social y ambiental, de manera que se proteja el medio ambiente, y se asegure el uso sostenible de los recursos naturales para las generaciones futuras.41 Asimismo, es fundamental alcanzar un balance entre el cuidado al medio ambiente y la biodiversidad, las políticas públicas para cubrir el derecho a la alimentación, así como la soberanía alimentaria, como principio clave de la justicia social. 39 Yuanyuan Xu y Zhanjun Li (2020). CRISPR-Cas systems: Overview, innovations and applications in human disease research and gene therapy. Biblioteca Nacional de Medicina, disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7508700/. 40 Joung JK y Sander JD (2012). TALENs: a widely applicable technology for targeted genome editing. Biblioteca Nacional de Medicina, disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3547402/#:~:text=La%20tecnolog%C3%ADa%20TALEN%2C%20dise%C3%B1ada%20mediante,dif erentes%20organismos%20y%20tipos%20celulares. 41 Gobierno de México. Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, página 67, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/981072/PND_2025-2030_v250226_14.pdf. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 621 Para ello, se busca fortalecer la economía nacional mediante una política científica e industrial integral que reduzca la dependencia del exterior, promueva la inversión nacional y extranjera responsable, mediante el impulso de la investigación nacional y el desarrollo de tecnologías nacionales orientadas al uso público de los recursos naturales de manera sustentable. El PDBB 2026-2030 debe considerar de manera prioritaria la creación de una empresa nacional de semillas; así como el Programa Cosechando Soberanía. En este contexto, para conciliar la conservación de la biodiversidad con la transformación del campo mexicano para avanzar de manera gradual y sostenida hacia la soberanía alimentaria, la tarea de la CIBIOGEM no puede centrarse únicamente en la aplicación del principio precautorio frente a los OGM, ni concentrarse de forma exclusiva en la protección del maíz. Por ello, resulta esencial impulsar programas científicos y tecnológicos orientados a conocer la huella genómica del germoplasma de las distintas variedades naturales y aquellas que sean producto de la selección de los pueblos originarios de cultivos cuyo centro de origen y diversificación se encuentra en México, mediante la secuenciación de la información genética bajo el principio de que no es posible proteger lo que no se conoce. El conocimiento generado deberá ser tratado y protegido como información de seguridad nacional y permitirá desarrollar tecnologías no transgénicas enfocadas en la innovación del mejoramiento genético de cultivos nativos para fortalecer su productividad, constituyendo así la base sobre la cual se sustentará la empresa nacional de semillas bajo un esquema de largo aliento enfocado en alcanzar la soberanía alimentaria. Esta estrategia —que integra generación de conocimiento, manejo precautorio de información genética y su aplicación en el mejoramiento de cultivos en beneficio de las personas productoras (pequeñas y medianas)— debe alinearse con el PND 2025-2030, en su Eje Transversal 2, Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional, así como con su Objetivo Transversal 2.4: Impulsar la investigación colaborativa, el desarrollo tecnológico y la innovación en sectores estratégicos, con el objetivo de convertir a México en una potencia científica y tecnológica soberana, orientada hacia un desarrollo con bienestar y prosperidad. Este enfoque promoverá la formación científica, la generación de conocimiento y la transferencia tecnológica con visión humanista, contribuyendo al progreso integral del país. La reforma a la CPEUM publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2025 también tiene un claro sentido social, al vincular la reforma del artículo 4o., con la reforma del artículo 27 en su fracción XX, que plantea: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural, cultural, económico y de salud, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina su bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, fomentará la actividad agropecuaria y forestal, cultivos tradicionales con semillas nativas, en especial el sistema milpa, para el óptimo uso de la tierra libre de cultivos de maíz genéticamente modificado, en los términos definidos en el artículo 4o., con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación, investigación, innovación, conservación de la agrobiodiversidad y asistencia técnica, fortaleciendo las instituciones públicas nacionales. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear, organizar y monitorear la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.” El compromiso de la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de bioseguridad, tiene un enfoque multidimensional, científico, ambiental, agrícola, sanitario, económico y social, para priorizar el interés público. La reforma a los artículos 4o. y 27 de la CPEUM tiene efectos transformadores en múltiples niveles. Reconoce al maíz no sólo como un alimento básico, sino como un elemento de identidad nacional y un eje para garantizar derechos fundamentales como la alimentación, la salud y un medio ambiente sano. Al establecer que su cultivo debe permanecer libre de modificaciones genéticas que superen las barreras naturales de la reproducción, se fortalece el marco legal de la bioseguridad y se protege el patrimonio biocultural del país. Esta reforma impone al Estado la obligación de fomentar prácticas agrícolas cuyo fin principal sea la soberanía alimentaria mediante el fomento a la investigación, la caracterización uso y cuidado del germoplasma nacional, la transferencia tecnológica, en diálogo el conocimiento empírico tradicional de las comunidades regionales. 622 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Un ejemplo de la interacción que debe existir entre los estudios científicos y los saberes tradicionales es el ecosistema agrícola tradicional conocido como ¨La Milpa¨ que está constituido por diversos cultivos agrícolas, al menos maíz, frijol y calabaza. Por otro lado, la regulación e implementación tardía de las nuevas tecnologías que aplican técnicas de transgénesis y de ingeniería genética, cuyo producto final no es un organismo transgénico, sino editado en su secuencia original (específicamente los obtenidos por las diferentes variantes de la tecnología CRISPR-Cas) significa un riesgo por el surgimiento de oligopolios transnacionales que identifiquen y se apropien de la información genética que le brinda las características agronómicamente relevantes al germoplasma, tanto de las variedades nativas como de aquellas seleccionadas por los pueblos originarios, para replicar los cambios puntuales en cultivos comerciales con el propósito de registrarlos para uso comercial privado. Por lo anterior el PDBB 2026-2030 debe actualizar y ampliar sus perspectivas en torno al concepto de OGM, en línea con las leyes actuales y futuras sobre OGM. También debe ampliar sus esfuerzos de estudio, seguimiento y precaución, más allá de los maíces nativos. Un ejemplo claro es el interés de empresas privadas, centros de investigación y universidades internacionales en secuenciar y usar la diversidad genética de diversas variedades nativas de maíz, jitomate, frijol, cucurbitáceas y algodón, entre otras. 6. Políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción Antecedentes En la pasada Administración, se tuvo un avance relevante para la puesta en marcha de políticas públicas en materia de bioseguridad de los OGM, mismas que marcaron un hito en México y América Latina. Esto, derivado de la colaboración y vinculación entre diversos actores, sectores e instancias de la Administración Pública Federal (APF). Desde la CIBIOGEM, participó en los decretos por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado, la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, por mencionar algunas. Además, se actualizó el “Protocolo para garantizar la libre determinación, en el marco del mecanismo de consulta a pueblos, comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, con relación a las solicitudes de liberación al ambiente de OGM,” se dio inicio a los trabajos de la Estrategia para establecer la política pública de trazabilidad del maíz genéticamente modificado, y se desarrollaron las metas nacionales de Biodiversidad en línea con el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (MMB-KM). Visión y Misión 2026-2030 Si bien en el sexenio anterior hubo un avance en establecer las bases para la protección de algunos cultivos importantes para el país, las políticas públicas en materia de bioseguridad y OGM deberán evolucionar hacia un enfoque más técnico e integral, basado en evidencia científica, acorde con la complejidad biológica, productiva y socioambiental de México. Es indispensable privilegiar marcos conceptuales claros, criterios regulatorios consistentes como de mecanismos de evaluación y seguimiento verificables. Estas políticas deberán concebirse como instrumentos nacionales de bioseguridad, y no como acciones parciales o sectoriales. En ese sentido, será necesario ampliar su alcance para incorporar explícitamente a los organismos animales endémicos, la fauna silvestre, los recursos pecuarios, reconociendo que la bioseguridad no se limita al ámbito agrícola, sino que involucra sistemas productivos completos, interacciones ecológicas y posibles impactos sobre la biodiversidad animal, así como la salud de los ecosistemas. En el ámbito vegetal, las políticas futuras tendrán que superar la concentración en un número reducido de cultivos para reflejar de manera más adecuada que México es centro de origen, domesticación y diversificación de numerosas especies vegetales de importancia estratégica a nivel internacional. Esto implica desarrollar marcos de evaluación de riesgos, monitoreo y gestión que consideren un espectro amplio de cultivos y especies, así como escenarios actuales y emergentes de uso de OGM. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 623 De igual manera, será fundamental que los objetivos, líneas de acción y metas de la política pública se encuentren claramente alineados con las funciones institucionales del Estado vinculados con los avances del conocimiento científico a nivel nacional e internacional. Una política de bioseguridad eficaz debe articular tanto compromisos globales, mejores prácticas regulatorias como prioridades nacionales, evitando incongruencias entre los principios declarados y los instrumentos de implementación. En conjunto, este enfoque permitirá que las políticas públicas en bioseguridad y OGM se consoliden como herramientas técnicas y estratégicas, capaces de proteger la biodiversidad del país, gestionar los riesgos biotecnológicos de manera proporcional y responsable, al mismo tiempo generar certidumbre regulatoria para la investigación, la innovación y la toma de decisiones informada con el fin de lograr la soberanía alimentaria. La SECIHTI se coordinará con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, mediante los instrumentos interinstitucionales que resulten necesarios para la adecuada implementación de las líneas de acción previstas en el presente Programa. Objetivo 1. Fortalecer el carácter técnico, científico y jurídico de la política pública en bioseguridad y OGM Estrategia 1.1. Consolidar la toma de decisiones basada en evidencia científica Líneas de acción 1.1.1 Establecer comités técnicos multidisciplinarios con independencia operativa, conformados por expertos de IES y CPI. 1.1.2 Incorporar revisiones sistemáticas por expertos y análisis comparativos internacionales. 1.1.3 Actualizar criterios técnicos de trazabilidad conforme al avance científico y regulatorio nacional e internacional. 1.1.4 Promover la creación de centros de investigación y transferencia tecnológica y su articulación con los laboratorios nacionales de IES públicas y otros centros de investigación públicos. Estrategia 1.2. Estandarizar metodologías de determinación y evaluación de riesgos Líneas de acción 1.2.1 Definir protocolos nacionales armonizados para OGM vegetales y animales. 1.2.2 Adoptar metodologías para detección y trazabilidad válidas y alineadas con OCDE, FAO, OMS y el Protocolo de Cartagena. 1.2.3 Desarrollar guías diferenciadas según organismo, uso y contexto ecológico. Estrategia 1.3. Fortalecer la coherencia normativa y conceptual Líneas de acción 1.3.1 Establecer lineamientos de redacción técnica para instrumentos de política pública. 1.3.2 Capacitar al personal en evaluación científica, regulación y derecho ambiental. 1.3.3 Incorporar revisiones técnicas y jurídicas externas antes de su implementación. Objetivo 2. Integrar la biodiversidad animal, los organismos endémicos y los recursos pecuarios en la política de bioseguridad Estrategia 2.1 Incorporar la fauna silvestre y endémica en la evaluación de riesgos Líneas de acción 2.1.1 Identificar especies animales prioritarias por nivel de vulnerabilidad. 2.1.2 Evaluar impactos directos e indirectos de OGM en ecosistemas y cadenas tróficas. 2.1.3 Desarrollar mapas de riesgo ecológico a escala regional. 624 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 2.2. Fortalecer la bioseguridad en sistemas pecuarios Líneas de acción 2.2.1 Evaluar riesgos asociados al uso de OGM en la alimentación animal. 2.2.2 Implementar programas de monitoreo en sistemas ganaderos. 2.2.3 Coordinar acciones con autoridades de sanidad, ambiente y biodiversidad. Estrategia 2.3 Impulsar investigación científica y desarrollo tecnológico en bioseguridad animal Líneas de acción 2.3.1 Financiar estudios sobre interacciones entre OGM, fauna y microbiota. 2.3.2 Desarrollar sistemas de alerta temprana para impactos no intencionales. 2.3.3 Promover la colaboración interinstitucional y académica entre IES públicas y los CPI. Objetivo 3. Conocer y proteger la diversidad vegetal estratégica de México y sus centros de origen, domesticación y diversificación Estrategia 3.1. Ampliar el espectro de especies vegetales consideradas estratégicas Líneas de acción 3.1.1 Convocar a la comunidad científica de IES y CPI (que no tengan conflicto de interés) a participar en foros nacionales que permitan identificar cultivos nativos y domesticados de importancia estratégica. 3.1.2 Emplear los recursos computacionales de la supercomputadora pública Coatlicue con el objetivo de fortalecer y acelerar la obtención, ensamblado y caracterización de la huella genómica de los cultivos nativos y domesticados de importancia estratégica. 3.1.3 Potenciar la formación de capital humano de alta calidad en tecnologías para la innovación del mejoramiento genético mediante la organización de iniciativas nacionales (v.gr. talleres, foros, o simposios) orientados en difundir y entrenar a las nuevas generaciones de científicos en la implementación de las tecnologías de edición genómica de precisión para la identificación de la información genética subyacente a las características agronómicas deseables presentes en los cultivos nativos y domesticados de importancia estratégica para su protección y aprovechamiento. 3.1.4 Priorizar especies con alta diversidad genética y valor biocultural. 3.1.5 Integrar los cultivos de especies vegetales consideradas estratégicas en evaluaciones de riesgo y monitoreo. Estrategia 3.2. Aplicar enfoques diferenciados por región y tipo de cultivo Líneas de acción 3.2.1 Diseñar evaluaciones específicas para centros de origen y diversidad. 3.2.2 Establecer medidas de manejo adaptadas a contextos agroecológicos caso-específicos. 3.2.3 Integrar conocimiento científico, conocimiento empírico tradicional y prácticas agrícolas que impulsen la producción y que protejan los ecosistemas. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 625 Estrategia 3.3. Prevenir impactos sobre la diversidad genética Líneas de acción 3.3.1 Establecer medidas para reducir flujo génico no deseado. 3.3.2 Fortalecer bancos de germoplasma, promover y financiar la secuenciación y bancos genéticos in silico (un proyecto de largo aliento para el uso de la supercomputadora Coatlicue). 3.3.3 Coordinar los esfuerzos con El Sistema Nacional de Registros de Semillas en México a través del Sistema Nacional de Semillas (SINASEM), y por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), los cuales se rigen por leyes como la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas (LFPCCS) y la Ley Federal de Variedades Vegetales, que regulan todo el ciclo de vida y el comercio de las semillas. Objetivo 4. Alinear la política de bioseguridad y OGM con los compromisos internacionales, incluyendo los Protocolos de Cartagena y de Nagoya Estrategia 4.1. Armonizar la política nacional con el Protocolo de Cartagena Líneas de acción 4.1.1 Asegurar consistencia en evaluación y gestión de riesgos. 4.1.2 Incorporar el principio de precaución de manera técnica y proporcional. 4.1.3 Actualizar instrumentos conforme a decisiones de las Partes. Estrategia 4.2. Integrar plenamente el Protocolo de Nagoya Líneas de acción 4.2.1 Garantizar el acceso regulado y protección a recursos genéticos asociados, en casos previos que generen productos a nivel internacional con organismos endémicos. 4.2.2 Establecer mecanismos claros de consentimiento fundamentado previo, para casos futuros. 4.2.3 Asegurar la participación justa y equitativa en los beneficios derivados. Estrategia 4.3. Fortalecer la coherencia institucional Líneas de acción 4.3.1 Clarificar competencias entre autoridades ambientales, agrícolas y científicas. 4.3.2 Evitar duplicidades y vacíos regulatorios. 4.3.3 Fortalecer mecanismos de coordinación interinstitucional. Objetivo 5. Consolidar sistemas de monitoreo, trazabilidad, transparencia y participación informada Estrategia 5.1. Implementar monitoreo post-liberación a largo plazo Líneas de acción 5.1.1 Diseñar programas de vigilancia ambiental y productiva. 5.1.2 Establecer indicadores de impacto ecológico, genético y socioeconómico. 5.1.3 Ajustar medidas de manejo con base en resultados. 626 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 5.2. Fortalecer la trazabilidad y gestión de la información Líneas de acción 5.2.1 Crear bases de datos integradas sobre OGM y recursos genéticos. 5.2.2 Asegurar interoperabilidad entre sistemas institucionales. 5.2.3 Proteger información sensible y estratégica sin comprometer la transparencia. Estrategia 5.3 Promover participación informada y rendición de cuentas Líneas de acción 5.3.1 Establecer mecanismos de consulta con sustento técnico. 5.3.2 Difundir información clara sobre riesgos, beneficios y derechos asociados. 5.3.3 Evaluar periódicamente el desempeño de la política pública y hacer públicos los resultados. 7. Epílogo: visión de largo plazo México avanza en la consolidación de un modelo de bioseguridad de los OGM como política de Estado, orientado a la protección de la salud de la población, el medio ambiente, la diversidad biológica y biocultural, así como los derechos humanos. El fortalecimiento de las capacidades humanísticas, científicas y tecnológicas es clave para enfrentar los retos asociados al uso de OGM —tanto vegetales como animales— en un contexto de transformación acelerada de los sistemas agroalimentarios y productivos. Durante el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se impulsará una gobernanza de la biotecnología basada en el principio precautorio, en equilibrio con el objetivo de erradicar la pobreza alimentaria y avanzar hacia la soberanía en la producción agropecuaria. Esta visión de largo plazo articula políticas públicas sólidas, investigación pertinente y acceso público a la información, con el fin de consolidar un sistema de bioseguridad de los OGM que responda de manera integral a las necesidades sociales, ambientales, económicas y culturales del país. Un eje central será el desarrollo de políticas públicas de trazabilidad de los OGM que abarquen tanto cultivos como animales genéticamente modificados, con énfasis en aquellos organismos de especial relevancia para México por su diversidad genética y valor productivo. En el caso de los cultivos estratégicos para el país (como el maíz, el jitomate, el algodón, el frijol, las calabazas, entre otros), se establecerán mecanismos para la identificación y monitoreo con el objetivo de tener un control a lo largo de toda la cadena productiva, fortaleciendo la transparencia, el derecho a la información y el etiquetado. Para los animales OGM, se impulsarán criterios específicos de evaluación, seguimiento e incluso de control, considerando sus posibles impactos ambientales, sanitarios y socioeconómicos. La meta para 2026 es contar con una política pública de bioseguridad de los OGM sólida y de largo plazo. Hacia 2045, se prevé un sistema nacional plenamente consolidado, con marcos normativos coherentes, mecanismos de trazabilidad para cultivos y animales OGM, reducción progresiva de insumos altamente peligrosos, así como el desarrollo de biotecnologías pertinentes que se adapten al contexto nacional, contribuyendo a erradicar la pobreza alimentaria para fortalecer la soberanía alimentaria, científica y tecnológica del país. La integración de capacidades nacionales, respaldada por investigación interdisciplinaria en IES y CPI, se verá fortalecida por la supercomputadora pública mexicana Coatlicue, que impulsará la investigación científica de vanguardia en genómica funcional que contribuirá a la protección de la información genética del acervo biocultural del país y de cultivos estratégicos para México. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 627 8. Indicadores y metas Indicador 1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de resoluciones y dictámenes evaluados. Objetivo Fortalecer el carácter técnico, científico y jurídico de la política pública en bioseguridad y OGM. Definición o descripción Mide la proporción de resoluciones y dictámenes en materia de bioseguridad de OGM que cuentan con la evaluación formal de comités técnicos multidisciplinarios con independencia operativa, integrados por expertos de Instituciones de Educación Superior y Centros Públicos de Investigación, conforme a lineamientos técnicos y jurídicos vigentes. Derecho asociado Derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su alimentación, salud, desarrollo y bienestar Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Junio Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SECIHTI Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Método de cálculo (Resoluciones y dictámenes evaluados por comités técnicos multidisciplinarios en el año t / Total de resoluciones y dictámenes emitidos en el año t) × 100 Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Resoluciones y dictámenes evaluados por comités técnicos multidisciplinarios en el año t Valor variable 1 3 Fuente de información variable 1 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Nombre variable 2 Total de resoluciones y dictámenes emitidos en el año t Valor variable 2 10 Fuente de información variable 2 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Sustitución en método de cálculo (3 / 10) * 100 = 30 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 30 La periodicidad del indicador es bienal, iniciando su medición en 2024, por lo tanto, para 2025 no se reporta avance. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 90 La meta 2030 considera que la evaluación de resoluciones y dictámenes en materia de bioseguridad de OGM por comités técnicos multidisciplinarios con independencia operativa se consolide como una práctica institucional ordinaria. El incremento esperado responde a la formalización normativa de dichos comités, al fortalecimiento de sus capacidades técnicas y a la incorporación sistemática de expertos de IES y CPI, lo que permitirá garantizar decisiones regulatorias sustentadas en análisis colegiados, especializados y verificables. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 30 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 30 NA 45 NA 90 628 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 1.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de incorporación de revisiones sistemáticas por expertos y análisis comparativos internacionales. Objetivo Fortalecer el carácter técnico, científico y jurídico de la política pública en bioseguridad y OGM. Definición o descripción Mide la proporción de resoluciones y dictámenes en materia de bioseguridad de OGM que incorporan de manera sistemática revisiones críticas realizadas por expertos, así como análisis comparativos con evaluaciones científicas y marcos regulatorios internacionales relevantes, como parte obligatoria del proceso de toma de decisiones. Derecho asociado Derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su alimentación, salud, desarrollo y bienestar. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Junio Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SECIHTI Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Método de cálculo (Resoluciones y dictámenes que incorporan revisiones sistemáticas y análisis comparativos internacionales en el año t / Total de resoluciones y dictámenes emitidos en el año t) × 100 Observaciones Las revisiones y comparativos deberán documentarse y ser verificables, privilegiando fuentes científicas y regulatorias reconocidas a nivel internacional. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Resoluciones y dictámenes que incorporan revisiones sistemáticas y análisis comparativos internacionales en el año t Valor variable 1 4 Fuente de información variable 1 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Nombre variable 2 Total de resoluciones y dictámenes emitidos en el año t Valor variable 2 10 Fuente de información variable 2 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Sustitución en método de cálculo (4 / 10) * 100 = 40 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 40 La periodicidad del indicador es bienal, iniciando su medición en 2024, por lo tanto, para 2025 no se reporta avance. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 90 La meta 2030 considera que la evaluación de resoluciones y dictámenes en materia de bioseguridad de OGM por comités técnicos multidisciplinarios con independencia operativa se consolide como una práctica institucional ordinaria. El incremento esperado responde a la formalización normativa de dichos comités, al fortalecimiento de sus capacidades técnicas y a la incorporación sistemática de expertos de IES y CPI, lo que permitirá garantizar decisiones regulatorias sustentadas en análisis colegiados, especializados y verificables. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 40 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 45 NA 70 NA 90 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 629 Indicador 2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de evaluaciones de riesgo que incorpora la fauna silvestre y endémica. Objetivo Integrar la biodiversidad animal, los organismos endémicos y los recursos pecuarios en la política de bioseguridad. Definición o descripción Mide el grado de incorporación sistemática de la fauna silvestre y endémica que son estratégicos y prioritarios para el País en los procesos de evaluación de riesgos en materia de bioseguridad de OGM, considerando la identificación de especies animales prioritarias por nivel de vulnerabilidad, la evaluación de impactos directos e indirectos en ecosistemas y cadenas tróficas, así como el desarrollo de mapas de riesgo ecológico a escala regional. Derecho asociado Derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su alimentación, salud, desarrollo y bienestar Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Junio Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SECIHTI Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Método de cálculo (Evaluaciones de riesgo que incorporan análisis de fauna silvestre y endémica, especies prioritarias y mapas de riesgo ecológico en el año t / Total de evaluaciones de riesgo realizadas en el año t) × 100 Observaciones La incorporación se acreditará mediante listados de especies prioritarias, análisis documentados de impactos ecológicos y mapas de riesgo regionales técnicamente validados. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Evaluaciones de riesgo que incorporan análisis de fauna silvestre y endémica, especies prioritarias y mapas de riesgo ecológico en el año t Valor variable 1 6 Fuente de información variable 1 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Nombre variable 2 Total de evaluaciones de riesgo realizadas en el año t Valor variable 2 20 Fuente de información variable 2 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Sustitución en método de cálculo (6 / 20) * 100 = 30 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 30 La periodicidad del indicador es bienal, iniciando su medición en 2024, por lo tanto, para 2025 no se reporta avance. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 90 La meta 2030 prevé la integración de especies animales endémicas con potencial biotecnológico y con fines pecuarios, que son estratégicos y prioritarios para el país en los procesos de evaluación de riesgos de OGM, permitiendo identificar y prevenir impactos ecológicos complejos y acumulativos, así como previniendo la biopiratería. El avance esperado responde al fortalecimiento de capacidades técnicas, a la generación de información ecológica regional y a la incorporación progresiva de enfoques ecosistémicos en la política de bioseguridad. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 30 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 40 NA 65 NA 90 630 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 2.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Fortalecimiento de la bioseguridad en sistemas pecuarios. Objetivo Integrar la biodiversidad animal, los organismos endémicos y los recursos pecuarios en la política de bioseguridad. Definición o descripción Mide el grado de fortalecimiento de la bioseguridad en sistemas pecuarios frente al uso de OGM, considerando la evaluación de riesgos asociados a su utilización en la alimentación animal, la implementación de programas de monitoreo en sistemas ganaderos y la coordinación interinstitucional con autoridades de sanidad, ambiente y biodiversidad. Derecho asociado Derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su alimentación, salud, desarrollo y bienestar Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Junio Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SECIHTI Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Método de cálculo (Sistemas pecuarios con evaluaciones de riesgo, programas de monitoreo y coordinación interinstitucional implementados en el año t / Total de sistemas pecuarios considerados en el año t) × 100 Observaciones El fortalecimiento se acreditará mediante evaluaciones técnicas documentadas, registros de monitoreo en campo y convenios o mecanismos formales de coordinación interinstitucional. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Sistemas pecuarios con evaluaciones de riesgo, programas de monitoreo y coordinación interinstitucional implementados en el año t Valor variable 1 4 Fuente de información variable 1 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Nombre variable 2 Total de sistemas pecuarios considerados en el año t Valor variable 2 10 Fuente de información variable 2 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Sustitución en método de cálculo (4 / 10) *100 = 40 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 40 Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 90 La meta 2030 prevé la integración de especies animales endémicas con potencial biotecnológico y con fines pecuarios, que son estratégicos y prioritarios para el país en los procesos de evaluación de riesgos de OGM, permitiendo identificar y prevenir impactos ecológicos complejos y acumulativos, así como previniendo la biopiratería. El avance esperado responde al fortalecimiento de capacidades técnicas, a la generación de información ecológica regional y a la incorporación progresiva de enfoques ecosistémicos en la política de bioseguridad. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA NA 40 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA 70 NA 90 90 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 631 Indicador 3.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Ampliar el espectro de especies vegetales consideradas estratégicas. Objetivo Conocer y proteger la diversidad vegetal estratégica de México y sus centros de origen, domesticación y diversificación. Definición o descripción Mide el grado de ampliación y fortalecimiento del conjunto de especies vegetales consideradas estratégicas para la bioseguridad, considerando la identificación participativa de cultivos nativos y domesticados de importancia estratégica mediante foros científicos nacionales, el fortalecimiento de su caracterización genómica mediante el uso de recursos computacionales de la supercomputadora pública Coatlicue, la formación de capital humano especializado en tecnologías de innovación y edición genómica de precisión, la priorización de especies con alta diversidad genética y valor biocultural, así como su integración en procesos de evaluación de riesgo y monitoreo. Derecho asociado Derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su alimentación, salud, desarrollo y bienestar. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Junio Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SECIHTI Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Método de cálculo (Especies vegetales estratégicas identificadas, caracterizadas e integradas a evaluaciones de riesgo y monitoreo en el año t / Total de especies vegetales estratégicas previstas en el año t) × 100 Observaciones La identificación y priorización de especies deberá sustentarse en criterios científicos, bioculturales y de diversidad genética, y la caracterización genómica se acreditará mediante productos técnicos y científicos generados con apoyo de la supercomputadora pública Coatlicue. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Especies vegetales estratégicas identificadas, caracterizadas e integradas a evaluaciones de riesgo y monitoreo en el año t Valor variable 1 9 Fuente de información variable 1 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Nombre variable 2 Total de especies vegetales estratégicas previstas en el año t Valor variable 2 30 Fuente de información variable 2 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Sustitución en método de cálculo (9 / 30) *100 = 30 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 30 La periodicidad del indicador es bienal, iniciando su medición en 2024, por lo tanto, para 2025 no se reporta avance. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 90 La meta 2030 contempla la consolidación de un inventario robusto y científicamente sustentado de especies vegetales estratégicas de México, reconociendo su valor biocultural y su papel en la soberanía alimentaria. El avance esperado se sustenta en la articulación entre comunidad científica, formación de capacidades especializadas y el uso de infraestructura computacional avanzada para la caracterización y protección de los recursos genéticos vegetales. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 30 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 40 NA 65 NA 90 632 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 3.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Aplicación de enfoques diferenciados por región y tipo de cultivo. Objetivo Conocer y proteger la diversidad vegetal estratégica de México y sus centros de origen, domesticación y diversificación. Definición o descripción Mide el grado de aplicación de enfoques diferenciados en la evaluación y gestión de riesgos en bioseguridad de OGM, considerando el diseño de evaluaciones específicas para centros de origen y diversidad, la implementación de medidas de manejo adaptadas a contextos agroecológicos caso-específicos y la integración del conocimiento científico, el conocimiento empírico tradicional y las prácticas agrícolas locales orientadas a la producción sostenible y la protección de los ecosistemas. Derecho asociado Derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su alimentación, salud, desarrollo y bienestar. Nivel de desagregación Regional Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Junio Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SECIHTI Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Método de cálculo (Evaluaciones y medidas de manejo aplicadas con enfoque diferenciado por región y tipo de cultivo en el año t / Total de evaluaciones y medidas previstas en el año t) × 100 Observaciones La aplicación de enfoques diferenciados se acreditará mediante evaluaciones regionales, planes de manejo agroecológico y evidencia de integración de conocimiento científico y tradicional. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Evaluaciones y medidas de manejo aplicadas con enfoque diferenciado por región y tipo de cultivo en el año t Valor variable 1 5 Fuente de información variable 1 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Nombre variable 2 Total de evaluaciones y medidas previstas en el año t Valor variable 2 14 Fuente de información variable 2 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Sustitución en método de cálculo (5 / 14) *100 = 36 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 36 Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 90 La meta 2030 prevé la consolidación de esquemas de gestión de riesgos sensibles a la diversidad regional, ecológica y cultural del país, particularmente en centros de origen y diversificación de cultivos. El avance esperado permitirá fortalecer la protección de la diversidad vegetal mediante decisiones adaptadas a contextos agroecológicos específicos y al conocimiento local. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA NA 36 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA 45 NA 90 90 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 633 Indicador 4.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Armonizar la política nacional con el Protocolo de Cartagena. Objetivo Alinear la política de bioseguridad y OGM con los compromisos internacionales, incluyendo los Protocolos de Cartagena y de Nagoya. Definición o descripción Mide el grado de armonización de la política nacional de bioseguridad con el Protocolo de Cartagena, considerando la consistencia técnica en los procesos de evaluación y gestión de riesgos, la incorporación del principio de precaución de manera técnica y proporcional, y la actualización de instrumentos normativos y técnicos conforme a las decisiones adoptadas por las Partes del Protocolo. Derecho asociado Derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su alimentación, salud, desarrollo y bienestar. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Junio Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SECIHTI Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Método de cálculo (Instrumentos de política pública y procedimientos alineados con el Protocolo de Cartagena en el año t / Total de instrumentos y procedimientos previstos en el año t) × 100 Observaciones La armonización se acreditará mediante análisis de consistencia normativa, actualización documental de instrumentos y evidencia de aplicación técnica del principio de precaución. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Instrumentos de política pública y procedimientos alineados con el Protocolo de Cartagena en el año t Valor variable 1 2 Fuente de información variable 1 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Nombre variable 2 Total de instrumentos y procedimientos previstos en el año t Valor variable 2 5 Fuente de información variable 2 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Sustitución en método de cálculo (2 / 5) *100 = 40 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 40 La periodicidad del indicador es bienal, iniciando su medición en 2024, por lo tanto, para 2025 no se reporta avance. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 95 La meta 2030 prevé un avance en la alineación de la política nacional de bioseguridad con los compromisos derivados del Protocolo de Cartagena, asegurando evaluaciones de riesgo consistentes, decisiones basadas en el principio de precaución y la actualización continua de instrumentos conforme a los acuerdos internacionales vigentes SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 40 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 55 NA 70 NA 95 634 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 4.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Integración plena del Protocolo de Nagoya. Objetivo Alinear la política de bioseguridad y OGM con los compromisos internacionales, incluyendo los Protocolos de Cartagena y de Nagoya. Definición o descripción Mide el grado de integración del Protocolo de Nagoya en la política nacional de bioseguridad, considerando la regulación del acceso a recursos genéticos asociados a organismos endémicos, el establecimiento de mecanismos claros de consentimiento fundamentado previo y la garantía de participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización. Derecho asociado Derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su alimentación, salud, desarrollo y bienestar. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Junio Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SECIHTI Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Método de cálculo (Casos, procedimientos y mecanismos de acceso y participación en beneficios alineados con el Protocolo de Nagoya en el año t / Total de casos y procedimientos previstos en el periodo en el año t) × 100 Observaciones La integración se acreditará mediante registros de consentimiento fundamentado previo, acuerdos de participación en beneficios y mecanismos administrativos formalmente establecidos. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Casos, procedimientos y mecanismos de acceso y participación en beneficios alineados con el Protocolo de Nagoya en el año t Valor variable 1 5 Fuente de información variable 1 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Nombre variable 2 Total de casos y procedimientos previstos en el periodo en el año t Valor variable 2 16 Fuente de información variable 2 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Sustitución en método de cálculo (5 / 16) * 100 = 31 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 31 Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 90 La meta 2030 contempla la consolidación de un marco institucional que garantice el acceso regulado a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados, fortaleciendo la protección del patrimonio biológico y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA NA 31 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA 65 NA 90 90 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 635 Indicador 5.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Implementación de monitoreo post-liberación a largo plazo. Objetivo Consolidar sistemas de monitoreo, trazabilidad, transparencia y participación informada. Definición o descripción Mide el grado de implementación de sistemas de monitoreo post-liberación de OGM a largo plazo, considerando el diseño y operación de programas de vigilancia ambiental y productiva, el establecimiento de indicadores de impacto ecológico, genético y socioeconómico, y el ajuste de medidas de manejo con base en los resultados obtenidos, con el fin de fortalecer la detección temprana y la gestión adaptativa de riesgos. Derecho asociado Derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su alimentación, salud, desarrollo y bienestar Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Junio Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SECIHTI Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Método de cálculo (Programas de monitoreo post-liberación operando con indicadores y ajustes de manejo documentados en el año t / Total de programas de monitoreo previstos en el año t) × 100 Observaciones El monitoreo deberá contar con indicadores verificables y mecanismos de retroalimentación que permitan ajustar oportunamente las medidas de manejo. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Programas de monitoreo post- liberación operando con indicadores y ajustes de manejo documentados en el año t Valor variable 1 7 Fuente de información variable 1 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Nombre variable 2 Total de programas de monitoreo previstos en el año t Valor variable 2 20 Fuente de información variable 2 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Sustitución en método de cálculo (7 / 20) * 100 = 35 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 35 La periodicidad del indicador es bienal, iniciando su medición en 2024, por lo tanto, para 2025 no se reporta avance. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 90 La meta 2030 contempla la consolidación de un marco institucional que garantice el acceso regulado a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados, fortaleciendo la protección del patrimonio biológico y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 35 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 45 NA 65 NA 90 636 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 5.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Fortalecimiento de la trazabilidad y gestión de la información. Objetivo Consolidar sistemas de monitoreo, trazabilidad, transparencia y participación informada. Definición o descripción Mide el grado de fortalecimiento de la trazabilidad y la gestión de la información en materia de bioseguridad y OGM, considerando la creación de bases de datos integradas sobre OGM y recursos genéticos, la interoperabilidad entre sistemas institucionales y la protección de información sensible y estratégica, garantizando al mismo tiempo el acceso a información pública relevante. Derecho asociado Derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su alimentación, salud, desarrollo y bienestar. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Junio Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance SECIHTI Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Método de cálculo (Sistemas de información y bases de datos integradas, interoperables y operando conforme a lineamientos de seguridad en el año t / Total de sistemas previstos en el periodo en el año t) × 100 Observaciones La protección de la información deberá apegarse a la normatividad en materia de datos sensibles y seguridad de la información, sin menoscabo de las obligaciones de transparencia. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Sistemas de información y bases de datos integradas, interoperables y operando conforme a lineamientos de seguridad en el año t Valor variable 1 2 Fuente de información variable 1 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Nombre variable 2 Total de sistemas previstos en el periodo en el año t Valor variable 2 5 Fuente de información variable 2 Registros administrativos Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM Sustitución en método de cálculo (2 / 5) * 100 = 40 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 40 La periodicidad del indicador es bienal, iniciando su medición en 2024, por lo tanto, para 2025 no se reporta avance. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 95 La meta 2030 prevé la consolidación de sistemas de información integrados y seguros que permitan la trazabilidad efectiva de los OGM y los recursos genéticos, fortaleciendo la transparencia, la toma de decisiones informadas y la rendición de cuentas institucional. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 40 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 55 NA 70 NA 95 9. Lista de dependencias y entidades participantes Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Secretaría de Salud. Secretaría de Educación Pública. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Secretaría de Economía. Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Secretaría de Cultura. Procuraduría Agraria. Secretaría de Relaciones Exteriores. _______________________________ Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 637 PROGRAMA Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2026-2030. PROGRAMA NACIONAL DE TRABAJO Y EMPLEO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2026-2030 1. Índice 1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo 6. Objetivos 6.1 Relevancia del Objetivo 1: Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en condiciones de trabajo digno 6.2 Relevancia del Objetivo 2: Fortalecer la vinculación de las personas con discapacidad al empleo formal en condiciones de trabajo digno 6.3 Relevancia del Objetivo 3: Promover la capacitación para y en el trabajo de las personas con discapacidad 6.4 Relevancia del Objetivo 4: Mejorar el acceso de las personas trabajadoras con discapacidad a la seguridad social 6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2026-2030 7. Estrategias y líneas de acción 8. Indicadores y metas 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa 2. Señalamiento del origen de los recursos del programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 3. Siglas y acrónimos ACNUDH: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos CDPD: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad CFCRL: Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral CIF: Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad CONAPO: Consejo Nacional de Población CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos DRL: Distintivo en Responsabilidad Laboral EAE: Estrategia Abriendo Espacios ENADID: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación 638 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 FAM: Programa de Formación de Agentes Multiplicadores FIFONAFE: Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal IMER: Instituto Mexicano de la Radio IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-Bienestar: Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores INSUS: Instituto Nacional del Suelo Sustentable ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado LFT: Ley Federal del Trabajo LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal LGBTIQ+: Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales y Queer, así como otras identidades no explicitadas por el "+" MIMN: Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional OIT: Organización Internacional del Trabajo PAE: Programa de Apoyo al Empleo PASST: Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo PJCF: Programa Jóvenes Construyendo el Futuro PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 PNTEPD 2026-2030 o Programa: Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2026-2030 REVL: Red Estatal de Vinculación Laboral RNVL: Red Nacional de Vinculación Laboral SABG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno SAT: Servicio de Administración Tributaria SE: Secretaría de Economía SEBIEN: Secretaría de Bienestar SECIHTI: Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación SECTUR: Secretaría de Turismo SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional SEGOB: Secretaría de Gobernación SEMAR: Secretaría de Marina SEP: Secretaría de Educación Pública SIPINNA: Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SIRCE: Sistema de Registro de la Capacitación Empresarial SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia SNE: Servicio Nacional de Empleo SSA: Secretaría de Salud STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social VELAVO: Programa de Verificación Laboral Voluntaria Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 639 4. Fundamento normativo Como parte de las estrategias del Gobierno de México para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos, especialmente de los grupos vulnerables, como lo son las personas con discapacidad, se presenta el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad (PNTEPD), cuya finalidad es promover la inclusión de este sector de la población al campo laboral. El PNTEPD 2026-2030 es coordinado desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con la participación de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF).1 El PNTEPD 2026-2030, tiene como fundamento legal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), particularmente el artículo 1o., que establece la prohibición de “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” En este sentido, el PNTEPD 2026-2030 retoma este mandato constitucional como base para el diseño de acciones orientadas a eliminar barreras, prevenir prácticas discriminatorias y promover el acceso efectivo de esta población al trabajo digno. En conclusión, se busca promover condiciones de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, bajo un enfoque de derechos humanos. El artículo 26, Apartado A, de la CPEUM, señala que el Estado “…organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.” En este marco, el PNTEPD 2026-2030 se formula como un instrumento programático que deriva del PND 2025-2030 y se inscribe dentro de la planeación nacional del Gobierno de México. De esta manera se articulan las políticas públicas en objetivos y acciones concreta orientadas hacia la atención de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Adicionalmente, el artículo 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) señala que a la STPS le corresponde vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la CPEUM, en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y en sus reglamentos. En ese sentido, el artículo 2o., de la LFT define el trabajo digno esencialmente como aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana de la persona trabajadora y no existe discriminación bajo ninguna condición o característica. Asimismo, el artículo 3o., reconoce al trabajo como un derecho y un deber social, al prohibir el establecimiento de condiciones que impliquen discriminación entre las personas trabajadoras, entre otros motivos, por su discapacidad; por otro lado, el artículo 133, fracción I, de la LFT prohíbe a las personas empleadoras y a sus representantes negarse a aceptar a personas trabajadoras con discapacidad, entre otros motivos que den lugar a una conducta discriminatoria. El artículo 20 de la Ley de Planeación establece que en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del PND 2025-2030 y los programas que deriven del mismo. En lo relativo a la coordinación sectorial y al sustento presupuestario, el artículo 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que las dependencias coordinadoras de sector tienen la responsabilidad de orientar y coordinar la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público de las entidades bajo su ámbito. Asimismo, el artículo 45, párrafo primero de dicho ordenamiento, señala que el ejercicio del gasto público se basará en la administración por resultados, para ello los responsables de la administración en los ejecutores del gasto deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 1 El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el Instituto Mexicano de la Radio (IMER); el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG); la Secretaría de Bienestar (SEBIEN); la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI); la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); la Secretaría de Economía (SE); la Secretaría de Educación Pública (SEP); la Secretaría de Gobernación (SEGOB); la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); la Secretaría de Marina (SEMAR); la Secretaría de Salud (SSA) y la Secretaría de Turismo (SECTUR). Asimismo, se cuenta con el apoyo de organismos desconcentrados y descentralizados, tales como la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI); el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER); el Consejo Nacional de Población (CONAPO); el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS); el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE); el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE); el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS); Procuraduría Agraria, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR); el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). 640 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Por otra parte, el artículo 11, fracción III, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) establece que corresponde a la STPS elaborar e instrumentar el PNTEPD 2026-2030, que “comprenda la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas”, entre otros mecanismos, al promover el derecho al trabajo y empleo de esta población en igualdad de oportunidades. Además, el artículo 9, fracción III, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece como acto de discriminación, entre otros, prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo. De igual forma, los artículos 15 Ter y 15 Quáter, fracción II, del mismo ordenamiento, contemplan la adopción de medidas de nivelación, entendidas como aquellas acciones orientadas a garantizar la igualdad real de oportunidades para todas las personas, especialmente en el caso de las mujeres y de los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad. Por su parte, México ratificó en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que en el artículo 4 establece que los Estados parte tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias, incluidas las de carácter administrativo, para asegurar y hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. El PNTEPD 2026-2030 se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”; el ODS 5 “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”; el ODS 10 "Reducir la desigualdad en y entre los países", con un enfoque prioritario en la población con discapacidad y el ODS 8 "Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos" de la Agenda 2030. La alineación con estos ODS abona al compromiso de prestar especial atención a las necesidades de los grupos vulnerados, impulsando procesos de formación accesibles para el empleo y trabajo, un crecimiento económico inclusivo y sostenible y empleo pleno y productivo para todas las personas. En atención a todo lo expuesto, la STPS es la dependencia encargada de coordinar el diseño, la integración, publicación, instrumentación, seguimiento y rendición de cuentas del PNTEPD 2026-2030, y junto con diversas dependencias y entidades de la APF, plasma en sus cuatro objetivos las prioridades y necesidades de las personas con discapacidad en materia de inclusión laboral. 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo La inclusión laboral de los grupos que históricamente han sido vulnerados, en particular de las personas con discapacidad, es una prioridad del Gobierno de México. En este marco, a través de la STPS se han establecido tareas fundamentales, con un enfoque diferenciado, para sentar las bases que permitan a las personas con discapacidad acceder a un trabajo digno. Definiciones De acuerdo con la CDPD y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), las personas con discapacidad son aquellas que muestran alguna deficiencia o diversidad funcional ya sea de tipo físico, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, al desenvolverse en un entorno con diversas barreras, por lo cual, enfrentan dificultades para la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas.2,3 La CDPD reconoce el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad garantizando el pleno ejercicio de sus derechos humanos en igualdad de condiciones. Existen distintos tipos de discapacidad que pueden afectar una o varias esferas de la vida de un ser humano. La relación entre factores individuales, como son las diversidades funcionales y factores sociales, como las barreras pueden dificultar el ejercicio de una vida plena para las personas con discapacidad.4 De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), se identifican al menos, cinco tipos de discapacidad: sensorial visual, sensorial auditiva, motriz o física, intelectual o psicosocial y las discapacidades múltiples, que implican la suma de dos o más tipos de discapacidad.5,6 Además, estas discapacidades pueden variar por grados, lo que implica que pueden ser leves, moderadas o graves.7 2 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Guía para la implementación de ajustes razonables que mejoran servicios y transforman vidas. México, diversidad inclusión y Derechos. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, diciembre 2025. 3 Organización de las Naciones Unidas (2006), Convención sobre los derechos de personas con discapacidad. Organización de las Naciones Unidas. Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 4 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Guía para la implementación de ajustes razonables que mejoran servicios y transforman vidas. México, diversidad inclusión y Derechos. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, diciembre 2025. 5 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Guía para la implementación de ajustes razonables que mejoran servicios y transforman vidas. México, diversidad inclusión y Derechos. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, diciembre 2025. 6 Organización Panamericana de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud CIF, 2001. Disponible en: https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/6f65baa4-134d-4450-ba52-bb4962a4444b/content 7 Organización de las Naciones Unidas (2024). Disability and Development Report 2024. Accelerating the realization of Sustainable Development Goals by, for and with persons with disabilities. DESC-ONU. Disponible en: https://social.desa.un.org/sites/default/files/2025- 09/DDR2024-Full-Report-Final.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 641 Por esa razón, a pesar de pertenecer a un mismo grupo poblacional, cada persona con discapacidad vive una experiencia distinta. Estas diferencias se agudizan según la identidad de género, orientación sexual, origen étnico, estatus migratorio, grupo etario, condición económica, entre otros factores.8 Determinantes Como se ha mencionado con anterioridad, las personas con discapacidad experimentan mayores barreras para acceder a la educación, al empleo y a los servicios de salud; asimismo, experimentan discriminación, lo que reproduce la desigualdad y no permite que cubran sus necesidades básicas. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la discriminación asociada a la discapacidad presenta mayor prevalencia entre los distintos motivos de exclusión social. En este sentido, 33.8% de la población de 12 años y más con discapacidad declaró haber sido discriminada, en los últimos doce meses, de este grupo, 49.6% identificó la discapacidad como el principal motivo de discriminación, mientras que 26.1% señaló la edad como causa.9 La falta de acceso a la educación y al trabajo genera una mayor propensión a la precariedad y pobreza para las personas con discapacidad, lo que provoca una dependencia del apoyo de sus familiares para participar en sociedad. Esta situación no sólo es perjudicial para este grupo, sino también para sus personas cuidadoras, que en su mayoría son mujeres y niñas. Las personas con discapacidad tienen un costo de vida más elevado el cual puede incluir atención médica, tecnología y aparatos de asistencia, transporte, los servicios de apoyo o asistencia personal. Estos costos son gastos adicionales que las personas con discapacidad deben afrontar para alcanzar un nivel de participación y bienestar similar al de las personas sin discapacidad.10 La discriminación por discapacidad se encuentra por encima de otras formas de segregación, reflejada en el menor número de oportunidades de empleo y las microagresiones en el trabajo. De acuerdo con el Informe sobre Discapacidad y Desarrollo 2024 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de 33 países o zonas en 2018, 80% de las personas con discapacidad se encuentran en situación de pobreza multidimensional (salud, educación, empleo, y nivel de vida), frente al 60% de las personas sin discapacidad. Los adultos con discapacidad son significativamente más pobres a nivel multidimensional en comparación con los adultos sin discapacidad. Los factores más comunes que impulsan la pobreza multidimensional son los bajos niveles de educación y la falta de empleo entre las personas con discapacidad.11 El derecho al acceso a la educación es una de las determinantes que las personas con discapacidad enfrentan. En todas las edades y niveles educativos, las y los niños con discapacidad tienen menos probabilidades de asistir a la escuela. Sin embargo, asistir a la escuela es sólo una parte del problema. El alumnado con discapacidad que acude a clases también se enfrenta a barreras para terminar la educación primaria, secundaria y media superior que las personas sin discapacidad, estos obstáculos derivan de prácticas discriminativas12 que no lograr brindar condiciones equitativas de acceso, participación y aprendizaje de este sector poblacional.13 El mismo Informe de 2024, reportó que, entre 24 países o zonas, 69% de las y los niños con discapacidad completaron la educación primaria, frente al 75% de las y los niños sin discapacidad.14 Respecto al trabajo, las personas con discapacidad enfrentan grandes barreras en el acceso a un empleo, derivadas de los estigmas sociales. El Informe señala que la mayoría de las personas con discapacidad en todas las regiones no tienen trabajo y no se les anima a buscarlo. El bajo porcentaje de personas con discapacidad empleadas, especialmente en los países de ingresos altos, plantea retos importantes como la reducción de la inactividad, que es mucho más difícil que reducir el desempleo, ya que implica combatir el estigma y las actitudes negativas entre las y los empleadores y la población en general, así como proporcionar lugares de trabajo accesibles e inclusivos. 8 Banco Interamericano de Desarrollo, (2023). ¿Qué es la discapacidad? Definiciones y buenas prácticas para una región más inclusiva BID | ¿Qué es la discapacidad? Definiciones y buenas prácticas para una región más inclusiva 9 Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS (2022). Presentación de Resultados, en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf 10 Organización de las Naciones Unidas (2024). Disability and Development Report 2024. Accelerating the realization of Sustainable Development Goals by, for and with persons with disabilities. DESC-ONU. Disponible en: https://social.desa.un.org/sites/default/files/2025- 09/DDR2024-Full-Report-Final.pdf 11 Organización de la Naciones Unidas, (2024). Disability and Development Report 2024. Pp 61. Disponible en https://social.desa.un.org/publications/un-flagship-report-on-disability-and-development-2024 12 Gobierno de México. La educación y personas con discapacidad, 24 de enero de 2019. Disponible en: https://www.gob.mx/conadis/articulos/la-educacion-y-personas-con-discapacidad 13 UNESCO. Hacia una educación sin barreras. Avances y desafíos en la educación inclusiva que evidencian los resultados del SIRED 2024. Resumen ejecutivo, 2026, Disponible en: unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000397648/PDF/397648spa.pdf.multi 14 Organización de la Naciones Unidas, (2024). Disability and Development Report 2024. Pp 142. Disponible en https://social.desa.un.org/publications/un-flagship-report-on-disability-and-development-2024 642 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Cabe señalar que, este mismo Informe precisa que las personas con discapacidad están sobrerrepresentadas en el trabajo por cuenta propia y son más propensas a trabajar en empleos informales. Además, el Informe señala que, a nivel mundial, 50% de las personas con discapacidad empleadas trabajan por cuenta propia, en comparación con el 41% de las personas sin discapacidad.15 En cuanto a la salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas con discapacidad mueren antes, tienen peor salud y experimentan más limitaciones en su actividad cotidiana que las demás. Desde la perspectiva de género, las mujeres con discapacidad enfrentan barreras no sólo por tener alguna discapacidad, sino por los estereotipos y prejuicios de género en diversos ámbitos de su vida, entre ellos el laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres con discapacidad enfrentan más barreras de acceso al mercado laboral perpetuando la desigualdad de oportunidades en el mundo del trabajo en comparación con los hombres. Esto implica que experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica y menores índices de protección social, lo cual incrementa sus condiciones de pobreza y exclusión. Estas determinantes influyen en el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, por lo que es indispensable considerarlas y mitigarlas en aras de alcanzar la plena integración social, particularmente, en el ámbito laboral. Diagnóstico De acuerdo con datos del Banco Mundial,16 en 2020, 85 millones de personas en América Latina y el Caribe vivían con algún tipo de discapacidad; en uno de cada tres hogares vive una persona con algún tipo de discapacidad; mientras que en uno de cada cinco hogares en situación de pobreza extrema vive una persona con discapacidad. En 2024, a nivel mundial, 56% de las personas en edad laboral sin discapacidad contaban con un empleo, mientras que entre las personas con discapacidad la proporción de las que tenía empleo fue de 27%.17 Cabe señalar que, las mujeres con discapacidad enfrentan mayores barreras para conseguir un empleo.18 De acuerdo con el segundo informe del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional (MIMN) de la CDPD,19 las personas con discapacidad enfrentaron una mayor exclusión en todos los ámbitos del mundo laboral. El informe señala que dicho sector tiene menos probabilidades de acceder a un empleo o a condiciones laborales decentes en comparación con el resto de la población; además, es más probable que participen en la economía informal y que no cuenten con una cobertura adecuada de protección social. Esta población enfrenta barreras adicionales y discriminación según su género, edad y tipo de discapacidad. Las mujeres con discapacidad cuentan con una relación empleo-población más baja al enfrentar más barreras que los hombres. En los países de ingresos bajos y medianos, menos de 20% de las personas con discapacidad grave tiene acceso a regímenes de protección social relacionados con la discapacidad.20 En el ámbito laboral, en Latinoamérica y el Caribe, una de cada dos personas con discapacidad no participa en el mercado laboral, y quienes lo hacen ganan entre 6% y 11% menos que otras personas trabajadoras que desarrollan la misma actividad. Cabe señalar que, la exclusión afecta con un enfoque de género a otros miembros del hogar, pues 6 de cada 10 jefas de hogar con una persona con discapacidad están desempleadas. 15 Organización de la Naciones Unidas, (2024). Disability and Development Report 2024. Pp 243. Disponible en https://social.desa.un.org/publications/un-flagship-report-on-disability-and-development-2024 16 Banco Mundial (2021). INFOGRAFÍA - Rompiendo barreras - Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. Un camino hacia el desarrollo sostenible, 2021, en https://www.bancomundial.org/es/region/lac/publication/rompiendo-barreras 17 Organización de las Naciones Unidas (2024). Disability and Development Report 2024. Accelerating the realization of Sustainable Development Goals by, for and with persons with disabilities. DESC-ONU. Disponible en: https://social.desa.un.org/sites/default/files/2025- 09/DDR2024-Full-Report-Final.pdf 18 Organización de las Naciones Unidas (2024). Disability and Development Report 2024. Accelerating the realization of Sustainable Development Goals by, for and with persons with disabilities. DESC-ONU. Disponible en: https://social.desa.un.org/sites/default/files/2025- 09/DDR2024-Full-Report-Final.pdf 19 El Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se encuentra conformado por los 33 Organismos Públicos de Derechos Humanos a nivel nacional, en cumplimiento a sus atribuciones, promover, proteger y supervisar la aplicación de la CDPD. Esto de conformidad con el artículo 33.2 de dicho instrumento de derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2021). “Mecanismo.” Discapacidad - CNDH, en https://mecanismodiscapacidad.cndh.org.mx/Discapacidad/Mecanismo. Consultado el 8 oct. 2025. 20 CNDH (2021). Mecanismo independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD, en https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-12/2Informe_MIMN-CPD_020121.pdf. Consultado el 7 oct. 2025. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 643 Adicionalmente, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 reportó que en México había 121.6 millones de personas de 5 años y más; de ellas, 8.8 millones (7.2%) declaró tener discapacidad; 4.7 millones (53.5%) eran mujeres y 4.1 millones (46.5%) hombres.21 Gráfica 1. Porcentaje de la población con discapacidad, por actividad con dificultad (2023) Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENADID/ENADID2023.pdf Nota: la suma de porcentajes es diferente de 100% ya que una persona pudo reportar en más de una actividad. Por grupo de edad, el mayor porcentaje se concentró en las personas adultas mayores de 60 años y más (50%),22 por lo cual se puede observar que existe una mayor condición de discapacidad conforme se aumenta la edad.23 En la ENADIS 2022, las personas adultas mayores (60 años y más) identificaron las siguientes problemáticas: 36.3% de las personas encuestadas mencionaron que su pensión no alcanza para cubrir sus necesidades básicas; 20.9% mencionaron que faltan oportunidades para encontrar trabajo; 7.8% declaró que dependen económicamente de sus familiares; asimismo, se identificó que el mayor grado de percepción de discriminación que tiene este sector de la población es buscando empleo, ya que 44.6% de ellas identificaron mucha discriminación.24 De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2020,25 6,179,890 personas vivían con discapacidad en México, lo que representaba 4.9% de la población del país. Adicionalmente, de acuerdo con la CNDH y con datos del mismo censo,26 de las 6,179,890 personas con discapacidad 3,275,692 eran mujeres con discapacidad (53%) y de ellas sólo 18.3% participaba en el campo laboral en comparación con los 2,904,198 hombres con discapacidad (47%), de los cuales 42.3% trabajaba. Al analizar las brechas interseccionales, se observa que las mujeres con discapacidad presentan una menor participación laboral en comparación con los hombres con discapacidad. Esta disparidad está asociada a factores como la distribución desigual de responsabilidades de cuidado, estereotipos de género y la disponibilidad limitada de servicios de apoyo. 21 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2024). Estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad, en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_PCD24.docx 22 INEGI. ENADID 2023. en: https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2023/. Consultado el 22 de julio de 2025. 23 INEGI. ENADID 2023. en: https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2023/. Consultado el 22 de julio de 2025. 24 INEGI. ENADIS 2022, https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2022/. Consultado el 20 de noviembre de 2025. 25 Censo de Población y Vivienda 2020, levantado en ese año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es el más reciente en México, en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Principales_resultados_ejecutiva_EUM.pdf. 26 Comisión Nacional de Derechos Humanos (2022). En https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022- 02/Violencia_Personas_Discapacidad_1.pdf 644 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el Informe Especial sobre la Situación de las Personas con Discapacidad Psicosocial Institucionalizadas en México y su Derecho a Vivir de Forma Independiente y ser Incluidas en la Comunidad, ha señalado que las personas con discapacidad psicosocial enfrentan mayores obstáculos para ejercer su derecho a vivir de forma independiente y participar plenamente en la comunidad. Estas condiciones, junto con la falta de apoyos y ajustes razonables, limitan el acceso de las personas jóvenes con discapacidad a oportunidades educativas y laborales, al restringir su autonomía y su inclusión efectiva en el campo laboral. Desde la perspectiva de juventudes, las personas jóvenes con discapacidad enfrentan barreras desde una edad temprana. De acuerdo con la ONU, las personas de entre 15 y 29 años con discapacidad tienen hasta cinco veces más probabilidades que sus pares sin discapacidad de estar fuera del sistema educativo y de no trabajar ni recibir formación.27 Este dato pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de vinculación y capacitación para el trabajo, a fin de garantizar la inclusión laboral de las personas jóvenes con discapacidad, al promover su autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en 202528 el promedio de la población de entre 15 y 29 años con discapacidad que no estudia y no trabaja fue de 134,899 personas. Según el INEGI con información del Censo de Población y Vivienda 2020, 8.56% de las personas jóvenes de entre 15 y 29 años de edad reportaron tener alguna limitación, discapacidad o condición mental, lo que equivalía a poco más de 2,656,251 personas en 2020 y de los que 52% eran mujeres.29 De ese total, más de la mitad reportó tener una limitación o discapacidad sensorial, seguido por un 19.7% que dijo vivir alguna discapacidad o problemas mentales.30 En el siguiente cuadro se puede apreciar la desagregación de personas jóvenes por tipo de limitación o discapacidad. Tabla 1. Porcentaje de personas jóvenes de entre 18 y 29 años por tipo de discapacidad (2020) Limitación o discapacidad Porcentaje Mental (condición mental o dificultad para concentrarse) 19.7% Motriz (limitación o discapacidad para bañarse, vestirse o comer, o para caminar, subir y bajar) 11.5% Sensorial (limitación o discapacidad para ver aun usando lentes, oír aun usando aparato auditivo, o hablar o comunicarse) 72.6% Múltiple (dos o más discapacidades de forma simultánea) 15.5% Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Nota: la suma de porcentajes es diferente de 100% ya que hay personas que reportaron tener más de un tipo de limitación, discapacidad o problema físico y/o mental. Del total de personas jóvenes con discapacidad, limitación física y/o mental, 37.9% pertenecía a la población no económicamente activa que no estudia y no trabaja, que es un porcentaje mayor que el 32.3% registrado por las personas jóvenes sin limitación, discapacidad o condición mental.31 Lo anterior es una muestra de que las personas jóvenes con discapacidad son más propensas a ser parte de la población que no estudia y no trabaja, ya que son sujetos a desigualdades estructurales que los han marginado de forma sistemática. 27 Organización de las Naciones Unidas (2022), Noticias ONU. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2022/06/1510192, 28 Promedio de los cuatro trimestres de 2025. 29 Censo de Población y Vivienda 2020, levantado en ese año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es el más reciente en México, en https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#tabulados (ruta: Tabulados predefinidos, Cuestionario Básico, Nacional/Estatal, Discapacidad, Población total por tamaño de localidad, sexo y grupos quinquenales de edad según discapacidad o limitación por tipo de actividad cotidiana que realiza y población con algún problema o condición mental) 30 Censo de Población y Vivienda 2020, levantado en ese año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es el más reciente en México, en https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#tabulados (ruta: Población total Por: Edad Según: Limitación o discapacidad y número) 31 Elaboración propia con base en el Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos. La selección de variables para obtener la consulta es: “Edad” > “Limitación o discapacidad y número”; luego, desplegar el grupo de edad “De 15 a 19 años”, y sumar las edades: “18 Años”, “19 Años” y los grupos “+ De 20 a 24 años” y “+ De 25 a 29 años”. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 645 Participación en el mercado laboral Las personas con discapacidad enfrentan desigualdades estructurales en todos los ámbitos de su vida, lo que limita su plena inclusión en la sociedad de manera independiente y autosuficiente. El ámbito laboral es uno de los entornos más importantes de la vida, pues permite que las personas con discapacidad se desarrollen por sí mismas y disfruten de una vida autónoma. El Prontuario de Resultados de la ENADIS 2022, publicado por el CONAPRED, señala que sólo cuatro de cada nueve personas con discapacidad acceden a un trabajo remunerado. De acuerdo con esta institución, se puede conocer que el grupo con un menor acceso a la remuneración por trabajo es el conformado por las personas con discapacidad (44.1%).32 Cabe señalar que, la población con discapacidad, junto con las personas indígenas, presentan porcentajes significativamente menores en el acceso a un contrato de trabajo. Participar en el campo laboral es uno de los principales factores para la inclusión social y desarrollo pleno de las personas con discapacidad. Tener un empleo significa obtener un sustento para la alimentación, el vestido, la recreación, etcétera. Pero tener un empleo formal significa contar con todos los derechos establecidos por la ley, incluyendo el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional y la seguridad social. Los datos del Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020 revelan que solamente 29.71% de la población con alguna discapacidad en edad laboral participa activamente en la economía; cifra significativamente inferior a 59.68% registrado en la población sin discapacidad.33 Esta diferencia refleja un problema sistémico en la inclusión de las personas con discapacidad al mercado laboral (ver gráfica 2). Gráfica 2. Tasa de participación laboral Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2020. Al analizar las condiciones laborales de la población ocupada subordinada y remunerada, se observan brechas claras en el acceso a servicios médicos. En particular, entre las personas con discapacidad, solo 45% cuenta con acceso a servicios médicos, mientras que 55% no dispone de este beneficio (ver gráfica 3). En contraste, entre las personas sin discapacidad, el porcentaje con acceso asciende a 56%. Esta diferencia evidencia una desventaja estructural para las personas con discapacidad, asociada, entre otros factores, a su mayor inserción en empleos informales, la ausencia de ajustes razonables en los centros de trabajo y las barreras persistentes en los procesos de contratación 32 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) (2024). Prontuario de Resultados de la ENADIS 2022. Disponible en; https://sindis.conapred.org.mx/wp-content/uploads/2024/05/ENADIS_2022_prontuario_de_resultados.pdf 33 Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2020 / Cuestionario Ampliado / Nacional/Estatal / Discapacidad, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos 646 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Gráfica 3. Porcentaje de la población subordinada y remunerada con acceso a servicios médicos Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2020. Uno de los principales problemas identificados es la baja tasa de participación económica de las personas con discapacidad. Entre sus causas se encuentran la falta de políticas activas de empleo, la insuficiente capacitación laboral especializada y las barreras físicas y actitudinales presentes en los entornos laborales. Como resultado, esta población presenta mayor dependencia económica y menor autonomía personal. Las personas con discapacidad que trabajan se enfrentan a desigualdades adicionales, según la ENADIS 2022, el salario mensual de una persona sin discapacidad fue de 8,373 pesos, mientras que el de una con discapacidad fue de 5,531 pesos. Esta problemática evidencia la necesidad de instrumentar políticas que coadyuven en el mejoramiento de las condiciones laborales de las personas con discapacidad. Lo anterior muestra que las personas con discapacidad son un grupo poblacional importante que requiere atención prioritaria en aras de garantizar la no discriminación, la inclusión y la participación en sociedad, al contemplar la igualdad de oportunidades y acceso a derechos básicos como la salud, educación, vivienda y trabajo. En este contexto, el Gobierno de México, comprometido a continuar con la transformación, promueve la vinculación de personas buscadoras de empleo, en particular de las que viven en una situación con mayor vulnerabilidad, como lo son las personas con discapacidad, en empleos dignos, que representen seguridad, generación de ingresos y un proyecto de vida digna. Es por eso que, en el Objetivo 1. Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en condiciones de trabajo digno, se identifica como problema público la baja participación laboral de las personas con discapacidad, derivada de desigualdades estructurales y de la discriminación en los centros de trabajo, lo que se traduce en menores oportunidades de empleo, mayor precariedad e ingresos inferiores respecto de la población sin discapacidad. Este Objetivo contribuirá a atender dicha problemática al impulsar entornos laborales inclusivos, accesibles y libres de discriminación, en los que se garantice el ejercicio del derecho al trabajo digno para esta población. Acciones para la inclusión de las personas con discapacidad a un empleo formal La STPS y otras instituciones de la APF, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realizan acciones que contribuyen a la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, específicamente en la esfera laboral, con el objetivo de fortalecer su empleabilidad y ampliar sus oportunidades de acceso a un empleo formal. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 647 1. Estrategia Abriendo Espacios (EAE) Se busca dar atención especializada a Personas Buscadoras de empleo que, por su situación física o social, presentan mayores barreras para insertarse en el campo laboral. Ésta tiene por objetivos: I. Promover un enfoque de inclusión laboral en todos los subprogramas y modalidades del Programa de Apoyo al Empleo (PAE). II. Proporcionar atención especial (entrevista inicial que permita identificar barreras de acceso al empleo y nivel de empleabilidad) a personas buscadoras de empleo que enfrentan mayores barreras para conseguir empleo, entre las que se encuentran personas con discapacidad; adultas mayores; mujeres que se reincorporan al campo laboral; preliberadas en cualquiera de sus modalidades; víctimas de delito o de violación de derechos humanos; de pueblos originarios o afromexicanas, y de poblaciones LGBTIQ+, entre otras. III. Proporcionar atención especial a personas buscadoras de empleo, nacionales y extranjeras en contexto de movilidad laboral, para facilitar su acceso a un empleo formal en México, que incluye a las personas: Mexicanas Repatriadas y/o Retornadas; en Situación de Desplazamiento Forzado Interno; así como, migrantes extranjeras solicitantes o que hayan obtenido la Condición de Refugio, asilo político o Protección Complementaria. IV. Brindar asesoramiento y apoyo a las instancias empleadoras, a través de Talleres para Instancias Empleadoras, a fin de que adopten prácticas de contratación equitativa e incluyente para estos grupos poblacionales; así como en la elaboración de las descripciones de puestos que pueden ser adaptados para ser cubiertos con estas personas. La EAE opera a través de la identificación de perfiles integrales y orientación ocupacional, además cuando se requiera, mediante la aplicación de instrumentos de evaluación especializados, entre los que destaca el Sistema de Muestras de Trabajo VALPAR, cuyos resultados permiten orientar a las personas buscadoras de empleo hacia su mejor opción ocupacional, y realizar actividades que faciliten la empleabilidad de las personas de los grupos antes descritos. 2. Estrategia “Red Nacional de Vinculación Laboral” (RNVL) Promueve la inclusión laboral de las personas que presentan mayores desventajas para su inserción laboral. Para ello, construyen alianzas para el intercambio de información, así como la coordinación de acciones entre las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que cuentan con programas, proyectos o acciones dirigidas a la atención de sectores de la población con menor empleabilidad o en situación de vulnerabilidad, entre los que se encuentran las personas con discapacidad. Los servicios que otorgan las instituciones integrantes de la RNVL34 contribuyen al intercambio de información y coordinación de acciones entre las y los participantes al generar una cooperación favorable para la inclusión laboral. A las personas con discapacidad que buscan empleo se les proporciona asistencia personal y especializada de acuerdo con la particularidad de cada caso, que incluyen consejería, evaluación de habilidades y aptitudes laborales, vinculación laboral, así como talleres y asesorías para contribuir a mejorar su empleabilidad de manera presencial y a distancia. Asimismo, la RNVL ofrece servicios especializados dirigidos a los centros de trabajo, organizaciones sindicales, cámaras, asociaciones empresariales, universidades, así como instituciones gubernamentales, que están interesadas en contratar a personas en situación de vulnerabilidad. Entre estos servicios se encuentran asesorías en temas que favorecen la adopción e impulso de una cultura organizacional con responsabilidad social y laboral, además de la difusión de información sobre identificación, análisis y evaluación de perfiles de puestos para personas con discapacidad, con el fin de promover vacantes inclusivas, que permitan la construcción de entornos favorables para la inclusión y el establecimiento de centros de trabajo sin discriminación ni violencia. Al cierre de 2025, la RNVL contaba con 30 Redes Estatales de Vinculación Laboral (REVL), las cuales operan con el objetivo de fortalecer las acciones en favor de las personas con discapacidad al generar condiciones para mejorar su empleabilidad, mediante estrategias que impulsan las oportunidades de empleo en condiciones de trabajo digno. 34 La Red Nacional de Vinculación Laboral es una estrategia de la STPS que promueve la inclusión laboral de las personas que presentan mayores desventajas para su inserción laboral. Para ello, la Red construye y fomenta alianzas para el intercambio de información, y la coordinación de acciones entre los organismos públicos de los tres órdenes de gobierno, privados y organizaciones de la sociedad civil. 648 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 3. Sistema de Acreditación de Buenas Prácticas Laborales y Trabajo Digno Mediante el Sistema de Acreditación de Buenas Prácticas Laborales y Trabajo Digno, los centros de trabajo demuestran que desarrollan sus actividades cumpliendo con la normatividad laboral vigente e implementan políticas y acciones que les permiten declarar su nivel de cumplimiento, distinguirse en prácticas que exceden el marco legal y certificarse en la implementación de sistemas de administración en seguridad y salud en el trabajo. Este sistema cuenta con distintos componentes que se encuentran vinculados entre sí, en los que destacan el Programa de Verificación Laboral Voluntaria (VELAVO), el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) y el Distintivo en Responsabilidad Laboral (DRL). A mayor detalle, se hace una descripción de los mecanismos mencionados:  El VELAVO es una inspección en línea de incorporación voluntaria, por la cual los centros de trabajo pueden declarar el cumplimiento de la normativa laboral en tres materias: Condiciones Generales de Trabajo; Capacitación, Adiestramiento y Productividad; y, Seguridad y Salud en el Trabajo. Algunas de sus características son la certeza que otorga al identificar la razón social y personalidad jurídica al utilizar la e.Firma (firma electrónica) del Servicio de Administración Tributaria (SAT); además, a través de consultas automatizadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), permite identificar si la empresa está dada de alta en el seguro social y se encuentra al día en sus obligaciones de seguridad social; asimismo, hace más eficiente el uso de los recursos, al permitir la revisión documental de la nómina y otras obligaciones, a través de una plataforma en línea.  El PASST constituye una acción promocional de la STPS que tiene por objeto impulsar que las empresas instauren y operen sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, con la corresponsabilidad de empleadores y personas trabajadoras, a partir de estándares nacionales e internacionales, y con sustento en la normatividad vigente, a fin de favorecer el funcionamiento de centros de trabajo seguros e higiénicos.  El DRL permite certificar a los centros de trabajo en el cumplimiento de estándares que exceden el marco normativo mexicano a través de un tronco común de requisitos y vías de especialización en materias como la igualdad laboral, la inclusión laboral o la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso. Respecto a este último componente, y con base en las atribuciones derivadas del artículo 40, fracción I, de la LOAPF, la STPS diseñó el DRL con el objetivo de reconocer a los centros de trabajo que implementan políticas y acciones que contribuyen al trabajo digno en sus relaciones laborales. Con ello, se busca fortalecer en los centros de trabajo el cambio cultural que permite a las personas con discapacidad ejercer su derecho para acceder al mercado laboral sin discriminación, robustecer su empleabilidad y dinamizar su autonomía. En lo que respecta al Objetivo 2. Fortalecer la vinculación de las personas con discapacidad al empleo formal en condiciones de trabajo digno, se identifica como problema público la limitada inserción de las personas con discapacidad en el empleo formal, reflejada en una menor tasa de participación económica, alta inactividad y una proporción elevada de trabajos informales y por cuenta propia, sin acceso a prestaciones laborales. Este Objetivo dará respuesta a esta situación al fortalecer los mecanismos de vinculación laboral, la articulación entre sectores y los servicios especializados que facilitan el acceso de las personas con discapacidad a empleos formales con protección de sus derechos laborales. 4. Programa Jóvenes Construyendo el Futuro El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (PJCF) se ha constituido como una iniciativa clave para promover la inclusión de las personas jóvenes que no estudian y no trabajan, sin distinción por condición de discapacidad. En ese sentido, el PJCF tiene como objetivo contribuir a la incorporación de jóvenes de 18 a 29 años que no estudian y no trabajan, en actividades productivas a través de su capacitación en centros de trabajo como talleres, negocios, tiendas, empresas u otras unidades económicas que participan en el Programa y que cuentan con posibilidad de brindarla. Las personas beneficiarias del Programa reciben del Gobierno de México un apoyo económico mensual en hasta 12 emisiones equivalente al salario mínimo y cobertura médica del IMSS con un seguro de enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. En la implementación y operación, el PJCF da prioridad a las personas jóvenes registradas que habitan en municipios con alto índice de rezago social, con alta incidencia delictiva y a integrantes de grupos históricamente discriminados, entre los que se encuentran las personas jóvenes con discapacidad. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 649 A través de la implementación de estrategias territoriales que acercan los beneficios del Programa a las comunidades y a las y los jóvenes, se ha fortalecido la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. En este sentido, según registros administrativos de la plataforma digital del Programa Jóvenes Construyendo el futuro,35 durante el periodo de enero a diciembre de 2025, el Programa benefició a 4,160 personas jóvenes con discapacidad, de las cuales 2,150 eran hombres (51.7%), 2,007 mujeres (48.2%) y 3 no binarias (0.1%). Gráfica 4. Personas jóvenes beneficiarias del PJCF que reportaron tener alguna discapacidad, por sexo (2025) Fuente: elaboración propia con base en los registros administrativos de la Plataforma Digital del PJCF. Con base en los registros administrativos de la plataforma digital del PJCF,36 en 2025, la inversión destinada a personas jóvenes beneficiarias con discapacidad alcanzó un monto de 195,792,288 pesos. Esto refleja el compromiso con su inclusión y desarrollo integral. Las 4,16037 personas jóvenes con discapacidad recibieron capacitación para el trabajo en 978 municipios de las 32 entidades federativas del país. Las entidades con mayor número de personas beneficiarias con discapacidad fueron Estado de México (441), Ciudad de México (301), Veracruz (222), Guerrero (187) y Tabasco (187). En cuanto al tipo de discapacidad, más de la mitad de las personas jóvenes beneficiarias (58%) tenían discapacidad sensorial (auditiva, visual, lenguaje y/o comunicación), tal como se puede observar en la siguiente tabla. Tabla 2. Distribución de personas jóvenes beneficiarias del PJCF por tipo de discapacidad y sexo (2025) Limitación o discapacidad Intelectual Mental Motriz Múltiple Sensorial Total Hombres 161 175 466 211 1,133 2,146 Mujeres 70 137 335 183 1,282 2,007 No binario 2 1 3 Total 233 312 801 394 2,416 4,156 5.6% 7.5% 19.3% 9.5% 58.1% 100.0% Fuente: elaboración propia con base en los registros administrativos de la Plataforma Digital del PJCF. 35 Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Disponible en: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ Los datos fueron obtenidos de los registros internos del Programa, alojados en el sitio de internet referido previamente. El acceso a tales registros requiere un usuario con permisos de administrador de la plataforma digital; en consecuencia, no son de carácter público. La ruta de acceso con un usuario administrador es: Reportes > Reporte Histórico > Grupos vulnerables. 36 Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Disponible en: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/. Los datos fueron obtenidos de los registros internos del Programa, alojados en el sitio de internet referido previamente. El acceso a tales registros requiere un usuario con permisos de administrador de la plataforma digital; en consecuencia, no son de carácter público. La ruta de acceso con un usuario administrador es: Reportes > Reporte Histórico > Grupos vulnerables. 37 Hay una diferencia de 4 personas ya que decidieron no declarar en el cuestionario de registro su tipo de discapacidad. 650 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 5. Accesibilidad a la capacitación y el adiestramiento El panorama actual revela un bajo nivel de cumplimiento de la obligación legal de capacitar y adiestrar a las personas trabajadoras por parte de las empresas, lo que hace inferir que se incluye a las personas con alguna discapacidad. Hasta diciembre de 2025, el número de empresas registradas en el Sistema de Registro de la Capacitación Empresarial (SIRCE) ascendía aproximadamente a 164,89638 comparado con los 1,029,280 registros de patrones que se tienen en el IMSS,39 a diciembre de 2025 lo que representa el 16.02%. Asimismo, se registraron 44,706,151 Constancias de Competencias o de Habilidades Laborales (DC-3) a través del registro de listas en el SIRCE en 2025;40 estas representan un promedio de 1.98 constancias por persona trabajadora, al tomar como referencia los 22,517,076 puestos de trabajo registrados en el IMSS a diciembre de 2025.41 La información recabada por el SIRCE, al tratarse de una obligación patronal de capacitación en el trabajo, no hace diferencias ni refleja cifras sobre personas empleadas y adiestradas con alguna discapacidad, por lo que no pueden concluirse cifras exactas. Para el Objetivo 3. Promover la capacitación para y en el trabajo de las personas con discapacidad, se observa un área de oportunidad en el cumplimiento insuficiente de la obligación patronal de capacitar y adiestrar a las personas trabajadoras, así como en la falta de oferta formativa accesible y adaptada a las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Este Objetivo contribuirá a revertir esta situación al impulsar acciones de capacitación que fortalezcan sus competencias laborales y, de manera paralela, la formación de empleadores y plantillas laborales en materia de inclusión, creando condiciones para una inserción y permanencia más sólida en el mercado de trabajo. 6. Acceso universal y sin discriminación a los servicios de seguridad social El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en cumplimiento de su mandato de garantizar el acceso universal y sin discriminación a los servicios de seguridad social ha implementado las siguientes acciones estratégicas: 1) La difusión de derechos sociales mediante campañas informativas accesibles y con enfoque inclusivo; y 2) la integración de un sistema de registro y seguimiento que permita detectar y atender barreras institucionales que enfrentan las personas trabajadoras con discapacidad afiliadas al Instituto. Estas acciones han generado un impacto positivo y tangible en la cultura institucional del ISSSTE al fortalecer las capacidades del personal para ofrecer un trato digno, respetuoso e inclusivo. Asimismo, han contribuido a mejorar la calidad en la atención, promover la empatía en el servicio público y consolidar al Instituto como una institución socialmente responsable y comprometida con los derechos humanos y la igualdad sustantiva. Por su parte el IMSS cuenta con mecanismos institucionales que promueven y coordinan los esfuerzos en materia de inclusión de personas con discapacidad, tal como son: 1) Comité para el Programa Institucional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un órgano colegiado conformado por representantes normativos y personas representantes de la sociedad civil; 2) Cursos de capacitación en modalidad virtual a través de plataformas institucionales dirigidos al personal administrativo, de áreas médicas y población general acerca de inclusión de personas con discapacidad y 3) Centro de Capacitación y Rehabilitación para el Trabajo (CECART), brinda servicios de capacitación para el trabajo de forma gratuita a personas con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, a fin de coadyuvar en la reincorporación laboral y búsqueda de empleo a población en general. A través de estas acciones se abona al cumplimiento de lo establecido en el artículo 27, primer párrafo de la CDPD, respecto a que los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles. El acceso al empleo contribuye al desarrollo pleno e integral de las personas con discapacidad. 38 Datos del Sistema de Registro de la Capacitación Empresarial (SIRCE) operado por la STPS. 39 Datos del boletín No. 014/2026 Puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, disponible en: https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202601/014 40 Datos del Sistema de Registro de la Capacitación Empresarial (SIRCE) operado por la STPS. 41 Datos del boletín No. 014/2026 Puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, disponible en: https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202601/014 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 651 En cuanto al Objetivo 4. Mejorar el acceso de las personas trabajadoras con discapacidad a la seguridad social, se señala como problema público el acceso limitado de las personas con discapacidad a la seguridad social, asociado a su mayor presencia en empleos informales y a las brechas en la cobertura de servicios de salud, pensiones y otras prestaciones, a pesar de enfrentar mayores costos de vida y necesidades de atención médica. Este Objetivo permitirá atender esta problemática al fortalecer los mecanismos institucionales y las acciones coordinadas para ampliar la protección social, garantizar un acceso sin discriminación a los servicios de seguridad social y reducir las brechas respecto de la población sin discapacidad. Visión a largo plazo En los próximos 20 años, México avanzará en la promoción de condiciones de trabajo digno para las personas con discapacidad, lo que contribuirá a mejorar su calidad de vida y a fomentar una mayor participación social. A través de la capacitación y el adiestramiento en los centros laborales, se buscará contribuir al desarrollo integral de todas las personas trabajadoras, incluidas aquellas que viven con alguna discapacidad. El objetivo es alcanzar una nación más inclusiva, que permita a este grupo desarrollarse laboralmente, al fortalecer sus competencias y habilidades, permitiéndoles llevar una vida autónoma, independiente y participativa. La EAE del Servicio Nacional de Empleo (SNE) promueve un enfoque de inclusión laboral al brindar atención especial a personas buscadoras de empleo que enfrentan barreras de acceso al empleo, entre las que se encuentran las personas con discapacidad. Con esta estrategia se busca que, a largo plazo, las personas con discapacidad puedan insertarse a un empleo formal, lo que apoyará su autonomía e inclusión socioeconómica, al promover que ejerzan plenamente sus derechos en condiciones de equidad y dignidad. Al 2030, la EAA incrementará el porcentaje de personas que se colocan en un empleo formal, al promover la inserción laboral de las personas con discapacidad en un empleo acorde a su perfil laboral e intereses, también orientará hacia acciones de capacitación a las personas que lo requieran por su perfil laboral o para que mejoren su empleabilidad y participará en talleres de sensibilización dirigidos al sector de instituciones empleadoras para promover una contratación equitativa e incluyente. Asimismo, se ejecutarán mecanismos de inclusión para las personas jóvenes con discapacidad a través de la estrategia de focalización del PJCF, integrándolos como aprendices en centros de trabajo registrados en el Programa. Esta iniciativa buscará promover su capacitación para el trabajo, al facilitar su inserción en entornos productivos y contribuyendo a reducir las barreras históricas de exclusión que enfrenta este grupo en situación de vulnerabilidad. Para 2030, se espera haber incorporado de manera sostenida a personas jóvenes con discapacidad como aprendices en centros de trabajo, fortaleciendo sus trayectorias formativas y laborales. A largo plazo, el PJCF impulsará oportunidades de desarrollo integral para las personas jóvenes con discapacidad, al fomentar su autonomía e inclusión socioeconómica, así como una participación social activa. En ese sentido, la visión del PJCF es contribuir, a través de la capacitación para el trabajo, a construir una sociedad en la que las juventudes ejerzan plenamente sus derechos en condiciones de equidad y dignidad. 6. Objetivos El PND 2025-2030 establece que el Gobierno de México dará continuidad a la política centrada en la prosperidad compartida, fundamentada en la participación de la sociedad, bajo los principios del Humanismo Mexicano. En este marco, la STPS, en el ejercicio de sus facultades, diseña, instrumenta y da seguimiento al PNTEPD 2026-2030, a través de cuatro objetivos. El Programa contribuye a la generación de estrategias enfocadas en la inclusión laboral, la vinculación al empleo formal, la capacitación para el trabajo y el acceso a la seguridad social de las personas con discapacidad. Objetivos del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2026-2030 1. Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en condiciones de trabajo digno. 2. Fortalecer la vinculación de las personas con discapacidad al empleo formal en condiciones de trabajo digno. 3. Promover la capacitación para y en el trabajo de las personas con discapacidad. 4. Mejorar el acceso de las personas trabajadoras con discapacidad a la seguridad social. 652 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 6.1 Relevancia del Objetivo 1: Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en condiciones de trabajo digno El PNTEPD 2026-2030 abona al cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 123 de nuestra Carta Magna, que reconocen el derecho de toda persona a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, que sea lícito, digno y socialmente útil. A pesar de los avances iniciados durante el Primer Piso de la Cuarta Transformación, persisten barreras para que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos de manera plena. De acuerdo con la ENADIS 2022, 15.8% de las personas de 12 años de edad y más con discapacidad identificó como principal problemática declarada a la que se enfrenta, la falta de oportunidades para encontrar empleo.42 Por su parte, los datos de la ENADID 2023 muestran una amplia diferencia en la tasa de participación económica; entre quienes no tienen discapacidad, la tasa alcanza 68%, mientras en la población con discapacidad este indicador llega al 40.6 por ciento.43 El Objetivo 1 del PNTEPD 2026-2030 se vincula con el Eje General 3. Economía Moral y Trabajo del PND 2025-2030, en específico en su Objetivo 3.2. Promover el trabajo digno para todas las personas en edad laboral, especialmente para los grupos históricamente vulnerados, facilitando su inserción en empleos alineados con las vocaciones económicas de los mercados laborales regionales y locales. En particular, en la estrategia 3.2.2. Fortalecer las capacidades institucionales que garanticen los derechos laborales, promuevan la igualdad de oportunidades y la inclusión de grupos vulnerables al mercado laboral formal, con un enfoque en el Humanismo Mexicano, la igualdad sustantiva y la no discriminación. Asimismo, este Objetivo prioriza la inclusión al empleo formal de las personas con discapacidad con énfasis en los grupos históricamente vulnerados de la sociedad mexicana como las mujeres, las personas jóvenes, las personas adultas mayores, los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. Además, impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad abona al cumplimiento de los 100 Compromisos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, específicamente al número cinco que se refiere al respeto a todos los derechos y combate a la discriminación. En este contexto, y para los fines del presente Programa, se concibe el acceso y la permanencia en el trabajo en condiciones dignas como un derecho clave que detona que las personas con discapacidad ejerzan y gocen de otros derechos y libertades fundamentales para el disfrute de una vida plena, tales como: la seguridad social, la salud física y mental, la alimentación, el vestido, la vivienda, la educación, entre otras. La promoción, actualización y difusión de políticas de inclusión laboral a través de la aplicación de la “NOM-034-STPS-2016, Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo”; así como el cumplimiento de la misma en dichos centros, coadyuvarán a garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, en condiciones dignas, pero principalmente en entornos seguros y accesibles, como resultados de los ajustes razonables llevados a cabo. A través del PNTEPD, se impulsa la cultura de la inclusión y la no discriminación hacia las personas con discapacidad buscadoras de empleo, al promover que tengan a su alcance los mecanismos y herramientas para fortalecer su empleabilidad y acceder a opciones laborales en condiciones de trabajo digno, el cual no solo garantiza contar con un ingreso, sino que representa autonomía, identidad social y participación en la vida pública. Por su parte, las estrategias dirigidas a los sectores productivos buscan fortalecer ambientes y culturas organizacionales no discriminatorias, con el objetivo de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. 42 INEGI. ENADIS 2022. en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf, Pág. 68. 43 INEGI (2023), ENADID. Estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad, Comunicado de prensa núm. 684/24, página 8, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_PCD24.pdf, el documento señala que el dato fue construido con datos de la página https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2023/ Ruta: Tabulados-principales, donde se descargan el tema 12 Discapacidad y el tema 15 Condición de ocupación, los cuales se compararon los datos de población con y sin discapacidad ocupada. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 653 6.2 Relevancia del Objetivo 2: Fortalecer la vinculación de las personas con discapacidad al empleo formal en condiciones de trabajo digno En México, únicamente 29.71% de la población con discapacidad en edad laboral participa activamente en la economía.44 Por otro lado, del total de la población con discapacidad (población de todas las edades, sin importar su condición de actividad económica), el 76% se encuentra afiliado a un servicio de salud.45 Asimismo, seis de cada diez jefas de hogar que tienen bajo su tutela a una persona con discapacidad se encuentran desempleadas,46 lo que hace apremiante diseñar mecanismos que promuevan una inclusión laboral efectiva para este sector. El Objetivo 2 del PNTEPD 2026-2030 se vincula a dos estrategias del Objetivo 3.2 del PND 2025-2030: la 3.2.2 Fortalecer las capacidades institucionales que garanticen los derechos laborales, promuevan la igualdad de oportunidades y la inclusión de grupos vulnerables al mercado laboral formal, con un enfoque en el Humanismo Mexicano, la igualdad sustantiva y la no discriminación y la 3.2.7 Promover, apoyar y garantizar el cumplimiento de condiciones laborales centradas en la seguridad, salud y capacitación en los centros de trabajo, fomentando el desarrollo de competencias y habilidades, el conocimiento de los derechos laborales colectivos y el acceso a formación continua en el lugar de trabajo. Además, abona a los 100 Compromisos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, específicamente al número 5, que busca brindar respeto a todos los derechos y combate a la discriminación. Este Objetivo impulsa la vinculación al empleo formal de las personas con discapacidad con énfasis en los grupos históricamente vulnerados como las mujeres, las personas jóvenes, las personas adultas mayores, los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas, quienes experimentan mayores barreras de acceso al empleo formal. Como punto de partida para impulsar la vinculación al empleo formal de las personas con discapacidad, es necesario reconocer que las limitaciones y barreras que enfrentan son multifactoriales y tienen mayores implicaciones que sólo la falta de accesibilidad física, arquitectónica, tecnológica y comunicacional; están incluidos otros elementos como las barreras y dificultades en prejuicios y estereotipos, así como desigualdades producto de la interseccionalidad que interactúan generando desventajas y exclusión en los ámbitos de la educación, la formación para el trabajo, la búsqueda de empleo, el acceso a la capacitación, que limitan el ejercicio de los derechos humanos laborales que les son inherentes. Asimismo, brindar el acompañamiento integral por especialista (psicología y trabajo social) a las personas con discapacidad para favorecer su integración al campo laboral formal, el cual podrá ser a través de un seguimiento periódico de manera presencial, a distancia o vía telefónica; así como el respectivo acompañamiento por parte del área de recursos humanos para identificar áreas de oportunidad que demanden llevar a cabo los ajustes razonables correspondientes y evitar la deserción de dichas personas. En el caso de las personas con discapacidad que requieran continuar con sus atenciones médicas, como rehabilitaciones en las instituciones de especialidad públicas, deberá ser posible justificar sus ausencias mediante constancias de tiempo, justificantes médicos o incapacidades, sin que ello repercuta o afecte su situación laboral. Para tal efecto, las autoridades de los centros de trabajo deberán realizar los ajustes razonables necesarios en la jornada y en la organización del trabajo durante los periodos en que dichas personas se encuentren en tratamiento. Por otra parte, el INEGI, dio a conocer que existen 101,184 unidades económicas que han empleado a personas con alguna discapacidad. Por primera vez, los Censos Económicos 2024 brindan información respecto de la contratación de las personas con alguna discapacidad refiriendo que, en 2023 se identificó que la limitación más frecuente es la dificultad para ver, incluso al usar lentes, con un registro de 114,721 personas y la menos frecuente es la dificultad para recordar o concentrarse, con una cifra de 10,714 personas trabajadoras.47 44 La información fue calculada con el Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020, disponible para su descarga en https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#microdatos, Archivos para descarga, Muestra (cuestionario ampliado, Base de Datos, Estados Unidos Mexicanos) Los cálculos realizados se encuentra resguardados en los datos estadísticos de la Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 45 Censo de Población y Vivienda 2020, levantado en ese año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es el más reciente en México, en https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#tabulados (ruta: Tabulados predefinidos, Cuestionario Básico, Nacional/Estatal, Discapacidad, Población total por entidad federativa, sexo y condición de afiliación a servicios de salud según discapacidad o limitación por tipo de actividad cotidiana que realiza y población con algún problema o condición mental) 46 Elaboración propia con base en el Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos 47 INEGI. Censos económicos. (2025), pág. 5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ce/CE_2024_RO_Nal.pdf 654 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estas cifras visibilizan la importancia de impulsar acciones concretas bajo los principios del modelo de Humanismo Mexicano, a través de objetivos, estrategias y líneas de acción para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a empleos dignos, en igualdad de condiciones, y que las personas empleadoras tomen consciencia de la diversidad en el lugar de trabajo cuando se toma como eje central el respeto al ejercicio pleno de los derechos humanos laborales. La atención de la problemática laboral que presentan las personas con discapacidad requiere de la sinergia de esfuerzos entre el Gobierno Federal, las y los empleadores, las instituciones educativas y la sociedad en general para disminuir y eliminar las limitaciones y barreras a las que se enfrenta este grupo en situación de vulnerabilidad para lograr acceder a un empleo digno conforme a lo mandatado en los ordenamientos legales vigentes. Aunque en la actualidad se cuenta con un marco normativo en torno a la inclusión social, persisten diversas formas de discriminación en el campo laboral, las cuales se traducen en serios obstáculos para el acceso, permanencia y desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad. Es en ese contexto que el Gobierno de México, a través de la STPS, opera la EAE, como un elemento transversal del PAE, que busca dar atención especializada a personas buscadoras de empleo que, por su situación física o social, presentan mayores barreras para insertarse en el campo laboral. Ésta tiene por objetivos:  Promover un enfoque de inclusión laboral en todos los subprogramas y modalidades del PAE.  Proporcionar atención especial a personas buscadoras de empleo que enfrentan mayores barreras para conseguir empleo, entre las que se encuentran personas: con discapacidad; adultas mayores; mujeres que se reincorporan al campo laboral; preliberadas en cualquiera de sus modalidades; víctimas de delito o de violación de derechos humanos; de pueblos originarios o afromexicanas, y de poblaciones LGBTIQ+, entre otras.  Proporcionar atención especial a personas buscadoras de empleo, nacionales y extranjeras en contexto de movilidad laboral, para facilitar su acceso a un empleo formal en México, que incluye a las personas: mexicanas repatriadas y/o retornadas; en situación de desplazamiento forzado interno; así como, migrantes extranjeras solicitantes o que hayan obtenido la condición de refugio, asilo político o protección complementaria.  Brindar asesoramiento y apoyo a las y los empleadores a fin de que adopten prácticas de contratación equitativa e inclusiva para estos grupos poblacionales; así como para el diseño de perfiles de puestos adaptables a las necesidades de cada persona. Como ya fue mencionado, la EAE aplica instrumentos de evaluación especializados, como el VALPAR para la identificación de perfiles integrales y de orientación ocupacional, que permiten a las personas buscadoras de empleo orientación para una mejor opción ocupacional, así como la realización de actividades que faciliten su empleabilidad. A través del Objetivo 2 del PNTEPD 2026-2030, se fortalecerá la vinculación laboral de las personas con discapacidad para promover el aseguramiento de sus derechos humanos y laborales. 6.3 Relevancia del Objetivo 3: Promover la capacitación para y en el trabajo de las personas con discapacidad La exclusión histórica de las personas con discapacidad se ha configurado a través de barreras actitudinales (prejuicios, estigmatización) y estructurales (entornos inaccesibles, falta de adaptaciones), lo cual limita su acceso al mercado laboral y al desarrollo de capacidades productivas. Esta exclusión se refleja con claridad en las cifras: la tasa de participación laboral de las personas con discapacidad es de apenas 29.7%, mientras que entre la población sin discapacidad alcanza 59.7%. La brecha se amplía por sexo: los hombres sin discapacidad registran una participación de 77.8%, frente al 39.7%. de los hombres con discapacidad; en el caso de las mujeres, la diferencia es aún mayor (42.8% contra 21.1%).48 Estas cifras evidencian desigualdades estructurales profundas que afectan el ejercicio de derechos, perpetúan la dependencia económica y representan una pérdida significativa de capital humano para el país. 48 La información fue calculada con el Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020, disponible para su descarga en https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#microdatos, Archivos para descarga, Muestra (cuestionario ampliado, Base de Datos, Estados Unidos Mexicanos) Los cálculos realizados se encuentra resguardados en los datos estadísticos de la Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 655 Esta situación genera consecuencias multidimensionales: a nivel individual, reproduce condiciones de dependencia económica y restringe el ejercicio de derechos fundamentales; en el ámbito social, representa una pérdida de capital humano y profundiza las desigualdades estructurales; para el Estado, constituye un desafío para el cumplimiento de los compromisos de inclusión establecidos tanto en el marco jurídico nacional como en instrumentos internacionales. Este Objetivo contribuye al cumplimiento del Objetivo 3.2 del PND 2025-2030, en específico a la Estrategia 3.2.7 que busca promover, apoyar y garantizar el cumplimiento de condiciones laborales centradas en la seguridad, salud, y capacitación en los centros de trabajo, fomentando el desarrollo de competencias y habilidades, el conocimiento de los derechos laborales colectivos y el acceso a formación continua en el lugar de trabajo. Asimismo, abona a los 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, específicamente al número 5, el cual, busca brindar respeto a todos los derechos y combate a la discriminación. La promoción de la capacitación para el trabajo de las personas con discapacidad se sustenta en un enfoque de derechos y justicia social, en congruencia con el modelo de desarrollo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que parte del Humanismo Mexicano y que busca consolidar una economía con bienestar, inclusión y dignidad. La capacitación en el trabajo es un derecho para todas las personas trabajadoras, que incluye aquellas que vivan con discapacidad. En general, la capacitación y el adiestramiento en el trabajo es fundamental para el desarrollo de competencias y habilidades, así como para la prevención de accidentes y riesgos de trabajo; permite, también, la construcción de compromisos en un ambiente de responsabilidad social mediante trabajos idóneos para el crecimiento personal y organizacional, que resultan útiles para prevenir cualquier tipo de violencia y discriminación; todo esto, junto con otros factores, facilita el incremento de la productividad con beneficios compartidos. Al respecto, existen desafíos y barreras en la capacitación que las personas con discapacidad pueden enfrentar en los centros laborales, como la falta de espacios y de técnicas adecuadas, esto al considerar las diferentes discapacidades. Se deberá de promover la capacitación para y en el trabajo de las personas con discapacidad, así como a aquellas personas que emplean a este sector de la población prioritaria para que puedan contar con las condiciones mínimas para desarrollar su trabajo. La capacitación será uno de los ejes principales, no el único, pero sí deberá de impulsar el desarrollo de habilidades para las personas con discapacidad y promover su incorporación al empleo, pero de forma paralela deberá ir acompañada dicha capacitación con los responsables de los centros de trabajo para una mejor incorporación al campo laboral. La intervención del PJCF resulta particularmente relevante por su capacidad de incidir simultáneamente en la esfera individual (autonomía económica), organizacional (transformación de culturas laborales) y social (construcción de una economía más incluyente), al contribuir así al bienestar colectivo y al desarrollo nacional. Primero, impulsa la integración socioeconómica de las personas jóvenes con discapacidad mediante la adquisición de competencias laborales en entornos accesibles. Segundo, promueve la transformación de los ecosistemas productivos al incentivar a los centros de trabajo a desarrollar prácticas inclusivas y sostenibles. Tercero, garantiza condiciones materiales básicas (apoyo económico y protección social) que permiten a las personas jóvenes con discapacidad enfocarse en su desarrollo profesional y ejercer su derecho a un trabajo digno. Es importante mencionar que, el cumplimiento de la obligación patronal de brindar capacitación y adiestramiento debe considerar a todas las personas trabajadoras, así como las necesidades específicas de aquellas con alguna discapacidad. Para lograr lo anterior, a través de la capacitación, se contribuye en la formación de instructores internos que, en su labor capacitadora, consideren la inclusión dentro de los centros de trabajo y apliquen, en la impartición de los cursos, técnicas y recursos pedagógicos que faciliten el aprendizaje de personas trabajadoras con discapacidad. Dicha capacitación tendrá que estar dirigida en tres sentidos: 1) hacia el desarrollo de las habilidades de las personas con discapacidad enfocado a sus actividades laborales; 2) a las personas responsables de los centros de trabajo, para la promoción de una cultura de inclusión laboral; y 3) a las personas que conforman la plantilla laboral, para la promoción de una cultura de inclusión laboral entre pares, así como aquella enfocada en la atención de las personas usuarias que solicitan algún servicio o requieren llevar a cabo algún trámite. Se deberá promover la obligatoriedad de la NOM-034-STPS-2016, así como su actualización para el debido cumplimiento el cual deberá verse reflejado como parte integrante de los Programas Internos de Protección Civil de los centros de trabajo. 656 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 6.4 Relevancia del Objetivo 4: Mejorar el acceso de las personas trabajadoras con discapacidad a la seguridad social El derecho a la seguridad social es un componente esencial del bienestar y la dignidad humana, particularmente para grupos históricamente excluidos. En el caso de las personas con discapacidad, las cifras muestran con claridad la urgencia de atender la problemática. Las diferencias en el acceso a la seguridad social por parte de la población evidencian desigualdades estructurales que profundizan la vulnerabilidad económica, limitan la protección frente a contingencias y restringen el ejercicio pleno de derechos laborales y sociales. Este Objetivo se vincula con PND 2025-2030 a través de su Eje General 2: Desarrollo con bienestar y humanismo. Específicamente con el Objetivo 2.1. Fortalecer la red de protección social para garantizar la inclusión social y económica de toda la población, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, en su Estrategia 2.1.3. Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la inclusión social, económica, y la atención integral de las personas con discapacidad permanente, eliminando barreras estructurales para garantizar su plena participación, especialmente los grupos históricamente vulnerados como las mujeres, las personas jóvenes, las personas adultas mayores, los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas, quienes experimentan mayores barreras para garantizar su plena participación. Además, contribuye al cumplimiento de los 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, específicamente al número 5, que se busca brindar respeto a todos los derechos y combate a la discriminación. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) establece que el derecho a la seguridad social es fundamental para garantizar dignidad a todas las personas, particularmente en situaciones adversas que limitan el ejercicio pleno de otros derechos, incluidos los laborales.49 Además implica que, a pesar de que existan condiciones que generan exclusión y discriminación, tales como la falta de ingresos procedentes del trabajo; gastos excesivos en atención médica o la falta de redes de apoyo familiar; todas las personas podrán acceder y conservar prestaciones sociales sin discriminación alguna.50 Adicionalmente, los sistemas de seguridad social deben reconocer que las personas con discapacidad presentan una esperanza de vida menor en comparación con la población general, con brechas que oscilan entre 10 y 20 años, y que enfrentan mayores dificultades para acceder al empleo formal, lo que limita su derecho a la protección social y a los beneficios asociados, como pensiones, ahorro para el retiro y vivienda.51 Estas condiciones adversas afectan directamente a este grupo poblacional, que registra mayores niveles de informalidad laboral y, en consecuencia, un acceso a la seguridad social considerablemente inferior al de las personas sin discapacidad. Dicha brecha deriva de múltiples factores, como la persistencia de prejuicios y estigmas, la ausencia de ajustes razonables en los entornos laborales y las barreras para acceder a programas de formación profesional que potencien su empleabilidad. Sin duda, fortalecer los mecanismos que inciden para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al empleo en condiciones de trabajo digno, que implica contar con servicio médico, seguros para la jubilación en edad avanzada, incapacidad o muerte, así como servicios sociales necesarios para el bienestar de sus familias, entre otros, requiere de la sinergia interinstitucional coordinada que se plantea en el presente Programa Especial. Por último, con el propósito de garantizar el acceso universal y sin discriminación a los servicios de seguridad social, el IMSS y el ISSSTE implementarán una estrategia integral que comprenda la elaboración y difusión de guías informativas accesibles que permitan a las personas trabajadoras con discapacidad, conocer y ejercer plenamente sus derechos laborales. 49 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (2023), Acerca del derecho a la seguridad social. El ACNUDH y el derecho a la seguridad social, en https://www.ohchr.org/es/social-security/about-right-social-security-and-human- rights. Consultado el 8 enero 2025 50 Ídem. 51 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). Personas con discapacidad e inclusión laboral en América Latina y el Caribe: Principales desafíos de los sistemas de protección social (LC/TS.2023/23), pp. 28–33. Santiago de Chile: CEPAL. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/1535653e-6f21-456e-bb5a-dc446ff5c8ad/content Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 657 6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2026-2030 En concordancia con las prioridades nacionales, el PNTEPD 2026-2030 como programa derivado del PND 2025-2030 contribuye al cumplimiento del Objetivo 3.2, relativo a la promoción del trabajo digno para las y los mexicanos, con especial énfasis en aquellos grupos que han sido históricamente vulnerados. De igual manera, abona en el cumplimiento del Objetivo 2.1, enfocado en el fortalecimiento de la red de protección social para garantizar la inclusión social y económica de la población, especialmente de aquella en situación de vulnerabilidad. A través de los cuatro objetivos planteados, el PNTEPD 2026-2030 busca favorecer la inclusión y vinculación al mercado de trabajo formal, así como el desarrollo de competencias y habilidades para el trabajo a través de la capacitación y la ampliación del acceso a la seguridad social de las personas con discapacidad. Objetivos del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 2030 1. Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en condiciones de trabajo digno. Objetivo 3.2 Promover el trabajo digno para todas las personas en edad laboral, especialmente para los grupos históricamente vulnerados, facilitando su inserción en empleos alineados con las vocaciones económicas de los mercados laborales regionales y locales. Estrategia 3.2.2 Fortalecer las capacidades institucionales que garanticen los derechos laborales, promuevan la igualdad de oportunidades y la inclusión de grupos vulnerables al mercado laboral formal, con un enfoque en el Humanismo Mexicano, la igualdad sustantiva y la no discriminación. 2. Fortalecer la vinculación de las personas con discapacidad al empleo formal en condiciones de trabajo digno. Objetivo 3.2 Promover el trabajo digno para todas las personas en edad laboral, especialmente para los grupos históricamente vulnerados, facilitando su inserción en empleos alineados con las vocaciones económicas de los mercados laborales regionales y locales. Estrategia 3.2.2 Fortalecer las capacidades institucionales que garanticen los derechos laborales, promuevan la igualdad de oportunidades y la inclusión de grupos vulnerables al mercado laboral formal, con un enfoque en el Humanismo Mexicano, la igualdad sustantiva y la no discriminación. Estrategia 3.2.7 Promover, apoyar y garantizar el cumplimiento de condiciones laborales centradas en la seguridad, salud y capacitación en los centros de trabajo, fomentando el desarrollo de competencias y habilidades, el conocimiento de los derechos laborales colectivos y el acceso a formación continua en el lugar de trabajo. 3. Promover la capacitación para y en el trabajo de las personas con discapacidad. Objetivo 3.2 Promover el trabajo digno para todas las personas en edad laboral, especialmente para los grupos históricamente vulnerados, facilitando su inserción en empleos alineados con las vocaciones económicas de los mercados laborales regionales y locales. Estrategia 3.2.7 Promover, apoyar y garantizar el cumplimiento de condiciones laborales centradas en la seguridad, salud y capacitación en los centros de trabajo, fomentando el desarrollo de competencias y habilidades, el conocimiento de los derechos laborales colectivos y el acceso a formación continua en el lugar de trabajo. 4. Mejorar el acceso de las personas trabajadoras con discapacidad a la seguridad social. Objetivo 2.1 Fortalecer la red de protección social para garantizar la inclusión social y económica de toda la población, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Estrategia 2.1.3 Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la inclusión social, económica, y la atención integral de las personas con discapacidad permanente, eliminando barreras estructurales para garantizar su plena participación. 658 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 7. Estrategias y líneas de acción Las estrategias del PNTEPD 2026-2030 están dirigidas a fortalecer las actividades en favor de las personas con discapacidad de manera transversal en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, para impulsar ambientes laborales igualitarios, inclusivos y sin discriminación. Objetivo 1. Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en condiciones de trabajo digno Estrategia 1.1 Fortalecer las políticas laborales incluyentes para impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.1 Elaborar y difundir guías y manuales prácticos para la implementación de ajustes razonables y diseño universal en los centros de trabajo, facilitando la adaptación de puestos y entornos laborales. CONADIS, SEBIEN, IMSS, FIFONAFE, PROCURADURÍA AGRARIA, STPS 1.1.2 Impulsar y promover la entrega de distintivos y certificaciones a organismos públicos y privados que promuevan la inclusión e igualdad de condiciones laborales. STPS, CONADIS-SEBIEN, IMSS, SECTUR, CONAPRED, SEGOB 1.1.3 Difundir entre empleadores los beneficios e incentivos fiscales disponibles por la contratación de personas con discapacidad y las adaptaciones realizadas en los centros de trabajo. STPS, CONADIS-SEBIEN, SNDIF, IMSS, SE 1.1.4 Establecer campañas informativas sobre derechos y obligaciones laborales de las personas con discapacidad y de las y los empleadores para eliminar barreras de discriminación. SECIHTI , SEGOB, SEDATU, CONAVI, FIFONAFE, INSUS, PROCURADURÍA AGRARIA, IMSS Estrategia 1.2 Promover la creación de un ecosistema laboral inclusivo y accesible para personas con discapacidad, a fin de fortalecer las buenas prácticas laborales en los centros de trabajo Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.1 Asesorar a centros de trabajo en materia de no discriminación e implementación de buenas prácticas laborales, que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad. STPS, SNDIF, SSA, CONAPRED, SEGOB 1.2.2 Proporcionar material informativo a los centros de trabajo para orientar la implementación de políticas laborales incluyentes y no discriminatorias. STPS 1.2.3 Fomentar el intercambio de buenas prácticas entre empresas que implementan políticas de inclusión laboral exitosas. STPS, SECTUR Objetivo 2. Fortalecer la vinculación de las personas con discapacidad al empleo formal en condiciones de trabajo digno Estrategia 2.1 Brindar servicios integrales que favorezcan la vinculación laboral de las personas con discapacidad, a fin de fortalecer la colaboración entre los sectores público, privado y social Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.1 Vincular a las personas con discapacidad atendidas a través de la RNVL a los centros de rehabilitación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para promover su inclusión laboral y el diseño de funcionalidades de accesibilidad a personas con discapacidad. SNDIF Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 659 Estrategia 2.2 Proporcionar atención especializada a las personas buscadoras de empleo con discapacidad, a efecto de promover su inserción laboral en condiciones de trabajo digno Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.1 Fortalecer la vinculación laboral de las personas con discapacidad mediante la ”Estrategia Abriendo Espacios”. STPS, CONAVI, FIFONAFE, PROCURADURÍA AGRARIA 2.2.2 Promover dentro de las Dependencias y Entidades de la APF la contratación de personas con discapacidad; con los ajustes razonables necesarios. CONADIS, SEBIEN, IMSS, SEGOB, SEDATU, FIFONAFE, PROCURADURÍA AGRARIA, SEDENA 2.2.3 Implementar mecanismos de referencia entre unidades médicas y los servicios de seguridad social para garantizar la continuidad de atención médica y rehabilitación sin afectar la permanencia laboral. SSA, IMSS-BIENESTAR-IMSS 2.2.4 Promover la realización de ferias de empleo a través del SNE en las que se procure la participación de personas con discapacidad. IMJUVE-STPS, SECTUR, STPS Estrategia 2.3 Impulsar la empleabilidad y el desarrollo de habilidades laborales de las personas con discapacidad Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.3.1 Fortalecer los servicios de orientación vocacional para la búsqueda de empleo, adaptados a las necesidades individuales de las personas con discapacidad. STPS, SEP, SNDIF, SSA 2.3.2 Fomentar el desarrollo de habilidades blandas y transversales (comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas) en las personas con discapacidad para fortalecer su empleabilidad. SEP 2.3.3 Establecer alianzas con instituciones educativas, centros de capacitación y empresas para ofrecer prácticas profesionales y oportunidades de empleo para personas con discapacidad. SNDIF, SSA, SECIHTI Objetivo 3. Promover la capacitación para y en el trabajo de las personas con discapacidad Estrategia 3.1 Impulsar la inclusión laboral de las personas trabajadoras con discapacidad a fin de fortalecer sus capacidades y promover el trabajo digno Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.1 Promover la formación de instructores internos con perspectiva de inclusión de personas con discapacidad en los centros de trabajo a través del Programa de Formación de Agentes Multiplicadores (FAM). STPS 3.1.2 Actualizar los Estándares de Competencia (EC) y los procesos de evaluación con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad en coordinación con instituciones de formación y empleo. CONOCER-SEP 3.1.3 Diseñar e implementar programas de capacitación y estándares de competencias laborales específicos para personas con discapacidad en sectores con alta demanda de empleo. CONOCER-SEP 3.1.4 Difundir, en las capacitaciones a las personas trabajadoras, la responsabilidad social y las condiciones del trabajo digno sin discriminación conforme a la LFT. STPS 660 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.5 Capacitar a las personas servidoras públicas para la inclusión del personal con alguna discapacidad STPS, SECIHTI, FIFONAFE-SEDATU, PROCURADURÍA AGRARIA-SEDATU, INSUS-SEDATU, SE 3.1.6 Capacitar a inspectores laborales y personal de recursos humanos en la identificación y prevención de la discriminación por discapacidad en el ámbito laboral. STPS 3.1.7 Establecer descuentos en el precio de la emisión de certificados para prestadores de servicio del CONOCER que atiendan personas con discapacidad en razón del tipo de certificación de los usuarios CONOCER-SEP 3.1.8 Promover acciones de capacitación virtual dirigidas a las personas servidoras públicas en materia de inclusión para la sensibilización y mejora de la atención a las personas con discapacidad. SABG Estrategia 3.2 Promover la capacitación de jóvenes con discapacidad en centros de trabajo del PJCF, a fin de fortalecer sus habilidades y facilitar su empleabilidad Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.1 Promover la vinculación con organizaciones de la sociedad civil, empresas, talleres, negocios, instituciones y demás unidades económicas que brinden capacitación laboral a jóvenes con discapacidad. STPS, SECIHTI, PROCURADURÍA AGRARIA-SEDATU 3.2.2 Desarrollar operativos territoriales para registrar a jóvenes que no estudian y no trabajan, viven con alguna discapacidad, y están dispuestos a recibir capacitación para el trabajo, mediante las oficinas móviles, en las distintas regiones del país. STPS 3.2.3 Promover acciones de difusión para convocar a las personas jóvenes que no estudian y no trabajan, y viven con alguna discapacidad, a realizar su registro para recibir capacitación. STPS, SEGOB 3.2.4 Emprender acciones para que los centros de trabajo diseñen planes de capacitación adaptados a jóvenes con discapacidad, a través de recursos pedagógicos y materiales orientativos. STPS 3.2.5 Desarrollar y difundir acciones de capacitación y pláticas informativas en las que puedan participar personas jóvenes con discapacidad, con el propósito de fortalecer sus habilidades para el trabajo, a través de los canales de comunicación del Programa. STPS Estrategia 3.3 Ampliar las oportunidades de formación profesional de las personas con discapacidad en educación superior y posgrado para favorecer su inserción laboral y el ejercicio de sus derechos Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.1 Promover el acceso y permanencia de personas con discapacidad en educación superior y posgrado a través del otorgamiento de becas y apoyos complementarios. SECIHTI, SEP Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 661 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.2 Ofrecer formación profesional gratuita a estudiantes con discapacidad en colaboración con las Instituciones de Educación Superior para contribuir al ejercicio del derecho a la educación mediante plataformas digitales. SEP 3.3.3 Promover el acceso y permanencia de personas con discapacidad en educación superior para fortalecer su desarrollo profesional, a través de la implementación de modelos educativos flexibles y multimodales. SEP Objetivo 4. Mejorar el acceso de las personas trabajadoras con discapacidad a la seguridad social Estrategia 4.1 Promover la información accesible y la sensibilización de empleadores y personas trabajadoras sobre los derechos laborales y de seguridad social de las personas con discapacidad Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.1.1 Sensibilizar a la sociedad en general sobre el valor y las capacidades de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, combatiendo prejuicios y estereotipos. STPS, CONADIS, SEBIEN, SNDIF, IMSS, CONAPO- SEGOB, SIPINNA, SEGOB, IMER 4.1.2 Diseñar, elaborar y difundir información accesible sobre prestaciones laborales en el ámbito de la atención médica, en guías y versiones auditivas dirigidas a personas con discapacidad. ISSSTE, IMSS, CONAVI-SEDATU, FIFONAFE-SEDATU, INSUS-SEDATU, 4.1.3 Difundir de manera clara y accesible los derechos laborales y de seguridad social de las personas con discapacidad. STPS, CONADIS, SEBIEN, SECTUR, CONAVI-SEDATU, FIFONAFE-SEDATU, PROCURADURÍA AGRARIA– SEDATU, INSUS, SEDATU, IMER, IMSS 4.1.4 Difundir campañas de salud sobre derechos sociales y servicios accesibles, en coordinación con programas de seguridad social. SSA, STPS, IMSS Estrategia 4.2 Garantizar el acceso y ejercicio de los derechos laborales y de seguridad social de las personas con discapacidad a fin de fortalecer su bienestar y protección social Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.2.1 Fortalecer los mecanismos de denuncia y atención de casos de discriminación laboral hacia personas con discapacidad. SECIHTI, SE, PROFEDET-STPS 4.2.2 Promover la inclusión de personas con discapacidad en esquemas de seguridad social, salud y vivienda. ISSSTE, IMSS, SEMAR, CONAVI-SEDATU 4.2.3 Operar mecanismos de verificación del cumplimiento legal en los centros de trabajo respecto al trabajo digno. STPS 4.2.4 Fortalecer los programas de salud ocupacional y prevención de riesgos laborales dirigidos a personas con discapacidad, con énfasis en la reducción de incapacidades y accidentes de trabajo. SSA, 4.2.5 Promover, entre las organizaciones sindicales, que los Contratos Colectivos de Trabajo incorporen cláusulas que establezcan beneficios específicos para las personas con discapacidad. CFCRL-STPS 662 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 8. Indicadores y metas Indicador 1.1 Tasa de variación de personas trabajadoras que abandonaron un empleo por discriminación o acoso. ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Tasa de variación de personas trabajadoras que abandonaron un empleo por discriminación o acoso. Objetivo Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en condiciones de trabajo digno. Definición o descripción Mide la proporción de personas trabajadoras que abandonaron su empleo debido a situaciones de discriminación o acoso, respecto a la proporción de personas trabajadoras que abandonaron su empleo debido a situaciones de discriminación o acoso el año previo. Derecho asociado Derecho al empleo digno y socialmente útil. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Mayo del siguiente año Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Otros Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección General de Previsión Social Método de cálculo TVPT_ATDC = [PT_ ATDC_ ENOE_f - PT_ ATDC _ENOE_i) / (PT_ ATDC _ENOE_i] * 100 Donde: TVPT_ATDC: Tasa de variación de personas trabajadoras que abandonaron su trabajo por discriminación o acoso. PT_ ATDC _ENOE_i: Número de personas trabajadoras que abandonaron su trabajo por discriminación o acoso de acuerdo con la ENOE durante el período i. PT_ ATDC _ENOE_f: Número de personas trabajadoras que abandonaron su trabajo por discriminación o acoso de acuerdo con la ENOE durante el período f. Observaciones Estos cálculos dependen del levantamiento de la ENOE y de la continuidad en el cuestionario de la misma. Según el portal del INEGI, la periodicidad de la Encuesta y, por tanto, su disponibilidad, es no determinada. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de personas trabajadoras que abandonaron su trabajo por discriminación o acoso de acuerdo con la ENOE durante el primer trimestre de 2024 ii Variable 1 21,548 Fuente de información variable 1 ENOE Nombre variable 2 Número de personas trabajadoras que abandonaron su trabajo por discriminación o acoso de acuerdo con la ENOE durante el primer trimestre de 2025 Variable 2 19,604 Fuente de información variable 2 ENOE Sustitución en método de cálculo (19604 -21548) / (21548) *100= -9% VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Valor -9% Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 -7.5% Estos cálculos dependen del levantamiento de la ENOE y de la continuidad de esta SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 -32% 40% 4% 10% -4% -24% 13% -9% METAS 2026 2027 2028 2029 2030 -9% -8.5% -8% -8% -7.5% Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 663 Indicador 1.2 Porcentaje de personas con discapacidad que declaró falta de oportunidades para encontrar empleo ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de personas con discapacidad que declaró falta de oportunidades para encontrar empleo. Objetivo Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en condiciones de trabajo digno. Definición o descripción Representa el porcentaje de personas con discapacidad que declararon falta de oportunidades para encontrar empleo según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS). Derecho asociado Derecho al empleo digno y socialmente útil. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Quinquenal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Enero Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Otros Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección General de Previsión Social Método de cálculo PCD-FOE = PCD-FOE_ENADIS / PCD_ENC_ENADIS * 100 Donde: PCD-FOE: Porcentaje de personas con discapacidad que declaró falta de oportunidades para encontrar empleo. PCD-FOE_ENADIS: Número de personas con discapacidad de 12 años de edad y más que declararon falta de oportunidades para encontrar empleo según la ENADIS. PCD_ENC_ENADIS: Número de personas con discapacidad encuestadas por la ENADIS. Observaciones Estos cálculos dependen del levantamiento de la ENADIS y de la continuidad en el cuestionario de la misma. Según el portal del INEGI, la periodicidad de la Encuesta y, por tanto, su disponibilidad, es no determinada. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de personas con discapacidad que declararon falta de oportunidades para encontrar empleo en 2022 Variable 1 664,864 Fuente de información variable 1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Nombre variable 2 Número de personas con discapacidad encuestadas en la ENADIS 2022 Variable 2 4,212,868 Fuente de información variable 2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sustitución en método de cálculo (664,864/4,212,868)*100=15.8% VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Valor 15.8% Año 2022 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 13% Estos cálculos dependen del levantamiento de la ENADIS y de la continuidad de ésta SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA 15.8% N/A N/A N/A METAS 2026 2027 2028 2029 2030 N/A 13% N/A N/A 13% 664 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 2. Porcentaje de personas con discapacidad que buscan empleo, colocadas a través de la Estrategia Abriendo Espacios ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de personas con discapacidad que buscan empleo, colocadas a través de la Estrategia Abriendo Espacios. Objetivo Fortalecer la vinculación de las personas con discapacidad al empleo formal en condiciones de trabajo digno. Definición o descripción Mide la eficacia de la Estrategia Abriendo Espacios para vincular a personas con discapacidad, que buscan un empleo formal u ocupación productiva. Derecho asociado Derecho al trabajo digno y socialmente útil. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Enero del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero - Diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Unidad del Servicio Nacional de Empleo (USNE) Método de cálculo PPDBECAE = (TPDCEFAE / TPDBEAE) * 100 Donde: PPDBECAE: Porcentaje de personas con discapacidad que buscan empleo colocadas a través de la Estrategia Abriendo Espacios. TPDCEFAE: Total de personas con discapacidad colocadas en un empleo formal en el año , a través de la estrategia Abriendo Espacios. TPDBEAE: Total de personas con discapacidad que buscan empleo atendidas en el año , a través de la estrategia Abriendo Espacios. Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 1.- Total de personas con discapacidad colocadas en un empleo formal en el año 2025, a través de la estrategia Abriendo Espacios Valor variable 1 2,397 Fuente de información variable 1 Registros administrativos de la USNE Nombre variable 2 2.- Total de personas con discapacidad que buscan empleo en el año , atendidas a través de la Estrategia Abriendo Espacios Valor variable 2 14,222 Fuente de información variable 2 Registros administrativos de la USNE Sustitución en método de cálculo (2,397/14,222)*100=16.85%) VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 16.85% Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 21.00% La meta considera que las personas con discapacidad que buscan empleo cuentan con los conocimientos y habilidades requeridos en el puesto vacante y que sólo requerirían ajustes razonables. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 23.05% 20.40% 20.68% 20.59% 17.41% 21.13% 18.17% 16.85% METAS 2026 2027 2028 2029 2030 19.00% 19.50% 20.00% 20.50% 21.00% Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 665 Indicador 3. Porcentaje acumulado de nuevas personas beneficiarias del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro que viven con alguna discapacidad ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje acumulado de nuevas personas beneficiarias del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro que viven con alguna discapacidad. Objetivo Promover la capacitación para y en el trabajo de las personas con discapacidad. Definición o descripción Mide el porcentaje acumulado de nuevas personas beneficiarias del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (PJCF) que viven con alguna discapacidad, respecto al uno por ciento de la población objetivo del PJCF durante el sexenio. Derecho asociado Derecho al trabajo digno y socialmente útil. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual. Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Enero del año siguiente. Unidad de medida Porcentaje. Periodo de recolección de los datos Enero-diciembre. Tendencia esperada Ascendente. Unidad responsable de reportar el avance Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Método de cálculo PNBD = TNBD / CPO * 100 Donde: PNBD: porcentaje acumulado de nuevas personas beneficiarias del PJCF que tienen alguna discapacidad. TNBD: número acumulado de nuevas personas beneficiarias del Programa con alguna discapacidad desde el ejercicio fiscal 2025, en el periodo t. CPO: número de personas equivalentes al uno por ciento de la población objetivo del PJCF en el sexenio. Observaciones El cálculo toma como base la información provista por los registros administrativos alojados en la Plataforma Digital del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El indicador se reportará de forma anual, con base en una meta sexenal de 1% de la población objetivo del Programa. Por tanto, se espera que una de cada cien personas beneficiarias del Programa sea un(a) joven con discapacidad. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número acumulado de personas beneficiarias del PJCF con alguna discapacidad, en el ejercicio fiscal 2025. Valor variable 1 4,011 Fuente de información variable 1 Registros administrativos alojados en la Plataforma Digital del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Nombre variable 2 Número de personas equivalentes al uno por ciento de la población objetivo del PJCF en el sexenio. Valor variable 2 17,000 Fuente de información variable 2 Registros administrativos alojados en la Plataforma Digital del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sustitución en método de cálculo 4,011/ 17,000 * 100 = 23.6% VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 23.6% Los datos presentados en la serie histórica del indicador corresponden al acumulado del sexenio 2018 a 2024, por lo que al iniciar un nuevo cálculo acumulado para el periodo 2025-2030, la referencia de 2025 es 23.6% Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 100% La población objetivo del PJCF para el sexenio 2025-2030 es de 1.7 millones de personas, de tal forma que el uno por ciento equivale a 17 mil personas que constituye la meta de personas con discapacidad beneficiadas por el PJCF. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA 22.0% 28.6% 41.0% 47.3% 62.0% 66.1% 23.6% METAS 2026 2027 2028 2029 2030 36.5% 54.1% 71.8% 89.4% 100.0% 666 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 4. Porcentaje de centros de trabajo reconocidos con el Distintivo en Responsabilidad Laboral (DRL), que emplean a personas con discapacidad ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre Porcentaje de centros de trabajo reconocidos con el Distintivo en Responsabilidad Laboral (DRL), que emplean a personas con discapacidad. Objetivo Mejorar el acceso de las personas trabajadoras con discapacidad a la seguridad social. Definición o descripción Mide el porcentaje de centros de trabajo reconocidos con el Distintivo en Responsabilidad Laboral, que emplean personas con discapacidad; respecto del total de centros de trabajo reconocidos con el DRL. Derecho asociado Derecho al trabajo digno y socialmente útil. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Febrero Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero -diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección General de Previsión Social Método de cálculo CT_RDRLEPCD = CTEPCD_RDRL/CT_RDRLa *100 Donde: CT_RDRLEPCD: Porcentaje de centros de trabajo reconocidos con el Distintivo de Responsabilidad Laboral (DRL), que emplean a personas con discapacidad. CTEPCD_RDRL: Número de centros de trabajo que emplean a personas con discapacidad reconocidos con el DRL. CT_RDRLa: número total de centros de trabajo reconocidos con el DRL. Observaciones El Distintivo de Responsabilidad Laboral tiene como propósito reconocer e impulsar a los centros de trabajo que han implementado políticas, acciones y buenas prácticas que contribuyen al trabajo digno en sus relaciones laborales e impactan de forma positiva en el desarrollo integral de las personas trabajadoras. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 1.- Número de centros de trabajo que emplean a personas con discapacidad reconocidos con el DRL en 2025 Valor variable 1 0 Fuente de información variable 1 Registros administrativos de la Dirección General de Previsión Social Nombre variable 2 2.- Número de centros de trabajo reconocidos con el DRL en 2025 Valor variable 2 0 Fuente de información variable 2 Registros administrativos de la Dirección General de Previsión Social Sustitución en método de cálculo (0/ 0) * 100= 0 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 El Distintivo de Responsabilidad Laboral estará disponible hasta el ejercicio 2026. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 30% La meta a alcanzar dependerá de que la Plataforma Digital supere la fase de pruebas a que sea sometida para su posterior operación. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ND ND ND ND ND ND ND 0 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 10% 15% 20% 25% 30% Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 667 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa Comisión Nacional de Vivienda Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales Consejo Nacional de Población Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Instituto Mexicano de la Juventud Instituto Mexicano de la Radio Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Nacional del Suelo Sustentable Procuraduría Agraria Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Secretaría de Bienestar Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Secretaría de Economía Secretaría de Educación Pública Secretaría de Gobernación Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Marina Secretaría de Salud Secretaría de Turismo Secretaría del Trabajo y Previsión Social Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia _________________________ 668 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 PROGRAMA Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2026-2030. PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2026-2030 1. Índice 1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo 6. Objetivos 6.1 Relevancia del objetivo 1: Promover la igualdad sustantiva para que todas las mujeres, adolescentes y niñas puedan ejercer plenamente sus derechos. 6.2 Relevancia del objetivo 2: Promover las autonomías y libertades de las mujeres, adolescentes y niñas para tomar decisiones en todos los ámbitos de su vida. 6.3 Relevancia del objetivo 3. Fortalecer el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda y la sostenibilidad ambiental de las mujeres, adolescentes y niñas para garantizar el ejercicio de sus derechos y su bienestar personal y colectivo. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Eliminar todas las formas de violencias contra mujeres, adolescentes y niñas a través de la prevención, la atención a las causas y el cambio cultural. 6.5 Relevancia del objetivo 5: Promover el reconocimiento y redistribución de los trabajos del hogar y de cuidados, fomentando la corresponsabilidad entre los gobiernos, el sector privado, los hogares, las familias y la comunidad. 6.6 Relevancia del objetivo 6: Fortalecer las redes y organizaciones de mujeres que reconozcan y fortalezcan sus propias formas de liderazgo y participación política, social y comunitaria que contribuya a transformar la realidad desde una lógica colectiva. 6.7 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2026-2030 7. Estrategias y líneas de acción 8. Indicadores y metas 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa 2. Señalamiento del origen de los recursos del programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2026-2030 (PNPEISMH 2026-2030), incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el PNPEISMH 2026-2030, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo. 3. Siglas y acrónimos ACNUDH: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos AMEXCID: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo APF: Administración Pública Federal ATDT: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. BIENESTAR: Secretaría del Bienestar Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 669 CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres CENSIDA: Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida CENSIA: Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia CENSO: Censo de Población y Vivienda CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CFE: Comisión Federal de Electricidad CNEGSSR: Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva. CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores COMAR: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADIC: Comisión Nacional contra las Adicciones CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFOR: Comisión Nacional Forestal CONAGO: Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGUA: Comisión Nacional del Agua CONAPO: Consejo Nacional de Población CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONASAMA: Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones CONASAMI: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CULTURA: Secretaría de Cultura ENADID: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación ENAPEA: Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes ENASIC: Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados ENCUCI: Encuesta Nacional de Cultura Cívica ENDIREH: Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENUT: Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo ENVI: Encuesta Nacional de Vivienda ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública FGR: Fiscalía General de la República 670 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 FONART: Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado IMCO: Instituto Mexicano para la Competitividad IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMSS BIENESTAR: Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social IMEF: Instancias de las Mujeres en Entidades Federativas INAES: Instituto Nacional de la Economía Social INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INAPAM: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores INE: Instituto Nacional Electoral INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores INGER: Instituto Nacional de Geriatría INM: Instituto Nacional de Migración INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado JUCOPO: Junta de Coordinación Política LGBTIQ+: Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Intersexual, Queer y + que representa otras identidades no incluidas en la sigla. LGISMH: Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres MEJOREDU: Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación MOCIBA: Módulo sobre Ciberacoso MODECULT: Módulo Sobre Eventos Culturales Seleccionados MOPRADEF: Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico MUJERES: Secretaría de las Mujeres NAFIN: Nacional Financiera, S.N.C. NEM: Nueva Escuela Mexicana OIC: Órgano Interno de Control OMS: Organización Mundial de la Salud PA: Procuraduría Agraria PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente PG: Perspectiva de Género PEMEX: Petróleos Mexicanos PIB: Producto Interno Bruto PJF: Poder Judicial de la Federación Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 671 PND: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 PNPEISMH 2026-2030: Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2026-2030 RENAPO: Registro Nacional de Población RAN: Registro Agrario Nacional Redes Mucpaz: Redes de Mujeres Constructoras de Paz SABG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural SALUD: Secretaría de Salud SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación SE: Secretaría de Economía SECIHTI: Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación SECTUR: Secretaría de Turismo SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional SEGOB: Secretaría de Gobernación SEMAR: Secretaría de Marina SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SENER: Secretaría de Energía SEP: Secretaría de Educación Pública SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes SE-SIPINNA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia SNIEG: Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica SNISMH: Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres SNPASEVM: Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres SPR: Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SSECCOE: Comités de Ética en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UIG: Unidades de Igualdad de Género UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas 672 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 4. Fundamento normativo El Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (PNPEISMH 2026-2030) es un programa especial guiado desde el inicio por los “100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación” y derivado del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2025-2030), cuya elaboración se enmarca en el Sistema de Planeación Democrática al que hace referencia el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), conforme a lo que señala el artículo 22 de la Ley de Planeación. Este programa especial, encuentra a su vez fundamento en la reciente reforma del artículo 4o. de la CPEUM, que establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y que el Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres. Dicha reforma, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1o. constitucional, compone la piedra angular para que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, incluyendo la igualdad sustantiva y para que actúen en ese sentido para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos humanos, de conformidad con la normatividad que les es aplicable. De acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), los Estados Parte tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para modificar los patrones socioculturales que fomentan la idea de inferioridad de las mujeres respecto de los hombres, con el fin de eliminar los prejuicios y prácticas que perpetúan la discriminación (ONU, 1979, art. 5).1 Derivado de lo dispuesto en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional de las Mujeres celebrada en Beijing, China, el Estado mexicano se compromete a integrar la perspectiva de género en diversos planes, programas y proyectos de gobierno (ONU, 1995, medida 58).2 Que en el Proyecto de Nación delineado en el PND 2025-2030, se plantea el Eje Transversal 1: “Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres”, que busca garantizar que las mujeres sean el centro del desarrollo nacional, no sólo como beneficiarias de derechos, sino como protagonistas del cambio social, económico y político, estableciendo para ello, políticas y estrategias que aborden de manera integral las condiciones que perpetúan la desigualdad y las violencias, desde un enfoque interseccional e intercultural que considere la diversidad de experiencias y realidades de las mujeres a lo largo de su vida, incluyendo a mujeres indígenas y afromexicanas, con discapacidad, rurales, de la diversidad sexual y en condiciones de pobreza. El artículo 29 de la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, dispone que el PNPEISMH 2026-2030 será propuesto por la Secretaría de las Mujeres (MUJERES), de conformidad con lo dispuesto en el: “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la CPEUM; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de Salud; de la Ley General de Educación; de la Ley del Seguro Social; de la Ley de Migración; de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley de Planeación; de la Ley de Vivienda; de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal del Derecho de Autor; de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de enero de 2026.” El PNPEISMH 2026-2030 fue elaborado por MUJERES, en observancia a las facultades conferidas en el artículo 42 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el que se dispone que le corresponde elaborar, ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento de los programas especiales en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como formular, coordinar, proponer, articular, fortalecer, vigilar y monitorear las políticas públicas con enfoque de género, interseccionalidad y de derechos humanos, que aseguren, entre otros, el derecho a la igualdad sustantiva en los procesos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) y de las autoridades estatales y municipales, para garantizar la observancia de estos principios en los tres Poderes de la Unión. En virtud de lo anterior, Mujeres es la dependencia responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del PNPEISMH 2026-2030 1 Naciones Unidas (1979). Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against- women#:~:text=se%20considerar%C3%A1%20discriminatoria.-,Art%C3%ADculo%205,primordial%20en%20todos%20los%20casos. [consultado en abril de 2026]. 2 Naciones Unidas (1995). Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf [consultado en abril de 2026]. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 673 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo Obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Actualmente en México se ha trabajado desde el sexenio anterior para atender los desafíos de violencias e injusticias estructurales, provenientes de años de gobiernos neoliberales, que han obstaculizado la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Diversas normas sociales y culturales, profundamente arraigadas, siguen legitimando la subordinación de las mujeres y perpetuando estereotipos discriminatorios. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, el 17% de la población considera que las mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres.3 Aunado a lo anterior, es necesario continuar utilizando un enfoque interseccional e intercultural. De acuerdo con la ENADIS (2022), mientras que 8 de cada diez personas entre 15 y 19 años tienen la secundaria terminada, solo el 48% de las mujeres hablantes de lengua indígena alcanzado dicho nivel de estudios.4 En el espacio público, la igualdad sustantiva ha ganado terreno. En la actualidad la paridad se ha instalado en el gabinete de gobierno y progresivamente permea en el conjunto de la APF. Las mujeres en puestos directivos representan el 36% del total y dirigen el 23% de las instituciones, según las estadísticas del Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal.5 No obstante, las estructuras organizacionales no se han apropiado plenamente de la perspectiva de género. Diversas instituciones públicas presentan retos para incorporar de forma efectiva la perspectiva de género en sus políticas, programas y presupuestos. Uno de los factores que da cuenta de lo anterior es que las Unidades de Igualdad de Género (UIG) suelen operar con escasos recursos, limitada autonomía técnica- normativa y una reducida capacidad de incidencia. Solo 62% de las UIG estudiadas estaban formalmente constituidas y solo el 58% contaban con presupuesto etiquetado.6 Esta situación se replica en las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF). Para 2024, solo 13 de 32 gobiernos estatales transformaron la naturaleza jurídica de las IMEF para convertirlas en Secretarías de Estado.7 Un efecto de lo anterior es la persistente ausencia de políticas públicas diferenciadas y de acciones afirmativas (medidas especiales de carácter temporal) que respondan a las necesidades de las mujeres, de acuerdo con sus distintos contextos. La igualdad formal está presente prácticamente en todos los aspectos de la vida. Incluso, 31 entidades federativas cuentan con una ley para la igualdad entre mujeres y hombres y 24 de esas entidades han publicado su reglamento.8 A pesar de este avance en la armonización de las legislaciones locales con la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la implementación del marco legal para la garantía de los derechos humanos de las mujeres es heterogénea, lo que inhibe la igualdad sustantiva. Mientras que en alguna entidad las personas gozan de cierto derecho, en otra entidad apenas podría tratarse de una prestación discrecional. En este sentido, la armonización legislativa se vislumbra como una herramienta para eliminar la discriminación contra las mujeres, producto de un trato jurídico diferenciado a partir del lugar donde viven. Además de un marco jurídico robusto, lograr la igualdad plena entre mujeres y hombres requiere intervenciones financiadas con recursos públicos. Al respecto, México destina una cantidad creciente de recursos a través del Anexo 13 denominado Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que se emite anualmente. Tan solo de 2025 a 2026, hubo un incremento de 25% nominal en el presupuesto para la igualdad de género, resultando en un monto aprobado de 599 mil 203 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026. Si bien los recursos etiquetados se concentran en los ramos Bienestar y Educación, persiste el reto de vincular el ejercicio de estos con el cierre de brechas de desigualdad, especialmente, a través de la medición de los resultados de las acciones que beneficien a las mujeres y niñas en contextos de mayores vulnerabilidades. 3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022. Principales resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf [consultado en marzo de 2026] 4 Secretaría de Gobernación & Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2024) Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022. Prontuario de resultados. https://sindis.conapred.org.mx/wp-content/uploads/2024/05/ENADIS_2022_prontuario_de_resultados.pdf [consultado en marzo de 2026] 5 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) (2024) Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la administración pública.2024. https://estadistica- sig.inmujeres.gob.mx/formas/muestra_indicador.php?cve_indicador=1165&Switch=0&Descripcion2=Porcentaje&indicador2=0&original=0 &fuente=1165.pdf&IDNivel1=12&IDTema=8#temas-section [consultado en marzo de 2026] 6 INMUJERES (2024) Guía práctica para la creación y fortalecimiento de las Unidades de Igualdad de Género en las instituciones públicas. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/938354/Guia_pra_ctica_para_la_creacio_n_y_fortalecimiento_de_las_UIG- INMUJERES__Agosto_2024_.pdf [consultado en marzo de 2026] 7 INMUJERES (2024). Diagnóstico Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROAIBIM). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/962732/Diagno_stico_de_PROABIM_2024.pdf [consultado en marzo de 2026] 8 INMUJERES (2024). Ficha conmemorativa “Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. https://estadistica- sig.inmujeres.gob.mx/formas/fechas_conmemorativas/02-08.pdf [consultado en marzo de 2026] 674 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Un aspecto relacionado con la importancia de diseñar acciones y políticas que respondan a la diversidad de situaciones y necesidades de las mujeres se refiere a la producción y uso de datos desagregados y con enfoque interseccional. La falta de información precisa impide la elaboración de diagnósticos adecuados y dificulta tanto el monitoreo de las acciones, como el reporte de resultados. México ha asumido compromisos con los derechos humanos de las mujeres al ratificar 12 instrumentos vinculados con sus derechos.9 Estos instrumentos establecen derechos específicos, junto con mecanismos para protegerlos y exigir su cumplimiento. Sin embargo, es necesario fortalecer la articulación entre la agenda internacional de género y las políticas públicas. Además, es importante fortalecer los compromisos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, considerando en especial el objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, que es transversal; además de continuar con la agenda de mujeres, paz y seguridad, así como la política exterior feminista del Gobierno de México, con énfasis en la movilidad humana y la cooperación internacional. En este orden de ideas, además de acciones con financiamiento, lograr la igualdad sustantiva exige contar con mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. Existen varios mecanismos, especialmente para transparentar el uso de los recursos públicos, pero resultan insuficientes para dar cuenta del cierre de brechas de desigualdad de género. Por ejemplo, los recursos etiquetados en el Anexo Transversal 13 del PEF son monitoreados a través de informes trimestrales y la Cuenta Pública para mostrar la inversión monetaria programada para atender a grupos poblacionales y sectores vulnerables, pero no visibilizan su contribución en la implementación de las políticas públicas para las mujeres, ni a las metas respectivas de la planeación nacional.10 Además, la participación ciudadana en el seguimiento de los recursos y los resultados de las acciones y programas es limitada. Actualmente, existe la figura de contraloría social formalizada como un mecanismo de participación ciudadana para vigilar la transparencia de programas gubernamentales que cuenten con Reglas de Operación, cuenta con diversos principios para su funcionamiento, pero la falta de igualdad de género en su conformación, deja a las mujeres fuera de programas y acciones. Gracias a la implementación del PNPEISMH 2026-2030, en especial del objetivo 1: Promover la igualdad sustantiva para que todas las mujeres y niñas puedan ejercer plenamente sus derechos, se contribuirá al bienestar de las mujeres y niñas mediante la reducción de las desigualdades estructurales, el fortalecimiento institucional, la ampliación de su participación en la toma de decisiones y el impulso de un cambio cultural que transforme los imaginarios sociales. La institucionalización de la perspectiva de género será más eficaz, con recursos etiquetados, mecanismos de rendición de cuentas robustos y una participación social con capacidad de incidencia. Para 2030, México aspira a contar con un sistema institucional fortalecido, políticas públicas articuladas con enfoque interseccional, intercultural y de cuidados, con mecanismos eficientes de evaluación y seguimiento, y avances tangibles en la reducción de las brechas que impiden el pleno ejercicio de derechos de mujeres y niñas. La transversalización de la perspectiva de género y de cuidados será una realidad operativa en todos los niveles de gobierno, permitiendo avanzar en el camino de la igualdad sustantiva plena sobre el de las acciones específicas en favor de las mujeres. Hacia 2045, se habrá consolidado la igualdad sustantiva como pilar estructural del desarrollo nacional. México será una sociedad libre de todo tipo de violencias, con igualdad en la distribución del tiempo, los recursos y el poder. Las mujeres ejercerán plenamente su autonomía, y el cambio cultural será una realidad colectiva interiorizada e irreversible que habrá dado lugar a la idea tan anhelada en la que todas y todos somos iguales ante la ley. En el entendido de que todas las personas merecemos igualdad en el acceso a las mismas oportunidades al ser sujetas plenas de derecho. 9 Secretaría de Gobernación (2014) Compilación de tratados internacionales. Mujeres http://codhet.org.mx/WP/wp- content/uploads/2014/11/MUJERES.pdf [consultado en marzo de 2026] 10 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2025). Análisis de los Anexos Transversales 10, 11, 13, 14, 17 y 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación. https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/Documents/Informes/Analisis_AT_PEF.pdf [consultado en marzo de 2026] Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 675 Obstáculos y limitaciones para el ejercicio de la autonomía de las mujeres. La autonomía11 es entendida como la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, para poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posibles12. Para el goce de la autonomía de las mujeres se requiere generar condiciones que desmantelen estructuras de desigualdad y discriminación. Más allá de lo que individualmente se pueda alcanzar, el Estado debe garantizar las posibilidades y las políticas públicas necesarias. Hablar de la autonomía física de las mujeres, adolescentes y niñas, no es suficiente para reconocer el derecho de vivir una vida libre de discriminación y violencias ni de ejercer sus derechos sexuales y derechos reproductivos en condiciones adecuadas; sin embargo, pese a los esfuerzos y avances sobre el respeto, promoción, protección y garantía de estos derechos, aún existen áreas de oportunidad para eliminar condiciones estructurales de exclusión y explotación de las mujeres, normas culturales, creencias y prácticas discriminatorias y violentas que impidan a las mujeres ejercer libremente su autonomía, las cuales se tienen que erradicar de manera inmediata. Continuar con los esfuerzos para fortalecer la autonomía y empoderamiento para las mujeres es fundamental para alcanzar la igualdad de género. Ya que no podemos hablar de autonomía mientras existan casos de violencias contra las mujeres, maternidades adolescentes e infantiles, uniones tempranas forzadas o legislaciones que penalizan la interrupción del embarazo, por poner algunos ejemplos. En el campo de los derechos sexuales y reproductivos, uno de los trabajos de mayor inmediatez, es el embarazo de niñas y adolescentes, lo cual advierte la existencia de una importante desventaja que enfrentan las mujeres más jóvenes en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Sumado a lo anterior, el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2018) señala respecto al embarazo de niñas menores de 14 años,13 que el problema es resultado de las condiciones estructurales de injusticia de género, las violencias sexuales y evidentes abusos de poder por parte de las personas con autoridad y fuerza dentro del núcleo familiar o en escuelas e instituciones donde se encuentran las niñas. Estos derechos se ven vulnerados por los contextos culturales y sociales, la pobreza extrema en los que se desarrollan y en la que viven, la crudeza de las formas interseccionales en que se presenta la discriminación, generación tras generación, haciendo casi inviables los proyectos de vida, de emancipación y de autonomía, tanto personales como ligados a la comunidad. Además, hace evidente la necesidad de continuar con los esfuerzos para aumentar el acceso a la información en salud sexual y reproductiva y a la educación integral en sexualidad. Y trabajar para que deje de existir coerción para ejercer la autonomía de sus cuerpos y el derecho a decidir, así como matrimonios infantiles y uniones tempranas forzadas y violencia sexual.14 Si bien, con el inicio de la Cuarta Transformación de nuestro país, se ha fortalecido la Educación Integral de la Sexualidad de manera sustantiva, con la implementación de la Nueva Escuela Mexicana en el marco de la reforma al artículo 3º Constitucional, la tasa de embarazo adolescente en México sigue siendo muy alta. Según datos de (CONAPO) en 2024 la tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años fue de 59.46 nacimientos por cada mil adolescentes15 y en 2023 el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años sexualmente activas con necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos fue del 22.1%,16 lo que pudo influir a que algunas mujeres experimentaran embarazos no planeados. Los derechos sexuales y reproductivos se relacionan con el derecho al acceso a la salud, a la libertad de decidir, entre otros. A partir de estos las personas pueden decidir de manera libre, informada, segura y responsable sobre el ejercicio de su sexualidad y las circunstancias en las que deciden tener hijos e hijas o no 11 La Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) reconoce tres dimensiones de la autonomía de las mujeres: la física (capacidad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, salud sexual y reproductiva, y vivir una vida libre de violencia), la económica (capacidad de generar ingresos propios, controlar activos, recursos productivos y financieros, además de la gestión del tiempo, reconociendo la carga del trabajo doméstico y de cuidados) y en la toma de decisiones (participación equitativa de las mujeres en el ejercicio del poder y la toma de decisiones en todos los ámbitos, incluyendo el político, público y privado), encontrándose las tres interrelacionadas. 12 CEPAL (2011a), Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. El salto de la autonomía de los márgenes al centro. Informe 2011, Documentos de Proyecto, N° 436 (LC/W.436), Santiago. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/fe536e60- 7bc0-46f9-a075-f232dcac4d6b/content [consultado en marzo de 2026] 13 Consejo Nacional de Población (CONAPO) (2018). Situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos. República Mexicana. 2018. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/634858/Situacion_de_los_derechos_sexuales_y_reproductivos_2018_RM_030521.pdf [consultado en marzo de 2026] 14 INMUJERES (2024). Estándares de Derechos Humanos sobre Interrupción Legal del Embarazo. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Guia_ILE.pdf [consultado en marzo de 2026] 15 CONAPO (2023) Situación de los derechos sexuales y reproductivos con base en la ENADID 2023. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/942305/DDSSRR_ENADID_2023.pdf [consultado en marzo de 2026] 16 CONAPO (2023) Situación de los derechos sexuales y reproductivos con base en la ENADID 2023. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/942305/DDSSRR_ENADID_2023.pdf [consultado en marzo de 2026] 676 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 tenerlos.17 El aborto, por ejemplo, es una decisión personal y un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido, pues las mujeres tienen el derecho de decidir sobre su cuerpo y su salud reproductiva, su libertad reproductiva y acceso a la justicia reproductiva, sin ser juzgadas ni estigmatizadas. En septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización del aborto ya que obstaculiza el derecho de las mujeres a decidir;18 sin embargo, a 2025 solo en 24 entidades federativas se ha despenalizado el aborto.19 Bajo este contexto, es necesario que las políticas de salud se implementen desde un enfoque de género, de derechos humanos, interseccionalidad y culturalmente pertinentes; y las dependencias, en el ámbito de sus competencias, garanticen los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres en el país, promoviendo y asegurando su acceso de forma gratuita, segura y legal, especialmente en las poblaciones que se encuentran más empobrecidas. Por su parte, la autonomía económica es un pilar fundamental para la vida digna de las mujeres y, por ende, es necesario que las mujeres perciban ingresos que les permitan vivir y disponer libremente de su tiempo para ejercer el derecho a la educación, acceder al trabajo dignamente remunerado, desarrollarse personal, profesional y comunitariamente, participar de manera activa en la vida social y política, y dedicarse a sus seres queridos sin que ello se transforme en una barrera. La acción gubernamental, como generador de políticas públicas, debe analizar el empleo asalariado de las mujeres con un enfoque de género e interseccional, con el fin de atender y cerrar las brechas que las mujeres enfrentan para la obtención de ingresos y recursos propios; por lo que se debe reconocer que las mujeres se concentran en ciertos sectores y ocupaciones (segregación horizontal), que tienden a estar en posiciones en el extremo inferior de la jerarquía ocupacional (segregación vertical)20 y que, dependiendo de la condición de vulnerabilidad en la que se encuentren estas desigualdades se acentúan, por lo que se vuelve indispensable la adopción de estrategias interseccionales que aborden las diversas situaciones en las que se encuentran las mujeres de manera integral. El trabajo remunerado es la principal fuente para obtener ingresos propios, situación que se relaciona directamente con la autonomía de las mujeres. No sólo influye en lo económico, sino también en el desarrollo personal, la toma de decisiones y la capacidad de enfrentar situaciones, como la violencia de pareja. Aún persisten limitaciones estructurales que impiden a las mujeres desarrollarse plenamente en este ámbito de su vida; por ejemplo, la brecha salarial que se presenta entre hombres y mujeres. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 (ENIGH), el ingreso monetario promedio trimestral para los hombres en ese año fue de $36,047.00 pesos mexicanos, mientras que para las mujeres solo fue de $23,714.00 pesos mexicanos.21 Las desigualdades también se observan a partir de la ubicación geográfica y la pertenencia étnica, pues para mujeres que hablan alguna lengua indígena el ingreso promedio fue de $12,479.00 pesos mexicanos, siendo las regiones rurales las de menor ingreso.22 Por su parte, la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022 (ENASIC), reflejó que nueve de cada 10 personas que abandonan el trabajo remunerado por realizar trabajo de cuidados son mujeres;23 lo anterior, en virtud de que el trabajo de cuidados recae primordialmente en ellas, aunado a la falta de empleos con horarios flexibles o medidas de conciliación. La problemática se sigue acentuando; ya que, por una parte, la búsqueda de trabajos más flexibles puede implicar la aceptación de una menor remuneración y seguir en las ocupaciones consideradas “femeninas”, y por otra, las personas empleadoras, influenciadas por los roles de género construidos socialmente, no fomentan la igualdad de oportunidades en sus espacios de trabajo ni generan condiciones que permitan el reconocimiento de las capacidades de las mujeres. 17 IPAS (2021). De la teoría a la acción en salud sexual y salud reproductiva de adolescentes. Los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. Tomo 4. https://bit.ly/43lbyTk [consultado en marzo de 2026] 18 Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (2023). Comunicados de prensa. No.314/2023. https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7504 [consultado en marzo de 2026] 19 Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) (2025). Semáforo normativo del aborto en México. Última actualización 31 de octubre de 2025. https://abortomexico.gire.org.mx/semaforo-normativo-del-aborto-en-mexico/ [consultado en marzo de 2026] 20 La Organización Mundial del Trabajo, explica la segregación ocupacional como una prueba de desigualdad, que incluye estratificación social en cuanto al poder, las cualificaciones y las ganancias; es decir, es la asignación de las tareas laborales estereotipadas. Disponible en: https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/segregacion-ocupacional. 21 INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2024/doc/enigh2024_ns_presentacion_resultados.pdf [consultado en marzo de 2026] 22 Idem. 23 Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) (2023) Nota informativa. Los cuidados y las mujeres en la economía. https://imco.org.mx/nueve-de-cada-10-personas-que-dejan-el-mercado-laboral-por-realizar-cuidados-son-mujeres/. [consultado en marzo de 2026] Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 677 La situación de exclusión de las mujeres en espacios de decisión sigue siendo un hecho marcado, inclusive, en la APF. Si bien se ha logrado la paridad en las titularidades de las Secretarías de Estado, las condiciones no son las mismas al interior de éstas. En 2023 la participación de las mujeres se concentró en los puestos de menor rango y disminuye conforme aumenta el nivel jerárquico. Mientras que las mujeres ocuparon 47% de los puestos de enlace -nivel de menor jerarquía-, esta proporción se reduce a 33% en los puestos de mando superior, que incluyen a las subsecretarías de Estado, jefaturas de unidad y direcciones generales.24 En cuanto a la distribución de trabajo por sexo, de acuerdo con datos del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el promedio de mujeres ocupadas es del 40%. Los sectores con mayor número de mujeres ocupadas son Educación y Salud (63.9%), Turismo (46%) y Comercio (42.8%), a diferencia de los sectores Extractivo, Agropecuario y Construcción, donde la participación de las mujeres es muy escasa (20%, 16.2% y 13.5% respectivamente).25 Bajo este contexto, el PNPEISMH 2026-2030 principalmente enfoca sus acciones a promover la igualdad salarial y garantizar el acceso y la permanencia de las mujeres en el trabajo formal, eliminando estereotipos y prácticas sexistas en condiciones igualitarias de trabajo, fortaleciendo a su vez las capacidades de las mujeres para impulsar su participación en la toma de decisiones y garantizando la justicia social. El objetivo 2: Promover las autonomías de las mujeres y niñas para tomar decisiones y ejercer control sobre sus vidas en todos los ámbitos, aspira a que las mujeres de todas las edades, culturas, identidades sexogenéricas y territorios, logren acceder a ingresos propios y empleo bien remunerado, sin dejar de lado la perspectiva de su entorno, su pueblo y comunidad. Para analizar la contundencia del avance en esta dimensión material y económica de las autonomías de las mujeres, también hay que considerar las 11 acciones de la República de y para las Mujeres, concretamente el “Impulso a las capacidades productivas de las mujeres, con acceso a capacitación, empleo y emprendimiento (acción 10), y los 100 compromisos de gobierno para el periodo 2025-2030 mismos que se agrupan en Catorce Repúblicas y fundamentan el PND 2025-2030. La justicia económica no solo será clave para mejorar la vida de las mujeres, sino también para el desarrollo sostenible de las comunidades urbanas, rurales y pueblos de todo el país. Por lo que, para 2030, se aspira alcanzar nuevas metas relativas a que las mujeres vayan obteniendo ingresos bien remunerados y así cuenten con más posibilidades para decidir, con el apoyo oportuno, la contención, protección y acompañamiento del Estado, para romper ciclos de violencia, invertir en su educación y salud de ellas y sus hijas e hijos, y participar activamente en la vida pública y política. En este sentido, todas las mujeres, ejercerán plenamente su derecho a la justicia económica. Este horizonte se concreta en sociedades que habrán eliminado las barreras estructurales que históricamente limitaron su acceso al trabajo digno, a la educación, a los recursos productivos y al reconocimiento de su aporte al cuidado. Todo esto habrá sido posible gracias al compromiso sostenido del Estado, las instituciones, las empresas y las comunidades para construir una nueva sociedad basada en la igualdad sustantiva. Un pacto en el que la justicia económica de las mujeres ya no es una aspiración, sino una realidad efectiva. Con respecto a la autonomía física, para el México del 2030 buscamos que todas las mujeres, adolescentes y niñas, sin distinción de edad, origen étnico, orientación sexual, condición de discapacidad o situación socioeconómica, ejerzan plenamente el derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida, en este horizonte transformador, la libertad a decidir sobre sus cuerpos, es reconocida y garantizada para las mujeres y niñas, como un derecho humano inalienable. Las mujeres podrán decidir de manera autónoma e informada sobre su vida sexual, reproductiva y no reproductiva, libres de coerción, estigmas, violencia o discriminación. Respecto a la autonomía en la toma de decisiones, los logros son el resultado de una profunda transformación con visión humanista, de bienestar y justicia social, ética, institucional y cultural, en la que el Estado, la sociedad y las comunidades se comprometan colectivamente a garantizar la capacidad de las mujeres y niñas a la toma de decisiones como base esencial de la igualdad sustantiva. 24 IMCO (2023) Mujeres en las Secretarías de Estado 2023. Un año más sin avances. https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2023/08/Mujeres-en-Administracion- Publica_Nota_20230808.pdf#:~:text=Mientras%20que%20las%20mujeres%20ocupan%2047%25%20de,Estado%2C%20jefaturas%20de %20unidad%20y%20direcciones%20generales.&text=Secretar%C3%ADa%20de%20Seguridad%20no%20est%C3%A1%20disponible% 20en,de%20la%20Secretar%C3%ADa%20de%20la%20Funci%C3%B3n%20P%C3%BAblica. [consultado en marzo de 2026] 25 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (2025) Observatorio Laboral Ocupación por sectores económicos. Primer trimestre 2025. https://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Ocupacion_sectores.html [consultado en marzo de 2026] 678 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Por ello, en 2045, la igualdad sustantiva se proyecta como una realidad viva en todos los espacios de autonomía, donde las mujeres decidían libremente sobre su cuerpo, su sexualidad, sus maternidades, sus relaciones afectivas, su trabajo remunerado, su educación, sus sueños y su proyecto de vida sin imposiciones culturales, religiosas o sociales. Afectación sistémica en el ejercicio de derechos de las mujeres La persistencia de las brechas de desigualdad de género son producto de factores que favorecen la discriminación estructural a través de prácticas que contribuyen a generar, reproducir y profundizar la desigualdad socioeconómica y limitan el ejercicio de los derechos humanos. Estas prácticas son un mecanismo de multiplicación y acumulación de desventajas.26 Si bien el Estado mexicano ha establecido diversas normas encaminadas al disfrute pleno de los derechos sociales, las brechas de desigualdad siguen afectando particularmente a las mujeres y restringiendo el ejercicio de sus derechos. Para atender esta problemática, se estableció el objetivo 3. Fortalecer el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda y la sostenibilidad ambiental de las mujeres y niñas para garantizar el ejercicio de sus derechos y su bienestar personal y colectivo. De acuerdo con datos del CONAPO dos de cada 10 mexicanas carecen de servicios de salud, pero entre mujeres rurales la carencia alcanza a cuatro de cada 10. La carencia de acceso a servicios de salud es menor en las mujeres que en los hombres, sobre todo en edades mayores: en el grupo de 60 años y más, 18.2% de ellas carece de acceso a servicios de salud, frente a 21.9 de ellos;27 sin embargo, el acceso a estos servicios no es de manera directa, pues dependen del empleo de otros familiares para ello. Lo que refleja también las desigualdades en el hogar y el trabajo remunerado, generando una dependencia de las mujeres a un tercero no solo en lo económico. En cuanto al estado de salud de las mujeres, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023 (ENSANUT), en población de 20 años y más, arrojaron que la prevalencia de obesidad fue más alta en mujeres (41.6%) que en hombres (36.1%), al igual que la prevalencia de diabetes por diagnóstico médico en los adultos que fue de 9.8% en hombres y 12.1% en mujeres. Asimismo, del 14.9% de la población adulta que presentó sintomatología depresiva moderada o severa, la prevalencia más elevada fue mujeres que hombres (18.7% vs. 10.8%, respectivamente) y del 92% de personas de ese mismo rango de edad, que reportó haber iniciado vida sexual, el 36% de los hombres y 45.3% mujeres informaron no haber utilizado algún método anticonceptivo en la última relación sexual.28 En salud materna, se encontró que el 81.1% de las mujeres de 20 a 49 años señalaron haber estado alguna vez embarazadas, y con un porcentaje de cesáreas de 54.1%, siendo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el número de cesáreas sea entre 10% a 15% del total de los partos en cada país.29 Sobre este último dato, de acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (ENDIREH),30 de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron el nacimiento de un hijo/a en los últimos 5 años previos a la encuesta, el 8.6% manifestó no haber dado permiso o autorización para que le practicaran una cesárea.31 Como se observa, la salud y enfermedades impactan de manera diferenciada a hombres y mujeres, considerando que no es solo por una razón biológica sino por el sistema sexo-genérico que se cruza con otros sistemas de diferencias que operan de manera jerárquica, como la clase social, la edad o la proveniencia étnica; por ello, la atención con perspectiva de género es esencial para garantizar la igualdad y calidad en el servicio en el sector salud, por lo tanto, resulta primordial impulsar que la prestación de todos los servicios de salud a las mujeres se realice con un enfoque de género, interseccional y culturalmente pertinente. 26 Solis. P (2017) Discriminación estructural y desigualdad social. Casos ilustrativos para jóvenes indígenas, mujeres y personas con discapacidad. https://www.conapred.gob.mx/assets/publicaciones/docs/DiscriminacionEstructural_2017_Ax.pdf [consultado en marzo de 2026] 27 CONAPO (2023). Acción por la salud de las mujeres. https://www.gob.mx/conapo/articulos/accion-por-la-salud-de-las-mujeres?idiom=es [consultado en marzo de 2026] 28 Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). (2023) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023. Resultados Nacionales. https://insp.mx/resources/images/stories/2025/docs/250108_Ensanut_23.pdf [consultado en marzo de 2026] 29 Idem. 30 INEGI. (2021) Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. Principales resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf [consultado en marzo de 2026] 31 Ibid. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 679 Otro ámbito que tiene una gran relevancia en la salud y la vida de las mujeres, es la práctica del deporte o alguna actividad física. De acuerdo con el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF)32 del INEGI, en 2024 una mayor proporción de mujeres que de hombres presenta inactividad física. De la población de mujeres de 18 años o más, sólo 36.8% practica algún deporte o ejercicio físico en su tiempo libre; en el caso de los hombres, 46% lo hace. La razón principal por la cual no realizan actividad física es la falta de tiempo, pues a menudo priorizan las tareas del hogar, los cuidados de las infancias y la presión laboral. Estas exigencias limitan su tiempo y recursos dificultando el acceso a actividades físicas como el ejercicio regular. El acceso al deporte es un derecho establecido en el artículo 4º. constitucional que señala “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”, sin embargo, todavía se constituye como un espacio en el cual se refuerzan estereotipos que reproducen desigualdades de género. Son pocas las instituciones que promueven la participación de niñas y mujeres en este ámbito; por lo que cuentan con menos oportunidades, menor inversión, capacitación y seguridad cuando lo practican, y cuando logran llegar a ser atletas profesionales, se encuentran con las barreras de la división sexual del trabajo, la sobrecarga doméstica de cuidados y una brecha sustancial en el salario.33 Otro derecho que también se ha visto mermado en la vida de las mujeres es la educación, a pesar de que las oportunidades de acceso a la educación han aumentado, no todas las niñas y mujeres han podido ejercer ese derecho debido a las barreras estructurales como la falta de infraestructura, el idioma, la lejanía, la desigualdad de género, y prácticas discriminatorias que persisten en la actualidad. De acuerdo con el Censo 2020, las mujeres de 20 a 24 años tienen un promedio de escolaridad de poco más de 11 años, en contraste con la generación de personas de 85 años y más, cuyo promedio se sitúa en menos de cuatro años;34 sin embargo, en áreas rurales se observa un rezago frente a las urbanas de casi tres años, ya que las mujeres rurales tienen un promedio de 7.3 años de escolaridad, frente a 10.2 años en zonas urbanas.35 Asimismo, en promedio, las mujeres indígenas apenas logran superar la primaria e ingresar a la secundaria (6.9 años de escolaridad), mientras que las mujeres no indígenas llegan al primer año de educación media superior (9.9 años de escolaridad).36 De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en ingles),37 en México, hay una mayor representación de mujeres comparada con hombres en el nivel medio superior. Aunque el acceso a la educación superior para las mujeres no está restringido, hay factores socioculturales que la obstaculizan; por ejemplo, las responsabilidades familiares y de cuidados, así como barreras económicas, sociales y culturales. Adicionalmente, las mujeres que han tenido la posibilidad de estudiar hasta un nivel superior siguen teniendo mayor participación en las profesiones que se consideran “blandas”, como la educación (75.4%), ciencias de la salud (69.6%), ciencias sociales y derecho (61.3%), mientras que los hombres tienen mayor participación en carreras como tecnologías de la información (76.2%), agronomía y veterinaria (68.4%) o ingeniería y construcción (54.9%).38 Por lo que los estereotipos y roles de género siguen acrecentando las desigualdades y limitaciones que enfrentan las mujeres en las áreas de conocimiento y su respectivo campo laboral. 32 INEGI (2024) Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) 2024.: https://www.inegi.org.mx/programas/mopradef/ [consultado en marzo de 2026] 33 Por citar un ejemplo, de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de Decreto de Reforma a la Ley Federal del Trabajo, en materia de Paridad de las personas deportistas profesionales, existe una diferencia de salarios reportados dentro de la liga mexicana de fútbol profesional, encontramos que un jugador de fútbol profesional gana mensualmente un promedio de 600 mil pesos, en contraparte, una jugadora de fútbol profesional percibe entre 2 mil 500 y 30 mil pesos al mes, lo que genera una brecha entre salarios de más de 200 veces la remuneración promedio de una jugadora de fútbol contra la de un varón. 34 México como vamos. (2023) Numeralia de los jóvenes. https://mexicocomovamos.mx/wp- content/uploads/2023/08/MCV_2023_numeralia-jovenes_infografia_v2a-1.pdf [consultado en marzo de 2026] 35 INMUJERES (2024). Sistema de Indicadores de Género. Tarjeta Mujer rural. http://estadistica- sig.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Mujer_rural.pdf [consultado en marzo de 2026] 36 INMUJERES (2022) Desigualdad en cifras. Año 8, Boletín No.8, agosto 2022.: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA8N08.pdf [consultado en marzo de 2026] 37 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL). https://siteal.iiep.unesco.org/pais/mexico [consultado en marzo de 2026] 38 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIS) (2023) Anuario Estadístico. Licenciatura Universitaria y Tecnológica, Ciclo escolar 2022-2023. https://www.anuies.mx/informacion-y-%20servicios/informacion-estadistica-de- educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior [consultado en marzo de 2026] 680 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Por otra parte, se esperaría que el acceso y la participación en actividades culturales se diera en igualdad de condiciones para las mujeres y los hombres. Sin embargo, las cifras muestran que no es así, debido a que a lo largo de la historia a las mujeres y a las niñas también se les ha restringido y limitado su acceso a la vida cultural, con la consecuente repercusión en su desarrollo social.39 De acuerdo con los resultados del Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados 2025 (MODECULT), el 61.2% de la población de 18 años y más asistió, al menos una vez al año, a un evento cultural, siendo una participación de 60.4% de las mujeres y 62.1% de los hombres.40 En cuanto a la participación y tiempo dedicado al arte y a la cultura, las juventudes realizan más actividades de este tipo que la población mayor. Las mujeres y las personas adultas mayores son quienes menos participan. Otro de los grandes temas es el derecho a la vivienda. Hablar del derecho a una vivienda digna para las mujeres en México implica superar desafíos arraigados, pues históricamente el acceso a la vivienda en nuestro país ha estado condicionado por roles de género que han relegado a las mujeres a una posición de desventaja, como la brecha salarial de género o la violencia económica que limita a las mujeres la capacidad para administrar recursos propios y perpetua el control sobre su desarrollo patrimonial.41 Como puede reflejarse en los resultados de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 (ENVI), solo 72.9% de la población encuestada habitaba una casa propia, siendo 41.5% de propietarias mujeres y 56.9% hombres.42 Lo mismo sucede con la seguridad de la tenencia de la tierra de las mujeres, pues es desproporcionadamente inferior a la de los hombres. De acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN), al cierre de 2024 solo el 27% de las personas con calidad de ejidatarias que contaban, por lo menos, con algún certificado parcelario fueron mujeres.43 Las mujeres desempeñan un papel fundamental en el trabajo del campo, sin embargo, como puede observarse con los datos anteriores, quienes son propietarias son otras personas, en su mayoría hombres y el trabajo que realizan las mujeres, donde asumen una participación creciente y predominante en las actividades agrícolas, muchas veces se invisibiliza al no contar con la tenencia de la tierra y se considerado parte de su rol en el seno familiar, creando una feminización de la agricultura imperante en las comunidades rurales. Por otra parte, desde la perspectiva de género y trabajo, un poco más de un millón de mujeres mayores de 12 años se emplean en el sector primario. De ellas, 84.6% trabaja en agricultura, 12.5% en ganadería, 1.7% en pesca y el 1.2% en actividades secundarias como la caza, captura y servicios forestales.44 Estas actividades económicas son una fuente importante de empleo remunerado para las mujeres rurales, por lo que se destaca su vulnerabilidad frente a los cambios ambientales debido a su dependencia de dichos recursos. Por ende, también las mujeres son quienes ocupan un rol importante en la defensa del medio ambiente. En particular las mujeres rurales e indígenas son las más afectadas ante los efectos del cambio climático, la contaminación de los mares y ríos, la extracción minera que muchas veces trae consigo una mayor escasez o acceso limitado a los recursos naturales necesarios para el día a día, como son, entre otros, el agua, las fuentes de energía y la alimentación, entre otros. Ante este contexto, para el PNPEISMH 2026-2030 es de suma importancia considerar acciones que coadyuven a mitigar los efectos adversos que trae consigo el cambio climático en la vida de las mujeres y sus familias, además de seguir promoviendo que las mujeres tengan el uso productivo de la tierra e impulsar su reconocimiento como titulares de derechos agrarios. 39 INMUJERES (2018) Boletín Desigualdad en Cifras. “Las mujeres en la cultura y las artes”, año 4, no 9. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN9_2018.pdf[consultado en marzo de 2026] 40 INEGI (2025). Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) 2025. Principales Resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/modecult/doc/resultados_modecult_jun2025.pdf [consultado en marzo de 2026] 41 Lara Matilde (2023). Ponencia: El derecho de las Mujeres a adquirir una vivienda como una forma de empoderamiento en México. Red de Investigadores Parlamentarios en Línea (REDIPAL) https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CR-24/CR-40-24.pdf [consultado en marzo de 2026] 42 INEGI (2020). Encuesta Nacional de Vivienda (2020). Principales resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/envi/ENVI2020.pdf [consultado en marzo de 2026] 43 MUJERES (2025). Boletín de prensa 037/2025. 150 mil mujeres serán reconocidas con derechos agrarios y como propietarias de la tierra https://www.gob.mx/mujeres/prensa/150-mil-mujeres-del-campo-seran-reconocidas-con-derechos-agrarios-y-como-propietarias-de-la- tierra-395330?idiom=es#:~:text=El%2052%20por%20ciento%20del,Mujeres%2C%20Juan%20Jes%C3%BAs%20Galicia%20Bravo. [consultado en marzo de 2026] 44 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) (2024) Blog. Mujeres-es Agricultura.2024. https://www.gob.mx/agricultura/articulos/mujer-es- agricultura#:~:text=La%20agricultura%20tiene%20nombre%20de%20mujer&text=La%20agricultura%20es%20el%20subsector,se%20de dica%20a%20otras%20actividades [consultado en marzo de 2026] Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 681 Para 2030 se busca que los sistemas educativos sean incluyentes, con contenidos libres de estereotipos de género, con enfoque intercultural e interseccional. La salud sea integral, con especial atención a las necesidades de mujeres y niñas en la salud sexual, reproductiva y no reproductiva; a la salud mental y el autocuidado, atendiendo a las necesidades específicas de mujeres y niñas en toda su diversidad. La cultura cada vez más se vivirá como un derecho y no un privilegio; será un medio para el reconocimiento y la valorización de sus identidades, lenguas, saberes y expresiones creativas y artísticas. Se seguirá fortaleciendo un Estado de bienestar que garantice que todas las mujeres y niñas, sin distinción de edad, origen étnico, condición social o lugar de residencia, tengan acceso pleno, igualitario y libre de discriminación a servicios públicos de calidad, educación, salud, cultura, vivienda digna y un entorno ambiental sano, como pilares del ejercicio efectivo de sus derechos sociales. En 2045, el Estado impulsará políticas públicas integrales que articulen salud con educación, justicia, cuidados, vivienda y trabajo y que respondan a las condiciones estructurales que afectan desproporcionadamente la salud de las mujeres, como la pobreza, la discriminación, la carga de cuidados y la violencia de género. La participación social de las mujeres en la definición de estas políticas deberá ser una prioridad para su pertinencia territorial, cultural y comunitaria. Respecto a la vivienda, todas las mujeres tendrán más posibilidades de acceder al derecho a una vivienda digna, segura, accesible, adecuada, como condición para una vida libre, con bienestar y justicia social. En este sentido, las mujeres, en toda su diversidad, tendrán que ejercer su derecho a la propiedad, uso, disfrute y control de la tierra y derechos agrarios, como base fundamental para su justicia económica, el sostenimiento de la vida, la soberanía alimentaria y la justicia territorial. Se estima que las mujeres rurales, campesinas, indígenas, afrodescendientes y ejidatarias participen activamente en la toma de decisiones sobre los bienes comunes, los territorios que habitan y los procesos productivos, culturales y ambientales que sostienen. Todo este avance necesita seguir siendo acompañado de políticas integrales que aseguren el acceso al crédito, la asistencia técnica, la justicia agraria, la protección frente a despojos y la garantía de una vida libre de violencias. La tierra no es solo un recurso económico, sino el espacio vital e histórico, ancestral y espiritual vinculado al entorno físico y al comunitario, de esta generación y de las que vendrán. La violencia contra mujeres y niñas como expresión extrema de la discriminación La discriminación contra las mujeres y las niñas, así como la desigualdad de género, tienen su expresión extrema en los actos cotidianos y sistemáticos de violencia que se cometen contra ellas. Esta violencia se ejerce todos los días y en todos los ámbitos, y constituye una de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres más reiterada, extendida y arraigada en el mundo. Impacta en la salud, la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas, socava el desarrollo de los países y daña a la sociedad en su conjunto.45 De acuerdo con el Comité de la CEDAW la violencia de género es una forma de discriminación que impide gravemente que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos y libertades, en condiciones de igualdad con el hombre, constituyendo un obstáculo para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Sin duda se trata de un problema social complejo, multicausal y multifactorial en el que convergen aspectos sociales de dimensiones estructurales, institucionales, comunitarias, familiares e individuales.46 Asimismo, los mandatos culturales de género, revestidos de estereotipos y roles, juegan un papel importante en esta problemática, pues sostienen el orden desigual e injusto, a través de la fuerza neutralizadora de la cultura. Al mismo tiempo, estas diferencias de valor que se atribuyen a lo considerado propio de los hombres y propio de las mujeres se reflejan en las creencias populares sobre las características, actividades o atributos que describen y distinguen a los hombres de las mujeres, atribuyéndoles sentido y significado a las acciones que desempeñan, o se espera que desempeñen, según lo socialmente aprendido. Tenemos el firme compromiso de combatir estas problemáticas. Erradicar los roles y estereotipos de género resulta esencial para eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, por lo que apostamos a las acciones que permiten generar un cambio cultural que contribuya a lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Para ello se estableció el objetivo 4. Eliminar todas las formas de violencias contra mujeres y niñas mediante un marco integral de prevención, atención a las causas y transformación cultural. 45 ONU Mujeres, INMUJERES, CONAVIM (2020). Violencia Feminicida en México: Aproximaciones y Tendencias. https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2020/Diciembre%202020/Violencia FeminicidaMX_.pdf [consultado en marzo de 2026] 46 Como lo señala el modelo ecológico, propuesto por Heise (1994) a partir de la propuesta de Bronfenbrenner (1979) y ha sido asumido por la OMS desde 2002. 682 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Con el propósito de contar con elementos para dimensionar la violencia contra las mujeres en México, la ENDIREH 2021 proporciona algunos de los datos relevantes, como lo es que el 70.1% las mujeres mexicanas de 15 años y más han sido víctimas de violencia o han padecido, al menos, un incidente de violencia en cualquier ámbito y momento de su vida. El 51.6% ha sufrido violencia psicológica; 27.4% ha padecido violencia económica, y/o patrimonial y/o discriminación en el trabajo; 34.7% ha sido víctima de violencia física y 49.7% de violencia sexual.47 Como se ha señalado, la violencia que se ejerce sobre las mujeres puede presentarse en cualquier etapa y ámbito de su vida; sin embargo, esta se manifiesta con mayor probabilidad cuando las mujeres se encuentran en situaciones de mayor desigualdad. Según datos de la ENDIREH 2021, la prevalencia de violencia es mayor entre las mujeres jóvenes, especialmente en el grupo de 15 a 24 años (58.3%). El 41.8% de las mujeres de 15 años y más manifestó haber vivido alguna situación de violencia en su infancia. De ellas, 12.6% experimentó abuso sexual en la niñez.48 A su vez, el 60.5% de las mujeres que hablan una lengua indígena ha sufrido violencia a lo largo de su vida, mientras que el 67.6% de las mujeres que se identifica como indígenas ha experimentado violencia en el mismo periodo.49 Este porcentaje es menor al dato nacional, lo cual podría deberse a factores como la menor visibilidad y denuncia de la violencia en comunidades indígenas.50 En el caso de las mujeres de 15 años y más con discapacidad, 72.6% experimentó al menos un incidente de violencia a lo largo de la vida. Una proporción ligeramente mayor al dato nacional de 70.1%.51 Con respecto a los ámbitos en donde se presenta la violencia, la ENDIREH 2021 señala que la prevalencia más alta se desarrolla en el ámbito comunitario (45.6%), en el cual, el 42.2% de las mujeres manifestó haber sufrido violencia sexual a lo largo de la vida.52 Le sigue el ámbito de pareja, en el que la violencia psicológica es el tipo de violencia que más se presenta (35.4%). En cuanto al ámbito familiar,53 se tiene registro de que el tipo de violencia más ejercida en es la psicológica (9.2%), siendo el hermano/a (23.2%) con mayor porcentaje de personas agresoras mencionadas. Para el caso del ámbito laboral, la ENDIREH 2021 señala que, el 27.9% de las mujeres manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida laboral, siendo la discriminación la de mayor prevalencia (18.1%); sin embargo, en las instalaciones de trabajo, la violencia sexual es la de mayor ocurrencia (53%).54 De acuerdo con el informe anual sobre denuncias de hostigamiento sexual y acoso sexual en la APF,55 en 2023, 104 Comités de Ética recibieron 591 denuncias de hostigamiento sexual o acoso sexual, de ellas solo 290 (49%) fueron concluidas. En 166 casos las personas denunciantes (80.7% fueron mujeres), sufrieron contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual; el 82% de los casos las personas denunciadas fueron hombres. En ese mismo año, los Órganos Internos de Control (OIC) recibieron 789 denuncias en esa materia, en 99 instancias de la APF, en 10 de estas se concentraron 563 casos representando el 71% del total de denuncias. Del total de denuncias se encontró que hay un mayor índice por parte de las mujeres con 631 registros, y que, de las personas denunciadas, 727 fueron hombres.56 El acoso sexual y el hostigamiento sexual son tipos de violencia laboral sobre los que se ha hecho mayor énfasis en su atención, tanto por su frecuencia como por sus efectos en los distintos ámbitos de vida. Actualmente la APF cuenta con el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual,57 sin embargo, las cifras reflejan que aún existe una brecha grande por cubrir, por lo que se 47 INEGI. ENDIREH 2021. Principales resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf [consultado en marzo de 2026] 48 Idem. 49 Idem. 50 Idem. 51 Idem. 52 Idem. 53 Para este ámbito, la ENDIREH 2021 solo capta la violencia ejercida contra las mujeres en los últimos 12 meses y no a lo largo de la vida. 54 Idem. 55 Informe realizado con base en los datos estadísticos proporcionados por la, en ese entonces Secretaría de la Función Pública, la cual recopiló la información de las denuncias registradas por los Comités de Ética en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética (SSECCOE), así como aquellas que los Órganos Internos de Control (OIC) registran en sus sistemas. 56 INMUERES (2023) Denuncias de hostigamiento sexual y acoso sexual en la APF. Informe anual 2023. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/947996/Informe_HAS_2023.pdf [consultado en marzo de 2026] 57 Publicado en el 2020 en el Diario Oficial de la Federación, el cual establece las bases de actuación para la implementación uniforme, homogénea y efectiva de los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual en las dependencias y entidades de la APF. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 683 considera importante fortalecer o en su caso, replantear los mecanismos de atención y sanción, poniendo en el centro a la víctima en todo momento y su entorno,58 así como promover estrategias que generen cambios culturales en las personas que reproducen la violencia. Respecto a la situación de violencias que viven las mujeres en otros ámbitos, no se debe perder de vista es la escasa o nula denuncia que existe. De acuerdo con la ENDIREH 2021, de las mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, en el ámbito comunitario únicamente el 1% solicitó apoyo a alguna institución o presentó queja o denuncia ante alguna autoridad; en el ámbito laboral solo el 1.4% presentó queja o denuncia, mientras que en el ámbito de pareja solo el 7.4%.59 De acuerdo con la ENVIPE 2025, entre las razones de las mujeres para no denunciar delitos ante las autoridades destacan la pérdida de tiempo con 32.4% y desconfianza en la autoridad con 13.3%.60 Si bien a nivel nacional se han implementado programas o acciones dirigidas a fomentar la denuncia de los casos de violencia, normalmente la falta de denuncia es por causas atribuibles a la autoridad, por lo que es importante que las personas servidoras públicas den crédito a las denuncias adecuadamente para que las víctimas no enfrenten la revictimización. Por lo que resulta necesario seguir reforzando los programas de sensibilización o capacitación a personas servidoras públicas, con énfasis al personal de Fiscalías y Unidades especializadas para que identifiquen y atiendan de manera adecuada y eficiente las distintas manifestaciones de violencia. Asimismo, es necesario fortalecer los mecanismos de denuncia, el acompañamiento y apoyo a las víctimas de una manera integral, con enfoque de género, interseccional y culturalmente pertinente. Visibilizar las cifras aquí vertidas, resultado de las encuestas nacionales sobre la situación de las mujeres en México, permite implementar políticas públicas encaminadas a mejorar la condición de vida de las mujeres. A efecto de que la toma de decisiones, el monitoreo y la evaluación de los resultados sean eficientes y eficaces, es necesario seguir generando información estadística confiable con perspectiva de género, interseccional y con pertinencia cultural, y seguir fomentando la construcción de sistemas de datos que combinen información geográfica, política, económica, los tipos de violencia, y los diversos fenómenos que puedan influir para acentuar o aminorar la problemática. A pesar de lo avanzado, aún queda por hacer en lo que respecta al fortalecimiento institucional para la prevención, atención y sanción de las violencias. Si bien se cuenta con mecanismos de coordinación interinstitucional como el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación las Violencias contra las Mujeres (SNPASEVM), es necesario realizar acciones de fortalecimiento con los Sistemas Estatales, que garanticen en territorio la implementación de los acuerdos del SNPASEVM y con ello lograr la transversalización de Políticas que promuevan una vida libre de violencia para las mujeres. También se requiere construir mecanismos sólidos y coherentes que garanticen el trabajo interinstitucional para la articulación de la red eficaz y eficiente de servicios, referencias y contrarreferencias para mujeres víctimas de violencia.61 La conjunción de esfuerzos de toda la APF y los demás sectores involucrados para la implementación de este Programa, permitirá que las condiciones para las mujeres mejoren considerablemente. Los programas y acciones que de aquí se deriven responderán a las distintas necesidades de las mujeres, adolescentes y niñas reconociendo, aceptando e incluyendo la diversidad de identidades, contextos y trayectorias, en particular de aquellas mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación. En el México de 2030, queremos que las mujeres y las niñas vivan seguras, libres de todas formas de violencias y de sus efectos. Que su perspectiva de vida ya no serán territorio de control, explotación ni impunidad. En cada rincón del país, en las casas, los hogares, las comunidades y pueblos, las escuelas, los espacios públicos, las instituciones y las redes digitales, se buscará fomentar una cultura de respeto, dignidad, libertad e igualdad. 58 INMUJERES (2023). Denuncias de hostigamiento sexual y acoso sexual en la APF. Informe Anual. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/947996/Informe_HAS_2023.pdf 59 INEGI (2021). ENDIREH 2021. Principales resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf [consultado en marzo de 2026] 60 INEGI (2025). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. Principales resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf [consultado en marzo de 2026] 61 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) (2024). Informe sexenal 2019-2024 del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/963162/SNPASEVM_Informe_Sexenal_2019-2024_FINAL_2.pdf [consultado en marzo de 2026] 684 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Con lo anterior, se logrará desmontar las raíces estructurales de la violencia de género. Se impulsará la transformación del sistema de creencias que naturaliza el machismo y la misoginia, el control sobre los cuerpos femeninos y las jerarquías patriarcales. Las escuelas, los medios, las familias y las comunidades se convertirán poco a poco en aliados activos para desaprender la violencia y construir una sociedad basada en el ejercicio efectivo de los derechos. En 2045 se mantendrá una ética del cuidado, de la vida y de la justicia. Será el fruto de años de institucionalización de la perspectiva de género y la perspectiva de cuidados, de la lucha sostenida por parte del Estado de prevenir, proteger y actuar contra todas las formas de violencias contra las mujeres; años de organización feminista y luchas comunitarias y sociales por la paz, la cohesión social, el bienestar, así como las reformas de la igualdad sustantiva y el compromiso sostenido entre el Estado y la sociedad por construir un país donde ninguna mujer, niña o adulta mayor, viva insegura o sola. La carga de los trabajos domésticos y de cuidados sigue recayendo principalmente en las mujeres. Las responsabilidades y tiempo que se dedica al hogar y a los cuidados de las personas dependientes, sin una remuneración, es una de las dimensiones de contribución a la transformación menos reconocidas, que disminuye la participación de las mujeres en todos los ámbitos. De conformidad con la ENASIC 2022, en el país se estima que 58.3 millones de personas son susceptibles de recibir cuidados en los hogares,62 como las personas con discapacidad o dependientes,63 lo cual representa 45.5% de la población. De esta, 64.5% recibió cuidados de una persona de su hogar o de otro hogar; además, 31.7 millones de personas de 15 años y más, brindaron cuidados a integrantes de su hogar o de otros hogares de las cuales 75.1% lo realizaron mujeres y 24.9% hombres,64 lo que refleja la carga inequitativa para las mujeres. El sistema económico actual asigna las responsabilidades de cuidado principalmente a las mujeres, este trabajo permite el sostenimiento de la vida, el desarrollo de las personas a nivel emocional y física, así como contar con un ambiente propicio para el desarrollo y bienestar sin que estas labores sean reconocidas social o económicamente por el estado, las empresas y la sociedad. El reflejo de esto se visibiliza con el promedio de horas a la semana que las mujeres dedican a actividades de cuidados, 37.9 horas, a diferencia de los hombres que realizan 25.9 horas semanales, esto limita las oportunidades de las mujeres para un desarrollo personal, profesional, comunitario, político y social.65 Por su parte, los roles y estereotipos de género han asentado la idea de responsabilidad de las labores de cuidados a las mujeres. La ENASIC 2022, estimó que, de las 28.4 millones de personas que asumen el cuidado en su propio hogar, 25.5 millones se identifican como cuidadoras principales, de estas 86.9% son mujeres y solo el 13.1% hombres.66 En los cuidados de las infancias, la madre es la cuidadora principal de infantes de 0 a 5 años representando el 86.3%, seguida de las abuelas en 7.6%, situación que prevalece para los cuidados de niñas, niños y adolescentes (6 a 17 años), donde la madre representa el 81.7%, y el padre y la abuela asumen el rol de apoyo (6.6% y 6.3%, respectivamente). De acuerdo con el Mapa de Cuidados, en 2023, el país contaba con 89,324 establecimientos que proveen servicios de cuidado para la infancia (0 a 11 años).67 Para el cuidado de personas con discapacidad o dependencia, el Mapa de Cuidados refleja que, tanto dentro del hogar como fuera de él, la figura central es la de la madre o la hija, encargándose de este rol en 64.5% de los casos, seguido por el cónyuge o pareja con 19.9%. Para este caso la oferta de servicios es de 4,547 establecimientos. Respecto a las personas adultas mayores que tienen alguna discapacidad o dependencia, la hija o nieta suele desempeñar el papel de cuidadora principal, después el cónyuge o pareja, seguido por el hijo o nieto (44.3%, 29.4% y 13.8%, respectivamente). Por su parte, la ENASIC 2022, observó que, para las personas adultas mayores sin discapacidad o dependencia, el rol principal lo asume el cónyuge o la pareja, después la hija o nieta y finalmente el hijo o nieto (49.2%, 32.4% y 11.3%, respectivamente).68 62 INEGI (2022). Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasic/2022/doc/enasic_2022_presentacion.pdf [consultado en marzo de 2026] 63 Personas susceptibles de recibir cuidados: personas con discapacidad y/o dependencia por algún problema o condición mental; población infantil de 0 a 5 años; niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años y personas de 60 años y más. 64 INEGI (2022). ENASIC. 2022. Principales resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasic/2022/doc/enasic_2022_presentacion.pdf [consultado en marzo de 2026] 65 Idem. 66 Idem. 67 INMUJERES (2023) Mapa de Cuidados. https://mapadecuidados.inmujeres.gob.mx/municipios/ [consultado en marzo de 2026] 68 Idem. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 685 Es relevante enfatizar la situación de desventaja en la que se encuentran las mujeres, ya que el continuo trabajo de cuidados en todas las etapas de su vida les genera un desgaste físico y emocional, con una sobrecarga de responsabilidades y una restricción en su tiempo, mucho más cuando no hay involucramiento de la familia, del estado y de la comunidad y la falta de libertad para gestionar su perspectiva de vida. Para ello, se estableció el objetivo 5, con el que se busca promover la reducción, el reconocimiento y la redistribución de los trabajos del hogar y de cuidados entre el Estado, las empresas, los hogares y la comunidad. La necesidad de una redistribución del trabajo doméstico y de cuidados más justa, equitativa y corresponsable cobra relevancia cuando la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 2024 (ENUT), señala que las mujeres destinan en promedio 28.2 horas al trabajo doméstico para el propio hogar, 13.6 horas a cuidados a las personas integrantes del hogar y 8 horas de apoyo a trabajo voluntario, comunitario y apoyo a otros hogares. En contraste, los hombres solo realizan 11.5, 8.7 y 5.5 horas, respectivamente.69 Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2019 y 2024. Disponibles en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2019/doc/enut_2019_presentacion_resultados.pdf y https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2024/doc/enut_2024_presentacion_resultados.pdf De igual forma, la ENUT señaló que, entre las mujeres hablantes de alguna lengua indígena se observa que en promedio destinan 36 horas a actividades de trabajo remunerado, siete horas para trabajo no remunerado de producción de autoconsumo y 44 horas las dedican a labores no remuneradas. Asimismo, en localidades con menos de 10 mil habitantes, las mujeres enfrentan una carga laboral significativa, en promedio, dedican 37.7 horas semanales a actividades de trabajo remunerado 43.3 horas en trabajo no remunerado doméstico, de cuidados, comunitario y voluntario.70 Las razones para la no inserción al trabajo remunerado también son reveladoras. Entre la población económicamente no activa de mujeres cuidadoras y no cuidadoras de 15 a 60 años que desean trabajar, el 68.4% indica que la principal razón para no trabajar es la falta de alguien que cuide a sus hijas, hijos o familiares que requieren apoyo.71 Por otra parte, es fundamental reconocer el aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la economía, como el reconocimiento de las mujeres cuidadoras de la historia. En 2024 se estimó que este tipo de trabajo realizado por personas a partir de los 12 años aportó 8 billones de pesos a la economía 69 INEGI (2024). Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024. Presentación de resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2024/doc/enut_2024_presentacion_resultados.pdf [consultado en marzo de 2026] 70 INEGI (2024). ENUT 2024. Presentación de resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2024/doc/enut_2024_presentacion_resultados.pdf [consultado en marzo de 2026] 71 INEGI (2022). ENASIC. 2022. Principales resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasic/2022/doc/enasic_2022_presentacion.pdf [consultado en marzo de 2026] 686 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 mexicana, representando el 23.9% del PIB nacional. Este dato subraya la importancia económica de estas actividades, mayoritariamente realizadas por mujeres, quienes contribuyeron con el 72.6% de este valor, frente al 27.4% aportado por los hombres. Las mujeres contribuyeron con $82,339.00 pesos mexicanos anuales a los hogares realizando trabajo no remunerado, mientras que los hombres aportaron $34,695.00 pesos mexicanos.72 En México, el trabajo del hogar remunerado es una actividad primordialmente feminizada, donde 90 de cada 100 personas son mujeres. El trabajo que realizan las personas trabajadoras del hogar remuneradas se encuentra subvalorado, invisible y estigmatizado a pesar de la importancia que representa al satisfacer las necesidades de trabajo doméstico y de cuidados de los hogares, lo que permite que sus integrantes realicen actividades que contribuyen a su desarrollo personal y profesional. Las personas trabajadoras del hogar se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y discriminación, desempeñan, en su mayoría, su trabajo sin derechos laborales ni seguridad social, en horarios mayores a las ocho horas diarias, sin contratos y sin posibilidad de ahorro ni pensiones. De acuerdo con el INEGI con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el país hay 2.1 millones de personas de 15 años o más ocupadas en trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 92.5% son mujeres y el 7.5 son hombres, 73 lo cual demuestra los roles y estereotipos que hacen hagan que predominen las mujeres en las labores domésticas. Se estima que para el año 2030, cuidar dejará de ser una carga impuesta por género, pobreza o desigualdad, y será una responsabilidad compartida, valorada y reconocida socialmente. Los trabajos de cuidados y del hogar, históricamente invisibilizados, no remunerados y sostenidos casi exclusivamente por mujeres, serán reconocidos como el corazón del bienestar colectivo y la sostenibilidad de la vida y el bienestar común. El Estado asume su papel como garante del bienestar y de la sostenibilidad social, proveyendo y articulando la gestión de servicios de calidad para el cuidado infantil, de personas mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia. Para 2045, se seguirá construyendo justicia social con justicia en los cuidados, porque el tiempo, la atención y el afecto que sostienen la vida deben ser compartidos, protegidos, reconocidos y valorados. Cuidar no será un destino ligado a la condición de género de las mujeres, sino un derecho, una responsabilidad colectiva y un acto profundamente humano y transformador. Cuidar dejará de ser un asunto privado, invisibilizado y feminizado. En su lugar, se convertirá en un pilar del bienestar social, sostenido por un nuevo pacto de responsabilidades entre el Estado, el mercado, los hogares y las comunidades. Escasa participación de redes, mujeres organizadas y representantes populares para impulsar la participación política, social y comunitaria. Para impulsar la participación de las mujeres en todos los ámbitos, es crucial fortalecer redes y organizaciones de mujeres, así como desarrollar liderazgos femeninos que estén en puestos de toma de decisión. Estas acciones permiten visibilizar y potenciar el papel de las mujeres en el ámbito público y privado, además de fomentar una sociedad más justa, inclusiva y con un desarrollo comunitario. La carencia de toma de decisiones de las mujeres en el ámbito personal, familiar, político y comunitario se da por la cotidianeidad de mecanismos sociales y culturales patriarcales, machistas y de exclusión que disminuyen las capacidades de decir, decidir o hacer, omitiendo sus propias necesidades, intereses y aspiraciones. Al cierre del 2024, de las 268 personas titulares al frente de instituciones de la APF, 25% fueron mujeres y 74.6% hombres.74 Además, de acuerdo con su función principal, las instituciones con mayor porcentaje de mujeres titulares fueron orientadas a temas de igualdad de género y/o derechos de las mujeres,75 lo cual promueve los roles y estereotipos en donde las mujeres deben encargarse de estos asuntos y se alejan de las funciones de productividad, medio ambiente, salud, ciencia y tecnología, movilidad, infraestructura, desarrollo territorial, finanzas, seguridad y reinserción social. 72 INEGI (2025). Economía y sectores productivos. Trabajo no remunerado en los hogares. https://www.inegi.org.mx/temas/tnrh/ 73 INEGI, (2025) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Boletín de indicadores 636/25 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enoe/enoe2025_11.pdf [consultado en marzo de 2026] 74 INEGI. (2025) Censo Nacional de Gobierno Federal y Gobiernos Estatales 2025. Presentación de resultados generales. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngf/2025/doc/cngf_2025_resultados_ve.pdf [consultado en marzo de 2026] 75 Idem. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 687 La participación de las mujeres en espacios de decisión pública fortalece el diseño y ejercicio de las políticas públicas, al tiempo que enriquece la democracia con demandas y visiones que amplían los términos del contrato social. Si bien, en el país se han realizado reformas para incluir la paridad, en el ámbito local aún existe una brecha en los puestos de toma de decisión, debido a la complejidad para incorporar el principio de paridad de género, así como a los factores locales que intervienen en la reconfiguración del liderazgo político, social y comunitario de las mujeres en los municipios. A finales de 2024, solo 29.5% de los municipios estuvieron encabezados por una mujer. En contraste, los cargos de regidoras alcanzaron 53.9% y los de síndicas el 69%.76 La baja participación de las mujeres en los asuntos públicos institucionales no es consecuencia de falta de interés. A nivel nacional, 87.3% de la población de 15 años y más se sienten orgullosa de ser mexicanas y 72% tienen un alto grado de identificación con el lugar donde viven. Además, 58.9% declaró estar muy interesada o preocupada por los asuntos del país, siendo la corrupción, la pobreza, la inseguridad, delincuencia y desempleo, los asuntos de mayor interés para las mujeres.77 Además, parte de los principios para el Segundo piso de la Cuarta transformación es contar con un gobierno en donde todas las personas participen en la toma de decisiones, situación que se ve reflejada con la identificación del régimen político para 68.7% de las mujeres y 69.6% de los hombres. Por lo cual, es fundamental generar más acciones para incorporar a más mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos, además de fortalecer los espacios y mecanismos de participación social. En contraste, la idea de que las mujeres son tomadas en cuenta en la toma de decisiones por parte del gobierno es baja. De acuerdo con la ENCUCI 2020, solo 33.8% considera que su opinión es tomada en cuenta.78 Además, existe una desvalorización en sus conocimientos y habilidades para participar en actividades políticas (25.9%),79 situación que es importante revertir a través de políticas públicas que reconozcan los liderazgos de las mujeres a nivel comunitario y social, dando valía a las problemáticas que resuelven y que quedan invisibilizadas para la sociedad. Esa misma encuesta reflejó que las mujeres tienen poca confianza en las instituciones y en las personas servidoras públicas o empleadas de gobierno (13.7%), a diferencia de las personas que conocen personalmente o que viven en su comunidad (60.5% y 30.8%, respectivamente),80 por lo que es necesario ser un gobierno de territorio y cercano a la gente y trabajar conjuntamente con las mujeres en los asuntos públicos que conciernen a sus comunidades y su entorno. Además, los mecanismos de exigibilidad que permiten reclamar el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades para el goce de los derechos de las mujeres en el país son limitados. Si bien se cuenta con las contralorías sociales para los programas gubernamentales en donde puede participar la ciudadanía de manera organizada para vigilar y supervisar la correcta aplicación de los recursos públicos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2023 reportó que solo contaba con 20 órganos o unidades administrativas y/o visitadurías en el país, mientras que los organismos públicos de Derechos Humanos en las entidades federativas reportaron 599, lo que mostró una disminución de 9.1% respecto al 2022.81 Además de concentrarse 33.7% en los estados de México, Sonora, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Zacatecas, y Oaxaca.82 La articulación de redes comunitarias para impulsar la participación y reconocer el liderazgo de las mujeres es una herramienta para que trabajen juntas, aborden problemáticas sociales e impulsen sus demandas ante las autoridades. 76 Mujeres. (2024) Sistema de Indicadores de Género. México.http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/link_ind_g.php?menu1=8&IDTema=8&pag=4 [consultado en marzo de 2026] 77 INEGI. (2020) Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encuci/2020/doc/ENCUCI_2020_Presentacion_Ejecutiva.pdf [consultado en marzo de 2026] 78 INEGI. (2020) ENCUCI 2020. Principales resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encuci/2020/doc/ENCUCI_2020_Presentacion_Ejecutiva.pdf [consultado en marzo de 2026] 79 Idem. 80 Idem. 81 INEGI (2024) Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2024.https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cndhe/2024/doc/cndhe_2024_resultados.pdf [consultado en marzo de 2026] 82 Idem. 688 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Es necesario que las mujeres se identifiquen como impulsoras de las transformaciones, ya que solo el 19.9% se considera un punto focal de intermediación para defender una injusticia o resolver un problema ante las autoridades de su comunidad, cuando en muchas ocasiones son ellas quienes resuelven problemáticas locales sin el reconocimiento o la asimilación de su liderazgo. Además, solo 15.2%83 de las mujeres declaró haber realizado un trabajo voluntario por su comunidad o colonia, siendo en ellas en quienes recaen la mayoría de los trabajos de cuidados no remunerados y otras aportaciones a su comunidad que se ven invisibilizadas. La acción social y política de las mujeres es fundamental para la construcción de la paz desde el nivel comunitario, lo cual requiere ser fortalecido y respaldado de manera institucional. El Gobierno de México instituyó, en la pasada administración, 1,602 Redes MUCPAZ (Mujeres constructoras de Paz) con la participación de 29 mil 930 mujeres de 300 municipios,84 donde ellas conocen los principales problemas de su comunidad, proponen soluciones, fomentan la solidaridad y el trabajo comunitario. Estas redes deben contar con seguimiento, fortalecimiento y ampliación para poder incorporarlas a temas de cuidados, seguridad ciudadana y medioambiental para promover más procesos comunitarios, sociales o barriales, y generar una vinculación con otras redes, mujeres y organizaciones. Por otro lado, es necesario dinamizar los territorios para acercar los recursos, servicios y políticas públicas a las zonas que más se necesitan. La creación de redes de mujeres es una oportunidad para identificar las necesidades y promover mecanismos de participación. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), solo se cuenta con 35 Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana en 17 estados de la República,85 lo cual demuestra la importancia de crear más espacios comunitarios en territorio para que puedan promover el ejercicio de sus derechos. Salvaguardar los saberes de las mujeres, especialmente de las indígenas y afromexicanas, cobra relevancia para preservar la identidad cultural, promover la diversidad y garantizar el desarrollo sostenible de sus comunidades. Estos saberes, transmitidos de generación en generación, abarcan conocimientos en diversos temas que fortalecen la organización comunitaria y aseguran la continuidad de prácticas culturales que fortalecen la identidad y promueven la cohesión social a través de la organización comunitaria. Además, es fundamental que las mujeres puedan representar a sus comunidades para incorporar estos conocimientos tradicionales en el diseño e implementación de políticas públicas. Para ello, se estableció el objetivo 6 con el cual se buscará fortalecer las redes y organizaciones de mujeres que reconozcan y potencien sus propias formas de liderazgo con el fin de impulsar su participación política, social y comunitaria transformadora desde una lógica colectiva. Para 2030 se aspira a que las mujeres, en toda su diversidad, tejan redes y construyan espacios de poder colectivo que desafían las estructuras tradicionales de dominación. Un país donde el liderazgo se construye y se reconoce desde abajo, con las mujeres, desde las comunidades, los territorios, las experiencias compartidas, la memoria y los saberes colectivos. Las organizaciones, colectivos y redes de mujeres serán reconocidas como actoras fundamentales de la vida democrática, no como auxiliares del sistema, sino como motoras de cambio estructural, dinamizadoras, de la justicia social y la transformación cultural. Para 2045, las mujeres no solo participarán en los espacios públicos: los transformarán. Su forma de hacer política —desde los cuidados, la horizontalidad, la reciprocidad y la interdependencia—reconfigurará la manera de gobernar, de deliberar y de decidir. Las decisiones ya no se tomarán sin ellas ni contra ellas. Las mujeres organizadas conocen otra forma de politicidad que no deja fuera su experiencia cotidiana, de género, ni sus prácticas ancestrales de sostenimiento del tejido familiar, social y comunitario. 83 INEGI (2021). ENCUCI 2020. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encuci/2020/doc/ENCUCI_2020_Presentacion_Ejecutiva.pdf [consultado en marzo de 2026] 84 INMUJERES (2024) Informe de Gestión 2018-2024. Informe_de_Gestio_n_Gubernamental_2018-2024.pdf [consultado en marzo de 2026] 85 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) (2024) comunicado de prensa Promueve INPI derechos colectivos de las mujeres indígenas y afromexicanas. Disponible en: https://www.gob.mx/inpi/prensa/promueve-inpi-derechos-colectivos-de-las-mujeres-indigenas- y-afromexicanas-32848.. [consultado en marzo de 2026] Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 689 6. Objetivos Se presentan los objetivos del PNPEISMH 2026-2030, mismos que se encuentran alineados al PND 2025-2030, específicamente al Eje Transversal 1: Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, que contribuirán a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos para consolidar la transformación del país e impulsar la igualdad sustantiva. Objetivos del Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2026-2030 1.- Promover la igualdad sustantiva para que todas las mujeres, adolescentes y niñas puedan ejercer plenamente sus derechos. 2.- Promover las autonomías y libertades de las mujeres, adolescentes y niñas para tomar decisiones en todos los ámbitos de su vida. 3.- Fortalecer el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda y la sostenibilidad ambiental de las mujeres, adolescentes y niñas para garantizar el ejercicio de sus derechos y su bienestar personal y colectivo. 4.- Eliminar todas las formas de violencias contra mujeres, adolescentes y niñas a través de la prevención, la atención a las causas y el cambio cultural. 5.- Promover el reconocimiento y redistribución de los trabajos del hogar y de cuidados, fomentando la corresponsabilidad entre los gobiernos, el sector privado, los hogares, las familias y la comunidad. 6.- Fortalecer las redes y organizaciones de mujeres que reconozcan y fortalezcan sus propias formas de liderazgo y participación política, social y comunitaria que contribuya a transformar la realidad desde una lógica colectiva. 6.1 Relevancia del objetivo 1: Promover la igualdad sustantiva para que todas las mujeres, adolescentes y niñas puedan ejercer plenamente sus derechos. Desde el ámbito internacional, la CEDAW ha establecido que: “los Estados Parte no sólo están obligados a sentar las bases legales para que exista igualdad formal entre mujeres y hombres; es necesario asegurar que haya igualdad de resultados o de facto: igualdad sustantiva. Para alcanzarla, es necesario que las leyes y políticas garanticen que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en todas las esferas de la vida, lo que implica que el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones para ello y de remover todos los obstáculos para que la igualdad se alcance en los hechos”. En México, el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres está reconocido en el artículo 4o. Constitucional, como parte de las reformas realizadas en 2024, se adicionó la obligación del Estado de garantizar el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres”. Asimismo, el artículo 5, fracción V de la LGISMH, define a la igualdad sustantiva “Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Como se observa, normativamente el reconocimiento de este derecho está vigente en nuestro país; sin embargo, es preciso impulsar a que toda la normatividad tanto nacional como estatal, así como las políticas públicas consideren la perspectiva de género y apliquen el principio de igualdad sustantiva desde el enfoque de derechos humanos, interseccional e intercultural. Asimismo, más allá de la norma, es necesario que un cúmulo de circunstancias sean modificadas para que el ejercicio de este derecho sea una realidad en la vida de todas las mujeres, pues si se revisan las estadísticas en cuanto al avance de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, las desigualdades siguen latentes. De acuerdo con datos de la ENADIS 2022, 39.4% de las mujeres de 18 años y más perciben que sus derechos se respetan poco, mientras que un 6.6% manifestó que no se respetaban nada.86 Además, se reflejó que 18% de hombres está de acuerdo con que las mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres. En el mismo caso, 15.8% de mujeres opinan lo mismo.87 86 INEGI (2022) ENADIS 2022. Presentación de resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf [consultado en marzo de 2026] 87 Idem. 690 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 En cuanto a la percepción de que algunas mujeres son violadas porque “provocan a los hombres”, hubo un porcentaje de 13.1% de hombres que estuvieron de acuerdo y 9.2% de mujeres que lo justificaron. Esta percepción se acentúa más en la población de 65 años y más (21.9%) a diferencia de la población de 18 a 29 años quienes solo el 5.1% manifestó estar de acuerdo.88 Este dato refleja que, aunque no es total, ha existido un avance intergeneracional en la transformación cultural encaminada a eliminación de conductas y pensamientos discriminatorios. Si bien, los estereotipos basados en el género siguen siendo un gran motivo para que se sigan perpetuando estas condiciones de desigualdad, existen más circunstancias que acentúan la problemática, como la existencia de brechas en el acceso a servicios básicos, la brecha salarial, la distribución desigual de las tareas en el hogar y de cuidados, por consecuente del uso del tiempo, o la persistencia de la violencia de género. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH, 2024), el ingreso promedio trimestral fue de $23,714.00 pesos mexicanos para las mujeres, mientras que para los hombres fue de $36,047 pesos mexicanos. El ingreso para las mujeres con una hija o hijo fue de $28,027.00 pesos mexicanos, en contraste con las mujeres con cuatro o más hijas o hijos baja a $17,236.00 pesos mexicanos. Referente a la jefatura del hogar, cuando la encabezan las mujeres se reporta un ingreso 12.4% menor.89 Ante este contexto, como Gobierno Federal, se ha asumido el compromiso de impulsar políticas y estrategias que aborden de manera integral las condiciones que perpetúan la desigualdad, con un enfoque interseccional que considere la diversidad de realidades de las mujeres a lo largo de su vida, como se ha hecho en la presente administración, al establecer en el PND 2025-2030, un Eje Transversal para la igualdad sustantiva y derechos de las mujeres. En este sentido, el programa, en su conjunto, contribuye decididamente al cumplimiento de la normatividad tanto internacional como nacional y al modelo de desarrollo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación al cimentar las bases de una sociedad plenamente democrática, justa e igualitaria. Con la implementación del presente objetivo, la igualdad sustantiva se traducirá no solo como principio jurídico, sino como condición indispensable para garantizar el bienestar, la justicia social, la redistribución equitativa de los recursos y la participación plena de las mujeres en la vida pública. En congruencia con los principios del Humanismo Mexicano, las estrategias y acciones de este objetivo ponen en el centro la dignidad de las niñas, adolescentes y mujeres, reconociéndolas como sujetas de derechos, y prioriza a quienes históricamente han sido más excluidas: mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, con discapacidad, migrantes, jóvenes y LGBTIQ+. La relevancia de las acciones que se realizarán es para garantizar la transversalización de la perspectiva de género en los procesos de planeación y la ejecución del gasto público; la erradicación de prácticas discriminatorias en contra de las mujeres; promover los cambios legislativos; fortalecer y promover los datos y estadísticas necesarias para visibilizar las brechas que siguen existiendo entre mujeres y hombres; dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de género; promover la transparencia y la rendición de cuentas, y realizar un cambio cultural. Las estrategias y líneas de acción propuestas integran un enfoque de derechos humanos, bienestar, justicia social e interseccionalidad, y responden al principio de “primero las pobres”, al impulsar acciones afirmativas para cerrar las brechas más profundas y lograr la igualdad sustantiva en todos los ámbitos.  6.2 Relevancia del objetivo 2: Promover las autonomías y libertades de las mujeres, adolescentes y niñas para tomar decisiones en todos los ámbitos de su vida. La autonomía es un conjunto de hechos concretos y tangibles que tienen que ser reconocidos y apoyados. Cuando una mujer ejerce su derecho a la autonomía, se extiende al ejercicio de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, y a vivir libres de toda forma de violencias y discriminación. Actualmente, las mujeres siguen enfrentando obstáculos importantes para ejercer su autonomía económica. Si bien el aumento en la participación femenina en el trabajo remunerado ha aumentado, este no ha sido acompañado de manera igualitaria de la participación masculina en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. 88 Idem 89 INEGI (2025) ENIGH 2024. Resultados presentados en julio de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2024/doc/enigh2024_ns_presentacion_resultados.pdf [consultado en marzo de 2026] Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 691 De acuerdo con datos de la ENOE, en 2025, 46 de cada 100 mujeres fueron económicamente activas a diferencia de 75 de cada 100 hombres.90 A su vez, la ENUT 2024, arroja que el tiempo total que una mujer dedica a la semana al trabajo para el mercado es del 33.3%, mientras que el de un hombre es del 66.7%; en contraste las mujeres dedican 64.8% de tiempo al trabajo no remunerado doméstico, de cuidados, comunitario y voluntario, en comparación con 30.9% del tiempo que dedican los hombres. Esta sobrecarga limita la capacidad de las mujeres para participar en el trabajo remunerado en igualdad de condiciones y el acceso a recursos económicos que les permitan mayores grados de autonomía.91 Para que las mujeres puedan ejercer plenamente su autonomía económica, es necesario que se reconozcan los obstáculos que enfrentan y se concreten acciones que permitan impulsarla. La implementación de este objetivo prioritario será clave para que las instituciones de la APF, desde una visión humanista de prosperidad compartida y de manera coordinada, contribuyan a generar mejores condiciones que permitan a las mujeres el acceso a un trabajo formal, con respeto a sus derechos laborales, priorizando la igualdad salarial y eliminando barreras discriminatorias y sexistas. Este objetivo es relevante ya que contribuirá a fortalecer la autonomía en la toma de decisiones de las mujeres, promoviendo su participación, organización y representación de manera paritaria; reconociendo, reivindicando e impulsando las aportaciones de las mujeres donde hay subrepresentación de género para lograr una presencia igualitaria entre hombres y mujeres. Normalmente, en las áreas de empleo en donde existe mayor participación de las mujeres, como las ciencias de la salud, educación y ciencias sociales, suelen ofrecer salarios más bajos en comparación con las áreas de ingeniería y matemáticas, donde la participación femenina es menor. En México, de acuerdo con el Observatorio Laboral de la STPS, en 2024, en carreras como Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales, 91.3% de las personas que egresan son hombres, quienes cuentan con un ingreso promedio mensual de $23,537.00 pesos mexicanos,92 a diferencia de la carrera de docencia en educación básica y preescolar en donde el porcentaje de mujeres es de 96.9% y el ingreso promedio mensual es de $12,724.00 pesos mexicanos.93 Este objetivo prioritario busca promover que todas las mujeres tengan el control sobre sus propios cuerpos y su salud sexual y reproductiva, libres de violencia y discriminación. Por lo tanto, se considera necesario implementar acciones que garanticen el acceso de las mujeres a servicios de salud adecuados, a educación integral y decisiones informadas sobre su cuerpo y su vida sexual. También se fortalecerán las estrategias que se han impulsado en administraciones anteriores y que han tenido resultados favorables en la vida de las adolescentes, como la ENAPEA. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, con datos de la ENSANUT continua 2021-2024, entre 2015 y 2023, la tasa de fecundidad adolescente disminuyó de 72.4 a 60.3 nacimientos por 1 000 mujeres de 15 a 19 años,94 lo cual refleja la incidencia de acciones del gobierno federal en el tema, sin embargo, es necesario continuar con la implementación de más acciones que contribuyan a esa problemática, con especial énfasis en lugares con mayores niveles de marginación y altas tasas de fecundidad adolescente e infantil, pues dicha encuesta también reflejó que, durante el mismo periodo de análisis, las prevalencias del embarazo en adolescentes difieren significativamente por área (46.5% rural y 28.2% urbana).95 Lo anterior es relevante para los derechos de las niñas y adolescentes ya que, de acuerdo con la OMS, la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, por lo que un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, promueve la posibilidad de tener experiencias placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. 90 INEGI. ENOE 2025. Tercer Trimestre de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_presentacion_ejecutiva_trim3_2025.pdf [consultado en marzo de 2026] 91 INEGI. (2024) ENUT 2024. Presentación de resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2024/doc/enut_2024_presentacion_resultados.pdf [consultado en marzo de 2026] 92 Observatorio Laboral de la STPS (2026). Estadísticas de carreras profesionales por área. Ingenierías. https://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Ingenierias.html [consultado en marzo de 2026] 93 Observatorio Laboral de la STPS (2026). Estadísticas de carreras profesionales por área. Educación. https://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Educacion.htmll 94 INSP (2025). Artículo Embarazo en adolescentes en México: prevalencias y perfiles de riesgo, 2021-2024. https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2024/doctos/analiticos/17213-Texto%20del%20art%C3%ADculo-92194-1-10- 20251118.pdf [consultado en marzo de 2026] 95 Ibid. 692 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 El artículo 4o. Constitucional protege el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos. Esto implica la consagración constitucional del derecho a la autonomía reproductiva, incluyendo la elección y libre acceso a todas las formas de anticoncepción, a las técnicas de reproducción asistida y el acceso a la interrupción del embarazo. El reconocimiento del derecho a elegir tiene la pretensión de eliminar la posibilidad de que exista una discriminación basada en género en materia de maternidad y derechos reproductivos. El Estado tiene la obligación de garantizar el respeto y la protección del derecho a la salud.96 Por lo anterior, este objetivo también tiene la finalidad de impulsar el acceso efectivo, gratuito, informado y culturalmente pertinente de niñas, adolescentes y mujeres a servicios de salud integral, promoviendo el respeto de su autonomía física y el consentimiento informado. 6.3 Relevancia del objetivo 3. Fortalecer el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda y la sostenibilidad ambiental de las mujeres, adolescentes y niñas para garantizar el ejercicio de sus derechos y su bienestar personal y colectivo. En México, en los últimos años se han logrado avances significativos hacia la igualdad entre mujeres y hombres en el tema de educación. De acuerdo con datos del Censo 2020, las mujeres tienen un promedio de 9.6 años de educación, y los hombres 9.8 años.97 Sin embargo, existen campos y sectores en los que ese avance no ha podido reflejarse del todo. De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO),98 con base en el Censo 2020, hay 6.4 millones de niños, niñas y jóvenes de entre 3 y 18 años que no asisten a la escuela (18%), de ellos 27% habla alguna lengua indígena, 21% tiene alguna discapacidad, 20% vive en comunidades rurales y 18% es afrodescendiente. Asimismo, las desigualdades en grados escolares se intensifican cuando las mujeres más avanzan en sus estudios, de manera que la participación en estudios de educación superior es menor y más al referirnos a carreras consideradas más “duras”. De acuerdo con información de la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la población escolar de nivel licenciatura (ciclo 2024-1), 60.87% fueron hombres y 39.13% mujeres. En ese ciclo, en la carrera de Matemáticas se recibieron, de primer ingreso, 200 alumnos y 32 alumnas; en Ciencias de la Computación, 134 y 58; Física, 275 y 77; Actuaría, 215 y 173, y en Matemáticas Aplicadas, 68 y 25, respectivamente.99 De acuerdo con el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNI), en 2024 las mujeres representaron el 40.4% del padrón del SNI, lo que no representó ni la mitad de dicho padrón.100 Bajo ese contexto, el presente programa cuenta con una visión para garantizar el acceso equitativo de las mujeres, niñas y adolescentes a la educación, salud, cultura, deporte, espacios públicos y servicios básicos mediante políticas y acciones que eliminen barreras y promuevan su bienestar integral. El presente objetivo apuesta a la educación como un derecho y herramienta para romper brechas y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que se tiene considerado implementar acciones que impulsen el fortalecimiento de una educación integral con enfoques de género, derechos humanos, interseccionalidad y culturalmente pertinentes, que contribuyan a la eliminación de las barreras estructurales que siguen persistiendo en la actualidad para que niñas, adolescentes y mujeres puedan acceder a la educación en condiciones de igualdad. De igual forma, este objetivo considera relevante fomentar la participación de las mujeres, niñas y adolescentes en el deporte y la vida cultural. Lo anterior, en virtud de que estas actividades, al ser del ámbito público, como en otras esferas de la vida, la incorporación de la mujer se hace más tardía y desigual a diferencia de los hombres. 96 SCJN (2017) Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/sentencias- emblematicas/resumen/2022-05/Resumen%20AI148-2017%20DGDH.pdf [consultado en marzo de 2026] 97 INMUJERES (2024). Desigualdad en cifras. Año 10, Boletín No. 2, febrero 2024. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BN2_2024_Vo_Bo.pdf [consultado en marzo de 2026] 98 IMCO. (2024) Desigualdades educativas. https://imco.org.mx/desigualdades-educativa-en-mexico/ [consultado en marzo de 2026] 99 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (2025) A paso lento, la presencia femenina en la ciencia. Boletín UNAM-DGCS-085. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2025_085.html [consultado en marzo de 2026] 100 Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECHTI) (2025) Fundamental impulsar la participación de las mujeres en ciencia, humanidades, tecnología e innovación: Secihti. Sala de prensa. https://secihti.mx/sala-de-prensa/fundamental-impulsar-la- participacion-de-las-mujeres-en-ciencia-humanidades-tecnologia-e-innovacion-secihti/ [consultado en marzo de 2026] Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 693 De acuerdo con el MOPRADEF, en 2024, 46% de los hombres realizaron alguna actividad físico-deportiva, mientras que solo 36.8% de las mujeres lo hicieron.101 En cuanto al ámbito de la cultura, de acuerdo con el MODECULT 2025, en ese año, solo 64% de las mujeres asistieron a algún evento cultural y 65.6% de los hombres lo hicieron.102 En todos los casos, la participación de las mujeres sigue siendo más baja que la de los hombres. Que las mujeres y niñas practiquen alguna actividad física o cultural contribuye a la eliminación de barreras que imponen los roles de género y las prácticas sociales, sobre todo si se realizan en categorías con menor índice de feminización. En consecuencia, para este objetivo, resulta imperante fortalecer la perspectiva de género y el principio de paridad en las actividades deportivas y culturales desde la primera infancia, fomentando en niñas y adolescentes el interés y vocación creativa. Otra contribución relevante de este objetivo al segundo piso de la Cuarta Transformación es mejorar las condiciones para garantizar el acceso de las mujeres y niñas a servicios de salud suficientes y de calidad, así como favorecer su inclusión en la propiedad, uso y decisiones sobre la vivienda, a fin de fortalecer y garantizar su patrimonio, pues el ejercicio de estos derechos sigue siendo lejano para muchas mujeres, sobre todo para las de sectores más vulnerados. Contar con una vivienda propia no solo proporciona un espacio de seguridad y estabilidad a las mujeres, sino que también fortalece su autoestima y autonomía. Los derechos a la tierra, la propiedad y la vivienda son esenciales para la igualdad y el bienestar de las mujeres; sin embargo, ellas han carecido de manera desproporcionada de la tenencia de estos bienes, (ACNUDH, 2012). Si bien, desde la administración anterior se han impulsado acciones que contribuyen a erradicar esta problemática, como lo fue el Programa de Mujeres por Acceso a la Tierra,103 o el Programa de Vivienda Social,104 resulta primordial seguir fortaleciendo los Programas y acciones que faciliten el crédito accesible, la adquisición, autoproducción y mejora de viviendas para mujeres y que también garanticen su reconocimiento como titulares de derechos agrarios. Este objetivo resulta fundamental para garantizar a las mujeres sus derechos y bienestar y contribuirá a cerrar estas brechas mediante políticas con enfoque de género, interseccionalidad e interculturalidad, promoviendo igualdad en el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Eliminar todas las formas de violencias contra mujeres, adolescentes y niñas a través de la prevención, la atención a las causas y el cambio cultural. En concordancia con el Eje Transversal “Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres” del PND 2025-2030, erradicar las violencias de género es una prioridad, y una de las claves principales para realizarlo es la institucionalización de la perspectiva de género en todos los órdenes y niveles de gobierno, que permita impulsar el efectivo ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo que este objetivo busca, entre otras cosas, fortalecer la aplicación efectiva de protocolos y procedimientos que en los diferentes sectores son utilizados para atender y sancionar la violencia contra las mujeres, así como impulsar la armonización legislativa nacional y estatal en la materia. Actualmente, de acuerdo con la Plataforma México Rumbo a la Igualdad,105 al cierre del 2024, todas las entidades federativas cuentan con una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en donde se establece las obligaciones y atribuciones del ejecutivo estatal para prevenir atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sin embargo sólo 53% de estas leyes prevén competencias específicas para las legislaturas y el 63% para los poderes judiciales en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. A pesar de los esfuerzos institucionales que se han hecho para disminuir la violencia contra las mujeres hay datos que demuestran que aún existe un camino largo por recorrer, por citar algunos ejemplos, de acuerdo con datos de la ENDIREH 2021, la violencia en el ámbito escolar del 2016 (25.3%) al 2021 (32.3%) 101 INEGI (2024). MOPRADEF 2024. Principales resultados, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mopradef/doc/resultados_mopradef_2024.pdf [consultado en marzo de 2026] 102 INEGI.(2025) MODECULT 2025.Principales resultados, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/modecult/doc/resultados_modecult_jun2025.pdf [consultado en marzo de 2026] 103 A través de la coordinación institucional y el aporte de los Tribunales Agrarios, mediante la Justicia itinerante y el Programa de Mujeres por Acceso a la Tierra, en el sexenio anterior se realizaron juicios sucesorios o de prescripción adquisitiva para que más mujeres recibieran certificados que las acreditara como ejidatarias. De acuerdo con datos de Tribunales Agrarios, en 2022 6 mil 300 mujeres en 32 estados fueron beneficiadas. lo que hace un total de 8 mil 582 juicios sucesorios que beneficiaron a mujeres en todo el país. 104 La población objetivo del Programa en 2024 se definió como hogares de bajos ingresos que habitan una vivienda en condición de rezago habitacional o necesitaron una vivienda. Dentro de los criterios de población se consideraron a las Mujeres Jefas de hogar. 105 INMUJERES (2024) Plataforma rumbo a la igualdad http://rumboalaigualdad.inmujeres.gob.mx/ [consultado en marzo de 2026] 694 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 ascendió un 7%; las mujeres refirieron que durante su vida de estudiante vivieron principalmente violencia física (18.5%), así como violencia sexual (10.9%), especialmente ejercida por un compañero (a), de las cuales solo el 18.8% manifestó tener conocimiento sobre la existencia de protocolos o medidas para la atención a la violencia en este ámbito.106 Por su parte, en cuanto a la violencia digital, que, dado el desarrollo exponencial de las tecnologías de la información se ha propiciado la proliferación de conductas que afectan directamente a las y los usuarios de las mismas, de acuerdo con datos de la ENDIREH 2021, el grupo de edad donde más se presenta es en mujeres de 15 a 24 años, siendo los ámbitos comunitario (16.6%) y escolar (14.3%)107 los de mayor prevalencia a lo largo de la vida; la máxima manifestación de este tipo de violencia es la difusión y reproducción sin autorización de imágenes, audios o videos de contenido sexual, y de acuerdo con el MOCIBA 2024 Además, las mujeres (29%) en comparación con los hombres (13.9%), presentan mayor proporción de situaciones relacionadas con insinuaciones, propuestas y contenido sexual; de la población de mujeres de 20 a 29 años usuarias de internet que experimentó alguna situación de ciberacoso, las entidades en donde hubo mayor prevalencia fueron Ciudad de México (41.3%), San Luis Potosí (38.6%) y Tabasco (38%).108 Ante este contexto, si bien es necesario la aplicación de protocolos y leyes que atiendan y sancionen la violencia, este programa reconoce también que no basta con un acto punitivo para erradicar dichas prácticas, por lo que, las líneas de acción de este objetivo apuestan por la transformación de nuestro país desde los cambios culturales y la eliminación de actitudes y comportamientos sexistas que perpetúan las violencias de género, propiciando que desde los espacios educativos, se desestructuren las convivencias violentas, que en los espacios comunitarios se promuevan campañas y contenidos de sensibilización y concientización social sobre la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades, así como la construcción de una política de estado por la igualdad y el combate al sexismo y la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. Por otra parte, una práctica nociva urgente de atender y erradicar, y que es resultado de una arraigada desigualdad de género que afecta de manera desproporcionada a las niñas, son las uniones tempranas forzadas. De acuerdo con una publicación reciente de UNFPA, con base en la ENADID 2018, el 20.7% de las mujeres de 20 a 24 años, casadas o alguna vez casadas, tuvieron su primera unión antes de cumplir 18 años y el 3.6% antes de los 15 años. En localidades rurales, esta situación alcanzó el 31.2% antes de los 18 años y el 6.0% antes de los 15 años. Por su parte, el CENSO 2020 registró 224,454 adolescentes de 12 a 17 años en una situación conyugal de unión (casadas o en unión libre) y 21,167 actualmente no unidas, pero con antecedente de unión conyugal.109 Las uniones tempranas forzadas despojan a las niñas de su infancia, y pone su vida y su salud en peligro110 asociándose a ello, la deserción escolar, mayor riesgo de sufrir violencia de género y falta de autonomía para tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas. Por ello, es necesario crear entornos que garanticen la protección de las niñas y generen condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos, atendiendo las causas estructurales de la violencia desde una perspectiva de género, interseccional y culturalmente pertinente, como lo plantea este objetivo en su Estrategia 4.3. Asimismo, este objetivo contribuye al segundo piso de la cuarta transformación partiendo de garantizar una política nacional, integral y coordinada que brinde a las mujeres, especialmente a las víctimas de violencias, una respuesta inmediata y la máxima protección del Estado, propone fortalecer la capacitación de las unidades especializadas en atención de las violencias contra las mujeres, transversalizando la perspectiva de género, con un enfoque interseccional y culturalmente pertinente, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. 106 INEGI (2021). ENDIREH 2021. Comunicado de prensa No. 485/22. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh/Endireh2021_Nal.pdf [consultado en marzo de 2026] 107 INEGI (2021). ENDIREH 2021. Principales resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf [consultado en marzo de 2026] 108 INEGI (2024) Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2024. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mociba/2024/doc/mociba2024_resultados.pdf [consultado en marzo de 2026] 109 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) (2024) Acercamiento a los matrimonios y uniones infantiles tempranas y/o forzadas (MUITF) en México: los casos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2024- 10/Acercamiento%20a%20los%20matrimonios%20y%20uniones%20infantiles%20tempranas%20y%20forzadas%20en%20M%C3%A9xi co.pdf [consultado en marzo de 2026] 110 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) (2021) Educación Transformadora de Género. Reimaginar la educación para un mundo más justo e inclusivo. https://www.unicef.org/media/123676/file/EDUCACI%C3%93N%20TRANSFORMADORA%20DE%20G%C3%89NERO.pdf [consultado en marzo de 2026] Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 695 6.5 Relevancia del objetivo 5: Promover el reconocimiento y redistribución de los trabajos del hogar y de cuidados, fomentando la corresponsabilidad entre los gobiernos, el sector privado, los hogares, las familias y la comunidad. Las labores de cuidados son un trabajo fundamental y de alto impacto en las sociedades, todas las personas son o han sido cuidadas en algún momento de su vida, las personas cuidadoras, son mayormente mujeres, por considerarse, desde una visión estereotipada, como una función lógica y un “deber ser femenino”. De acuerdo con el Observatorio de Cuidados de México (OCU), con datos del Censo 2020, en México el 33.1% de la población fue potencialmente demandante de cuidados (60% población infantil, 24.8% población con 65 años y más y 14.8 población con discapacidad). 111 Por su parte, la ENASIC 2022, señala que de los 31.7 millones de personas de 15 años y más que brindaron cuidados, el 75.1% fueron mujeres y 24.9% hombres, mientras que las mujeres destinaron 38.9 horas a la semana a la labor de cuidados, los hombres cuidadores dedicaron en promedio 30.6 horas.112 Si bien las mujeres asumen casi exclusivamente la responsabilidad del cuidado y trabajo en el hogar, no todas las mujeres lo hacen de igual manera. De acuerdo con datos de la ENUT 2024, el promedio de horas destinadas al trabajo no remunerado doméstico, de cuidados, comunitario y voluntario por parte de mujeres hablantes de alguna lengua indígena es de 44 horas, mientras que de mujeres no hablantes es de 39.4 horas, el mismo análisis se realiza con las mujeres de localidades de menos de 10 mil habitantes que dedican en promedio 43.3 horas a dicho trabajo, en comparación con las 37.8 horas promedio que dedican en las localidades de 10 mil y más habitantes. Siendo las 5 entidades con las mayores brechas113 en desventaja hacia las mujeres, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.114 La reducción de la sobrecarga del trabajo del hogar y de cuidados no remunerado hacia las mujeres, es una necesidad urgente que también busca mejorar su salud física y mental, fortalecer su autonomía económica, su participación política y en la vida pública, entre otros derechos que se ven restringidos por esta carga desproporcionada, pues de acuerdo con la ENASIC 2022, el 15% de las mujeres cuidadoras en el hogar señalaron tener afectaciones en su tiempo libre por esta labor, así como el 10% manifestó afectaciones en su desarrollo para estudiar algún oficio o carrera, mientras que en el caso de los hombres solo el 3.1% manifestó esa situación.115 Asimismo, esta encuesta refleja que, de las mujeres económicamente activas que además realizan labores de cuidado, el 15.9% señaló que aumentaría sus horas de trabajo remunerado si tuviera la oportunidad, mientras que del grupo de cuidadoras que no realizan trabajo remunerado, el 39.7% estaría dispuesta a incorporarse al mercado laboral. En cuanto a las jornadas de trabajo remunerado, casi la mitad de las mujeres económicamente activas y cuidadoras (47.8%) trabajan menos de 35 horas a la semana, en comparación con las mujeres no cuidadoras quienes, en su mayoría (50.8%), suelen tener jornadas de 35 a 48 horas. Es de señalar que las jornadas más cortas se traducen en ingresos menores y, probablemente, en trabajos del sector informal, que influye en la falta de acceso a servicios destinados al cuidado, como las guarderías del sector público, por mencionar algún ejemplo.116 Abordar estas desigualdades se vuelve esencial para promover la igualdad de oportunidades y el bienestar general en la sociedad mexicana, por lo que resulta imperante impulsar políticas para la distribución equitativa de las responsabilidades del trabajo del hogar y de cuidados, así como mayor corresponsabilidad de los cuidados entre el Estado, el mercado y las comunidades y entre hombres y mujeres. Ante este contexto, como se señaló en el Diagnóstico del PND 2025-2030, “…para lograr una democracia verdaderamente paritaria y una sociedad equitativa, es fundamental fortalecer políticas de conciliación entre la vida laboral y personal, garantizar la redistribución del trabajo de cuidados y eliminar las barreras que impiden que las mujeres accedan en igualdad de condiciones a los espacios de liderazgo…”, por lo que, en contribución al objetivo T1.2 del Eje Transversal 1 del PND 2025-2030, el PNPEISMH 2026-2030 considera relevante la implementación de este objetivo 5, el cual estará integrado por siete estrategias y 57 líneas de acción que versan principalmente en: 111 INMUJERES (2024). Observatorio de cuidados. Infografía Nacional. Población. https://observatoriodecuidados.inmujeres.gob.mx/ [consultado en marzo de 2026] 112 INEGI (2022) ENASIC 2022. Principales resultados. 25 de febrero de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasic/2022/doc/enasic_2022_presentacion.pdf [consultado en marzo de 2026] 113 La ENUT 2024 reflejó la brecha de género del promedio del tiempo semanal de trabajo no remunerado, por entidad federativa según sexo 114 INEGI (2024). ENUT 2024. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2024/doc/enut_2024_presentacion_resultados.pdf [consultado en marzo de 2026] 115 INEGI (2022). ENAISC 2022. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasic/2022/doc/enasic_2022_presentacion.pdf [consultado en marzo de 2026] 116 Idem. 696 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026  La creación y fortalecimiento de las políticas, programas y acciones de cuidados para quienes los requieren y los brindan, con enfoques de género, derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad;  Promover el fortalecimiento y armonización del marco jurídico en la materia;  Impulsar la participación coordinada entre gobierno federal, las entidades federativas, el sector privado, comunidades y familias para la reducción de la actual sobrecarga que tienen las mujeres; y  Reforzar los cambios culturales, simbólicos que lleven a cuestionar y revertir la división sexual del trabajo para avanzar hacia una redistribución justa del trabajo de cuidados. 6.6 Relevancia del objetivo 6: Fortalecer las redes y organizaciones de mujeres que reconozcan y fortalezcan sus propias formas de liderazgo y participación política, social y comunitaria que contribuya a transformar la realidad desde una lógica colectiva. Las mujeres se enfrentan cotidianamente, en todos sus ámbitos, a mecanismos sociales y culturales de control machista y exclusión que merman sus plenas capacidades para decidir, ser, decir o hacer lo que consideran valioso y atender a sus propias necesidades, intereses y aspiraciones; como el derecho a decidir sobre su sexualidad, sus cuerpos, los ingresos familiares, sus ocupaciones, sus entornos comunitarios y sociales, el uso de su tiempo libre, entre otros aspectos. A través de este objetivo, se busca atender la falta de reconocimiento de las contribuciones de las mujeres al desarrollo político, económico, social y cultural del país, ya que históricamente se han invisibilizado, creando un problema para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Esto hace que a las mujeres se les mire siempre como víctimas, como una persona incompleta, pequeña, que hay que ayudar y que hay que capacitar. Además, la condición de pobreza en la que viven muchas mujeres, en especial las mujeres indígenas y de zonas rurales, se debe en gran parte a la omisión del Estado en los gobiernos neoliberales, que dejó fuera a las mujeres de la vida económica, política y social en el país. Es por esto por lo que, como uno de los principios del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se fortalecerá la democracia por medio del reconocimiento y participación de las mujeres, donde su voz sea tomada en cuenta y escuchada. Se han tenido avances legislativos para asegurar la paridad en todo, para las elecciones de 2024 se logró la paridad en la Cámara de diputadas y diputados (250 mujeres y 250 hombres) y en la Cámara de senadoras y senadores (64 mujeres y 64 hombres), sin embargo, los órganos de gobierno de ambas cámaras del Congreso de la Unión están lejos de contar con integraciones paritarias. En la Cámara de Diputadas y Diputados, sólo uno de los siete espacios de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) es ocupado por una mujer, el resto, incluida la presidencia de la Mesa Directiva, corresponde a hombres (Cámara de Diputados, 2025). En tanto, en la JUCOPO del Senado hay una mujer y seis hombres, incluida también la presidencia (Senado de la República, 2025). A nivel legislaturas locales, las entidades federativas que presentaron una mayor proporción de mujeres electas para forma parte de los congresos locales fueron Colima y Baja California (64%), Puebla (61%), Chiapas y Tlaxcala (60%), Ciudad de México (57.6%), Nuevo León y Oaxaca (57.1%) y Aguascalientes (55.6%); mientras que las entidades con menor representación fueron Quintana Roo y Durango (48%), Sonora (48.5%), Yucatán (48.6%) y Estado de México (49.3%). Del total de personas electas en los congresos locales en 2024, 53.3% fueron mujeres, 46.3% hombres y 0.3% no binarias (INE, 2024).117 Las mujeres van ganando espacios de toma de decisión a nivel federal y estatal, no obstante, los espacios a nivel municipal, donde radica la cercanía con la ciudadanía y la comunidad, con un papel como instancia de gobierno, más próxima a las necesidades locales, se muestra nuevamente una brecha amplia. En 2024, con información del INE; se sabe que fueron electas solo 30% de mujeres en el cargo de presidencia municipal o alcaldía, mientras que los hombres representaron 69.9% y 0.1% personas no binarias. Las entidades con menor representación fueron Morelos (12.1%), Chiapas (18%), Nuevo León (19.6%), Puebla (21.6%) y Querétaro (22.2%).118 En México, existen 14,300 ejidos con órganos de representación, en los cuales participan un total de 84,815 personas, de las cuales 26% son mujeres. En la presidencia del comisariado ejidal, 1,460 mujeres (10.3%) encabezan esta función, mientras que 3,958 mujeres (28.1%) ocupan el cargo de secretarias y 4,233 mujeres (30.1%) fungen como tesoreras. En la presidencia del consejo de vigilancia del ejido, participan 1,552mujeres (10.8%).119 117 Instituto Nacional Electoral (2024). Balance de resultados de la paridad de género. Procesos electorales federal y local de 2024. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/182190/cigynd-1so-280325-p5.pdf [consultado en marzo de 2026] 118 Idem. 119 Registro Agrario Nacional (RAN) (2025). Integrantes de órganos de representación de núcleos agrarios inscritos en SIMCR, vigentes al 30 de noviembre de 2025. Disponible en http://www.ran.gob.mx/ran/indic_gen/orgrep-avance-2025-nov.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 697 Respecto a las comunidades agrarias, 7.7% son presididas por mujeres (112 comunidades), 22% son secretarias de los órganos de representación y el 25% son tesoreras.120 A lo largo de su vida, 9.5% de las mujeres de 15 años y más ha participado en una organización vecinal o de condóminos, en comparación con 13% de los hombres. En cuanto a la participación en partidos políticos, 7% de las mujeres ha estado involucrada, frente 9.4% de los hombres. En organizaciones de protección de derechos humanos, 3.2% de las mujeres ha participado mientras que 2.6% de los hombres lo ha hecho. Finalmente, 1.9% de las mujeres ha formado parte de otras organizaciones para exigir al gobierno, en comparación con 4.6% de los hombres.121 La importancia del objetivo radica en fomentar la participación comunitaria de las mujeres, aprovechar las redes existentes y crear más, para impulsar la incidencia que ya tienen las mujeres en su comunidad pero que se vea reflejada en puestos de toma de decisión desde el ámbito municipal. Además, se contribuirá al Segundo Piso de la Cuarta Transformación contribuyendo al PND 2025-2030, en el objetivo 3 del Eje Transversal 1 “Garantizar la participación plena y sustantiva de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social y comunitario, promoviendo su liderazgo y el ejercicio efectivo de sus derechos”. 6.7 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2026-2030 En el marco del fortalecimiento de la planeación nacional con perspectiva de género, se presenta a continuación la vinculación entre los objetivos del PNPEISMH 2026-2030 y los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Este ejercicio tiene por finalidad identificar correspondencias sustantivas que permitan alinear las prioridades con los ejes, objetivos y estrategias nacionales del PND. La articulación realizada contribuye a garantizar la transversalidad de la igualdad sustantiva en los instrumentos de política pública, así como a fortalecer la coordinación interinstitucional y territorial en favor de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres conforme a la visión transformadora del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Objetivos del Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 1. Promover la igualdad sustantiva para que todas las mujeres, adolescentes y niñas puedan ejercer plenamente sus derechos. Objetivo T1.3 Estrategias T1.3.1 y T1.3.2 2. Promover las autonomías y libertades de las mujeres, adolescentes y niñas para tomar decisiones en todos los ámbitos de su vida. Objetivo T1.1 Estrategias T1.1.1, T1.1.2, T1.1.3, T1.1.4 y T1.1.5. 3. Fortalecer el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda y la sostenibilidad ambiental de las mujeres, adolescentes y niñas para garantizar el ejercicio de sus derechos y su bienestar personal y colectivo Objetivo T1.1 Objetivo T1.4 Estrategias T1.1.6 Estrategia T1.4.4 4. Eliminar todas las formas de violencias contra mujeres, adolescentes y niñas a través de la prevención, la atención a las causas y el cambio cultural. Objetivo T1.4 Objetivo T1.5 Estrategia T1.4.1, T1.4.2, T1.4.3 y T1.1.5. Estrategias T1.5.1, T1.5.2 y T1.5.3. 5. Promover el reconocimiento y redistribución de los trabajos del hogar y de cuidados, fomentando la corresponsabilidad entre los gobiernos, el sector privado, los hogares, las familias y la comunidad. Objetivo T1.2 Estrategias T1.2.1, T1.2.2, T1.2.3, T1.2.4, T1.2.5 y T1.2.6. 6. Fortalecer las redes y organizaciones de mujeres que reconozcan y fortalezcan sus propias formas de liderazgo y participación política, social y comunitaria que contribuya a transformar la realidad desde una lógica colectiva. Objetivo T1.3 Estrategia T1.3.2 120 Idem. 121 INEGI (2020) ENCUCI 2020. Presentación ejecutiva. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encuci/2020/doc/ENCUCI_2020_Presentacion_Ejecutiva.pdf 698 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 7. Estrategias y líneas de acción Para la elaboración de las siguientes estrategias y líneas de acción se tomaron en cuenta opiniones y necesidades de las mujeres a través de las Asambleas de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias”, donde se realizaron reflexiones colectivas, diagnósticos comunitarios basados en la escucha activa y la retroalimentación para que sus ideas, demandas y opiniones, sean consideradas en las políticas públicas que deriven de este programa especial. Además, la Secretaría de las Mujeres trabajó en coordinación con las dependencias y entidades de la APF para definir las líneas programáticas susceptibles a integrarse en el PNPEISMH 2026-2030. La información recopilada constituyó una aportación fundamental para la elaboración del programa, que se apega a los principios de las Catorce Repúblicas, los Cien Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y el PND 2025-2030. La participación de las siguientes instituciones, órganos autónomos, entidades, instituciones de procuración de justicia y órdenes de gobierno están sujeta a previa suscripción de convenio de colaboración, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Planeación:  Fiscalía General de la República.  Fiscalías de las Entidades Federativas.  Instituto Nacional Electoral.  Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  Poder Judicial de la Federación. Objetivo 1. Promover la igualdad sustantiva para que todas las mujeres, adolescentes y niñas puedan ejercer plenamente sus derechos. Estrategia 1.1 Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en las etapas de planeación, implementación, seguimiento, evaluación y presupuestación de las políticas públicas y programas de la APF, incorporando la perspectiva de género, derechos, cuidados, interseccional e intercultural. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.1 Incorporar los enfoques de género e interseccional en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas y programas derivados de programas sectoriales, especiales y regionales para promover y defender los derechos de niñas, adolescentes y mujeres. APF 1.1.2 Incorporar la perspectiva de género e interseccional en la presupuestación y asignación de recursos financieros públicos y suficientes para asegurar el principio de igualdad sustantiva en todas las etapas de la política pública mediante lineamientos, metodologías, instrumentos y capacitación. SHCP, MUJERES 1.1.3 Impulsar la transversalización de la perspectiva de género e interseccional en todos los niveles del servicio público principalmente de las áreas de planeación, presupuestación, operativas y de comunicación de la APF, mediante el fortalecimiento y acompañamiento a las Unidades de Igualdad de Género. APF 1.1.4 Impulsar el principio de igualdad sustantiva y la perspectiva de género, cuidados, interseccional e intercultural en las leyes y normatividad federal, estatal y municipal promoviendo la vinculación con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. MUJERES, INPI Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 699 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.5 Impulsar el principio de igualdad sustantiva en el reconocimiento, respeto y garantía de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas en todos los ámbitos del Estado, por medio de acciones progresivas. APF 1.1.6 Fortalecer la perspectiva de género, e interseccional en los mecanismos de consulta previa, libre e informada y en temas que afecten los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres y/o generen impactos en sus territorios y comunidades a través de materiales y procesos de capacitación. APF 1.1.7 Promover el fortalecimiento y la homologación de capacidades institucionales de las UIG para garantizar su participación en la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género e interseccional en sus dependencias y entidades, y en todas las fases del ciclo de la política pública. APF 1.1.8 Promover la incorporación de la perspectiva de género e interseccional en las reglas de operación o lineamientos de los programas presupuestarios, en todas las fases del ciclo de la política pública. APF 1.1.9 Fortalecer el seguimiento y evaluación del Anexo 13 de Erogaciones por la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Anexo 31 de Sociedad de Cuidados, mediante la elaboración de criterios y lineamientos y el acompañamiento a la APF para la promoción de sus evaluaciones de impacto de género y cuidados. MUJERES, SHCP 1.1.10 Promover y difundir los Derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas en espacios formales e informales, educativos, multilaterales, de cooperación internacional considerando la perspectiva pluricultural e interseccional. APF Estrategia 1.2 Erradicar prácticas discriminatorias que generan exclusión y desigualdad garantizando los derechos de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, especialmente indígenas, afromexicanas, con discapacidad o en condición de pobreza, con enfoque de género, derechos, cuidados interseccional e intercultural. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.1 Fortalecer la perspectiva de género e interseccional e intercultural en las políticas públicas que atienden las causas estructurales de la migración, con énfasis en la protección integral de mujeres, adolescentes, niñas y niños en albergues y estaciones migratorias. SRE, SALUD, SEGOB (INM, CONAPO), INPI, MUJERES 1.2.2 Fortalecer la atención y protección integral de las mujeres, adolescentes y niñas en situación de migración interna y externa con perspectiva de género e interseccional. SRE, SALUD, SEGOB (INM, COMAR), INPI, MUJERES 1.2.3 Impulsar mecanismos para atender a mujeres privadas de la libertad que aseguren su acceso a un juicio justo con perspectiva de género e interseccional, mediante procesos de alfabetización y formativos laicos, que las preparen para una reinserción plena en la sociedad. SEGOB, SALUD, SEP, MUJERES, BIENESTAR 700 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.4 Articular políticas integrales para garantizar los derechos de la primera infancia, niñez y adolescencia con enfoque de género, interseccional e igualdad sustantiva asegurando su acceso a servicios universales y sin discriminación entre mujeres y hombres. SEP, SE-SIPINNA, BIENESTAR, SEDENA, SEMAR, IMSS, ISSSTE, SENER (PEMEX), MUJERES, SALUD (CENSIA) 1.2.5 Impulsar la perspectiva de género e interseccional en los mecanismos de coordinación interinstitucional que brindan apoyo y protección a las mujeres, adolescentes y niñas con énfasis en las migrantes y sus dependientes. APF 1.2.6 Promover una política pública de servicios e infraestructura con perspectiva de género e interseccional que garantice la accesibilidad y asequibilidad del agua potable, electricidad, drenaje y saneamiento, con énfasis en zonas rurales, indígenas, afromexicanas y en pobreza. SEGOB, SEDATU, SICT, SEMARNAT (CONAGUA), SENER (CFE), BIENESTAR, MUJERES, SHCP (BANOBRAS) 1.2.7 Fortalecer las medidas y los mecanismos para prevenir y erradicar el trabajo de las infancias, así como promover y garantizar los derechos de las adolescentes en edad permitida de trabajar. STPS, SE-SIPINNA Estrategia 1.3 Promover cambios legislativos, normativos y administrativos que integren el principio de igualdad sustantiva y no discriminación. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.1 Armonizar el marco constitucional, legal e institucional en los tres niveles de gobierno conforme a los instrumentos internacionales y regionales en materia de género y derechos de las mujeres que el Estado Mexicano ratifique y de los cuales es parte. APF 1.3.2 Promover la transversalización del principio de igualdad sustantiva en los estatutos, normas, lineamientos y plataformas políticas de los partidos políticos tanto a nivel nacional como a nivel local. MUJERES, INE, TEPJF 1.3.3 Fomentar la continua actualización del Protocolo para juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad, así como promover su aplicación obligatoria e impulsar una estrategia de difusión y capacitación sobre el principio de igualdad sustantiva a quienes imparten justicia. MUJERES, SCJN, FGR 1.3.4 Fortalecer marcos normativos, protocolos, instrumentos de detección de riesgo y capacidades para identificar la violencia política en razón de género y fortalecer el seguimiento de las sanciones, estableciendo medidas de no repetición y justicia restaurativa. MUJERES, INE, TEPJF 1.3.5 Fomentar la adecuación del marco normativo del Servicio Profesional de Carrera para erradicar los estereotipos de género en el ingreso y las promociones, así como generar acciones afirmativas para inclusión de las mujeres en puestos directivos. SABG Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 701 Estrategia 1.4 Fortalecer y promover la creación de datos, indicadores, investigaciones, instrumentos y el acceso a derechos digitales, tecnología y conectividad con perspectiva de género, derechos, cuidados, interseccional e intercultural. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.4.1 Promover y fortalecer indicadores de género con un enfoque de género e interseccional en todos los programas, encuestas, bases de datos y registros administrativos generados en los sectores del ámbito gubernamental, banca de desarrollo y otros, conforme a la Ley de Planeación. APF, INEGI 1.4.2 Impulsar el acceso a internet gratuito para las niñas, adolescentes y mujeres para cerrar las brechas digitales promoviendo su participación y formación digital y de TIC desde un enfoque de género e interseccional, mediante acciones de colaboración entre dependencias. MUJERES, SENER (CFE) 1.4.3 Implementar plataformas públicas de datos con perspectiva de género e interseccional con estándares accesibles y democráticos en conectividad, uso de TIC e inclusión digital, con acciones de colaboración entre dependencias, promoviendo la toma de decisiones informadas y la mejora continua en la gestión pública. ATDT, MUJERES 1.4.4 Promover y fortalecer la perspectiva de género e interseccional en documentos metodológicos, operativos, procedimentales y registros administrativos, estadísticas y bases de datos de programas de la APF. APF 1.4.5 Asesorar en el diseño e implementación de herramientas y soluciones digitales con enfoque de género e interseccional, como aplicaciones, repositorios, plataformas, sitios web, chatbot, entre otros, para que las mujeres accedan a información, datos abiertos, reportes, servicios y acompañamiento digital. ATDT, MUJERES 1.4.6 Impulsar la formación de mujeres, adolescentes y niñas en ciencias, humanidades, tecnología e innovación fortaleciendo los programas nacionales y regionales de posgrado con enfoque de género e interseccional, así como la capacitación especializada en áreas estratégicas para su desarrollo profesional. SECIHTI, SENER (CFE) Estrategia 1.5 Reforzar las agendas de igualdad sustantiva, prevención, atención y erradicación de las violencias, desarrollo sostenible y paz con perspectiva de género, cuidados y derechos en organismos internacionales, foros multilaterales, Cortes y Tribunales internacionales, mecanismos consulares y de concertación. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.5.1 Impulsar acciones que promuevan el cumplimiento de las recomendaciones del Comité CEDAW para reducir la pobreza y desigualdades, consolidar comunidades sustentables e incluyentes a través de mecanismos de seguimiento y campañas nacionales de cambio cultural. SRE, MUJERES, SEGOB, BIENESTAR, CEAV, SEMARNAT (CONAFOR), SEGOB (CONAPO) 1.5.2 Impulsar acciones que promuevan el cumplimiento de las recomendaciones del Comité MESECVI para reducir y erradicar la violencia y discriminaciones contra las mujeres, adolescentes y niñas, mediante, mecanismos de seguimiento en la APF y campañas nacionales de sensibilización y cambio cultural. SRE, MUJERES, CEAV, SEGOB (CONAPRED, CONAPO), FGR 702 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.5.3 Impulsar acciones que promuevan el acceso igualitario a la educación, salud, medio ambiente y otros derechos de las mujeres, adolescentes y niñas siguiendo la ruta acordada en la Agenda 2030 mediante la coordinación interinstitucional, mecanismos de seguimiento en la APF y campañas de cambio cultural. SRE, MUJERES, SEGOB, BIENESTAR, SEMARNAT, SE, SEGOB (CONAPRED y CONAPO), SHCP (NAFIN) 1.5.4 Realizar acciones para la institucionalización de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, incluyendo la creación del Comité para las mujeres, la paz y la seguridad. SRE, MUJERES, SSPC 1.5.5 Promover el seguimiento a la Recomendación general número 39/2022 de CEDAW sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas. SRE, MUJERES, SEGOB, CEAV, SEGOB (CONAPRED), INPI 1.5.6 Promover la adhesión, ratificación y cumplimiento de México a los tratados internacionales y regionales vinculantes que protegen los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas. SRE, MUJERES, SEGOB 1.5.7 Fortalecer las acciones gubernamentales de la política exterior feminista con perspectiva de derechos, cuidados, intercultural e interseccional para reducir y eliminar las desigualdades estructurales y de género que impactan a las mujeres, adolescentes y niñas. SRE, MUJERES 1.5.8 Impulsar la perspectiva de género y de cuidados en la cooperación internacional para promover la participación política de las mujeres, la sostenibilidad medioambiental y la igualdad sustantiva en los programas y proyectos. SRE, MUJERES, SEMARNAT, SRE (AMEXCID) 1.5.9 Promover el acceso oportuno a la protección consular y la prestación de servicios con perspectiva de género e interseccional a las mujeres, niñas y adolescentes migrantes en el exterior, con especial atención al Programa de apoyo de mexicanos y mexicanas en EEUU. SRE, SEGOB, MUJERES Estrategia 1.6 Fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la administración pública con enfoque de género, derechos, cuidados, interseccional e intercultural para contribuir a la igualdad sustantiva. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.6.1 Fortalecer los mecanismos y procedimientos de sistematización y transparencia, así como el acceso, conservación y actualización de los programas, datos, resultados y análisis con perspectiva de género e interseccional en la APF. APF 1.6.2 Promover, a través de convenios, la transparencia en la publicación de sentencias relativas al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, con protección de datos personales y perspectiva de género e interseccional y dar a conocer de manera oportuna la relevancia de las decisiones judiciales. MUJERES, PJF, FGR Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 703 Estrategia 1.7 Implementar propuestas, normas, medidas que promuevan el cambio cultural de las condiciones materiales y simbólicas que sostienen las desigualdades de género, incorporando la perspectiva de género, derechos, cuidados, interseccional e intercultural. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.7.1 Reforzar el papel de las maestras y maestros como actores clave en la transformación cultural a favor de la igualdad sustantiva mediante el desarrollo profesional, la formación continua con perspectiva de género e interseccional. SEP, CULTURA, MUJERES, SEGOB (CONAPRED) 1.7.2 Generar acciones para construir una cultura de igualdad y no discriminación que contribuya a eliminar la exclusión, discriminación, invisibilización, desigualdad, pobreza y racismo que preexiste sobre los pueblos y comunidades originarias y afromexicanas, especialmente de las mujeres. SEP, CULTURA, INPI, MUJERES, SEGOB (CONAPRED) 1.7.3 Implementar campañas de comunicación que, desde la perspectiva de género, interseccional y no discriminación, evidencien la importancia de construir una sociedad igualitaria para la eliminación de estereotipos sexistas y roles de género y violencia en los medios de comunicación. MUJERES, SEGOB (CONAPRED) 1.7.4 Fortalecer procesos de aprendizaje continuo de personal de la APF, sindicatos, periodistas, áreas de comunicación y otros para generar ambientes laborales igualitarios, no discriminatorios, que garanticen y protejan los derechos de las mujeres, la prevención de las violencias y la conciliación familiar y laboral. MUJERES, STPS, SE, SABG, SEGOB (CONAPRED), SEP, ISSSTE, SENER (CFE) 1.7.5 Implementar políticas públicas y acciones orientadas a transformar las estructuras que crean y reproducen las desigualdades de género, promoviendo un cambio cultural progresivo que erradique las desigualdades, roles sexistas tradicionales y relaciones jerárquicas de poder entre mujeres y hombres. APF Objetivo 2. Promover las autonomías y libertades de las mujeres, adolescentes y niñas para tomar decisiones en todos los ámbitos de su vida. Estrategia 2.1 Fortalecer las capacidades de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos, salud y vida. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.1 Fortalecer las condiciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, asegurando el acceso a servicios de salud integral, impulsando la Educación Integral en Sexualidad, promoviendo la toma de decisiones libres e informadas sobre sí mismas y su vida sexual. SALUD, IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, STPS (IMJUVE) 2.1.2 Promover la igualdad sustantiva en el Sistema Nacional de Salud Pública mediante información y servicios de salud sexual y reproductiva con perspectiva de género e interseccional en todos los ciclos de vida de las mujeres, erradicando todas las formas de violencia (obstétrica, sexual y de género). SALUD, IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, SALUD (CNEGSSR) 704 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.3 Realizar acciones para fortalecer la implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) y activar la Ruta NAME, priorizando los municipios con mayores niveles de desigualdad y altas tasas de embarazo adolescente e infantil. SALUD, MUJERES, SEP, BIENESTAR, STPS (IMJUVE), INPI, ISSSTE, IMSS, IMSS-BIENESTAR, SE-SIPINNA, SEGOB (CONAPO) 2.1.4 Facilitar acompañamiento para asegurar el acceso a servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia y aborto seguro en niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual, en observancia a la NOM-046-SALUD2- 2005 y la Ley General de Víctimas. SALUD, IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, CEAV, MUJERES, SALUD (CNEGSSR), SEDENA, SEMAR 2.1.5 Impulsar mecanismos eficaces para que el personal médico obtenga consentimiento informado, firmado por la paciente, previo a realizar esterilizaciones o aplicar métodos anticonceptivos, priorizando a mujeres indígenas, afromexicanas y con discapacidad, con enfoque de género e intercultural. SALUD, IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, SEDENA, SEMAR 2.1.6 Promover en las mujeres y adolescentes el ejercicio pleno de una sexualidad informada, consciente y libre de cualquier forma de violencia o discriminación, a través de entornos seguros y el acceso efectivo a información veraz y pertinente. SALUD, IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, SEP, CULTURA, MUJERES, STPS (IMJUVE), SEGOB (CONAPO), SEDENA, SEMAR 2.1.7 Promover lineamientos y protocolos de atención en servicios tanto de salud como de salud sexual y reproductiva dirigidas a mujeres, adolescentes, niñas y diversidad sexogenérica incorporando el enfoque género e interseccional y curso de vida. SALUD, IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, CULTURA, MUJERES, SEGOB (CONAPRED, SE-SIPINNA), SEDENA, SEMAR 2.1.8 Promover la Educación Sexual Integral conforme a lo establecido en el artículo 3o de la CPEUM, en los planes de estudio de educación básica, media superior y superior, integrando de forma transversal el enfoque de género e interseccional y de diversidad sexual. SEP, CULTURA, MUJERES, STPS (IMJUVE), SE-SIPINNA, SEGOB (CONAPO), SEP (CONAFE), SEDENA, SEMAR 2.1.9 Incorporar la perspectiva de género e interseccional en los programas que promueven prácticas responsables en los hombres, adolescentes y niños sobre su salud sexual y reproductiva. SALUD, IMSS, ISSSTE, IMSS-BIENESTAR, SEP, CULTURA, MUJERES, STPS (IMJUVE), SEDENA, SEMAR Estrategia 2.2 Fortalecer las capacidades de las mujeres para generar ingresos y recursos propios con enfoque de género, derechos, cuidados, interseccional e intercultural. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.1 Promover cambios en el marco jurídico y normativo laboral que propicien condiciones dignas, justas e igualitarias para incluir a más mujeres en la economía de trabajo asalariado, garantizado sus derechos laborales, priorizando la igualdad salarial y eliminando barreras discriminatorias y sexistas. STPS, MUJERES, SEGOB (CONAPRED), IMSS 2.2.2 Promover la perspectiva de género e interseccional en programas, acciones, productos, servicios financieros y el uso de recursos económicos dirigidos a mujeres para su ahorro, inversión, autonomía y justicia económica, priorizando iniciativas comunitarias, organizaciones solidarias y economías colectivas. MUJERES, SHCP (NAFIN, BANCO DEL BIENESTAR, CONDUSEF), BIENESTAR (INAES), SE Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 705 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.3 Promover la perspectiva de género en los programas de autonomía y justicia económica, mediante la educación, el cuidado de los recursos y la inclusión financiera de las mujeres, con prioridad en migrantes, indígenas, afromexicanas, jornaleras, agrícolas, maquiladoras, madres autónomas y otras. MUJERES, STPS, INPI, SHCP (CONDUSEF, NAFIN, BANCO DEL BIENESTAR) 2.2.4 Fortalecer la presencia de mujeres en organismos internacionales y comercio exterior como actoras clave en la economía. SE, SRE, MUJERES 2.2.5 Impulsar la inclusión social, económica y la atención integral de las mujeres con discapacidad, eliminando barreras estructurales y de género para garantizar el acceso pleno a sus derechos mediante servicios, equipamiento, infraestructura y atención especializada con perspectiva de género. SE, STPS, MUJERES, BIENESTAR (CONADIS), SEGOB (CONAPRED) 2.2.6 Fortalecer el enfoque de género e interseccional en las políticas, programas y acciones dirigidas a las mujeres productoras para aumentar su capacidad productiva y alcanzar su justicia económica, con énfasis en las mujeres de comunidades rurales, indígenas y afromexicanas. CULTURA, SE, MUJERES, INPI, CULTURA (FONART) 2.2.7 Fortalecer la perspectiva de género e interseccional en la política de mejora de los salarios mínimos para contribuir a reducir las brechas salariales en las mujeres y en grupos históricamente discriminados. STPS (CONASAMI), MUJERES, STPS 2.2.8 Fomentar modelos de economía comunitaria, solidaria, proyectos de propiedad colectiva y democrática, diversificando sectores productivos para romper estereotipos de género y fortalecer el desarrollo local y la justicia social con énfasis en mujeres rurales, indígenas, afromexicanas entre otras. BIENESTAR (INAES), MUJERES, BIENESTAR, SECTUR, CULTURA (FONART) 2.2.9 Promover que las empresas hoteleras, particularmente en las zonas de alto desarrollo turístico, incorporen mujeres al empleo y garanticen el ejercicio de sus derechos laborales con un enfoque de género, implementando protocolos de prevención, atención y sanción al acoso y hostigamiento sexual. SECTUR, STPS, MUJERES 2.2.10 Promover la implementación del monitoreo y evaluación de brechas de inclusión financiera de mujeres para generar evidencias que aporten a la toma de decisiones y al diseño e implementación de políticas públicas efectivas. SHCP (CNBV), INEGI Estrategia 2.3 Fortalecer la representación y las capacidades de las mujeres para participar y dirigir en todos los ámbitos de la vida pública y privada, con enfoque de género, derechos, cuidados, interseccional e intercultural. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.3.1 Garantizar condiciones de seguridad, de cuidados e igualdad salarial, para aumentar la participación de las mujeres en la comunidad científica, tecnológica, de humanidades y de innovación, a través de becas, mentorías y convocatorias incluyentes, cumpliendo la de paridad en todo. CULTURA, SECIHTI, MUJERES, SEP 706 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.3.2 Promover la perspectiva de género en la formación y capacitación de las personas servidoras públicas en derechos de mujeres y niñas, innovación, acceso equitativo a tecnologías, privacidad y ciberseguridad para atender prioritariamente la violencia de género en el ámbito digital. MUJERES, SABG, SECIHTI 2.3.3 Impulsar la paridad de género en los programas de formación en áreas donde hay subrepresentación para lograr la participación, remuneración y presencia igualitaria entre mujeres y hombres en todos los espacios. MUJERES, STPS, SEP, SENER (CFE) Estrategia 2.4 Implementar políticas de inserción laboral con enfoque de género, derechos, cuidados, interseccional e intercultural que garanticen la igualdad sustantiva. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.4.1 Impulsar políticas públicas que garanticen el trabajo remunerado para las mujeres con enfoque de derechos y acceso a la seguridad social, especialmente a trabajadoras agrícolas, de la pesca, de la industria maquiladora, trabajadoras del hogar remuneradas, en trabajos precarizados, entre otras. IMSS, STPS, BIENESTAR, MUJERES, SADER 2.4.2 Promover la actualización y eficaz aplicación de la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación, para garantizar el acceso y la permanencia de las mujeres en el trabajo formal con igualdad salarial, eliminando estereotipos y prácticas sexistas. APF 2.4.3 Fortalecer las alianzas entre los sectores público, productivo y social para la capacitación, certificación e inserción laboral de las mujeres, a través de diversas modalidades de formación y capacitación (dual, mixtas, semipresencial, no escolarizada) garantizando la justicia laboral de las mujeres. STPS, SE, MUJERES 2.4.4 Fortalecer, acompañar y difundir los procesos de certificación de centros de trabajo en materia de igualdad laboral y no discriminación impulsados por el gobierno federal en todas las instancias y niveles de gobierno bajo la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 Igualdad Laboral y no Discriminación. APF 2.4.5 Promover que centros de trabajo públicos, privado y social apliquen la igualdad salarial y la paridad de género en los mandos altos de dirección y otros niveles donde las mujeres y grupos históricamente discriminados estén subrepresentados. APF 2.4.6 Promover medidas y acciones bajo el principio de igualdad sustantiva para garantizar el acceso de las mujeres trabajadoras de plataformas digitales a las garantías de los derechos laborales, con mecanismos de inspección y denuncia. MUJERES, STPS, SE Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 707 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.4.7 Promover acciones que impulsen la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en todas las áreas del sector público y privado con énfasis en las vinculadas con instituciones en sectores económicos masculinizados como energía, ciencia, tecnología, ingenierías, comunicaciones y transportes. STPS, SECIHTI, SENER, SICT, MUJERES, CFE 2.4.8 Articular alianzas con el sector público y privado para la incorporación o reubicación laboral de mujeres víctimas, y garantizar los procesos de restitución de derechos de las personas víctimas indirectas de violencias en contra de las mujeres que participan en procesos de atención especializada. MUJERES, STPS 2.4.9 Colaborar en la creación y fortalecimiento de estándares de competencia laboral para mujeres con perspectiva de derechos y enfoque de género, cuidados, interseccional e intercultural. STPS, SHCP, SEP (CONOCER), MUJERES Estrategia 2.5 Desarrollar y acompañar políticas, estrategias, proyectos educativos, medidas, normas y acciones comunitarias que transformen sistemas normativos y prácticas sociales que limitan las autonomías y libertades de las mujeres en todos los ámbitos de su vida, con enfoque de género e interseccional. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.5.1 Impulsar acciones para el cambio cultural en los ámbitos familiar, laboral, educativo y comunitario para promover y garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, reconociéndolas como sujetas de derechos, garantizando su autonomía y libertad y erradicando la discriminación. MUJERES, STPS, SEGOB (CONAPRED) 2.5.2 Fortalecer la perspectiva de género, cuidados y enfoques interseccional, intercultural, de derechos y no discriminación en las políticas, campañas, y materiales sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre población de la diversidad sexual y sobre la atención integral a personas con VIH/SIDA. SALUD, SALUD (CENSIDA), MUJERES 2.5.3 Fortalecer la cobertura, infraestructura y servicios de atención integral para mujeres, adolescentes y niñas en situación de calle con enfoque de derechos, género, cuidados, interculturalidad e interseccionalidad. MUJERES, SSPC, SALUD, BIENESTAR 2.5.4 Promover la garantía del derecho a la identidad mediante la expedición y corrección gratuita de documentos, prioritariamente para mujeres en situación de calle, diversidad sexogenérica, rurales y jornaleras agrícolas, así como la sanción a personas servidoras públicas que lucren con este derecho. SEGOB, MUJERES, SEGOB (RENAPO), SE-SIPINNA, INE 2.5.5 Combatir los estereotipos de género y discriminación hacia las mujeres y adolescentes a fin de garantizar un trato digno durante el embarazo, parto, puerperio y lactancia mediante campañas y procesos de capacitación dirigidas a la APF. MUJERES, SALUD, IMSS, ISSSTE, STPS, SHCP 708 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivo 3. Fortalecer el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda y la sostenibilidad ambiental de las mujeres, adolescentes y niñas para garantizar el ejercicio de sus derechos y su bienestar personal y colectivo. Estrategia 3.1 Implementar políticas, programas y medidas con enfoques de género, de derechos, de cuidados, interseccional e intercultural que eliminen las barreras estructurales de acceso a la educación y permanencia escolar. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.1 Promover el acceso universal y ampliación de cobertura en la educación de las mujeres en todos los niveles, y el acceso a la formación digital, técnica y tecnológica, con énfasis en zonas de atención prioritaria, y de alta y muy alta marginación, mediante becas y otras estrategias. SEP, SECIHTI 3.1.2 Fortalecer acciones integrales para garantizar el ingreso, permanencia, orientación vocacional y conclusión de trayectorias educativas de mujeres, adolescentes y niñas en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional Libres de todas formas de violencia y discriminación. SEP, MUJERES, INPI 3.1.3 Impulsar medidas especiales que mejoren el acceso y permanencia a la educación de niñas y adolescentes, que erradiquen su deserción escolar y fortalezcan su participación comunitaria y toma de decisiones, principalmente en zonas de atención prioritaria, y con población jornalera y migrante. SEP, SECIHTI, BIENESTAR, SEP (CONAFE) 3.1.4 Fortalecer un modelo educativo incluyente, sin discriminación, intercultural y plurilingüe que cierre las brechas de género, y promueva en todo el país, la formación en escuelas interculturales en todos los niveles y motive la interdependencia del derecho a la educación con otros derechos. SEP, INPI, MUJERES, SEP (CONAFE) 3.1.5 Fomentar estrategias integrales para que mujeres, adolescentes y jóvenes madres y/o embarazadas continúen sus estudios de educación básica, media superior y superior facilitando, entre otros, servicios de cuidado, corresponsabilidad y transporte, libres de discriminación y violencias. BIENESTAR, MUJERES, SEP, SECIHTI 3.1.6 Fortalecer la Educación Integral en Sexualidad (EIS) en los planes de estudio, plataformas educativas públicas y de educación no escolarizada, y en espacios comunitarios, centros de salud y de bienestar, casas de la mujer indígena y afromexicana, centros juveniles y de reinserción social. SEP, STPS (IMJUVE), SALUD, INPI, SEP (CONAFE), SALUD (CNEGSSR) 3.1.7 Promover en mujeres, adolescentes y niñas, su formación, certificación y participación, en los sectores de ciencias, tecnología, ingenierías, matemáticas, telecomunicaciones, programación, desarrollo web, tecnologías emergentes y otros en donde las mujeres estén subrepresentadas. SEP, MUJERES, INPI, SECIHTI, SENER (CFE) 3.1.8 Impulsar el acceso y permanencia de mujeres adultas y adultas mayores en procesos educativos continuos, tanto escolarizados como no escolarizados, y en programas de alfabetización digital para cerrar brechas digitales con contenidos pertinentes, accesibles y culturalmente adecuados. BIENESTAR (INAPAM), SALUD (INGER), SEP (INEA), ATDT Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 709 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.9 Promover el acceso y permanencia en la educación de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad y diversidad funcional, fortaleciendo un modelo incluyente, pertinente, accesible, no discriminatorio con enfoque de derechos y apoyos, que garantice su autonomía. SEP, BIENESTAR (CONADIS), SEP (CONAFE) 3.1.10 Fortalecer la infraestructura educativa, impulsando el acceso a tecnologías y conectividad segura para que niñas y mujeres naveguen en entornos digitales libres de violencia y se provea conexión gratuita o de bajo costo a mujeres de bajos ingresos. SEP, SICT, MUJERES Estrategia 3.2 Mejorar las condiciones para garantizar el acceso de las mujeres y niñas a servicios de salud suficientes, pertinentes, libres de violencia y discriminación, desde un enfoque de género, de derechos, de cuidados, interseccional e intercultural. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.1 Impulsar políticas mediante el Sistema Nacional de Salud Pública que aseguren la prevención y atención universal a las mujeres, adolescentes y niñas fortaleciendo la infraestructura, equipamiento y servicios médicos integrales, con énfasis en poblaciones con mayor condición de vulnerabilidad. SALUD, SALUD (CNEGSSR), INPI 3.2.2 Reforzar las políticas de salud colectiva, de cuidados comunitarios y de salud sexual y reproductiva que reconozcan la medicina tradicional y partería, para la preservación, transmisión y ejercicio pleno de los conocimientos, saberes y prácticas comunitarias sobre la salud de las mujeres. SALUD, SALUD (CNEGSSR), INPI 3.2.3 Impulsar los enfoques de género e interculturalidad en las políticas de salud comunitaria y de salud sexual y reproductiva y en la detección, prevención y atención de enfermedades, especialmente en ITS, VIH y SIDA. SALUD, SALUD (CNEGSSR, CENSIDA) 3.2.4 Diseñar y promover modelos con enfoque de género, de derechos, de cuidados, interseccional e intercultural para la prevención y atención integral de adicciones en niñas, adolescentes niñez, juventudes y mujeres. SALUD, MUJERES, INPI, STPS (IMJUVE, SALUD (CONASAMA) 3.2.5 Fortalecer modelos de atención para la promoción, prevención y atención de la salud mental de las mujeres, adolescentes y niñas, brindando servicios integrales y especializados con enfoques de género, de derechos, de cuidados, interseccional e intercultural. SALUD, IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, SENER (PEMEX), SEDENA, SEMAR, BIENESTAR (INAPAM), SALUD (INGER, CONASAMA) 3.2.6 Garantizar la atención médica integral con perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad para las mujeres adultas mayores atendiendo su identidad sexo genérica y promoviendo el envejecimiento activo y saludable. SALUD, IMSS, IMSS-BIENESTAR, SENER (PEMEX), SEDENA, SEMAR, BIENESTAR (INAPAM) 3.2.7 Implementar acciones integrales para disminuir la mortalidad materna e infantil, fortaleciendo la atención con pertinencia cultural desde el embarazo, parto y el periodo neonatal y garantizar los esquemas de vacunación para mujeres en sus diferentes ciclos de vida. SALUD, SALUD (CNEGSSR) IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, SENER (PEMEX), SEDENA, SEMAR 710 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.8 Promover la formación y capacitación continua del personal de salud para mejorar los niveles de competencia necesarios para ofrecer a las mujeres y niñas una atención integral, con enfoques de género, de derechos, de cuidados, interseccional e intercultural. SALUD, MUJERES, ISSSTE 3.2.9 Fortalecer desde un enfoque de género e interseccional la aplicación del protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual de la diversidad sexogenérica. SALUD, SALUD (CNEGSSR) Estrategia 3.3 Asegurar el derecho a la cultura y la práctica del deporte de mujeres, adolescentes y niñas con enfoques de género, de derechos, de cuidados, interseccional e intercultural. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.1 Asegurar el derecho universal de las niñas, adolescentes y mujeres a la cultura física, al deporte, la educación artística y la cultura, promoviendo su inclusión social y bienestar personal y comunitario. CULTURA, CONADE, MUJERES, STPS (IMJUVE), SALUD (CENSIA) 3.3.2 Impulsar una propuesta cultural y artística diversa e incluyente con perspectiva de género y territorial promoviendo la formación y profesionalización de las mujeres en el ámbito artístico y cultural para cerrar brechas de género. CULTURA 3.3.3 Fortalecer la perspectiva de género y el principio de paridad en las etapas del ciclo creativo en la cultura, desde la selección, contratación y hasta la ejecución de obras artísticas, teatrales y audiovisuales, promoviendo en las mujeres, niñas y adolescentes el interés y vocación creativa. CULTURA 3.3.4 Promover un sistema de educación cultural y artística, tanto formal como comunitaria, para incentivar el desarrollo y acceso a la cultura de las mujeres, adolescentes y niñas en condiciones de igualdad e inclusión. CULTURA, INPI, MUJERES 3.3.5 Fomentar la promoción de contenidos culturales con perspectiva de género que difundan a mujeres autoras, escritoras, pintoras, escultoras y artistas en general, para fortalecer una cultura incluyente que visibilice sus aportes. CULTURA, MUJERES 3.3.6 Impulsar la participación de las infancias para la transformación cultural en sus comunidades a través de su participación en proyectos artísticos, culturales, lúdicos, científicos y de cuidados, entre otros. MUJERES, CULTURA, SEP 3.3.7 Promover el fortalecimiento y creación de infraestructura educativa, tecnológica, deportiva y cultural con énfasis en zonas de atención prioritaria y las comunidades de alta y muy alta marginalidad para garantizar la igualdad sustantiva para las mujeres, adolescentes y niñas. SEDATU, MUJERES, SEP, SEP (CONADE) Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 711 Estrategia 3.4 Mejorar las condiciones necesarias para proteger, restablecer y procurar un medio ambiente sano y sostenible, mediante el impulso de proyectos, programas y políticas ambientales con perspectiva de género, pertinencia cultural y enfoque territorial. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.4.1 Promover la garantía del acceso al agua, tierra y recursos naturales para las mujeres, adolescentes y niñas campesinas, ejidatarias, el sector pesquero, forestal y defensoras del territorio y medioambientales en zonas de atención prioritaria y comunidades con alta y muy alta marginalidad. SEMARNAT, SEMARNAT (CONAFOR) 3.4.2 Fortalecer con enfoques de género, de derechos, de cuidados, interseccional e intercultural la gestión integral de riesgos y de desastres para reducir el impacto de emergencias climáticas y sanitarias en las mujeres, las familias, pueblos y comunidades. SEMARNAT, SSPC, SSPC (CENAPRED) 3.4.3 Impulsar medidas que reduzcan los impactos negativos del cambio climático en las sobrecargas de trabajo y en el tiempo que dedican las mujeres, adolescentes y niñas a los cuidados, priorizando la corresponsabilidad y la redistribución del trabajo de cuidados sin estereotipos de género. SEMARNAT, MUJERES, SEMARNAT (INECC, CONAFOR) 3.4.4 Fortalecer desde un enfoque de género e interseccional las políticas nacionales de seguridad energética y de mitigación del riesgo de cambio climático, dirigidas a mujeres, adolescentes y niñas en zonas de atención prioritaria y comunidades de alta y muy alta marginación. SEMARNAT, SENER, SEMARNAT (INECC), SENER (CFE) 3.4.5 Fortalecer la generación de datos desagregados con enfoque de género e interseccional sobre fenómenos derivados del cambio climático, por medio de la integración de variables que permitan la caracterización de sus efectos en edad, género, discapacidad y etnicidad, entre otros. SEMARNAT, MUJERES, SEDATU (CONAVI), SEMARNAT (INECC), INEGI Estrategia 3.5 Impulsar el acceso de las mujeres a la propiedad, uso y decisiones sobre la vivienda y bienes de producción incluidos la tierra y los recursos naturales a fin de fortalecer y garantizar su patrimonio. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.5.1 Impulsar el derecho pleno y universal de las mujeres a la propiedad, uso y acceso a tierras, bienes y vivienda con certeza jurídica, que facilite la posesión y escrituración de propiedades a mujeres urbanas, rurales y ejidatarias a través de convenios y acercamiento de servicios. SEDATU, BIENESTAR, INPI, SEDATU (PA, RAN, CONAVI), MUJERES 3.5.2 Promover programas de vivienda popular, social y ecológicas con enfoque de género e interseccional, priorizando diseños y materiales sustentables, sostenibles y medidas de accesibilidad asegurando su integración al ordenamiento territorial. SEDATU, SEDATU (CONAVI), MUJERES, BIENESTAR (CONADIS) 3.5.3 Fortalecer los mecanismos y programas públicos que faciliten el crédito accesible, adquisición, autoproducción y mejora de viviendas para mujeres, priorizando a madres autónomas, jefas de hogar, mujeres indígenas, afromexicanas y en condición de pobreza o sobrevivientes de violencia familiar. INFONAVIT, FOVISSSTE, SEDATU, SEDATU (CONAVI), MUJERES 712 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.5.4 Fortalecer el acceso, la universalidad, calidad y cobertura de vivienda adecuada, garantizando diversas opciones para toda la población, con perspectiva de cuidados, con especial atención en mujeres, juventudes, jefas de familia, con discapacidad y adultas mayores. INFONAVIT, FOVISSSTE, SEDATU (CONAVI), BIENESTAR (INAPAM, CONADIS), SALUD (INGER), MUJERES, STPS (IMJUVE) 3.5.5 Promover el acceso de las mujeres ejidatarias y comuneras, al uso productivo de la tierra, mediante la regularización de la propiedad rural a fin de dar seguridad y certeza jurídica al derecho de propiedad como titulares de derechos agrarios. SEDATU, SEDATU (PA, RAN), MUJERES Estrategia 3.6 Impulsar cambios culturales que promuevan la igualdad sustantiva y la no discriminación de mujeres, adolescentes y niñas en el acceso a sus derechos a la educación, salud, cultura, deporte, medio ambiente y a la propiedad. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.6.1 Impulsar proyectos culturales comunitarios para reforzar el reconocimiento y valorización de las capacidades productivas de las mujeres en su diversidad y la transformación de los roles de género. MUJERES, CULTURA 3.6.2 Realizar formación, mentorías digitales y talleres para niñas y adolescentes en áreas relacionadas con las ciencias, tecnología, ingenierías, matemáticas (STEM), robótica, análisis de datos, programación y ciberseguridad y otras en las que estén subrepresentadas para contar con habilidades que les permitan el acceso a la ciencia y la tecnología como actividad profesional y laboral. MUJERES, SECIHTI 3.6.3 Impulsar el desarrollo de proyectos de vida de las niñas y adolescentes para fomentar en ellas y sus comunidades, su papel como sujetas de derecho, su autonomía, ciudadanía, y derechos, por medio de campañas de cambio cultural, intervenciones culturales, programas de formación y becas. MUJERES, SEP, CULTURA, SE-SIPINNA, INPI, SALUD 3.6.4 Incorporar los enfoques de género, de derechos, de cuidados, interseccional e intercultural en los procesos de formación sobre prevención de la contaminación y cambio climático, así como la preservación del medio ambiente sano en los programas y contenidos de la NEM (Nueva Escuela Mexicana). SEP, INPI, MUJERES, SEMARNAT (INECC) 3.6.5 Promover estrategias de memoria colectiva y reconocimiento de las mujeres transformadoras, que visibilicen sus aportaciones históricas y actuales, como referentes de desarrollo local, organización social, defensa de la tierra y el territorio, de solución de conflictos y cuidado comunitario. APF 3.6.6 Impulsar programas de formación, capacitación y actualización, en la APF, dirigidos a personas servidoras públicas y ciudadanía, con contenidos sobre igualdad sustantiva, derechos de las mujeres, participación política igualitaria, cuidados, hombres por la transformación, entre otros. APF Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 713 Estrategia 3.7 Fortalecer con enfoques de género, de derechos, de cuidados, interseccional e intercultural las políticas y programas de infraestructura, movilidad, transporte que atienda las necesidades de mujeres, adolescentes niñas y niños. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.7.1 Promover la armonización de los instrumentos de planeación y desarrollo territorial y urbano según el principio de igualdad sustantiva, perspectiva de género, interseccional, intercultural, de la diversidad funcional, apoyos y cuidados. SEDATU, SICT, MUJERES 3.7.2 Promover acciones con enfoques de género, de derechos, de cuidados, interseccional e intercultural que faciliten a las mujeres, adolescentes, niñas y personas con algún grado de dependencia una movilidad accesible, sostenible, segura y eficiente. SEDATU, SICT, MUJERES, BIENESTAR (CONADIS) 3.7.3 Impulsar la perspectiva de género e interseccional en la conectividad entre regiones, pueblos y comunidades para facilitar la autonomía de las mujeres, adolescentes y niñas, y la movilidad eficiente y asequible para el acceso a otros derechos como el de la salud, la educación y el bienestar. MUJERES, SICT 3.7.4 Impulsar la modernización de la infraestructura de transportes con perspectiva de género, de cuidados, diversidad funcional, e interseccionalidad con especial atención en mujeres con algún grado de dependencia o discapacidad, para una movilidad segura que contribuya a su bienestar. SICT, SEDATU, MUJERES, BIENESTAR (CONADIS) 3.7.5 Promover los enfoques de género e interseccional en los programas de mejoramiento de entornos, infraestructura urbana, rural y alumbrado público para incrementar la seguridad de las mujeres considerando la accesibilidad a personas adultas mayores, con dependencia o discapacidad. SEDATU, BIENESTAR (INAPAM, CONADIS), SALUD (INGER), MUJERES, SEDATU (CONAVI) Objetivo 4. Eliminar todas las formas de violencias contra mujeres, adolescentes y niñas a través de la prevención, la atención a las causas y el cambio cultural. Estrategia 4.1 Institucionalizar la perspectiva de género, cuidados, intercultural e interseccional en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en todos los órdenes y niveles de gobierno: lenguaje inclusivo, protocolos, lineamientos, leyes y otros instrumentos de política pública. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.1.1 Fortalecer y actualizar el Protocolo de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual para su efectiva aplicación en la Administración Pública Federal y así garantizar espacios laborales seguros y libres de violencia para las mujeres. APF 4.1.2 Fortalecer la aplicación efectiva de protocolos y procedimientos del personal de salud para la detección temprana de cualquier tipo y modalidad de violencia, especialmente en niñas, adolescentes y mujeres afectadas por lesiones de violencia de tipo sexual. SALUD, MUJERES, SALUD (CONASAMA) 4.1.3 Fortalecer las condiciones normativas y procedimentales para el funcionamiento eficaz de los mecanismos para la prevención, denuncia, atención, sanción y erradicación del acoso sexual y hostigamiento sexual en el ámbito laboral en todos los sectores. APF 714 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.1.4 Impulsar la armonización del tipo penal de feminicidio en los códigos penales estatales de conformidad con los estándares internacionales en la materia. MUJERES 4.1.5 Impulsar la armonización de los marcos normativos nacionales y estatales para prohibir e impedir toda intervención médica sin consentimiento informado, la violencia obstétrica, la esterilización forzada y la negación de servicios de salud reproductiva a mujeres, adolescentes y niñas. SALUD, ISSSTE, IMSS, IMSS-BIENESTAR, SENER (PEMEX), SEDENA, SEMAR 4.1.6 Fortalecer los mecanismos de coordinación y vigilancia de la aplicación plena de la Norma Oficial Mexicana NOM- 046-SALUD2-2005 y sus actualizaciones, incluido el procedimiento de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE); así como para una oportuna canalización y seguimiento. MUJERES, SALUD, SALUD (CNEGSSR), IMSS, IMSS- BIENESTAR, ISSSTE, SEDENA, SEMAR 4.1.7 Asegurar el enfoque de género, de cuidados, interseccional e intercultural en la implementación y fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. SEGOB, MUJERES Estrategia 4.2 Promover la eliminación de todas las formas de normalización de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas impulsando el cambio cultural y transformando imaginarios, normas y prácticas sexistas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.2.1 Impulsar la transformación cultural para eliminar actitudes, prácticas y estereotipos sexistas que perpetúan las violencias de género y promover entornos igualitarios que favorezcan el ejercicio pleno de los derechos y la autonomía de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. SEP, MUJERES, CULTURA, SEGOB, APF 4.2.2 Impulsar campañas de información con perspectiva de género, de derechos, de cuidados, interseccional e intercultural sobre los recursos legales y de protección que están a disposición de las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia. MUJERES, SE-SIPINNA 4.2.3 Promover la incorporación de contenidos para desarticular prácticas violentas de la masculinidad y de la construcción social del amor romántico y fomentar el respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en los planes, programas de estudio de todos los niveles educativos. SEP, CULTURA, MUJERES, STPS (IMJUVE) 4.2.4 Desarrollar, desde la perspectiva de género, de derechos, de cuidados, interseccional e intercultural, campañas y contenidos de sensibilización y concientización social sobre la violencia política por razón de género a fin de contribuir a su erradicación y promover la denuncia. MUJERES 4.2.5 Impulsar acciones que promuevan modelos de crianza igualitarios, no violentos, con enfoque de género, de derechos, de cuidados, intercultural e interseccional dirigidos a las madres, padres y personas cuidadoras de niñas, niños y adolescentes a fin de prevenir violencias. SEP, MUJERES, CULTURA, IMSS, ISSSTE, STPS (IMJUVE), SE-SIPINNA, SNDIF Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 715 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.2.6 Promover la creación del Observatorio Nacional por la Igualdad y contra el Sexismo en los medios de comunicación. MUJERES 4.2.7 Promover la construcción de una Política de Estado por la Igualdad y el Combate al Sexismo y las Violencias contra las Mujeres en los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios a fin de transformar las prácticas discriminatorias. APF 4.2.9 Elaborar y difundir productos comunicacionales con datos sobre la magnitud y características del feminicidio y las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes, actualizados, consistentes, públicamente disponibles y en formatos accesibles para públicos diversos. MUJERES, SALUD, SSPC Estrategia 4.3 Atender las causas y condiciones estructurales, institucionales y simbólicas que perpetúan la violencia de género para garantizar el acceso efectivo al derecho a una vida libre de violencias de mujeres, adolescentes y niñas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.3.1 Promover acciones para la construcción de una sociedad basada en la paz, en la resolución pacífica de conflictos y en la justicia social con perspectiva de género, interseccional y de justicia restaurativa para la eliminación de las causas estructurales de la violencia. APF 4.3.2 Impulsar iniciativas de colaboración entre el sector social, público, privado, academia y agencias internacionales de desarrollo para el diseño, implementación y seguimiento de acciones orientadas a combatir todas las formas de violencias contra mujeres, adolescentes y niñas MUJERES, SRE, STPS 4.3.3 Fortalecer la coordinación y actuación expedita para la protección, atención y emisión de medidas de protección para mujeres periodistas y defensoras de derechos. SEGOB, MUJERES 4.3.4 Impulsar acciones de prevención y protección integral ante las uniones infantiles forzadas y todas las uniones tempranas, promoviendo su erradicación y el libre desarrollo de las niñas y las adolescentes, con énfasis en las regiones de mayor prevalencia. MUJERES, SEP 4.3.5 Generar condiciones para el financiamiento, adquisición, mejora, autoproducción o esquemas de renta de vivienda para mujeres en procesos de atención por violencia de género, con perspectiva de género, de derechos, de cuidados, interseccional e intercultural. SEDATU (CONAVI), INFONAVIT, FOVISSSTE, MUJERES 4.3.6 Impulsar acciones, en el marco de la ENAPEA, para prevenir el embarazo adolescente, erradicar el embarazo infantil, las uniones infantiles forzadas y toda forma de violencia sexual en todo el país, con énfasis en el ámbito rural e indígena, zonas de alta marginación y de atención prioritaria. INPI, MUJERES, SALUD, SEP, SEP (CONAFE), SEGOB (CONAPO) 4.3.7 Implementar contenidos en todos los niveles educativos del sistema público y privado sobre masculinidades igualitarias y libres de estereotipos, con enfoque en la prevención de violencias de género, la corresponsabilidad en los cuidados y la promoción de relaciones igualitarias. MUJERES, SEP, STPS (IMJUVE) 716 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 4.4 Fortalecer los sistemas de información integrados y públicos, con datos georreferenciados y desagregados por tipo de violencias, territorio y perspectiva interseccional para mejorar la calidad y eficacia de las políticas de prevención y atención de violencias. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.4.1 Contribuir a la generación de estadísticas, con enfoque de género e interseccional, en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que favorezcan la igualdad sustantiva y contribuyan a la generación de información sobre violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. MUJERES, INEGI, FGR 4.4.2 Promover la homologación de las estadísticas y registros administrativos sobre violencias contra las mujeres en las instituciones de procuración e impartición de justicia, con perspectiva de género, de derechos, de cuidados, interseccional e intercultural. MUJERES, FGR 4.4.3 Promover la generación y difusión de contenidos educativos y formativos con perspectiva de derechos, interseccional y pertinencia cultural sobre las causas estructurales y las problemáticas relacionadas con las violencias contra mujeres, adolescentes y niñas. MUJERES Estrategia 4.5 Fortalecer la capacitación de las fiscalías y unidades especializadas en atención de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas con perspectiva de género, de derechos, de cuidados, interseccional e intercultural. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.5.1 Fortalecer la formación y capacitación en perspectiva de género, igualdad sustantiva, cuidados y derechos sociales, con enfoque interseccional e intercultural, en las instancias responsables de la atención integral y protección a mujeres víctimas de violencias y sus hijos e hijas. MUJERES, SSPC, FGR, 4.5.2 Impulsar la certificación o profesionalización de fiscales, peritos y de atención, agentes del Ministerio Público y policía de investigación para la aplicación de la perspectiva de género e interseccional y los protocolos de atención especializada de las violencias contra de las mujeres. MUJERES, SSPC, FGR 4.5.3 Promover el cumplimiento de los plazos y la actuación de personas servidoras públicas que participan en la procuración de justicia, en apego a las normas, procedimientos y protocolos a fin de garantizar un trato eficaz sin revictimización, discriminación, ni violencias. CEAV, SSPC, Procuraduría Federal de Niños, Niñas y Adolescentes, FGR 4.5.4 Fortalecer la formación y capacitación en el enfoque transversal del Interés Superior de la infancia en los servicios de atención a víctimas de violencia para la adecuada restitución de sus derechos. MUJERES, SE-SIPINNA, Procuraduría Federal de Niños, Niñas y Adolescentes, FGR 4.5.5 Promover la colaboración interinstitucional para formar y capacitar a personas impartidoras de justicia y dar seguimiento a la labor judicial para garantizar la aplicación de la ley con perspectiva de género e interseccional en los casos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, incluyendo la trata. MUJERES, FGR Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 717 Estrategia 4.6 Fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional, intergubernamental e intersectorial para garantizar una respuesta pública eficaz contra la violencia con enfoque de género, de derechos, de cuidados, intercultural e interseccional. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.6.1 Fortalecer la coordinación con los tres órdenes de gobierno para garantizar la protección y atención integral especializada a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencias, fortaleciendo las defensorías públicas que brinden servicios jurídicos con enfoque de género e interseccional. INTEGRANTES DEL SNPASEVM 4.6.2 Implementar acciones coordinadas e integrales que promuevan una vida libre de violencias para las mujeres garantizando sus derechos y fortaleciendo su acceso a la justicia y protección, con especial atención en las mujeres, adolescentes y niñas en condiciones de vulnerabilidad. INTEGRANTES DEL SNPASEVM 4.6.3 Implementar acciones de atención integral dirigidas a la salud mental de las mujeres, niñas, niños y adolescentes brindando apoyo psicosocial adecuado. INTEGRANTES DEL SNPASEVM 4.6.4 Fortalecer los mecanismos de atención integral a mujeres, adolescentes y niñas para detectar, mitigar y atender riesgos de violencia feminicida, sexual, digital y política con la correcta tipificación de los casos y una atención rápida y expedita con perspectiva de género e interseccional. MUJERES, SSPC, SALUD 4.6.5 Promover el desarrollo de espacios públicos y privados libres de violencia que favorezcan el desarrollo integral de mujeres, niñas, niños y adolescentes, con perspectiva de género, de derechos, de cuidados, interseccional e intercultural. SEP, SE-SIPINNA, MUJERES 4.6.6 Fortalecer el enfoque de género e interseccional en los mecanismos legales y administrativos eficaces para la denuncia, sanción y reparación integral de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos que afectan a diversos grupos de mujeres, adolescentes y niñas. MUJERES, SALUD (CNEGSSR), SNDIF, Procuraduría Federal de Niños, Niñas y Adolescentes, FGR 4.6.7 Fortalecer actividades de coordinación interinstitucional para la realización de foros, mesas de trabajo y contenidos para la prevención de todos los tipos y ámbitos de violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, con énfasis en la violencia digital, de acoso y hostigamiento sexual. INTEGRANTES DEL SNPASEVM 4.6.8 Fortalecer el trabajo coordinado en la APF para prevenir, atender, sancionar y erradicar la trata de personas y el trabajo infantil, especialmente en contextos turísticos y de movilidad, mediante sanciones, campañas, formación y capacitación con enfoque de género e interseccional. SECTUR, STPS, SNDIF 4.6.9 Fortalecer los servicios especializados de respuesta integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de cualquier tipo de violencia, principalmente en los sectores de salud y educación. SALUD, SNDIF 4.6.10 Fortalecer la articulación de colectivos y organizaciones populares de mujeres que trabajan en contra de la discriminación y violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes para sumar esfuerzos en estrategias comunes, con perspectiva de género e interseccional. MUJERES, SEGOB (CONAPRED), INPI 718 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivo 5. Promover el reconocimiento y redistribución de los trabajos del hogar y de cuidados, fomentando la corresponsabilidad entre los gobiernos, el sector privado, los hogares, las familias y la comunidad. Estrategia 5.1 Crear y fortalecer las políticas, programas y acciones de cuidados para quienes los requieren y los brindan, con enfoques de género, de derechos, interseccional, territorial e intercultural para ampliar la cobertura y calidad de los programas y servicios públicos de cuidados. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.1.1 Incorporar en la planeación, programación, presupuestación, implementación y evaluación de las políticas públicas de cuidados de todos los órdenes de gobierno las perspectivas de género, de cuidados y de derechos, así como un enfoque interseccional, territorial e intercultural. APF, INEGI 5.1.2 Generar convenios interinstitucionales, ampliar el financiamiento público y establecer lineamientos técnicos para ampliar la cobertura y calidad de los servicios públicos de cuidados, con énfasis en los no contributivos. MUJERES, SE- SIPINNA, INAPAM, INGER, BIENESTAR, SALUD, SEP, SHCP (BANOBRAS), SNDIF, ISSSTE, IMSS, IMSS-Bienestar, 5.1.3 Reconocer e integrar en los programas y servicios las necesidades diferenciadas de cuidados de mujeres, con particular énfasis en indígenas, migrantes, refugiadas, rurales, con discapacidad, de la diversidad sexogenérica, privadas de la libertad, pobres extremas y en precarización laboral. APF, INEGI 5.1.4 Aumentar el acceso y la provisión de servicios de cuidados para niños y niñas que no tienen acceso a guarderías públicas fomentando la coordinación entre los sectores público, privado, académico y social, con énfasis en zonas con alta y muy alta marginación. MUJERES, IMSS, ISSSTE, SEP, SNDIF, SEDENA, SENER (PEMEX), SEMAR, SE 5.1.5 Fortalecer los programas de cuidados para niñas, niños y adolescentes mediante atención de tiempo completo en la educación inicial, primaria y secundaria. MUJERES, SEP, SALUD (SNDIF), IMSS, ISSSTE, SEDENA, SENER (PEMEX), SEMAR 5.1.6 Facilitar el acceso pleno al cuidado y educación de niños y niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad u orfandad, mediante la creación y apoyo del Estado a las redes territoriales de cuidados y la ampliación de centros comunitarios con espacios de cuidados. MUJERES, SALUD (SNDIF), BIENESTAR, SEP, SE- SIPINNA, IMSS 5.1.7 Crear y fortalecer los servicios de cuidados para personas mayores (residencias, casas de día, y servicios de teleasistencia, atención domiciliaria) e incrementar los programas y servicios para personas cuidadoras (respiro, capacitación y certificación para personas cuidadoras gerontológicas). MUJERES, SALUD (SNDIF, INGER), BIENESTAR (INAPAM), SALUD, BIENESTAR, IMSS, IMSS-BIENESTAR SEP (CONOCER) 5.1.8 Fortalecer los programas y servicios de cuidados y apoyos para personas con discapacidad que promuevan su autonomía, inclusión sociolaboral y no discriminación. BIENESTAR, MUJERES, SEP, SALUD (SNDIF), IMSS, IMSS-BIENESTAR, STPS, ISSSTE, SEGOB (CONAPRED), SENER (PEMEX), SEDENA 5.1.9 Promover condiciones laborales dignas (formalización del empleo, remuneración justa, acceso a prestaciones sociales y económicas, capacitación y certificación) para las personas trabajadoras del hogar y cuidadoras (remuneradas y no remuneradas).. MUJERES, STPS, IMSS, SEP (CONOCER) 5.1.10 Promover la creación de políticas públicas integrales y con visión sistémica que articulen programas, servicios, subsidios, liberación de tiempo y acciones de respiro para personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas. MUJERES, SALUD (SNDIF), IMSS Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 719 Estrategia 5.2 Promover el fortalecimiento y armonización del marco jurídico, normativo e institucional del trabajo del hogar y de cuidados para reconocerlo como un trabajo y como derecho (a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado). Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.2.1 Impulsar que se reconozca en el marco normativo el cuidado como un derecho, un trabajo y un bien público que debe ser promovido, protegido, regulado y garantizado por el Estado con corresponsabilidad del sector privado, comunitario, sociedad civil y familias. MUJERES 5.2.2 Avanzar en la construcción del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados (con perspectiva de género, derechos, interseccional, intercultural, intergeneracional y territorial) mediante la coordinación interinstitucional, intergubernamental e intersectorial. MUJERES, IMSS, SNDIF 5.2.3 Impulsar el enfoque de género y de cuidados en el marco normativo y programático de las entidades y dependencias de la APF. MUJERES 5.2.4. Promover que las dependencias de la administración pública incluyan acciones de cuidados vinculados con servicios o programas educativos, de salud, seguridad social, empleo, transporte, desarrollo urbano, cambio cultural. MUJERES 5.2.5 Impulsar y fortalecer los derechos laborales y a la seguridad social de las personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas para evitar la precarización en el trabajo de cuidados. MUJERES, STPS, IMSS 5.2.6 Promover círculos de escucha y grupos de autocuidado y cuidado colectivo para niñas, adolescentes y mujeres, con servicios integrales de salud, apoyo psicoemocional y prevención de violencias y adicciones, con enfoque de género, de derechos, de cuidados e interseccionalidad. MUJERES Estrategia 5.3 Incrementar el papel del gobierno en la coordinación, articulación, regulación, formación, provisión y redistribución de responsabilidades en los cuidados entre mujeres y hombres y entre el Estado, las empresas, comunidades, familias y sociedad civil. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.3.1 Fortalecer la participación del gobierno federal, las entidades federativas, alcaldías y municipios en la provisión, regulación, certificación, formación y supervisión de los programas y acciones de cuidados para reducir la actual sobrecarga que tienen las mujeres al interior de las familias. MUJERES, SALUD (SNDIF) 5.3.2 Promover en los programas y acciones de cuidados existentes o nuevos, esquemas de participación y corresponsabilidad entre gobierno, sector privado, sindicatos y ciudadanía con enfoque de derechos, de género, interseccional, territorial e intercultural. MUJERES, IMSS, SE, STPS 5.3.3 Promover con el sector público y privado la instalación de centros de cuidados de infancias, personas mayores y con discapacidad y centros comunitarios con servicios de cuidados, así como las medidas de conciliación laboral y de liberación de tiempo, con la corresponsabilidad de los hombres. MUJERES, SE, STPS, IMSS, SNDIF 720 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.3.4 Promover alianzas estratégicas para mejorar la movilidad y reducir barreras al acceso a los servicios de cuidados, así como la pobreza de tiempo derivada de los trayectos poligonales que realizan las mujeres MUJERES, SEDATU, SICT, SEMARNAT (CONAGUA), SENER (CFE) 5.3.5 Identificar las necesidades de las redes de personas cuidadoras, promotoras comunitarias, parteras y otras actoras territoriales en zonas rurales, indígenas y afromexicanas para ampliar los programas de cuidados, con pertinencia cultural. MUJERES, IMSS-BIENESTAR, IMSS, BIENESTAR 5.3.6 Fortalecer las redes y mecanismos de vinculación con sectores comunitarios, sociales, académicos y de cooperación internacional, así como la participación personas cuidadoras para generar propuestas que respondan a las necesidades diferenciadas de las personas que requieren cuidados. MUJERES, SRE (AMEXCID) 5.3.7 Fortalecer el enfoque de género, derechos, cuidados, interseccional e intercultural en los equipos de finanzas y de gobierno de la administración pública que diseñan y operan programas de cuidados a fin de reconocer e implementar sus responsabilidades en el tema. MUJERES 5.3.8 Promover la creación de perfiles de personas cuidadoras de los diversos grupos poblacionales que requieren cuidados, y sus respectivos instrumentos de capacitación y certificación, y vincularlos con un tabulador salarial para garantizar una remuneración digna del trabajo de cuidados MUJERES, BIENESTAR (INAPAM, CONADIS), SALUD (SNDIF, INGER), SEP, IMSS, STPS, SEP (CONOCER) 5.3.9 Fomentar la coordinación interinstitucional y la corresponsabilidad para promover el equipamiento, restauración y rehabilitación de la infraestructura educativa y de salud con perspectiva de género, cuidados y con medidas de accesibilidad. MUJERES, SEP, BIENESTAR, SALUD Estrategia 5.4 Fortalecer redes comunitarias, generar diagnósticos participativos y articular acciones interinstitucionales para reconocer, redistribuir y apoyar los cuidados comunitarios con pertinencia cultural. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.4.1 Impulsar la generación de conocimientos (investigaciones, estudios, diagnósticos) sobre la diversidad de experiencias de cuidados comunitarios para identificar sus necesidades e impactos en sus territorios y comunidades. MUJERES, SECIHTI 5.4.2 Impulsar el reconocimiento sobre el pasado, memoria, saberes ancestrales, necesidades e impactos de los cuidados comunitarios que históricamente han realizado las mujeres para la sostenibilidad de la vida en los territorios, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. MUJERES, INPI, CULTURA 5.4.3 Fortalecer la articulación con las organizaciones territoriales y comunitarias de cuidados para identificar posibles políticas y acciones de cuidados, así como modelos de colaboración con gobierno y otros sectores respetando sus propias formas de organización y con pertinencia cultural. MUJERES, SALUD (SNDIF), INPI Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 721 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.4.4 Promover la realización de encuentros con organizaciones, colectivas, redes y personas cuidadoras que brindan cuidados comunitarios para generar y fortalecer la articulación de estas comunidades, así como con el gobierno y con diferentes sectores. MUJERES, INPI, SEP (CONAFE), SEMARNAT (CONAFOR) 5.4.5 Impulsar Asambleas Territoriales de Cuidados para recuperar propuestas y demandas de las prácticas comunitarias de cuidados en las leyes y políticas públicas. MUJERES, INPI, SEP (CONAFE), SEMARNAT (CONAFOR) 5.4.6 Promover la articulación de los cuidados comunitarios en los procesos de construcción del SNPC y de los sistemas de cuidados municipales y estatales para fortalecer los enfoques territorial, comunitario e intercultural. MUJERES, SALUD (SNDIF) 5.4.7 Visibilizar las responsabilidades diferenciadas de cuidados que le corresponden al Estado, sector privado y familias para redistribuir las cargas de cuidado no remunerado y fomentar el desarrollo y bienestar personal y colectivo de las mujeres cuidadoras. MUJERES 5.4.8 Fortalecer la participación de las instancias estatales y municipales de las mujeres en la coordinación y articulación de las iniciativas interinstitucionales dirigidas a reducir, reconocer y redistribuir los cuidados. MUJERES, SALUD (SNDIF) 5.4.9 Impulsar nuevas iniciativas públicas interinstitucionales para fortalecer espacios comunitarios multifuncionales con espacios de cuidados, lavanderías públicas, actividades de transformación cultural y servicios de respiro bajo los principios de proximidad y flexibilidad y simultaneidad MUJERES, SEDATU, SNDIF, IMSS Estrategia 5.5 Generar cambios culturales que lleven a cuestionar y revertir la división sexual del trabajo para avanzar hacia una redistribución justa del trabajo de cuidados entre mujeres y hombres y entre el Estado, empresas, sociedad y comunidades. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.5.1 Promover programas que contribuyan a modificar la división sexual del trabajo y a liberar las cargas y tiempos de las mujeres. MUJERES, SEP, CULTURA 5.5.2 Incorporar la perspectiva de cuidados en los contenidos de los planes educativos de la NEM, promoviendo la corresponsabilidad en el trabajo del hogar y de cuidados, con el propósito de contribuir a la transformación y cambio cultural hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. MUJERES, SEP 5.5.3 Generar campañas de sensibilización en diferentes formatos que —desde la perspectiva de género, derechos, cuidados, interseccional e intercultural— visibilicen el trabajo de cuidados no remunerado que realizan las mujeres y fomenten la corresponsabilidad de otros actores MUJERES, SEP, CULTURA, IMER, SEGOB (CONAPO) 5.5.4 Crear y promover actividades culturales y materiales de difusión didácticos y accesibles que promuevan masculinidades antihegemónicas y una mayor participación de los hombres en los cuidados tanto directos como indirectos, así como el autoreconocimiento de las personas cuidadoras como tales. MUJERES, CULTURA 722 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 5.6 Fortalecer la regulación y establecimiento de condiciones laborales compatibles con las responsabilidades familiares y necesidades de cuidados. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.6.1 Impulsar la observancia de los Convenios 111, 183, 156, 189 y otros instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo procurando la garantía de todos los derechos laborales, y de seguridad social, así como reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado como trabajo. STPS, MUJERES, SRE 5.6.2 Impulsar estrategias para que las personas empleadoras del hogar inscriban a las personas trabajadoras remuneradas del hogar, con especial énfasis en las mujeres, al régimen obligatorio de seguridad social. IMSS, MUJERES, STPS 5.6.3 Fortalecer y aplicar las normas y políticas de los centros de trabajo y las Disposiciones generales en materia de Recursos Humanos de la APF sobre permisos de cuidados, licencias, medidas de conciliación, flexibilización y liberación de tiempo para personas con responsabilidades de cuidados. STPS, MUJERES, SHCP, SABG 5.6.4 Impulsar mejoras en las políticas internas de los centros de trabajo sobre la flexibilidad de la jornada laboral y los periodos vacacionales a fin de permitir la conciliación igualitaria de la vida laboral, familiar y personal. MUJERES, STPS 5.6.5 Promover la ampliación progresiva, igualitaria, no transferible y obligatoria de las licencias de paternidad, maternidad y de cuidados establecidos en la normatividad. MUJERES, STPS, IMSS 5.6.6 Impulsar en la normatividad y en las políticas internas de los centros laborales la incorporación de nuevos permisos con perspectiva de género, de cuidados y de inclusión para personas que tienen familiares dependientes considerando a familias diversas. MUJERES, SEGOB (CONAPRED), STPS 5.6.7 Impulsar que los centros laborales adecúen su infraestructura en función de las necesidades de cuidados y de las medidas de accesibilidad que requieren las mujeres embarazadas, madres y padres con hijas e hijos, personas con discapacidad y personas mayores. BIENESTAR (CONADIS, INAPAM), SALUD (INGER), MUJERES 5.6.8 Promover la perspectiva de género y de cuidados en las condiciones de trabajo del sector público, así como lactarios y medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal en las dependencias y entidades de la APF con base en la NMX-R-025-SCFI-2015 y sus actualizaciones. APF 5.6.9 Impulsar medidas de concientización dirigidos a sectores laborales, empleadores, sindicatos y cámaras empresariales para la garantía de los derechos laborales y la afiliación a la seguridad social de las trabajadoras del hogar. IMSS, MUJERES Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 723 Estrategia 5.7 Generar conocimiento, datos, estadísticas y sistemas de información y presupuestarios con enfoque de género, derechos, interseccional e intercultural que permitan contar con evidencia para fortalecer el diseño, operación, seguimiento, evaluación y georreferencia de servicios de cuidados. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 5.7.1 Fortalecer sistemas de información de cuidados y presupuestación con enfoque de género e interseccional que permita planear, transparentar, sistematizar, monitorear y evaluar los programas y servicios de cuidados, tanto de manera individual como en su conjunto. MUJERES, SHCP, ATDT, INEGI 5.7.2 Fortalecer la metodología de estadísticas y estudios con enfoque de género, interseccional e intercultural que permitan conocer y hacer análisis de uso y valor del tiempo, cargas y actividades invertidas en las labores de cuidados y su contribución al desarrollo económico y la justicia social. MUJERES, INEGI 5.7.3 Generar diagnósticos, investigaciones y repositorios sobre cuidados con enfoque de género e interseccional para identificar las necesidades de cuidados diferenciadas. MUJERES, BIENESTAR (INAPAM), SALUD (INGER), SEGOB (CONAPRED), INPI, SE-SIPINNA 5.7.4 Generar y difundir estudios, diagnósticos y datos estadísticos desagregados sobre los cuidados remunerados, no remunerados y la economía del cuidado con perspectiva de género y de cuidados APF, INEGI Objetivo 6. Fortalecer las redes y organizaciones de mujeres que reconozcan y fortalezcan sus propias formas de liderazgo y participación política, social y comunitaria que contribuya a transformar la realidad desde una lógica colectiva. Estrategia 6.1 Convocar y reconocer a mujeres transformando sus comunidades y promover su participación y liderazgo en espacios de decisión e incidencia. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 6.1.1 Promover la participación y el liderazgo de las mujeres en las redes Tejedoras de la Patria para construir una base para el bienestar, la autonomía y liderazgo en la vida de las mujeres. MUJERES, SEMARNAT (CONAFOR) 6.1.2 Reconocer y propiciar la participación de las mujeres en los espacios de radiodifusión, telecomunicaciones y tecnologías de la información, asegurando su acceso en condiciones de seguridad, dignidad, igualdad e interculturalidad. SPR, MUJERES 6.1.3 Impulsar el liderazgo y la inclusión de las mujeres en empresas y proyectos productivos colectivos en la economía local y regional, fortaleciendo sus capacidades, acceso a recursos y materiales. MUJERES, INPI, BIENESTAR (INAES), SEMARNAT (CONAFOR) 6.1.4 Propiciar las investigaciones con perspectiva de género sobre la participación política y social de las mujeres que contribuyan a consolidar la formación política y el liderazgo de las mujeres en los puestos de toma de decisiones del sector público, privado, comunitario y social. MUJERES 724 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 6.1.5 Impulsar la participación y representación política de las mujeres en los sistemas de gobierno y estructuras organizativas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para incrementar su representación, con respeto a sus sistemas normativos, su cultura y derechos colectivos. MUJERES, INPI, INE, TEPJF 6.1.6 Facilitar el acceso igualitario y la participación de las mujeres en los medios públicos de información y divulgación en todos los niveles (formación, producción, contenidos y toma de decisiones) con perspectiva de género, intercultural e interseccional. MUJERES, SPR, INPI Estrategia 6.2 Fortalecer espacios y mecanismos de participación social involucrando a las mujeres, adolescentes y niñas en los asuntos públicos que conciernen a sus comunidades y en el acompañamiento de las acciones gubernamentales reconociendo sus necesidades y aportaciones. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 6.2.1 Fortalecer la participación y escucha a las mujeres en los programas públicos para el diseño, renovación y ampliación de obras comunitarias y espacios urbanos, de manera que se realicen con enfoque de género, de cuidados, pertinencia cultural y territorial para cerrar las brechas de desigualdad. SEDATU, MUJERES, SICT, SEDATU (CONAVI) 6.2.2 Fortalecer la perspectiva de género, de cuidados, interseccional e intercultural en el ordenamiento territorial integral y sustentable, mediante procesos de planeación con participación y toma de decisiones de las mujeres, para reducir las desigualdades socio-territoriales. SEDATU, MUJERES, SEMARNAT (CONAFOR), SEDATU (CONAVI, PA) 6.2.3 Fortalecer la perspectiva de género, de derechos, de cuidados, interseccional e intercultural en los procesos de planeación participativa y comunitaria, para identificar necesidades y propuestas de las mujeres, adolescentes y niñas. APF 6.2.4 Promover la participación de las mujeres en la consulta, deliberación, consejos, asambleas y comunidades sobre políticas que impactan en sus derechos considerando el ciclo de vida, cuidados, migración, con énfasis en la población de la diversidad sexogenérica, indígena y afrodescendiente. STPS (IMJUVE), SE-SIPINNA, INTEGRANTES DEL SNISMH, INPI, SEMARNAT (CONAFOR), SEDATU (CONAVI), SEMARNAT 6.2.5 Generar y fortalecer redes comunitarias de mujeres organizadas que reconozcan, fomenten y defiendan la participación de las mujeres en torno a la defensa del territorio, el medio ambiente, la justicia, la prevención de las violencias, la promoción de la cultura y el acceso a servicios básicos. MUJERES, SEDATU, SEMARNAT (CONAFOR), SEMARNAT, INPI Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 725 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 6.2.6 Impulsar la armonización legislativa que garantice la participación plena, libre, informada y paritaria de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en el sector público y privado incorporando los principios igualdad sustantiva y no discriminación. INTEGRANTES DEL SNISMH 6.2.7 Impulsar acciones para erradicar el analfabetismo de mujeres adultas y adultas mayores, para garantizar su participación en toma de decisiones y en la vida comunitaria, política y social. MUJERES, INPI, SEP, BIENESTAR 6.2.8 Impulsar consejos escolares y asambleas en escuelas y comunidades, donde las niñas y adolescentes desarrollen habilidades para la participación libre y democrática que les permita deliberar entre pares, proponer soluciones y tomar decisiones. MUJERES, STPS (IMJUVE), SEP, INPI, SE-SIPINNA Estrategia 6.3 Articular redes, espacios diálogo y de vinculación con gobiernos, colectivas, sociedad organizada, academia, sindicatos, comunidades, y otros, para dinamizar los territorios acercando recursos, servicios y políticas públicas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 6.3.1 Desarrollar estrategias para fortalecer internamente a las redes y organizaciones de mujeres para que establezcan puentes de comunicación y coordinación entre ellas y con los diferentes niveles de gobierno con el fin de visibilizar sus demandas y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. BIENESTAR, MUJERES, SEMARNAT (CONAFOR) 6.3.2 Promover la vinculación de redes de mujeres Tejedoras de la Patria con otras redes y organizaciones para la construcción de una red nacional de apoyo comunitario con perspectiva de género, cuidados, interseccionalidad e interculturalidad. MUJERES, SEMARNAT (CONAFOR) 6.3.3 Generar espacios de trabajo con las gobernadoras y gobernadores, congresos locales e integrantes de ayuntamientos, para coadyuvar en la agenda de representación de las mujeres en la toma de decisiones. Integrantes del SNISMH, INE, TEPJF Estrategia 6.4 Impulsar la participación y liderazgo de las redes de mujeres en temas de bienestar, paz, cuidados, diversidad, seguridad ciudadana y ambiental, y otros. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 6.4.1 Promover y proteger la participación y formación de mujeres en la toma de decisiones con mecanismos colectivos y comunitarios sobre el uso eficiente del agua en agricultura, proyectos pesqueros, forestales y rurales para contrarrestar la escasez y el extractivismo garantizando sostenibilidad hídrica MUJERES, SEMARNAT (CONAGUA, CONAFOR), SADER 6.4.2 Fortalecer el acceso igualitario, asequible y seguro de las mujeres al agua potable, con especial atención a las comunidades y territorios indígenas y rurales. MUJERES, SEMARNAT (CONAGUA), SEDENA 726 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 6.4.3 Fomentar, respaldar y proteger la participación libre de mujeres, adolescentes y niñas en el desarrollo de proyectos y la toma de decisiones en espacios colectivos, con énfasis en la protección y restauración del medio ambiente, mediante el fortalecimiento de la rede de Tejedoras de la Patria. MUJERES, SEMARNAT, SEMARNAT (INECC), SEDATU (CONAVI) 6.4.4 Impulsar acciones de incidencia comunitaria en colaboración con la sociedad organizada, para fomentar el respeto a la dignidad y la integridad de las mujeres, adolescentes y niñas de la diversidad sexogenérica. MUJERES, SEGOB (CONAPRED) 6.4.5 Fortalecer el desarrollo de capacidades de participación de las mujeres, adolescentes y niñas para construir procesos comunitarios y redes para la paz, cuidados y la sostenibilidad ambiental. MUJERES Estrategia 6.5 Implementar acciones para fortalecer la organización comunitaria y la salvaguarda de las voces y los saberes de las mujeres en el territorio con especial atención en comunidades indígenas, afrodescendientes y de mujeres en situación de vulnerabilidad. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 6.5.1 Promover la participación y representación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno con especial atención en indígenas, afrodescendientes y en situación de vulnerabilidad. MUJERES, INPI 6.5.2 Promover y reconocer el aporte de las mujeres, niñas y juventudes de zonas rurales y urbanas como parte fundamental de la identidad y diversidad pluricultural, multiétnica y plurilingüe de México. MUJERES, INPI, CULTURA, STPS (IMJUVE), SADER 6.5.3 Fortalecer la participación de las mujeres adolescentes y niñas indígenas y afromexicanas en la preservación, protección, gestión y fortalecimiento de su patrimonio cultural, material e inmaterial, asegurando la salvaguarda de todos los elementos que conforman su identidad y legado histórico. MUJERES, INPI, CULTURA, CULTURA (INAH) 6.5.4 Impulsar la participación de las mujeres, adolescentes y niñas en la protección, promoción, revitalización y transmisión de las lenguas, conocimientos tradicionales, expresiones artísticas y culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. CULTURA (INALI), INPI, MUJERES, CULTURA 6.5.5 Recuperar las prácticas y saberes tradicionales de las mujeres de comunidades originarias y afrodescendientes para fortalecer sus comunidades y pueblos. INPI, MUJERES, CULTURA, SEMARNAT (CONAFOR) 6.5.6 Implementar la perspectiva de género, derechos, cuidados, interseccional e intercultural en los programas de protección de los ecosistemas naturales, con especial atención en los territorios indígenas y rurales. MUJERES, SEMARNAT, INPI, CONAFOR 6.5.7 Impulsar estrategias de formación para la autonomía de niñas y adolescentes que viven en comunidades rurales e indígenas, mediante la oferta de espacios que promuevan su participación, liderazgo y autonomía. MUJERES, INPI Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 727 Estrategia 6.6 Impulsar la participación política, representación y liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, privada, gubernamental, comunitaria, vecinal, indígena, social, ambiental, ciudadana. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 6.6.1 Asegurar el principio de igualdad sustantiva y la representación de mujeres de comunidades originarias y afromexicanas en los Planes de Justicia y Desarrollo regional desde un enfoque de derechos e interculturalidad. MUJERES, INPI 6.6.2 Impulsar la aplicación del principio constitucional de paridad de género con enfoque interseccional en las estructuras organizativas de los Pueblos y comunidades originarias y afromexicanas, así como en comisiones, consejos comunitarios, consejos regionales y otros órganos de decisión locales. MUJERES, INPI 6.6.3 Establecer acciones de coordinación con instituciones a nivel federal, estatal, municipal y local, para generar y enriquecer información estadística que permita medir la participación de las mujeres, adolescentes y niñas en el ámbito político, comunitario y social. MUJERES, SEDATU (CONAVI), INEGI 6.6.4 Fortalecer los liderazgos y participación política de mujeres a través de la formación con perspectiva de género, derechos, cuidados, intercultural e interseccional, para generar un entorno igualitario en los puestos de decisión del sector público, privado, comunitario y social. MUJERES Estrategia 6.7 Impulsar cambios culturales reconociendo las necesidades y propuestas de las mujeres desde los territorios, comunidades, organizaciones vecinales, sociales, políticas, indígenas y afrodescendientes donde las mujeres representan y participan. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 6.7.1 Visibilizar la historia, luchas y participación de las mujeres de pueblos originarios, afromexicanos, de la diversidad sexogenérica y migrantes mediante campañas de comunicación, con perspectiva de género y de derechos, difundidas en medios, radios, espacios comunitarios y de participación social. MUJERES, INPI 6.7.2 Implementar procesos comunitarios de trabajo educativo y cultural con niños, juventudes y adultos a fin modificar roles y estereotipos de género, para promover la no violencia y el respeto a la autonomía de las mujeres, adolescentes y niñas. CULTURA, MUJERES, STPS (IMJUVE) 6.7.3 Promover el diseño de campañas para prevenir y erradicar el abuso sexual infantil y las uniones tempranas, así como los mecanismos de denuncia con perspectiva de género, de derechos, cuidados, interseccional e intercultural, con la participación de las mujeres organizadas en la comunidad. MUJERES, INPI 728 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 8. Indicadores y metas Con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo del PNPEISMH 2026-2030 y en cumplimiento de los principios de planeación, monitoreo y rendición de cuentas de la APF, se han definido indicadores específicos para cada uno de sus objetivos. Estos indicadores permiten medir el avance en la implementación de las políticas públicas orientadas a la igualdad sustantiva, generar evidencia para la toma de decisiones y fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación para los objetivos planteados. Además, buscan asegurar la trazabilidad de los compromisos institucionales en materia de derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, conforme a los marcos normativos nacionales e internacionales, y en armonía con los objetivos del PND 2025-2030 y los principios del Segundo piso de la Transformación. Indicador 1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 1.1 Tasa de variación de las mujeres que solicitan y reciben servicios especializados en los centros LIBRE para la promoción de sus derechos. Objetivo Objetivo prioritario 1: Promover la igualdad sustantiva para que todas las mujeres, adolescentes y niñas puedan ejercer plenamente sus derechos. Definición o descripción Mide el cambio porcentual de mujeres que solicitan y reciben al menos un servicio especializado en los centros LIBRE para la promoción de sus derechos respecto al año anterior. Permite dar seguimiento al crecimiento en la atención de mujeres identificando la demanda de servicios especializados y orientados a grupos en situación de vulnerabilidad. Derecho asociado Derecho a la igualdad y no discriminación establecido en el artículo 1o de la CPEUM. Derecho a una vida libre de violencia, previsto en el artículo 4o. de la CPEUM. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Enero Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Abril a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de las Mujeres Método de cálculo TMSSE= (MSEt / MSEt-1)-1) x 100 Donde: TMSSE = Tasa de variación de las mujeres que solicitan y reciben servicios especializados en los centros LIBRE para la promoción de sus derechos. MSEt = Total de mujeres que solicitan y reciben servicios especializados en los centros LIBRE en un año. MSEt-1 = Total de mujeres que solicitan y reciben servicios especializados en los centros LIBRE en el año inmediato anterior. Observaciones Los centros LIBRE contribuyen al ejercicio de los derechos de las mujeres mediante la atención integral de las violencias a través de brindar servicios jurídicos, psicológicos y de trabajo social. Asimismo, otorgan servicios de capacitación para el empleo, talleres para el conocimiento de los derechos, de prevención de las violencias por razón de género, salud sexual y reproductiva, promoción de liderazgos, etc. Los datos se calculan en enero del año posterior al cierre del programa. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Total de mujeres que solicitan y reciben servicios especializados en los centros LIBRE en un año. Valor variable 1 0 Fuente de información variable 1 SEMUJERES Nombre variable 2 Total de mujeres que solicitan y reciben servicios especializados en los centros LIBRE en el año inmediato anterior. Valor variable 2 0 Fuente de información variable 2 SEMUJERES Sustitución en método de cálculo TMSSE = ((0/0)-1) x 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 NA Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 22 NA SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ND ND ND ND ND ND 0 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 14 17 20 21 22 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 729 Indicador 2.1 Nombre 2.1 Porcentaje de mujeres de 18 a 70 años con acceso o que utiliza servicios financieros (bancarización) Objetivo Objetivo prioritario 2: Promover las autonomías y libertades de las mujeres, adolescentes y niñas para tomar decisiones en todos los ámbitos de su vida. Definición o descripción Mide la proporción de mujeres entre 18 y 70 años que cuentan con al menos un producto financiero proporcionado por alguna institución regulada. *Producto financiera incluye cuentas o tarjetas de ahorro; créditos; seguros y cuentas de ahorro para el retiro. Derecho asociado Derecho a la igualdad y no discriminación, establecido en el Artículo 1o de la CPEUM. Derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres en el Artículo 4o de la CPEUM. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Trienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Marzo Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Junio - diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de las Mujeres Método de cálculo PmB = ( MF/ TM ) × 100 Donde: PmB = Porcentaje de mujeres de 18 a 70 años con acceso o que utiliza servicios financieros (bancarización). MF = Número de mujeres de 18 a 70 años que reportan tener al menos un producto financiero formal. TM = Total de mujeres de 18 a 70 años. Observaciones Para realizar comparativos entre años, se consideró únicamente a la población de 18 a 70 años de edad, asegurando consistencia en el corte etario del indicador. Los datos se publican en marzo del año posterior al levantamiento de la encuesta. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de mujeres de 18 a 70 años que reportan tener al menos un producto financiero formal. Valor variable 1 33,821,697 Fuente de información variable 1 INEGI-Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programa s/enif/2024/#tabulados Nombre variable 2 Total de mujeres de 18 a 70 años. Valor variable 2 46,488,980 Fuente de información variable 2 Sustitución en método de cálculo PmB = (33,821,697 / 46,488,980) × 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 72.8 NA Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 80.3 NA SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 65.2 NA NA 61.9 NA NA 72.8 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA 76.5 NA NA 80.3 730 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 2.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.2 Tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años (Por cada mil) Objetivo Objetivo prioritario 2: Promover las autonomías y libertades de las mujeres, adolescentes y niñas para tomar decisiones en todos los ámbitos de su vida. Definición o descripción Número de nacimientos ocurridos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años que tienen lugar en un año determinado, por cada mil mujeres en este mismo grupo de edad a mitad de ese año. Este indicador permite dar seguimiento a la fecundidad adolescente mostrando condiciones de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva como educación sexual. Derecho asociado Derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres y derecho a la salud previsto en el artículo 4o de la CPEUM. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Enero Unidad de medida Nacimientos por cada mil mujeres adolescentes de 15 a 19 años Periodo de recolección de los datos Enero-diciembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de las Mujeres Método de cálculo TEF15-19= (NM15-19/ TM15-19) x 1000 Donde: TEF15-19= Tasa de fecundidad en mujeres adolescentes de 15 a 19 años NM15-19 = Número total de nacimientos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años TM15-19= Población de mujeres adolescentes de 15 a 19 años a mitad de año. Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número total de nacimientos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años Valor variable 1 326,519 Fuente de información variable 1 CONAPO. Indicadores Sociodemográficos. Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2020-2070. Disponible en: https://www.gob.mx/conapo/docume ntos/bases-de-datos-de-la- conciliacion-demografica-1950-a- 2019-y-proyecciones-de-la- poblacion-de-mexico-2020-a-2070 Nombre variable 2 Población de mujeres adolescentes de 15 a 19 años a mitad de año Valor variable 2 5,563,771 Fuente de información variable 2 Sustitución en método de cálculo TEF15-19= (326,519/5,563,771) x 1000 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 58.7 NA Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 55.4 Las metas se calculan con base en la Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y las entidades federativas 2020 a 2070. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 65.1 62.6 61.9 61.1 60.3 59.5 58.7 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 57.9 57.2 56.6 55.9 55.4 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 731 Indicador 3.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 3.1 Porcentaje de mujeres ejidatarias y comuneras que pertenecen a núcleos agrarios certificados. Objetivo Objetivo prioritario 3. Fortalecer el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda y la sostenibilidad ambiental de las mujeres, adolescentes y niñas para garantizar el ejercicio de sus derechos y su bienestar personal y colectivo. Definición o descripción Mide la proporción de mujeres con derechos agrarios reconocidas (ejidatarias o comuneras) que pertenecen a un núcleo agrario con certificado. Este indicador da seguimiento a la participación y reconocimiento de las mujeres en la tenencia de la tierra dentro de los ejidos y comunidades agrarias. Derecho asociado Derecho a la igualdad y no discriminación, establecido en el artículo 1o de la CPEUM. Derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres, contemplado en el artículo 4o de la CPEUM. Derecho a la propiedad de la tierra, previsto en el artículo 27 de la CPEUM. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Abril Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de las Mujeres Método de cálculo PmCa = (MCC/TCC) × 100 Donde: PmCa = Porcentaje de mujeres ejidatarias y comuneras que pertenecen a núcleos agrarios certificados. MCC = Número de mujeres ejidatarias y comuneras pertenecientes a núcleos agrarios certificados. TCC = Total de sujetos agrarios en núcleos agrarios certificados. Observaciones Un núcleo agrario certificado: se define como un conjunto de sujetos con calidad de ejidatario, posesionario, comunero o avecindado que cuentan con por lo menos un certificado parcelario de uso común vigente o aquellos que tienen la calidad de ejidatario o comunero aun cuando no se les ha expedido documentos. Los datos están disponibles en abril del año posterior al cierre del Registro Agrario. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de mujeres ejidatarias y comuneras pertenecientes a núcleos agrarios certificados. Valor variable 1 1,421,979 Fuente de información variable 1 Registro Agrario Nacional, 2024 Disponible en: http://www.ran.gob.mx/ran/in dex.php/sistemas-de- consulta/estadistica- agraria/estadistica-con- perspectiva-de-genero Nombre variable 2 Total de sujetos agrarios en núcleos agrarios certificados. Valor variable 2 5,124,066 Fuente de información variable 2 Sustitución en método de cálculo PmCa = (1,421,979/5,124,066) x 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 27.8 La información correspondiente al año 2025 aún no está disponible al momento de la elaboración de la ficha. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 29.2 NA SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 26.3 26.4 26.5 26.7 27.0 27.5 27.8 ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 28.2 28.5 28.7 29.0 29.2 732 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 3.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 3.2 Porcentaje de las viviendas que son propiedad de las mujeres. Objetivo Objetivo prioritario 3. Fortalecer el acceso a la educación, la salud, la cultura, la vivienda y la sostenibilidad ambiental de las mujeres, adolescentes y niñas para garantizar el ejercicio de sus derechos y su bienestar personal y colectivo. Definición o descripción Mide la proporción de viviendas que son propiedad de una mujer, ya sea de forma individual o compartida, incluyendo aquellas que se consideran propias, aunque aún estén en proceso de pago. Este dato es clave para analizar la autonomía económica, la seguridad patrimonial y el derecho a la vivienda de las mujeres, especialmente en contextos de desigualdad estructural. Derecho asociado Derecho a la igualdad y no discriminación, establecido en el artículo 1o de la CPEUM. Derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres, contemplado en el artículo 4o de la CPEUM. Derecho a la propiedad en el Artículo 27 de la CPEUM. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Diciembre Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto a noviembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de las Mujeres Método de cálculo PmV= ( NvM/TvPhp ) × 100 Donde: PmV = Porcentaje de las viviendas propiedad de mujeres. NvM= Número de viviendas cuya propietaria es una mujer. TvPhp = Total de viviendas propias (incluye la vivienda propia pero que están pagando y la propia). Observaciones Para el cálculo del numerador se emplearon dos condiciones. La primera es que la vivienda sea propia o aún la está pagando, lo cual se obtuvo del Cuestionario de Hogares y Viviendas de la sección I. Características de la vivienda. La segunda condición es que la vivienda tuviera jefatura femenina considerando la sección III. Características Sociodemográficas. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de viviendas cuya propietaria es una mujer Valor variable 1 8,619,864 Fuente de información variable 1 INEGI-Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ enigh/nc/2024/#tabulados Nombre variable 2 Total de viviendas Valor variable 2 26,795,776 Fuente de información variable 2 Sustitución en método de cálculo PmV= (8,619,864/26,795,776) × 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 32.2 NA Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 36.8 NA SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 27.6 NA 29.2 NA 31.3 NA 32.2 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 33.7 NA 35.2 NA 36.8 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 733 Indicador 4.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 4.1 Porcentaje de mujeres que se casaron o unieron por primera vez antes de los 18 años Objetivo Objetivo prioritario 4: Eliminar todas las formas de violencias contra mujeres, adolescentes y niñas a través de la prevención, la atención a las causas y el cambio cultural. Definición o descripción Mide la proporción de mujeres 15 a 54 años que se casaron o iniciaron una unión libre por primera vez antes cumplir los 18 años. Muestra el seguimiento de los matrimonios y uniones tempranos en mujeres. Derecho asociado Derecho a la igualdad y no discriminación establecida en el artículo 1o de la CPEUM. Derecho a una vida libre de violencia, previsto en el artículo 4o de la CPEUM. Derecho a la satisfacción de las necesidades de la niñez, contemplado en el artículo 4o de la CPEUM. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Quinquenal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Diciembre Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Agosto a octubre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de las Mujeres Método de cálculo PMUME=(MUME/PTM) x 100 Donde: PMUME = Porcentaje de mujeres que se casaron o unieron por primera vez antes de los 18 años. MUME = Mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años. PTM= Población total de mujeres de 15 a 54 años Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años Valor variable 1 7,506,969 Fuente de información variable 1 INEGI-Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) Disponible en: https://www.inegi.org.mx/program as/enadid/2023/#tabulados Nombre variable 2 Población total de mujeres de 15 a 54 años Valor variable 2 37,964,542 Fuente de información variable 2 Sustitución en método de cálculo PMUME= (7,506,969/37,964,542) x 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 19.8 NA Año 2023 Meta 2028 Nota sobre la meta 2030 18.9 NA SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA 20.6 NA NA NA NA 19.8 NA NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA NA 18.9 NA NA 734 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 4.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 4.2 Prevalencia de maltrato obstétrico entre las mujeres de 15 a 49 años cuyo último parto/cesárea ocurrió en los últimos 5 años Objetivo Objetivo prioritario 4: Eliminar todas las formas de violencias contra mujeres, adolescentes y niñas a través de la prevención, la atención a las causas y el cambio cultural. Definición o descripción Proporción de mujeres de 15 a 49 años que reportaron haber experimentado algún tipo de incidente de maltrato obstétrico durante la atención de su último parto o cesárea en los últimos cinco años, respecto al total de mujeres de ese mismo grupo de edad que tuvieron un parto o cesárea en el mismo periodo. Permite monitorear el cumplimiento de estándares de atención obstétrica y evaluar políticas de salud materna. Derecho asociado Derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres y derecho a la salud en el Artículo 4o de la CPEUM. Derecho a una vida libre de violencia, previsto en el artículo 4o de la CPEUM. Derecho a la satisfacción de las necesidades de la niñez, contemplado en el artículo 4o de la CPEUM. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Quinquenal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Diciembre Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Octubre-Noviembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de las Mujeres Método de cálculo PMOBS=(MMOBS/TMPC) x 100 Donde: PMOBS= Prevalencia de maltrato obstétrico contra las mujeres de 15 a 49 años cuyo último parto/cesárea ocurrió en los últimos 5 años MMOBS= Mujeres de 15 a 49 años que experimentan al menos un incidente de maltrato obstétrico durante su último parto/cesárea en los últimos 5 años TMPC= Total de mujeres de 15 a 49 años cuyo último parto/cesárea fue en los últimos 5 años. Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Mujeres de 15 a 49 años que experimentan al menos un incidente de maltrato obstétrico durante su último parto/cesárea en los últimos 5 años Valor variable 1 2,455,170 Fuente de información variable 1 INEGI-Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/ 2021/#tabulados Nombre variable 2 Total de mujeres de 15 a 49 años cuyo último parto/cesárea fue en los últimos 5 años Valor variable 2 7,810,538 Fuente de información variable 2 Sustitución en método de cálculo PMOBS= (2,455,170/7,810,538) x 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 31.4 NA Año 2023 Meta 2028 Nota sobre la meta 2028 29.5 NA SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 33.4 NA NA NA NA 31.4 NA NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA NA 29.5 NA NA Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 735 Indicador 5.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 5.1 Porcentaje de mujeres ocupadas con al menos un hijo o hija que no cuentan con acceso a guardería o cuidados maternos Objetivo Objetivo prioritario 5: Promover el reconocimiento y redistribución de los trabajos del hogar y de cuidados, fomentando la corresponsabilidad entre los gobiernos, el sector privado, los hogares, las familias y la comunidad Definición o descripción Mide la proporción de mujeres ocupadas, es decir que participan en actividades económicas con al menos un hijo o hija, y que no cuentan con acceso a un servicio de cuidados infantil o guardería. Nos permite evaluar la disponibilidad y cobertura de los servicios de cuidado infantil, identificando las barreras de acceso a los cuidados, lo que a su vez limita el ejercicio de los derechos Derecho asociado Derecho a la igualdad y no discriminación, contemplado en el artículo 1o de la CPEUM. Derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres y derecho a la salud, previsto en el Artículo 4o de la CPEUM. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Mayo Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero-Marzo Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de las Mujeres Método de cálculo PmOh = (MOh/TmO ) × 100 Donde: PmOh = Porcentaje de mujeres ocupadas con al menos un hijo o hija sin acceso a guardería o cuidados maternos MOh = Mujeres ocupadas con al menos un hijo o hija sin acceso a guardería o cuidados maternos. TmO = Total de mujeres ocupadas con al menos un hijo o hija. Observaciones Mujeres ocupadas son aquellas de 15 años o y más, con al menos un hijo, que en la semana de referencia realizaron alguna actividad económica durante al menos una hora. Incluye a las ocupadas que tenían trabajo, pero no lo desempeñaron temporalmente por alguna razón, sin que por ello perdieran el vínculo laboral con este; así como a quienes ayudaron en alguna actividad económica sin recibir un sueldo o salario. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Mujeres ocupadas con al menos un hijo o hija sin acceso a guardería o cuidados maternos. Valor variable 1 7,890,033 Fuente de información variable 1 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2025. 1er. Trimestre Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ enoe/15ymas/ Nombre variable 2 Total de mujeres ocupadas con al menos un hijo o hija Valor variable 2 17,211,860 Fuente de información variable 2 Sustitución en método de cálculo PmOh = (7,890,033/17,211,860) x 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 45.8 NA Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 43.1 NA SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 48.8 48.1 46.9 47.6 48.2 47.6 45.8 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 45.3 44.8 44.2 43.7 43.1 736 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 5.2a ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 5.2 Promedio de horas a la semana que las mujeres dedican a actividades de convivencia y entretenimiento por grupos en situación de vulnerabilidad: mujeres indígenas. Objetivo Objetivo prioritario 5: Promover el reconocimiento y redistribución de los trabajos del hogar y de cuidados, fomentando la corresponsabilidad entre los gobiernos, el sector privado, los hogares, las familias y la comunidad. Definición o descripción Tiempo promedio semanal que las mujeres indígenas destinan a realizar actividades de convivencia y entretenimiento, orientados a fortalecer su bienestar emocional y social, identificando limitaciones en el acceso al tiempo libre. Derecho asociado Derecho a la igualdad y no discriminación, establecido en el artículo 1o de la CPEUM. Derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres, previsto en el artículo 4o de la CPEUM. Nivel de desagregación Mujeres indígenas. Nacional. Periodicidad o frecuencia de medición Quinquenal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Octubre Unidad de medida Horas semanales Periodo de recolección de los datos Octubre-Noviembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de las Mujeres Método de cálculo Phmujind=(∑HSCE/M) Donde: Phmujind= Promedio de horas a la semana dedicadas a actividades de convivencia y entretenimiento para mujeres en situación de vulnerabilidad: indígenas. HSCE: Número de horas semanales dedicadas a actividades de convivencia y entretenimiento por las mujeres de 12 años y más hablantes de lengua indígena M: Mujeres de 12 años y más que realizaron actividades de convivencia y esparcimiento hablantes de lengua indígena Observaciones Actividades de convivencia y entretenimiento incluyen: actividades de convivencia familiar y social, asistencia a eventos deportivos o de entretenimiento, asistencia a eventos culturales, participación en juegos y aficiones, deportes y ejercicio físico; así como el uso de medios de comunicación masiva. Los datos están disponibles en octubre del año posterior al levantamiento de la encuesta. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de horas semanales dedicadas a actividades de convivencia y entretenimiento por las mujeres de 12 años y más hablantes de lengua indígena Valor variable 1 49,835,463 Fuente de información variable 1 INEGI. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ enut/2024/ Nombre variable 2 Mujeres de 12 años y más que realizaron actividades de convivencia y esparcimiento habitantes de lengua indígena Valor variable 2 3,429,401 Fuente de información variable 2 Sustitución en método de cálculo Phmujind = (49,835,463/3,429,401) VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 14.5 NA Año 2024 Meta 2029 Nota sobre la meta 2030 14.3 NA SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA 14.7 NA NA NA NA 14.5 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA NA NA 14.3 NA Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 737 Indicador 5.2b ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 5.2 Promedio de horas a la semana dedicadas a actividades de convivencia y entretenimiento por grupos en situación de vulnerabilidad: mujeres adultas mayores. Objetivo Objetivo prioritario 5: Promover el reconocimiento y redistribución de los trabajos del hogar y de cuidados, fomentando la corresponsabilidad entre los gobiernos, el sector privado, los hogares, las familias y la comunidad. Definición o descripción Tiempo promedio semanal que las mujeres adultas mayores de 60 años que destinan a realizar actividades de convivencia y entretenimiento, orientados a fortalecer su bienestar emocional y social, identificando limitaciones en el acceso al tiempo libre. Derecho asociado Derecho a la igualdad y no discriminación, establecido en el artículo 1o de la CPEUM. Derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres, previsto en el artículo 4o de la CPEUM. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Quinquenal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Octubre Unidad de medida Horas semanales Periodo de recolección de los datos Octubre-Noviembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de las Mujeres Método de cálculo Phmuj60+=(∑HSCE/M) Donde: Phmuj60+= Promedio de horas a la semana dedicadas a actividades de convivencia y entretenimiento para mujeres en situación de vulnerabilidad: adultas mayores. HSCE: Número de horas semanales dedicadas a actividades de convivencia y entretenimiento por las mujeres de 60 años y más M: Mujeres de 60 años y más que realizaron actividades de convivencia y esparcimiento Observaciones Actividades de convivencia y entretenimiento incluyen: actividades de convivencia familiar y social, asistencia a eventos deportivos o de entretenimiento, asistencia a eventos culturales, participación en juegos y aficiones, deportes y ejercicio físico; así como el uso de medios de comunicación masiva. Los datos están disponibles en octubre del año posterior al levantamiento de la encuesta. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de horas semanales dedicadas a actividades de convivencia y entretenimiento por las mujeres de 60 años y más Valor variable 1 208,707,390 Fuente de información variable 1 INEGI. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ enut/2024/ Nombre variable 2 Mujeres de 60 años y más que realizaron actividades de convivencia y esparcimiento Valor variable 2 10,447,735 Fuente de información variable 2 Sustitución en método de cálculo Phmuj60+ = (208,707,390/10,447,735) VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 20.0 NA Año 2024 Meta 2029 Nota sobre la meta 2030 19.4 NA SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA 20.5 NA NA NA NA 20.0 NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 NA NA NA 19.4 NA 738 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 6.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 6.1 Porcentaje de núcleos agrarios en ejidos y comunidades presididos por mujeres. Objetivo Objetivo 6: Fortalecer las redes y organizaciones de mujeres que reconozcan y fortalezcan sus propias formas de liderazgo y participación política, social y comunitaria que contribuya a transformar la realidad desde una lógica colectiva. Definición o descripción Mide la participación femenina en la administración y toma de decisiones dentro de los núcleos agrarios (ejidos y comunales) existentes. Permite visibilizar la representatividad de las mujeres en cargos de representación agraria. Derecho asociado Derecho a la propiedad establecido en el Artículo 27 de la CPEUM. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Abril Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero-diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de las Mujeres Método de cálculo Donde: PNACm: Porcentaje de núcleos agrarios en ejidos y comunidades presididos por mujeres. TNAm: Número de núcleos agrarios (ejidos y comunidades) en los que la presidencia está ocupada por una mujer. TNAp: Total de núcleos agrarios con órganos de representación vigentes (ejidos y comunidades). Observaciones Los datos son disponibles en abril del año posterior al Registro Agrario. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de núcleos agrarios (ejidos y comunidades) en los que la presidencia está ocupada por una mujer. Valor variable 1 1,317 Fuente de información variable 1 Registro Agrario Nacional (RAN) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Disponible en: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php /sistemas-de-consulta/estadistica- agraria/estadistica-con-perspectiva- de-genero Nombre variable 2 Total de núcleos agrarios con órganos de representación vigentes (ejidos y comunidades). Valor variable 2 15,276 Fuente de información variable 2 Sustitución en método de cálculo PNACm= (1,317/ 15,276) x 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 8.6 La información correspondiente al año 2025 aún no está disponible al momento de la elaboración de la ficha. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 10.7 NA SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6.5 7.4 7.5 7.2 7.6 7.9 8.6 ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 9.3 9.7 10.0 10.4 10.7 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 739 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Secretaría de Bienestar. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Comisión Federal de Electricidad. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Consejo Nacional de Fomento Educativo. Comisión Nacional Forestal. Comisión Nacional del Agua. Consejo Nacional de Población. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Comisión Nacional de Vivienda. Secretaría de Cultura. Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Instituto Mexicano de la Juventud. Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. Instituto Mexicano del Seguro Social. Instituto Nacional de la Economía Social. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Instituto de Ecología y Cambio Climático. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Instituto Nacional de Geriatría. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Secretaría de las Mujeres. Nacional Financiera. Procuraduría Agraria. Petróleos Mexicanos. Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretaría de Salud. Secretaría de Economía. Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Secretaría de Turismo. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Secretaría de la Defensa Nacional. Secretaría de Gobernación. Secretaría de Marina. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Secretaría de Energía. Secretaría de Educación Pública. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Secretaría de Relaciones Exteriores. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ___________________________ 740 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 PROGRAMA Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030. PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES 2026-2030 1. Índice 1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo 6. Objetivos 6.1 Relevancia del objetivo 1: Prevenir las violencias contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades, mediante acciones institucionales con enfoque interseccional, intercultural y territorial que impulsen transformaciones socioculturales sostenibles. 6.2 Relevancia del objetivo 2: Fortalecer la accesibilidad y los servicios de atención, con enfoque interseccional, intercultural, diferenciado y territorial para impulsar que las mujeres que viven violencias reciban atención integral y especializada orientada a la restitución de sus derechos. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Promover el acceso a la justicia y la protección de mujeres víctimas de violencias por razones de género, mediante la implementación de mecanismos de acompañamiento integral, reparación del daño y el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia. 6.4 Relevancia del objetivo 4: Fomentar que los mecanismos de coordinación interinstitucional de todos los órdenes de gobierno promuevan y fortalezcan políticas públicas integrales y sostenibles, con enfoque de género y derechos humanos, impulsando su plena implementación, seguimiento y evaluación para la erradicación de las violencias contra las mujeres. 6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030. 7. Estrategias y líneas de acción 8. Indicadores y metas 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el programa 9.1 Instituciones integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres (SNPASEVM) 2. Señalamiento del origen de los recursos del programa La totalidad de las acciones que se consideran en el programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo. 3. Siglas y acrónimos APF: Administración Pública Federal ASF: Auditoría Superior de la Federación ATDT: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones BANAVIM: Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres BIENESTAR: Secretaría de Bienestar CDN: Convención sobre los Derechos del Niño Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 741 CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEDAW: Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer CJM: Centros de Justicia para las Mujeres CNB: Comisión Nacional de Búsqueda CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNPJF: Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONAMED: Comisión Nacional de Arbitraje Médico CONAPO: Consejo Nacional de Población CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONASAMA: Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones CONATRIB: Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda Convención de Belém do Pará: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CULTURA: Secretaría de Cultura ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación ENDIREH: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENPOL: Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública FGR: Fiscalía General de la República GN: Guardia Nacional IMEF: Instancias para las Mujeres en las Entidades Federativas IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud IMME: Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-BIENESTAR: Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar INAES: Instituto Nacional de la Economía Social INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INE: Instituto Nacional Electoral INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INM: Instituto Nacional de Migración INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado LGAMVLV: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias LGBTIQ+: Personas Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales MAM: Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las entidades federativas MUJERES: Secretaría de las Mujeres NNA: Niñas, Niños y Adolescentes OADPRS: Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social OAJ: Órgano de Administración Judicial 742 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 OPLE: Órganos Públicos Locales Electorales PA: Procuraduría Agraria PFPNNA: Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes PIPASEVM: Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030 PJF: Poder Judicial de la Federación PNAINNACOF: Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 SABG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno SALUD: Secretaría de Salud SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación SE: Secretaría de Economía SECTUR: Secretaría de Turismo SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional SEGOB: Secretaría de Gobernación SEMAR: Secretaría de Marina SEP: Secretaría de Educación Pública SE-SIPINNA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia SNPASEVM: Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres SPR: Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 4. Fundamento normativo El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres (PIPASEVM), es un programa especial que encuentra su fundamento en los artículos 1o., y 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). El primer precepto establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y dispone que las normas en la materia se interpretarán de conformidad con estos instrumentos, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de la persona. Asimismo, la reforma al artículo 4o., de la CPEUM, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2024, reforzó el deber fundamental del Estado de proteger a las mujeres, adolescentes, niñas y niños, y garantizar de manera efectiva su derecho a una vida libre de violencias. Lo anterior constituye la piedra angular para que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, incluyendo la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencias. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 743 En el marco internacional, de conformidad con el artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales que fomentan la idea de inferioridad de las mujeres respecto de los hombres, con el fin de eliminar los prejuicios y prácticas que perpetúan la discriminación. De igual forma, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), establece en su artículo 7 que los Estados Parte deben adoptar por todos los medios apropiados y sin dilación, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de toda forma de violencia, abuso o explotación, y establece la obligación de los Estados Parte de adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para garantizar su protección integral. En este sentido, dicho instrumento refuerza el deber del Estado mexicano de adoptar políticas públicas y acciones coordinadas que atiendan de manera prioritaria las violencias que afectan a niñas y adolescentes, particularmente aquellas vinculadas a la violencia de género y a las formas extremas de violencia contra las mujeres. En el marco normativo nacional, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar medidas para prevenir, atender y sancionar cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como garantizar su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos. En este contexto, el PIPASEVM incorpora el enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, reconociendo que las violencias contra las mujeres impactan de manera diferenciada a niñas y adolescentes, por lo que resulta indispensable articular acciones institucionales que aseguren su protección, atención y acceso efectivo a la justicia. Por otro lado, el artículo 26, apartado A de la CPEUM, estipula que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal (APF). Al respecto, los artículos 16, fracción IV, y 26 de la Ley de Planeación establecen la obligación de alinear los programas especiales —como es el caso del PIPASEVM— con los objetivos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. En este sentido, dicha alineación se enfoca en el Eje Transversal 1: “Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres”, el cual determina como prioridad estratégica la construcción de una sociedad igualitaria y libre de violencias. De conformidad con lo anterior, la eliminación de las violencias contra las mujeres, el cierre de brechas salariales, el acceso a oportunidades laborales y la representación política igualitaria, son ejes fundamentales de las políticas públicas para garantizar condiciones equitativas y seguras para mujeres y niñas. Por lo tanto, corresponde a las dependencias de la APF, coordinar la elaboración y ejecución de los programas especiales que correspondan al ámbito de sus atribuciones. De acuerdo con el artículo 41, fracciones II y IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, la Secretaría de las Mujeres es la dependencia responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del PIPASEVM. Asimismo, los artículos 35 y 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias (LGAMVLV) establecen que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán coordinarse para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, cuyo objeto es la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales orientadas a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. En este marco, el PIPASEVM constituye el instrumento rector de política pública mediante el cual se articulan acciones con perspectiva de género, enfoque diferencial y de derechos humanos, dirigidas a la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres, incluyendo la transformación de patrones socioculturales, la coordinación con las instituciones de procuración e impartición de justicia, la prestación de servicios especializados y gratuitos a las víctimas, el fortalecimiento de la cultura de la denuncia, la generación de información estadística para la toma de decisiones y el diseño de modelos integrales de atención. Todas estas acciones deberán implementarse sin discriminación alguna, considerando las condiciones específicas de las mujeres en razón de su edad, etnia, idioma, condición social, de salud, discapacidad, orientación sexual u otras circunstancias, a fin de garantizar el acceso efectivo y equitativo a las políticas públicas en la materia. 744 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo Las violencias contra las mujeres son la consecuencia de las desigualdades estructurales que reproducen los sistemas sociales, políticos y económicos que oprimen y discriminan. El sistema económico neoliberal profundizó las condiciones de pobreza en la mayor parte del pueblo, afectando principalmente a las mujeres, en quienes además descargó las tareas de cuidados, dentro de un sistema patriarcal que atribuye roles, estereotipos, impone desigualdades de poder y genera relaciones jerárquicas entre mujeres y hombres. Estas violencias operan como un mecanismo de regulación de los comportamientos dentro del sistema patriarcal que permea todos los ámbitos de la vida. Se trata de una manifestación extrema de discriminación y exclusión que se ejerce sobre el cuerpo y la integridad de las mujeres. Ante esta problemática social, la presente administración apunta de manera decisiva por la atención a las causas estructurales de los problemas nacionales, trascendiendo la mera mitigación de sus efectos. Esta visión quedó plasmada en el PND 2025-2030, el cual establece que no puede haber una transformación auténtica y duradera sin justicia de género. Dicho principio conlleva el reconocimiento de que la erradicación de las violencias contra las mujeres es un tema fundamental de políticas públicas. El Proyecto de Nación del Gobierno de la Transformación tiene como eje principal el Humanismo Mexicano, cuyo principio rector es "Por el bien de todos, primero los pobres", (PND, 2025)1 que se propone atender las causas que generan la pobreza y la violencia que padecen más de la mitad de la población: las mujeres. La lucha contra la violencia de género es la aplicación concreta de este principio, reconociendo que las mujeres, especialmente las de comunidades marginadas, sufren una doble o triple opresión. En México se ha logrado avanzar en un marco normativo y en políticas públicas encaminadas a fomentar la justicia social, la igualdad y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sin embargo, la realidad muestra que las violencias contra las mujeres, siguen estando presentes en todos los ámbitos de la vida. La LGAMVLV es el instrumento rector que establece los principios, modalidades y tipos de violencias contra las mujeres, así como los mecanismos de política pública para su prevención, atención, sanción y erradicación. De carácter vinculante para los tres órdenes de gobierno, esta Ley mandata la coordinación interinstitucional, hacer frente a las Alertas de Violencia de Género (AVG), la creación de refugios especializados y la implementación de acciones con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos, reconociendo las violencias como un obstáculo para el desarrollo nacional. De acuerdo con la LGAMVLV, los tipos de violencias contra las mujeres son: violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, y a través de interpósita persona; y las modalidades son: violencia en el ámbito familiar, en el ámbito laboral y docente, en la comunidad, institucional, política, digital y/o mediática y feminicida. Además de la legislación específica, en México se cuenta con un anexo transversal denominado Anexo 13. “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, del Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que de 2025 a 2026 tuvo un incremento de 25%. Como se ha descrito, las violencias contra las mujeres en México constituyen un fenómeno complejo, cuyas manifestaciones impactan diferencialmente según las condiciones de las mujeres. Su persistencia como problema estructural demanda un análisis riguroso basado en evidencia, que permita dimensionar sus alcances y orientar estrategias integrales. A continuación, se presentan datos que ilustran esta realidad. Prevalencia de la violencia De acuerdo con las “Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2016 - 2050”, elaborado por la Comisión Nacional de Población (CONAPO, 2019),2 para el año 2050, se estima que la población de mujeres aumente a 51%, mientras que la de los hombres representará el 49%. En consecuencia, se considera que la población de mujeres seguirá siendo mayor respecto a los hombres. Esta preponderancia demográfica exige diseñar políticas públicas y estrategias sociales que atiendan de manera específica las necesidades de las mujeres, reconociendo su centralidad en la estructura poblacional del país. 1 Plan Nacional de Desarrollo 2025- 2030 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/981072/PND_2025-2030_v250226_14.pdf, (consulta: 27 de marzo de 2026). 2 Proyecciones de la población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487366/33_RMEX.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 745 De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS, 2022) el 36.4% de mujeres de 18 años y más declaró que la delincuencia e inseguridad son los principales problemas que enfrentan las mujeres en México; 28.2% refirió que el principal problema es la violencia contra las mujeres; 12.8% señaló que es el machismo; 9.4% indicó que es la desigualdad entre hombres y mujeres; el 8.1% mencionó que es la falta de oportunidades para encontrar trabajo; mientras que 4.7%3 señaló las dificultades para combinar la vida familiar y laboral. Por otro lado, y ante la necesidad de contar con información estadística que permita dimensionar y caracterizar la violencia que viven las mujeres, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) coordina la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que ofrece información sobre los distintos ámbitos y es publicada cada cinco años. Al comparar los datos reportados por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016, 2021), se observa un incremento en los porcentajes de violencia contra las mujeres a lo largo de su vida en espacios públicos, entendiendo éstos como los ámbitos comunitarios, escolares y laborales. Es decir, las mujeres enfrentan mayor violencia al salir de su casa. TABLA 1. COMPARATIVO DE LA PREVALENCIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 2016 Y 2021. ENDIREH 2016 ENDIREH 2021 38.7% ámbito comunitario 45.6% ámbito comunitario 43.9% ámbito de pareja 39.9% violencia de pareja 26.6% ámbito laboral 27.9% ámbito laboral 25.3% ámbito escolar 32.3% ámbito escolar Fuente: Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 20164 y 2021.5 Los datos arrojados por la encuesta en 2016 y 2021, destacan el incremento de la violencia en el ámbito comunitario, al pasar del 38.7% al 45.6%, lo que representa un incremento de 6.9 puntos porcentuales. Al respecto, el acoso callejero, las agresiones en el transporte y la violencia en entornos escolares funcionan como prácticas coercitivas que buscan restringir la movilidad, la autonomía y la participación plena de las mujeres en la vida pública. El aumento en las cifras sugiere una normalización de la violencia y da cuenta de la urgencia de intervenir en este espacio de manera prioritaria. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), arrojó que, en este ámbito, 45.6% de las mujeres encuestadas señalaron haber sido agredidas en algún momento de sus vidas. El tipo de violencia con mayor prevalencia fue la sexual con 42.2%, seguida de la psicológica con 20.7% y la física con 9.6%. Por otra parte, 72.2% señaló como persona agresora a desconocidos, 10.8% a gente conocida, 5.8% a un vecino, 4.5% a algún amigo, 3.7% al conductor de transporte público, 1.7% a un agente de seguridad o policía, y 0.7% a otros.6 Asimismo, se evidenció que las entidades federativas en las que se concentra mayor prevalencia de violencia en el ámbito comunitario contra las mujeres son: Ciudad de México 60.9%, Estado de México 58.5% y Querétaro 51.8%. En contraste, las entidades que reportaron menor índice de violencia comunitaria fueron: Michoacán, Zacatecas y Chiapas.7 3 Encuesta Nacional Sobre Discriminación ENADIS 2022: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 4 Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 5 Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 6 Ibidem 7 Ibidem 746 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 La encuesta también señaló que el espacio donde ocurre mayor número de actos violentos contra las mujeres son la calle o parques, siendo la violencia sexual la de mayor prevalencia con 67.2% de incidencia, seguida de la violencia psicológica con 26.3% y violencia física con 6.5%. Dentro de los espacios más mencionados también se encuentra el autobús o microbús con una incidencia del 13.2%, mercado, plaza, tianguis o centro comercial con 5.8%, el metro con 3.9%, vivienda particular con 3.9%, feria, fiesta o asamblea vecinal con 3.0%, taxi con 1.5%, y otro lugar público con 1.4%.8 Las mujeres encuestadas refirieron que el 72.2% de sus agresores fueron desconocidos, mientras que 10.8% fueron personas conocidas, 6.6% vecinos, 5.9% amigos, entre otros.9 Este crecimiento refleja la persistencia de un entorno hostil en calles, transporte público y lugares de convivencia social, donde formas de violencia como el acoso callejero, las agresiones físicas y verbales, y la intimidación se han normalizado. Factores como la impunidad y la falta de denuncia han contribuido a esta tendencia, evidenciando la urgencia de implementar acciones focalizadas en estos contextos. Para revertir esta situación, es fundamental promover intervenciones para la recuperación de espacios públicos, la creación de redes de mujeres que promuevan el cuidado colectivo, así como el trabajo para promover masculinidades corresponsables. En el ámbito escolar, la misma fuente mostró que hubo incremento en la violencia contra las mujeres, pasando de 25.3% en 201610 a 32.3% en 2021.11 Este aumento de siete puntos porcentuales hace evidente la urgencia de intervenir en los entornos escolares, donde persisten dinámicas de acoso, hostigamiento y violencia física y psicológica contra las estudiantes. Entre los factores que explican este fenómeno destacan la normalización de conductas machistas, la falta de protocolos de atención efectivos y el crecimiento de la violencia digital entre jóvenes. Ante este panorama, resulta fundamental implementar acciones concretas en las escuelas para prevenir la violencia. Derivado de lo anterior, es indispensable que la intervención contemple la incorporación de programas transversales de educación integral en sexualidad con perspectiva de género, el fomento a relaciones igualitarias, la formación de figuras educativas para que puedan identificar e intervenir ante casos de violencia y garantizar una respuesta institucional oportuna, así como la promoción de la participación estudiantil en procesos de sensibilización que cuestionen los estereotipos de género. Estas acciones, implementadas de manera sistemática, pueden contribuir a transformar los espacios educativos en entornos seguros. Los datos reportados por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021) indican que en los entornos educativos 43.4% de las agresiones contra mujeres son perpetradas por compañeros y el 16.8% por maestros.12 Estas cifras reflejan cómo los patrones tradicionales de masculinidad basados en el dominio, la competitividad y la cosificación de las mujeres se reproducen desde edades tempranas, normalizando diversas formas de violencia de género, lo que evidencia la urgencia de implementar acciones para fomentar masculinidades corresponsables en las escuelas. Al respecto, impulsar acciones con niños, adolescentes y docentes varones en la deconstrucción de la masculinidad hegemónica es fundamental para transformar las dinámicas en las aulas. Al trabajar directamente con hombres en procesos de reeducación, deconstrucción de privilegios y aprendizaje de nuevas formas de relacionarse, combinados con procesos de sensibilización que cuestionen estereotipos, se coadyuvará a cambiar los patrones socioculturales y reducir los índices de violencia. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016, 2021), en el ámbito laboral, el porcentaje de mujeres encuestadas que refirieron haber vivido violencia a lo largo de su vida fueron 26.6%13 y 27.9%,14 respectivamente, lo que refleja un incremento de un punto porcentual. En este ámbito, los tipos de violencia que prevalecieron en 2021 fueron: 12.2% violencia psicológica, 1.9% física, 14.4% sexual y 18.1% señalaron haber sido discriminadas. 8 Ibidem 9 Ibidem 10 Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 11 Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 12 Ibidem 13 Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 14 Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 747 Asimismo, las entidades federativas donde se reporta mayor violencia en el ámbito laboral son: Chihuahua con 37.8%, Ciudad de México con 34.6% y Baja California con 34.4%, mientras que las entidades federativas con menor prevalencia son: Guerrero con 21.9%, Zacatecas con 20.3% y Chiapas con 17.2%.15 De las mujeres que señalaron haber vivido violencia a lo largo de sus vidas laborales, 34.2% apuntaron como personas agresoras a compañeros y compañeras de trabajo, 21.7% a sus superiores, y 10.7% a la persona supervisora, capataz o coordinadora.16 Esta problemática revela la necesidad de intervención por parte de las instituciones públicas para la implementación de mecanismos de prevención y regulación de la violencia en el ámbito laboral. En cuanto a la violencia en el ámbito familiar, la misma encuesta refiere que el 11.4% de las mujeres de 15 años y más señaló haber vivido violencia en los últimos 12 meses. Los tipos de violencia con mayor prevalencia fueron: psicológica con 9.2%, económica o patrimonial con 3.1%, física con 3.0% y sexual con 1.7%.17 Adicionalmente, la encuesta clasifica a las principales personas agresoras de acuerdo con el tipo de violencia que ejercen: La psicológica es efectuada primordialmente por hermanos o hermanas (23.0%), seguida por el padre (16.1%) y la madre (14.0%). La violencia física es ejercida principalmente por hermanos o hermanas (37.0%), madre (14.5%) y padre (13.3%). Respecto a la violencia sexual se advierte que el principal generador es el primo(a) con 25.3%, tío(a) con 24.8% y otros familiares con 14.9%. Con relación a la violencia económica o patrimonial, los ejecutores principales son el padre con 21.5%, la madre con 19.4% y el hermano(a) con 19.1%.18 El tipo de violencia que más se ejerce en contra de las mujeres dentro de los espacios donde ellas habitan, son la psicológica 62.4%, física 16.2%, económica o patrimonial 16.1% y sexual 5.3%.19 Respecto a las relaciones de pareja, 39.9% de las mujeres encuestadas señalaron haber vivido violencia en su actual o última relación; 35.4% refirieron violencia psicológica, 16.8% física, 6.9% sexual y 19.1% económica o patrimonial. Las entidades con mayor prevalencia son Guerrero 47.6%, Hidalgo 45.6% y Yucatán 45.1%.20 Por otro lado, es relevante señalar que, en México, existen diversidad de mujeres con situaciones socioeconómicas, etarias, geográficas y culturales diferentes, lo que conlleva a condiciones de mayor vulnerabilidad. Factores como la pertenencia a comunidades indígenas, la situación de pobreza, situación migratoria, edad, discapacidad, entre otros, pueden incrementar significativamente los riesgos y limitar el acceso a derechos, oportunidades y mecanismos de protección. Reconocer estas realidades diferenciadas es fundamental para comprender los desafíos específicos que enfrentan las mujeres y orientar esfuerzos hacia una atención más efectiva e inclusiva. En el caso de las mujeres indígenas, la encuesta 2021 arroja que la prevalencia de violencia en 2021 fue de 67.6% a lo largo de su vida; los tipos de violencia que informaron haber vivido fueron psicológica 50.5%, física 36.7%, sexual 41.8%, económica, patrimonial y/o discriminación 28.4%.21 En 2016 estos datos representaron 64.3%, 49%, 34.6%, 35.8% y 29.9%, respectivamente, lo que indica un incremento de la violencia contra las mujeres indígenas.22 El documento también detalla que, en 2021, el 72.6% de las mujeres con discapacidad experimentó algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Dentro de este grupo, y al igual que en otros segmentos de la población, la violencia psicológica fue la más frecuente (58.2%), seguida de la sexual (48.7%), la física (44.6%) y la económica, patrimonial y/o discriminatoria (34.9%).23 15 Ibidem 16 Ibidem 17 Ibidem 18 Ibidem 19 Ibidem 20 Ibidem 21 Ibidem 22 Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 23 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 748 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Las niñas y las adolescentes son víctimas de violencia sexual y violencia en el ámbito digital, principalmente. En 2016, 1.9% de adolescentes de 15 a 19 años, refirió haber sufrido alguna agresión de tipo sexual.24 Para 2021, este porcentaje incrementó a 2.7%. En 2016, 5.6% de las adolescentes de 15 a 19 años manifestaron haber sufrido violencia sexual antes de los 15 años; mientras que para 2021, fue de 10.3%.25 Por otro lado, uno de los espacios en los que las niñas y adolescentes se encuentran más expuestas es el digital y mediático. Según el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2024), las mujeres representan el 46.7% de las personas usuarias de internet en México. Dentro de este grupo, el 22.2% de las mujeres de 12 años y más declararon haber experimentado algún tipo de ciberacoso durante los doce meses previos a la encuesta. Entre las agresiones más frecuentes destacan:  22.3% recibió insinuaciones o propuestas sexuales no deseadas.  22.3% recibió contenido sexual sin su consentimiento.  3.9% fue víctima de la difusión, venta o publicación de contenido sexual sin su autorización. Además, el 52.1% de las mujeres afectadas identificó a un hombre como su agresor principal, lo que evidencia que el ciberacoso contra las mujeres es ejercido predominantemente por varones. Por otro lado, la proyección de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU MUJERES, 2024) estima que para el año 2030, tres de cada diez mujeres serán adultas mayores,26 un grupo etario que, según revela la ENDIREH 2021, enfrenta serias problemáticas de violencia. La encuesta destaca que las mujeres de 60 años o más reportaron haber vivido violencia, principalmente, por parte de sus hijas e hijos, siendo la psicológica la de mayor prevalencia (13%), seguida de la económica, patrimonial (4.7%), la física (1.5%) y la sexual (0.5%).27En ese sentido, respecto a la condición etaria, la ENDIREH 2021 reflejó la violencia con mayor incidencia según la edad de las mujeres: TABLA 2. PREVALENCIA DE TIPO DE VIOLENCIA POR GRUPO ETARIO 2021. GRUPO ETARIO PSICOLÓGICA FÍSICA SEXUAL ECONÓMICA, PATRIMONIAL Y/O DISCRIMINACIÓN 15 - 24 40.7% 15.2% 42% 6.1% 25- 34 34.8% 11.6% 32% 21.1% 35- 44 30.1% 10.4% 22.1% 19.4% 45-54 26.2% 8.3% 15.8% 17.2% 55 - 64 20.4% 7.1% 8.7% 12.3% 65 y más 13.7% 5.0% 4.2% 6.4% Fuente: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.28 Los datos demuestran que las mujeres más jóvenes son las más propensas a vivir violencia psicológica, física y sexual. Respecto a las mujeres adultas mayores, la ENDIREH 2021 reflejó que el 14.6% han sufrido algún incidente de violencia en los últimos doce meses.29 Este panorama evidencia un problema público que se manifiesta de manera diferenciada según la edad, la condición étnica, la situación de discapacidad y los contextos socioeconómicos y regionales en los que viven las mujeres. 24 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 25 Consejo Nacional de Población, Sistema de indicadores para monitoreo y seguimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, Informe Principales Resultados 2018-2024, en https://conapo.segob.gob.mx/work/models/CONAPO/Datos_Abiertos/SaludSexualyReproductiva/INF_ResultSIMS_2018_2024_17122024.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 26 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Indicadores de Género de México 2024, ONU Mujeres: https://mexico.un.org/sites/default/files/2025-02/agenda2030_2024.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 27 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 28 Ibidem 29 Ibidem Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 749 Derivado de lo anterior, las necesidades de las mujeres demandan el diseño de políticas públicas con enfoque interseccional, situado y de derechos humanos. En respuesta a esta problemática, el objetivo uno busca prevenir las violencias contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades, mediante acciones institucionales con enfoque interseccional, intercultural y territorial que impulsen transformaciones socioculturales sostenibles. Visión a largo plazo En materia de prevención de la violencia contra las mujeres, se prevé una visión a largo plazo que se articula en dos horizontes temporales: Para 2030, es imperativo que las políticas de prevención se consoliden como un eje transversal del desarrollo nacional para construir una sociedad en la que la prevención sea un pilar fundamental de la convivencia. Esto requiere transformar los patrones socioculturales para erradicar toda forma de agresión y desigualdad, fomentando comunidades cohesionadas. Una educación integral debe ser la piedra angular para promover la empatía, el respeto a la diversidad y la resolución pacífica de conflictos con el fin de desnormalizar la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones, formando generaciones que crezcan en entornos libres de machismo, donde las relaciones se fundamenten en el respeto mutuo y la corresponsabilidad. Para 2045 se habrá implementado un sistema educativo con perspectiva de género, formando generaciones con conciencia crítica sobre la importancia de construir relaciones respetuosas. Adicionalmente, las mujeres en el país sabrán que tienen derechos y contarán con herramientas para ejercerlos en todos los ámbitos. La perspectiva de género será un principio rector de la política pública, visible en los medios de comunicación, así como en gran parte de las dinámicas familiares y laborales. Las nuevas generaciones de hombres serán agentes activos de este cambio. Panorama de la atención de la violencia contra las mujeres La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), refleja que las dinámicas de la violencia están determinadas por su extensión y gravedad, asociadas a los tipos de violencia que viven las mujeres. En el país, 51.6% de las mujeres ha vivido violencia psicológica, 49.7% violencia sexual, 34.7% ha vivido alguna forma de violencia física, y 27.4% de violencia económica y patrimonial.30 La violencia contra las mujeres presenta una incidencia particularmente aguda en los grupos en situación de vulnerabilidad, evidenciando un patrón de afectación diferenciada. Entre las mujeres indígenas, la prevalencia de violencia pasó del 64.3% en 201631 a 67.6% en 2021.32 Este fenómeno se intensifica aún más en el caso de las mujeres con discapacidad, quienes registraron un porcentaje de violencia de 72.6% en 2021.33 La violencia sexual en la adolescencia muestra una tendencia creciente: el porcentaje de mujeres que reportaron haberla sufrido antes de cumplir los 15 años prácticamente se duplicó, al pasar del 5.6% en 201634 al 10.3% en 2021.35 La violencia sexual contra las mujeres es la que más ha incrementado en los últimos años. Entre 2016 y 2021 se reflejó un incremento de 8.4 puntos porcentuales.36 Respecto al ámbito donde se vivió este tipo de violencia, en el escolar 17.9% indicó haber sido víctima a lo largo de sus vidas, dentro del laboral este tipo de violencia tuvo una incidencia de 14.4%. En el comunitario 42.2% señaló haber sido víctima, y en el entorno familiar 1.7%. En el contexto de las relaciones de pareja 3.8%37 indicó que fue víctima de una relación sexual sin su consentimiento. 30 Ibidem 31 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 32 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 33 Ibidem 34 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 35 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: el 12 de marzo de 2026). 36 Ibidem 37 Ibidem 750 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Al respecto, en el ámbito escolar se registró que los principales agresores son compañeros en un 43.4% de los casos y maestros en 16.8%. Adicionalmente, el 69.7% de las estudiantes que han vivido violencia manifestaron desconocer la existencia de protocolos, el 41.2% de ellas no le contó a nadie sobre la violencia vivida y solo 0.8% solicitó o recibió apoyo de otra institución.38 La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), revela que, en 2021, 12.6% de las mujeres entrevistadas vivieron abuso sexual en la infancia, a 9.5% de ellas les tocaron sus partes íntimas o las obligaron a tocar a alguien; en 38.2% de los casos, los agresores fueron tíos y primos, y en 8.8% de los casos fueron padres y abuelos.39 Al respecto, es mínimo el porcentaje de mujeres que han vivido violencia y que presentaron denuncia. En 2016, la ENDIREH reportó que solo 5.6% solicitó apoyo. Asimismo, para 2021, la cifra de mujeres que denunciaron o presentaron queja fue de 8.3%.40 Por otro lado, la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE, 2025), refiere una cifra negra de 90.4% de delitos que no se denunciaron o en los que no se inició una carpeta de investigación. Según esta encuesta, 52.7% de las víctimas de algún delito fueron mujeres. Asimismo, menciona que las causas por las que se abstuvieron de denunciar obedecen a que consideraron que es una pérdida de tiempo (32.4%), o por desconfianza en las autoridades (13.3%).41 En 2024 el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres registró que de diciembre de 2018 hasta junio de 2024 existen más de 1.5 millones de mujeres víctimas de violencia,42 lo anterior significa que, aun cuando se reconocen en mayor medida las diversas dinámicas de la violencia contra las mujeres, aún persisten condiciones institucionales y estructurales que las desestiman. La respuesta institucional a esta problemática está centrada en proporcionar servicios de asistencia inmediata a través de líneas telefónicas e intervención policial; atención especializada con asesoría y acompañamiento médico, psicológico, jurídico y de trabajo social; protección para mujeres, sus hijas e hijos en situación de riesgo; representación legal, y reparación del daño. Actualmente la infraestructura nacional de estos servicios es la siguiente: TABLA 3. INFRAESTRUCTURA NACIONAL DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS. NÚMERO INSTITUCIONES QUE BRINDAN ATENCIÓN 678 Centros de Atención Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación para las Mujeres (Centros LIBRE) 41 Centros Externos de Atención 74 Refugios especializados para las mujeres que viven violencia de género, sus hijas e hijos 32 Representaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 75 Centros de Justicia para las Mujeres 21 Unidades estatales de Búsqueda de Personas 32 Unidades de atención desde las Instancias para las Mujeres en las Entidades Federativas 08 Casas de Emergencia 02 Servicios de atención telefónica 75 Unidades Médicas con Servicios Especializados de Atención a la Violencia de Género y Violencia Sexual, en cuyas instancias se provee de servicios esenciales como la atención de emergencia a lesiones, orientación emocional o psicológica, profilaxis para la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, anticoncepción de emergencia y servicios de aborto seguro. 35 Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana en 17 entidades del país, las cuales constituyen una herramienta para el acceso a sus derechos y representan un espacio para brindar atención a la violencia contra las mujeres con pertinencia cultural, perspectiva de género y derechos humanos. Fuente: Elaboración con base en registros administrativos de la Secretaría de las Mujeres, 2025. 38 Ibidem 39 Ibidem 40 Ibidem 41 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE 2025: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 42 CONAVIM 2019 - 2024: https://www.gob.mx/conavim/documentos/resultados-conavim-2019-2024-el-primer-sexenio-de-la-cuarta- transformacion-2019-2024-el-primer-sexenio-de-la-cuarta-transformacion, (consulta: el 12 de marzo de 2026). Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 751 Esta oferta de servicios está bajo la responsabilidad de las Instancias para las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), fiscalías estatales, comunidades de mujeres indígenas, y organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, durante el 2022, el Atlas de Igualdad y Derechos Humanos del Observatorio Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2022), reportó que 71,783 mujeres víctimas de violencia fueron atendidas en refugios y centros de justicia de todo el país.43 Con la instalación de los Centros Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación para las Mujeres (Centros LIBRE), se fortalece y se amplía la cobertura y atención a las mujeres que enfrentan violencia, brindando asesoría psicoemocional, jurídica, promoción de la salud e impulsando acciones de prevención para favorecer el cambio cultural. Para fortalecer estas políticas, es necesario ampliar y mejorar la capacidad instalada, la profesionalización de servidoras y servidores públicos, así como la elaboración de herramientas, instrumentos y mecanismos especializados para atender de manera adecuada a las mujeres que viven violencias. En atención a lo anterior, se ha establecido el objetivo dos, con el que se buscará fortalecer la accesibilidad y los servicios de atención, con enfoque interseccional, intercultural, diferenciado y territorial para impulsar que las mujeres que viven violencias reciban atención integral y especializada, orientada a la restitución de sus derechos. Visión a largo plazo Para finales del presente sexenio, aspiramos a que se cuente con una estructura nacional de servicios de atención vinculados, organizados y regulados por el Estado, que garanticen que todas las mujeres que han vivido alguna forma de violencia reciban un correcto acompañamiento institucional que les proporcione atención integral y especializada, permitiéndoles recobrar su proyecto de vida y ejercer sus derechos. Para 2030, se proyecta que los servicios de refugios, centros de justicia y centros Libre se hayan expandido y fortalecido, garantizando cobertura en la mayor parte del territorio nacional, incluyendo regiones indígenas y afromexicanas, y principalmente, en aquellas con mayor incidencia de violencia contra las mujeres. Para 2045, los servicios de atención serán planeados reconociendo que hay tipos de violencias que requieren que las mujeres reciban procedimientos específicos de atención. Estos servicios, serán profesionalizados, asumiendo los más altos estándares, garantizando la integralidad y especialización, y atendiendo a principios como la no revictimización, no discriminación, no exclusión, constituyendo un puente para que las mujeres que viven violencia accedan a todos sus derechos humanos. Delitos de alto impacto cometidos en agravio de mujeres La prevalencia de las violencias contra las mujeres muestra un escenario desafiante y es aún más preocupante cuando este fenómeno se analiza desde su perspectiva delictiva. En registros recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2026), en enero de 2026 se reportó que del total de personas víctimas de delitos, 9,058 son mujeres, lo que representa 37.3% del total. Los delitos que afectan en mayor porcentaje a las mujeres son violencia familiar,44 feminicidio, violencia sexual, trata de personas, corrupción de menores y lesiones dolosas. A nivel nacional se han registrado un total de 5,885 mujeres víctimas de lesiones dolosas, concentradas principalmente en el Estado de México y Guanajuato.45 Según la misma fuente, se registró un total de 168 víctimas de corrupción de menores, delito concentrado principalmente en Guanajuato y Ciudad de México, y 47 mujeres víctimas de trata de personas, siendo Quintana Roo46 la entidad con mayor recurrencia. En enero de 2026 se reportaron 54 víctimas de feminicidio a nivel nacional. El 38.9% de los casos se concentraron en 4 entidades: el Estado de México (4), Ciudad de México (5), Sinaloa (8) y Tamaulipas (4). 43 CNDH, Atlas de Igualdad y Derechos Humanos 2022: https://observatorio.cndh.org.mx/atlas/1?indicator_id=294&show_time=0, (consulta: 12 de marzo de 2026). 44 Si bien los datos registrados por el Secretariado Ejecutivo no se encuentran desagregados por sexo, es necesario destacar que la violencia familiar tiene diversos componentes de género, por lo que mayoría de las víctimas son mujeres. Adicionalmente, la Ley General de Acceso a las Mujeres una Vida Libre de violencia es de aplicación supletoria a los tipos penales. 45 Informe de violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2026:https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1020106/compress-Info-delict- violencia_contra_las_mujeres_Ene26.pdf (consulta: 12 de marzo de 2026) 46 Ibidem 752 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 En este mismo periodo se reportaron 128 mujeres víctimas de homicidio doloso; los estados con mayor incidencia fueron Guanajuato, Baja California, Guerrero y Michoacán.47 Otro de los delitos con un importante componente de género es la violencia sexual, como un mecanismo de control de los cuerpos de las mujeres. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2025), muestran que las mujeres enfrentan un riesgo desproporcionado de ser víctimas de delitos sexuales ya que, por cada 10 casos registrados, 8 corresponden a mujeres.48 En esta encuesta se muestra que existen 4,160 mujeres víctimas de delitos sexuales por cada 100 mil habitantes (incluyendo hostigamiento o intimidación sexual, manoseos, exhibicionismo, intento de violación y violación).49 La ENDIREH reporta que para 2016, 8.1% de mujeres de 20 a 24 años sufrieron violencia sexual durante su infancia50 y para 2021 aumentó a 12.7%.51 Según datos del Grupo de Trabajo de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA (SIMS- ENAPEA, 2024), en 2016 1.9% de adolescentes de 15 a 19 años refirió haber sufrido alguna agresión de tipo sexual, mientras que en 2021 este porcentaje se incrementó a 2.7%. Asimismo, el grupo de adolescentes que declaró haber vivido violencia sexual antes de los 15 años pasó de 5.6% en 2016 a 10.3% en 2021, lo que evidencia una grave intensificación del problema.52 La violencia sexual contra niñas y adolescentes constituye en sí misma una violación grave de sus derechos humanos y con frecuencia deriva en embarazos forzados que limitan irreversiblemente su desarrollo y oportunidades futuras. De acuerdo con los registros en eventos obstétricos del Sector Salud, el embarazo en menores de 15 años ha incrementado. Mientras que en 2020 se registraron 8.7 por cada mil eventos obstétricos, en 2021 fueron 9.8, para 2022, 9.4 y para 2023 se registraron 9.7. Estas cifras dan cuenta de un problema público, ya que dichos embarazos son, en la mayoría de los casos producto de violencia sexual. Asimismo, la mayor parte de niñas y adolescentes, de 10 a 19 años que han sufrido violencia sexual han resultado embarazadas; 82.6% en 2019, 84.2% en 2020, 89.3% en 2021, 87.2% en 2022 y 85.9% en 2023.53 Estas manifestaciones graves de violencia de género contra las mujeres impactan de manera diferenciada y agravada a los grupos en situación de vulnerabilidad. Al respecto, si bien no existen datos estadísticos específicos de los delitos que impactan sobre la vida de las mujeres indígenas, la prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses por situación de pertenencia y habla indígena registrada por el ENDIREH 2021, establece que 18.7% de las mujeres refirieron haber vivido violencia sexual. En el caso de las mujeres con discapacidad, los delitos de abuso sexual presentan una frecuencia significativamente mayor. Según los datos de la ENDIREH 2021, el 48.7% de las mujeres con discapacidad han vivido algún tipo violencia sexual.54 Aunado a lo anterior, otro sector de mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de invisibilización son las mujeres privadas de la libertad, quienes enfrentan violencias estructurales agravadas. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL, 2021), de las 220.5 mil personas privadas de la libertad en centros penitenciarios del país, el 5.7% de la población son mujeres, siendo el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Baja California las entidades con mayor número de mujeres en centros penitenciarios.55 47 Ibidem 48 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE 2025: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 49 Ibidem 50 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 51 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 52 Sistema de indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (SIMS- ENAPEA) Informe de principales resultados 2018-2024 https://conapo.segob.gob.mx/work/models/CONAPO/Datos_Abiertos/SaludSexualyReproductiva/INF_ResultSIMS_2018_2024_17122024.pdf (consulta: 12 de marzo de 2026). 53 Ibidem. 54 Ibidem. 55 Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 753 Según los datos arrojados por la encuesta referida, 13.5% de las mujeres señaló que se siente insegura durante la estancia en su celda y el 24.3% en las instalaciones del centro de reclusión; el 42.5% indicó que ha sido víctima de algún delito o agresión dentro de los centros: el 19.4% de agresiones físicas, 15.9% de amenazas, 7.5% de hostigamiento sexual y 1.5% de violación sexual.56 Infraestructura nacional para el acceso a la justicia Para dar respuesta a estos delitos, según el reporte del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJF, 2024),57 la capacidad instalada en materia de procuración de justicia es la siguiente: TABLA 4. INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA. NO. INSTITUCIÓN DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 281 Agencias o Fiscalías del Ministerio Público especializadas en violencia familiar 248 Agencias especializadas en delitos sexuales 207 Agencias especializadas en delitos contra las mujeres 138 Agencias o fiscalías especializadas en feminicidio 89 Agencias o fiscalías especializadas contra la trata de personas Fuente: Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJF) 2024.58 Respecto a la impartición de justicia para las mujeres, las entidades federativas de Coahuila de Zaragoza, Baja California, Chihuahua y Quintana Roo cuentan con juzgados especializados en violencia familiar contra las mujeres con competencia mixta. Las entidades que cuentan con juzgados especializados en materia familiar son Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Colima, Estado de México y Querétaro. Adicionalmente Tabasco y Querétaro disponen de juzgados especializados en materia penal. No obstante de los avances señalados, persisten retos significativos para que las mujeres accedan a la justicia, como la necesidad de incrementar la representación jurídica, ampliar cobertura institucional, fortalecer a las fiscalías especializadas, agilizar los procesos de procuración y administración de justicia, definir medidas de protección adecuadas y garantizar un mayor número de resoluciones condenatorias por delitos de género, acciones fundamentales para que las víctimas puedan acceder a una reparación integral del daño. Aunado a la problemática expuesta, la generación de estadísticas en delitos de género, incluido el feminicidio, presenta discrepancias derivadas de las diferencias metodológicas entre las diversas fuentes; mientras que el SESNSP contabiliza carpetas de investigación, el INEGI registra el número de víctimas. Adicionalmente, los registros judiciales sobre sentencias por delitos contra las mujeres, incluido el feminicidio, enfrentan problemas de accesibilidad y estandarización. Cada entidad federativa mantiene sus propios sistemas de información judicial, con criterios heterogéneos para la clasificación y publicación de datos. Además, existe un rezago considerable en la actualización y divulgación de estas estadísticas, lo que dificulta el seguimiento oportuno del sistema de justicia frente a los feminicidios y a otras formas de violencia contra las mujeres. En ese sentido, la falta de registros administrativos y judiciales impacta en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas destinadas a fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia. Considerando el panorama expuesto, se vislumbra que persiste la necesidad urgente no solo de garantizar la debida diligencia y sancionar a los agresores, sino también de asegurar la reparación integral del daño y la restitución plena de derechos. La reparación debe materializarse a través de medidas transformadoras que modifiquen las condiciones generadoras de la violencia, incluyendo indemnizaciones, rehabilitación, garantías de no repetición y políticas públicas con enfoque integral. A través del objetivo tres, se buscará promover el acceso a la justicia y la protección de mujeres víctimas de violencias por razones de género, mediante la implementación de mecanismos de acompañamiento integral, reparación del daño y el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia. 56 Ibidem. 57 El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2025 ya se encuentra disponible en el sitio oficial, no obstante, no se hace referencia a este, toda vez que la información publicada carece de datos de la Ciudad de México, por lo que los datos que refleja no son representativos. 58 Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024: www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnpje/2024/doc/cnpje_2024_resultados.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 754 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Visión a largo plazo Visualizamos que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sea un derecho garantizado por un Estado transformador garante de la igualdad sustantiva; un sistema de justicia en donde las mujeres, especialmente las históricamente excluidas, encuentren respuestas ágiles, protección efectiva, libres de revictimización y reparación integral. Para 2030 se habrán consolidado los servicios especializados, con registros homologados sobre las medidas de protección y estándares para la valoración del riesgo. El sistema de justicia será especializado, con personas juzgadoras y fiscales expertas en género. Para 2045, la creación de las Fiscalías Especializadas en todo el país y los juzgados especializados, habrán contribuido a reducir la impunidad, la revictimización y la construcción de un sistema de procuración y administración de justicia que actúen con celeridad y debida diligencia. Mecanismos de coordinación para la erradicación de la violencia de género en México La erradicación de la violencia de género contra las mujeres exige una respuesta articulada y multisectorial, donde los mecanismos de coordinación son fundamentales. Estas estrategias de colaboración entre instituciones gubernamentales son vitales para garantizar la cohesión de las políticas públicas, optimizar recursos, crear un frente común que permita vincular todos los ejes de política pública prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y la generación de datos estandarizados que den cuenta de la violencia, que permita la trazabilidad de los casos y que fortalezca las políticas públicas El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) constituye la herramienta informática fundamental para el registro y seguimiento de los casos de violencia de género en México. Su función principal es consolidar de manera sistemática y estandarizada, los datos sobre las agresiones reportadas, documentando sus particularidades, características y el estatus procesal de cada caso. Al centralizar esta información, el BANAVIM es un instrumento esencial de coordinación interinstitucional, ya que permite el intercambio de datos entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) involucradas en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Para fortalecer su eficacia y alcance, el BANAVIM requiere robustecer la interoperabilidad con los sistemas locales y de las fiscalías, garantizando que la captura de datos sea completa, oportuna y homogénea en todo el territorio; capacitar de forma permanente al personal responsable de la alimentación y manejo del sistema, para asegurar la calidad, confidencialidad y el tratamiento adecuado de la información; incrementar la cobertura y actualización de los registros para garantizar que los datos reflejen la dinámica actual de la violencia, finalmente, se debe fortalecer el análisis de los datos para generar políticas públicas que permita identificar patrones de riesgo, evalúe la efectividad de las medidas implementadas y dirija los recursos hacia donde son más urgentes. El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, es el mecanismo interinstitucional fundamental en la articulación de políticas públicas para combatir la violencia de género en México, cuyo objetivo es la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Este Sistema se integra por instituciones de la Administración Pública Federal y gobiernos estatales, para su funcionamiento, cuenta con comisiones que atienden los principales ejes de acción. Con la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias de enero de 2026, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres se fortalece institucionalmente al designar a la Presidencia de la República como figura rectora, lo que garantiza la máxima prioridad política y articulación intergubernamental. Por otro lado, la Secretaría de las Mujeres asume la Secretaría Ejecutiva, profesionalizando la operación y el seguimiento técnico de este mecanismo. Al integrar formalmente a las personas titulares de los ejecutivos estatales, se refuerza la corresponsabilidad y la coordinación nacional, asegurando que las acciones tengan impacto en todo el territorio. Esta reestructura fortalece el Sistema unificando estrategias y vinculado de manera obligatoria a las entidades federativas en una política de Estado a favor de las mujeres, permitiendo dar operatividad a la política nacional para erradicar las violencias. Para optimizar su funcionamiento, se requiere que las personas servidoras públicas se encuentren debidamente capacitadas y profesionalizadas para prevenir y atender las violencias; que se integre la perspectiva de género en el diseño de políticas institucionales, así como la implementación de normativas, lineamientos y protocolos homologados. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 755 La coordinación interinstitucional es una estrategia prioritaria para el segundo piso de la Cuarta Transformación. Desde el gobierno federal se promueve la articulación y el trabajo conjunto para hacer frente a los diversos retos en materia de igualdad de género y el derecho a una vida libre de violencias. Por eso, desde el primer año de gobierno, se impulsó una reforma que eleva a rango constitucional la igualdad sustantiva, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial por razones de género. Esta reforma establece la obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, incorporando la perspectiva de género en el quehacer de la seguridad pública, en las instituciones encargadas de la administración de justicia y la obligatoriedad de establecer fiscalías especializadas en las entidades federativas, así como la aprobación de leyes secundarias para la inclusión de estos preceptos en las constituciones locales. A partir del reconocimiento de que la igualdad y la prevención de la violencia no se construyen sin la atención a las causas que las genera, en los últimos años, desde el gobierno federal, se han implementado programas orientados a reducir las brechas de desigualdad, y que a la vez contribuyen a que las mujeres ejerzan su derecho a una vida libre de violencias. Tal es el caso de la ejecución del “Programa Mujeres Bienestar”, que contribuye a fortalecer la autonomía económica de las mujeres que se encuentran en un rango etario de 60 a 64 años y reconoce toda una vida de trabajos no remunerados, contribuyendo a que salgan de posibles ciclos de violencia. Por otro lado, el programa “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente” representa un apoyo fundamental para las mujeres, ya que la independencia económica es clave para reducir la condición de vulnerabilidad, fortalecer su capacidad de decisión y facilitar su autonomía física en caso de vivir contextos de violencia. Si bien se cuenta con programas y mecanismos interinstitucionales para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, es necesario fortalecerlos para promover una actuación más eficiente y procesos estandarizados, que defina responsabilidades claras y mecanismos de seguimiento. Este programa a través de su objetivo cuatro, busca fomentar que los mecanismos de coordinación interinstitucional de todos los órdenes de gobierno promuevan y fortalezcan políticas públicas integrales y sostenibles, con enfoque de género y derechos humanos, impulsando su plena implementación, seguimiento y evaluación para la erradicación de las violencias contra las mujeres. Visión de largo plazo La coordinación interinstitucional no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr resultados concretos en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Esto incluye la difusión de avances, la rendición de cuentas y la disposición para ajustar las estrategias cuando sea necesario. Para 2030, se unificarán los esfuerzos institucionales basados en un entendimiento profundo y compartido de las causas estructurales de la violencia contra las mujeres, a través de instrumentos unificados, protocolos estandarizados, plataformas de información compartida y asignación y uso eficiente de recursos, consolidando un modelo integral y sostenible que articule de manera sinérgica los ejes de la política pública en materia de la violencia contra las mujeres. Además, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres será el mecanismo de referencia de política pública para las entidades federativas y los municipios, a través del cual se implementarán acuerdos sustantivos que materialicen y garanticen el derecho a una vida libre de violencia. Respecto a la generación de datos, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres será la herramienta de registro que concentre información de las distintas instituciones federales, estatales y municipales que atienden a mujeres en situación de violencia. En una misma plataforma se podrán identificar cifras y datos desagregados sobre las condiciones, las particularidades de las violencias contra las mujeres y la trazabilidad de los casos permitiendo la toma de decisiones para el diseño de políticas públicas. Asimismo, se habrán sentado las bases para la elaboración y asignación de presupuestos que garanticen el funcionamiento de las instituciones especializadas en violencia contra las mujeres. Para 2045, México será un referente en la implementación de políticas públicas integrales contra la violencia de género. La coordinación interinstitucional será un ejercicio ágil, con instituciones con mecanismos transparentes para la rendición de cuentas que garanticen la confianza ciudadana. 756 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 6. Objetivos En este Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres se establecen cuatro objetivos orientados a atender cada uno de los ejes de la política pública nacional. OBJETIVOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES 2026-2030 1.- Prevenir las violencias contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades, mediante acciones institucionales con enfoque interseccional, intercultural y territorial que impulsen transformaciones socioculturales sostenibles. 2.- Fortalecer la accesibilidad y los servicios de atención, con enfoque interseccional, intercultural, diferenciado y territorial para impulsar que las mujeres que viven violencias reciban atención integral y especializada orientada a la restitución de sus derechos. 3.- Promover el acceso a la justicia y la protección de mujeres víctimas de violencias por razones de género, mediante la implementación de mecanismos de acompañamiento integral, reparación del daño y el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia. 4.- Fomentar que los mecanismos de coordinación interinstitucional de todos los órdenes de gobierno promuevan y fortalezcan políticas públicas integrales y sostenibles, con enfoque de género y derechos humanos, impulsando su plena implementación, seguimiento y evaluación para la erradicación de las violencias contra las mujeres. 6.1 Relevancia del objetivo 1: Prevenir las violencias contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades, mediante acciones institucionales con enfoque interseccional, intercultural y territorial que impulsen transformaciones socioculturales sostenibles. Las violencias contra las mujeres son consecuencia del sistema económico y patriarcal que históricamente han impuesto normas sociales, creencias y relaciones de poder patriarcales que configuran sociedades desiguales a partir de la división sexual del trabajo y asignación de roles, lo que ha perpetuado la creencia de que los cuerpos de las mujeres pueden ser controlados, discriminados y subordinados. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, indica que una de cada cuatro mujeres de 18 años o más (24.8%) declaró haber sido víctima de discriminación. La proporción aumenta cuando se trata de mujeres indígenas (28.2%), y más aún si se trata de mujeres trabajadoras del hogar con adscripción indígena (37.2%).59 Asimismo, dicha encuesta señala que 11% de los hombres consideran que las mujeres son violadas porque los provocan, lo que refleja la persistencia de estereotipos de género que violentan a las mujeres.60 Como se señaló en el diagnóstico, el incremento en las violencias contra las mujeres en espacios educativos pasó del 25.3% en 201661 al 32.3% en 2021,62 lo que refleja un aumento de siete puntos porcentuales; en el ámbito comunitario se incrementó en 6.9 puntos porcentuales al pasar de 38.7% en 201663 a 45.6% en 2021.64 Por otro lado, la ENDIREH 2021, revela una importante afectación diferenciada por grupo etario, registrando que el 22% de las mujeres jóvenes de 15 a 24 años representan el grupo que sufre mayor violencia en el ámbito escolar, de igual forma son las más afectadas por la violencia en el ámbito laboral con 28.2% y comunitario con 41.1%. En cuanto a las brechas territoriales, la encuesta señala que las entidades federativas con mayor prevalencia de la violencia escolar son: Querétaro con 40.3%, Estado de México con 36.6% y Colima con 36.3%. Las que presentan mayor violencia en el ámbito laboral son Chihuahua con 37.8, Ciudad de México con 34.6% y Baja California con 34.4%. Finalmente, los estados en los que se vive mayor violencia comunitaria son Ciudad de México con 60.9%, Estado de México 58.5% y Querétaro 51.8%. 59 Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 60 Ibidem 61 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 62 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 63 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 64 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Rogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 757 Dichas cifras reflejan que las mujeres están expuestas a vivir situaciones de discriminación y violencia de manera sistemática, por lo que la prevención es una condición necesaria para construir una sociedad donde la dignidad y la igualdad sean realidades tangibles. Este objetivo se alinea con los principios de un gobierno que entiende el desarrollo como un proceso integral. El eje de la política pública de prevención debe tener un enfoque de transformación cultural sostenido, que recae principalmente en políticas educativas, laborales y comunitarias que eliminen los estereotipos de género tradicionales. Se debe impulsar la modificación de imaginarios colectivos, narrativas, creencias y representaciones culturales que justifican la violencia a través de:  Promoción de masculinidades basadas en el respeto y la corresponsabilidad; fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y los sistemas educativos que incluyan propósitos formativos,  Contenidos y actividades que promuevan la igualdad sustantiva y la no violencia; intervención en los centros de trabajo, promoviendo entornos laborales seguros; incidencia en el ámbito familiar fomentando relaciones sanas e igualitarias y tareas de cuidados compartidos,  El uso responsable de las tecnologías digitales. Solo así se logrará un cambio sostenible que trascienda administraciones gubernamentales y se convierta en un legado civilizatorio. Por otro lado, la interseccionalidad es clave en este objetivo, toda vez que permite reconocer que las mujeres experimentan las violencias de manera diferenciada según su contexto social, étnico, económico o geográfico, resaltando la necesidad de implementar políticas que se adapten a las diversas realidades de las mujeres, desde las rurales, urbanas e indígenas, garantizando que ninguna mujer quede excluida de las acciones de prevención. Este objetivo se vincula directamente con el modelo de desarrollo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y los principios del humanismo mexicano, que priorizan la comunidad, la solidaridad, la justicia social, la reducción de desigualdades y la reparación del tejido social. Un gobierno de izquierda no puede concebir el progreso sin garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencias como elemento indispensable para la vida política y el desarrollo nacional. 6.2 Relevancia del objetivo 2: Fortalecer la accesibilidad y los servicios de atención, con enfoque interseccional, intercultural, diferenciado y territorial para impulsar que las mujeres que viven violencias reciban atención integral y especializada orientada a la restitución de sus derechos. La prevalencia de violencia contra las mujeres da cuenta de la necesidad de fortalecer procesos adecuados de atención especializada y acompañamiento integral con especial énfasis en aquellas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, como las mujeres indígenas, quienes enfrentan distintas barreras como discriminación, racismo, falta de pertinencia cultural en las políticas de atención; las mujeres con discapacidad, que enfrentan dependencia económica y de cuidados, falta de infraestructura, barreras de comunicación, violencia sexual; mujeres migrantes que afrontan obstáculos para acceder a servicios de atención debido a su situación de vulnerabilidad, barreras de lenguaje y riesgos en las rutas migratorias. Según la ENDIREH 2021, las condiciones que explican que una mujer no reciba o solicite apoyo, ayuda o denuncien un hecho violento, están relacionadas a diversos factores; en un 35.24% de los casos es porque normalizan las violencias o la interpretan de poca importancia; 13.72% de las mujeres no saben a dónde acudir o cómo hacerlo; 17.56% no solicitan ayuda por miedo a las consecuencias o amenazas, 9.9% no lo hizo porque pensó que no le iban a creer o que la iban a culpar, y 13.86% no lo hizo por vergüenza.65 Para revertir las cifras expuestas, es necesario establecer acompañamiento, accesible y de confianza entre las mujeres y los servicios de atención no solo es esencial para garantizar su protección inmediata, sino también para promover procesos de reparación, empoderamiento y restitución de derechos. También es fundamental construir canales eficaces que respondan a sus realidades y necesidades específicas. Además, la atención integral y con perspectiva de género puede marcar la diferencia entre la continuidad del ciclo de violencia y la posibilidad real de una vida libre de ella. 65 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2021: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). 758 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Las acciones planteadas para el cumplimiento de este objetivo buscan garantizar la suficiencia de servicios de atención para que todas las mujeres, independientemente de sus condiciones, reciban atención integral cuando han vivido algún evento de violencia. Este objetivo está orientado a fortalecer la eficiencia, la eficacia, la profesionalización y a la calidad de la prestación de servicios especializados que coadyuven con la disminución de violencias. Adicionalmente, se concentra en promover la coordinación entre todas las unidades que prestan servicios posibilitando las condiciones necesarias para garantizar su cobertura. La actual administración está comprometida para que en cada ciclo de vida de las mujeres se asegure el acceso a servicios esenciales, promoviendo el derecho de las mujeres a recibir atención adecuada, esto en congruencia con el Eje Transversal 1 “Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres” del PND 2025-2030, que refleja el compromiso del gobierno de construir una “República de y para las Mujeres”, garantizando la igualdad sustantiva de género asegurando una vida libre de violencias. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Promover el acceso a la justicia y la protección de mujeres víctimas de violencias por razones de género, mediante la implementación de mecanismos de acompañamiento integral, reparación del daño y el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia. Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2025, las Fiscalías Generales o Procuradurías Generales de Justicia estatales registraron un total de 278,551 investigaciones por violencia familiar y 34,628 por abuso sexual.66 No obstante, para el mismo periodo, en el sistema tradicional se reportó el ejercicio de la acción penal de solo 4,719 averiguaciones previas, mientras que, en el sistema acusatorio, se determinó para 263,583 carpetas de investigación. Estas cifras, aunque no se encuentran desagregadas por delito (toda vez que incluyen robo, violencia familiar, lesiones, daño a la propiedad, amenazas, fraude, delitos contra la salud relacionada con narcóticos, homicidio, abuso sexual y abuso de confianza), dan cuenta del porcentaje tan bajo de las investigaciones que llegan a ser del conocimiento judicial y de los obstáculos institucionales para el acceso a la justicia. Esta brecha evidencia las barreras procesales, la falta de especialización, revictimización y falta de registros de violencia que impiden la protección efectiva, el acceso a la justicia y la reparación integral de los derechos de las mujeres. Aunque las cifras exactas varían según el tipo de violencia, entidad federativa, y dependencia, un pequeño porcentaje de las denuncias o carpetas de investigación iniciadas terminan en una sentencia firme. Existen varios elementos que contribuyen a esta situación: muchas denuncias no se transforman en carpetas de investigación por falta de denuncia formal, desistimientos, inexistencia de tipificación adecuada, entre otros. Asimismo, una parte importante de las carpetas iniciadas se queda en etapa de integración sin que exista una acusación formal. Por otro lado, de aquellas que llegan a la etapa de acusación, posteriormente carecen de juicio, o el juicio no termina en una sentencia condenatoria, ya sea por debilidad en las pruebas, actos de corrupción, mala calidad de la investigación, o prácticas que permiten la impunidad. Bajo este contexto, desde el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, se establece como prioridad atender a las mujeres víctimas de violencias para garantizar la protección, detectar riesgos de violencia feminicida, y promover la coordinación con las instancias de procuración e impartición de justicia, asegurando mecanismos efectivos, especializados y accesibles para la atención y protección, prioridades que quedan plasmadas en las estrategias y líneas de acción de este objetivo. Al respecto, se plantea la creación y el fortalecimiento de instancias especializadas de procuración y administración de justicia, la elaboración de instrumentos especializados como protocolos, lineamientos para la implementación de órdenes de protección, criterios para la valoración del riesgo y procesos de capacitación para personas servidoras públicas responsables de la procuración y administración de justicia. Promover el acceso a la justicia de mujeres que viven violencia es prioritario para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, ya que no puede haber justicia social sin justicia de género. 66 Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/cnpjf/cnpje-f2025-DI_RR.pdf, (consulta: 12 de marzo de 2026). Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 759 6.4 Relevancia del objetivo 4: Fomentar que los mecanismos de coordinación interinstitucional de todos los órdenes de gobierno promuevan y fortalezcan políticas públicas integrales y sostenibles, con enfoque de género y derechos humanos, impulsando su plena implementación, seguimiento y evaluación para la erradicación de las violencias contra las mujeres. Este objetivo responde al Eje Transversal 1 “Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres” del PND 2025-2030, que señala que erradicar las violencias de género es una prioridad. La coordinación interinstitucional es fundamental para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, esta debe ser permanente y eficaz. Para lograrlo, es necesario fortalecer los mecanismos establecidos en los marcos normativos, que permitan diseñar, implementar y evaluar políticas públicas integrales con enfoque de género y derechos humanos, con una visión transversal y presupuestos con perspectiva de género, así como herramientas de medición de resultados. La efectividad de estas políticas depende de su correcta aplicación en los tres órdenes de gobierno, por lo que es necesario asegurar que las autoridades a nivel federal, estatal y municipal trabajen de manera coordinada, con responsabilidades claras y evitando duplicidades. Solo así se podrá garantizar una respuesta uniforme y eficiente ante un problema que afecta a mujeres en todo el territorio nacional. La complejidad y diversificación de las violencias en ámbitos públicos y privados hacen evidente que ninguna institución, por sí sola, puede garantizar respuestas integrales ni continuidad en la atención. 6.5 Vinculación de los objetivos del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030. Los objetivos definidos para lograr la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres están vinculados a dos de los objetivos del Eje Transversal 1 “Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres” del PND 2025-2030. El objetivo del PND T1.4 establece: Impulsar un cambio cultural con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad para erradicar las violencias contra las mujeres en todas sus formas, mediante estrategias de educación, sensibilización y promoción de su autonomía; mismo que está estrechamente relacionado con los objetivos uno, dos y tres de este programa ya que está orientado a la prevención de las violencias contra las mujeres y la garantía de su derecho a una vida libre de violencias, particularmente en contextos de vulnerabilidad. Por su parte el objetivo T1.5 Garantizar una política nacional, integral y coordinada que brinde a las mujeres, especialmente a las víctimas de violencias, una respuesta inmediata y la máxima protección del Estado, asegurando el acceso a la justicia mediante mecanismos efectivos, especializados y accesibles para su atención, acompañamiento y reparación integral del daño; se vincula con los objetivos dos, tres y cuatro de este Programa, orientados a atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. OBJETIVOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES 2026-2030 OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2025 - 2030 ESTRATEGIAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2025 - 2030 Objetivo 1. Prevenir las violencias contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades, mediante acciones institucionales con enfoque interseccional, intercultural y territorial que impulsen transformaciones socioculturales sostenibles Objetivo T1.4 Estrategias T1.4.1, T1.4.3 y T1.4.5 Objetivo 2. Fortalecer la accesibilidad y los servicios de atención, con enfoque interseccional, intercultural, diferenciado y territorial para impulsar que las mujeres que viven violencias reciban atención integral y especializada orientada a la restitución de sus derechos. Objetivos T1.4 y T1.5 Estrategias T1.4.4, T1.4.5, T1.5.1, T1.5.2 Objetivo 3. Promover el acceso a la justicia y la protección de mujeres víctimas de violencias por razones de género, mediante la implementación de mecanismos de acompañamiento integral, reparación del daño y el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia. Objetivos T1.4 y T1.5 Estrategias T1.4.2, T1.5.2 y T1.5.3 760 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 OBJETIVOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES 2026-2030 OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2025 - 2030 ESTRATEGIAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2025 - 2030 Objetivo 4. Fomentar que los mecanismos de coordinación interinstitucional de todos los órdenes de gobierno promuevan y fortalezcan políticas públicas integrales y sostenibles, con enfoque de género y derechos humanos, impulsando su plena implementación, seguimiento y evaluación para la erradicación de las violencias contra las mujeres. Objetivo T1.5 Estrategias T1.5.1 y T1.5.3 Asimismo, el PIPASEVM 2026-2030, contribuye al logro de tres de los seis objetivos del Programa Sectorial de la Secretaría de las Mujeres:  Objetivo 3. Impulsar la atención inmediata, integral y especializada, así como el acceso a la justicia y la máxima protección del Estado, con perspectiva de género y de derechos humanos, a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia.  Objetivo 4. Promover la prevención de las violencias contra las mujeres mediante acciones de educación, información y concientización que motiven cambios culturales que impidan normalizar y reproducir las violencias hacia las mujeres, adolescentes y niñas.  Objetivo 5. Promover cambios culturales que reviertan comportamientos, normas y creencias machistas, discriminatorias y estereotipadas que excluyen y obstaculizan los derechos, el desarrollo y bienestar de las mujeres. OBJETIVOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES 2026-2030 OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE LAS MUJERES 2025-2030 ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE LAS MUJERES 2025-2030 Objetivo 1. Prevenir las violencias contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades, mediante acciones institucionales con enfoque interseccional, intercultural y territorial que impulsen transformaciones socioculturales sostenibles. Objetivos 4 y 5 Estrategias 4.1, 4.2, 4.4, 5.1 y 5.2 Objetivo 2. Fortalecer la accesibilidad y los servicios de atención, con enfoque interseccional, intercultural, diferenciado y territorial para impulsar que las mujeres que viven violencias reciban atención integral y especializada orientada a la restitución de sus derechos. Objetivo 3 Estrategias 3.3 y 3.4 Objetivo 3. Promover el acceso a la justicia y la protección de mujeres víctimas de violencias por razones de género, mediante la implementación de mecanismos de acompañamiento integral, reparación del daño y el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia. Objetivo 3 Estrategias 3.3 y 3.4 Objetivo 4. Fomentar que los mecanismos de coordinación interinstitucional de todos los órdenes de gobierno promuevan y fortalezcan políticas públicas integrales y sostenibles, con enfoque de género y derechos humanos, impulsando su plena implementación, seguimiento y evaluación para la erradicación de las violencias contra las mujeres. Objetivos 3 y 4 Estrategias 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 y 4.3 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 761 7. Estrategias y líneas de acción Para lograr los objetivos establecidos en este programa integral, se articularon 24 estrategias, de las que derivan 141 líneas de acción que definen la ruta para la coordinación de esfuerzos institucionales que permiten vincular el trabajo de las dependencias y/o entidades responsables de ejecutar las líneas de acción. El diseño de las estrategias y líneas de acción de este programa son resultado de un proceso de construcción colectiva, donde participaron activamente mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida, madres buscadoras, representantes de la comunidad LGBTIQ+, mujeres indígenas, juventudes, autoridades de la administración pública federal y los mecanismos para el adelanto de las mujeres de las entidades federativas. A través de mesas de diálogo, foros de consulta y asambleas realizadas en diversas sedes del país como Baja California Sur, Chiapas, Puebla y Ciudad de México, emanaron las directrices centrales del programa. Asimismo, las líneas de acción definen con precisión qué autoridades, dentro de sus atribuciones, son las responsables de cumplir con cada una de estas para garantizar su implementación. La participación de las siguientes instituciones, órganos autónomos, entidades, instituciones de procuración de justicia y órdenes de gobierno están sujetas a previa suscripción de convenio de colaboración:  Auditoría Superior de la Federación  Cámara de Diputados y Diputadas  Congresos Locales  Cámara de Senadores y Senadoras  Comisión Nacional de los Derechos Humanos  Fiscalía General de la República  Fiscalías y Procuradurías Locales  Gobiernos Estatales  Instituciones Públicas de Educación Superior  Instituto Nacional de Estadística y Geografía  Instituto Nacional Electoral  Órgano de Administración Judicial  Organismos Públicos Locales Electorales  Suprema Corte de Justicia de la Nación  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  Tribunales Superiores de Justicia Locales Objetivo 1. Prevenir las violencias contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades, mediante acciones institucionales con enfoque interseccional, intercultural y territorial que impulsen transformaciones socioculturales sostenibles. Estrategia 1.1 Impulsar la intervención institucional, así como procesos de organización social y comunitaria que prevengan la violencia familiar para generar relaciones igualitarias y mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.1 Fomentar la salud socioemocional por medio de acciones de difusión, orientación, sensibilización y capacitación dirigidas a la población. SALUD (CONASAMA) IMSS ISSSTE SEP 1.1.2 Promover masculinidades corresponsables en la igualdad de género y prevención de las violencias, a través de procesos de formación y difusión para la generación de relaciones igualitarias. SEP SALUD MUJERES SEGOB (CONAPO) SEMAR 762 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.1.3 Impulsar el acceso y reconocimiento del derecho de las mujeres a la propiedad, la vivienda y la tenencia de la tierra. SEDATU (CONAVI, RAN y PA) MUJERES INPI 1.1.4 Promover acciones de difusión sobre la contribución del trabajo doméstico no remunerado que permita eliminar los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia. MUJERES STPS ECONOMÍA SEGOB (CONAPRED) SPR GOBIERNOS ESTATALES 1.1.5 Promover la implementación de la “NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención a través de procesos de formación y difusión”. SALUD IMSS IMSS-BIENESTAR ISSSTE MUJERES SEDENA SEMAR 1.1.6 Implementar campañas en los espacios educativos que promuevan la sensibilización, el conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos mediante estrategias adaptadas a diversos grupos poblacionales. SALUD IMSS IMSS - BIENESTAR ISSSTE SEP SEGOB (CONAPO) 1.1.7 Impulsar jornadas de difusión sobre las causas de la violencia familiar concientizando sobre la importancia de la prevención. SEP MUJERES SPR 1.1.8 Impulsar procesos de formación y concientización sobre relaciones sanas e igualitarias en los centros educativos del tipo básico y medio superior. SEP SEGOB (CONAPO) MUJERES Estrategia 1.2 Desarrollar acciones de prevención que coadyuven a eliminar la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.1 Coordinar acciones con el sector privado para prevenir la violencia, discriminación y segregación laboral contra las mujeres en los centros de trabajo. MUJERES STPS GOBIERNOS ESTATALES 1.2.2 Implementar acciones de prevención integral contra todas las formas de violencia de género en el ámbito laboral en instituciones públicas, mediante protocolos obligatorios, capacitación continua y canales de denuncia seguros. STPS SABG MUJERES GOBIERNOS ESTATALES 1.2.3 Realizar acciones de difusión sobre las causas y consecuencias de las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes entre las personas beneficiarias del Programa “Jóvenes construyendo el futuro”. MUJERES STPS 1.2.4 Impulsar acciones institucionales para intervenir espacios laborales donde prevalezcan posibles condiciones de vulnerabilidad para las mujeres (maquiladoras, trabajadoras del hogar, mujeres con discapacidad y jornaleras) mediante inspecciones, capacitaciones y protocolos de protección a trabajadoras. MUJERES STPS GOBIERNOS ESTATALES Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 763 Estrategia 1.3 Generar procesos de intervención con perspectiva de género en la política educativa nacional para la prevención de las violencias contra las mujeres. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.1 Impulsar la elaboración y actualización de los instrumentos normativos que regulan a los diferentes tipos educativos, con el fin de incorporar la perspectiva de género y el enfoque de vida libre de violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y juventudes. SEP MUJERES 1.3.2 Impulsar la elaboración de lineamientos y protocolos para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres en el ámbito educativo. SEP MUJERES GOBIERNOS ESTATALES 1.3.3 Fomentar la revisión de marcos curriculares, planes, programas de estudio de diferentes tipos educativos para la incorporación de la perspectiva de género y enfoque de erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y juventudes. SEP MUJERES SEGOB (CONAPO, SE-SIPINNA) 1.3.4 Impulsar la formación de figuras educativas sobre las causas y consecuencias de las violencias contra las mujeres. SEP MUJERES GOBIERNOS ESTATALES 1.3.5 Fomentar acciones afirmativas para el acceso y permanencia escolar de mujeres, niñas y adolescentes mediante becas y apoyos de la Secretaría de Educación Pública MUJERES SEP GOBIERNOS ESTATALES 1.3.6 Promover acciones de prevención de las violencias contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes en las comunidades escolares. SEP MUJERES SEGOB (CONAPO) GOBIERNOS ESTATALES 1.3.7 Promover la educación integral en sexualidad en los centros educativos, entornos familiares y comunitarios. MUJERES STPS (IMJUVE) SEP SEGOB (CONAPO) GOBIERNOS ESTATALES Estrategia 1.4 Impulsar acciones y medidas de prevención para contribuir a la generación de entornos seguros y libres de violencias para las mujeres en los espacios públicos y comunitarios. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.4.1 Realizar procesos de difusión y concientización con pertinencia cultural dirigidos a transformar patrones socioculturales que perpetúan las violencias contra las mujeres en espacios públicos y comunitarios, incluyendo a las comunidades indígenas. SEGOB (CONAPRED, CONAPO y SE-SIPINNA) STPS (IMJUVE) CULTURA INPI SEP SPR 1.4.2 Promover espacios comunitarios de reflexión para hombres, juventudes y niños sobre masculinidades corresponsables para la igualdad de género y prevención de las violencias, mediante talleres, campañas y actividades culturales. MUJERES CULTURA STPS (IMJUVE) GOBIERNOS ESTATALES CNDH 1.4.3 Realizar actividades culturales, deportivas y recreativas que promuevan la participación activa de mujeres y jóvenes en el espacio público, con el fin de fortalecer su sentido de pertenencia, seguridad y comunidad. CULTURA INPI SEP (CONADE) SECTUR STPS (IMJUVE) SEGOB (SE-SIPINNA) GOBIERNOS ESTATALES 764 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.4.4 Impulsar acciones para promover el acceso de mujeres a oportunidades económicas y capacitación laboral, priorizando aquellas que habitan en zonas con altos índices de violencia, así como a mujeres con discapacidad. STPS BIENESTAR ECONOMÍA 1.4.5 Fomentar la participación comunitaria para la prevención de la violencia sexual mediante brigadas de sensibilización y talleres, priorizando zonas con altos índices de violencia. MUJERES SSPC SS SEGOB (CONAPO) SEP IMSS - BIENESTAR 1.4.6 Promover la movilidad segura de las mujeres mediante la implementación de mecanismos de coordinación, capacitación y difusión dirigidas a operadores y autoridades reguladoras del transporte público. SEDATU SSP SICT GOBIERNOS ESTATALES 1.4.7 Recuperar espacios públicos en zonas de riesgo para fomentar entornos seguros y prevenir las violencias contra las mujeres mediante la participación comunitaria. SEDATU SEGOB SECTUR SSPC GOBIERNOS ESTATALES 1.4.8 Promover la formación de redes y liderazgos comunitarios de mujeres que impulsen acciones colectivas para prevenir las violencias contra las mujeres. MUJERES INPI GOBIERNOS ESTATALES Estrategia 1.5 Promover acciones de formación dirigidas a personas servidoras públicas que transformen la cultura y práctica institucional para prevenir las violencias contra las mujeres. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.5.1 Desarrollar procesos de formación a personas servidoras públicas sobre derechos de las mujeres, prevención de las violencias y masculinidades corresponsables. MUJERES SALUD IMSS - BIENESTAR SABG SEP SEGOB GOBIERNOS ESTATALES INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 1.5.2 Implementar procesos de formación dirigidos al personal de las instituciones de procuración e impartición de justicia sobre derechos de las mujeres, para que en el ejercicio de sus funciones garanticen servicios oportunos y no revictimizantes. MUJERES OAJ GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES 1.5.3 Impulsar que las instituciones públicas implementen procedimientos administrativos y de sanción para las personas servidoras públicas que, en el desempeño de sus funciones, violenten los derechos de las mujeres. SABG GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES 1.5.4 Promover procesos de capacitación y concientización para la prevención de la violencia obstétrica y ginecológica. SALUD ISSSTE IMSS IMSS-BIENESTAR Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 765 Estrategia 1.6 Promover acciones institucionales con enfoque de género y derechos humanos para prevenir la violencia institucional contra las mujeres. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.6.1 Promover campañas de difusión que visibilicen las distintas formas de violencia política en contra de las mujeres. MUJERES SPR INE OPLE TEPJF 1.6.2 Promover campañas y acciones de difusión para desmotivar el uso de estereotipos y discursos sexistas en los medios de comunicación en contra de las mujeres candidatas. MUJERES SPR INE OPLE 1.6.3 Impulsar que los partidos políticos implementen formación obligatoria en género, igualdad y prevención de violencias, con base en programas avalados por el INE. INE OPLE 1.6.4 Promover la conformación de redes de mujeres en cargos de representación popular para brindar acompañamiento y mentoría en el ejercicio del cargo público, y prevenir la violencia política en razón de género. MUJERES GOBIERNOS ESTATALES Estrategia 1.7 Promover el uso y consumo responsable, informado y seguro de las tecnologías digitales a fin de fomentar la prevención de la violencia digital contra las niñas, adolescentes y mujeres. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.7.1 Promover la prevención de las violencias contra las mujeres en las plataformas digitales. SEGOB (SE-SIPINNA) MUJERES SSPC 1.7.2 Diseñar e implementar procesos de capacitación y sensibilización dirigidos a personas servidoras públicas, enfocados en la prevención de la violencia digital y en el conocimiento del marco jurídico que protege el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito digital. MUJERES SSPC 1.7.3 Difundir herramientas de ciberseguridad para la prevención de la violencia de género dirigidas a niñas y mujeres, mediante guías digitales y talleres en escuelas y comunidades. MUJERES SSPC SEP 1.7.4 Impulsar procesos de concientización del uso y consumo seguro y responsable de tecnologías digitales dirigidas a niñas, niños y adolescentes. SSPC MUJERES SEP 1.7.5 Fomentar relaciones sanas y prácticas de interacción digital seguras mediante información sobre autocuidado, alertas tempranas de violencia en línea (ciberacoso, sextorsión, entre otros) y denuncia. SSPC MUJERES SEGOB SPR 1.7.6 Promover la regulación y vigilancia de contenidos en medios de comunicación masivos, digitales y en campañas publicitarias para eliminar estereotipos de género o contenido que refuerce y naturalice las violencias contra las mujeres. SEGOB MUJERES SPR 766 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.7.7 Promover el monitoreo y reporte de sitios web que promueven y realizan actos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, como pornografía infantil, pedofilia y actos de odio, incluyendo la participación y colaboración de los observatorios ciudadanos. SSPC SEDENA (GN) GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES Objetivo 2. Fortalecer la accesibilidad y los servicios de atención, con enfoque interseccional, intercultural, diferenciado y territorial para impulsar que las mujeres que viven violencias reciban atención integral y especializada orientada a la restitución de sus derechos. Estrategia 2.1 Promover la atención integral y especializada para mujeres, niñas y adolescentes víctimas y sobrevivientes de violencias sexuales. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.1 Incorporar en la NOM-046-SSA2-2005 el criterio de atención urgente a niñas víctimas de violencias sexuales, el enfoque intercultural y diferencial de niñez y adolescencia, así como fortalecer los instrumentos para la notificación ministerial. SALUD MUJERES 2.1.2 Diseñar e implementar instrumentos de monitoreo y evaluación en la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005. SALUD ISSSTE IMSS- BIENESTAR SEGOB (CONAPO) MUJERES 2.1.3 Desarrollar capacidades institucionales en el sector salud para la adecuada identificación de casos de violencia sexual y familiar contra las mujeres, niñas y adolescentes. SALUD ISSSTE IMSS IMSS-BIENESTAR GOBIERNOS ESTATALES 2.1.4 Desarrollar capacidades institucionales en el sector educativo para la adecuada identificación de casos de violencia sexual y familiar contra las mujeres, niñas y adolescentes. SEP MUJERES SEGOB (SE-SIPINNA) SALUD 2.1.5 Revisar, actualizar y/o elaborar normas y procedimientos para la correcta intervención del personal de salud en la detección y atención de la violencia sexual en casos de niñas embarazadas, incluyendo la notificación a la autoridad competente. SALUD MUJERES GOBIERNOS ESTATALES 2.1.6 Diseñar e implementar políticas institucionales y protocolos para la atención de la violencia digital en contra de mujeres en los tipos educativos media superior y superior. SEP MUJERES 2.1.7 Diseñar e implementar políticas institucionales para la atención del acoso sexual y hostigamiento sexual en el ámbito laboral, tanto público como privado. STPS MUJERES SEGOB CEAV 2.1.8 Promover la construcción de una política nacional de medidas reeducativas para hombres agresores mediante acciones de deconstrucción a través de grupos de reflexión y supervisión de personas con mandato judicial. SALUD MUJERES SSPC GOBIERNOS ESTATALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 767 Estrategia 2.2 Generar procedimientos orientados a la atención de las violencias contra las mujeres en el ámbito comunitario. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.1 Diseñar y promover protocolos de intervención, atención y canalización de casos de violencias sexuales en el transporte público. SSPC SEDATU SICT MUJERES GOBIERNOS ESTATALES 2.2.2 Promover mecanismos de denuncia, acompañamiento y contención para la atención de mujeres que han vivido violencia obstétrica y ginecológica. SALUD SALUD (CONAMED) MUJERES GOBIERNOS ESTATALES 2.2.3 Promover estudios e investigaciones especializadas orientados al diseño y mejora de procesos de atención a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. SECIHTI 2.2.4 Promover la creación y el fortalecimiento de casas de la mujer indígena y afromexicana mediante recursos, capacitación y mejora de infraestructura. INPI MUJERES SALUD GOBIERNOS ESTATALES 2.2.5 Promover y fortalecer acciones y mecanismos comunitarios para la atención de las mujeres víctimas de violencia que viven en comunidades con sistemas normativos indígenas y afromexicanos. INPI MUJERES SALUD GOBIERNOS ESTATALES 2.2.6 Promover la homologación de protocolos de actuación de reacción inmediata, con perspectiva de género para policías municipales, de alcaldías y de las entidades federativas. SSPC MUJERES GOBIERNOS ESTATALES 2.2.7 Incorporar contenidos obligatorios para la atención de las violencias contra las mujeres en los procesos de formación de las academias de policías. SSPC MUJERES GOBIERNOS ESTATALES 2.2.8 Diseñar mecanismos para identificar, detectar, atender y sancionar casos de violencias contra las mujeres en el deporte. MUJERES SALUD SEP (CONADE) 2.2.9 Impulsar en el marco de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad la ampliación de servicios de atención de mujeres en situación de violencia. SEGOB MUJERES GOBIERNOS ESTATALES Estrategia 2.3 Reforzar los servicios de atención a las niñas y adolescentes que viven violencias. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.3.1 Fortalecer las capacidades institucionales de las unidades de atención para brindar servicios integrales en materia de violencia sexual que sufren las niñas y adolescentes. MUJERES SALUD IMSS IMSS - BIENESTAR ISSSTE GOBIERNOS ESTATALES 2.3.2 Fomentar la construcción y rehabilitación de espacios públicos y senderos seguros para mujeres, niñas y adolescentes en zonas con alta incidencia delictiva. SEGOB SEDENA SEDATU GOBIERNOS ESTATALES 768 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.3.3 Promover el diseño e implementación de una política nacional de primeros respondientes a través de procesos de actuación y dotación de herramientas a todas las personas servidoras públicas que tienen la obligación de dar atención a las violencias contra las mujeres. SSPC SALUD MUJERES GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES FGR 2.3.4 Generar un diagnóstico orientado a la identificación de las capacidades institucionales (herramientas, procedimientos y presupuestos) y del personal que brinda atención a mujeres y niñas que viven violencias. MUJERES GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES FGR Estrategia 2.4 Consolidar la cobertura y el acceso a los servicios de atención integral y especializada dirigidos a las mujeres en situación de violencias. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.4.1 Impulsar la elaboración de un Atlas Nacional de Servicios de Atención a mujeres víctimas de violencias, para identificar la oferta de estos servicios, sus características, así como las necesidades de cobertura. MUJERES GOBIERNOS ESTATALES 2.4.2 Implementar y fortalecer los servicios de atención telefónica, servicios digitales de emergencia y orientación a mujeres en situación de violencia para promover el acceso a atención integral y especializados en todo el país. MUJERES SSPC ATDT GOBIERNOS ESTATALES 2.4.3. Difundir los servicios y espacios de atención para las mujeres en situación de violencia a través de campañas informativas en medios de comunicación y redes comunitarias. MUJERES SEGOB SPR GOBIERNOS ESTATALES 2.4.4 Diseñar, implementar y promover mecanismos eficientes para mejorar la atención de primer contacto para mujeres en situación de violencia, que aceleren la canalización a servicios especializados y eviten la revictimización. MUJERES SSPC GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES OPLE 2.4.5 Impulsar la creación de centros y unidades de atención integral y especializada para mujeres en situación de violencia. MUJERES SSPC GOBIERNOS ESTATALES 2.4.6 Diseñar, implementar y promover mecanismos eficientes para mejorar la atención de primer contacto a mujeres en situación de violencia, que agilicen la canalización a servicios especializados y prevengan la revictimización. SALUD (CONASAMA) MUJERES SEGOB CEAV GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES FGR 2.4.7 Promover la atención e intervención psicoemocional de mujeres y niñas víctimas de violencia, que contribuya a su regulación emocional y a la toma de decisiones, considerando los contextos en donde ocurren. SALUD (CONASAMA) MUJERES GOBIERNOS ESTATALES CEAV Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 769 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.4.8 Garantizar el acceso a servicios médicos, psicosociales, legales y de protección consular a mujeres migrantes o en situación de tránsito, a través de una estrategia interinstitucional estandarizada, con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. SRE MUJERES SALUD SEGOB (INM, COMAR) 2.4.9 Implementar programas integrales de educación sexual y reproductiva, acompañados de servicios de salud accesibles y orientación psicosocial para la atención del embarazo adolescente, garantizando atención oportuna. MUJERES SALUD SEGOB (CONAPO) GOBIERNOS ESTATALES 2.4.10 Promover la atención al aborto seguro para mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia conforme al marco legal aplicable en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. MUJERES SALUD IMSS IMSS-BIENESTAR ISSSTE Objetivo 3. Promover el acceso a la justicia y la protección de mujeres víctimas de violencias por razones de género, mediante la implementación de mecanismos de acompañamiento integral, reparación del daño y el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia. Estrategia 3.1 Promover servicios coordinados de atención especializada con perspectiva de género, enfoque interseccional e intercultural para mujeres, sus hijas e hijos víctimas de delitos de género. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.1 Impulsar el acceso a servicios de salud física y mental para las mujeres víctimas de violencia, con un enfoque en la reparación del daño y la recuperación del proyecto de vida. MUJERES SALUD IMSS-BIENESTAR IMSS ISSSTE CEAV 3.1.2 Promover la incorporación de criterios específicos de accesibilidad para las mujeres en situación de violencia a los programas de atención directa del gobierno federal, con un enfoque interseccional e intercultural y de perspectiva de género. MUJERES BIENESTAR CULTURA SALUD ECONOMÍA GOBIERNOS ESTATALES 3.1.3 Diseñar una herramienta digital para que las mujeres en situación de violencia identifiquen tipos y modalidades de violencia que les vulnera, conozcan y accedan a la red de servicios de atención especializada. MUJERES ATDT 3.1.4 Impulsar la capacitación para el trabajo y la incorporación de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito laboral con enfoque diferenciado y ajustes razonables (especialmente en casos de discapacidad), a través de la vinculación con el sector privado y público. MUJERES ECONOMÍA STPS BIENESTAR CULTURA GOBIERNOS ESTATALES 770 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.5 Garantizar servicios de traducción e interpretación para la atención de mujeres, adolescentes y niñas indígenas, extranjeras y sordas víctimas de violencia de género que se encuentren en procesos de procuración y acceso a la justicia. INPI CULTURA (INALI) SCJN FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES GOBIERNOS ESTATALES 3.1.6 Promover servicios especializados de salud para víctimas sobrevivientes de feminicidio y de violencia química. MUJERES SALUD CEAV IMSS IMSS-BIENESTAR ISSSTE GOBIERNOS ESTATALES Estrategia 3.2 Fortalecer los mecanismos de protección con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, interseccional, intercultural, de la diversidad sexual y de género que garanticen la seguridad e integridad de las mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.1 Implementar el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de protección de las mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia en coordinación con los registros en el BANAVIM. MUJERES GOBIERNOS ESTATALES FGR TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES 3.2.2 Elaborar y promover la aplicación de criterios generales para la emisión e implementación de medidas de protección, para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia adaptadas a las instituciones, a la diversidad y a los territorios. MUJERES GOBIERNOS ESTATALES FGR TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES 3.2.3 Diseñar criterios de valoración y tamizajes especializados para la medición de riesgo de violencia feminicida con enfoque diferenciado que constituya una herramienta para las instituciones que atienden y administran justicia a mujeres en situación de violencia. MUJERES SALUD GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES 3.2.4 Promover la armonización de los marcos normativos locales para incorporar las medidas de protección de NNA, especialmente la medida de recuperación de infancias en contextos de violencia por interpósita persona (violencia vicaria), familiar, sexual y feminicida. MUJERES SEGOB (SE-SIPINNA) SALUD (SNDIF) GOBIERNOS ESTATALES CÁMARA DE SENADORES Y SENADORAS CÁMARA DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS CONGRESOS LOCALES Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 771 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.5 Promover mecanismos de coordinación entre instancias de procuración y administración de justicia y secretarías de seguridad estatales para la implementación y seguimiento de las medidas y órdenes de protección. MUJERES SSPC SEDENA GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES 3.2.6 Promover la elaboración e implementación de planes integrales de protección para mujeres sobrevivientes de feminicidio, mujeres sobrevivientes de delitos que involucren el uso de sustancias químicas, madres de víctimas de feminicidio, madres buscadoras, así como para las infancias que tienen bajo su cuidado, con enfoque diferencial, de género y derechos humanos. MUJERES SEGOB (CNB) CEAV SSPC SALUD (SNDIF) GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES 3.2.7 Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para la protección con enfoque diferenciado de las mujeres víctimas de violencia, hijas e hijos en refugios y casas de emergencia. SSPC MUJERES SALUD SEGOB (SE-SIPINNA) CEAV GOBIERNOS ESTATALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES 3.2.8 Impulsar procesos de capacitación del personal policial, pericial, ministerial, judicial, administrativo y de asesoría jurídica en materia de medidas de protección por violencia de género en contra de las mujeres. SSPC MUJERES GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES Estrategia 3.3 Promover acciones integrales con defensorías e instancias de asesoría jurídica, procuración e impartición de justicia, para que las mujeres accedan a una justicia pronta y efectiva, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, interseccional e intercultural. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.1 Fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres mediante políticas públicas y dotación de recursos que garanticen la protección y el acceso a la justicia para las mujeres, sus hijas e hijos, víctimas de violencia. MUJERES SSPC GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES 3.3.2 Promover la actualización del modelo de atención en los Centros de Justicia para las Mujeres e implementar mecanismos para su adopción a nivel nacional. MUJERES STPS SALUD (SNDIF) GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES 772 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.3 Impulsar la creación y el fortalecimiento de fiscalías especializadas en atención e investigación de delitos contra las mujeres en razón de género, especialmente de feminicidio. MUJERES GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES 3.3.4 Fortalecer los servicios de asesoría jurídica y defensa especializada con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para mujeres, adolescentes y niñas víctimas de delitos en razón de género. MUJERES CEAV SALUD (SNDIF) GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES 3.3.5 Promover la representación jurídica para mujeres mexicanas en el exterior que enfrentan situaciones de violencia por razones de género. SRE (IMME) 3.3.6 Promover que la justicia indígena y comunitaria atienda y proteja a mujeres en situación de violencias mediante procesos de formación y acompañamiento para la toma de acuerdos de las instituciones de justicia comunitaria. MUJERES INPI GOBIERNOS ESTATALES 3.3.7 Generar condiciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas directas de tortura sexual y su acceso a la justicia. SEGOB CEAV GOBIERNOS ESTATALES FGR 3.3.8 Promover la protección de todas las mujeres víctimas de violencia y en situación de abandono social, con especial atención a aquellas en situación de calle y a mujeres trans, para garantizar su acceso efectivo a la justicia y a la reparación integral del daño. CEAV SSPC SALUD (SNDIF) GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES 3.3.9 Promover la adopción de criterios y medidas no privativas de la libertad para mujeres imputadas, favoreciendo su derecho a la adecuada defensa y acceso a la justicia desde una perspectiva de género. SSPC MUJERES SCJN FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES Estrategia 3.4 Impulsar la reparación integral del daño y la restitución de derechos de mujeres víctimas de violencia. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.4.1 Creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio en el marco del BANAVIM. MUJERES SEGOB (SE-SIPINNA) CEAV SALUD (SNDIF, PFPNNA) GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 773 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.4.2 Impulsar la reparación integral del daño a sobrevivientes de feminicidio, así como a hijas e hijos de víctimas de feminicidio, a través de la restitución de sus derechos. SEGOB (SE-SEPINNA) CEAV BIENESTAR SALUD (SNDIF, PFPNNA) FGR TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES 3.4.3 Impulsar el acceso a la vivienda a las familias de víctimas de feminicidio que tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por este delito. SEDATU (CONAVI) GOBIERNOS ESTATALES CEAV 3.4.4 Promover el reconocimiento y dignificación de las mujeres víctimas de violencia de género y sus familias a través de sitios y espacios de memoria. MUJERES CULTURA GOBIERNOS ESTATALES CEAV 3.4.5 Promover el acceso a la reparación integral del daño para las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de la etapa procesal en la que se encuentre el caso. CEAV FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES FGR STPS SALUD (SNDIF) BIENESTAR MUJERES GOBIERNOS ESTATALES Estrategia 3.5 Promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, interseccional, intercultural y de la diversidad sexual y de género. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.5.1 Impulsar procesos de capacitación para la investigación de los delitos contra la intimidad y otras violencias digitales contras las mujeres, adolescentes y niñas. SSPC SEGOB (SE-SIPINNA) SALUD (SNDIF) SEDENA GOBIERNOS ESTATALES 3.5.2 Promover la creación y fortalecimiento de Juzgados Especializados en violencia familiar contra las mujeres con competencia mixta (penal y familiar) para evitar la revictimización de las mujeres. MUJERES GOBIERNOS ESTATALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES CONGRESOS LOCALES 3.5.3 Actualizar el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas y Niños en Condición de Orfandad por Feminicidio. (PNAINNACOF) SEGOB (SE - SIPINNA) SALUD (SNDIF) MUJERES 3.5.4 Impulsar la creación de equipos policiales y periciales especializados en la atención e investigación de violencia de género contra las mujeres, adolescentes y niñas, garantizando mecanismos claros de selección, formación y evaluación. MUJERES SSPC SEDENA GOBIERNOS ESTATALES FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES 774 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.5.5 Impulsar la elaboración de un instrumento de análisis y evaluación de las capacidades y necesidades institucionales de las instancias de administración e impartición de justicia para las mujeres, adolescentes y niñas. TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES 3.5.6 Diseñar directrices generales para la detección, acompañamiento, investigación y sanción de la violencia por interpósita persona. MUJERES SALUD (SNDIF) GOBIERNOS ESTATALES FGR TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES 3.5.7 Impulsar la implementación de protocolos y la aplicación de herramientas especializadas para garantizar la participación segura y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de acceso a la justicia que promuevan las mujeres. MUJERES SEGOB (SE-SIPINNA) SALUD SNDIF (PFPNNA) FGR GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES 3.5.8 Promover la actualización de los protocolos de investigación pericial, ministerial y policial con perspectiva de género de los delitos de feminicidio, transfeminicidio, delitos sexuales, desaparición de mujeres y niñas, violencia familiar, violencia a través de interpósita persona (violencia vicaria) y delitos que involucren el uso de sustancias químicas para causar daño. MUJERES FGR GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES 3.5.9 Impulsar la incorporación de perspectiva de género, derechos humanos, enfoque diferencial y de infancias en los planes y programas de estudio para la formación de profesionales relacionadas con la atención a víctimas y procuración de justicia. MUJERES SECIHTI INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Estrategia 3.6 Promover acciones coordinadas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la trata de personas cometida contra mujeres y niñas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.6.1 Impulsar la formación y capacitación de personas servidoras públicas del gobierno federal para la detección y atención de trata de personas, específicamente de mujeres y NNA. SEP MUJERES SRE STPS SALUD BIENESTAR SEGOB SECTUR FGR 3.6.2 Promover estrategias para visibilizar y combatir la trata de personas, en específico de mujeres y NNA mediante campañas y colaboración interinstitucional. SEGOB (SE-SIPINNA, INM y CNB) SEP MUJERES SRE STPS SALUD BIENESTAR FGR Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 775 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.6.3 Impulsar acciones para fortalecer la atención especializada a víctimas de trata específicamente de mujeres y NNA, asegurando servicios integrales. SSPC SEGOB (SE- SIPINNA) MUJERES SRE STPS SALUD BIENESTAR SEGOB CEAV FGR Estrategia 3.7 Impulsar acciones integrales para la protección, ejercicio de derechos y reinserción social de mujeres privadas de su libertad, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, interseccional, intercultural y de la diversidad sexual y de género. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.7.1 Promover la defensa jurídica con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos a mujeres privadas de la libertad, priorizando que accedan a criterios de oportunidad y beneficios de preliberación, amnistía, así como reinserción social. SSPC (OADPRS) SEGOB MUJERES OAJ GOBIERNOS ESTATALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES 3.7.2 Fomentar que infancias que dependan para su cuidado de mujeres privadas de la libertad, ejerzan su derecho a vivir en familia. SSPC SALUD (SNDIF) GOBIERNOS ESTATALES 3.7.3 Impulsar que mujeres privadas de su libertad reciban atención integral y cuenten con condiciones para el ejercicio de su derecho a la educación, cultura, autonomía económica y salud integral incluyendo los servicios de aborto seguro. SALUD MUJERES IMSS SEP STPS CULTURA ECONOMÍA BIENESTAR (INAES) IMSS - BIENESTAR GOBIERNOS ESTATALES 3.7.4 Promover la libertad de mujeres procesadas por el delito de aborto. SALUD MUJERES GOBIERNOS ESTATALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES 3.7.5 Impulsar la recuperación de los proyectos de vida, la efectiva reinserción social y la restitución integral de derechos de las mujeres privadas de la libertad que acceden a los beneficios de preliberación, criterios de oportunidad y procesos de amnistía, a través de proyectos productivos y acompañamiento social. MUJERES BIENESTAR SEP STPS GOBIERNOS ESTATALES 776 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivo 4. Fomentar que los mecanismos de coordinación interinstitucional de todos los órdenes de gobierno promuevan y fortalezcan políticas públicas integrales y sostenibles, con enfoque de género y derechos humanos, impulsando su plena implementación, seguimiento y evaluación para la erradicación de las violencias contra las mujeres. Estrategia 4.1 Fortalecer los mecanismos permanentes de coordinación interinstitucional entre dependencias federales, estatales y municipales para garantizar la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.1.1 Fortalecer el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres y sus comisiones, garantizando la toma e implementación de acuerdos sustantivos que impacten efectivamente en la política pública de los tres órdenes de gobierno. MUJERES SEGOB SSPC SALUD SEP GOBIERNOS ESTATALES 4.1.2 Promover la sensibilización y capacitación con perspectiva de género y derechos humanos dirigida a personal adscrito a Instituciones de Salud, Fiscalías y Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para la actuación en los casos de violencia sexual. MUJERES SALUD SNDIF (PFPNNA) GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES 4.1.3 Promover que los sistemas de coordinación interinstitucional de la política pública incorporen en sus planes de trabajo estrategias y acuerdos para prevenir y atender las violencias contra las mujeres. SEGOB (SE-SIPINNA) SALUD SSPC SEP SEDATU 4.1.4 Impulsar el fortalecimiento de los sistemas estatales para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, procurando el cumplimiento de la política nacional integral. MUJERES GOBIERNOS ESTATALES Estrategia 4.2 Fortalecer los mecanismos de vinculación y coordinación interinstitucional para la atención de la violencia feminicida. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.2.1 Promover la adopción e implementación de lineamientos homologados, con perspectiva de género y enfoque interseccional, para la detección temprana del riesgo de violencia feminicida en los espacios de atención a mujeres que viven violencias. MUJERES SALUD FGR GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES 4.2.2 Promover la realización de peritajes antropológicos y de análisis de contexto en la investigación de feminicidios que analice el contexto social y cultural en el que ocurrió el hecho, identificando patrones de violencia de género y relaciones de poder que puedan influir en la muerte violenta de mujeres. FGR FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES SCJN PJF Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 777 Estrategia 4.3 Establecer, homologar y/o fortalecer instrumentos y mecanismos de actuación interinstitucionales con enfoque de género, derechos humanos e interseccionalidad, que garanticen una respuesta integral, articulada y efectiva para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.3.1 Promover la adopción del Modelo Integral de Prevención Primaria de las violencias contra las Mujeres, impulsando que sea un instrumento de referencia para la construcción de políticas que sean implementadas por la federación, entidades federativas y municipios MUJERES SEGOB SEP SALUD 4.3.2 Promover la revisión, el diseño y la operatividad de los mecanismos de coordinación en el marco del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres. MUJERES 4.3.3 Actualizar e impulsar la adopción del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública Federal. MUJERES SABG SEGOB CEAV Estrategia 4.4 Fomentar que los procesos de diseño, planeación institucional y presupuestación estén orientados a asignar recursos de todas las dependencias e instituciones públicas, federales, estatales y municipales para que cuenten con presupuesto asignado para la prevención, atención y acceso de justicia de las mujeres, así como mecanismos obligatorios de transparencia y rendición de cuentas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.4.1 Implementar metodologías estandarizadas para la elaboración de presupuestos con perspectiva de género en todas las dependencias públicas para garantizar la implementación de acciones de prevención y atención de las violencias contra las mujeres. SHCP MUJERES GOBIERNOS ESTATALES 4.4.2 Establecer criterios de asignación de recursos para programas, acciones y estrategias relacionados con la prevención, atención y acceso a la justicia de mujeres. MUJERES SHCP GOBIERNOS ESTATALES 4.4.3 Promover auditorías de género que permitan verificar las acciones, el destino, uso e impacto de los recursos ejercidos por las instituciones del gobierno federal para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres. SABG CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS ASF GOBIERNOS ESTATALES Estrategia 4.5 Promover la generación de datos e información que permitan reconocer diversas dinámicas de las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes con la finalidad de trazar políticas públicas para la prevención, atención, sanción y acceso a la justicia. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.5.1 Desarrollar instrumentos de recolección de información y análisis estadístico para el reconocimiento de dinámicas de las violencias contra las mujeres. MUJERES SSPC INEGI 4.5.2 Promover que el registro de la información estadística que concentra el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública sobre incidencia delictiva esté desagregado por sexo, y que cuente con elementos que permita identificar características como diversidad étnica, sexual, grupos etarios, condiciones de discapacidad entre otros. SSPC 778 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.5.3 Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los espacios de refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos a nivel nacional, con la finalidad de contar con información pertinente para planificar, asignar recursos y diseñar la política en materia de protección integral. MUJERES GOBIERNOS ESTATALES 4.5.4 Promover la actualización de los censos y encuestas de procuración y administración de justicia con perspectiva de género. MUJERES INEGI 4.5.5 Diseñar procesos de formación y desarrollo de capacidades para que las personas servidoras públicas hagan uso de la estadística estratégica nacional que describe temas de seguridad, protección, procuración y administración de justicia y prevalencia de las violencias contra las mujeres. MUJERES INEGI GOBIERNOS ESTATALES 4.5.6 Consolidar al BANAVIM como la herramienta nacional para el registro de datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, a través de procesos administrativos y de formación que permitan que las instituciones que atienden mujeres en situación de violencia integren la información requerida. MUJERES SSPC GOBIERNOS ESTATALES FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS LOCALES OPLE INE 4.5.7 Promover la elaboración de diagnósticos, así como el análisis de datos estadísticos con enfoque diferenciado, sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de las violencias contra las mujeres. MUJERES SSPC SECIHTI INEGI 4.5.8. Realizar acciones para generar, registrar y publicar información sobre las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales en materia de violencias de género contra las mujeres (feminicidio, violación, violencia familiar, trata de personas, entre otras). SCJN PJF TEPJF TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES Estrategia 4.6 Promover la armonización legislativa de los marcos normativos nacionales, estatales y municipales bajo los principios de igualdad sustantiva y no violencia contra las mujeres. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 4.6.1 Impulsar reformas legislativas a favor de las niñas y adolescentes que incluya acciones para la prevención y la penalización de uniones forzadas, concubinato y cohabitación forzada en las legislaciones estatales. SALUD (SNDIF) SEGOB (SE-SIPINNA) MUJERES CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS LOCALES 4.6.2 Promover la armonización legislativa de los tipos penales de delitos sexuales, desaparición, violencia familiar, a través de interpósita persona (violencia vicaria), feminicidio, transfeminicidio y delitos que involucren el uso de sustancias químicas para causar daño. MUJERES GOBIERNOS ESTATALES CÁMARA DE SENADORES Y SENADORAS CONGRESOS LOCALES 4.6.3 Promover reformas legislativas que mejoren el funcionamiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional para la prevención, atención y acceso a la justicia. MUJERES GOBIERNOS ESTATALES CONGRESOS LOCALES 4.6.4 Impulsar la despenalización del aborto y la armonización legislativa para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en condiciones seguras, dignas y oportunas, mediante la eliminación de barreras normativas, institucionales y sociales que asegure servicios de salud pública gratuitos. MUJERES GOBIERNOS ESTATALES CONGRESOS LOCALES 4.6.5 Promover la armonización y actualización de los instrumentos jurídicos para la identificación, investigación, sanción y reparación del daño a mujeres víctimas de tortura sexual conforme a las disposiciones internacionales en materia de erradicación de la tortura. SEGOB Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 779 8. Indicadores y metas Con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo del PIPASEVM 2026-2030, y en cumplimiento de los principios de planeación, monitoreo y rendición de cuentas de la APF, se han definido indicadores específicos para cada uno de sus objetivos. Estos indicadores permiten medir el avance en la implementación de las políticas públicas orientadas a la igualdad sustantiva, generar evidencia para la toma de decisiones y fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación. Indicador 1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 1.1 Porcentaje de mujeres de 18 años o más que experimentaron alguna situación de acoso y/o violencia sexual en lugares públicos. Objetivo Objetivo 1: Prevenir las violencias contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades, mediante acciones institucionales con enfoque interseccional, intercultural y territorial que impulsen transformaciones socioculturales sostenibles Definición o descripción Mide la proporción de mujeres de 18 años o más que han sido víctimas de conductas sexuales no deseadas en relación con el total de mujeres. Derecho asociado Derecho a una vida libre de violencias establecido en el artículo 4o., de la CPEUM. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Enero Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Julio a diciembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección General de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la Mejora Continua de los Programas Secretaría de las Mujeres Método de cálculo Fórmula: PmAS=NmAS/Tm*100 Donde: PmAS: Porcentaje de mujeres de 18 años o más que declararon haber sufrido alguna situación de acoso y/o violencia sexual NmAS: Mujeres de 18 años o más que declararon haber sufrido alguna situación de acoso y/o violencia sexual Tm: Total de mujeres de 18 años o más. Observaciones Sin observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Mujeres de 18 años o más que declararon haber sufrido alguna situación de acoso y/o violencia sexual Valor variable 1 5,718,086 Fuente de información variable 1 INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) Disponible en:67 https://goo.su/G8mdwK7 Nombre variable 2 Total de mujeres de 18 años o más. Valor variable 2 25,613,821 Fuente de información variable 2 Sustitución en método de cálculo PmAS= (5,718,086/ 25,613,821) * 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 22.3 El año 2025 se establece como línea base del indicador al corresponder con el levantamiento más reciente de información disponible. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 19.5 La meta del indicador es anual, dado que corresponde con la periodicidad del levantamiento de la encuesta. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 27.2 21.6 20.0 22.1 21.9 21.0 22.3 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 21.7 21.1 20.6 20.0 19.5 67 A partir de los datos abiertos de tabulados se realizaron los cálculos con la información del índice 12 Acoso personal y violencia sexual de la ENSU. 780 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 1.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 1.2 Porcentaje de mujeres de 18 años o más que sufrió violencia en el entorno familiar. Objetivo Objetivo 1: Prevenir las violencias contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades, mediante acciones institucionales con enfoque interseccional, intercultural y territorial que impulsen transformaciones socioculturales sostenibles Definición o descripción Mide la proporción de mujeres de 18 años o más que declararon haber sido víctimas de algún tipo de violencia (física, emocional, económica o sexual) dentro del hogar. Derecho asociado Derecho a una vida libre de violencia establecido en el artículo 4o., de la CPEUM. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Octubre Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Octubre a septiembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección General de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la Mejora Continua de los Programas Secretaría de las Mujeres Método de cálculo Donde: PMVH: Porcentaje de mujeres de 18 años o más que sufrió violencia en el entorno familiar. NMVH: Número de mujeres de 18 años o más que reportaron haber sufrido violencia en el entorno familiar. TM18: Total de mujeres de 18 años o más. Observaciones Sin observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de mujeres de 18 años o más que reportaron haber sufrido violencia en el entorno familiar. Valor variable 1 2,195,837 Fuente de información variable 1 INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) Disponible en:68 https://goo.su/zzSkrmZ Nombre variable 2 Total de mujeres de 18 años o más. Valor variable 2 25,626,124 Fuente de información variable 2 Sustitución en método de cálculo PMVH = (2,195,837/ 25,626,124) × 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 8.6 El año 2025 se establece como línea base del indicador, al corresponder con el levantamiento más reciente de información disponible. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 7.9 La meta del indicador es anual, dado que corresponde con la periodicidad del levantamiento de la encuesta. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ND 9.2 7.2 9.5 9.8 8.5 8.6 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 8.4 8.3 8.2 8.0 7.9 68 A partir de los datos abiertos de tabulados se realizaron los cálculos con la información del índice 13 relaciones familiares de la ENSU. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 781 Indicador 2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.1 Tasa de prevalencia de muertes violentas de mujeres. Objetivo Objetivo 2: Fortalecer la accesibilidad y los servicios de atención, con enfoque interseccional, intercultural, diferenciado y territorial para impulsar que las mujeres que viven violencias reciban atención integral y especializada orientada a la restitución de sus derechos. Definición o descripción Mide el número de muertes violentas de mujeres ocurridas en un año determinado por cada 100,000 mujeres de la población total femenina. Derecho asociado Derecho a una vida libre de violencia establecido en el Artículo 4o., de la CPEUM. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Enero Unidad de medida Número de muertes violentas de mujeres Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección General de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la Mejora Continua de los Programas Secretaría de las Mujeres Método de cálculo Fórmula: Pmuertes = (TMmt / PTmt)×100 000 Donde: Pmuertes: Prevalencia de muertes violentas de mujeres TMmt: Total de muertes violentas de mujeres registradas en un año específico PTm: Población total de mujeres estimada para ese mismo año Observaciones Sin observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Total de muertes violentas de mujeres registradas en un año específico Valor variable 1 2,795 Fuente de información variable 1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) Disponible en:69 https://goo.su/G8mdwK7 Nombre variable 2 Población total de mujeres estimada para ese mismo año Valor variable 2 68,120,921 Fuente de información variable 2 CONAPO. Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2020-2070. Disponible en:70 https://goo.su/is6L Sustitución en método de cálculo Pmuertes = (2,795 / 68,120,921) × 100 000 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 4.1 El año 2025 se establece como línea base del indicador, al corresponder con el levantamiento más reciente de información disponible. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 3.3 La meta del indicador es anual, dado que corresponde con la periodicidad del levantamiento de la información. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 5.9 5.8 5.7 5.7 5.1 5.0 4.1 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 3.9 3.8 3.6 3.4 3.3 69 A partir de los datos abiertos de tabulados se realizaron los cálculos con la información del SESNSP. 70 A partir de los datos abiertos de tabulados se realizaron los cálculos con la información de la proyección de la población realizada por el CONAPO. 782 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 2.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.2 Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han experimentado alguna situación de violencia física y/o sexual por parte de su pareja a lo largo de la relación y que fueron atendidas en una institución o presentaron una queja o denuncia ante alguna autoridad. Objetivo Objetivo 2: Fortalecer la accesibilidad y los servicios de atención, con enfoque interseccional, intercultural, diferenciado y territorial para impulsar que las mujeres que viven violencias reciban atención integral y especializada orientada a la restitución de sus derechos. Definición o descripción Mide la proporción de mujeres de 15 años y más que han experimentado alguna situación de violencia física y/o sexual por parte de su pareja a lo largo de la relación y que fueron atendidas en una institución o presentaron una queja o denuncia ante alguna autoridad. El indicador es un proxy para medir la confianza institucional en cuanto a la atención y denuncia de las violencias contra las mujeres. Derecho asociado Derecho a una vida libre de violencia establecido en el artículo 4o., de la CPEUM. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Quinquenal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Diciembre Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Octubre-noviembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección General de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la Mejora Continua de los Programas Secretaría de las Mujeres Método de cálculo Fórmula: PVfsD = (MVfsD / TMVfs) ×100 Donde: PVfsD: Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han experimentado alguna situación de violencia física y/o sexual por parte de su pareja a lo largo de la relación y que fueron atendidas en una institución o presentaron una queja o denuncia ante alguna autoridad. MVfsD: Mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja y que fueron atendidas en alguna institución (salud, justicia, protección, etc.), o presentaron una queja o denuncia ante alguna autoridad. TMVfs: Total de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja a lo largo de la relación. Observaciones Sin observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja y que fueron atendidas en alguna institución (salud, justicia, protección, etc.), o presentaron una queja o denuncia ante alguna autoridad. Valor variable 1 1,791,419 Fuente de información variable 1 INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) Disponible en:71 https://n9.cl/qv5y7 Nombre variable 2 Total de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja a lo largo de la relación. Valor variable 2 8,741,392 Fuente de información variable 2 Sustitución en método de cálculo PVfsD = (1,791,419) / 8,741,392) × 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 20.5 El año 2021 se establece como línea base del indicador, al corresponder con el levantamiento más reciente de información disponible. Año 2021 Meta 2026 Nota sobre la meta 2026 22.0 La meta del indicador se fijará para 2026, año del próximo levantamiento programado. El siguiente ejercicio está previsto para 2031 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ND ND ND 20.5 ND ND ND ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 22.0 ND ND ND ND 71 A partir de los datos abiertos de tabulados se realizaron los cálculos con la información de la Distribución de mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja a lo largo de la relación, por las acciones que tomó debido a la violencia experimentada de la ENDIREH. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 783 Indicador 3.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 3.1 Proporción de sentencias de delitos sobre feminicidios. Objetivo Objetivo 3: Promover el acceso a la justicia y la protección de mujeres víctimas de violencias por razones de género, mediante la implementación de mecanismos de acompañamiento integral, reparación del daño y el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia Definición o descripción Mide la proporción de los delitos por feminicidios registrados en las causas penales concluidas que han sido efectivamente sentenciados. Derecho asociado Derecho al acceso a la justicia establecido en el artículo 17 de la CPEUM. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Diciembre Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección General de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la Mejora Continua de los Programas Secretaría de las Mujeres Método de cálculo Fórmula: PSDf = (TDCP/TDRP) * 100 Donde: PSDf: Proporción de sentencias de delitos sobre feminicidios TDCP: Total de feminicidios contenidos en las sentencias en las causas penales concluidas. TDRP: Total de feminicidios registrados en las causas penales concluidas Observaciones Sin observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Total de feminicidios contenidos en las sentencias en las causas penales concluidas. Valor variable 1 444 Fuente de información variable 1 INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal y Federal Disponible en:72 https://n9.cl/8vwaa1 Nombre variable 2 Total de feminicidios registrados en las causas penales concluidas Valor variable 2 974 Fuente de información variable 2 Sustitución en método de cálculo PSDf = ( 444/974) * 100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 45.6 La información publicada en 2025 corresponde al ejercicio 2024, por lo que este último se considera como año base del indicador Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 52.9 Dado que la tendencia es errática la meta se reportará de manera bianual, aunque la periodicidad de la información sea anual. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 45.5 50.5 31.4 52.7 32.5 41.5 45.6 ND METAS 2026 2027 2028 2029 2030 47.9 ND 50.3 ND 52.9 72 A partir de los datos abiertos de la sección “Impartición de justicia en materia penal” del CNIJE se realizaron los cálculos correspondientes para la generación del indicador. 784 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 4.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 4.1 Índice de Armonización Legislativa (IALE ponderado) Objetivo Objetivo 4. Fomentar que los mecanismos de coordinación interinstitucional de todos los órdenes de gobierno promuevan y fortalezcan políticas públicas integrales y sostenibles, con enfoque de género y derechos humanos, impulsando su plena implementación, seguimiento y evaluación para la erradicación de las violencias contra las mujeres Definición o descripción Mide el nivel de armonización del marco jurídico de las entidades federativas respecto de los estándares nacionales en materia de igualdad sustantiva, medidas de protección, violencia vicaria y derechos laborales vinculados al cuidado y a la no discriminación Derecho asociado Derecho a una vida libre de violencia establecido en el artículo 4o., de la CPEUM. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Diciembre Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Dirección General de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la Mejora Continua de los Programas Secretaría de las Mujeres Método de cálculo Donde: Puntuación obtenida por la entidad en cada tema Observaciones Temas A. Constitución Estatal o Procuración de justicia (principios rectores sobre género) o Fiscalías especializadas en violencia contra mujeres B. Ley Estatal para la Igualdad o Brecha salarial C. Ley de Acceso o Registro Nacional de Medidas de Protección o Medidas de Protección o Violencia vicaria (Ley de Acceso) D. Código de Procedimientos Civiles o Violencia vicaria (ámbito civil/procesal) E. Ley de Trabajadores del Estado (consolidado) o Igualdad laboral y cuidados (brecha salarial pública + licencias de maternidad y paternidad) APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Suma de la puntuación obtenida por la entidad en cada tema (presente, mayormente presente, parcialmente presente ligeramente presente) Valor variable 1 138 Fuente de información variable 1 Coordinación de Enlace Legislativo para la Perspectiva de Género de la Secretaría de las Mujeres Nombre variable 2 8 temas × 1 punto = 8 puntos Valor variable 2 320 Fuente de información variable 2 Coordinación de Enlace Legislativo para la Perspectiva de Género de la Secretaría de las mujeres Sustitución en método de cálculo IALE ponderado= (138/320) *100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 43.1% Este será un indicador que se calculará por primera vez por la Secretaría de las Mujeres, por lo cual la línea base es 43.1%. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 100% NA SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ND ND ND ND ND ND 43.1 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 60 70 80 90 100 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 785 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el programa Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Comisión Nacional de Vivienda Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Instituto Mexicano de la Juventud Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Secretaría de Bienestar Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación Secretaría de Cultura Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Secretaría de Economía Secretaría de Educación Pública Secretaría de Gobernación Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Marina Secretaría de las Mujeres Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de Salud Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Secretaría de Turismo Secretaría del Trabajo y Previsión Social Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 9.1 Instituciones integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres (SNPASEVM) Secretaría de las Mujeres Secretaría de Gobernación Secretaría de Bienestar Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Fiscalía General de la República Secretaría de Educación Pública Secretaría de Cultura Secretaría de Salud Secretaría del Trabajo y Previsión Social Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones Personas titulares de los gobiernos de las entidades federativas Instituto Nacional Electoral. ___________________________________ 786 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 PROGRAMA Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030. PROGRAMA NACIONAL DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 2026-2030 1. Índice 1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo 6. Objetivos 6.1 Relevancia del objetivo 1: Impulsar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión y conectividad para asegurar el acceso incluyente, equitativo y eficiente al espectro radioeléctrico a nivel nacional. 6.2 Relevancia del objetivo 2: Promover el uso eficiente y equitativo del espectro radioeléctrico desde una perspectiva intercultural que fomente el desarrollo sostenible de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 6.3 Relevancia del objetivo 3: Mejorar la gestión del espectro radioeléctrico conforme a las necesidades y avances tecnológicos disponibles en beneficio de la sociedad mexicana. 6.4 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2025-2030. 7. Estrategias y líneas de acción 8. Indicadores y metas 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2026. 3. Siglas y acrónimos 4G: Cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil 5G: Quinta generación de tecnologías de telefonía móvil 6G: Sexta generación de tecnologías de telefonía móvil AM: Amplitud Modulada ATDT: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones CFE: Comisión Federal de Electricidad CITEL: Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CMR: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CRT: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ENDUTIH: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares Estado: Estados Unidos Mexicanos FM: Frecuencia Modulada Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 787 GHz: Gigahertz o Gigahercio IMT: International Mobile Telecommunications (Telecomunicaciones Móviles Internacionales), por sus siglas en inglés INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INPI: Instituto Nacional de Pueblos Indígenas IoT: Internet of Things (Internet de las Cosas), por sus siglas en inglés LMTR: Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión LP: Ley de Planeación Mbps: Megabits por segundo MHz: Megahertz o Megahercio OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio respectivo PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 PNER 2026-2030 o Programa: Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030 SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público TDT: Televisión Digital Terrestre TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT-R: Sector de Radiocomunicaciones de la UIT 4. Fundamento normativo El Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030 (PNER 2026-2030), es un programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND 2025-2030), cuyo propósito es el establecimiento de la política pública que oriente una administración eficiente y equitativa y de interés público del espectro radioeléctrico en México, promoviendo su utilización para el ejercicio efectivo de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la información, a la radiodifusión, a las telecomunicaciones, a banda ancha y a internet. El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales…”. Por otro lado, el artículo 26, apartado A, primer párrafo, de la CPEUM, dicta que “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”. Asimismo, el artículo 27, párrafo sexto, de la CPEUM indica que “…el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes”. El artículo 28 de la CPEUM, establece que al Ejecutivo Federal le corresponde el “elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones”. En ese sentido, el artículo 42 Ter, fracción I, de la Ley 788 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Orgánica de la Administración Pública Federal, estipula que a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) le corresponde, entre otros asuntos, formular y conducir las políticas de inclusión digital, gobierno digital, informática, tecnologías de la información, comunicación y telecomunicaciones de la Administración Pública Federal. Por tanto, el PNER 2026-2030 se alinea con el mandato conferido a la ATDT de promover el uso eficiente del espectro radioeléctrico. Asimismo, el artículo 2, párrafo cuarto, de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) establece que: “En todo momento el Estado mantendrá el dominio originario, inalienable e imprescriptible sobre el espectro radioeléctrico.” La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones1 (CRT) es un órgano administrativo desconcentrado de la ATDT, con independencia técnica, operativa y de gestión, encargado de la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico. Asimismo, la ATDT en coordinación con la CRT emitirá el PNER 2026-2030, conforme a lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9, fracción XI, y 34, párrafo segundo, de la LMTR. Por otro lado, el artículo 22 de la Ley de Planeación (LP) establece que el PND 2025-2030 deberá señalar los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán de elaborarse, sin perjuicio de aquellos cuya formulación esté prevista en otras disposiciones legales o que determine, en su caso, la persona titular del Ejecutivo Federal posteriormente. En este marco, y en observancia al “Eje general 3: Economía moral y trabajo” contenido en el PND 2025-2030, el PNER 2026-2030 es el instrumento de planeación que conducirá los esfuerzos del Estado en materia de gestión eficiente del espectro radioeléctrico para promover el bienestar, la justicia social y la sustentabilidad. Finalmente, a través del PNER 2026-2030, México reafirma su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 20302 de las Naciones Unidas, alineándose con los ODS 9 (Industria, innovación e infraestructuras), ODS 10 (Reducción de las desigualdades) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos), fomentando así la conectividad universal, el acceso a las tecnologías digitales y la cooperación internacional, así como con los principios y metas impulsados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En virtud de lo anterior, corresponde a la ATDT, en coordinación con la CRT desarrollar los objetivos, estrategias, acciones, indicadores y metas incluidos en el PNER 2026-2030, así como coordinar su integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas. 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo Introducción La ATDT, como dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, así como las de inclusión digital, conectividad y transformación tecnológica del sector público, tiene entre sus atribuciones: a) Expedir las políticas y emitir las normas, lineamientos, criterios, manuales, procedimientos y demás instrumentos para su implementación en materia de: i) Inclusión digital; ii) Tecnologías de la información, comunicación y telecomunicaciones, y iii) Cobertura universal y social de servicios de telecomunicaciones a cargo de la Administración Pública Federal, así como de conectividad en sitios públicos; b) Emitir y conducir las políticas de telecomunicaciones, satelital y de radiodifusión del Gobierno Federal; c) Planear, fijar, instrumentar y conducir las políticas y programas de cobertura universal y cobertura social de conformidad con lo establecido en la LMTR; 1 Comisión que se crea mediante la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el 16 de julio de 2025 en el DOF. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5763167&fecha=16/07/2025#gsc.tab=0 2 Secretaría de Educación Pública. (s. f.). ¿Qué es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible? Disponible en https://planeacion.sep.gob.mx/ODS4/introduccion.aspx Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 789 d) Coordinarse con la CRT para promover, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el de banda ancha e internet, y e) Emitir, en coordinación con la CRT, el PNER 2026-2030 que tendrá por objeto promover el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, con el fin de brindar mayor cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para contribuir al bienestar e interés público de la población. De conformidad con el artículo 3 de la LMTR, el espectro radioeléctrico es el “Espacio que permite la propagación, sin guía artificial, de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencias se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz”. Al igual que otros recursos de dominio público de la nación, se trata de un recurso natural, limitado y medible, utilizable para la provisión de una amplia variedad de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Estas ondas electromagnéticas no son perceptibles a la vista, pero son indispensables para la operación de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones y radiodifusión, es decir, mediante el uso del espectro radioeléctrico es que podemos disfrutar de servicios públicos como la televisión, radio Frecuencia Modulada (FM) y Amplitud Modulada (AM), telefonía celular, internet fijo, móvil y satelital, así como beneficiarnos de otras comunicaciones en aeronaves y barcos, vehículos inteligentes, dispositivos inteligentes en fábricas y minas, sensores meteorológicos y de exploración de la Tierra, entre muchos otros ejemplos. Por lo anterior, la administración eficiente del espectro radioeléctrico es crucial para atender la creciente demanda de servicios inalámbricos en sectores clave de la sociedad, ya que su aprovechamiento enfrenta desafíos que limitan su potencial como herramienta para la inclusión social, el desarrollo económico y el ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en la CPEUM. Desde esta perspectiva, la ATDT tiene un papel central en la articulación de esfuerzos institucionales sobre el uso, aprovechamiento y explotación eficiente y equitativo del espectro radioeléctrico, priorizando el bienestar social. Descripción de la situación vigente e identificación del problema público El espectro radioeléctrico es un recurso fundamental y esencial, que contribuye con el compromiso del Estado de garantizar el acceso universal a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; su adecuada gestión y aprovechamiento favorece la reducción de condiciones de marginación digital y respalda una amplia variedad de actividades clave para el desarrollo nacional en múltiples sectores: industrial, comercial, gubernamental, financiero y social, entre otros. Es así que, el presente PNER 2026-2030, busca: i) Impulsar el despliegue de infraestructura y conectividad para asegurar el acceso incluyente, equitativo y eficiente al espectro radioeléctrico para asegurar el acceso incluyente, equitativo y eficiente a nivel nacional; ii) Promover el uso eficiente y equitativo del espectro radioeléctrico desde una perspectiva intercultural que fomente el desarrollo sostenible de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, y iii) Mejorar la gestión del espectro radioeléctrico conforme a las necesidades y avances tecnológicos disponibles en beneficio de la sociedad mexicana, atendiendo a los principales problemas públicos que se identifican a continuación. 1.- Barreras que limitan el acceso al espectro radioeléctrico para el despliegue de infraestructura y conectividad en todo el país. Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024 muestran que el uso de internet ha experimentado un crecimiento ya que se estima que en 2024 hubo 100.2 millones de personas usuarias, frente a los 61.4 millones de personas usuarias en 2015, lo que representa un aumento del 63%.3 Este aumento refleja no solo una mayor cobertura 3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24_RR.pdf 790 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 de infraestructura y asequibilidad de servicios digitales, sino también una profunda transformación en los patrones de acceso a la información, comunicación y entretenimiento. La digitalización avanza como eje central del desarrollo social, educativo, económico y gubernamental. Gráfica 1. Personas usuarias de internet de 6 años y más en México. Fuente: Elaboración propia, con información de la ENDUTIH 2024.4 Este crecimiento es resultado de diversos factores, como mayor cobertura de redes móviles, reducción de costos de servicios y en dispositivos, el avance de políticas públicas orientadas a la conectividad y la creciente necesidad de interacción digital en ámbitos como la educación, el trabajo, la salud y los servicios gubernamentales. Sin embargo, este dato también obliga a observar con mayor atención las brechas persistentes: millones de personas que aún no cuentan con acceso regular o de calidad a internet, sobre todo en comunidades rurales, indígenas o en situación de pobreza. Esta disparidad se observa en las diferencias regionales en el acceso a internet, mientras que en Ciudad de México, Sonora y Nuevo León más del 83% de los hogares están conectados, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas los niveles no superan el 59%.5 Estas tres últimas entidades, según datos del INEGI 2020, concentran altos porcentajes de población indígena: 69.1% en Oaxaca, 33.1% en Guerrero y 36.7% en Chiapas, y son las entidades que presentan los mayores índices de pobreza del país, con más del 50% de su población en situación de pobreza, conforme a datos del INEGI 2024.6 Asimismo, los resultados indican que, en 2015 los hombres representaban el 50.6% de las personas usuarias de internet, mientras que las mujeres constituían el 49.4%. Para 2024, la proporción se invirtió: 52.2% de mujeres frente a 47.8% de hombres,7 lo que evidencia un incremento sostenido en la participación 4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024. Tabulados: “Usuarios de internet, según grupos de edad”. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endutih/2024/tabulados/2024_unal564.xlsx 5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025. Página 12/24. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24_RR.pdf 6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Panorama sociodemográfico de Oaxaca 2015, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/7028250 82307.pdf; INEGI, Panorama sociodemográfico de Guerrero 2015, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825 082208.pdf; INEGI, Panorama sociodemográfico de Chiapas 2015, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/7028250 82154.pdf. 7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 2015. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_03_01.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 791 femenina y una reducción de la brecha digital de género. Este avance refleja una tendencia hacia una mayor equidad en el acceso a los servicios digitales, aunque aún se requiere profundizar en el análisis de las diferencias en el tipo de uso y en la adopción de tecnologías emergentes entre mujeres y hombres. Gráfica 2. Personas usuarias de internet según su sexo en México. Fuente: Elaboración propia, con información de la ENDUTIH 2024.8 Adicionalmente, en el caso de las niñas y niños de 6 a 11 años, la proporción de usuarios se mantiene relativamente estable, al pasar de 7.1 millones de niños en 2015 (11.6% respecto a la población total) a 10 millones en 2024 (10.0% respecto a la población total).9 Este comportamiento indica que el acceso a internet a edades tempranas se ha consolidado en buena parte del territorio nacional, aunque aún existen áreas donde se requiere fortalecer la infraestructura de conectividad y la disponibilidad de servicios educativos digitales para garantizar igualdad de oportunidades desde la primera infancia. Por su parte, el grupo de adolescentes de 12 a 17 años pasó de 11.8 millones a 12.8 millones de adolescentes (19.4% a 12.8%),10 lo que refleja una redistribución del acceso entre grupos etarios más amplios. En este segmento, el fortalecimiento de las capacidades digitales en el ámbito escolar y comunitario resulta clave para asegurar un uso productivo, responsable y sostenido de las tecnologías. En contraste, los grupos de mayor edad muestran un crecimiento sostenido en su participación. Las personas de 55 a 64 años incrementaron su presencia de 2.2 millones a 9 millones de personas, mientras que las personas de 65 años y más pasaron de 900 mil a 5.8 millones,11 reflejando una mayor integración digital de las generaciones adultas y adultas mayores. Este aumento está asociado, entre otros factores, a la 8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024. Tabulados: “Usuarios de internet, según sexo”, Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endutih/2024/tabulados/2024_unal560.xlsx 9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2015, tabulados, archivo en Excel, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/dutih/2015/tabulados/unal564.xlsx; e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, tabulados, archivo en Excel, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endutih/2024/tabulados/2024_u2ur202.xlsx 10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2015, tabulados, archivo en Excel, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/dutih/2015/tabulados/unal564.xlsx; e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, tabulados, archivo en Excel, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endutih/2024/tabulados/2024_u2ur202.xlsx 11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2015, tabulados, archivo en Excel, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/dutih/2015/tabulados/unal564.xlsx; e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, tabulados, archivo en Excel, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endutih/2024/tabulados/2024_u2ur202.xlsx 792 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 migración de diversos trámites, servicios y gestiones hacia medios electrónicos, lo que ha favorecido la adopción de herramientas digitales en estos grupos y demuestra el potencial de las políticas públicas para incentivar la participación tecnológica a través de servicios digitales accesibles, sencillos y seguros. Gráfica 3. Personas usuarias de internet según grupos de edad en México. Fuente: Elaboración propia, con información de la ENDUTIH 2024.12 Los resultados evidencian un avance sostenido en la adopción de tecnologías digitales entre todos los grupos de edad, aunque también subrayan la importancia de continuar fortaleciendo las políticas públicas orientadas a la expansión de la infraestructura, el uso eficiente del espectro radioeléctrico y la alfabetización digital en zonas con menor acceso. Garantizar que niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores cuenten con condiciones equitativas de conectividad requiere mantener esfuerzos coordinados entre los distintos órdenes de gobierno, impulsar programas de inclusión digital con enfoque intergeneracional y promover el desarrollo de habilidades digitales que permitan aprovechar de manera plena los beneficios del entorno digital. Los datos de la ENDUTIH se alinean con la importancia de dar continuidad a programas como el PNER 2026-2030, instrumento clave para contribuir con el cierre de la brecha digital, ampliar la cobertura en zonas desconectadas y garantizar que el acceso a internet sea verdaderamente universal, equitativo y significativo, a partir de una política de promoción del uso eficiente del espectro radioeléctrico en México. A pesar de los avances en materia de conectividad, persiste una brecha importante para lograr la cobertura universal en México y en el acceso de la población a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en condiciones de cobertura y calidad, incluido el servicio de telefonía móvil. De acuerdo con el informe Closing Broadband Connectivity Divides for al13 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), persiste una brecha significativa en la calidad de la conectividad móvil entre zonas urbanas y rurales en los países consultados (i.e. 27 países). En promedio, los usuarios en localidades urbanas experimentaron velocidades de descarga 37.2% más altas que los usuarios en zonas rurales, con 74.5 Megabits por segundo (Mbps) en áreas urbanas frente a 54.3 Mbps en áreas rurales. En el caso de México la diferencia entre dichas áreas es de 5 Mbps, destacando que las velocidades que reportó son inferiores a los promedios de la OCDE. 12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024. Tabulados: Usuarios de internet, según grupos de edad [Archivo de Excel]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endutih/2024/tabulados/2024_unal564.xlsx 13 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2025). Closing broadband connectivity divides for all: From evidence to practice. OECD Publishing. Disponible en: https://doi.org/10.1787/d5ea99b2-en Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 793 Por su parte, aun cuando las redes 4G y 5G han avanzado, las velocidades siguen siendo mayores en áreas urbanas: la velocidad de descarga promedio 4G y 5G en ciudades o zonas urbanas fue de 74.5 Mbps y 222.6 Mbps, frente a 54.3 Mbps y 173.5 Mbps en zonas rurales, respectivamente. Además, los usuarios en ciudades también disfrutaron de un servicio más consistente: 78.3% de las pruebas mostraron buena calidad en ciudades, frente a 73.1% en zonas rurales. La velocidad de descarga en las zonas rurales obedece a que las tecnologías 4G y 5G se encuentran mayormente instaladas en las áreas urbanas, dejando a las zonas rurales con tecnologías 3G y 4G LTE, lo que implica una menor presencia de tecnología 5G y, en consecuencia, una menor velocidad de descarga, en comparación con las que se ofrecen con las tecnologías 5G. Adicionalmente, dicho reporte establece que, aproximadamente la mitad de los países encuestados (i.e. 14 países), tenían acceso a servicios de banda ancha fija capaces de proporcionar velocidades de descarga de al menos 30 Mbps para el 95% o más del total de hogares. Sin embargo, en promedio en la OCDE, solo el 78.5% de los hogares rurales tenía acceso a un servicio similar en 2023. Asimismo, en México y en otros países de la OCDE persisten importantes barreras para acceder al espectro radioeléctrico, lo cual limita el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, denotando que el acceso a internet aún no es equitativo. En este sentido, la OCDE establece que un marco regulatorio sólido, que impulse políticas que fomenten la disminución de barreras al despliegue de infraestructura, es clave para fomentar la conectividad e incentivar la inversión. Ante este panorama, es fundamental adoptar medidas que reduzcan las barreras de entrada al espectro radioeléctrico y faciliten su uso mediante esquemas resilientes, ya que garantizar un acceso equitativo, asequible y suficiente al espectro radioeléctrico no solo atendería las desigualdades actuales, sino que potenciaría el desarrollo productivo, la innovación y la sostenibilidad en las regiones más marginadas del país. Aunado a lo anterior, de acuerdo con datos proporcionados por los operadores móviles ante el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, la cobertura poblacional y territorial14 confirma que existen brechas en la cobertura de redes móviles en México, tanto en el territorio como en la población, afectando de forma más pronunciada a localidades rurales o marginadas. Lo anterior no solo limita las oportunidades de desarrollo, sino que también profundiza las desigualdades territoriales y sociales, impidiendo que el país avance hacia una inclusión digital plena y equitativa. Por otro lado, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los últimos años a través del programa Conectividad para el Bienestar, en el país hay al menos 10.2 millones de personas sin acceso a internet. La mayor parte de esta población vive en zonas con condiciones geográficas de difícil acceso que dificultan el despliegue de la infraestructura necesaria para la conectividad requerida. De manera adicional a la cobertura de internet, la infraestructura pública de radiodifusión (radio y televisión), forma parte del ecosistema que en conjunto con las telecomunicaciones permiten el acceso universal de la población a sus derechos de comunicación, información y entretenimiento. Por ello, resalta que aún existan localidades sin acceso a estos servicios. En este contexto, el espectro radioeléctrico es un insumo esencial que permite el funcionamiento de las redes móviles, y su adecuada planeación, asignación y aprovechamiento resulta clave para ampliar la cobertura en zonas marginadas, particularmente considerando la utilización de bandas de frecuencias bajas (v.gr. bandas menores a 1 GHz) que permiten un mayor alcance y penetración en áreas alejadas, mientras que la incorporación de tecnologías emergentes y esquemas de acceso compartido fortalecerá la eficiencia de este recurso. Así, una gestión integral del espectro radioeléctrico contribuirá no solo a cerrar brechas de acceso, sino también a consolidar el derecho a la conectividad para toda la población mexicana. La existencia de brechas de conectividad en diversas regiones del país, responde a múltiples factores que limitan el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Asimismo, intervienen aspectos técnicos, económicos, geográficos y sociales que dificultan la disponibilidad, calidad y asequibilidad de dichos servicios. En consistencia con lo anterior, el despliegue de infraestructura para explotar espectro radioeléctrico en zonas rurales suele presentar elevados costos de implementación debido a diversos factores, como el ser económicamente inviable para los operadores instalar y mantener infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión en ubicaciones geográficas remotas o localidades con baja densidad poblacional. 14 Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Quién es quién en Cobertura Móvil en México, 2025. Disponible en: https://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/politica-regulatoria/reporteqesq2025t1.pdf 794 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Por ello, es necesario fortalecer el marco regulatorio existente, para impulsar el despliegue de infraestructura para la conectividad y el servicio de banda ancha e internet, garantizando el acceso equitativo, seguro y sostenible a las tecnologías digitales en todo el país. Un entorno normativo claro, eficiente y orientado al interés público permitirá eliminar barreras administrativas, facilitar la inversión pública y privada, y promover la colaboración entre distintos niveles de gobierno y actores del sector. Ahora bien, con relación a los Anexos del PEF,15 el Anexo 17 de Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes,16 mediante la puesta a disposición del espectro radioeléctrico para habilitar servicios como el acceso al internet o telefonía móvil en el país, las y los jóvenes de México pueden aprovechar y beneficiarse de las TIC como un medio para acceder a capacitación y herramientas para integrarse de manera productiva al desarrollo nacional. Asimismo, una gestión eficiente del espectro radioeléctrico promueve el acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, los cuales a su vez fungen como habilitadores de otros derechos fundamentales como la educación, la salud y el acceso a la información que resultan indispensables para atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes, así como fomentar su desarrollo integral, con lo que se contribuye al Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”. El objetivo 1 del presente programa, busca “Impulsar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, así como la conectividad para asegurar el acceso incluyente, equitativo y eficiente al espectro radioeléctrico a nivel nacional”. Para ello, se plantean estrategias orientadas a poner a disposición del mercado bandas de frecuencias para uso comercial e industrial, a través de procesos de licitación que permitan mejorar la cobertura y fomentar la inversión y el desarrollo del país. También se contempla armonizar las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico conforme a estándares internacionales, así como establecer incentivos, como difundir y promover el acceso a descuentos en los pagos de derechos por el uso del espectro radioeléctrico en los términos de las disposiciones aplicables con la finalidad de atraer capital en infraestructura y expandir los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Asimismo, se promueve la participación de pequeños operadores y concesionarios sociales mediante la habilitación de frecuencias del espectro radioeléctrico específicas y un marco regulatorio adecuado que atienda sus características técnicas y de cobertura. De igual forma, se reconoce la importancia del espectro radioeléctrico para uno público, por lo que se plantean acciones para optimizar su asignación y uso por parte de entidades gubernamentales, asegurando que cuenten con la información técnica necesaria y procesos administrativos simplificados. En conjunto, estas líneas de acción buscan democratizar el acceso al espectro radioeléctrico, hacerlo sostenible y aprovecharlo de forma eficiente para fortalecer la conectividad nacional. 2.- Restricciones estructurales para el acceso al espectro radioeléctrico por parte de comunidades indígenas y afromexicanas. Actualmente existe una distribución desigual en el uso del espectro radioeléctrico que dificulta su aprovechamiento en zonas rurales, marginadas o de difícil acceso, donde los operadores comerciales tradicionales no encuentran incentivos para invertir. Esta situación genera brechas de conectividad persistentes que limitan el acceso efectivo a servicios digitales esenciales como internet o telefonía móvil. Las comunidades indígenas y afromexicanas enfrentan barreras legales, técnicas, económicas y administrativas para acceder, gestionar y operar redes propias de telecomunicaciones y estaciones de radiodifusión sostenibles. Estas barreras incluyen, entre otros aspectos, esquemas regulatorios complejos, altos costos al momento de sustanciar trámites y falta de acompañamiento institucional que limitan el ejercicio pleno de sus derechos. La ENDUTIH 2024,17 muestra cómo estas restricciones inciden directamente en las brechas de conectividad entre las zonas rurales y urbanas del país, resaltando que, en zonas rurales, el 68.5% de la población reportó hacer uso de internet, mientras que, en zonas urbanas, el 86.9% de las personas encuestadas son usuarias de internet, esto representa una brecha de 18.4 puntos porcentuales, que si bien ha disminuido respecto al año 2023 (cuando era de 19.5 puntos porcentuales), sigue siendo una brecha significativa y persistente, esto se representa en la Gráfica 4. 15 De conformidad con el artículo 2, fracción III Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los Anexos Transversales son los anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, componentes de estos y/o Unidades Responsables. 16 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Análisis de los Anexos Transversales 10, 11, 13, 14, 17 y 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación. 2025, marzo. En este apartado se retoman, de manera específica, los elementos relacionados con los Anexos 17 y 18. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/Documents/Informes/Analisis_AT_PEF.pdf 17 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2024/ Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 795 Gráfica 4. Porcentaje de personas usuarias de internet en los ámbitos rural y urbano en México. Fuente: Elaboración propia a partir de comunicados oficiales ENDUTIH: 2021-2023 en coautoría INEGI-IFT; 2024 publicado por INEGI. ENDUTIH 2024.18 A su vez, muchas comunidades indígenas y afromexicanas se localizan en zonas rurales con condiciones de marginación y han quedado excluidas de los avances tecnológicos que sí han alcanzado a comunidades más grandes o urbanas, por lo que es necesario que sean atacadas las limitaciones estructurales que enfrentan estos grupos para acceder a servicios de conectividad con condiciones equitativas. En el marco de los Anexos Transversales 10 y 14:19 “Recursos para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas” y “Garantizar Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables”, respectivamente, se reconoce como problemática la persistente brecha en el acceso de estas comunidades y grupos vulnerables a concesiones sociales y comunitarias de telecomunicaciones y radiodifusión, derivada de la ausencia de acompañamiento técnico y regulatorio, la escasez de recursos financieros, los factores estructurales como la pobreza, la marginación o la exclusión social, y la limitada disponibilidad de elementos y servicios necesarios para la instalación y operación de redes de telecomunicaciones y estaciones de radiodifusión, así como, programas de capacitación adaptados a sus necesidades e identidad cultural. Desde esta perspectiva, el objetivo 2 el cual busca “Promover el uso eficiente y equitativo del espectro radioeléctrico desde una perspectiva intercultural que fomente el desarrollo sostenible de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”. Para ello, se proponen mecanismos que faciliten el acceso a bandas de frecuencias para uso social comunitario, indígena y afromexicano, promoviendo asignaciones acordes a sus necesidades de cobertura y calidad. 18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH). 2021 [Comunicado de prensa núm. 350/22]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/OtrTemEcon/ENDUTIH_21.pdf Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2022 [Comunicado de prensa núm. 367/23]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENDUTIH/ENDUTIH_22.pdf Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023 [Comunicado de prensa núm. 372/24]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENDUTIH/ENDUTIH_23.pdf Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024 [Comunicado de prensa núm. 57/25]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24.pdf Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Comunicado de prensa [PDF]. Disponible en: https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicadodeprensa1_0.pdf 19 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Análisis de los Anexos Transversales 10, 11, 13, 14, 17 y 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación. 2025, marzo. En este apartado se retoman, de manera específica, los elementos relacionados con los Anexos 10 y 14. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/Documents/Informes/Analisis_AT_PEF.pdf 796 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Asimismo, se propone la simplificación de trámites y procesos administrativos bajo los principios de no formalismo y causa de pedir para que el acceso sea oportuno, transparente y eficiente, respetando los derechos y contextos culturales de estas comunidades. A la par, se establece la necesidad de fortalecer la autonomía tecnológica de estos pueblos mediante asesoría técnica, programas de apoyo y el desarrollo de capacidades que les permitan gestionar sus propios proyectos de radiodifusión y conectividad. A través de dichas acciones, se busca fomentar servicios operados directamente por las comunidades indígenas y afromexicanas, asegurar su sostenibilidad y garantizar que los procesos regulatorios sean accesibles, simplificados y adaptados a su realidad, promoviendo así un modelo inclusivo que reconozca el derecho de los pueblos originarios y afromexicanos a participar activamente en la construcción de sus propias redes de comunicación. 3.- Deficiencias en políticas públicas y marco regulatorio para la administración del espectro radioeléctrico. La fragmentación y rigidez del marco normativo en materia de espectro radioeléctrico que establecía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de julio de 2014 y, que a partir del 17 de octubre de 2025 quedó abrogada en términos de lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del decreto de la LMTR, el cual establece que en tanto se realizaba la integración del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, conforme al artículo Cuarto Transitorio del mismo decreto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones continuaría en funciones conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En este sentido, con el nombramiento de la persona Comisionada Presidenta de la CRT, y la conclusión del proceso de integración del Pleno de la Comisión, en términos de lo dispuesto en el artículo Cuarto Transitorio de la LMTR, se actualizó la hipótesis normativa establecida en el Sexto Transitorio del decreto. En consecuencia a partir del día siguiente a la instalación del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión Esta situación obstaculiza no sólo una gestión eficiente y equitativa del espectro radioeléctrico, sino también la incorporación de modelos innovadores de administración como el uso compartido, dinámico o local del espectro radioeléctrico, particularmente en bandas de alto potencial para la cobertura de servicios en zonas desconectadas o para el desarrollo de nuevas tecnologías de telecomunicaciones. La legislación de 2014 contempló distintos escenarios orientados a mejorar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, tales como la compartición de espectro radioeléctrico entre instituciones públicas, cesiones de derechos, arrendamiento de espectro radioeléctrico, intercambio, cambio y rescate de bandas de frecuencias. En ese sentido la adopción de nuevas tecnologías que faciliten el uso compartido, equitativo y el acceso dinámico al espectro radioeléctrico plantea un avance significativo en la gestión eficiente del espectro radioeléctrico. Sin embargo, dicha adopción de nuevas tecnologías requería la habilitación de opciones regulatorias que no se lograron implementar eficientemente debido a la rigidez regulatoria antes expuesta. En este contexto, la promulgación de la LMTR representa un avance significativo hacia la modernización de la política regulatoria de gestión eficiente y equitativa del espectro radioeléctrico. Esta nueva legislación reafirma el carácter del espectro radioeléctrico como un bien del dominio público de la Nación que constituye un recurso estratégico para el desarrollo nacional e incorpora principios orientados a facilitar su uso eficiente, inclusivo e innovador. Entre sus beneficios destaca la habilitación de esquemas regulatorios adaptativos que permitan aprovechar las capacidades tecnológicas actuales y futuras, impulsar el cierre de brechas digitales y promover la expansión de servicios de nueva generación en beneficio de la sociedad. No obstante, para optimizar la utilización del espectro radioeléctrico e incrementar la conectividad en zonas urbanas y rurales marginadas, es necesaria la identificación de alternativas regulatorias innovadoras y flexibles, como los entornos de prueba y experimentación controlados conocidos o sandboxes regulatorios,20 que permitirán fomentar la innovación tecnológica mediante el desarrollo de soluciones a problemas locales, así como la evaluación y experimentación de redes en ambientes controlados. 20 Un Sandbox Regulatorio es un entorno controlado donde las autoridades permiten experimentar nuevos productos, servicios o modelos de negocio, bajo la supervisión del regulador. Para más información consultar: https://www.oecd.org/en/publications/regulatory-sandbox- toolkit_de36fa62-en.html Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 797 Es así que, la eficiencia en el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico debe estar orientada a otorgar a las personas prestadoras de servicios y a las personas usuarias el máximo beneficio, al menor costo posible. En tal virtud, corresponde a la CRT, como órgano administrativo desconcentrado de la ATDT, encargado de la administración, regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico en nuestro país, establecer las acciones necesarias para administrar este recurso mediante la creación y regulación de métodos, procedimientos y herramientas para la óptima operación de diversas aplicaciones y servicios de radiocomunicaciones, atendiendo a la legislación nacional vigente y a la política dictada por la ATDT, para lograr un uso aún más eficiente de este recurso valioso y limitado. El objetivo 3, busca “Mejorar la gestión del espectro radioeléctrico conforme a las necesidades y avances tecnológicos disponibles en beneficio de la sociedad mexicana” para adaptarse a los avances y maximizar los beneficios sociales del uso del espectro radioeléctrico en México. Para ello, se plantean estrategias que impulsan el desarrollo de tecnologías emergentes mediante esquemas de uso compartido y acceso dinámico, además de crear entornos regulatorios controlados que faciliten la experimentación e innovación. También se promueve la participación activa de México en foros internacionales para adoptar buenas prácticas y facilitar el desarrollo y despliegue de nuevos equipos y servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Asimismo, se destaca la importancia de considerar el uso del espectro radioeléctrico para la provisión de servicios satelitales como complemento a la cobertura de redes terrestres, especialmente en zonas remotas o de difícil acceso, fomentando la emisión de marcos normativos y políticas públicas que aprovechen la capacidad satelital disponible, incluido el recurso estratégico establecido como reserva del Estado. A la par, se busca optimizar el uso de las bandas de frecuencias mediante la reorganización del espectro radioeléctrico, la actualización de las condiciones técnicas de los títulos habilitantes y la implementación de marcos normativos que garanticen un uso eficiente y equitativo, incluso en bandas de frecuencias clasificadas como espectro libre. Adicionalmente, se establecerá la necesidad de reforzar la comprobación técnica del espectro radioeléctrico para asegurar el cumplimiento de la normatividad, su utilización eficiente y el funcionamiento correcto de los servicios, a fin de su correcto aprovechamiento y evitar interferencias perjudiciales. Esto incluye modernizar los sistemas de comprobación técnica del espectro radioeléctrico, las bases de datos y los mecanismos de verificación técnica, así como proteger los servicios críticos, como lo son los clasificados como espectro protegido, mediante regulaciones específicas. En conjunto, estas acciones buscan una gestión moderna, flexible y estratégica del espectro radioeléctrico, alineada con las demandas del desarrollo digital del país y de la sociedad. En congruencia con el compromiso del Estado mexicano, de garantizar un acceso incluyente y equitativo al espectro radioeléctrico y en el marco del Anexo transversal 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”21 el objetivo 3 busca reconocer la importancia de integrar de manera transversal la perspectiva de género en las políticas públicas de telecomunicación y radiodifusión, incorporando acciones orientadas a eliminar las barreras que limitan el acceso de las mujeres a bienes y servicios de conectividad, comunicación e información. Contribución al modelo de desarrollo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación El PNER 2026-2030 se encuentra alineado con los “100 compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación” señalados en el PND 2025-2030, contribuyendo con el cierre de las brechas estructurales que reproducen la exclusión social, toda vez que se centra en la prioridad de democratizar el acceso al espectro radioeléctrico y su uso, aprovechamiento y explotación eficiente, lo que promueve la conectividad, reduce desigualdades y garantiza derechos fundamentales; todo ello, en congruencia con los principios de justicia social, soberanía tecnológica y bienestar colectivo que rigen esta nueva etapa del proyecto nacional, materializando el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos los de banda ancha e internet. La ATDT busca posicionar al espectro radioeléctrico como un activo estratégico del Estado que sea aprovechado de manera amplia, eficiente y ordenadamente, cuya gestión debe orientarse principalmente para satisfacer el interés público, y no solo a fines recaudatorios o comerciales. Con ello, se impulsa un modelo de desarrollo soberano y autosuficiente, donde la infraestructura digital esté al servicio del pueblo y del Estado, no condicionada por intereses del mercado. 21 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2025, marzo). Análisis de los Anexos Transversales 10, 11, 13, 14, 17 y 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación. En este apartado se retoman, de manera específica, los elementos relacionados con el Anexo 13. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/Documents/Informes/Analisis_AT_PEF.pdf. 798 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Forma en que se toman en consideración los Principios del Humanismo Mexicano El PNER 2026-2030 se plantea como una herramienta que incorpora los Principios del Humanismo Mexicano. Estos principios colocan al pueblo en el centro de las decisiones públicas. En esencia, el Humanismo Mexicano significa “Por el bien de todos, primero los pobres”,22 reconociendo al espectro radioeléctrico no como un bien económico, sino como un recurso estratégico del Estado destinado a garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales consagrados en la CPEUM, como el acceso a las TIC, servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, banda ancha e internet, para la consecución de ampliar la libertad de expresión y participación ciudadana, entre otros derechos. El enfoque humanista que orienta este programa busca impulsar un modelo centrado en: a. La equidad sustantiva, promoviendo el acceso y la utilización democratizada del espectro radioeléctrico por distintos casos y tipos de uso; b. La interculturalidad, al respetar y habilitar el uso del espectro radioeléctrico en condiciones acordes con la identidad cultural y las necesidades de las comunidades indígenas y afromexicanas, y c. La soberanía tecnológica, reduciendo la dependencia de actores dominantes y proponiendo un cambio sustantivo mediante la adopción de estándares y mejores prácticas en la gestión de espectro radioeléctrico. Cambios esperados Para garantizar el derecho a la conectividad en condiciones de dignidad y equidad, es necesario fortalecer la política de espectro radioeléctrico, orientándola al cierre de brechas históricas mediante un enfoque de justicia social, eficiencia tecnológica y responsabilidad del Estado, en concordancia con los principios rectores del Humanismo Mexicano. Además, la falta de una gestión eficiente del espectro radioeléctrico constituye un obstáculo crítico para lograr el acceso universal en México, es decir, la capacidad de que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios de comunicación inalámbrica, independientemente de su ubicación geográfica, contexto cultural e histórico, o situación económica. Atender este problema permitirá no solo democratizar las telecomunicaciones y la radiodifusión, sino también fomentar el desarrollo social y tecnológico, mientras se garantiza el ejercicio efectivo de los derechos humanos. A través del PNER 2026-2030, el Gobierno de México impulsa el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, reconociendo su carácter de recurso estratégico y con el objetivo de cumplir con las metas planteadas en el PND 2025-2030, centradas en el bienestar social, la inclusión digital, la cohesión territorial y la transformación productiva del país. Visión de Largo Plazo del Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico El espectro radioeléctrico constituye un pilar esencial en el desarrollo tecnológico, social y económico del país. Su gestión eficiente es vital para garantizar que los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión evolucionen de manera sostenible y equitativa, promoviendo el bienestar social y la competitividad económica. En la actualidad, debido al acelerado avance tecnológico y la creciente demanda de conectividad, resulta imprescindible contar con una visión estratégica a futuro para la gestión, administración y planificación de este insumo. Esta sección presenta una visión a largo plazo sobre la política pública asociada con la óptima gestión, administración y planificación espectral, en consistencia con los compromisos planteados en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, priorizando el cierre de brechas tecnológicas de accesibilidad, así como el impulso de la innovación tecnológica en beneficio de toda la población mexicana, con especial atención a las poblaciones más desfavorecidas y desconectadas ubicadas a lo largo del territorio nacional. En tal virtud, la visión a futuro de este Programa se centra en el fortalecimiento de un ecosistema digital nacional robusto, flexible, accesible, justo e innovador, donde el espectro radioeléctrico debe operar como una herramienta habilitadora transversal que busque asegurar el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país. 22 Presidencia de la República. (2025, 15 de abril). Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Diario Oficial de la Federación. http://sidof.segob.gob.mx/notas/5755162 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 799 Visión 2030 Hacia el año 2030, México habrá consolidado un modelo de gestión estratégica del espectro radioeléctrico, equitativo, incluyente y sustentable, como pilar fundamental para garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión e internet, reduciendo las brechas digitales y fortaleciendo el ejercicio de derechos de todas las personas, especialmente de los sectores sociales históricamente marginados. El espectro radioeléctrico será administrado con base en criterios actualizados de eficiencia tecnológica, justicia social e innovación, tomando en consideración, entre otros aspectos, los que se mencionan a continuación. Despliegue de infraestructura y uso de nuevas tecnologías, como estrategias que buscan alcanzar la conectividad universal en México. El despliegue oportuno de nuevas tecnologías, como las redes 5G, el Internet of Things (IoT) y futuras generaciones de conectividad como las redes móviles de sexta generación (6G), así como la introducción de sistemas satelitales multiórbita, resultan fundamentales para mantener a México en sintonía con las tendencias globales de innovación y transformación digital. En un entorno cada vez más interconectado y competitivo, la capacidad del país para anticipar, planificar y habilitar el uso del espectro radioeléctrico de manera ágil y eficiente constituye un elemento clave para aprovechar las oportunidades tecnológicas que emergen a nivel mundial. La visión a futuro del presente PNER 2026-2030, busca garantizar el acceso universal con la finalidad de que sea equitativo y sostenible mediante un uso eficiente y justo del espectro radioeléctrico. Para ello, se busca reducir sustantivamente la brecha de cobertura, particularmente en regiones rurales, marginadas históricamente, donde millones de personas aún carecen de conectividad básica. Esta visión reconoce que el espectro es una herramienta fundamental para ejercer los derechos fundamentales establecidos en la CPEUM. En este contexto, se impulsará un modelo que incentive la inversión en infraestructura terrestre y satelital a través de mecanismos eficaces, como la aplicación de descuentos en el pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico a cambio de obligaciones de cobertura en zonas geográficas, carreteras o caminos, conforme a lo que establezca la CRT en colaboración con la ATDT. Esta política tiene como finalidad atraer capitales y operadores al despliegue de redes de telecomunicaciones y estaciones de radiodifusión en zonas de difícil acceso, donde los costos operativos han sido una barrera estructural a lo largo de los años, así como fomentar el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Al reducir cargas regulatorias y económicas, se buscará mejorar las condiciones para que pequeños, medianos y grandes operadores coadyuven con la expansión de la conectividad nacional, contribuyendo así, con el desarrollo del país. Asimismo, se contempla la implementación de obligaciones de cobertura realistas, medibles y acordes con las capacidades técnicas y financieras de los operadores, especialmente en procesos de licitación de espectro radioeléctrico. Estas obligaciones deberán priorizar el cierre de brechas de conectividad, asegurando que existan beneficios tangibles, primordialmente para la población en localidades marginadas y rezagadas. Es así que, se buscará garantizar que el crecimiento del sector esté vinculado a compromisos de responsabilidad social y territorial, integrando criterios de justicia digital y sostenibilidad en la asignación de recursos. La meta esencial hacia 2030 es que la mayoría de las personas en México, sin importar su ubicación geográfica o situación económica, cuente con acceso efectivo en al menos un servicio de radiodifusión o telecomunicaciones. Esto implica fortalecer el entorno normativo, incentivar el despliegue de redes de telecomunicaciones y estaciones de radiodifusión con mayor alcance y fomentar modelos de acceso compartido y compromisos de cobertura en zonas marginadas. Por otro lado, la colaboración internacional es clave: la participación activa de México en organismos como la UIT o la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) permitirá alinear la planeación nacional con estándares técnicos regionales y globales, fomentar la interoperabilidad de redes de telecomunicaciones y anticipar necesidades regulatorias. Procesos regulatorios como las Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) y los trabajos desarrollados en los Grupos de Estudio del UIT-R definen las bases técnicas y normativas que permiten a los países identificar, atribuir y armonizar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para nuevos usos o servicios, garantizando que el espectro radioeléctrico esté disponible cuando se requiera para el despliegue de redes de telecomunicaciones y/o radiodifusión. De esta manera, el compromiso internacional fortalece las capacidades nacionales para promover una conectividad universal, inclusiva y sostenible. Por ello, el fortalecimiento de la conectividad nacional, requiere no sólo de acciones internas, sino también del compromiso sostenido con la agenda internacional, defendiendo los intereses estratégicos de México y alineando su planeación del espectro radioeléctrico con las mejores prácticas regionales y globales. 800 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Participación activa de comunidades indígenas y afromexicanas en la operación y gestión de sus propias redes de comunicación Este enfoque parte del reconocimiento del derecho de acceso a las TIC en condiciones de equidad, dignidad e interculturalidad. Para ello, el programa contempla la habilitación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico mediante esquemas diferenciados de acceso bajo condiciones accesibles, la simplificación administrativa para la obtención de títulos habilitantes con fines sociales para comunidades indígenas y afromexicanas, así como el acompañamiento técnico y regulatorio para fortalecer las capacidades de uso del espectro radioeléctrico a nivel local. La visión a futuro de este programa, plantea que estas comunidades dejen de ser solo usuarias para convertirse en gestoras de su propia conectividad, con redes de telecomunicaciones y estaciones de radiodifusión diseñadas, operadas y sostenidas localmente, en consistencia con sus necesidades culturales, lingüísticas y sociales. Esto implica entre otros aspectos que el Estado deberá actuar como facilitador y no como prestador dominante; una gobernanza participativa es clave para que los pueblos originarios y comunidades afromexicanas se sientan parte activa del diseño e implementación de políticas públicas. El uso de tecnologías emergentes (como el uso de energías renovables para la puesta en marcha de radioenlaces, el uso de software libre o la conectividad satelital de bajo costo) permitiría resolver retos geográficos y de dispersión poblacional, lo que posibilitará soluciones adaptadas, resilientes y sostenibles. El PNER 2026-2030 busca conducir hacia la construcción de una infraestructura institucional que reconozca el derecho de estas comunidades a operar sus propias redes de telecomunicaciones y estaciones de radiodifusión, con herramientas regulatorias diferenciadas y apoyo estatal, donde las comunidades y pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ejerzan plenamente su derecho a la comunicación y accedan inclusiva y equitativamente al espectro radioeléctrico. Asimismo, se plantea la puesta en marcha de programas permanentes de fomento a la radiodifusión y telecomunicaciones con fines sociales indígenas y afromexicanos, enfocados en revitalización lingüística, educación autónoma, periodismo indígena y producción de contenidos desde una lógica de comunicación propia. Avanzar hacia un modelo de conectividad con justicia social, territorial y cultural no es solo una necesidad técnica, es una obligación democrática. La participación activa de comunidades indígenas y afromexicanas en el ecosistema digital fortalece la soberanía tecnológica del país, diversifica los modelos de acceso y promueve un internet más humano, autónomo e intercultural. Transformación regulatoria como clave para una gestión estratégica del espectro radioeléctrico Con la mirada puesta en 2030, se vislumbra un México donde los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión sean sinónimo de eficiencia, inclusión y equidad. Esta visión parte del reconocimiento del espectro radioeléctrico como un recurso estratégico que debe ser administrado con responsabilidad, apertura y visión de futuro, para garantizar el acceso efectivo a los derechos fundamentales de todas las personas, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad. En esta ruta, uno de los pilares será incorporar enfoques tecnológicos emergentes mediante la creación de espacios colaborativos e incluyentes, que permitirán identificar necesidades reales, intercambiar conocimiento y generar conciencia sobre el uso eficiente y estratégico del espectro radioeléctrico, fortaleciendo un vínculo constructivo entre los diversos sectores que participan en el ecosistema digital nacional. Asimismo, se impulsará un marco regulatorio moderno, transparente y flexible, adaptado a los retos del presente y a las oportunidades del futuro, que contemple la implementación de diversas herramientas regulatorias, donde las empresas, operadores, instituciones y desarrolladores puedan implementar nuevas tecnologías, servicios y modelos de negocio minimizando riesgo para el mercado y para la población en general. Esta estrategia permitirá una adopción responsable de la innovación, facilitando una transición segura hacia redes más inteligentes, eficientes y resilientes. El contexto internacional juega un papel fundamental en el establecimiento de marcos regulatorios innovadores y en la identificación y uso de las mejores prácticas en materia de gestión de espectro radioeléctrico, tales como aquellas establecidas por la UIT23 y que se resumen en la Imagen 1. Asimismo, a través de la participación del Estado mexicano en foros internacionales, la gestión espectral jugará un papel muy importante en la presente visión a futuro. 23 Unión Internacional de Telecomunicaciones. (s. f.). Gestión del espectro [Recomendaciones UIT-R, serie SM]. Recuperado el 19 de marzo de 2026, de https://www.itu.int/rec/R-REC-SM/es Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 801 Imagen 1. Modelo de gestión del espectro radioeléctrico. Fuente: Elaboración propia con información de la UIT.24 Al implementar el presente modelo de gestión espectral, México buscará destacar como un país conectado con equidad, donde cada persona, sin importar su ubicación geográfica, situación socioeconómica o identidad cultural, tenga acceso a servicios de conectividad confiables y asequibles, innovadores y competitivos, en donde el espectro radioeléctrico se aproveche para fortalecer sectores estratégicos como la educación digital, telemedicina, agricultura inteligente, ciudades sostenibles y economía digital, además de que las comunidades tengan el poder de ejercer su derecho a comunicar y a participar en la vida digital en condiciones de dignidad e interculturalidad. La visión al 2030 es clara: consolidar la modernización en la gestión del espectro radioeléctrico como un catalizador para el desarrollo tecnológico y social, permitiendo su uso, aprovechamiento y explotación de manera eficiente y responsable, permitiendo la disponibilidad de múltiples servicios comprometidos con el bienestar, la justicia y la equidad para todas las personas. Visión a 20 años En el año 2046, al seguir el camino que se plantea, México podrá contar con un ecosistema digital moderno, interoperable, inteligente y adaptativo, que responda a las necesidades tecnológicas, sociales, económicas y ambientales del país. La gestión del espectro radioeléctrico será guiada por principios de justicia digital, soberanía tecnológica y sostenibilidad. Las poblaciones históricamente marginadas podrán estar plenamente incorporadas a la sociedad del conocimiento, cerrando las brechas digitales y de conectividad. En una visión a veinte años, el espectro radioeléctrico será un eje articulador de la soberanía digital del país. Su planeación se habrá integrado con las agendas de desarrollo regional, transformación digital, innovación industrial y educación, habilitando redes de telecomunicaciones inteligentes. El Estado mexicano contará con capacidades institucionales y tecnológicas sólidas para gestionar el espectro radioeléctrico como patrimonio estratégico de la Nación, asegurando un uso armonizado entre los sectores y respondiendo a nuevos desafíos globales como la gobernanza espacial, el uso sostenible de las órbitas y las nuevas tecnologías. 24 International Telecommunication Union. (2012). National spectrum management (Recommendation ITU-R SM.1047-2). https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/sm/R-REC-SM.1047-2-201209-I!!PDF-E.pdf International Telecommunication Union. (2019). Guidance on the regulatory framework for national spectrum management (Report ITU-R SM.2093-3). https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-SM.2093-3-2019-PDF-E.pdf International Telecommunication Union. (2015). Handbook on National Spectrum Management. https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/hdb/R- HDB-21-2015-PDF-E.pdf 802 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 La visión del PNER 2026-2030 se orienta a promover el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico como un recurso estratégico al servicio del bienestar social, la inclusión digital plena y el respeto a la diversidad. En este marco, se impulsa que la población no solo disponga de acceso a dispositivos e internet, sino que también desarrolle las capacidades y habilidades necesarias para su uso efectivo y significativo, a fin de garantizar que ninguna persona o comunidad quede excluida de los beneficios del desarrollo digital, en congruencia con el Programa Sectorial de la ATDT. 6. Objetivos El PNER 2026-2030 constituye una herramienta estratégica del Estado mexicano para garantizar el uso eficiente, equitativo y sostenible de este recurso clave en el desarrollo digital del país. A través del PNER 2026-2030, se busca alinear la política asociada a la gestión del espectro radioeléctrico con los retos actuales en materia de conectividad, inclusión social y adopción tecnológica, reconociendo su papel central en la expansión de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Los objetivos del PNER 2026-2030 se estructuran en torno a tres grandes líneas: i) facilitar el acceso al espectro radioeléctrico para fomentar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión y la conectividad nacional; ii) garantizar la inclusión digital de comunidades indígenas y afromexicanas mediante esquemas interculturales, y iii) modernizar la gestión del espectro radioeléctrico conforme a los avances tecnológicos. Cada objetivo se articula con estrategias y líneas de acción que buscan no solo ampliar la cobertura, sino también democratizar el acceso a las tecnologías, fortalecer la innovación y asegurar que los beneficios del ecosistema digital lleguen a todos los sectores de la población, especialmente los históricamente marginados. En ese sentido, a efecto de atender a las problemáticas planteadas con anterioridad, se establecen los siguientes objetivos: Objetivos del Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030 1.- Impulsar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, así como la conectividad para asegurar el acceso incluyente, equitativo y eficiente al espectro radioeléctrico a nivel nacional. 2.- Promover el uso eficiente y equitativo del espectro radioeléctrico desde una perspectiva intercultural que fomente el desarrollo sostenible de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 3.- Mejorar la gestión del espectro radioeléctrico conforme a las necesidades y avances tecnológicos disponibles en beneficio de la sociedad mexicana. 6.1 Relevancia del objetivo 1: Impulsar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión y conectividad para asegurar el acceso incluyente, equitativo y eficiente al espectro radioeléctrico a nivel nacional. Con este objetivo, se sientan las bases para garantizar el acceso incluyente, equitativo y eficiente al espectro radioeléctrico, a través de impulsar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión para mejorar la conectividad en todo el país. Debido a que la conectividad se ha convertido en un habilitador transversal para el acceso a múltiples derechos, tales como la educación, la salud, la información y la participación ciudadana. Asimismo, el acceso al espectro radioeléctrico para proporcionar conectividad representa un paso clave para reducir las brechas tecnológicas y sociales, especialmente en regiones donde los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión aún son limitados o inexistentes. De acuerdo con la información disponible en la ENDUTIH 2024,25 la brecha entre zonas urbanas y rurales que cuentan con servicios de telecomunicaciones e internet es de 38.4 puntos porcentuales, es decir, mientras que en las áreas urbanas la cobertura alcanza el 99.72%, en las rurales se reduce al 61.32%. Esta problemática también se refleja en el acceso a servicios de telefonía móvil, ya que, en zonas con menos de 2,500 habitantes, el 68% de la población cuenta con teléfono celular, lo que implica que al menos 7.5 millones de personas que viven en zonas rurales permanecen privadas del derecho fundamental de acceso a las telecomunicaciones a través de redes móviles de telefonía, las cuales hacen uso del espectro radioeléctrico para proveer dichos servicios. 25 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2024/ Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 803 Adicionalmente, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (2022),26 los hogares ubicados en el decil 1 de ingresos destinan $349 pesos mensuales a servicios fijos de telecomunicaciones, lo que representa el 6.9% de su ingreso total. En contraste, los hogares del decil diez destinan $747 pesos mensuales, lo que apenas representa el 1% de su ingreso. Esta disparidad evidencia que el problema no radica únicamente en la cobertura del servicio a partir de la disponibilidad de infraestructura, sino en su asequibilidad, particularmente para los sectores más vulnerables. El acceso incluyente, equitativo y eficiente a los servicios de radiodifusión sigue enfrentando desafíos, a pesar de los avances registrados en cobertura. En el caso del servicio de radiodifusión sonora de AM, se alcanza una cobertura del 95.96% de la población, lo que significa que un 4.04% aún permanece sin acceso al servicio. Mientras que el servicio de radiodifusión sonora en FM cubre al 93.51% de la población, mientras que la Televisión Digital Terrestre (TDT) registra una cobertura del 92.91%.27 Estas cifras evidencian que, si bien se cuenta con una base significativa, es necesario implementar acciones que garanticen el acceso universal a estos servicios fundamentales, asegurando un uso eficiente del espectro radioeléctrico para la radiodifusión en México. La situación es aún más crítica en las comunidades rurales, históricamente desatendidas por operadores de capital privado ante la falta de incentivos económicos para invertir en infraestructura. Ello ha derivado en servicios de telecomunicaciones y radiodifusión deficientes, tarifas elevadas y una limitada oferta competitiva. En muchos casos, aunque la infraestructura existe, los costos del servicio resultan prohibitivos para una parte significativa de la población. Esta dinámica de exclusión digital profundiza las desigualdades sociales y territoriales. Todas las cifras anteriores demuestran la existencia de múltiples barreras, tanto socioeconómicas como culturales, que impiden un acceso incluyente, equitativo y eficiente a los beneficios de la conectividad digital inalámbrica para toda la población, en especial para las comunidades que históricamente han sido rezagadas. En este contexto, una de las principales aportaciones de este objetivo consiste en promover el uso, aprovechamiento y/o explotación del espectro radioeléctrico para uso comercial, público y social, lo cual permitirá atender a diversos sectores bajo esquemas diferenciados pero complementarios. Desde el impulso de licitaciones de bandas de frecuencias para operadores móviles para ofrecer servicios en zonas urbanas y rurales, hasta la habilitación de frecuencias específicas para pequeños operadores o concesionarios comunitarios, se busca establecer mecanismos que incentiven la inversión y la sostenibilidad de proyectos, contribuyendo al desarrollo de redes de telecomunicaciones y estaciones de radiodifusión que impulsen la productividad, la innovación y la digitalización del país. Además, el objetivo contempla acciones específicas para garantizar que el uso del espectro radioeléctrico sea eficiente y sostenible, mediante la armonización internacional de bandas de frecuencias, la reducción de cargas administrativas y la promoción de condiciones técnicas adecuadas para cada tipo de usuario. Es así que el presente objetivo promueve una visión de gobierno enfocada hacia los derechos sociales del pueblo de México, la renovación tecnológica e inclusión digital durante la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. En ese sentido, la ATDT promueve el uso del espectro radioeléctrico como un medio estratégico para extender los servicios digitales de manera universal, reforzando la visión de un país en transformación; en donde el espectro deja de ser un medio solo para la explotación comercial, convirtiéndose en una herramienta de justicia social, democracia tecnológica y desarrollo inclusivo, en sintonía con el compromiso 88 “Garantizaremos el acceso a Internet” de los 100 compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.28 6.2 Relevancia del objetivo 2: Promover el uso eficiente y equitativo del espectro radioeléctrico desde una perspectiva intercultural que fomente el desarrollo sostenible de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. A través del presente objetivo, se busca garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a acceder y gestionar sus propios medios de comunicación. En un país como México, caracterizado por su diversidad cultural, es indispensable garantizar que estos grupos tengan condiciones equitativas para participar en el ecosistema digital, tanto como usuarios como gestores de redes y emisores de contenidos. Este objetivo plantea la necesidad de habilitar el espectro radioeléctrico para fines sociales indígenas y afromexicanos, permitiendo que estas comunidades cuenten con las herramientas técnicas necesarias que fortalezcan su identidad, lengua, autonomía y desarrollo local. 26 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH) 2022. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/ 27 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares (ENDUTIH) 2024. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2024/ 28 Gobierno de México. 100 compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. 2024. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/964733/100_compromisos.pdf 804 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Según la ENDUTIH 2024, el 68.5% de la población rural hace uso de internet, frente al 86.9% en zonas urbanas, lo que representa una brecha de 18.4 puntos porcentuales, afectando aún más en comunidades con alta presencia indígena, donde apenas el 46.37% cuenta con cobertura de acceso a estos servicios. Aunque esta brecha se ha reducido respecto a 2023, sigue siendo significativa y revela un patrón persistente de exclusión. Esta desigualdad afecta de manera desproporcionada a comunidades indígenas y afromexicanas, que en su mayoría habitan territorios rurales con altos niveles de marginación y han sido históricamente desatendidas por los operadores comerciales tradicionales, quienes no encuentran incentivos para invertir en estas regiones. Frente a este contexto, el presente objetivo propone asegurar que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tengan acceso equitativo al espectro radioeléctrico. Las estrategias planteadas buscan eliminar las barreras existentes a través de tres vías principales: i) facilitar el acceso a bandas de frecuencias con fines sociales e indígenas; ii) simplificar trámites y procesos administrativos para otorgamiento de concesiones, y iii) fortalecer la autonomía tecnológica de estas comunidades mediante asesoría técnica, programas de apoyo y formación de capacidades. Al fortalecer la autonomía de estas comunidades, se busca impulsar no solo la creación de proyectos sostenibles de telecomunicaciones y radiodifusión, sino también el ejercicio pleno del derecho a la comunicación y a la información, asegurando que dichas comunidades no solo accedan a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, sino que también participen activamente como gestores de sus propios medios de comunicación, fortaleciendo así su autonomía, identidad cultural y derechos colectivos conforme a la visión estratégica del Segundo piso de la Cuarta Transformación. En ese sentido, se pretende contribuir a través de una visión más justa e inclusiva del desarrollo digital en México, convirtiendo el espectro radioeléctrico en un bien público al servicio de todos los sectores sociales, reconociendo así la pluralidad de voces y realidades del país, así como a través del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, la reducción de desigualdades sociales y territoriales, y la ampliación de la cobertura de servicios básicos de comunicación como parte del bienestar social planteado en el compromiso 18 “Reconocimiento a derechos y justicia a pueblos indígenas”, de los 100 compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.29 6.3 Relevancia del objetivo 3: Mejorar la gestión del espectro radioeléctrico conforme a las necesidades y avances tecnológicos disponibles en beneficio de la sociedad mexicana. En un entorno en donde la demanda de conectividad y transmisión de datos aumenta exponencialmente, se considera fundamental poder contar con mecanismos ágiles, eficientes y flexibles que permitan aprovechar al máximo el espectro radioeléctrico. Contar con marcos regulatorios actualizados es fundamental para acelerar la adopción de nuevas tecnologías y mejorar el acceso de la población a servicios de conectividad. La OCDE destaca que marcos regulatorios e institucionales sólidos son condición necesaria para el despliegue de redes de telecomunicaciones, nuevas estaciones de radiodifusión y la expansión de servicios digitales, subrayando la importancia de la disponibilidad oportuna de espectro radioeléctrico y de regulaciones eficientes para impulsar nuevos despliegues, beneficiando especialmente a comunidades rurales y sectores productivos.30 De manera complementaria, la UIT subraya que la planificación prospectiva y la actualización del marco regulatorio son herramientas esenciales para evitar que el espectro permanezca subutilizado y se retrase el despliegue de nuevas tecnologías. Asimismo, recomienda aplicar procesos de reordenamiento y planificación del espectro que permitan liberar oportunamente las bandas y habilitar el ingreso de tecnologías móviles como 4G, 5G y sistemas inalámbricos de nueva generación.31 Si bien el marco previo ya contemplaba mecanismos como la compartición entre instituciones públicas, el arrendamiento, la cesión de derechos y el uso secundario, su implementación se veía limitada por procesos regulatorios complejos, falta de esquemas adaptativos y una respuesta normativa rezagada frente a la evolución tecnológica. Esta situación generó cuellos de botella para el desarrollo de soluciones innovadoras orientadas a cerrar brechas de conectividad, especialmente en regiones con baja densidad poblacional, donde el mercado no encuentra incentivos de inversión, además, persisten bandas de frecuencia fragmentadas u ocupadas por tecnologías obsoletas y trámites que retrasan despliegues de infraestructura. 29 Gobierno de México. 100 compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. 2024. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/964733/100_compromisos.pdf 30 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2025). Closing broadband connectivity divides for all. Disponible en https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/05/closing-broadband-connectivity-divides-for-all_17ee89fa/d5ea99b2- en.pdf 31 Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sector de Radiocomunicaciones. (2025). Methods for determining national long-term strategies for spectrum utilization (Report ITU-R SM.2015-3). Disponible en https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-SM.2015-3-2025- PDF-E.pdf Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 805 En contraste, la LMTR introduce un enfoque renovado para la gestión del espectro radioeléctrico, alineado con las necesidades actuales y los avances tecnológicos disponibles, ya que promueve una regulación más flexible, eficiente e innovadora, orientada a maximizar su aprovechamiento en beneficio de la sociedad mexicana, impulsando la conectividad, la inclusión digital y el despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. A través del presente objetivo se busca crear las condiciones necesarias para facilitar la experimentación a través del fomento de la innovación, así como mediante la adopción de tecnologías emergentes, asegurando la competitividad y capacidad de respuesta en congruencia con los avances tecnológicos del sector. También, se reconoce la importancia de impulsar el uso del espectro radioeléctrico para la conectividad a través de redes satelitales, especialmente en regiones remotas o de difícil acceso. Esta visión integral no solo favorece la cobertura geográfica, sino que también permitirá atender necesidades críticas como la disponibilidad de servicios digitales de emergencia, salud o educación. La actualización de sistemas, la digitalización de bases de datos y la implementación de prácticas internacionales contribuirán a una administración más ordenada, eficiente y transparente del espectro radioeléctrico. De esta manera, se protegerá su integridad como bien estratégico del Estado y se asegurará que los distintos tipos de usuarios puedan hacer uso del espectro radioeléctrico en condiciones técnicas adecuadas. La participación de México en foros internacionales también se vuelve fundamental para armonizar el uso del espectro radioeléctrico con estándares globales y regionales, facilitando el desarrollo tecnológico nacional y la interoperabilidad de nuevos dispositivos. Esto es clave para reducir costos, acelerar despliegues y ampliar la oferta de servicios en beneficio de la población. En este sentido, el presente objetivo se encuentra en sintonía con el modelo de desarrollo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación al plantear, a través de las estrategias y líneas de acción asociadas, el uso compartido del espectro radioeléctrico, la flexibilización de los marcos regulatorios y la incorporación de nuevas tecnologías en su vigilancia, generando una apuesta por la justicia digital como pilar del bienestar y el camino para transitar hacia un modelo de desarrollo adaptado a las realidades sociales y tecnológicas del país, en línea con el compromiso 33 “México será potencia tecnológica y de innovación” de los 100 compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.32 6.4 Vinculación de los objetivos del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2025-2030 La vinculación del presente Programa con el PND 2025-2030 es fundamental, ya que comparten el objetivo de fortalecer la infraestructura del país como palanca para el desarrollo económico y la inclusión social. Esta coordinación permitirá articular políticas públicas más integrales y coherentes, asegurando que la gestión del espectro radioeléctrico contribuya directamente a los compromisos nacionales de conectividad universal, innovación tecnológica y fortalecimiento de capacidades en beneficio de la sociedad. Objetivos del Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 1. Impulsar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y conectividad para asegurar el acceso incluyente, equitativo y eficiente al espectro radioeléctrico a nivel nacional Objetivo 3.8. Garantizar el acceso efectivo a las telecomunicaciones y la radiodifusión e Internet mediante el despliegue de infraestructura adecuada y la provisión de servicios de conectividad accesibles, eficientes y de calidad para toda la población. Estrategia 3.8.1. Promover proyectos para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, la provisión de servicios, asegurando certeza jurídica, técnica y financiera, con el objetivo de ampliar la conectividad a toda la población. 2. Promover el uso eficiente y equitativo del espectro radioeléctrico desde una perspectiva intercultural que fomente el desarrollo sostenible de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Objetivo T3.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, asegurando su libre determinación y autonomía conforme a la Constitución y los instrumentos internacionales. Estrategia T3.1.2. Armonizar y adecuar el marco constitucional, legal e institucional en los tres órdenes de gobierno para garantizar el reconocimiento, respeto e implementación efectiva de los derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en todos los ámbitos del Estado. 32 Gobierno de México. 100 compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. 2024. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/964733/100_compromisos.pdf 806 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivos del Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 3. Mejorar la gestión del espectro radioeléctrico conforme a las necesidades y avances tecnológicos disponibles en beneficio de la sociedad mexicana. Objetivo T2.4. Impulsar la investigación colaborativa, el desarrollo tecnológico y la innovación en sectores estratégicos, con el objetivo de convertir a México en una potencia científica y tecnológica soberana, orientada hacia un desarrollo con bienestar y prosperidad. Este enfoque promoverá la formación científica, la generación de conocimiento y la transferencia tecnológica con visión humanista, contribuyendo al progreso integral del país. Estrategia T2.4.2. Promover el desarrollo tecnológico mediante la maduración y escalamiento de tecnologías alineadas con las prioridades regionales y nacionales, asegurando la independencia tecnológica y contribuyendo al bienestar social. 7. Estrategias y líneas de acción Las estrategias y líneas de acción del PNER 2026-2030 constituyen el núcleo operativo del programa, ya que traducen los objetivos generales en acciones específicas, medibles y orientadas a resultados. Estas estrategias han sido diseñadas con un enfoque integral que considera las necesidades tecnológicas, sociales, culturales y económicas del país, asegurando que el espectro radioeléctrico se gestione como un recurso estratégico para impulsar la conectividad, la inclusión digital y el desarrollo sustentable. Objetivo 1. Impulsar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, radiodifusión y conectividad para asegurar el acceso incluyente, equitativo y eficiente al espectro radioeléctrico a nivel nacional. Estrategia 1.1 Poner a disposición espectro radioeléctrico para uso comercial a fin de contribuir a la cobertura universal. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (Instituciones coordinadas) 1.1.1 Impulsar el servicio de acceso inalámbrico a través de procesos de licitación de espectro radioeléctrico. CRT 1.1.2 Identificar y armonizar bandas de frecuencias para telecomunicaciones móviles internacionales, mediante la participación y coordinación en los trabajos y estudios realizados a nivel internacional. CRT 1.1.3 Fomentar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión cuando los concesionarios a cambio de cobertura accedan a descuentos en los pagos de derechos del espectro radioeléctrico, en el ámbito de sus respectivas competencias. ATDT, CRT, SHCP Estrategia 1.2 Poner a disposición espectro radioeléctrico para redes inteligentes e industriales. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.2.1 Impulsar el despliegue de redes industriales a través de procesos de licitación de espectro radioeléctrico CRT 1.2.2 Facilitar el acceso al espectro radioeléctrico a industrias u otros sectores productivos para sus necesidades particulares mediante el otorgamiento de autorizaciones para el uso de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. CRT Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 807 Estrategia 1.3 Fomentar el uso de bandas de frecuencias para pequeños operadores y concesionarios sociales que permitan su acceso y sostenibilidad. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.3.1 Habilitar bandas de frecuencias para pequeños operadores y concesionarios de uso social (social comunitario) mediante el análisis de disponibilidad espectral. CRT 1.3.2 Promover la asignación de espectro radioeléctrico acorde con las necesidades de capacidad, cobertura y las tecnologías empleadas por pequeños operadores y concesionarios de uso social comunitario. CRT 1.3.3 Promover el uso de bandas de frecuencias para pequeños operadores y concesionarios de uso social (social comunitario) mediante la emisión de un marco regulatorio específico. CRT Estrategia 1.4 Promover el uso eficiente de espectro radioeléctrico para uso público a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y necesidades en beneficio de la población. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 1.4.1 Promover la asignación y el uso ordenado del espectro radioeléctrico para uso público, mediante la identificación de necesidades, la planeación de frecuencias y la coordinación institucional, para satisfacer sus funciones esenciales en la prestación de servicios públicos a la población. ATDT, CRT 1.4.2 Asegurar que las dependencias y entidades públicas cuenten con el conocimiento técnico necesario que promueva el acceso y uso eficiente del espectro radioeléctrico para uso público, mediante la difusión de información. ATDT, CRT 1.4.3 Optimizar los procesos para el otorgamiento de concesiones de espectro radioeléctrico para uso público, mediante la simplificación de requisitos, digitalización de trámites y reducción de tiempos de resolución. CRT Objetivo 2. Promover el uso del espectro radioeléctrico desde una perspectiva intercultural que fomente el desarrollo sostenible de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Estrategia 2.1 Identificar mecanismos para facilitar el acceso al espectro radioeléctrico a proyectos de telecomunicaciones y radiodifusión para uso social indígena y afromexicano. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.1.1 Habilitar bandas de frecuencias para uso social indígena y social afromexicano mediante el análisis de disponibilidad espectral. CRT 2.1.2 Promover la asignación de espectro radioeléctrico con fines de uso social indígena y social afromexicano, que les permita prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, mediante el establecimiento de mecanismos de colaboración entre instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias. CRT, INPI 2.1.3 Promover el uso de bandas de frecuencias para proyectos sociales indígena y sociales afromexicanos mediante la emisión de un marco regulatorio flexible. CRT 808 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 2.2 Fortalecer la autonomía tecnológica de las comunidades indígenas y afromexicanas para el desarrollo de proyectos de radiodifusión y conectividad sostenibles. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.2.1 Fomentar la prestación de servicios de radiodifusión por parte de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante la implementación de programas específicos, en el ámbito de sus respectivas competencias. ATDT, CRT, INPI 2.2.2 Impulsar el fortalecimiento de capacidades en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante asesoría técnica y regulatoria, para que desarrollen proyectos de redes de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión y accedan a conectividad, en el ámbito de sus respectivas competencias. ATDT, CRT, INPI 2.2.3 Promover la sostenibilidad de proyectos de redes de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión mediante programas y medidas de apoyo con carácter regulatorio que aseguren su operación continua y eficiente. ATDT, CRT 2.2.4 Optimizar los procesos administrativos, incluidos los procedimientos para el otorgamiento de concesiones de espectro radioeléctrico para uso social indígena y afromexicano, mediante la simplificación de requisitos, digitalización de trámites y reducción de tiempos de resolución. CRT Objetivo 3. Mejorar la gestión del espectro radioeléctrico conforme a las necesidades y avances tecnológicos disponibles en beneficio de la sociedad mexicana. Estrategia 3.1 Impulsar esquemas innovadores y de experimentación para el desarrollo de tecnologías emergentes. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.1.1 Fomentar el acceso dinámico y el uso compartido del espectro radioeléctrico mediante la emisión de un marco regulatorio que habilite nuevos esquemas de asignación y modalidades de uso eficiente y flexible del espectro radioeléctrico. CRT 3.1.2 Impulsar un entorno regulatorio que facilite la innovación tecnológica mediante mecanismos de uso del espectro radioeléctrico en ambientes de prueba controlados. CRT 3.1.3 Promover el desarrollo tecnológico, a través de pruebas y estudios de equipos de telecomunicaciones y radiodifusión a fin de evaluar los últimos avances tecnológicos y finalmente de conformidad con los artículos 271 y 272 de la LMTR, la evaluación de la conformidad y homologación de éstos mediante Disposiciones técnicas, lo cual promueve el desarrollo tecnológico, económico y la calidad en la producción de equipos de telecomunicaciones y radiodifusión que se utilizarán en el país, fomenta el uso eficiente del espectro radioeléctrico, mejores servicios para los usuarios, el comercio nacional e internacional y protege los objetivos legítimos de interés general CRT 3.1.4 Impulsar la innovación en la gestión del espectro radioeléctrico y la adopción de nuevas tecnologías mediante la participación activa de México en foros internacionales relevantes. CRT Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 809 Estrategia 3.2 Fomentar el desarrollo de capacidades en materia de espectro radioeléctrico que promueva la inclusión de todos los sectores de la población a la sociedad digital. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.2.1 Impulsar la innovación en el sector por parte de estudiantes y jóvenes profesionales mediante la creación de espacios de difusión, experimentación y aprendizaje sobre el espectro radioeléctrico. CRT 3.2.2 Fomentar vocaciones en ciencia y tecnología entre niñas, niños y adolescentes a través del diseño de materiales y actividades que promuevan el conocimiento básico del espectro radioeléctrico y sus aplicaciones tecnológicas. CRT 3.2.3 Incentivar proyectos que incluyan medidas que promuevan la igualdad de género, mediante criterios e incentivos asociados a los mecanismos de asignación y uso del espectro radioeléctrico que garanticen igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. CRT 3.2.4 Fomentar la participación de grupos en situación de vulnerabilidad en los procesos de solicitud y uso del espectro radioeléctrico mediante asesorías, materiales informativos accesibles y acciones de acompañamiento técnico adaptadas a sus contextos. CRT Estrategia 3.3 Fortalecer la inclusión de espectro radioeléctrico para servicios satelitales con el fin de complementar la cobertura de redes terrenales. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.3.1 Fomentar la introducción de nuevas tecnologías en materia satelital, particularmente útiles para servicios críticos o entornos sin cobertura de redes terrenales, a través de la emisión de marcos regulatorios necesarios. CRT 3.3.2 Promover el desarrollo y la innovación de servicios móviles al facilitar un entorno apto para realizar pruebas de sistemas de conectividad directa entre estaciones de los servicios móvil y móvil por satélite CRT 3.3.3 Impulsar el uso y aprovechamiento de la capacidad satelital como reserva del Estado mediante un marco regulatorio enfocado al cierre de las brechas de conectividad. ATDT, CRT 3.3.4 Atribuir y armonizar bandas del espectro radioeléctrico para servicios satelitales y despliegue de sus aplicaciones, en concordancia con los trabajos realizados a nivel internacional. CRT 810 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 3.4. Fomentar la optimización de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico a fin de mejorar la prestación y calidad de los servicios de telecomunicaciones. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.4.1 Promover el uso eficiente del espectro radioeléctrico, mediante estudios y mecanismos regulatorios de optimización y reorganización de bandas de frecuencias. CRT 3.4.2 Impulsar la transición al régimen vigente de concesión, autorización o constancia de registro, mediante el establecimiento de los mecanismos necesarios para actualizar los títulos habilitantes que correspondan. CRT 3.4.3 Facilitar la operación adecuada de sistemas que operan en bandas de frecuencias clasificadas como espectro libre, mediante la implementación de un marco regulatorio y parámetros técnicos de operación que aseguren su utilización eficiente y acorde con el desarrollo tecnológico. CRT Estrategia 3.5. Reforzar las actividades relacionadas con el monitoreo y vigilancia del espectro radioeléctrico a fin de garantizar su uso eficiente y libre de interferencias perjudiciales. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 3.5.1 Promover el desarrollo continuo de acciones de vigilancia y comprobación técnica del espectro radioeléctrico, mediante la emisión de planes anuales de trabajo. CRT 3.5.2 Promover el uso de nuevas tecnologías en las acciones de vigilancia y comprobación técnica del espectro radioeléctrico mediante el aprovechamiento de la evolución tecnológica y las mejores prácticas en la materia CRT 3.5.3 Impulsar la mejora en la gestión del espectro radioeléctrico mediante la optimización y actualización de sistemas y bases de datos que permitan garantizar la transparencia, disponibilidad y calidad de la información para la toma de decisiones. CRT 3.5.4 Robustecer la protección de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión considerados como críticos, mediante la emisión, actualización y aplicación de disposiciones técnicas y medidas de protección del espectro, a fin de prevenir interferencias perjudiciales en bandas identificadas como espectro protegido. CRT 8. Indicadores y metas La definición de indicadores y metas en el PNER 2026-2030 es un componente clave para asegurar el seguimiento, evaluación y mejora continua de las acciones previstas. Estos elementos permitirán medir de manera objetiva el avance en la política de gestión del espectro radioeléctrico, así como el impacto real que las estrategias y líneas de acción generan en términos de acceso, cobertura, inclusión, eficiencia e innovación tecnológica. Al establecer parámetros claros y cuantificables, el PNER 2026-2030 fortalece la rendición de cuentas, promueve la transparencia institucional y facilita la toma de decisiones basada en evidencia. Con ello, se asegura que el PNER 2026-2030 mantenga su relevancia y eficacia como política pública orientada al desarrollo digital sostenible e inclusivo. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 811 Indicador 1.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 1.1 Cantidad de espectro radioeléctrico puesta a disposición para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales a nivel nacional Objetivo Objetivo 1. Impulsar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, radiodifusión y conectividad para asegurar el acceso incluyente, equitativo y eficiente al espectro radioeléctrico a nivel nacional. Definición o descripción Mide la cantidad de espectro radioeléctrico puesto a disposición para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales en el país, a través de procesos de licitación o mecanismos de asignación de bandas de frecuencias durante el periodo 2025-2030. Derecho asociado Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información 1er semestre del año siguiente al periodo de recolección de los datos Unidad de medida MHz Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance CRT Método de cálculo Observaciones La variable inicial del método de cálculo para el año 2025 es 695 MHz. Los demás valores deberán ser consistentes con la cantidad de MHz adicionales puestos a disposición para las IMT durante el periodo de medición. No se contabilizarán los MHz que se hayan puesto a disposición en años anteriores al periodo 2025-2030. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Cantidad de MHz adicionales puestos a disposición para las IMT en el año de medición (EIMT(t)) Valor variable 1 695 MHz, para el año 2025. Para años adicionales el valor corresponderá al puesto a disposición para las IMT. Fuente de información variable 1 CRT Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 695 MHz Se toma en consideración la cantidad de espectro radioeléctrico asignado al mercado para las IMT hasta el 31 de diciembre de 2025. Para el año 2025 el resultado será 0, ya que no hay un aumento aún de la cantidad de espectro, por lo que a partir de considerar el año 2026 se mostrará el aumento total, el cual proviene de la suma de la línea base más el avance anual Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 1095 MHz Se planea poner a disposición 400 MHz adicionales para las IMT en el 2030. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA 645 MHz 695 MHz METAS 2026 2027 2028 2029 2030 765 MHz 805 MHz 905 MHz 1005 MHz 1095 MHz 812 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 1.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 1.2 Incremento en la proporción de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión asociada con el uso, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y desplegada en zonas desatendidas. Objetivo Objetivo 1. Impulsar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, radiodifusión y conectividad para asegurar el acceso incluyente, equitativo y eficiente al espectro radioeléctrico a nivel nacional. Definición o descripción Mide el avance anual en el despliegue de infraestructura adicional de telecomunicaciones y radiodifusión asociada con el uso, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico en zonas desatendidas, considerando radio bases, kilómetros de fibra óptica, transmisores u otra infraestructura relevante. Derecho asociado Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones Derecho de acceso a la información Derecho a la libertad de expresión Derecho de acceso a las telecomunicaciones y radiodifusión Nivel de desagregación Desagregación geográfica: zonas desatendidas Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulativo Disponibilidad de la información Primer trimestre del año siguiente al periodo de recolección de los datos Unidad de medida Proporción de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión basada en el número absoluto de unidades desplegadas (se define dependiendo de la infraestructura desplegada) Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance ATDT CRT Método de cálculo Observaciones La infraestructura de telecomunicaciones de telecomunicaciones desplegada podrá ser medida en números absolutos, por ejemplo, cantidad de estaciones o kilómetros de fibra óptica, entre otros. Se sugiere incorporar también infraestructura de radiodifusión (p. ej., estaciones transmisoras AM/FM/TV, repetidoras o sistemas radiantes), reportándose por separado de la infraestructura de telecomunicaciones (p. ej., estaciones base, km de fibra), a fin de evitar la agregación de unidades no comparables. El indicador podrá incorporar datos desagregados por tipo de operador si la fuente de información lo permite. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Sumatoria de la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión adicional desplegada en zonas desatendidas desde el cierre del año base (ΣIAD) Valor variable 1 ND Fuente de información variable 1 ATDT / CRT Nombre variable 2 Total, de Infraestructura reportada en zonas desatendidas al cierre del año base (TIR) Valor variable 2 ND Fuente de información variable 2 ATDT / CRT Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor NA 2025 Será la base inicial para la variable TIR. A partir de 2027, se podrá calcular el valor porcentual del indicador. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 30% Este porcentaje corresponde al incremento de infraestructura adicional proyectado en zonas desatendidas para el año 2030. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA NA NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 N/D 7.5% 15% 22.5% 30% Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 813 Indicador 2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.1 Porcentaje de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas atendidas con programas y acciones para el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones y radiodifusión Objetivo Objetivo 2. Promover el uso eficiente y equitativo del espectro radioeléctrico desde una perspectiva intercultural que fomente el desarrollo sostenible de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas Definición o descripción Cuantifica el porcentaje de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas atendidos con programas y acciones para el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones y radiodifusión mediante asesoría, acompañamiento y medidas de apoyo en la implementación de proyectos sostenibles, para el uso eficiente del espectro radioeléctrico. Derecho asociado Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas Derecho de acceso a la información Derecho a la libertad de expresión Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación Derecho de acceso a las telecomunicaciones y radiodifusión Nivel de desagregación Nacional ● Pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información 1er trimestre del año siguiente al periodo de recolección de los datos Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance ATDT / CRT Método de cálculo Observaciones Se contabilizan pueblos y comunidades atendidas mediante talleres, jornadas, asesorías o materiales informativos relacionados con el uso de espectro radioeléctrico para estos pueblos y comunidades. Se busca un crecimiento progresivo, priorizando regiones con rezagos mayores en conectividad. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Número de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas atendidas con acciones de información sobre el uso de espectro. (No. PCIA Atendidas) Valor variable 1 NA Fuente de información variable 1 ATDT / CRT Nombre variable 2 Total, de pueblos y comunidades reconocidos por el INPI. (Total PCIA INPI) Valor variable 2 72 pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas Fuente de información variable 2 INPI Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor NA 2025 será la base inicial para la variable Total PCIA INPI. A partir de 2027, se podrá calcular el valor porcentual del indicador Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 30% Universo de referencia: 72 pueblos y comunidades (Total PCIA INPI). Por tanto, la meta 2030 del 30% equivale a 22 pueblos/comunidades atendidas. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA NA NA NA NA NA NA NA METAS 2026 2027 2028 2029 2030 ND 7.5% (6 Pueblos) 15% (12 Pueblos) 22.5% (18 Pueblos) 30% (22 Pueblos) 814 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 3.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 3.1 Porcentaje de programas y acciones para la implementación de espacios destinados a la difusión, experimentación y aprendizaje en materia de espectro radioeléctrico concluidos con respecto a la meta planeada para 2030. Objetivo Objetivo 3. Mejorar la gestión del espectro radioeléctrico conforme a las necesidades y avances tecnológicos disponibles en beneficio de la sociedad mexicana. Definición o descripción Cuantifica el porcentaje de programas y acciones para la implementación de espacios destinados a la difusión, experimentación y aprendizaje en materia de espectro radioeléctrico para impulsar el desarrollo de habilidades y capacidades técnicas y tecnológicas. Derecho asociado Derecho de acceso a la información Derecho a la libertad de expresión Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación Derecho de acceso a las telecomunicaciones y radiodifusión Nivel de desagregación Nacional ● Grupos vulnerables ● Jóvenes ● Niñas, niños y adolescentes ● Mujeres y hombres Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información 1er trimestre del año siguiente al periodo de recolección de los datos Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance CRT Método de cálculo Observaciones NA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Programas y acciones para la implementación de espacios destinados a difusión, experimentación y aprendizaje concluidos. (PAIE concluidos) Valor variable 1 NA Fuente de información variable 1 CRT Nombre variable 2 Programas y acciones para la implementación de espacios destinados a difusión, experimentación y aprendizaje planeados para el año 2030. (PAIE planeados a 2030) Valor variable 2 5 Fuente de información variable 2 CRT Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 La línea base se reporta en 0 al no existir en el año 2025 programas y acciones para la implementación de espacios destinados a difusión, experimentación y aprendizaje. Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 100 Se espera que para el año 2030 se logre concluir el 100% de programas y acciones para la implementación de espacios destinados a difusión, experimentación y aprendizaje planeados SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 ND 25 50 75 100 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Secretaría de Hacienda y Crédito Público __________________________________ Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 815 PROGRAMA Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030. PROGRAMA REGIONAL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO 2026-2030 1. Índice 1. Índice 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa 3. Siglas y acrónimos 4. Fundamento normativo 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo 6. Objetivos 6.1 Relevancia del Objetivo 1: Coordinar los esfuerzos institucionales del Gobierno Federal y de los tres órdenes de gobierno para consolidar la presencia del Estado mexicano, la gobernanza, la cohesión social y la solución de conflictos. 6.2 Relevancia del Objetivo 2: Articular los programas del bienestar, salud, educación, agua, energía y calidad en la vivienda en la región para aumentar el bienestar de la población. 6.3 Relevancia del Objetivo 3: Impulsar economías locales solidarias y sustentables que fortalezcan los medios de vida de la población, la generación de empleo, el desarrollo de proyectos productivos comunitarios y la creación de empresas sociales. 6.4 Relevancia del Objetivo 4: Conservar, restaurar y gestionar sosteniblemente los ecosistemas y cuerpos de agua prioritarios de la región, fortaleciendo la resiliencia ambiental y social ante el deterioro y cambio climático, mediante la participación de las comunidades. 6.5 Relevancia del Objetivo 5: Fortalecer las vocaciones productivas locales, las condiciones de movilidad y el acceso equitativo a infraestructura social impulsando un desarrollo sostenible e incluyente. 6.6 Relevancia del Objetivo 6: Impulsar el desarrollo cultural de la región mediante la recuperación de la memoria histórica, la preservación del patrimonio y el fortalecimiento de las capacidades comunitarias a fin de consolidar la cohesión social y el sentido de pertenencia. 7. Estrategias y líneas de acción 8. Indicadores y metas 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa 10. Bibliografía y documentos de apoyo 2. Señalamiento del origen de los recursos del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo. 3. Siglas y acrónimos APF: Administración Pública Federal ATDT: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones BIENESTAR: Secretaría de Bienestar CENTROGEO: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. CFE: Comisión Federal de Electricidad CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 816 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte CONAFOR: Comisión Nacional Forestal CONAGUA: Comisión Nacional del Agua CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONAPO: Consejo Nacional de Población CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CRMIT: Comités Regionales de Manejo Integrado del Territorio DEFENSA: Secretaría de la Defensa Nacional ENADID: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FINABIEN: Financiera para el Bienestar FVC: Fondo Verde para el Clima IMSS-BIENESTAR: Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social IMTA: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua INAES: Instituto Nacional de Economía Social INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas IPR: Índice de Privación Relativa ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado LEEN: La Escuela Es Nuestra LGTBI: Lesbiana, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales + MIAF: Milpa Intercalada con Árboles Frutales NNA: Niñas, Niños y Adolescentes PND 2025-2030: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PRGLCR 2026-2030: Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030 PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. PUED: Programa Universitario de Estudios del Desarrollo PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural SAF: Sistema Agroforestal SC: Secretaría de Cultura SECTUR: Secretaría de Turismo Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 817 SECIHTI: Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEGOB: Secretaría de Gobernación SEMAR: Secretaría de Marina SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMUJERES: Secretaría de las Mujeres SENER: Secretaría de Energía SEP: Secretaría de Educación Pública SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes SIPINNA: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SESIPINNA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores SSA: Secretaría de Salud TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 4. Fundamento normativo El PND 2025-2030 establece la obligación de elaborar el PRGLCR 2026-2030, el cual se vincula con el Eje General 2 Desarrollo con Bienestar y Humanismo. La CPEUM establece en su artículo 25 que: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales...”. Por otro lado, el artículo 26, apartado A, de la CPEUM, dicta que: “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”. El artículo 25 de la Ley de Planeación establece que: “Los programas regionales se referirán a las regiones que se consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el Plan, y cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia responsable de coordinar la elaboración y ejecución de cada uno de estos programas”. Asimismo, el artículo 9o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que: “Las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas que, para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo, establezca el Ejecutivo Federal”. El Programa se elabora en cumplimiento con lo señalado en el Anexo I: Sistema Nacional de Planeación Democrática del PND 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2025. A su vez, el marco jurídico del PRGLCR 2026-2030 es amplio y diverso por su naturaleza, toda vez que participan diversas dependencias y entidades de la APF. 818 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Marco jurídico  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Marco legal secundario De manera enunciativa se señalan las principales leyes secundarias que sustentan el fundamento jurídico del PRGLCR 2026-2030.  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  Ley de Planeación.  Ley Agraria.  Ley de Aeropuertos.  Ley de Aguas Nacionales.  Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  Ley de Vías Generales de Comunicación.  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  Ley General de Cambio Climático.  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.  Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  Ley General de Sociedades Cooperativas.  Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.  Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.  Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  Ley General de Educación.  Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Marco jurídico internacional De manera enunciativa se señalan los principales instrumentos internacionales que sustentan el fundamento jurídico del PRGLCR 2026-2030.  Declaración Universal de Derechos Humanos.  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales.  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.  La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Oficina de la Presidencia de la República es responsable de coordinar la integración, publicación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas del PRGLCR 2026-2030. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 819 5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo 5.1 Consideraciones sobre la integración y tratamiento de la información La información contenida en el PRGLCR 2026-2030 se integra con base en datos provenientes de registros administrativos, así como en estimaciones, indicadores y cálculos elaborados ex profeso por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal participantes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, de conformidad con la Ley de Planeación y demás disposiciones jurídicas aplicables, con el acompañamiento técnico de instituciones académicas como el Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo (PUED-UNAM) y centros públicos de investigación, como el Centro de Investigación en Ciencias de Investigación Geoespacial A.C. (Centro GEO). La información corresponde a ejercicios analíticos internos sustentados en bases de datos institucionales de carácter administrativo, lo cual obedece a que el polígono de intervención —integrado por 726 municipios de ocho entidades federativas— constituye una delimitación territorial específica definida ex profeso con base en criterios históricos, culturales, socioeconómicos y ambientales, no correspondiente a unidades geográficas previamente sistematizadas en fuentes oficiales de acceso público. En consecuencia, la información fue generada mediante procesos de integración, interoperabilidad, homologación, depuración, vinculación y análisis de múltiples bases de datos, por lo que los resultados no son directamente trazables a una sola fuente o repositorio abierto, sino que constituyen productos analíticos originales. 5.2 Síntesis ejecutiva y principios del Humanismo Mexicano El PRGLCR 2026-2030 parte de los principios del Humanismo Mexicano -dignidad humana, bienestar colectivo, justicia social, respeto a la diversidad y solidaridad intergeneracional- para atender las desigualdades históricas que afectan a las personas más pobres en un conjunto de territorios integrado por 726 municipios en ocho estados de la república (ANEXO ÚNICO). Desde el punto de vista hidrológico el polígono del PRGLCR 2026-2030 se compone de la Región Hidrológico-Administrativa IV Balsas y una fracción de la Región Hidrológico-Administrativa V Pacífico Sur, así como la Costa de Michoacán, Costa Grande y Costa Chica de Guerrero, el Lago de Pátzcuaro y sus municipios rivereños. El diagnóstico confirma que la región combina su riqueza biocultural con problemáticas relevantes: abandono institucional histórico, pobreza multidimensional, baja productividad económica, degradación ambiental y vulnerabilidad climática, déficit crítico de infraestructura básica y acceso limitado a los bienes culturales. Estos problemas golpean con mayor fuerza a las comunidades rurales, en especial a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y de género, migrantes que retornan a sus lugares de origen, quienes comparten barreras de acceso a servicios, protección social y oportunidades productivas. Para transformar la región, el PRGLCR 2026-2030 articula la acción de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con los gobiernos estatales y municipales, en estrecha coordinación con la sociedad y los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La estrategia combina la expansión de programas de bienestar y servicios básicos con pequeñas obras que dignifican la vida cotidiana: caminos rurales, vivienda mejorada y conectividad digital, la restauración de ecosistemas y el manejo integral del agua desde las microcuencas, el impulso de economías solidarias ancladas en las vocaciones productivas locales, la construcción de paz con participación comunitaria, y la revitalización del patrimonio cultural que fortalece el sentido de pertenencia y el diálogo intercultural entre los diversos pueblos originarios de la región. Con este enfoque integral y colaborativo, cada intervención pública y social busca arraigar el desarrollo en el territorio y convertir a la región en un territorio de bienestar sostenible y cohesión social. 820 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 5.3 Presentación de la región 5.3.1 Ubicación geográfica Localizada en el centro-sur de México, el polígono del PRGLCR 2026-2030 -en una extensión de 185,017 kilómetros cuadrados- comprende 726 municipios de ocho entidades federativas: Guerrero (85), Jalisco (3), México (33), Michoacán (57), Morelos (36), Oaxaca (327), Puebla (129) y Tlaxcala (56). Mapa 1. Polígono del Programa Fuente: Elaboración propia. Además de su vasta extensión, la región se distingue por una extraordinaria diversidad ecológica, geográfica y cultural. Abarca desde cumbres nevadas como el Citlaltépetl, el Popocatépetl y la Malinche, hasta extensas planicies cálidas y húmedas que desembocan en el Océano Pacífico. Este notable gradiente —que va de más de 5,000 metros sobre el nivel del mar a menos de 10— se explica porque la región está atravesada por tres grandes sistemas montañosos: el Eje Neovolcánico Transversal, la Sierra Madre del Sur, y la Sierra Madre Occidental. Esta compleja orografía ha influido históricamente en la localización de los asentamientos humanos, algunos de los cuales datan de más de 9,000 años de antigüedad, donde se ha identificado uno de los centros de domesticación más antiguos del maíz. Evidencias en sitios como la cueva de Xihuatoxtla (Guerrero) confirman que en esta región se cultivaba y consumía maíz desde el Holoceno temprano, lo que convierte a la región en una de las cunas agrícolas más antiguas del continente. 5.3.2 Contexto geoeconómico de la región y presencia del General Lázaro Cárdenas del Río Históricamente la región ha sido de fuertes contrastes. Es una zona rica en recursos naturales, con excepcional biodiversidad y riqueza cultural, es el recinto de pueblos indígenas con tradiciones milenarias y de comunidades afromexicanas que han enriquecido su identidad cultural. Sin embargo, también es una región marcada por la pobreza por lo que concentra algunas de las condiciones de vida más deficitarias del país. Esta situación no es reciente ni accidental, sino el resultado de un modelo de desarrollo históricamente excluyente, que ha marginado sistemáticamente a las comunidades rurales, indígenas y campesinas. Desde mediados del siglo XX la región ha sido objeto de proyectos estratégicos impulsados por el Estado mexicano y, posteriormente, por la apertura comercial. El primer hito fue la creación de la Comisión del Tepalcatepec-Balsas (1947), cuyo mandato era controlar inundaciones, generar electricidad y promover el riego agrícola. Posteriormente la Comisión del Tepalcatepec fue absorbida por la Comisión del Río Balsas (1960). Bajo esa comisión se construyeron presas emblemáticas —Infiernillo y La Villita — que detonaron la electrificación del occidente del país y permitieron expandir superficies de riego en Michoacán y Guerrero. En estas iniciativas, destacó la labor del General Lázaro Cárdenas del Río. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 821 El General Lázaro Cárdenas del Río mantuvo desde su juventud un estrecho vínculo con esta región. Como expresidente dedicó veintitrés años de su vida a trabajar en ella. Dio impulso a un modelo de planeación con perspectiva de cuenca, incluyente y justa para el aprovechamiento de sus recursos y potenciales en favor de sus habitantes y del país. El recuerdo afectuoso de la presencia del General Lázaro Cárdenas del Río y la Comisión del Río Balsas en la Mixteca, en la Tierra Caliente, en las costas de Michoacán y Guerrero, en ejidos y comunidades de toda la cuenca, está directa e íntimamente ligado a esta labor. A la cercanía personal y a la sensibilidad frente a los problemas inmediatos de la gente. El General Lázaro Cárdenas cruzando el Río Balsas, octubre de 1962. El segundo momento de inflexión llegó con la reconfiguración neoliberal (1980-2000): la desregulación agraria, la firma del TLCAN y la privatización parcial de puertos y ferrocarriles. El puerto de Lázaro Cárdenas se consolidó como nodo de comercio transpacífico, enlazado a la línea ferroviaria concesionada a Kansas City Southern de México; sin embargo, la derrama económica permaneció en la franja costera y corredores logísticos, mientras las zonas de montaña y las comunidades indígenas quedaron al margen de las cadenas de valor. La liberalización de insumos y la retirada de precios de garantía acentuaron la fragmentación agraria y empujaron a miles de pequeños productores a la migración o a economías de subsistencia. En la última década, el proyecto federal de Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los puertos del Pacífico Sur han abierto oportunidades de integración global, pero también ha profundizado la presión sobre recursos naturales y la tenencia de la tierra. La falta de infraestructura secundaria, servicios sociales y mecanismos de reinversión local en la mayor parte de la región explica por qué, a pesar de ser un territorio clave para la generación hidroeléctrica y el comercio exterior, la región mantiene los mayores índices nacionales de pobreza rural, marginación y degradación ambiental. Así, el legado histórico-económico —grandes obras sin equidad social y apertura económica sin inclusión territorial— subyace a los rezagos que hoy el PRGLCR 2026-2030 busca revertir mediante una estrategia de desarrollo con justicia y arraigo comunitario. 822 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 5.3.3 Antecedente inmediato del PRGLCR 2026-2030 El PRGLCR 2026-2030 tiene su antecedente inmediato en una iniciativa financiada con fondos internacionales en la Cuenca del Balsas que busca reducir la vulnerabilidad climática y las emisiones, mediante el apoyo de medios de vida sostenibles en las comunidades. Dicha iniciativa se puso en marcha en la administración federal anterior, con la intención de atender a la población rural que habita en la Cuenca del Balsas, la cual se caracteriza por presentar altos niveles de pobreza, rezagos sociales, económicos y que se encuentra expuesta al impacto de los fenómenos que se derivan del cambio climático. La alineación de la visión del Gobierno de México con la de organismos internacionales de Naciones Unidas, encontró la oportunidad de canalizar recursos en temas de atención de la pobreza, el manejo sostenible de los recursos naturales, la mitigación y adaptación al cambio climático de las comunidades del medio rural. Se generó un grupo de trabajo institucional liderado por la Coordinación de Asesores de la persona titular de la Presidencia de la República, que incluyó a la SHCP, SRE, SEMARNAT, SADER, BIENESTAR, CONAGUA y la CONAFOR, recayendo en esta última la responsabilidad de ser el ejecutor de los recursos en la región. De esta manera, en el marco del proyecto Cuenca Balsas, desde 2022, con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) -acompañado técnicamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)- y en 2024 con el apoyo del Fondo Verde para el Clima (FVC), se está invirtiendo en los municipios más pobres y vulnerables de la región, junto con las inversiones y el apoyo operativo que se ha canalizado a estos territorios por parte de las instituciones antes mencionadas. Es así como se avanzó con esta primera etapa, que ahora se potencia y se consolida a través del PRGLCR 2026-2030. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 823 5.3.4 Organización territorial para la intervención Frente a este escenario, el PRGLCR 2026-2030 se plantea como el inicio de una respuesta a una situación de exclusión persistente, que exige corregir los desequilibrios sociales, económicos y ambientales que han limitado las posibilidades de desarrollo de millones de personas. Su propósito es reconstruir las bases para un desarrollo equitativo, restaurar la cohesión territorial y garantizar condiciones mínimas de bienestar en los territorios que más lo necesitan. El PRGLCR 2026-2030 ha delimitado once subregiones operativas: Costa de Guerrero y Michoacán, Tierra Caliente, Guerrero Centro y Norte, Morelos, Montaña de Guerrero, Alto Atoyac, Purépecha, Mixteca de Puebla, Mixteca, Mazahua-Otomí y Amuzgos- Costa Chica para facilitar la coordinación institucional, el monitoreo de indicadores y la asignación focalizada de recursos. Cada subregión agrupa a municipios con características ambientales, socioeconómicas y de accesibilidad similares, lo que permite planificar acciones diferenciadas y establecer metas realistas de impacto territorial. Las once subregiones representan unidades funcionales que comparten retos y potencialidades. Por ejemplo, la meseta Purépecha se caracteriza por bosques templados, población indígena y conflictos de tenencia forestal; en contraste, Amuzgos-Costa Chica con ecosistemas costeros, alta vulnerabilidad ante ciclones y presencia de población afromexicana. Esta delimitación operativa permitirá al PRGLCR 2026-2030 priorizar obras de infraestructura, servicios y restauración ambiental de acuerdo con las particularidades de cada territorio, evitando la lógica “talla única” y maximizando el impacto de la inversión pública. Mapa 2. Subregiones operativas del PRGLCR 2026-2030 Fuente: Elaboración propia. 824 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 5.3.5 Problemáticas relevantes en la región La región enfrenta desafíos históricos y estructurales que han limitado su desarrollo. Estos son particularmente graves en las zonas rurales, donde las comunidades experimentan múltiples formas de exclusión social, económica y territorial. Los principales problemas que persisten en la región incluyen: 1. Abandono institucional histórico  Las comunidades rurales, indígenas y afromexicanas de la región han sido históricamente excluidas del desarrollo, al acceso de los bienes y servicios que proporciona el Estado. 2. Pobreza multidimensional  Más de 9.6 millones de personas viven en condiciones de pobreza, alrededor de 2.5 millones en pobreza extrema, de los cuales se estima que 1 millón de personas viven en pobreza extrema rural, ubicados en pequeñas localidades dispersas, alejadas, con servicios precarios, que afectan particularmente grupos de personas en condición de vulnerabilidad, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, indígenas y afromexicanos. (Estimaciones realizadas por el PUED-UNAM)  Factores como la dispersión geográfica, la falta de transporte, la distancia a centros de salud o educativos, las barreras lingüísticas y culturales y la falta de documentación oficial, limitan la inclusión efectiva de las poblaciones más vulnerables en el acceso a servicios sociales.  Hay un déficit en infraestructura básica importante en la mayoría de las localidades rurales, los servicios como agua potable, drenaje, saneamiento, salud, educación y vivienda son precarios o inexistentes. 3. Baja productividad económica  La agricultura de temporal, los altos costos de insumos, el escaso acceso al crédito y la débil integración a mercados provocan bajos niveles de ingreso en las zonas rurales de la región en las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras. 4. Degradación ambiental y vulnerabilidad climática  La deforestación, erosión del suelo, la contaminación del agua, el estrés hídrico, el cambio de uso de suelo y la presión sobre los recursos naturales por obras y actividades que no evalúan el impacto ambiental y la sustentabilidad, han deteriorado gravemente los servicios ecosistémicos de la región.  Sequías, inundaciones, huracanes y variaciones de temperatura, acentuados por el cambio climático, afectan especialmente a las comunidades rurales, indígenas y afromexicanas, reduciendo su resiliencia y su capacidad de recuperación ante desastres. 5. Déficit crítico de infraestructura  Deficiente infraestructura carretera y conectividad que limitan el desarrollo económico de las comunidades locales; escuelas, espacios públicos y centros culturales inexistentes o deteriorados que afectan las oportunidades de las personas. 6. Acceso limitado a los bienes culturales  Las comunidades rurales de la región, pese a su historia y valor patrimonial, se encuentran excluidas de los programas y proyectos culturales, por lo que se limita la promoción y difusión de sus manifestaciones artísticas.  La pérdida de las tradiciones, costumbres, idiomas entre otros distintivos, contribuyen a la falta de cohesión social. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 825 Figura 1 Fuente: Elaboración propia. Estos elementos se entrelazan generando círculos viciosos que reproducen la desigualdad. En este contexto, el PRGLCR 2026-2030 busca intervenir para iniciar un cambio, fortaleciendo las capacidades comunitarias, promoviendo la equidad territorial y mejorando la presencia del Estado en los territorios históricamente marginados. Las problemáticas mencionadas interrelacionadas alimentan otros fenómenos como lo son la migración interna en el país y hacia los Estados Unidos de América, así como la inseguridad y la violencia. 5.4 Población y condiciones de vida 5.4.1 Dinámica demográfica y análisis de la pobreza En 2020 la población de la región ascendió a cerca de 16.6 millones de personas —poco más del 13% de la población del país— asentadas en más de 25,000 localidades de muy diverso tamaño y perfil urbano-rural. Más de 6.8 millones (40.6%) residían en aglomeraciones urbanas densamente pobladas, 4.3 millones (26.5%) vivían en asentamientos de densidad intermedia y 5.5 millones (32.9%) residían en asentamientos rurales de baja densidad. (Estimaciones realizadas por el CENTROGEO) El número de localidades revela una marcada dispersión territorial que afecta de manera especial a los territorios rurales e indígenas, los cuales se caracterizan porque amplios sectores de su población viven en condiciones de difícil acceso a servicios y oportunidades de desarrollo. La baja densidad poblacional no garantiza acceso efectivo a bienes públicos y muchas comunidades presentan elevados índices de marginación y rezago social, con independencia de su tamaño o cercanía urbana. El PUED de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó un análisis de la región que permitiera identificar los municipios con mayor severidad de pobreza y exclusión en una región con un rezago social generalizado, a partir de la construcción de una tipología específica, con fuentes oficiales como la pobreza multidimensional, el estado de la infraestructura básica educativa y la desnutrición crónica. 826 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Por su situación de pobreza destacan 111 municipios rurales de baja densidad demográfica -con alta presencia indígena- todos ellos en Guerrero y Oaxaca, cuya población en un 95% en promedio vive en pobreza y de ellos, el 58% en pobreza extrema, lo que significa que las personas carecen de ingresos suficientes para adquirir una canasta mínima de alimentos y tienen dos o tres carencias sociales simultaneas en vivienda, servicios, seguridad alimentaria, educación, salud y seguridad social. Estos municipios presentan viviendas con diversos problemas de precariedad, muy bajo acceso a combustibles para cocinar, inseguridad alimentaria, deficiencia en agua potable y drenaje, así como problemas agudos en la infraestructura educativa. Entre las poblaciones más afectadas se encuentran las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Estos grupos experimentan con frecuencia una doble o triple exclusión, al combinar factores de edad, género, etnicidad, discapacidad y localización territorial. Por la severidad de su pobreza y por razones de justicia, los 111 municipios, en los que habitan poco menos de un millón de personas en poco más de 3,500 localidades (Tabla 1) serán una prioridad del PRGLCR 2026-2030 para mejorar los servicios en salud, educación, agua, energía y calidad en la vivienda, así como la presencia de los programas del bienestar en la región. Tabla 1. Municipios con mayor pobreza en el PRGLCR 2026-2030 ID Municipio Población Número de localidades Entidad Federativa 1 Ahuacuotzingo 25,205 95 Guerrero 2 Alcozauca de Guerrero 21,225 33 Guerrero 3 Atlamajalcingo del Monte 5,811 21 Guerrero 4 Atlixtac 28,491 93 Guerrero 5 Ayutla de los Libres 69,123 133 Guerrero 6 Coahuayutla de José María Izazaga 12,408 162 Guerrero 7 Copalillo 15,598 49 Guerrero 8 Copanatoyac 21,648 56 Guerrero 9 General Heliodoro Castillo 37,254 198 Guerrero 10 Igualapa 11,739 19 Guerrero 11 Malinaltepec 29,625 134 Guerrero 12 Metlatónoc 18,859 75 Guerrero 13 Pedro Ascencio Alquisiras 7,076 88 Guerrero 14 San Luis Acatlán 46,270 92 Guerrero 15 San Miguel Totolapan 24,139 151 Guerrero 16 Tlacoachistlahuaca 22,781 43 Guerrero 17 Tlacoapa 10,092 63 Guerrero 18 Xalpatláhuac 11,966 26 Guerrero 19 Xochistlahuaca 29,891 107 Guerrero 20 Zapotitlán Tablas 12,004 54 Guerrero 21 Zitlala 21,977 32 Guerrero 22 Acatepec 40,197 156 Guerrero 23 Cochoapa el Grande 21,241 146 Guerrero 24 José Joaquín de Herrera 18,381 63 Guerrero 25 Iliatenco 11,679 46 Guerrero 26 Ñuu Savi S/i S/i Guerrero 27 Santa Cruz del Rincón S/i S/i Guerrero 28 Asunción Ocotlán 2,395 2 Oaxaca 29 Coatecas Altas 5,356 17 Oaxaca 30 Coicoyán de las Flores 9,563 21 Oaxaca 31 Constancia del Rosario 4,847 12 Oaxaca Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 827 ID Municipio Población Número de localidades Entidad Federativa 32 Mesones Hidalgo 4,424 26 Oaxaca 33 Magdalena Mixtepec 1,433 3 Oaxaca 34 Magdalena Peñasco 3,750 21 Oaxaca 35 Magdalena Teitipac 4,764 3 Oaxaca 36 La Pe 3,052 2 Oaxaca 37 Pinotepa de Don Luis 6,416 14 Oaxaca 38 San José del Progreso 8,059 16 Oaxaca 39 San Andrés Cabecera Nueva 2,881 46 Oaxaca 40 San Antonio Huitepec 2,936 21 Oaxaca 41 San Antonio Sinicahua 1,668 10 Oaxaca 42 San Antonio Tepetlapa 4,873 2 Oaxaca 43 San Bartolomé Yucuañe 735 3 Oaxaca 44 San Cristóbal Amoltepec 1252 5 Oaxaca 45 San Esteban Atatlahuca 3,934 36 Oaxaca 46 San Francisco Cahuacuá 3,450 27 Oaxaca 47 San Francisco Sola 2,019 8 Oaxaca 48 San Francisco Tlapancingo 2,472 6 Oaxaca 49 San Ildefonso Sola 1,060 12 Oaxaca 50 San Jerónimo Coatlán 5,537 31 Oaxaca 51 San Juan Mixtepec 7,548 67 Oaxaca 52 San Juan Ñumí 5,773 24 Oaxaca 53 San Juan Tamazola 3325 50 Oaxaca 54 San Juan Teita 544 3 Oaxaca 55 San Lorenzo 5,903 8 Oaxaca 56 San Lorenzo Texmelúcan 9,148 29 Oaxaca 57 San Martín Itunyoso 2,749 6 Oaxaca 58 San Martín Peras 12,436 59 Oaxaca 59 San Mateo Peñasco 2,384 6 Oaxaca 60 San Miguel Ahuehuetitlán 2,142 5 Oaxaca 61 San Miguel Coatlán 3,184 32 Oaxaca 62 San Miguel Mixtepec 3,194 13 Oaxaca 63 San Miguel Panixtlahuaca 6,252 10 Oaxaca 64 San Miguel Peras 3,818 13 Oaxaca 65 San Miguel Piedras 1,328 9 Oaxaca 66 San Miguel Tilquiápam 3,141 4 Oaxaca 67 San Pablo Cuatro Venados 1,510 16 Oaxaca 68 San Pablo Tijaltepec 2,751 13 Oaxaca 69 San Pedro Amuzgos 6,632 10 Oaxaca 70 San Pedro Atoyac 4,559 13 Oaxaca 71 San Pedro Mártir 1,899 1 Oaxaca 72 San Pedro Teozacoalco 1,153 10 Oaxaca 73 San Simón Zahuatlán 4,940 12 Oaxaca 74 Santa Catarina Mechoacán 4,582 4 Oaxaca 75 Santa Catarina Yosonotú 1,316 15 Oaxaca 76 Santa Cruz Nundaco 2,951 18 Oaxaca 828 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 ID Municipio Población Número de localidades Entidad Federativa 77 Santa Cruz Tacahua 1,182 10 Oaxaca 78 Santa Cruz Tayata 595 6 Oaxaca 79 Santa Cruz Xitla 4,794 7 Oaxaca 80 Santa Cruz Zenzontepec 19,079 73 Oaxaca 81 Santa Inés del Monte 2,809 18 Oaxaca 82 Santa Inés Yatzeche 908 1 Oaxaca 83 Santa Lucía Miahuatlán 3,375 11 Oaxaca 84 Santa Lucía Monteverde 6,726 29 Oaxaca 85 Santa Lucía Ocotlán 4,173 6 Oaxaca 86 Santa María Lachixío 1,679 7 Oaxaca 87 Santa María Peñoles 8,967 33 Oaxaca 88 Santa María Sola 1,516 8 Oaxaca 89 Santa María Tataltepec 317 2 Oaxaca 90 Santa María Yosoyúa 1,699 5 Oaxaca 91 Santa María Yucuhiti 6,008 66 Oaxaca 92 Santa María Zaniza 2,469 8 Oaxaca 93 Santiago Amoltepec 13,855 49 Oaxaca 94 Santiago Apóstol 4,421 4 Oaxaca 95 Santiago del Río 527 6 Oaxaca 96 Santiago Ixtayutla 13,880 33 Oaxaca 97 Santiago Nundiche 1,351 16 Oaxaca 98 Santiago Nuyoó 1,898 16 Oaxaca 99 Santiago Textitlán 4,930 19 Oaxaca 100 Santiago Tilantongo 2,764 24 Oaxaca 101 Santiago Tlazoyaltepec 6,300 64 Oaxaca 102 Santiago Yaitepec 4,233 1 Oaxaca 103 Santo Domingo Ixcatlán 760 9 Oaxaca 104 Santo Domingo Nuxaá 3,335 58 Oaxaca 105 Santos Reyes Yucuná 1,474 5 Oaxaca 106 Santo Tomás Ocotepec 4,066 16 Oaxaca 107 San Vicente Coatlán 3,512 9 Oaxaca 108 San Vicente Lachixío 3,227 9 Oaxaca 109 Tataltepec de Valdés 6,386 11 Oaxaca 110 Yutanduchi de Guerrero 1,195 2 Oaxaca 111 San Mateo Yucutindoo 3,144 17 Oaxaca TOTALES 914,272 3,587 Fuente: Elaboración propia a partir de la selección de municipios de pobreza municipal realizada por el PUED. Para la población y número de localidades de la tabla se utilizó la información del ITER 2020 del INEGI. https://www.inegi.org.mx/app/scitel/doc/descriptor/fd_iter_cpv2020.pdf Nota: Cabe mencionar que el número de localidades de los municipios puede variar según la fuente del INEGI y el criterio utilizado. Otras fuentes pueden reportar cifras distintas debido a que consideran únicamente localidades con población censada, utilizan actualizaciones del Marco Geoestadístico posteriores al Censo 2020, o incorporan altas, bajas o ajustes cartográficos realizados con posterioridad. Por ello, las cifras no son estrictamente comparables entre sí. Situación que refleja que la dinámica poblacional es continua, a manera de ejemplo, los municipios Ñuu Savi y Santa Cruz del Rincón mencionados en la tabla fueron creados después del 2020. Los municipios sombreados son aquellos que presentan porcentajes de pobreza extrema superiores al 50% de acuerdo con el documento Medición de la Pobreza en los Municipios de México 2020, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 829 El CENTROGEO en su análisis agrupó los municipios usando las categorías de urbanización y accesibilidad, encontrando que: a) los municipios rurales remotos de 2,500-15,000 habitantes apenas suman el 23% de la población (4.3 millones) pero concentran más de la mitad de las personas en pobreza extrema, b) la pobreza se duplica al pasar de lo urbano (34%) a lo rural remoto (74%), c) las carencias más severas en los ámbitos remotos son la vivienda adecuada (57%), acceso a agua entubada (45%) y servicios de salud (38%) y d) más del 60% de las comunidades rurales remotas se ubican a más de 10 km de una vía pavimentada, lo que incrementa costos logísticos y limita el acceso a los programas públicos. Esto, conlleva implicaciones para el PRGLCR 2026-2030 que deben ser consideradas en las políticas diseñadas por las dependencias y entidades:  Priorizar inversión básica (caminos rurales, agua potable y electrificación) en municipios rural-remoto e intermedio-remoto.  Diseñar esquemas de provisión móvil (salud, educación y trámites) para superar barreras geográficas.  Fomentar polos de servicios en cabeceras intermedias-cercanas, reduciendo tiempos de desplazamiento y costos de transporte para poblaciones dispersas. Adicionalmente, para complementar el listado de los municipios con mayor pobreza, con información del CONEVAL (2021), se identifican 33 municipios que concentran un alto número de localidades con un alto y muy alto rezago social, los cuales se enlistan en la siguiente tabla: Tabla 2. Municipios con mayor número de localidades con alto y muy alto rezago social ID Municipio Población Número de localidades Entidad 1 Ajuchitlán del Progreso 37,535 92 Guerrero 2 Arcelia 33,157 90 Guerrero 3 Atoyac de Álvarez 60,516 123 Guerrero 4 Benito Juárez 15,364 20 Guerrero 5 Coyuca de Benítez 72,912 103 Guerrero 6 Coyuca de Catalán 37,604 182 Guerrero 7 Cutzamala de Pinzón 20,392 108 Guerrero 8 Chilapa de Álvarez 123,683 176 Guerrero 9 General Canuto A. Neri 6,216 43 Guerrero 10 Petatlán 44,293 142 Guerrero 11 Quechultenango 36,138 80 Guerrero 12 Técpan de Galeana 64,640 212 Guerrero 13 Teloloapan 53,745 140 Guerrero 14 Tetipac 13,541 48 Guerrero 15 Zirándaro 17,681 156 Guerrero 16 Santa María del Oro 1,637 31 Jalisco 17 Tejupilco 79,228 145 México 18 Zacualpan 13,512 72 México 19 Luvianos 28,644 122 México 20 Arteaga 19,436 132 Michoacán de Ocampo 21 Carácuaro 8,816 81 Michoacán de Ocampo 22 Hidalgo 125,405 181 Michoacán de Ocampo 830 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 ID Municipio Población Número de localidades Entidad 23 Huetamo 41,563 158 Michoacán de Ocampo 24 Madero 18,404 161 Michoacán de Ocampo 25 Nocupétaro 7,771 65 Michoacán de Ocampo 26 Susupuato 9,011 61 Michoacán de Ocampo 27 Tiquicheo de Nicolás Romero 12,476 108 Michoacán de Ocampo 28 Turicato 28,618 197 Michoacán de Ocampo 29 Tuzantla 14,064 120 Michoacán de Ocampo 30 Tzitzio 8,113 117 Michoacán de Ocampo 31 Coatetelco 11,337 13 Morelos 32 San Miguel Tlacamama 3,624 11 Oaxaca 33 San Pedro Jicayán 11,277 16 Oaxaca 1,080,353 3,506 Fuente: Elaboración propia a partir de información del CONEVAL, Índice de Rezago Social por localidad 2020 https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.aspx En el siguiente mapa, a partir de la información de las tablas 1 y 2, se identifican 144 municipios prioritarios por razones de pobreza y localidades con alto rezago social, en los cuales viven poco menos de 2 millones de personas distribuidos en poco más de 7, 000 localidades. Mapa 3. Municipios con mayor grado de pobreza y localidades con rezago por subregión Fuente: Elaboración propia con información de las tablas 1 y 2. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 831 5.4.2 Mujeres La región se conforma de un territorio de contrastes. Su riqueza natural y cultural convive con desigualdades históricas que han limitado el acceso equitativo al bienestar. En estas tierras donde confluyen pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, zonas rurales y núcleos urbanos dispersos, las mujeres han sostenido la vida cotidiana en medio de la precariedad, la migración y la violencia. Ellas han sido, simultáneamente, las cuidadoras del territorio y las más afectadas por su abandono. En muchas comunidades, las niñas enfrentan mayores obstáculos para permanecer en la escuela, las mujeres jóvenes encuentran pocas oportunidades de empleo digno y las adultas mayores viven sin seguridad social ni acceso continuo a servicios de salud. Estas brechas no son solo estadísticas: reflejan una estructura de desigualdad que se reproduce en el tiempo y que limita la posibilidad de ejercer derechos en condiciones de igualdad. El PRGLCR 2026-2030 propone reconstruir el tejido social, la dinamización productiva, la restauración ambiental, el fortalecimiento de la infraestructura básica, la recuperación del patrimonio y el bienestar comunitario. Para que estos propósitos sean sostenibles, es indispensable poner especial énfasis en atender los rezagos que afrontan las mujeres —en particular, las que viven en pobreza o habitan territorios rurales, indígenas o afromexicanos—, incorporando perspectiva de género e interseccionalidad en el diseño, la ejecución y la evaluación. Ello supone reconocer y valorar el trabajo de cuidado, la defensa del territorio y las economías locales, históricamente feminizadas y poco reconocidas, como ejes de la transformación regional. La violencia contra las mujeres atraviesa la geografía de los once territorios del plan como una sombra persistente. En zonas de alta marginación o con presencia de economías ilícitas, las violencias familiares, sexuales y feminicidas se intensifican, y su expresión territorial muestra un mapa fragmentado donde el riesgo no es sólo individual, sino estructural. Algunos corredores —particularmente los de mayor densidad poblacional o cercanos a cabeceras regionales— concentran los servicios, mientras que las comunidades más rurales o dispersas carecen de presencia institucional sostenida. Este desequilibrio territorial impacta directamente en la posibilidad de acceso de las mujeres a la justicia, la salud, la educación o el apoyo económico. Fortalecer la infraestructura no sólo implica construir más espacios, sino garantizar su funcionamiento permanente, su articulación interinstitucional y su sostenibilidad financiera. La pobreza en la región tiene rostro y género. La feminización de la pobreza se traduce en menor acceso a la tierra, a crédito, a la tecnología y a los mercados productivos. En comunidades rurales y pesqueras, las mujeres sostienen economías de subsistencia sin reconocimiento ni remuneración justa. En las zonas urbanas, su inserción laboral se concentra en actividades de baja productividad o en el sector informal, mientras cargan con la doble jornada de cuidados. Las brechas económicas se agravan por la falta de infraestructura de apoyo: servicios de cuidado infantil, transporte seguro, acceso al agua o energía. Las desigualdades interseccionales —por etnicidad, edad, orientación sexual o discapacidad— amplifican la exclusión. Frente a ello, la autonomía económica de las mujeres es condición indispensable para la paz y el desarrollo local. El impulso a programas de economía social, propiedad colectiva, cooperativas de mujeres y soberanía alimentaria son estrategias que pueden transformar la estructura de oportunidades. No se trata sólo de generar ingreso, sino de redistribuir poder y dignificar el trabajo. En los municipios del Programa, la inclusión financiera y la educación económica deben ir acompañadas de políticas de corresponsabilidad en los cuidados y de reconocimiento de las labores que sostienen la vida. El PRGLCR 2026-2030 propone un horizonte de justicia territorial. Para hacerlo realidad, es necesario reconocer que las violencias, la pobreza y la exclusión que viven las mujeres no son accidentes, sino consecuencias de estructuras históricas que deben transformarse. Colocar a las mujeres al centro no significa añadir un componente de género; significa redefinir la noción misma de desarrollo. Un territorio que cuida, que redistribuye oportunidades y que garantiza el derecho a una vida libre de violencia es un territorio más justo para todas las personas. Desde la mirada de género y derechos humanos, la reconstrucción de la región es también una reconstrucción de la confianza, del tejido social y de la esperanza. Allí donde las mujeres organizan, resisten y crean, florecen las semillas del cambio. 832 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 5.4.3 Infancia De acuerdo con el análisis realizado por el SIPINNA, en la región habitan 5.8 millones de NNA, de los cuales, en promedio, el 76.7% vive en situación de pobreza. Esto significa que casi ocho de cada diez NNA se encuentran en condiciones de pobreza. Una brecha considerable con el promedio nacional que es de 52.6% de un total de 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años (INEGI:2020). Este hallazgo resulta consistente con los objetivos planteados en el PRGLCR 2026-2030. 5.4.4 Personas adultas mayores Las personas adultas mayores enfrentan condiciones adversas, particularmente en contextos rurales, indígenas y de alta marginación. Muchos viven sin seguridad social, con acceso limitado a servicios de salud y en situación de dependencia económica o funcional. La carencia de infraestructura accesible, transporte adaptado y servicios comunitarios adecuados agrava su exclusión. En diversas comunidades, son las mujeres mayores quienes asumen roles de cuidado dentro de sus familias, sin redes de apoyo ni reconocimiento institucional. Se requiere un enfoque de envejecimiento digno, activo y con derechos, que garantice la protección social y el acceso a servicios básicos para esta población. 5.4.5 Personas con discapacidad La población con discapacidad en la zona rural del área geográfica del PRGLCR 2026-2030 enfrenta barreras múltiples que limitan su inclusión social, educativa y laboral. La inaccesibilidad del entorno físico, la escasa oferta de servicios de rehabilitación y la discriminación estructural impiden el ejercicio pleno de sus derechos. Muchos municipios carecen de infraestructura adaptada, transporte accesible y personal capacitado para la atención adecuada de personas con discapacidad. En áreas indígenas, estas barreras se intensifican por la falta de pertinencia cultural y lingüística de los servicios. Es prioritario adoptar un enfoque de derechos humanos e inclusión, que promueva la autonomía y participación efectiva de las personas con discapacidad en la vida comunitaria. 5.4.6 Pueblos indígenas y afromexicanos La región concentra aproximadamente dos millones de hablantes de lenguas indígenas —más de una cuarta parte del total nacional—, con fuerte presencia en regiones como la Montaña de Guerrero, la Mixteca y la Costa Chica. Además, alberga comunidades afrodescendientes con significativa presencia histórica, particularmente en Guerrero y Oaxaca. Estas poblaciones enfrentan rezagos multidimensionales: alta pobreza, bajo acceso a servicios básicos, falta de reconocimiento a sus derechos colectivos, y barreras culturales y lingüísticas para acceder a servicios públicos. La población indígena y afromexicana vive en condiciones de marginación estructural, con bajos niveles de escolaridad, vivienda precaria y escasa infraestructura. El PRGLCR 2026-2030 reconoce la necesidad de atender estos rezagos con enfoque de interculturalidad, consulta libre, previa e informada, fortalecimiento de la autonomía comunitaria y respeto pleno a sus derechos colectivos. La inclusión efectiva de las comunidades es clave para avanzar hacia la justicia territorial, por lo que la coordinación con el INPI, entidad que se encarga de garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en el país, será fundamental para el cumplimiento de los objetivos marcados en el PRGLCR 2026-2030. 5.4.7 Personas de la diversidad sexual y de género En la región hay población que se identifica como parte de la diversidad sexual y de género, que puede sufrir discriminación, exclusión, acoso, violencia física y psicológica, provocando migración hacia las cabeceras municipales, estados vecinos y capitales urbanas en busca de una sociedad más incluyente en la cual poder desarrollarse. La discriminación a la comunidad LGTBI se suma a la que ya sufren los habitantes de estas zonas por razones de clase, grupo étnico y de género, por lo que es imprescindible que las dependencias y entidades de la APF aborden estas problemáticas en la definición de sus políticas públicas, para garantizar el acceso a sus derechos humanos. En este sentido, una de las primeras tareas, deberá ser producir información que permita visibilizar las problemáticas específicas de las comunidades rurales. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 833 5.4.8 Migrantes y población de retorno La región es origen, ruta y destino de migración. Se estima que uno de cada cinco hogares tiene al menos un miembro migrante (ENADID: 2023). Destacan dos flujos:  Migración interna estacional a los polos agroindustriales de Sinaloa, Baja California y Sonora. Entre 2019-2023 salieron, en promedio, 75,000 personas jornaleras cada ciclo. Esto conlleva interrupciones educativas y falta de cobertura de salud.  Retorno internacional: de 2018 a 2023 regresaron más de 48,000 personas, principalmente de Estados Unidos, quienes enfrentan retos de convalidación de estudios, ausencia de documentos de identidad nacionales y dificultades para la reinserción laboral.  Las comunidades receptoras carecen de ventanillas únicas de atención y de programas de emprendimiento que permitan aprovechar las remesas y las habilidades adquiridas en el exterior. 5.5 Gobernanza y presencia institucional del Estado La región es claramente una zona de contrastes. Por un lado, posee una enorme riqueza natural y cultural: ecosistemas de gran valor, pueblos indígenas con tradiciones propias y comunidades afrodescendientes que han forjado una identidad cultural diversa y resiliente. Por otro, ha padecido exclusión prolongada, abandono institucional y profundas desigualdades estructurales. Las comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan condiciones particularmente adversas, con rezagos multidimensionales que se agudizan en mujeres, niñas, niños y personas mayores en zonas rurales. Casi dos millones de personas en la región hablan una lengua indígena —más de una cuarta parte del total nacional—, y en estados como Guerrero y Oaxaca la población afrodescendiente tiene presencia significativa. Estas comunidades rurales mantienen una relación ambivalente con las instituciones públicas, derivada de procesos históricos de exclusión. Esto genera desconfianza y limita la participación social organizada, lo que a su vez dificulta la implementación de políticas públicas que requieren continuidad y corresponsabilidad. Frente a este panorama, el PRGLCR 2026-2030 se plantea como una estrategia del Estado mexicano para atender los territorios rurales más rezagados. Con visión de largo plazo y enfoque de cuenca, busca reorganizar la acción institucional, garantizar justicia territorial y articular políticas públicas bajo principios de sostenibilidad, equidad, derechos humanos, interculturalidad y participación comunitaria. El PRGLCR 2026-2030 no pretende crear estructuras paralelas ni superponer programas existentes, sino reordenar la acción pública a partir de las necesidades reales de las personas y de las capacidades del territorio. La visión del programa es clara: nacer, vivir y desarrollarse en una comunidad rural de la región debe implicar posibilidades reales de bienestar y acceso a una vida digna, no una condena a vivir en la marginación. 5.6 Infraestructura y acceso a servicios La infraestructura social, urbana y productiva de la región presenta amplios rezagos históricos que limitan el ejercicio pleno de los derechos sociales y económicos de la población. En los 726 municipios que integran el PRGLCR 2026-2030, se observa una cobertura desigual de los servicios básicos, una calidad variable en los espacios públicos y un deterioro significativo en equipamientos clave como salud, educación, movilidad y vivienda. El desarrollo de infraestructura adecuada no solo representa una condición material indispensable para el bienestar, sino también una palanca para dinamizar economías locales, fortalecer el tejido social y reducir las brechas territoriales que han marcado a la región por décadas. Esta situación es aún más crítica en las zonas rurales, indígenas y de alta marginación, donde las carencias son mayores y las capacidades institucionales más limitadas. En esta sección, con análisis realizados por la SICT, se abordan los principales componentes de la infraestructura en la región, con un enfoque territorial y de derechos, considerando tanto la cobertura y calidad de los servicios, como los obstáculos de accesibilidad, sostenibilidad y equidad. 834 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 5.6.1 Infraestructura carretera y conectividad La infraestructura carretera en la región es un componente crítico para la integración territorial, el desarrollo económico y el acceso a servicios básicos. Su estado actual refleja un rezago estructural que afecta de forma particular a las comunidades rurales, indígenas y de alta marginación. En 2024, la Red Carretera Federal libre de peaje en la región estaba compuesta por 6,553 kilómetros, de los cuales 891 kilómetros se encuentran en buen estado, 2,122 kilómetros en estado regular, y 3,540 kilómetros —más de la mitad— en mal estado. En cuanto a la Red Estatal, se identifican 48,846 kilómetros en total, de los cuales 30,952 kilómetros corresponden a la Red Rural y 17,894 kilómetros a la Red Alimentadora. De esta infraestructura, 7,597 kilómetros se encuentran en buen estado, 25,643 kilómetros en estado regular y 15,606 kilómetros en mal estado. Estos datos reflejan la necesidad urgente de rehabilitación, mantenimiento y ampliación de caminos, especialmente en regiones que han sido históricamente excluidas del desarrollo vial. La falta de conectividad con vialidades pavimentadas dificulta el acceso a servicios esenciales como salud, educación, comercio y transporte público. De acuerdo con el Grado de accesibilidad a carretera pavimentada del CONEVAL (2021), más de 75,000 localidades del país presentan un grado bajo o muy bajo de accesibilidad a carreteras pavimentadas y una parte importante de estas se encuentra en los estados que conforman la región. Esta situación agudiza las desigualdades regionales y limita la competitividad económica. Los caminos rurales y carreteras alimentadoras juegan un papel esencial en la conectividad social y económica de las poblaciones rurales. Permiten la movilidad de personas, el transporte de productos agrícolas y el acceso a mercados, centros de salud y escuelas. Mejorar esta infraestructura no solo tiene un impacto económico, sino también en la calidad de vida y la cohesión social. En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, la región cuenta con algunos aeropuertos subutilizados o sin oferta de vuelos comerciales. Además, existen aeródromos y pistas con potencial para integrarse a actividades económicas y sociales regionales, siempre que se optimice su vocación y funcionalidad. La planificación de su uso debe considerar el beneficio social y no únicamente la lógica comercial. La región presenta también una brecha digital estructural que limita el acceso a derechos fundamentales como educación, salud y participación económica. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH:2024) muestra que 83.1% de la población tiene acceso a internet, mientras que en el ámbito rural el porcentaje de población con acceso a internet baja a 68.5%. La cobertura de telefonía celular 4G, de acuerdo con los datos de crowdsourcing cubre el 93.4%, pero cae a 64.6% en las regiones de la Montaña de Guerrero, Mixteca poblana y Sierra Sur oaxaqueña.  Principales barreras: orografía accidentada, baja rentabilidad para operadores, falta de subsidios y carencia de energía eléctrica confiable en 8% de las localidades menores de 500 habitantes.  Impacto: rezago educativo (clases en línea inaccesibles), tramitación de programas sociales limitada y exclusión de oportunidades laborales digitales.  Necesidad: planes de cobertura social con operación compartida, incentivos fiscales a la infraestructura de fibra óptica y satelital, y proyectos comunitarios de redes libres. Para cerrar las brechas de conectividad es indispensable implementar una estrategia integral que combine inversión pública, criterios de priorización territorial, tecnologías adecuadas para entornos rurales y esquemas de mantenimiento comunitario. Esto debe articularse con otros esfuerzos de desarrollo regional e inclusión social. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 835 5.6.2 Infraestructura en salud De acuerdo con un análisis realizado por el IMSS-BIENESTAR, la infraestructura en salud en la región presenta importantes desafíos, especialmente en localidades rurales y de alta marginación. Aunque existen unidades médicas del primer nivel de atención —como centros y casas de salud— distribuidas en la mayoría de los municipios, muchas de ellas se encuentran en condiciones precarias, con deficiencias en equipamiento, mantenimiento y personal médico disponible. La distribución de infraestructura hospitalaria de segundo y tercer nivel es escasa y concentra su capacidad instalada en cabeceras municipales o ciudades medias, lo que genera barreras de acceso geográficas para gran parte de la población. La falta de transporte público regular, las condiciones del camino y la distancia entre comunidades rurales y los centros de salud son factores que limitan el acceso oportuno a la atención médica. Adicionalmente, muchos establecimientos de salud en la región enfrentan carencias en abasto de medicamentos, material médico, servicios básicos como agua potable y energía eléctrica, así como limitaciones para brindar servicios de urgencias, atención obstétrica o diagnóstico oportuno de enfermedades crónicas. La precariedad en la infraestructura también se manifiesta en la falta de espacios adecuados para atención digna y con privacidad, así como en la limitada oferta de servicios especializados. Esto repercute en la calidad y continuidad de la atención, en la satisfacción de la población y en la prevención efectiva de enfermedades. En este contexto, se requiere una estrategia integral de mejora de la infraestructura en salud que considere: la rehabilitación de unidades existentes, la construcción de nuevas instalaciones en zonas de difícil acceso, la dotación de personal y equipamiento, el fortalecimiento del primer nivel de atención y la articulación con redes comunitarias de cuidado. Esta estrategia debe incorporar una perspectiva territorial, intercultural y de género para garantizar progresivamente el derecho efectivo a la salud en toda la región que abarca el PRGLCR 2026-2030. 5.6.3 Infraestructura en educación De acuerdo con el análisis realizado por la SEP para la región, el diagnóstico de la infraestructura educativa indica lo siguiente:  Cobertura territorial. Se contabilizan 40,258 servicios de nivel básico; una cuarta parte atiende población indígena o comunidades rurales dispersas, funcionando como escuelas multigrado, telesecundarias o telebachilleratos.  Condiciones físicas. La SEP considera que cuatro de cada diez planteles presentan aulas deterioradas o insuficientes y sanitarios en mal estado.  Servicios básicos y conectividad. El 31% carece de servicio continuo de agua potable, 28% sufre cortes eléctricos y solo 17% dispone de internet estable.  Accesibilidad. Más de 1,600 escuelas están a 30 minutos o más de la vía pavimentada más cercana; esto encarece mantenimiento y dificulta la supervisión escolar. Por lo anterior, se identifican los siguientes desafíos prioritarios: 1. Dignificación de aulas, sanitarios y espacios recreativos. 2. Abasto de agua segura y energías limpias en planteles aislados. 3. Conectividad digital y dotación de equipos. 4. Mantenimiento preventivo con participación comunitaria. 5. Rutas seguras y transporte escolar. Las inversiones del PRGLCR 2026-2030 priorizarán planteles multigrado, escuelas indígenas y bachilleratos rurales, integrando los programas: “La Escuela es Nuestra”, “Internet para el Bienestar” y los “Comités Escolares de Administración Participativa”. 836 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 5.6.4 Infraestructura habitacional y urbanización En la región del PRGLCR 2026-2030, de acuerdo con el análisis propio de la SEDATU, una de cada tres viviendas —cerca de 1.4 millones de unidades— se encuentra en situación de rezago, concentración que supera el promedio nacional y se agrava en las localidades rurales, donde se ubica más de 50% de estas construcciones. El rezago se manifiesta principalmente en la precariedad de los materiales: 95% de las viviendas afectadas utiliza lámina, cartón, asbesto o mantiene piso de tierra. A esto se suma el hacinamiento (25% registra más de 2.5 personas por cuarto) y la falta de servicios básicos, pues alrededor de 10% carece de servicio sanitario. Los contrastes territoriales son marcados. Regiones de alta presencia indígena como Montaña de Guerrero, Amuzgos y Costa Chica, Mixteca, Tierra Caliente, concentran los mayores índices de rezago (más de 60% del parque habitacional) y los peores indicadores de entorno. La Montaña de Guerrero muestra el cuadro más crítico: 63.8% de sus viviendas están en rezago y un índice de calidad del entorno de (-1.33). Zonas como Amuzgos y Costa Chica (-0.59) o la Mixteca poblana (-0.20) replican carencias de infraestructura, servicios y equipamiento urbano. La propia distribución poblacional —un tercio de los habitantes vive en localidades menores a 2,500 personas, dispersas en una geografía accidentada— dificulta la provisión de infraestructura y consolida patrones de asentamiento precarios y desconectados, donde la falta de áreas verdes, vías peatonales y servicios básicos compromete la habitabilidad y la calidad de vida. 5.6.5 Espacios culturales, deportivos y públicos En materia de infraestructura urbana y espacios públicos dentro de la región, se identifica una limitada planeación integral del entorno construido, lo que ha derivado en desarrollos urbanos fragmentados, con escasa conectividad peatonal, insuficiencia de áreas verdes y espacios públicos deteriorados o inexistentes, particularmente en localidades con altos niveles de marginación. Esta situación incide negativamente en la cohesión social, el acceso equitativo a servicios y la calidad de vida de la población. En este contexto, brindar asesoría técnica en diseño urbano, así como la elaboración de proyectos conceptuales, arquitectónicos y ejecutivos con base en mejores prácticas, promoviendo la coordinación interinstitucional, la colaboración con centros académicos y la actualización técnica, permitirá fortalecer la gestión eficiente de los recursos públicos y fomentar la consolidación de entornos urbanos más habitables, seguros e inclusivos. Por otra parte, los espacios culturales, deportivos y públicos adecuados son clave para promover la cohesión social, la formación de identidad colectiva y el bienestar comunitario. En muchas localidades rurales y marginadas de la región, estos espacios son escasos, están deteriorados o no existen. Rehabilitarlos o crear nuevos centros culturales, deportivos y de convivencia puede ser determinante para fortalecer el tejido social, fomentar el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, y generar entornos seguros y participativos. También se destaca que asegurar condiciones adecuadas de infraestructura educativa, deportiva y cultural son esenciales para reducir el rezago en el acceso a una educación de calidad. Los planteles educativos en zonas rurales o marginadas suelen ser insuficientes, y frecuentemente carecen de equipamiento y servicios básicos. Mejorar esta infraestructura en todos los niveles educativos es una condición para la equidad y un medio para nivelar las oportunidades de desarrollo, sin importar el origen territorial o socioeconómico de las personas. 5.7. Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático 5.7.1 Ecosistemas y deforestación La región del PRGLCR 2026-2030 es bioculturalmente rica, con ecosistemas que van desde selvas secas hasta bosques templados. No obstante, ha sido severamente afectada por la deforestación y degradación ambiental. La resiliencia de los servicios ecosistémicos y su capacidad para absorber estos impactos se ven reducidas por los escasos esfuerzos de ordenamiento territorial, de restauración y de conservación de las microcuencas; por el incremento de la deforestación, la degradación forestal y de los suelos, y la presión sobre los recursos hídricos. La baja resiliencia de los ecosistemas también resulta en una baja resiliencia de las familias rurales con medios de vida dependientes de los servicios ecosistémicos. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 837 Si bien la agricultura de temporal (principalmente maíz, frijol, hortalizas y frutales) y el pastoreo (principalmente ganado bovino y caprino) constituyen las principales fuentes de subsistencia, la silvicultura también podría tener un papel fundamental en los medios de vida de la población rural. De la superficie total de 18.36 millones de hectáreas, 11.61 millones (63%) están cubiertas por ecosistemas forestales (Tabla 2) que pertenecen principalmente a ejidos, comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos. Tabla 3. Superficie con vegetación forestal Formación forestal Superficie (ha) Bosques templados y fríos 6,315,960 Selvas bajas 4,370,804 Selvas altas y medianas 545,937 Zonas áridas y semiáridas 262,117 Manglar 17,677 Otros tipos 105,113 Total 11,617,608 Fuente: Elaboración propia con información de la Serie VII de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI. Asimismo, destaca la existencia de 36 áreas naturales protegidas de competencia federal, las cuales abarcan 1.2 millones de hectáreas, dentro de los ecosistemas forestales (Mapa 4), cuya conservación y restauración son potenciales fuentes de medios de vida para sus habitantes. Mapa 4. Uso del suelo y vegetación y áreas naturales protegidas Fuente: Elaboración propia con información de la Serie VII de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI y con información disponible en el Sistema de Información Espacial de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 838 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Los bosques y la vegetación natural, que son cruciales para la conservación de la regulación del flujo de agua y la conservación de la biodiversidad, han estado bajo una fuerte presión: los principales impulsores de la deforestación y la degradación forestal han sido prácticas de agricultura no sustentable y la ganadería extensiva de bovinos y caprinos. De acuerdo con una estimación preliminar de la CONAFOR para la región, la deforestación anual bruta para el periodo 2001-2012 fue de 32,675 hectáreas promedio por año; mientras que para el periodo 2013-2018 fue de 37,856 hectáreas promedio por año, lo que significó un aumento de 16%. De esta manera, la superficie forestal perdida entre 2001 y 2018 fue de 616,595 hectáreas, de las cuales el 63.8% correspondió a selvas secas y 36.2% a bosques templados (Mapa 4). Más de 70% de la deforestación ocurrió por la pérdida de terrenos forestales que cambiaron a pastizales y el resto principalmente para usos agrícolas. Mapa 5. Áreas críticas de deforestación Fuente: Elaboración propia con información de la CONAFOR En el mapa anterior se presentan las zonas críticas de deforestación (hot spots) y muestra las regiones en donde se concentran los mayores problemas:  Franja aguacatera Michoacán-Jalisco.  La región de bosque templado de Michoacán, que colinda con Mariposa Monarca.  La región costa de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, en donde las selvas bajas se han transformado hacia actividades de ganadería. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 839 La presencia de incendios forestales ha venido incrementando en frecuencia, magnitud y severidad, año con año, incrementando la vulnerabilidad de las poblaciones en mayores condiciones de rezago social, a los efectos de inundaciones y deslaves, como se observa en Mapa 6. Mapa 6. Incendios forestales registrados 2019-2024 Fuente: Elaboración propia con información de la CONAFOR. En materia de incendios forestales, los efectos del cambio climático y las omisiones en acciones preventivas han incidido en la frecuencia y la propagación de estos, los cuales han magnificado su intensidad y peligrosidad. Por otra parte, la región ofrece un enorme potencial para la restauración del paisaje forestal y el manejo forestal sustentable, incluyendo madera y productos forestales no maderables, entre los que se incluyen resina de pino, esencia de olinalá (Bursera linaloe), carbón de encino, fibra de palma (Brahea dulcis) para la producción de artesanías, plantas aromáticas y medicinales (incluyendo damiana, cachalalate, orégano) y agaves silvestres para producir jarabe, fibras y mezcal artesanal, que podrían contribuir a desarrollar economías locales y regionales, al mismo tiempo que se propicia la recuperación de la base natural del territorio. De acuerdo con información de la SEMARNAT, existen autorizaciones vigentes en 359,511 hectáreas que se han incorporado al manejo forestal maderable (Gráfica 1) y en 134,270 hectáreas incorporadas al aprovechamiento de recurso forestales no maderables (Gráfica 2), las cuales se distribuyen por entidad federativa conforme a las siguientes gráficas: 840 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Gráfica 1. Superficie autorizada para el manejo forestal de recursos maderables Fuente: CONAFOR con información de la SEMARNAT Gráfica 2. Superficie autorizada para el manejo forestal de recursos forestales no maderables Fuente: CONAFOR con información de la SEMARNAT. Se han identificado superficies forestales con potencial para incorporarse al manejo forestal sustentable, aprovechando las condiciones y características que tienen cada una de las formaciones forestales. Asimismo, existe potencial para desarrollar sistemas agroforestales y silvopastoriles como oportunidades de reconversión y diversificación productiva, que contribuyan a mejorar los medios de vida, y a generar ingresos adicionales, al tiempo que se restauran, protegen y conservan los recursos forestales. Sin embargo, la región enfrenta problemas de productividad reducida, de débil articulación de las cadenas de valor de productos agroforestales, espacios forestales no valorizados y escaso acceso a conocimiento y a la asistencia técnica para el ordenamiento territorial y la adaptación al cambio climático. Como resultado, los agricultores recurren a métodos de producción que exacerban la degradación del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Esta situación genera una disminución en la productividad forestal y agropecuaria, así como una pérdida de los servicios ambientales, tales como la protección contra la erosión del suelo, la captura de gases de efecto invernadero (GEI) y el abastecimiento de agua. Frente a esta situación, las poblaciones en situación de pobreza son más vulnerables debido a la disminución de sus ingresos, la dificultad de producir alimentos, con escaso e inseguro acceso a agua, el deterioro de las economías locales y en casos extremos pérdida de activos por inundaciones e incendios. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 841 A continuación, se enuncian causas subyacentes a la problemática planteada: • Capacidades debilitadas de gobernanza local en ejidos y comunidades. • Insuficientes esfuerzos de organización de ejidos, comunidades y pequeños propietarios de terrenos forestales. • Superficie con vegetación forestal que no ha sido incorporada a esquemas de conservación y manejo sustentable (silvicultura comunitaria y pago por servicios ambientales). • Baja productividad de la actividad silvícola, que favorece decisiones de cambio de uso del suelo forestal hacia otras actividades productivas, principalmente ganadería y cultivos de alta rentabilidad como el aguacate. • Insuficiente coordinación con enfoque de manejo integrado del territorio, de acciones y programas de los tres órdenes de gobierno. • Problemas de seguridad en el territorio rural. 5.7.2 Agua: disponibilidad, calidad, distribución y obras hidráulicas De acuerdo con la CONAGUA, la región presenta una profunda desigualdad en el acceso al agua potable y los servicios de saneamiento. Aunque los datos oficiales reportan coberturas estatales superiores al 80%, esta cifra esconde rezagos importantes en comunidades rurales, especialmente indígenas y de alta marginación. La disponibilidad de agua en la región del PRGLCR 2026-2030 está comprometida por la sobreexplotación de mantos acuíferos, la contaminación de fuentes superficiales y subterráneas, así como la pérdida de capacidad de retención de agua en los ecosistemas. Las grandes obras hidráulicas construidas históricamente: como presas, acueductos o sistemas interconectados, han beneficiado principalmente a zonas urbanas o industriales, sin resolver las carencias estructurales en las zonas rurales. Un ejemplo paradigmático es el Sistema Cutzamala, que extrae agua desde la cuenca alta del río Balsas, de presas ubicadas en Michoacán y el Estado de México, para abastecer a cerca del 26% del Valle de México. Esta extracción, al no estar acompañada de inversiones compensatorias en infraestructura para las comunidades de origen del recurso, reproduce un modelo de despojo hídrico que deja a muchas comunidades de la cuenca sin agua potable continua o segura. La construcción, rehabilitación y mantenimiento de sistemas de agua potable, drenaje y saneamiento deben constituir una prioridad regional. Estas acciones requieren enfoques integrales que incluyan justicia hídrica, sostenibilidad ambiental, participación comunitaria y una mayor articulación entre órdenes de gobierno. En diversas zonas de la región, la gestión del agua enfrenta una profunda desigualdad territorial. En comunidades rurales, indígenas y de alta marginación, muchas localidades carecen de redes domiciliarias de agua potable, operan mediante sistemas colapsados, o dependen de fuentes contaminadas. Entre las causas estructurales de esta situación se encuentran la falta de inversión sostenida, una débil planeación del crecimiento urbano y rural, la ubicación geográfica de difícil acceso y la sobreexplotación de acuíferos, factores que se ven agravados por los efectos del cambio climático y la deficiente protección de las fuentes de abastecimiento. Adicionalmente, la contaminación de estas fuentes superficiales y subterráneas por agroquímicos, descargas domésticas y falta de regulación ambiental merma la cantidad y calidad del agua disponible, afectando tanto la salud pública como los ecosistemas acuáticos. Esta situación representa una amenaza directa al derecho humano al agua y al saneamiento. 842 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Mapa 7. Principales cuencas del área de intervención Fuente: Elaboración propia con datos del simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas del INEGI. 5.7.3 Manejo de cuencas y plantas de tratamiento El manejo deficiente de las microcuencas, junto con la baja cobertura de plantas de tratamiento de aguas residuales, agrava la contaminación y limita la disponibilidad de agua de calidad para consumo, riego y actividades económicas. La región carece de una planeación hídrica debido a las condiciones geográficas y sociales de las cuencas, lo que debilita la resiliencia ante eventos extremos como sequías e inundaciones. En muchas localidades, las aguas residuales son vertidas directamente a cuerpos de agua, barrancas o al subsuelo sin tratamiento previo, afectando la salud pública, la calidad ambiental y el potencial de aprovechamiento de estos cuerpos para riego o recreación. Las plantas de tratamiento existentes suelen operar por debajo de su capacidad o estar fuera de funcionamiento por falta de mantenimiento y/o presupuesto, situación derivada del abandono institucional por parte las autoridades correspondientes. Para revertir esta situación, es indispensable invertir en infraestructura de tratamiento con criterios de sostenibilidad, capacitación técnica local, implementar esquemas de mantenimiento comunitario y reforzar la vigilancia ambiental. Además, es fundamental avanzar en un modelo de manejo integral de cuencas, con enfoque territorial, perspectiva ambiental y participación de las comunidades. 5.7.4 Cambio climático y riesgos ambientales De acuerdo con el INECC, la región es una de las más expuestas a fenómenos meteorológicos extremos, incluyendo huracanes, tormentas tropicales, sequías prolongadas e inundaciones. Entre los periodos 1960-1990 y 2011-2018, se registró un aumento en la temperatura promedio anual de entre 0.4 y 0.8 grados centígrados, que podría llegar a 1 grado, lo que ha afectado los ciclos agrícolas, la seguridad alimentaria, el ciclo hidrológico, la vegetación y la disponibilidad de agua. Las comunidades rurales, en especial aquellas donde predominan las mujeres en labores domésticas, agropecuarias o de cuidado, enfrentan mayores impactos ante el cambio climático. La escasez de agua, el aumento en las temperaturas, el cambio de las precipitaciones y la variabilidad climática, tienen un efecto negativo sobre la producción de alimentos en huertos familiares o zonas agrícolas, reduciendo la calidad de vida y aumentando la carga de trabajo no remunerado. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 843 Además, la falta de ordenamiento territorial, la degradación del suelo (erosión y desertificación) y la pérdida de cobertura vegetal reducen la capacidad adaptativa o resiliencia de los ecosistemas. En consecuencia, aumenta el riesgo de desastres como son los deslaves, inundaciones o largos periodos sin lluvias, que provocan la pérdida de medios de vida y el desplazamiento forzado. Frente a este contexto, es indispensable integrar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático en los programas de ordenamiento ecológico, planes de desarrollo regional, fomentar la restauración ecológica, fortalecer las capacidades locales para la gestión de riesgos, e impulsar una transición ecológica a la recuperación de cobertura vegetal y por ende en la recuperación en la calidad y cantidad de los mantos y cuerpos de agua superficiales en los territorios rurales. 5.8. Alimentación, agricultura y economía rural 5.8.1 Seguridad alimentaria y nutrición De acuerdo con la SADER, uno de los principales desafíos estructurales de la región del PRGLCR 2026-2030 es el acceso limitado a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Esta situación impacta de manera directa en la salud, el desarrollo físico y cognitivo, al igual que a las condiciones de vida, especialmente de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores. La inseguridad alimentaria está estrechamente vinculada con la pobreza, la falta de ingresos estables, la marginación territorial y la baja productividad agrícola. A pesar de que la región cuenta con una alta diversidad agroalimentaria, con al menos 45 productos clave —entre ellos el maíz, aguacate, jitomate, leche, carnes y mojarra—esta diversidad no se traduce necesariamente en una dieta adecuada para la población local. Además, la transición epidemiológica en la región ha derivado en una doble carga de enfermedades: por un lado, la persistencia de desnutrición, anemia y enfermedades gastrointestinales asociadas a la pobreza extrema y la falta de acceso a agua limpia y alimentos saludables; y por otro, el incremento en enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión, asociadas al consumo de alimentos ultra- procesados y dietas deficientes en nutrientes. Esta situación es aún más preocupante en las comunidades rurales, las cuales se caracterizan por contar con ingresos limitados. Las condiciones de aislamiento, baja conectividad y escasa infraestructura limitan el acceso a alimentos frescos, saludables y culturalmente adecuados. Frente a este panorama, es indispensable fortalecer políticas públicas enfocadas en la soberanía alimentaria, la producción de alimentos básicos de forma sostenible, el rescate de sistemas agroalimentarios tradicionales, el desarrollo de mercados locales y el acceso universal a servicios de nutrición y orientación alimentaria. Asimismo, deben impulsarse programas integrales de comedores comunitarios, huertos escolares y rurales, y mecanismos de distribución de alimentos con enfoque territorial, intercultural y de género. 5.8.2 Actividad agropecuaria y productiva De acuerdo con el diagnóstico realizado por SADER para la región, esta cuenta con una producción agropecuaria, pesquera y acuícola diversa, con al menos 45 productos clave. Destacan el maíz en grano, aguacate, jitomate, leche, mojarra y carnes de bovino, porcino y ave, no solo por su valor económico, sino también por su relevancia alimentaria, cultural y territorial. Esta diversidad representa una oportunidad estratégica para fomentar el desarrollo rural, fortalecer la soberanía alimentaria y generar ingresos para miles de familias campesinas. Sin embargo, el modelo de desarrollo agroalimentario predominante en la región ha sido insostenible, ya que se caracteriza por baja productividad, alta vulnerabilidad climática, sobreexplotación de recursos naturales y una exclusión estructural de los productores de pequeña y mediana escala. Esta exclusión ha perpetuado la pobreza rural, degradado los ecosistemas y debilitado la viabilidad económica del sector. Cerca del 85% de la producción agrícola en la región es de temporal, lo que la hace especialmente vulnerable a las variaciones del clima, como sequías, lluvias atípicas o eventos extremos. Esta dependencia del régimen pluvial, junto con el limitado acceso a financiamiento, los altos costos de insumos, la escasa asistencia técnica y el nulo uso de seguros agropecuarios, ha provocado que gran parte de los territorios agrícolas operen muy por debajo de su potencial productivo. De acuerdo con información del CONEVAL 2022, el ingreso per cápita mensual en el medio rural de la región, es de apenas 3,931 pesos, cifra por debajo del promedio nacional, lo que evidencia las condiciones estructurales de precariedad económica. Además, muchas familias campesinas carecen de acceso a canales de comercialización adecuados, están sujetas a intermediación desigual y no cuentan con posibilidades de almacenamiento o infraestructura para generar valor agregado a sus productos primarios, lo que reduce su capacidad de generar ingresos estables. 844 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Frente a este panorama, el fortalecimiento de los sistemas productivos locales debe ir acompañado de un enfoque de reconversión sustentable, inclusión social y recuperación del potencial agroecológico. La promoción de prácticas agroecológicas, el impulso a cadenas de valor locales, la tecnificación con criterios ambientales, el acceso a insumos asequibles y la mejora en la comercialización pueden contribuir a detonar economías rurales más resilientes y equitativas. Asimismo, es indispensable brindar asistencia técnica especializada, fomentar el cooperativismo y la asociatividad, apoyar la diversificación productiva y garantizar mecanismos de financiamiento rural adaptados a las condiciones reales de los pequeños productores, incluyendo mujeres rurales, jóvenes y comunidades indígenas y afrodescendientes. 5.8.3 Proyectos productivos, economía social y potencial económico La región del PRGLCR 2026-2030 posee un notable potencial para detonar proyectos productivos sostenibles, arraigados en el territorio y capaces de generar empleos, ingresos y bienestar comunitario. Este potencial está vinculado a la riqueza de sus recursos naturales, su diversidad agroalimentaria, su herencia cultural y en algunas comunidades, por sus capacidades sociales organizativas ya demostradas. No obstante, este potencial ha sido históricamente desaprovechado debido a la falta de inversión, ausencia de asistencia técnica y limitada articulación institucional. Las iniciativas comunitarias productivas, cooperativas o emprendimientos sociales suelen enfrentar barreras significativas para acceder a financiamiento, capacitación, infraestructura o encadenamientos productivos. Impulsar proyectos productivos con enfoque de economía social y solidaria constituye una vía estratégica para generar empleos dignos, fomentar la inclusión de grupos históricamente excluidos (como mujeres, jóvenes e indígenas) y fortalecer las capacidades locales. Ello requiere esquemas de acompañamiento integral, mecanismos de crédito accesible y espacios de comercialización justa y de proximidad. La promoción del turismo rural y cultural, la transformación agroindustrial local, la producción de bienes con identidad territorial, los servicios ambientales y el aprovechamiento sostenible de recursos naturales pueden convertirse en motores de desarrollo, siempre que se integren a estrategias de desarrollo territorial con enfoque de cuenca. Además, el fortalecimiento de capacidades organizativas, el impulso a redes de productores y la articulación de actores públicos, privados, comunitarios y académicos permitirá consolidar un ecosistema económico regional más justo, resiliente y con arraigo social y cultural en los territorios. 5.8.4 Recursos forestales y sustentabilidad La región cuenta con vastas extensiones de selvas secas y bosques templados que no solo son hábitats de gran biodiversidad, sino también fuentes fundamentales de servicios ecosistémicos. Si bien la problemática de la deforestación ha sido abordada en el diagnóstico ambiental, es fundamental resaltar el papel estratégico que juegan los recursos forestales en el desarrollo sustentable y en la economía rural. Actualmente, muchas zonas con vocación forestal no están siendo manejadas bajo esquemas sustentables, ya sea por la falta de reconocimiento de derechos, debilidad institucional o ausencia de asistencia técnica y financiamiento adecuado. Sin embargo, existen importantes oportunidades para impulsar el manejo forestal comunitario, la reconversión de sistemas de uso del suelo, la restauración forestal con enfoque productivo y la generación de empleos verdes por medio de cadenas de valor sustentables. Además, los sistemas agroforestales y silvopastoriles pueden combinar la producción agropecuaria con la conservación del capital natural, aportando beneficios económicos a las comunidades rurales y contribuyendo a la captura de carbono, la infiltración de agua y la protección del suelo. Para lograr una gestión sustentable de los recursos forestales, se requiere:  Reconocer y fortalecer los derechos de las comunidades agrarias y pueblos indígenas sobre sus territorios.  Promover programas de manejo forestal con participación comunitaria.  Fomentar esquemas de pago por servicios ambientales.  Establecer mecanismos de financiamiento accesibles para proyectos forestales.  Vincular los procesos productivos forestales con cadenas de valor locales y regionales. El potencial de la región para transitar hacia un modelo económico que integre la biodiversidad, la resiliencia climática y el aprovechamiento sustentable del territorio depende de una estrategia decidida por los recursos forestales como eje de sustentabilidad y bienestar comunitario. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 845 5.9. Condiciones de salud y bienestar La región del PRGLCR 2026-2030 enfrenta profundas desigualdades en materia de salud, tanto en términos de acceso a servicios como en los resultados en salud de la población. Las condiciones sociales, económicas y ambientales de la región configuran un contexto propicio para la prevalencia simultánea de “enfermedades del rezago” que se entienden como aquellos padecimientos prevenibles y tratables cuya prevalencia se asocia a condiciones de marginación social y acceso limitado a servicios básicos, y de padecimientos crónicos no transmisibles, fenómeno conocido como una doble carga de enfermedad. Las principales causas de mortalidad en la región, de acuerdo con el IMSS-Bienestar, por cada cien mil habitantes, son las enfermedades cardíacas (333.67), la diabetes tipo 2 (259.77), las neoplasias (160.84), las enfermedades hepáticas (93.13) y los homicidios (74.48). Estas tasas superan ampliamente los promedios nacionales, en algunos casos duplicándolos e incluso triplicándolos. Este patrón evidencia la magnitud del problema sanitario, así como la necesidad urgente de reforzar la prevención, el control y la atención primaria de salud. Al mismo tiempo, persisten enfermedades relacionadas con condiciones de pobreza extrema, como el tracoma, la enfermedad de Chagas, la tuberculosis, la lepra y diversas infecciones gastrointestinales y parasitarias, especialmente en comunidades rurales e indígenas. En las unidades de primer nivel de atención de la región se ha registrado un volumen importante de consultas por enfermedades crónicas no transmisibles, lo que indica un sistema de salud que enfrenta una alta demanda y se encuentra insuficientemente preparado para prevenir, diagnosticar y dar seguimiento integral a este tipo de padecimientos. Existen importantes desigualdades entre las entidades que integran la región, así como entre zonas urbanas y rurales. En las localidades más apartadas, la cobertura de servicios es baja, el personal médico escaso y la infraestructura deficiente. Además, las condiciones geográficas dificultan el acceso a centros de salud, lo que agrava la vulnerabilidad de la población. Factores como la desnutrición, la falta de acceso al agua potable y al saneamiento, la exposición a la contaminación del agua y la acumulación de residuos, así como la precariedad habitacional inciden de forma directa en la salud de las personas. A ello se suma la escasa presencia de campañas de prevención, orientación nutricional y atención primaria en salud mental. Para enfrentar este panorama, se requiere un fortalecimiento integral del sistema de salud, con énfasis en la medicina preventiva, la atención comunitaria, la formación de recursos humanos en salud intercultural, y la articulación efectiva entre los distintos órdenes de gobierno y actores comunitarios. La salud debe entenderse como un eje transversal del bienestar y una condición indispensable para el desarrollo integral de los territorios. 5.10. Educación y desarrollo educativo De acuerdo con la SEP, la región alberga 3,414,000 alumnas y alumnos de educación básica (14.3% de la matrícula nacional). La asistencia se concentra en el sistema público (91.4%, frente a 8.6% en el privado, menor al 11.1% nacional) y se sostiene con 154,000 personas docentes (136,000 en escuelas públicas y 18,000 en privadas) que laboran en 40,258 planteles; más de una cuarta parte de estos centros está orientada a comunidades indígenas o rurales. Pese a este esfuerzo institucional, la región padece un rezago educativo profundo y persistente. Uno de cada cinco habitantes (20.6%), —aproximadamente 3.43 millones de personas—, no ha alcanzado el nivel escolar obligatorio, superando el 19.2 % nacional. El problema se agudiza en 269 municipios donde la proporción rebasa el 30%. Entre la población de 15 años o más, 49% no concluyó la educación básica (29.6% nacional) y 11.6 % es analfabeta (4.7% nacional). En las 2,538 localidades rurales (< 2,500 habitantes), donde reside un tercio de la población regional, el analfabetismo escala a 15.94 % y la básica inconclusa a 59.11 %; además, quienes habitan estas zonas cursan 2.8 años menos de escolaridad que quienes viven en ciudades. La niñez tampoco escapa a la desigualdad: 6% de las y los menores de 6 a 14 años no asiste a la escuela (igual al promedio nacional), pero la cifra se incrementa a 7.99 % en áreas rurales, y las tasas de abandono en primaria y secundaria superan los referentes nacionales en cinco de las ocho entidades de la región. La pobreza, que afecta a 64.2 % de la población, la migración, el trabajo infantil y la dispersión territorial agravan la deserción. 846 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Frente a este panorama, resulta indispensable una estrategia educativa territorializada, intercultural y con enfoque de equidad que incorpore lenguas y saberes locales, ofrezca modelos flexibles y pertinentes para estudiantes que trabajan o migran, amplíe la cobertura de la media superior y superior con becas y transporte subsidiado, y articule políticas contundentes para prevenir el abandono escolar. Solo así la educación podrá convertirse en el pilar transformador que la región necesita para romper los ciclos de exclusión y abrir rutas efectivas de movilidad social. 5.11. Condiciones de vivienda y vulnerabilidad territorial De acuerdo con el diagnóstico de la SEDATU, la geografía accidentada y la distribución poblacional dispersa de la región —un tercio de sus habitantes (4.9 millones) reside en localidades de menos de 2,500 personas— se traducen en un rezago habitacional que afecta a una de cada tres viviendas (1.4 millones), proporción que se duplica en zonas rurales e indígenas. El déficit combina materiales precarios (lámina, cartón, asbesto o piso de tierra en 95% de los casos), hacinamiento (25% con más de 2.5 personas por cuarto) y carencia de servicios sanitarios (10%). A ello se suma la inseguridad patrimonial: la mitad de las viviendas en rezago carece de escrituras, lo que restringe el acceso a financiamiento y programas de mejoramiento. Las brechas territoriales son severas. Regiones como Montaña de Guerrero, Amuzgos y Costa Chica, Mixteca y Tierra Caliente concentran más de 60% de su parque habitacional en rezago y registran los mayores niveles de pobreza e identidad indígena; Montaña de Guerrero destaca con 63.8% de viviendas rezagadas, 82.1% de población indígena y el peor índice de calidad del entorno (-1.33). Estas zonas también presentan los valores más críticos de equipamiento urbano, con índices que oscilan de -0.59 (Amuzgos y Costa Chica) a -0.20 (Mixteca Puebla). La tenencia de la tierra añade otro nivel de vulnerabilidad: la región alberga 1,298 núcleos ejidales o comunales con 81 conflictos agrarios y 31 juicios en curso que generan incertidumbre sobre la propiedad. Morelos registra 25 conflictos; la Montaña de Guerrero, 17 conflictos y 5 juicios; y la Mixteca, 11 conflictos. Estas disputas limitan la regularización y frenan inversiones para la mejora de vivienda y del entorno. Frente a esta convergencia de precariedad material, jurídica y territorial, la región requiere estrategias integrales de ordenamiento y regularización que garanticen certeza patrimonial, acompañadas de programas de mejoramiento habitacional culturalmente pertinentes y acciones de planeación urbana participativa. Solo así será posible construir hábitats dignos, seguros y sostenibles que reduzcan las brechas de exclusión y fortalezcan de manera sostenida cohesión social en la región. 5.12. Cultura, identidad y cohesión social La región del PRGLCR 2026-2030 posee una riqueza cultural excepcional, resultado de la confluencia de pueblos indígenas con tradiciones milenarias, comunidades afromexicanas con fuertes raíces territoriales y una diversidad de expresiones culturales que conviven en el presente. Esta diversidad constituye un patrimonio vivo, que se expresa en lenguas, cosmovisiones, saberes ancestrales, gastronomía, música, danzas, rituales y formas de organización comunitaria. Sin embargo, las políticas públicas históricamente han marginado estos elementos identitarios al privilegiar modelos homogéneos de desarrollo urbano y cultural. Las expresiones culturales de los pueblos originarios han sido frecuentemente excluidas del ámbito escolar, institucional y mediático, debilitando la transmisión intergeneracional de conocimientos y afectando la cohesión comunitaria. Aunado a ello, los espacios de expresión cultural son escasos y la infraestructura existente (casas de cultura, centros comunitarios, bibliotecas) suele estar en malas condiciones o carecer de recursos humanos y materiales para operar adecuadamente. Las personas portadoras de tradiciones enfrentan barreras para acceder a apoyos institucionales, mientras que las juventudes carecen de espacios para fortalecer su identidad cultural y su participación en la vida pública. La promoción de la cultura como derecho implica no solo conservar el patrimonio material e inmaterial, sino también fomentar procesos participativos que fortalezcan el tejido social, la identidad territorial y la memoria colectiva. La cultura puede ser un factor clave para reconstruir confianza entre las comunidades y las instituciones, generar pertenencia, prevenir la violencia y abrir caminos hacia la paz. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 847 El fortalecimiento de la cultura comunitaria y la identidad regional debe ser parte integral del desarrollo de la región. Esto implica promover políticas de apoyo a creadores y colectivos culturales, rescatar y revitalizar lenguas indígenas, fortalecer la educación intercultural y ampliar los espacios públicos para el arte, la memoria y el diálogo. Reconocer y apoyar las formas culturales propias de cada pueblo y comunidad es una condición indispensable para una transformación con justicia, respeto y dignidad en la región. 5.13. Gobernanza y construcción de paz La región del PRGLCR 2026-2030 enfrenta un entorno complejo en materia de seguridad y acceso a la justicia. A lo largo de las últimas décadas, diversas zonas del territorio han sido impactadas por dinámicas de violencia asociadas al crimen organizado, conflictos agrarios, despojo territorial y debilidad institucional, lo que ha generado situaciones de vulnerabilidad, desplazamiento forzado y pérdida de cohesión social. La presencia limitada del Estado en varias zonas de la región ha derivado en vacíos de autoridad que han sido ocupados por actores ilegales. En algunos municipios, las tasas de homicidios y otros delitos de alto impacto superan ampliamente la media nacional, generando un clima de temor, impunidad y desconfianza en las instituciones. Esta situación se ve agravada por la escasa presencia de cuerpos policiacos capacitados, la insuficiencia de ministerios y defensores públicos, así como la debilidad del sistema judicial para garantizar acceso efectivo a la justicia. Además, muchas comunidades indígenas y afrodescendientes han sido históricamente excluidas de los mecanismos formales de justicia, lo que ha generado una relación ambivalente con las instituciones y ha fortalecido formas comunitarias de resolución de conflictos, que merecen reconocimiento y articulación con los sistemas estatales desde una perspectiva intercultural y de derechos. El fenómeno de desplazamiento forzado por violencia, conflictos agrarios o despojo de recursos naturales afecta a miles de personas en la región. Estas situaciones generan impactos profundos en la vida de las comunidades, rompen lazos sociales, provocan abandono de tierras y pérdida de medios de vida, especialmente en zonas rurales. Frente a este panorama, la construcción de paz debe entenderse como una tarea estructural que requiere fortalecer el tejido social, garantizar justicia con pertinencia cultural y territorial, recuperar la confianza en las instituciones y restablecer condiciones de seguridad desde una lógica de prevención y protección comunitaria. Visión de largo plazo En el horizonte del año 2030 para los territorios del PRGLCR 2026-2030 se reconoce la deuda histórica de justicia social con las comunidades rurales, los pueblos indígenas y afromexicanos de la región. La exclusión y la marginación que por generaciones han marcado la vida cotidiana de estos territorios deben quedar atrás mediante acciones concretas y contundentes. Para lograrlo, el PRGLCR 2026-2030 se erige como un espacio de articulación permanente: las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben trabajar en la región bajo un mismo mapa de prioridades, coordinadas con los gobiernos estatales y municipales, así como con la sociedad organizada, sin distinciones, guiadas únicamente por el compromiso con el bienestar integral de las personas. La intervención convergente permitirá que las acciones se entrelacen en proyectos compartidos que eviten duplicidades y cierren brechas en los ámbitos de la salud, la educación, la infraestructura, la cultura, el medio ambiente y la economía. Así, desde la apertura de un registro civil itinerante hasta la puesta en marcha de un corredor agroecológico, cada acción debe contribuir a transformar positivamente la vida cotidiana en la región del PRGLCR 2026-2030. Para el año 2030 el Programa proyecta contar con caminos, puentes, redes de telecomunicaciones y servicios básicos planificados de manera sostenible, respetuosa con el entorno y las culturas locales, bajo el enfoque de dignificación de la vida cotidiana y de conectar oportunidades: acercar la clínica intercultural, la escuela digital, los servicios de salud y el comercio justo a las viviendas dispersas entre la montaña y la selva seca. 848 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Para detonar el proyecto económico es necesario no perder de vista la riqueza inherente a todo este territorio como base del desarrollo del futuro con pleno respeto por el pasado. El camino trazado apunta hacia el establecimiento de una economía solidaria donde el conocimiento científico y la tecnología converjan con los conocimientos de las comunidades. Biofertilizantes, agroforestería, captación de agua de lluvia y energías renovables deben ser herramientas que los propios habitantes utilicen para fortalecer sus productos del campo, sus bosques y sus oficios. Se deben desarrollar cadenas de valor donde la juventud encuentre empleo digno sin abandonar su comunidad, donde las mujeres lideren cooperativas y donde las ganancias se reinviertan en el territorio, consolidando un ciclo virtuoso de prosperidad inclusiva. En materia de infancia y adolescencia, el PRGLCR 2026-2030 tiene como propósito garantizar alimentación suficiente, salud plena, educación pertinente y espacios seguros de recreación y cultura para estos grupos de población. La meta es que las rutas escolares protegidas, los huertos pedagógicos y la atención integral a la salud física y emocional deben ser la evidencia clara de que ningún futuro puede construirse sobre la desnutrición, la violencia o el abandono. Este Programa pretende que la niñez, al mirar a su alrededor, identifique oportunidades y referentes positivos dentro de su propio territorio. La visión de largo plazo se sustenta también en la convicción de que las políticas públicas deben mirar al territorio con perspectiva de género, interculturalidad y derechos plenos para las personas. Eliminar las barreras de acceso a los programas de gobierno implica reconocer y enfrentar las desigualdades que atraviesan a las mujeres y a las personas con discapacidad. En 2030, se requiere que los presupuestos sean etiquetados con perspectiva de género, ventanillas de atención que respeten la identidad lingüística y cultural, y espacios donde todas las voces encuentren eco y respaldo institucional. La riqueza cultural de la región debe convertirse en motor de cohesión y desarrollo. Las expresiones culturales y uso de las lenguas originarias deben ser fuente legítima de orgullo y sustento económico. El compromiso del PRGLCR 2026-2030 radica en que cada peso invertido deberá traducirse en caminos transitables, rutas de turismo responsable, agua y saneamiento seguros, energía limpia, educación inclusiva y sistemas de salud interculturales. Asimismo, es indispensable que las comunidades participen en la priorización de proyectos, ejerzan contraloría social y dispongan de mecanismos ágiles para gestionar sus propias iniciativas. En materia de paz, el PRGLCR 2026-2030 reconoce que la autoridad y la comunidad deben trabajar en conjunto para el fortalecimiento de las redes comunitarias de solidaridad, la resolución pacífica de conflictos, y la promoción de una convivencia sana que respete los derechos humanos. Al dirigirnos hacia 2030, el bienestar de largo plazo solamente será posible si la ciencia, la tecnología y el conocimiento se ponen al servicio de las personas. Personas investigadoras, universidades y centros de innovación deben colaborar con médicos tradicionales, artesanas, agricultores y jóvenes para generar soluciones que respeten la esencia, la cultura y las costumbres de cada pueblo. Este diálogo, cimentado en la confianza y la igualdad, permitirá que las microcuencas se restauren, que los bosques se manejen de forma comunitaria y que la agricultura se reconcilie con la naturaleza. La región no puede esperar más. La meta común es hacer de cada comunidad un lugar donde la identidad sea respaldada por todas las áreas del Estado, donde la voz se exprese en la lengua materna, donde la participación ciudadana defina el rumbo de los proyectos y donde la dignidad esté garantizada. De aquí a 2030, el PRGLCR 2026-2030 trabajará para que la región deje de ser un territorio olvidado y se convierta en ejemplo nacional de justicia territorial, cohesión social y resiliencia ambiental. Con trabajo continuo y sostenido, corresponsabilidad comunitaria y recursos suficientes, la exclusión histórica cederá el paso a un presente de oportunidades y a un futuro de prosperidad compartida para todas y todos. Para el año 2045, la región del PRGLCR 2026-2030 tendrá que haber alcanzado un desarrollo integral y sostenible basado en la consolidación de su infraestructura, la diversificación productiva y la garantía plena de derechos. Se busca que las comunidades cuenten con servicios básicos universales, caminos y conectividad que enlace centros educativos, de salud y producción bajo un modelo territorial equilibrado y respetuoso del medio ambiente. La economía local debe sustentarse en cadenas de valor consolidadas, con empleo digno, participación equitativa de mujeres y jóvenes, y aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Los indicadores de bienestar social para el 2045 deberán mostrar reducciones sostenidas en pobreza, marginación y desigualdad, mientras aumentan la calidad de vida, la educación y la seguridad. Para entonces, la región debe ser un referente nacional en cohesión social, innovación rural y gestión comunitaria del territorio, donde las instituciones y las comunidades operen en corresponsabilidad permanente para preservar la paz, la identidad y la prosperidad compartida. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 849 6. Objetivos Los objetivos del PRGLCR 2026-2030 fueron diseñados para atender los compromisos del PND 2025-2030 en un conjunto de territorios concretos. Su formulación responde a los problemas públicos y a las oportunidades identificadas en el diagnóstico, los cuales se plantea atender. Cada objetivo contribuye al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Programa. Se empleó un lenguaje claro para asegurar la comprensión por cualquier lector, y se incorporaron acciones específicas orientadas a disminuir las brechas entre territorios y grupos poblacionales. En su conjunto, los objetivos constituyen una hoja de ruta que permitirá continuar con el proceso ya iniciado por la Cuarta Transformación para atender el rezago histórico de la región. Objetivos del Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030 1. Coordinar los esfuerzos institucionales del Gobierno Federal y de los tres órdenes de gobierno para consolidar la presencia del Estado mexicano, la gobernanza, la cohesión social y la solución de conflictos. 2. Articular los programas del bienestar, salud, educación, agua, energía y calidad en la vivienda en la región para aumentar el bienestar de la población. 3. Impulsar economías locales solidarias y sustentables que fortalezcan los medios de vida de la población, la generación de empleo, el desarrollo de proyectos productivos comunitarios y la creación de empresas sociales. 4. Conservar, restaurar y gestionar sosteniblemente los ecosistemas y cuerpos de agua prioritarios de la región, fortaleciendo la resiliencia ambiental y social ante el deterioro y cambio climático, mediante la participación de las comunidades. 5. Fortalecer las vocaciones productivas locales, las condiciones de movilidad y el acceso equitativo a infraestructura social impulsando un desarrollo sostenible e incluyente. 6. Impulsar el desarrollo cultural de la región mediante la recuperación de la memoria histórica, la preservación del patrimonio y el fortalecimiento de las capacidades comunitarias a fin de consolidar la cohesión social y el sentido de pertenencia. 6.1 Relevancia del Objetivo 1: Coordinar los esfuerzos institucionales del Gobierno Federal y de los tres órdenes de gobierno para consolidar la presencia del Estado mexicano, la gobernanza, la cohesión social y la solución de conflictos. El diagnóstico del PRGLCR 2026-2030 muestra que la región concentra rezagos históricos y dispersión territorial en 726 municipios de ocho estados, con 9.6 millones de personas en pobreza, 2.5 millones en pobreza extrema, 1 millón en pobreza extrema rural, además de 616,595 hectáreas de cobertura forestal perdida entre 2001 y 2018, con tasas de homicidio que en algunas zonas triplican la media nacional. Este cuadro, que afecta con especial dureza a población rural, indígena y afromexicana, exige reordenar la acción pública y fortalecer la presencia del Estado para garantizar derechos y cohesión social conforme al PND 2025-2030 y a los principios del Humanismo Mexicano. La priorización territorial del objetivo se sustenta en evidencias de accesibilidad limitada y déficit de servicios: más de la mitad de la Red Carretera Federal libre de peaje en la región está en mal estado (3,540 de 6,553 kilómetros); en la red estatal, 15,606 kilómetros de 48,846 kilómetros también se encuentran en condiciones deficientes, lo que encarece la provisión de bienes públicos y restringe la movilidad de personas y mercancías. Estos rezagos conviven con déficits de agua, saneamiento, salud, educación y vivienda, y con desconfianza institucional acumulada, que limita la participación social y la corresponsabilidad en las políticas públicas. En este contexto, consolidar la presencia del Estado mexicano, fortalecer la gobernanza, promover la cohesión social y atender la solución de conflictos constituye el punto de partida del “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”: al articular a las dependencias federales entre ellas, con los gobiernos estatales y municipales, así como y la sociedad, el PRGLCR 2026-2030 asegura que las intervenciones se orienten a las causas —y no únicamente a los efectos— de la exclusión y la violencia, y que los derechos lleguen primero a quienes enfrentan la mayor combinación de pobreza y aislamiento. Esta lógica es coherente con la integración del PRGLCR 2026-2030 como programa regional del PND 2025-2030 y con su diseño orientado a alinear estrategias y líneas de acción directamente en el territorio. 850 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Este objetivo aporta, además, instrumentos concretos para cerrar vacíos de autoridad y de fortalecer la coordinación interinstitucional: el enfoque subregional (once subregiones operativas) permite focalizar recursos y monitorear impactos; se reconocen sistemas normativos indígenas y se establecen mecanismos de mediación y justicia agraria para prevenir y resolver disputas; y se evita crear estructuras paralelas, privilegiando la coordinación interinstitucional y la eficiencia del gasto. Con ello se crean las condiciones para que los demás objetivos —bienestar, economías locales, restauración ambiental, infraestructura e identidad cultural— se arraiguen en el territorio y eleven sostenidamente la calidad de vida. En suma, la relevancia de este objetivo radica en que sin un Estado presente, articulado y coordinado no es posible alcanzar el bienestar: fortalecer capacidades municipales, articular de manera efectiva a los tres órdenes de gobierno y tejer cohesión social constituyen condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de derechos, reducir riesgos estructurales y detonar un desarrollo con justicia y arraigo comunitario en la región. 6.2 Relevancia del Objetivo 2: Articular los programas del bienestar, salud, educación, agua, energía y calidad en la vivienda en la región para aumentar el bienestar de la población. El objetivo de aumentar el bienestar de la población, mediante la articulación en la región, de los programas de bienestar, salud, educación, agua, energía y vivienda parte de un diagnóstico contundente: la región concentra 9.6 millones de personas en pobreza, 2.5 millones en pobreza extrema, 1 millón en pobreza extrema rural, con rezagos que impiden el ejercicio efectivo de la movilidad y los derechos sociales. Las carencias en la región son estructurales y territoriales. En los ámbitos rurales y remotos, la pobreza casi se duplica en comparación con las zonas urbanas (74% frente a 34%) y las carencias más severas son vivienda adecuada (57%), acceso a agua entubada (45%) y servicios de salud (38%); más del 60% de estas comunidades está a más de 10 kilómetros de una vía pavimentada, lo que dificulta que los programas públicos lleguen de manera oportuna y con la calidad requerida. La articulación de los distintos programas sociales es la respuesta correcta para aumentar el bienestar de la población ya que el PRGLCR 2026-2030 plantea coordinar dependencias federales con gobiernos de estados y municipios para atacar simultáneamente las causas de la pobreza (ingresos insuficientes, servicios deficientes y aislamiento), priorizando pequeñas obras y servicios que dignifiquen la vida cotidiana (agua, vivienda, conectividad, caminos) y sincronizando padrones y ventanillas para no dejar a nadie atrás. En agua y saneamiento, el diagnóstico evidencia desigualdad territorial y baja cobertura de tratamiento de aguas residuales; articular inversiones, operación y mantenimiento comunitario son la clave para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, además de proteger la salud pública. En educación y salud, la coordinación permite dignificar planteles y unidades médicas, llevar servicios móviles, asegurar abasto e insumos, e incorporar enfoques interculturales y de género para atender a niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. Respecto a la alineación con el “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, el objetivo se inserta en los principios del Humanismo Mexicano y en la integración del PRGLCR 2026-2030 como programa regional del PND 2025-2030, al articular programas sociales y servicios básicos para cerrar brechas territoriales y garantizar bienestar efectivo. La propia matriz de vinculación del programa confirma que este objetivo se conecta con múltiples estrategias del PND 2025-2030 (salud, educación, agua, vivienda, inclusión), reforzando su centralidad para lograr resultados medibles en el territorio. En resumen, la relevancia del objetivo radica en que, sin una articulación interinstitucional y territorial efectiva en materia de bienestar, salud, educación, agua-energía, vivienda, la pobreza multidimensional se reproduce. Coordinar acciones y priorizar intervenciones en las regiones donde las carencias son más intensas eleva la calidad de vida de millones, reduce desigualdades y crea las bases necesarias sobre las que pueden prosperar las economías locales, la cohesión social y los demás objetivos del PRGLCR 2026-2030. 6.3 Relevancia del Objetivo 3: Impulsar economías locales solidarias y sustentables que fortalezcan los medios de vida de la población, la generación de empleo, el desarrollo de proyectos productivos comunitarios y la creación de empresas sociales. El objetivo de impulsar economías locales solidarias y sustentables parte de un diagnóstico claro: en la región coexisten altos niveles de pobreza con estructuras productivas poco inclusivas y vulnerables al clima. El PRGLCR 2026-2030 documenta 9.6 millones de personas en pobreza (2.5 millones en extrema y 1 millón en pobreza extrema rural) y, en el medio rural, un ingreso per cápita mensual de apenas $3,931, en un contexto de baja productividad y exclusión de pequeños y medianos productores. Además, 85% de la agricultura es de temporal, lo que expone los medios de vida a sequías y eventos extremos y limita la generación estable de ingresos. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 851 Las barreras estructurales frenan la iniciativa local. El propio diagnóstico señala falta de inversión, asistencia técnica y articulación institucional, así como acceso limitado a financiamiento, infraestructura y canales de comercialización, lo que reduce el valor capturado en origen y debilita la viabilidad de cooperativas y emprendimientos sociales. A ello se suman flujos migratorios que vacían capital humano —una de cada cinco hogares con al menos una persona migrante; aproximadamente 75,000 jornaleros estacionales por ciclo; más de 48,000 retornos entre 2018 al 2023— y brechas de género que restringen la participación económica de mujeres rurales. La economía solidaria es la respuesta correcta, ya que el PRGLCR 2026-2030 propone fortalecer cadenas de valor ancladas en vocaciones locales (al menos 45 productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas claves) con cooperativismo, asociatividad, crédito accesible y acompañamiento integral, para transformar materias primas, agregar valor y retener derrama en las comunidades bajo un modelo de desarrollo sustentable e inclusivo. Este enfoque incluye a mujeres, jóvenes e indígenas, fomenta comercialización justa y cercana y mejora la resiliencia económica. Sustentabilidad como base del empleo y los ingresos. La región enfrenta pérdida de cobertura forestal (616,595 hectáreas, entre 2001 al 2018) y cambio de uso de suelo; por ello, el fortalecimiento de manejo forestal comunitario, sistemas agroforestales y silvopastoriles, restauración ecológica y pagos por servicios ambientales es clave para crear empleos verdes y proteger los bienes comunes que sostienen la producción. Respecto a los instrumentos y efectos esperados en territorio, la combinación de asistencia técnica, tecnificación con criterios ambientales, insumos asequibles, infraestructura para valor agregado y almacenamiento y redes de productores permite elevar la productividad y precios de venta, abrir mercados locales y regionales y ampliar empleo digno. Sectores como turismo rural y cultural, producción agroecológica, transformación de productos agrícolas, forestales y servicios ambientales pueden convertirse en motores de arraigo juvenil y reducción de la migración por falta de oportunidades. Por lo que toca a la alineación con el “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, este objetivo aterriza el Humanismo Mexicano y la guía del PND 2025-2030 al reorientar el modelo económico hacia la justicia social, la participación y el bienestar colectivo, sustituyendo prácticas extractivas por empresa social y economía solidaria con enfoque territorial. La estrategia integral del Programa —que articula bienestar, agua, restauración ambiental y economías solidarias— refuerza que el desarrollo con inclusión y sostenibilidad sea la vía para fortalecer medios de vida, generar empleo y construir prosperidad con arraigo comunitario en la región. 6.4 Relevancia del Objetivo 4: Conservar, restaurar y gestionar sosteniblemente los ecosistemas y cuerpos de agua prioritarios de la región, fortaleciendo la resiliencia ambiental y social ante el deterioro y cambio climático, mediante la participación de las comunidades. La conservación, restauración y manejo integral de ecosistemas y cuerpos de agua prioritarios, con participación comunitaria, es crucial porque la región muestra un deterioro ambiental acelerado y creciente vulnerabilidad al cambio climático. El diagnóstico estima la pérdida de 616,595 hectáreas de cobertura forestal (entre el 2001 y 2018) y cambios drásticos de uso de suelo, mermando la provisión de servicios ecosistémicos clave para el bienestar de la población. A lo anterior, se suma un estrés hídrico estructural: baja cobertura y desempeño de plantas de tratamiento, vertidos directos a ríos y presas, y fuerte desigualdad territorial en agua y saneamiento, lo que afecta salud pública, productividad y resiliencia. La evidencia subraya la necesidad de manejo integral de cuencas con participación social, operación y mantenimiento local, y vigilancia ambiental. Por otro lado, el riesgo climático ya es patente: entre 1960-1990 y 2011-2018 la temperatura media anual aumentó 0.4-0.8 °C, con mayor frecuencia de sequías, inundaciones e incendios forestales, elevando la vulnerabilidad de los medios de vida rurales en general y en particular de las mujeres, quienes históricamente asumen mayores cargas de cuidado. Fortalecer la resiliencia de la población ante dichos riesgos climáticos, mediante la restauración y medidas de adaptación basadas en la naturaleza, es, por tanto, impostergable. En síntesis, la relevancia del objetivo radica en que sin naturaleza sana no hay bienestar ni desarrollo duradero: recuperar cobertura vegetal y la funcionalidad de ecosistemas y calidad del agua, reducir riesgos climáticos y empoderar a las comunidades como gestoras del territorio crea las condiciones para medios de vida seguros, salud pública, productividad y cohesión social en la región. 852 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 6.5 Relevancia del Objetivo 5: Fortalecer las vocaciones productivas locales, las condiciones de movilidad y el acceso equitativo a infraestructura social impulsando un desarrollo sostenible e incluyente. El objetivo de impulsar un desarrollo sostenible e incluyente —fortaleciendo la economía local, las condiciones de movilidad y el acceso equitativo a infraestructura social— responde a un diagnóstico inequívoco: para 2020 la región concentró pobreza multidimensional (9.6 millones de personas; 2.5 millones en pobreza extrema y un millón en pobreza extrema rural), rezagos de infraestructura y degradación ambiental (616,595 hectáreas de cobertura forestal perdida entre 2001 al 2018), lo que impide que la riqueza biocultural y económica del territorio se traduzca en bienestar para la población. Respecto a la movilidad y brechas de acceso, la conectividad física y digital limita la integración territorial y la inclusión social: de 6,553 kilómetros de Red Federal Libre de peaje, 3,540 kilómetros están en mal estado; en la Red Estatal, de 48,846 kilómetros, 15,606 kilómetros también se encuentran deteriorados, encareciendo el acceso a mercados, salud y educación. Además, persisten aeropuertos subutilizados y una brecha digital donde solo 46% de los hogares rurales tiene internet y la cobertura 4G cae por debajo de 35% en subregiones como la Montaña de Guerrero y la Mixteca, con costos de datos que rondan cerca del 9 % del ingreso de los hogares más pobres. En cuanto a la economía local con inclusión y sostenibilidad, la región posee al menos 45 productos clave, entre ellos maíz, aguacate, jitomate, leche, mojarra, cárnicos, pero el modelo predominante ha sido poco inclusivo y ambientalmente insostenible: aproximadamente el 85% de la agricultura es de temporal, con baja productividad, vulnerabilidad climática y exclusión de pequeños y medianos productores; el ingreso rural per cápita es de $3,931 mensuales. Reorientar estas vocaciones hacia cadenas de valor locales, prácticas agroecológicas, tecnificación con criterios ambientales, financiamiento accesible y asociatividad permite generar empleos dignos y reducir la pobreza con arraigo territorial. Por lo que toca a la sustentabilidad ambiental como base del desarrollo, es pertinente mencionar que la deforestación y el cambio de uso de suelo han mermado servicios ecosistémicos críticos (recarga hídrica, regulación climática) y elevan la vulnerabilidad ante sequías e inundaciones; de no corregir la tendencia, la región podría perder otras 700,000 hectáreas de vegetación arbórea hacia 2030. La transición hacia el manejo forestal sustentable, los sistemas agroforestales y silvopastoriles y la restauración ecológica, son condicionantes para que el crecimiento económico sea duradero. Por otra parte, con referencia a la infraestructura social para la cohesión y la equidad, la falta o deterioro de espacios educativos, culturales y deportivos en localidades rurales y marginadas debilita el tejido social y reproduce desigualdades; su rehabilitación y expansión son palancas de equidad y oportunidades para niñas, niños y jóvenes. La aportación de este objetivo al modelo del “Segundo Piso de la Cuarta Transformación” radica en que la estrategia se alinea con el PND 2025-2030 y la Agenda 2030, al integrar inversiones que fortalecen la conexión entre territorios y personas (caminos rurales, carreteras y conectividad digital), y que anclan el desarrollo en las vocaciones locales, bajo los criterios de inclusión y sostenibilidad. Un ejemplo de ello es el Polo de Desarrollo para el Bienestar Lázaro Cárdenas-La Unión, que articula ordenamiento territorial, la infraestructura logística y la diversificación productiva, con el propósito de que la plataforma portuaria y ferroviaria detone el bienestar más allá de los corredores costeros, con actualización del Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2025-2030 y obras carreteras prioritarias. En síntesis, la relevancia del objetivo radica en que no habrá crecimiento con justicia sin movilidad inclusiva y sin infraestructura social de calidad, ni desarrollo duradero sin economías locales sostenibles. Fortalecer caminos, conectividad digital y espacios públicos; reconvertir y diversificar los sistemas productivos; y asegurar que la infraestructura logística genere derrama territorial son condiciones indispensables para reducir desigualdades, elevar ingresos y construir bienestar con arraigo comunitario en esta región del país. 6.6 Relevancia del Objetivo 6: Impulsar el desarrollo cultural de la región mediante la recuperación de la memoria histórica, la preservación del patrimonio y el fortalecimiento de las capacidades comunitarias a fin de consolidar la cohesión social y el sentido de pertenencia. El General Lázaro Cárdenas del Río, durante su labor como Vocal de la Comisión del Río Balsas, reconoció y valoró la riqueza de los pueblos originarios que históricamente fueron despojados de su patrimonio, sus tierras, sus recursos y hasta de su lengua originaria. La política que se promovió durante ese periodo fue la de incorporar esta riqueza cultural como elemento de desarrollo regional. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 853 Rescatar el legado permite preservar la memoria colectiva, fortalecer la identidad cultural y fomentar el aprendizaje intergeneracional, mantener vivas las tradiciones, los valores y las historias que definen a los pobladores de la región como sociedad y como individuos. Busca salvaguardar lenguas, tradiciones y sitios de memoria; apoyar a portadores culturales; integrar contenidos locales en la educación y promover el arte comunitario como herramienta de paz. Estos objetivos se implementarán bajo el Eje transversal 3: Derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas del PND 2025-2030. 6.7 Vinculación de los objetivos del Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030 Objetivos del Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 1. Coordinar los esfuerzos institucionales del Gobierno Federal y de los tres órdenes de gobierno para consolidar la presencia del Estado mexicano, la gobernanza, la cohesión social y la solución de conflictos 1.1 Promover y fortalecer el desarrollo de una sociedad democrática, participativa, transparente y justa 1.2 Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso universal a la justicia y la no discriminación. 1.5 Garantizar la seguridad pública y fortalecer un entorno de paz mediante acciones eficaces de prevención, justicia y proximidad social T2.4 Impulsar la investigación colaborativa, el desarrollo tecnológico y la innovación en sectores estratégicos, con el objetivo de convertir a México en una potencia científica y tecnológica soberana, orientada hacia un desarrollo con bienestar y prosperidad. Este enfoque promoverá la formación científica, la generación de conocimiento y la transferencia tecnológica con visión humanista, contribuyendo al progreso integral del país. T.3.3 Ejecutar políticas, programas y asignar recursos presupuestales directos a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, garantizando su administración autónoma para fortalecer el ejercicio de sus derechos, su bienestar y su desarrollo integral, intercultural y sostenible. T.3.4 Asegurar el ejercicio pleno del derecho a la libre determinación, autonomía y autogobierno de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en los ámbitos social, económico, cultural, jurídico y político, fortaleciendo su capacidad de decisión y gestión en los niveles comunitario, municipal y regional. 1.1.6 Garantizar la participación y representación de los pueblos indígenas y afromexicanos en la toma de decisiones a nivel federal, estatal y municipal, así como en los procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado. 1.1.7 Fortalecer las instituciones a través de la gobernanza territorial, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la participación social y comunitaria. 1.2.2 Erradicar prácticas discriminatorias que generen exclusión y desigualdad, garantizando los derechos de las minorías y grupos históricamente discriminados. 1.5.4 Abordar las causas estructurales de la violencia para construir una sociedad basada en la paz y la justicia social. 1.5.5 Promover la celebración de asambleas de paz y gestión de conflictos, para inhibir el desarrollo de la violencia. T2.4.4 Implementar mecanismos de vinculación, modernización y transferencia tecnológica e innovación entre los sectores académico, productivo, público y social, alineados con las prioridades nacionales y orientados al bienestar social. T2.4.5 Fomentar la creación de redes de colaboración interinstitucionales que lleven a cabo proyectos estratégicos, promuevan la transferencia de conocimiento e innovación, y aborden desafíos locales, nacionales e internacionales. T3.2.2 Garantizar la asignación de recursos federales para la ejecución de proyectos, obras y acciones acordadas con las Autoridades Indígenas, asegurando su implementación efectiva dentro de los Planes de Justicia y Desarrollo Regional. 854 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivos del Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 T3.2.3 Fortalecer la coordinación entre los ámbitos federal, estatal y municipal para garantizar la implementación efectiva de los Planes de Justicia y Desarrollo Regional, asegurando que los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas definan, administren, ejecuten, evalúen y transparenten los proyectos, obras y acciones acordadas. T3.3.1 Diseñar y fortalecer políticas, programas y acciones gubernamentales sectoriales, especiales y regionales con enfoque de derechos y pertinencia cultural, garantizando que respondan a las necesidades y aspiraciones de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. T3.3.3 Definir normas, criterios y mecanismos para garantizar una asignación presupuestal equitativa, justa y proporcional a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, asegurando su administración y ejercicio directo mediante criterios compensatorios que fortalezcan su desarrollo y autonomía. T3.4.1 Consolidar la autonomía, los sistemas de gobierno y las estructuras organizativas de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en los niveles comunitario, municipal y regional, asegurando el ejercicio pleno y efectivo de su derecho a la libre determinación. 2. Articular los programas del bienestar, salud, educación, agua, energía y calidad en la vivienda en la región para aumentar el bienestar de la población. 2.1 Fortalecer la red de protección social para garantizar la inclusión social y económica de toda la población, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. 2.2 Brindar atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad en el territorio nacional, afectadas por emergencias derivadas de fenómenos sociales o naturales, garantizando su bienestar y derechos sociales con un enfoque humanista, empático y solidario. 2.3 Garantizar el ejercicio pleno del derecho a una educación inclusiva y equitativa para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, promoviendo una formación humanista, científica, intercultural, plurilingüe e integral que mejore el bienestar de la población e impulse el desarrollo del país. 2.1.1 Garantizar el acceso pleno a los derechos sociales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años en situación de vulnerabilidad, priorizando a quienes carecen de uno o ambos padres, mediante apoyos económicos para su cuidado y educación. 2.1.2 Fortalecer la autonomía económica de las mujeres adultas mayores de 60 a 64 años en todo el país, con especial atención a mujeres indígenas y afromexicanas. 2.1.4 Implementar acciones para reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que afectan a las personas adultas mayores de 65 años o más, garantizando su bienestar y calidad de vida. 2.1.9 Articular políticas nacionales, integrales e intersectoriales para garantizar los derechos de la primera infancia, niñez y adolescencia, con un Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 855 Objetivos del Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 2.4 Impulsar el desarrollo científico y tecnológico a través de la educación, formación y capacitación para el trabajo, garantizando servicios innovadores, pertinentes y actualizados que mejoren el bienestar y la calidad de vida de todas las personas. 2.7 Garantizar el derecho a la protección de la salud para toda la población mexicana mediante la consolidación y modernización del sistema de salud, con un enfoque de acceso universal que cierre las brechas de calidad y oportunidad, protegiendo el bienestar físico, mental y social de la población. 2.9 Garantizar el derecho a una vivienda adecuada y sustentable que mejore la calidad de vida de la población mexicana, contribuyendo a cerrar las brechas de desigualdad social y territorial. 2.10 Promover entornos públicos justos y adaptativos mediante la planificación de espacios rurales y urbanos, con el objetivo de reducir las disparidades en el acceso a oportunidades y servicios entre diferentes regiones y comunidades del país. 4.4 Garantizar el acceso equitativo a la energía para las poblaciones y regiones con problemas de suministro, promoviendo su inclusión e integración al desarrollo energético sustentable. 4.5 Proteger y restaurar los ecosistemas naturales, promoviendo su uso sustentable mediante una política ecológica humanista, inclusiva y participativa. 4.6 Garantizar el derecho al agua mediante una gestión eficiente, sustentable y resiliente al cambio climático, protegiendo la integridad de las cuencas y asegurando su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras. T3.6 Asegurar el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, garantizando su plena autonomía para ejercer el derecho a la libre determinación y definir sus propios modelos de desarrollo que fortalezcan su bienestar y calidad de vida. enfoque de ciclo de vida, igualdad sustantiva y equidad de género, asegurando servicios universales e intervenciones diferenciadas según su nivel de riesgo o vulnerabilidad. 2.2.3 Reducir el impacto de emergencias climáticas o sociales en el bienestar de personas y familias, fortaleciendo la gestión integral de riesgos para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos. 2.3.1 Expandir la oferta educativa para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, fomentando su desarrollo integral y promoviendo la igualdad social. 2.3.2 Crear entornos óptimos para el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de los estudiantes mediante la construcción, equipamiento, restauración, reforzamiento y rehabilitación de la infraestructura educativa, con prioridad en las zonas de mayor rezago social. 2.3.3 Fortalecer los planes y programas de estudio conforme a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, promoviendo una formación integral, crítica, ambiental, humanista, cívica, intercultural y científica. 2.3.6 Asegurar el derecho a la cultura física, la práctica del deporte, la educación artística y el acceso a la cultura, promoviendo el bienestar comunitario y la inclusión social de toda la población. 2.3.7 Garantizar la atención integral de la primera infancia, con énfasis en la educación inicial, y fortalecer el bienestar de niñas, niños y adolescentes para impulsar un desarrollo pleno a lo largo de su ciclo de vida. 2.4.1 Reforzar las alianzas entre los sectores público, productivo y social para la capacitación de jóvenes, especialmente quienes no estudian ni trabajan, facilitando su desarrollo de experiencia laboral y habilidades para el empleo. 2.7.1 Fortalecer al IMSS-Bienestar como el principal proveedor de servicios de salud para la población sin seguridad social, garantizando acceso universal y cobertura en todo el país. 856 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivos del Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 2.7.3 Implementar políticas mediante el Sistema Nacional de Salud Pública que aseguren atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, con énfasis en población indígena, afromexicana, migrante o con discapacidad. 2.7.6 Garantizar la entrega oportuna de insumos de salud en los tres niveles de atención, acorde a las necesidades de la población. 2.7.10 Favorecer la integración del Sector Salud mediante un modelo de intercambio de servicios que incremente la capacidad resolutiva y la calidad de la atención médica. 2.7.11 Contribuir al desarrollo de la política nacional alimentaria y fortalecer los programas de salud y nutrición en todas las etapas de la vida. 2.9.1 Coadyuvar con financiamiento en el desarrollo y construcción de vivienda adecuada, apoyando programas de vivienda popular y priorizando diseños, sistemas constructivos y materiales sustentables, asegurando su integración al ordenamiento territorial. 2.9.2 Impulsar el financiamiento en el sector de vivienda mediante mecanismos y programas que faciliten la adquisición, autoproducción y mejora de viviendas, con el objetivo de reducir el rezago habitacional. 2.9.5 Mejorar el acceso, la calidad y la cobertura de las necesidades de vivienda adecuada, garantizando la diversidad de opciones para toda la población. 2.10.3 Promover un ordenamiento territorial integral y sustentable que articule la gestión de riesgos de desastres, la integración armónica de los ámbitos rural y urbano, mediante procesos de planeación participativos para reducir las desigualdades socio- territoriales. 4.4.1 Desarrollar esquemas que amplíen el acceso a la energía en comunidades y regiones con pobreza energética, garantizando un suministro confiable, asequible y sustentable. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 857 Objetivos del Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 4.5.3 Fomentar actividades productivas sustentables en los ecosistemas naturales para aumentar la productividad forestal, proteger la biodiversidad y mejorar los medios de vida de las comunidades. 4.5.4 Restaurar ecosistemas clave para la biodiversidad y los servicios ambientales mediante un enfoque integral, intersectorial y culturalmente pertinente. 4.5.10 Fomentar la conservación de la propiedad social en ejidos y comunidades agrarias con alto valor ecológico, promoviendo el uso sustentable de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad. 4.6.1 Garantizar el acceso asequible y equitativo al agua potable y su saneamiento mediante inversión en infraestructura y fomento del reúso, con prioridad en regiones con mayor vulnerabilidad climática o impacto por actividad humana. 4.6.3 Modernizar y expandir la infraestructura de recolección, distribución y tratamiento de aguas residuales, municipales e industriales para mejorar su calidad y promover su reúso sustentable. 4.6.4 Reforzar el monitoreo y control de contaminantes para prevenir el deterioro de la calidad del agua y proteger los ecosistemas y su biodiversidad T3.6.3 Reducir el rezago habitacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas mediante programas de vivienda con pertinencia cultural, garantizando acceso a subsidios directos, materiales adecuados y empleo de mano de obra local y regional a través de procesos de consulta y concertación. T3.6.5 Desarrollar infraestructura esencial en Comunidades Indígenas y Afromexicanas para garantizar acceso a agua potable, electrificación, drenaje y saneamiento, además de fortalecer espacios comunitarios, integrando técnicas tradicionales, tecnologías sustentables y empleo de mano de obra local. 858 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivos del Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 3. Impulsar economías locales solidarias y sustentables que fortalezcan los medios de vida de la población, la generación de empleo, el desarrollo de proyectos productivos comunitarios y la creación de empresas sociales. 3.4 Fortalecer la soberanía alimentaria para garantizar el derecho del pueblo de México a una alimentación nutritiva, suficiente, de calidad y a precios accesibles para todos. 3.5 Contribuir al bienestar y la inclusión social de la población rural, enfocándose en micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, así como en las personas jornaleras, mediante acciones que mejoren sus ingresos. 3.6 Fortalecer la producción, el desarrollo y la tecnificación del campo mexicano, enfocándose en los pequeños y medianos productores, mediante el uso sostenible de los recursos naturales y la provisión de servicios públicos de calidad. T1.1 Impulsar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas históricas de pobreza y precariedad laboral, garantizando condiciones equitativas de acceso al trabajo, ingresos dignos y una cultura de empoderamiento basada en la igualdad sustantiva. T3.6 Asegurar el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, garantizando su plena autonomía para ejercer el derecho a la libre determinación y definir sus propios modelos de desarrollo que fortalezcan su bienestar y calidad de vida. 3.4.1 Fortalecer la capacidad e inclusión productiva de los productores, con énfasis en la micro, pequeña y mediana escala, para aumentar la producción nacional sostenible de alimentos bajo un enfoque agroecológico. 3.4.2 Promover el buen funcionamiento de los mercados agrícolas, acuícolas y pesqueros, impulsando la generación de valor agregado y optimizando la comercialización de sus productos para garantizar el abasto de alimentos. 3.5.2 Impulsar el desarrollo del turismo rural y comunitario a través de programas de fomento y certificaciones específicas. 3.6.1 Fomentar la transición agroecológica y el uso sostenible de los recursos naturales en la producción agropecuaria, pesquera y acuícola, garantizando la sostenibilidad frente al cambio climático. 3.6.2 Promover el uso eficiente del agua en la agricultura, ganadería y acuacultura para asegurar la sostenibilidad hídrica en la producción de alimentos. T1.1.4 Asegurar el empoderamiento económico de las mujeres mediante la administración autónoma de sus recursos, la gestión equitativa de su tiempo, la inclusión financiera, el acceso a una movilidad segura e incluyente y la mitigación de riesgos para mejorar su bienestar. T1.1.6 Garantizar el acceso equitativo de las mujeres, niñas y adolescentes a la educación, salud, cultura, deporte, espacios públicos y servicios básicos, mediante políticas y acciones que eliminen barreras y promuevan su bienestar integral. T3.6.1 Desarrollar e implementar acciones públicas para preservar y fortalecer los sistemas alimentarios tradicionales, como el Sistema Milpa y el maíz nativo, garantizando la seguridad alimentaria, el acceso a una dieta saludable con pertinencia cultural y el fomento productivo en las regiones indígenas y afromexicanas. T3.6.2 Fortalecer las actividades económicas de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas mediante la inclusión financiera, el acceso a recursos y mercados, y el impulso al valor agregado de sus bienes y servicios, garantizando herramientas de capacitación y desarrollo productivo. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 859 Objetivos del Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 T3.6.4 Impulsar el liderazgo y la inclusión de empresas indígenas en la economía local y regional, fortaleciendo sus capacidades, acceso a recursos y materiales, y revitalizando sus prácticas y técnicas tradicionales para mejorar sus ingresos y desarrollo económico sostenible. 4. Conservar, restaurar y gestionar sosteniblemente los ecosistemas y cuerpos de agua prioritarios de la región, fortaleciendo la resiliencia ambiental y social ante el deterioro y cambio climático, mediante la participación de las comunidades. 4.3 Reducir las emisiones contaminantes y fortalecer la resiliencia climática mediante la prevención, control y mitigación de los impactos ambientales en la salud y los ecosistemas. 4.5 Proteger y restaurar los ecosistemas naturales, promoviendo su uso sustentable mediante una política ecológica humanista, inclusiva y participativa. 4.6 Garantizar el derecho al agua mediante una gestión eficiente, sustentable y resiliente al cambio climático, protegiendo la integridad de las cuencas y asegurando su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras. 4.3.1 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar el cambio climático y sus impactos en la sociedad, la economía y el medio ambiente 4.3.2 Implementar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático con enfoque en derechos humanos, igualdad y justicia ambiental para fortalecer la resiliencia de la sociedad y los ecosistemas. 4.3.3 Promover la economía circular para optimizar el uso de recursos, mejorar la gestión de residuos y prevenir la contaminación, reduciendo la presión sobre el medio ambiente. 4.6.7 Promover la gestión integrada de cuencas y acuíferos en proyectos de infraestructura, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, para garantizar la sustentabilidad hídrica y reducir las desigualdades regionales en el acceso al agua. 5. Fortalecer las vocaciones productivas locales, las condiciones de movilidad y el acceso equitativo a infraestructura social impulsando un desarrollo sostenible e incluyente. 3.7 Mejorar la movilidad de personas y mercancías en todo el territorio nacional y transfronterizo, incrementando la competitividad del país mediante la consolidación de una red intermodal de infraestructura para un transporte eficiente, sostenible y seguro. T2.3 Unificar capacidades y proporcionar servicios críticos, así como mejorar la conectividad en áreas remotas, a través del Programa Espacial Mexicano, con el fin de garantizar el acceso a servicios esenciales y promover el desarrollo de estas regiones. T3.6 Asegurar el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, garantizando su plena autonomía para ejercer el derecho a la libre determinación y definir sus propios modelos de desarrollo que fortalezcan su bienestar y calidad de vida. 3.7.1 Incrementar la conectividad entre regiones para mejorar el acceso a comunidades aisladas y promover el desarrollo de centros poblacionales, económicos y turísticos, integrando el ordenamiento territorial con criterios de movilidad sustentable, segura, accesible e incluyente, que contribuyan al bienestar regional, al comercio interno y transfronterizo, y al turismo. 3.7.2 Fomentar la construcción, modernización y conservación de la infraestructura de transporte para garantizar la movilidad de personas, bienes, servicios y turistas nacionales e internacionales, asegurando condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. T2.3.2 Proveer acceso a internet a todas las personas en situación de pobreza y garantizar el servicio en espacios públicos, con el fin de cerrar las brechas de acceso a la información y promover la inclusión digital entre la población más vulnerable. 860 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivos del Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 T3.6.6 Fortalecer y expandir la red de comunicación terrestre, priorizando los caminos artesanales, para mejorar la integración regional de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, facilitando su acceso a servicios de salud, educación, financiamiento y empleo. 6. Impulsar el desarrollo cultural de la región mediante la recuperación de la memoria histórica, la preservación del patrimonio y el fortalecimiento de las capacidades comunitarias a fin de consolidar la cohesión social y el sentido de pertenencia. 2.5 Garantizar el derecho a la cultura con enfoques de participación e inclusión, respetando la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. T.3.5 Garantizar la preservación, protección, desarrollo y salvaguarda del patrimonio cultural, material e inmaterial, los conocimientos y expresiones culturales tradicionales, así como la propiedad intelectual colectiva de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. 2.5.3 Reforzar la investigación, protección y preservación del patrimonio documental de la Nación, así como del patrimonio paleontológico, arqueológico, histórico y artístico. Promover, reconocer y difundir las culturas vivas en todas sus expresiones como parte fundamental de la identidad y diversidad pluricultural, multiétnica y plurilingüe de México. 2.5.4 Implementar acciones para fortalecer la memoria, la gestión comunitaria y la salvaguardia del patrimonio biocultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Proveer apoyos a las y los artesanos, con prioridad en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para desarrollar su capacidad productiva con pertinencia cultural. T3.5.1 Garantizar el derecho de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a preservar, proteger, gestionar y fortalecer su patrimonio cultural, material e inmaterial, asegurando la salvaguarda de todos los elementos que conforman su identidad y legado histórico. T3.5.2 Garantizar la protección, promoción, revitalización y transmisión de las lenguas, conocimientos tradicionales, expresiones artísticas y culturales de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, asegurando el respeto y ejercicio pleno de sus derechos colectivos de propiedad intelectual. T3.5.4 Desarrollar e implementar un modelo educativo intercultural y plurilingüe que garantice la preservación, revitalización y reconocimiento de las lenguas indígenas, así como la protección, transmisión y fortalecimiento del patrimonio cultural tangible e intangible y los conocimientos tradicionales de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 861 7. Estrategias y líneas de acción Este apartado presenta las estrategias y líneas de acción del PRGLCR 2026-2030, construidas para alcanzar los objetivos que buscan atender las problemáticas mencionadas en el diagnóstico, en plena alineación con el PND 2025-2030. Las estrategias son el conjunto de intervenciones en política pública que buscan cumplir con los seis objetivos delineados en el programa, para iniciar un proceso de atención que atienda las causas y los efectos de las problemáticas de la región. Objetivo 1. Coordinar los esfuerzos institucionales del gobierno federal y de los tres órdenes de gobierno para consolidar la presencia del Estado mexicano, la gobernanza, la cohesión social y la solución de conflictos. Estrategia 1.1 Facilitar el acceso efectivo de las comunidades rurales, pueblos indígenas y afromexicanos a servicios públicos y programas del Gobierno de México en la región, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos y reducir las brechas de desigualdad territorial. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 1.1.1 Programar en el ámbito de atribución de cada instancia participante en el Programa acciones que puedan transformar la vida cotidiana de las comunidades rurales, pueblos indígenas y afromexicanos de la región. Todas las dependencias y entidades participantes en el Programa 1.1.2 Fortalecer la presencia de las dependencias y entidades en el territorio, mediante el incremento progresivo de las acciones dirigidas a la región, para garantizar los derechos humanos de las comunidades rurales, pueblos indígenas y afromexicanos. Todas las dependencias y entidades participantes en el Programa 1.1.3 Eliminar barreras de acceso a los programas de gobierno, adecuando su diseño y operación a las realidades culturales, lingüísticas, territoriales y organizativas de las comunidades rurales, pueblos indígenas y afromexicanos de la región. Todas las dependencias y entidades participantes en el Programa que brindan servicios de manera directa a la comunidad 1.1.4 Establecer mecanismos para que las comunidades rurales, pueblos indígenas y afromexicanos de la región, puedan realizar las gestiones con las dependencias federales en sus entidades federativas. Todas las dependencias y entidades participantes en el Programa que brindan servicios de manera directa a la comunidad 1.1.5 Respetar el derecho a la lengua indígena en los servicios que otorga el gobierno, mediante la incorporación progresiva de intérpretes o servidores públicos que las hablen, esencialmente en los servicios de salud y educación que se prestan en la región. Todas las dependencias y entidades participantes en el Programa que brindan servicios de manera directa a la comunidad 1.1.6 Incorporar soluciones técnicamente innovadoras a las problemáticas de las comunidades rurales, pueblos indígenas y afromexicanos de la región, mediante la colaboración de las comunidades científicas. SECIHTI 1.1.7 Incorporar el interés superior del niño, la niña y los adolescentes en las acciones de gobierno que se deriven del PRGLCR 2026-2030. Todas las dependencias y entidades participantes en el Programa, con el apoyo de la SESIPINNA 1.1.8 Incorporar la perspectiva de género en las acciones de gobierno que se deriven del PRGLCR 2026-2030. Todas las dependencias y entidades participantes en el Programa, con el apoyo de la SEMUJERES 1.1.9 Garantizar el derecho de todas las personas a la identidad, favoreciendo la entrega de actas de nacimiento y clave única de registro de población, en comunidades rurales, pueblos indígenas y afromexicanos de la región. SEGOB e INPI 1.1.10 Establecer alianzas estratégicas entre instituciones de educación superior, entidades públicas, empresas y centros de investigación para integrar proyectos de investigación que contribuyan a atender las problemáticas de las comunidades en la región. SECIHTI y SEP 862 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 1.2 Apoyar las capacidades institucionales y de gestión de los gobiernos locales y la coordinación de los tres órdenes de gobierno, para contribuir al desarrollo territorial y la construcción de la paz. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 1.2.1 Diseñar y operar proyectos en materia de cultura de paz, en conjunto con los gobiernos locales, mediante la realización de diagnósticos, planes de trabajo, seguimiento y evaluación en la región. SEGOB y SEMUJERES 1.2.2 Generar acuerdos de colaboración interinstitucional para la prevención de la violencia en entornos escolares, mediante la participación de dependencias de los tres órdenes de gobierno y actores locales relacionados con el tema. SEGOB, SEP y SEMUJERES 1.2.3 Fortalecer la participación social para la construcción de paz, mediante la celebración de asambleas informativas y otras formas de organización comunitaria en los municipios prioritarios de la región. SEGOB y SEMUJERES 1.2.4 Impulsar la cohesión social, recuperación de los espacios públicos y la construcción de paz, mediante la promoción de actividades culturales, deportivas y artísticas en la región. SEGOB, SECTUR, SC y SEMUJERES 1.2.5 Identificar acciones que puedan generar un efecto multiplicador del bienestar en las localidades y municipios con mayor pobreza. Todas las dependencias y entidades participantes en el Programa que brindan servicios de manera directa a la comunidad 1.2.6 Incrementar el ingreso de las comunidades rurales, indígenas y afromexicanas de la región, mediante acciones de empleo temporal. Todas las dependencias y entidades participantes en el Programa que instrumentan proyectos en el territorio 1.2.7 Brindar asesoría y capacitación a las autoridades municipales, locales y comunitarias sobre los programas, proyectos y apoyos federales. SEGOB 1.2.8 Promover actividades de investigación con instituciones de nivel superior, centros públicos de investigación e institutos especializados en etnografía y estudios socio territoriales, que contribuyan a la creación de políticas públicas en beneficio de las poblaciones de la región. SECIHTI y SEMUJERES 1.2.9 Promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la construcción de Planes de Justicia y Desarrollo regional, en coordinación con dependencias y entidades con intervenciones en la región. INPI 1.2.10 Promover acciones para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como prevenir el embarazo adolescente y erradicar el embarazo infantil y toda forma de violencia sexual y de unión forzada y temprana, priorizando las comunidades rurales, indígenas y afromexicanas con mayor incidencia. SEMUJERES Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 863 Estrategia 1.3 Promover la práctica deportiva como herramienta de integración social, fortalecimiento de la identidad cultural y generación de sentido de pertenencia en las comunidades indígenas de la región. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 1.3.1 Fortalecer la integración social, la identidad cultural, el sentido de pertenencia y salud en las comunidades indígenas, mediante la organización de encuentros deportivos en la región. SEP-CONADE, SECTUR y SEMUJERES 1.3.2 Coordinar la implementación de actividades físicas en entornos escolares y espacios públicos en la región. SEP-CONADE 1.3.3 Organizar actividades deportivas con apoyo de la Defensa en la región. SEP-CONADE y Defensa 1.3.4 Impulsar el rescate y rehabilitación de espacios públicos deportivos en la región. SEP-CONADE y Defensa Objetivo 2. Articular los programas del bienestar, salud, educación, agua, energía y calidad en la vivienda en la región para aumentar el bienestar de la población. Estrategia 2.1 Ampliar las oportunidades para reducir las brechas de desigualdad social de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 2.1.1 Reducir la vulnerabilidad de las personas adultas mayores mediante transferencias monetarias dirigidas a la población de la región. BIENESTAR 2.1.2 Contribuir a mejorar las condiciones que permitan el acceso al ejercicio pleno de los derechos sociales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad por la ausencia de uno o de ambos padres, mediante transferencias monetarias dirigidas a la población de la región. BIENESTAR 2.1.3 Promover la inclusión social y económica de las personas con discapacidad, permitiéndoles superar las barreras estructurales que limitan su participación plena, mediante transferencias monetarias dirigidas a la población de la región. BIENESTAR 2.1.4 Contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores de 60 a 64 años, mediante transferencias monetarias dirigidas a la población de la región. BIENESTAR 2.1.5 Incentivar el establecimiento de sistemas productivos agroforestales, combinando el cultivo de granos básicos, árboles frutales y maderables, que contribuyan a las comunidades a ejercer el derecho a la alimentación y un medio ambiente sano. BIENESTAR, SEMARNAT y CONAFOR 864 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 2.2 Fortalecer los servicios de salud, la infraestructura básica, contener las enfermedades de rezago, la mortalidad materno-infantil y disminuir la carga de las enfermedades crónico-degenerativas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 2.2.1 Generar acciones de prevención, promoción y atención en los tres niveles de atención, mediante la participación de la comunidad en la región. SSA, IMSS, IMSS-BIENESTAR e ISSSTE 2.2.2 Diseñar una política pública para mejorar la nutrición -con énfasis en la salud materno infantil- mediante acciones culturalmente pertinentes. SSA 2.2.3 Ampliar y mejorar la infraestructura hospitalaria para brindar atención a un mayor número de personas de las comunidades rurales, indígenas y afromexicanas de la región. SSA, IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE y SICT 2.2.4 Garantizar disponibilidad de insumos, medicamentos, equipamiento, personal y servicios de salud en la clínicas y hospitales de la región. SSA, IMSS, IMSS-BIENESTAR e ISSSTE 2.2.5 Desarrollar una mayor capacidad de atención a través de unidades y servicios móviles, consultas a distancia atención especializada, fortalecimiento de las casas de salud de las localidades, entre otros, en las comunidades de mayor rezago de la región. SSA, IMSS, IMSS-BIENESTAR, Defensa y SEMAR 2.2.6 Promover la diversidad cultural y lingüística, la medicina tradicional y la partería, y otros modelos de atención incluyentes, incorporando la participación de las comunidades rurales, indígenas y afromexicanas. SSA, IMSS, IMSS-BIENESTAR e INPI 2.2.7 Garantizar que los centros de salud de la región brinden servicios de salud a la población sin seguridad social, de manera gratuita los 365 días del año. SSA, IMSS e IMSS-BIENESTAR 2.2.8 Mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud de los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente, mediante la atención médica preventiva y primaria. BIENESTAR 2.2.9 Apoyar la salud de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos en especie (auditivos, visuales, motores, protésicos y ortopédicos) y ambulancias para facilitar los traslados, en las localidades y municipios con mayor pobreza de la región. SSA 2.2.10 Recuperar los sistemas alimentarios locales y rescate de plantas medicinales, a través de su propagación, reproducción y producción, para mejorar la alimentación y disminuir la incidencia de enfermedades. BIENESTAR Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 865 Estrategia 2.3 Ampliar las oportunidades educativas para reducir las brechas de desigualdad social de las personas en la región. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción (instituciones coordinadas) 2.3.1 Desarrollar estrategias de aprendizajes regionales y comunitarios, de lenguas indígenas, usos y costumbres y diversidad cultural para eliminar las barreras en las comunidades rurales, indígenas y afromexicanas de la región. SEP, SECIHTI e INPI 2.3.2 Garantizar el acceso universal e incluyente a la educación desde la formación inicial hasta la media superior, mediante la ampliación de espacios; el fortalecimiento de los programas de becas en apoyo a estudiantes y sus familias, respetando los contextos rural, indígena, afromexicano de la región. SEP 2.3.3 Fortalecer el ingreso, permanencia y trayectorias escolares continuas de los educandos en escuelas públicas mediante la universalidad de los programas de becas principalmente en las localidades y municipios con mayor pobreza en la región. SEP, INPI y BIENESTAR 2.3.4 Promover que los espacios educativos cuenten con la infraestructura adecuada al entorno, el equipamiento necesario y tecnologías eficientes mediante la participación en programas y proyectos de construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento en las localidades y municipios con mayor pobreza en la región. SEP, SICT, SENER, BIENESTAR y SEDATU Estrategia 2.4 Garantizar progresivamente el acceso al agua potable y saneamiento, con objeto de dar cumplimiento al derecho humano al agua de las personas de la región. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 2.4.1 Desarrollar los diagnósticos de infraestructura para los planes maestros de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento con la participación e inversión de los tres órdenes de gobierno. CONAGUA 2.4.2 Realizar acciones a fin de que las comunidades más desprotegidas y con mayor rezago social puedan contar con asignaciones de agua, en cumplimiento al derecho humano al agua. CONAGUA e INPI 2.4.3 Apoyar en el desarrollo de infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento en las comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, contenidos en los Planes de Justicia y Desarrollo Regional mediante prácticas tradicionales de gestión de agua, tecnologías sustentables e incluyentes, así como mano de obra local. CONAGUA e INPI 2.4.4 Impulsar el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas e innovadoras para la gestión integral del agua, mediante investigación aplicada, capacitación especializada y asesoría técnica, con el fin de fortalecer la seguridad hídrica y la sustentabilidad ambiental y productiva en la región. IMTA y BIENESTAR 2.4.5 Promover programas voluntarios de cumplimiento de la normatividad y autorregulación ambiental para fortalecer la cultura de la legalidad, prevención de daños a la salud y al ambiente. PROFEPA 866 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 2.5 Incrementar el acceso a la energía eléctrica en las comunidades en condición de pobreza energética en la región. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 2.5.1 Disminuir la pobreza energética en comunidades marginadas y aisladas mediante el aprovechamiento de fuentes de energía solar, eólica, geotérmica y biomasa en la región. SENER y BIENESTAR 2.5.2 Alcanzar la cobertura universal en el servicio eléctrico mediante la conexión a las Redes Generales de Distribución y con proyectos de generación con energías renovables en la región. SENER y CFE 2.5.3 Mejorar la salud de las personas y la eficiencia en el uso de combustibles en comunidades rurales e indígenas, mediante la entrega de estufas eficientes en la región. SENER y BIENESTAR Estrategia 2.6 Mejorar la calidad y el entorno de la vivienda rural, mediante programas de construcción, ampliación o mejoramiento con materiales adecuados e inclusión de ecotecnologías; el ordenamiento territorial y la atención de los asuntos agrarios. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 2.6.1 Atender conflictos sociales y agrarios, mediante mesas de trabajo que permitan conciliar estrategias y mecanismos de resolución en la región. SEDATU 2.6.2 Impulsar el derecho pleno y universal de las mujeres a la propiedad, el uso y acceso a tierras, bienes y vivienda mediante certeza jurídica, que facilite la posesión y escrituración de propiedad para las mujeres rurales y ejidatarias a través de caravanas y acercamiento de servicios. SEDATU y SEMUJERES 2.6.3 Otorgar créditos y financiamiento a la población más vulnerable que gana menos de dos salarios mínimos para la adquisición de vivienda a bajo costo. SEDATU y CONAVI 2.6.4 Otorgar apoyos para la autoproducción de vivienda nueva y de mejoramiento en las zonas rurales y de mayor vulnerabilidad. SEDATU y CONAVI 2.6.5 Brindar asistencia técnica a los gobiernos municipales para la gestión integral de riesgos en la región. SEDATU 2.6.6 Brindar asistencia técnica a los gobiernos estatales y municipales para la elaboración de programas de ordenamiento territorial y urbano. SEDATU y SEMARNAT Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 867 Objetivo 3. Impulsar economías locales solidarias y sustentables que fortalezcan los medios de vida de la población, la generación de empleo, el desarrollo de proyectos productivos comunitarios y la creación de empresas sociales. Estrategia 3.1 Fomento de proyectos productivos con arraigo territorial para impulsar la autosuficiencia alimentaria, la economía rural, mejorar la producción y restaurar los ecosistemas. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 3.1.1 Establecer y fortalecer sistemas productivos agroecológicos y agroforestales (MIAF, SAF) con pequeños productores, para garantizar la soberanía alimentaria, la regeneración ambiental y la cohesión social. BIENESTAR, SADER y CONAFOR 3.1.2 Impulsar cadenas de valor sustentables a partir de manejo forestal y la diversificación de productos maderables y no maderables, apoyando procesos de transformación y comercialización para ejidos, comunidades, pueblos indígenas y pequeños productores. BIENESTAR y CONAFOR 3.1.3 Promover el desarrollo de cadenas de valor sustentable, desde la producción hasta el producto final, mediante un conjunto de acciones para la transformación, transporte y comercialización dirigido a los pequeños productores de la región. BIENESTAR, SADER, Alimentación para el Bienestar y CONAFOR 3.1.4 Implementar programas de turismo de naturaleza, comunitario y participativo en áreas protegidas y rurales que fortalezcan las vocaciones en la región. SECTUR, SEMARNAT, CONANP y CONAFOR 3.1.5 Apoyar proyectos de turismo comunitario de acuerdo con la vocación productiva de las comunidades indígenas y afromexicanas de la región que fortalezcan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, con enfoque intercultural e innovación tecnológica SECTUR, INPI, SEMARNAT, CONAFOR y CONANP 3.1.6 Apoyar a pequeñas y medianas productoras de leche, que abastecen el programa del Gobierno de México respectivo, para adquisición de activo fijo, capital de trabajo, entre otros, mediante financiamiento en la región. FINABIEN 3.1.7 Impulsar la economía rural mediante sistemas agroforestales sustentables y diversificados, para mejorar la producción, impulsar la autosuficiencia alimentaria, regenerar los ecosistemas y fomentar la cohesión social en las comunidades. BIENESTAR, SEMARNAT, SADER, CONAFOR Estrategia 3.2 Articular programas de apoyo productivo con actores locales para mejorar la economía de la región. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 3.2.1 Impulsar una plataforma de información para la integración y análisis de datos, que apoye la toma de decisiones y permita focalizar las intervenciones de los programas en los municipios y localidades de la región con mayor pobreza y vulnerabilidad al cambio climático. SEMARNAT, CONAFOR, CONABIO, SEMUJERES e INPI 3.2.2 Impulsar la conformación y operación de Comités Regionales de Manejo Integrado del Territorio, como espacios de consulta, validación, toma de decisiones y seguimiento a los resultados de las intervenciones territoriales en la región. BIENESTAR, CONAFOR, SADER y SEDATU 868 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 3.2.3 Fortalecer la sinergia entre actividades agrícolas, pecuarias y forestales, buscando la complementariedad en el uso del suelo y el apoyo técnico y económico a pequeños productores en la región. SADER, BIENESTAR y CONAFOR 3.2.4 Fomentar la reconversión productiva hacia sistemas silvopastoriles y de ganadería regenerativa, para reducir el impacto ambiental y mejorar la rentabilidad en municipios con alta pobreza. SADER, CONAFOR y BIENESTAR 3.2.5 Promover la certificación de cadenas productivas libres de deforestación para cultivos como agave y aguacate entre otros, en los municipios y localidades de mayor pobreza de la región. SADER, CONAFOR y PROFEPA 3.2.6 Apoyar los medios de vida de las comunidades rurales mediante la creación del sello agroecológico de productos obtenidos por pequeños productores que han sido apoyados con los programas del Gobierno Federal. BIENESTAR 3.2.7 Simplificar los trámites administrativos, para facilitar que las comunidades hagan uso sostenible y diversificado de los recursos naturales en la región. SEMARNAT, CONAFOR y CONANP 3.2.8 Contar con extensionistas comunitarios que apoyen a las comunidades en temas de organización, planeación y gestión de sus recursos naturales. CONAFOR 3.2.9 Construir, conservar, rehabilitar y mantener la infraestructura hidroagrícola, así como tecnificar la superficie de riego para el uso eficiente del agua en la región CONAGUA e IMTA Estrategia 3.3 Fortalecer las capacidades para la producción y la comercialización agropecuaria y forestal de los pequeños productores, incentivando la participación de las mujeres. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 3.3.1 Fortalecer los servicios financieros para las actividades forestales, agroforestales, silvopastoriles o actividades agropecuarias mediante el diseño de nuevos productos. FINABIEN 3.3.2 Promover la diversificación de mercados y esquemas de comercialización para las y los silvicultores y productores agropecuarios, forestales y agroecológicos. CONAFOR, SADER y BIENESTAR 3.3.3 Fomentar la comercialización de productos agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales maderables y no maderables con una visión de resiliencia climática, impulsando la economía circular y promoviendo el uso sostenible de los recursos mediante actividades de fortalecimiento y gestión empresarial. SEMARNAT, CONAFOR, SADER, Alimentación para el Bienestar e INPI 3.3.4 Articular el desarrollo de capacidades locales para el manejo agropecuario, forestal sustentable, el aprovechamiento primario y los eslabones de la comercialización y transformación. CONAFOR y SADER 3.3.5 Impulsar la comercialización de productos agroecológicos y forestales con los sujetos de derecho de los programas del Gobierno federal, a nivel regional y local. BIENESTAR, SEMARNAT, SADER, Alimentación para el Bienestar y CONAFOR Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 869 Estrategia 3.4 Incrementar la producción de alimentos de los productores de pequeña y mediana escala en la región. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 3.4.1 Aumentar la producción de alimentos mediante el impulso y fortalecimiento de la producción agrícola, pecuaria, la actividad acuícola y pesquera en la región. SADER 3.4.2 Promover el intercambio de saberes y la innovación agroecológica entre las y los productores de pequeña y mediana escala, a través del acompañamiento técnico en las Escuelas de Campo. SADER y CONABIO 3.4.3 Expandir la oferta de bienes y servicios públicos a los productores en sanidad e inocuidad alimentaria; investigación, innovación y tecnología; y formación técnica y profesional en materia agropecuaria. SADER 3.4.4 Apoyar la comercialización a precios justos de los diversos productos de la región. SADER y Alimentación para el Bienestar 3.4.5 Fortalecer los mecanismos de comercialización de productos de agricultura, mediante el establecimiento de precios de garantía y de referencia en la región. SADER y Alimentación para el Bienestar 3.4.6 Apoyar a la comercialización de los productos agropecuarios mediante la integración de cadenas de valor desde la planeación hasta la comercialización en la región. SADER y Alimentación para el Bienestar 3.4.7 Implementar la producción agroecológica en sistemas agroforestales (SAF), Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF) y Sistemas de Agricultura Tradicional (SAT), evitando el uso de agroquímicos. BIENESTAR, SADER y Alimentación para el Bienestar 3.4.8 Implementar una estrategia de rescate, preservación e incremento en la producción de especies de valor económico, ecológico y cultural: maíz, algodón, ajonjolí, cacao, café, entre otros. BIENESTAR, SADER y Alimentación para el Bienestar Estrategia 3.5 Apoyar la creación y desarrollo de cooperativas y otros organismos del sector social de la economía, como sujetos colectivos del desarrollo económico local sustentable, favoreciendo la inclusión de mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y afromexicanas, así como grupos en situación de vulnerabilidad. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 3.5.1 Generar empleo local e integrar a productores en cadenas de valor mediante el fomento a la asociatividad y la creación de cooperativas u otras formas de organización del sector social. INAES, BIENESTAR, SECTUR, SC, CONAFOR y SEMUJERES 3.5.2 Mejorar el acceso de las familias a los alimentos y bienes básicos, apoyando la creación de cooperativas de consumo que les posibilite obtener precios más bajos y generar ahorro. INAES y SEMUJERES 3.5.3 Preservar y ampliar el patrimonio de las familias, apoyando la creación de cooperativas, mutuales y otros mecanismos asociativos, que les permitan el acceso a servicios financieros no lucrativos (ahorro, crédito y protección ante riesgos catastróficos). INAES y CONAFOR 3.5.4 Mejorar el ingreso de los productores de bienes primarios (agricultores, ganaderos, silvicultores, pescadores y acuicultores), mediante mecanismos asociativos y de organización social que contribuyan a la comercialización y transformación de productos alimentarios. INAES, CONAFOR, CONANP, SADER y SEMUJERES 3.5.5 Incorporar a los productores del campo a las cadenas de valor mediante la asociatividad y organización social. BIENESTAR 870 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Objetivo 4. Conservar, restaurar y gestionar sosteniblemente los ecosistemas y cuerpos de agua prioritarios de la región, fortaleciendo la resiliencia ambiental y social ante el deterioro y cambio climático, mediante la participación de las comunidades. Estrategia 4.1 Promover la restauración ambiental de la región fomentando la participación de las comunidades. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 4.1.1 Impulsar la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus servicios ambientales, biodiversidad, mediante la articulación efectiva de las entidades en la región. SEMARNAT, SECTUR, BIENESTAR, CONAFOR y CONANP 4.1.2 Fortalecer las capacidades de gobernanza, y organización de ejidos y comunidades para la conservación, restauración ambiental y protección de los recursos naturales. BIENESTAR, SEMARNAT, SEDATU, CONANP y CONAFOR 4.1.3 Promover y apoyar la reconversión productiva de huertos tradicionales de traspatio con policultivos, sistema milpa, Sistemas Agroforestales (SAF) o Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF) con manejo agroecológico. BIENESTAR y CONAFOR 4.1.4 Promover la aplicación de tecnologías no convencionales y/o ecotecnias para la provisión de los servicios de agua, desinfección y saneamiento en comunidades rurales, como sistemas de captación de lluvia y baños ecológicos. CONAGUA e IMTA 4.1.5 Impulsar y apoyar la conservación activa de áreas forestales a través del pago por servicios ambientales, la restauración de áreas forestales degradadas, la protección contra incendios, plagas y enfermedades forestales, así como contra la deforestación y la tala clandestina. SEMARNAT, CONAFOR, CONANP y BIENESTAR 4.1.6 Promover y apoyar la creación de brigadas comunitarias de protección forestal contra incendios, plagas y enfermedades forestales en microcuencas de atención prioritaria. CONAFOR 4.1.7 Apoyar en la ampliación y construcción de nuevas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y humedales artificiales, con acompañamiento técnico de instituciones de investigación y académicas. SEMARNAT, CONAGUA e IMTA 4.1.8 Apoyar en la capacitación del personal técnico, operativo y directivo de organismos operadores para que ejerza sus funciones en apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y eficiencia para enfrentar los retos relacionados con el agua. CONAGUA 4.1.9 Promover en las Comunidades de Aprendizaje Campesino del Programa Sembrando Vida, la construcción de terrazas en las Unidades de Producción, para la conservación de suelos y aguas, que garanticen la sustentabilidad productiva y ambiental en los municipios marginados de la región. BIENESTAR y SEMARNAT Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 871 Estrategia 4.2 Impulsar la restauración integral de la microcuenca del Río Atoyac, mediante acciones de saneamiento, recuperación de márgenes, control de descargas y participación social para revertir su deterioro ambiental. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 4.2.1 Promover y apoyar el desarrollo de proyectos de restauración forestal integral que considere la reforestación, así como la construcción de terrazas para la conservación de suelo, agua y de obras y actividades en materia de impacto ambiental. SEMARNAT, CONAFOR, CONANP y BIENESTAR 4.2.2 Promover la aplicación de tecnologías no convencionales o ecotecnias para la provisión de los servicios de agua, desinfección y saneamiento en comunidades rurales, como sistemas de captación de lluvia y baños ecológicos. SEMARNAT, CONAFOR Y CONAGUA 4.2.3 Impulsar proyectos de producción de planta de especies forestales en viveros gestionados por mujeres y jóvenes SEMARNAT Y CONAFOR 4.2.4 Contribuir al saneamiento de los cuerpos de agua, a través del tratamiento de aguas residuales para la sostenibilidad ambiental. SEMARNAT y CONAGUA 4.2.5 Promover acciones de sensibilización, limpieza, retiro de maleza, desazolve y recuperación de la zona federal en los cuerpos de agua de propiedad nacional más contaminados del país, con la participación de la sociedad, instituciones y dependencias de los tres órdenes de gobierno. CONAGUA, SEMARNAT y SEMAR 4.2.6 Promover la recolección de residuos contaminantes en cuerpos de agua para fomentar la protección de los ecosistemas. SEMAR, SEMARNAT y CONANP Estrategia 4.3 Intervenir el Lago de Pátzcuaro con medidas de conservación, saneamiento, actividades productivas y recuperación de especies con la participación de las comunidades. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 4.3.1 Elaborar el Plan Integral participativo para recuperar el Lago de Pátzcuaro. SECIHTI, SEMARNAT e INECC 4.3.2 Promover y apoyar el desarrollo de proyectos de restauración forestal integral, mediante la ampliación de los programas del Gobierno federal, así como la conservación de suelo y agua, esto último a través de la restauración integral de humedales. SEMARNAT, CONAFOR, CONANP y BIENESTAR 4.3.3 Impulsar viveros comunitarios de producción de planta con especies forestales nativas, gestionados por mujeres y jóvenes, con fines de restauración ambiental en áreas comunitarias que presenten algún grado de degradación. BIENESTAR, SEMARNAT y CONAFOR 4.3.4 Apoyar el establecimiento de Sistemas Agroforestales, Silvopastoriles y promover innovaciones tecnológicas sostenibles. SEMARNAT, CONAFOR y BIENESTAR 872 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 4.3.5 Coadyuvar con el esfuerzo del saneamiento de los cuerpos de agua, impulsar la gestión integral del agua y residuos sólidos para la sostenibilidad ambiental. SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA y SEMAR 4.3.6 Promover acciones y difundir mensajes que contribuyan al buen uso y manejo del agua, mediante la coordinación interinstitucional en la región. SEMARNAT y CONAGUA 4.3.7 Proteger el ecosistema mediante la extracción de la vegetación acuática - nativa e introducida- así como residuos contaminantes del Lago de Pátzcuaro. SEMARNAT 4.3.8 Realizar el monitoreo de calidad del agua para la toma de acciones que conlleven al establecimiento de metas que permitan lograr el mejoramiento y conservación de la calidad del agua en la cuenca. SEMARNAT y CONAGUA 4.3.9 Recuperar la piscicultura y el manejo sustentable de flora y fauna endémica con fines culturales y artesanales, mediante capacitación comunitaria y apoyos productivos. SEMARNAT, SADER y BIENESTAR 4.3.10 Desarrollar en coordinación con las comunidades un proyecto de salvaguardia cultural para preservar y fortalecer el patrimonio cultural material e inmaterial, mediante acciones participativas, educativas y normativas. SC y SECIHTI Estrategia 4.4 Crear estrategias de adaptación al cambio climático, con acciones de prevención de riesgos y aprovechamiento sustentable de recursos naturales. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 4.4.1 Generar información meteorológica y climática de fácil acceso para responder a los componentes II y III de los sistemas de alerta temprana en México. SEMARNAT, CONAFOR, CONAGUA e INPI 4.4.2 Fortalecer los sistemas de predicción y prevención de incendios forestales y de vigilancia fitosanitaria forestal. CONAFOR 4.4.3 Fortalecer el sistema de medición, reporte y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y degradación ambiental. SEMARNAT Y CONAFOR 4.4.4 Generar productos de conocimiento relevantes de buenas prácticas de resiliencia y adaptación al cambio climático en ecosistemas forestales. SEMARNAT, CONAFOR e INECC 4.4.5 Construir, mantener y rehabilitar la infraestructura de protección y control de avenidas en ríos y arroyos para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la población y los sistemas productivos y la infraestructura hidráulica ante los efectos del cambio climático. CONAGUA Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 873 Estrategia 4.5 Impulsar un modelo de gestión circular de residuos sólidos que minimice la generación de residuos y maximice la reutilización y reciclaje de materiales en la región. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 4.5.1 Diseñar un modelo de Gestión Circular de Residuos sólidos urbanos con el apoyo de especialistas e investigadores. SEMARNAT y SECIHTI 4.5.2 Impulsar la coordinación intermunicipal a través de convenios para la gestión de los residuos regionales e intermunicipales y la reubicación de Sitios de Disposición Final. SEMARNAT 4.5.3 Desarrollar capacidades de administración y procesamiento de los Sitios de Disposición Final a través de campañas continuas de capacitación al personal responsable de la operación de estos. SEMARNAT 4.5.4 Promover campañas de sensibilización y educación ambiental a niños, niñas y adolescentes y la población en general para implementar la correcta disposición, separación y valorización de residuos. SEMARNAT 4.5.5 Vigilar el cumplimiento normativo en materia de gestión integral de residuos mediante la coordinación con los gobiernos locales y la promoción de la participación ciudadana. SEMARNAT 4.5.6 Promover la gestión integral de residuos mediante el impulso de la participación ciudadana. SEMARNAT, SEP y BIENESTAR 4.5.7 Determinar el potencial de valorización para crear alianzas con el sector privado, los estados y municipios para la operación de sitios de acopio, selección, disposición y biodigestión. SEMARNAT y SECIHTI Objetivo 5. Fortalecer las vocaciones productivas locales, las condiciones de movilidad y el acceso equitativo a infraestructura social impulsando un desarrollo sostenible e incluyente. Estrategia 5.1 Consolidar el Polo de Desarrollo para el Bienestar Lázaro Cárdenas-La Unión para impulsar un crecimiento sostenible e incluyente. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 5.1.1 Favorecer la actividad económica mediante el ordenamiento territorial, la ampliación y creación de nueva infraestructura para el transporte y almacenamiento, en los municipios de La Unión, Guerrero y Lázaro Cárdenas en Michoacán. SEMAR, SEMARNAT, SEDATU y SICT 5.1.2 Diseñar e impulsar un proyecto de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en los municipios de Lázaro Cárdenas y La Unión, definiendo los usos de suelo y vocación productiva para integrarlos al desarrollo del Puerto Lázaro Cárdenas. SEDATU y SEMARNAT 5.1.3 Contribuir al fortalecimiento de la conectividad y desarrollo regional a través de la construcción, ampliación, y modernización de la infraestructura carretera en coordinación con las autoridades estatales y municipales de Lázaro Cárdenas y La Unión. SICT, INPI y SEMARNAT 5.1.4 Actualizar el Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Lázaro Cárdenas 2025-2030, mediante el impulso de la planeación estratégica que permita continuar con el desarrollo del puerto, áreas circundantes y zona de influencia como Polo de Desarrollo para el Bienestar Lázaro Cárdenas-La Unión. SEMAR, SEMARNAT, SEDATU 874 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 5.2 Impulsar la infraestructura carretera y aérea bajo una visión humanista, inclusiva y sostenible, que mejore la conectividad y accesibilidad de las comunidades y localidades en la región. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 5.2.1 Construir y modernizar las carreteras federales que integren los ejes prioritarios que faciliten el traslado de personas, bienes y servicios en la región SICT 5.2.2 Conservar y rehabilitar los tramos carreteros y puentes en regular y mal estado en los estados que integran la región. SICT 5.2.3 Implementar acciones de caminos artesanales en las zonas de alta y muy alta marginación en la región. SICT 5.2.4 Dar seguimiento al cumplimiento de los programas maestros de desarrollo de los aeropuertos que se ubican en la región. SICT Estrategia 5.3 Coadyuvar en la construcción, restauración, reconstrucción y rehabilitación de infraestructura educativa y cultural, infraestructura urbana y espacio público para el bienestar social de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas de la región. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 5.3.1 Construir y rehabilitar centros educativos y culturales en coordinación con otras instancias en la región. SICT 5.3.2 Elaborar proyectos conceptuales, arquitectónicos y ejecutivos para la rehabilitación y restauración de infraestructura urbana y espacio público. SICT 5.3.3 Contribuir a reducir el rezago en infraestructura social básica mediante la planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos financiados con recursos federales transferidos. BIENESTAR Estrategia 5.4 Impulsar acciones que permitan cerrar la brecha de conectividad digital en las comunidades de la región. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 5.4.1 Diagnosticar y analizar la viabilidad de implementar proyectos de infraestructura, conectividad digital y de telecomunicaciones en la región en las comunidades rurales, indígenas y afromexicanas. CFE, ATDT e INPI 5.4.2 Implementar una estrategia de acompañamiento con las autoridades locales para la alfabetización digital de la población en materia de trámites digitales. ATDT 5.4.3 Promover las competencias digitales de estudiantes de educación media superior articulando de manera integral el desarrollo de infraestructura de conectividad con procesos de alfabetización digital que permitan el acceso equitativo a las tecnologías de la información y comunicación. ATDT y SEP Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 875 Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 5.4.4 Implementar una estrategia de ampliación de la infraestructura y conectividad de Correos de México en zonas estratégicas, considerando los polos de bienestar, para el desarrollo del comercio y la comunicación. ATDT 5.4.5 Gestionar financiamiento internacional para la implementación de programas de educación y capacitación digital, redes y radio comunitarias, priorizando a las mujeres descendientes de los pueblos originarios. ATDT Objetivo 6. Impulsar el desarrollo cultural de la región mediante la recuperación de la memoria histórica, la preservación del patrimonio y el fortalecimiento de las capacidades comunitarias a fin de consolidar la cohesión social y el sentido de pertenencia. Estrategia 6.1 Recuperar la memoria histórica de la región para fortalecer el sentido de pertenencia y la cohesión social de las comunidades de la región. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 6.1.1 Fortalecer la infraestructura cultural en la región mediante la rehabilitación de espacios existentes, la creación de nuevos centros y modelos de gestión comunitaria que garanticen el acceso equitativo a bienes y servicios culturales. SC 6.1.2 Desarrollar proyectos para la rehabilitación y restauración de infraestructura y espacios públicos de valor histórico. SICT y SC 6.1.3 Fortalecer las acciones de protección técnica y jurídica de los bienes culturales de la región, a fin de garantizar que sus usos sociales no representen un riesgo para la preservación del patrimonio. SC 6.1.4 Impulsar la corresponsabilidad institucional y social en la conservación del patrimonio, a partir de promover acuerdos entre los tres órdenes de gobierno y a los pueblos y comunidades que detentan el patrimonio, en las acciones para su conservación. SC (INBAL, INAH) 6.1.5 Impulsar el reconocimiento, la valoración y salvaguardia de las diversas prácticas, conocimientos y expresiones culturales de la región, como un elemento de fortalecimiento de las memorias y de las identidades culturales. SC, SECTUR y SEMUJERES 6.1.6 Difundir la obra del General Lázaro Cárdenas del Río mediante proyectos audiovisuales, curatoriales y museográficos en la región, con énfasis en espacios comunitarios, educativos y culturales que fortalezcan la memoria histórica y la identidad regional. SC, SEP 876 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estrategia 6.2 Fortalecer el patrimonio cultural tangible e intangible de las comunidades de la región para fortalecer el sentido de pertenencia y la cohesión social. Línea de acción Dependencias y/o Entidades responsables de ejecutar la línea de acción 6.2.1 Desarrollar proyectos artesanales que recuperen los saberes y materiales tradicionales, mediante el suministro de insumos de calidad y capacitación productiva, para fortalecer el desarrollo económico y social de las comunidades de la región. SC 6.2.2 Fomentar el desarrollo sostenible y sustentable de las mujeres indígenas y afromexicanas artesanas, que enfrentan dificultades para el desarrollo de sus actividades productivas, mediante Créditos a la Palabra en la región. FINABIEN 6.2.3 Diseñar proyectos culturales, comunitarios con enfoque de cultura de paz, con perspectiva humanista y de género dirigidos a comunidades en contextos de violencia y exclusión social, para fortalecer la cohesión, la resiliencia y el ejercicio de derechos culturales. SC, SEMUJERES e INPI 6.2.4 Fomentar la lectura y acceso a la cultura en las bibliotecas, semilleros y recintos culturales de la región mediante estrategias participativas que fortalezcan el hábito lector y promuevan la apropiación comunitaria de los derechos culturales. SC y SEP 6.2.5 Capacitar a las y los agentes culturales mediante procesos formativos comunitarios con perspectiva de paz y pertinencia cultural, que los habilite como facilitadores en el diseño e implementación de políticas culturales participativas en su territorio. SC Resumen de líneas de acción por dependencias y entidades participantes en el PRGLCR 2026-2030 Dependencia o entidad Líneas de acción en las que participa Número de Líneas 1. Alimentación para el Bienestar 3.1.3, 3.3.3, 3.3.5, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8 8 2. ATDT 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5 5 3. CFE 2.5.2, 5.4.1 2 4. CONABIO 3.2.1, 3.4.2 2 5. CONAVI 2.6.3, 2.6.4 2 6. CONADE 1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4 4 7. CONAFOR 2.1.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.8, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.5.1, 3.5.3, 3.5.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 36 8. CONAGUA 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 3.2.9, 4.1.4, 4.1.7, 4.1.8, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.8, 4.4.1, 4.4.5 15 9. CONANP 3.1.4, 3.1.5, 3.2.7, 3.5.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.6, 4.3.2 10 10. SC 1.2.4, 3.5.1, 4.3.10, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 13 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 877 Dependencia o entidad Líneas de acción en las que participa Número de Líneas 11. Defensa 1.3.3, 1.3.4, 2.2.5 3 12. FINABIEN 3.1.6, 3.3.1, 6.2.2 3 13. IMSS 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 6 14. IMSS Bienestar 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 6 15. IMTA 2.4.4, 3.2.9, 4.1.4, 4.1.7 4 16. INAES 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 4 17. INECC 4.3.1, 4.4.4 2 18. INPI 1.1.9, 1.2.9, 2.2.6, 2.3.1, 2.3.3, 2.4.2, 2.4.3, 3.1.5, 3.2.1, 3.3.3, 4.4.1, 5.1.3, 5.4.1, 6.2.3 14 19. ISSSTE 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 3 20. SEMAR 2.2.5, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.5, 5.1.1, 5.1.4 6 21. PROFEPA 2.4.5, 3.2.5, 4.3.5 3 22. SADER 3.1.1, 3.1.3, 3.1.7, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.5.4, 4.3.9 21 23. SECIHTI 1.1.6, 1.1.10, 1.2.8, 2.3.1, 4.3.1, 4.3.10, 4.5.1, 4.5.7 8 24. SEGOB 1.1.9, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,1.2.7 6 25. SEMUJERES 1.1.8, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.8, 1.2.10, 1.3.1, 2.6.2, 3.2.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.4, 6.1.5, 6.2.3 15 26. SSA 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9 8 27. BIENESTAR 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.8, 2.2.10, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.4, 2.5.1, 2.5.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.7, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6, 3.3.2, 3.3.5, 3.4.7, 3.4.8, 3.5.1, 3.5.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.9, 4.2.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.9, 4.5.6, 5.3.3. 38 28. SECTUR 1.2.4, 1.3.1, 3.1.4, 3.1.5, 3.5.1, 4.1.1, 6.1.5, 7 29. SEDATU 2.3.4, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 3.2.2, 4.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 12 30. SEMARNAT 2.1.5, 2.6.6, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.7, 3.3.3, 3.3.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.9, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 ,4.3.9, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 43 31. SENER 2.3.4, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 4 32. SEP 1.1.10, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.5.6, 5.4.3, 6.1.6, 6.2.4 14 33. SESIPINNA 1.1.7 1 34. SICT 2.2.3, 2.3.4, 5.1.1, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 6.1.2 11 Adicionalmente, en el objetivo 1, estrategias 1.1 y 1.2, se estipula diversas líneas de acción que establecen como responsables a “Todas las dependencias y entidades participantes en el programa”, “Todas las dependencias y entidades participantes en el programa que brindan servicios de manera directa a la comunidad” y “Todas las dependencias y entidades participantes en el programa que instrumentan proyectos en el territorio”. 878 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 8. Indicadores y metas Para verificar y medir el progreso de los seis objetivos del PRGLCR 2026-2030, se han planteado ocho indicadores, construidos con las dependencias y entidades involucradas en su instrumentación y seguimiento. En ellos se ha fijado una meta específica con la cual se podrá verificar progresivamente su avance y su logro al final de la administración en 2030. En las fichas siguientes se presentan los indicadores de acuerdo con el objetivo que le corresponde. Indicador Objetivo 1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 1.1 Porcentaje de población de 18 años y más que confía en el Gobierno Federal Objetivo Objetivo 1. Coordinar los esfuerzos institucionales del Gobierno Federal y los tres órdenes de gobierno para consolidar la presencia del Estado mexicano, la gobernanza, la cohesión social y la solución de conflictos. Definición o descripción Mide el porcentaje de la población a la que le inspira mucha o algo de confianza el Gobierno Federal en la Región del Balsas: Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Derecho asociado Artículo 8o. constitucional de la CPEUM Nivel de desagregación Estatal Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Mayo Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Octubre - noviembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República Método de cálculo Observaciones Por su relevancia, el indicador a nivel nacional fue incluido en el PND 2025-2030. Monitorear el nivel de confianza de la ciudadanía en el Gobierno Federal como un indicador de legitimidad institucional y condición habilitante para la participación social efectiva en los asuntos públicos, en el marco de las estrategias de construcción de paz y gobernabilidad democrática. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Población de 18 años y más, en la Región del Balsas que reportan tener mucha confianza en el Gobierno Federal. Valor variable 1 2,607,011 Fuente de información variable 1 INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) Nombre variable 2 Población de 18 años y más, en la Región del Balsas que reportan tener algo de confianza en el Gobierno Federal Valor variable 2 8,359,476 Fuente de información variable 2 INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) Nombre variable 3 Total de población de 18 años y más encuestadas en la Región del Balsas (Guerrero, Jalisco, México y Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala)) Valor variable 3 18,405,394 Fuente de información variable 3 INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 59.6 Ninguna Año 2023 Meta 2029 Nota sobre la meta 2030 76.3 La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) se realizará en 2029 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2021 2023 2025 47.9 52.0 59.6 N/D METAS 2027 2029 70.5 76.3 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 879 Indicadores Objetivo 2 Indicador 2.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.1 Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema en municipios de atención prioritaria del PRGLCR 2026-2030 Objetivo Objetivo 2. Articular los programas del bienestar, salud, educación, agua, energía y calidad en la vivienda en la región para aumentar el bienestar de la población. Definición o descripción Puntaje de carencias promedio bajo el Índice de Privación Relativa (IPR), calculado conforme al Método Consesual de Privación Guio, et. alt. (2017)*, en los municipios de la Región. Derecho asociado Educación, salud, agua, vivienda, energía Nivel de desagregación 176 municipios de la región citados en el Anexo 1 Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Agosto Unidad de medida Carencias promedio Periodo de recolección de los datos Enero- diciembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance Jefatura de la Oficina de la Presidencia Método de cálculo Puntaje de carencias promedio bajo el IPR en los municipios de la Región j considerando como denominador a toda la población, que se obtiene de expandir los ponderadores de la encuesta, i en el área. Este indicador se estimaría con información primaria a recolectarse en 2026, 2028 y 2030, a partir de la recolección de datos mediante encuestas en la Región Observaciones Nombre variable 1 Puntaje de carencias promedio bajo el Índice de Privación Relativa (IPR) en los municipios de la Región. Valor variable 1 NA Fuente de información variable 1 Se generará información con un levantamiento de campo que realizarán los Servidores de la Nación. Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor N/D El primer reporte de avances será en 2026. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta-2030 Reducción del 10% respecto al valor de la línea base. La meta se expresa como reducción proporcional respecto a la media del índice de carencias. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 N/D N/A N/D N/A N/D N/A N/D N/A METAS 2026 2027 2028 2029 2030 N/A** N/A -5% respecto a la línea base N/A -10% respecto a la línea base * El índice de Privación Relativa es la suma del conjunto de carencias en necesidades socialmente percibidas bajo el Método Consensual. Este abordaje se ha utilizado en diversos países para medir la severidad de la pobreza mediante listas grandes de necesidades insatisfechas en aquello que la población considera esencial para la vida digna. Guio, A.C., Gordon, D., Najera H. & Pomati, M. (2017). Revising the EU material deprivation variables. Luxembourg: European Union, 10, 33408. ** Una vez que se cuente con los resultados del levantamiento de campo para establecer la línea base, el 2026 será el primer año de reporte. 880 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador 2.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.2 Porcentaje de población en pobreza multidimensional extrema en los estados del PRGLCR 2026-2030 Objetivo Objetivo 2. Articular los programas del bienestar, salud, educación, agua, energía y calidad en la vivienda en la región para aumentar el bienestar de la población. Definición o descripción Proporción de personas en pobreza multidimensional, conforme al indicador oficial, en los estados k que contemplan los municipios j de la intervención en la región. Derecho asociado Educación, salud, agua, vivienda Nivel de desagregación Estados de Guerrero y Oaxaca Periodicidad o frecuencia de medición Bienal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Agosto Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance Jefatura de la Oficina de la Presidencia Método de cálculo Este indicador se calculará con base en la información oficial de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Se considera a la población identificada en pobreza extrema dividida entre toda la población de los estados de la región . Observaciones Nombre variable 1 Personas en pobreza extrema en los estados de Oaxaca y Guerrero Valor variable 1 1.4636 millones Fuente de información variable 1 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Nombre variable 2 Total de la población de los estados de la región Valor variable 2 7.8734 millones Fuente de información variable 2 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 18.6 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta-2030 17.8 Dado que se trata de un indicador agregado que excede el universo poblacional considerado, se plantea un efecto pequeño sobre el valor estatal. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 24.1 N/A 22.9 N/A 21.1 N/A 18.6 N/A 2026 2027 2028 2029 2030 18.4 N/A 18.1 N/A 17.8 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 881 Indicador 2.3 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 2.3 Porcentaje población en pobreza multidimensional en los municipios de atención prioritaria del PRGLCR 2026-2030 Objetivo Objetivo 2. Articular los programas del bienestar, salud, educación, agua, energía y calidad en la vivienda en la región para aumentar el bienestar de la población. Definición o descripción Proporción de personas en pobreza multidimensional, conforme al indicador oficial, en los municipios j de intervención de la región. Derecho asociado Educación, salud, agua, vivienda Nivel de desagregación 111 municipios de la región Periodicidad o frecuencia de medición Quinquenal Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Agosto Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero diciembre Tendencia esperada Descendente Unidad responsable de reportar el avance Jefatura de la Oficina de la Presidencia Método de cálculo Este indicador se calculará con base en la información de las estimaciones oficiales de pobreza multidimensional a nivel municipal para los años 2020, 2025, y 2030. Se considera a la población identificada en pobreza de los municipios de la región dividida entre toda la población de los municipios de la región . Observaciones Nombre variable 1 Personas en pobreza multidimensional extrema en los municipios de la región Valor variable 1 438,676 Fuente de información variable 1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estimaciones de pobreza multidimensional a nivel municipal. Nombre variable 2 Total de personas en los municipios de la región Valor variable 2 913,909 Fuente de información variable 2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estimaciones de pobreza multidimensional a nivel municipal. Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 48 Año 2020 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 40 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 N/A N/A 48 N/A N/A N/A N/A N/D METAS 2026 2027 2028 2029 2030 N/A N/A N/A N/A 40 882 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicadores Objetivo 3 Indicador 3.1 Ficha del indicador Nombre 3.1 Índice del volumen de la producción agropecuaria regional (IVPAA) Objetivo prioritario Objetivo 3. Impulsar economías locales solidarias y sustentables que fortalezcan los medios de vida de la población, la generación de empleo, el desarrollo de proyectos productivos comunitarios y la creación de empresas sociales Definición o descripción Mide el volumen de producción de productos agropecuarios seleccionados en la Región del Programa General Lázaro Cárdenas del Río expresada como un índice de volumen con 2024 = 100. Derecho asociado Alimentación Nivel de desagregación Regional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Julio Unidad de medida índice Periodo de recolección de datos Enero-Diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad Responsable de reportar el avance Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República Método de cálculo Pat=Producción regional agrícola (maíz, frijol, cacao, café) en el año t Ppt=Producción regional pecuaria (carnes bovino, porcino, caprino, ave; huevo y leche) en el año t Pa2024=Producción regional agrícola (maíz, frijol, cacao, café) en 2024. Pp2024= Producción regional pecuaria (carnes bovino, porcino, caprino, ave; huevo y leche) en 2024 Observaciones  Se espera que la tendencia sea ascendente como resultado del impacto de los programas del Gobierno de México dedicados a promover el aumento de la producción y productividad agropecuaria.  La unidad de medida para las variables complementarias Pa, Pp, es toneladas.  Para el caso de la leche, se aplica un factor de conversión de 1.0302 para transformarla en kilogramos y poderla agregar.  La aplicación de este factor es multiplicar el dato público (expresado en litros) por el factor de conversión. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Pa t Valor variable 1 4,190,637 Fuente de información variable 1 SIAP, Economía Nombre variable 2 Pp t Valor variable 2 1,622,004 Fuente de información variable 2 SIAP, Economía Nombre de variable 3 Pa2024 Valor variable 3 4,190,637 Fuente de información variable 3 SIAP, Economía Nombre de variable 4 Pp2024 Valor variable 4 1,622,004 Fuente de información variable 4 SIAP, Economía Sustitución en método de cálculo del indicador VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 1 Resultado en el año 2024 Año 2024 META 2030 Nota sobre la meta 2030 1.205 Se habrá incrementado la producción agropecuaria en un 20.5% SERIE HISTÓRICA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 N/D N/D N/D ND N/D N/D 100 N/D METAS 2026 2027 2028 2029 2030 1.064 1.098 1.132 1.168 1.205 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 883 Indicador 3.2 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 3.2. Porcentaje de la superficie forestal apoyada para el aprovechamiento sustentable en la región del PRGLCR Objetivo Objetivo 3. Impulsar economías locales solidarias y sustentables que fortalezcan los medios de vida de la población, la generación de empleo, el desarrollo de proyectos productivos comunitarios y la creación de empresas sociales Definición o descripción El indicador mide el porcentaje acumulado de la superficie apoyada para la elaboración de estudios de aprovechamiento forestal maderable y no maderable, con relación a la superficie forestal con potencial para el aprovechamiento maderable y no maderable en la región del PRGLCR. Derecho asociado Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar Nivel de desagregación Regional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Febrero del año siguiente Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República Método de cálculo Porcentaje de la superficie forestal apoyada para el aprovechamiento sustentable en la región del PRGLCR = ((SAMad + SANoMad) / (SPAfs)) * 100 Donde: SAMadt: Superficie acumulada apoyada para el Aprovechamiento forestal maderable de 2024 al año t., en la región del PRGLCR SANoMadt: Superficie acumulada apoyada para el Aprovechamiento forestal no maderable de 2024 al año t., en la región del PRGLCR SPAfs: Superficie con potencial para el Aprovechamiento forestal sustentable en 2024 en la región del PRGLCR Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 SAMadt Valor variable 1 79,642.57 hectáreas Fuente de información variable 1 CONAFOR Nombre variable 2 SANoMadt Valor variable 2 79,193.42 hectáreas Fuente de información variable 2 CONAFOR Nombre variable 3 SPAfs Valor variable 3 3,200,000 hectáreas Fuente de información variable 3 CONAFOR Sustitución en método de cálculo Porcentaje de la superficie forestal apoyada para el aprovechamiento sustentable en la región del PRGLCR = [(79,642.57+79,193.42) / (3,200,000] * 100 = 4.96% VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 4.96 Año 2025 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 13.49 La meta considera la proyección de apoyar la elaboración de estudios de aprovechamiento forestal sustentable, maderable y no maderable, en 375,000 hectáreas en el periodo 2025 - 2030 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 N/D N/D N/D N/D N/D 1.77 4.96 METAS 2026 2027 2028 2029 2030 5.05 6.92 8.96 11.14 13.49 884 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Indicador Objetivo 4 Indicador 4.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 4.1. Porcentaje de superficie en proceso de restauración y reconversión productiva en ecosistemas degradados en microcuencas prioritarias por su vulnerabilidad social y al cambio climático Objetivo Objetivo 4. Conservar, restaurar y gestionar sosteniblemente los ecosistemas y cuerpos de agua prioritarios de la región, fortaleciendo la resiliencia ambiental y social ante el deterioro y cambio climático, mediante la participación de las comunidades. Definición o descripción Mide el porcentaje de avance en proceso de restauración o reconversión productiva en ecosistemas degradados en microcuencas prioritarias por su vulnerabilidad social y al cambio climático en el territorio delimitado por el PRGLCR, con base en la meta establecida Derecho asociado Derecho a un medio ambiente sano Derecho al agua Nivel de desagregación Regional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Febrero Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Jefatura de la Oficina de la Presidencia Método de cálculo PSRRPMP = (SRRPMP /STTDMP) * 100 Donde: PSRRPMP: Porcentaje de superficie en proceso de restauración y reconversión productiva en ecosistemas degradados en microcuencas prioritarias. SRRPMP: Superficie acumulada en proceso de restauración y reconversión productiva en microcuencas prioritarias del año 2025 al t. STTDMP: Superficie total de ecosistemas degradados en microcuencas prioritarias. Observaciones APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Superficie en proceso de restauración y reconversión productiva en microcuencas prioritarias (ha) Valor variable 1 0 Fuente de información variable 1 SEMARNAT- CONAFOR , BIENESTAR- Nombre variable 2 Superficie total de terrenos degradados en microcuencas prioritarias (ha) Valor variable 2 134,000 Fuente de información variable 2 SEMARNAT; CONAFOR , BIENESTAR- Sustitución en método de cálculo PSRRPRP = (0 /134,000) * 100 = 0 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 0 Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 100 El 100% corresponde a 134,000 hectáreas en proceso de restauración y reconversión productiva de terrenos degradados en microcuencas prioritarias por su vulnerabilidad social y al cambio climático (9,000 hectáreas apoyadas por CONAFOR en proceso de restauración y 125,000 hectáreas apoyadas por BIENESTAR - Sembrando Vida en proceso de restauración) SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0 0 0 0 0 0 0 N/D METAS 2026 2027 2028 2029 2030 20 40 63 81 100 Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 885 Indicador Objetivo 5 Indicador 5.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 5.1 Porcentaje de avance de las obras de infraestructura carretera del Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río Objetivo Objetivo 5.- Fortalecer las vocaciones productivas locales, las condiciones de movilidad y el acceso equitativo a infraestructura social impulsando un desarrollo sostenible e incluyente. Definición o descripción Mide el porcentaje de avance de las obras de construcción, modernización y conservación de carreteras, programadas a realizar en el marco territorial de la cuenca del Río Balsas. Derecho asociado Derecho a la movilidad. Derecho al libre tránsito. Nivel de desagregación Regional Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Acumulado Disponibilidad de la información Mayo Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Método de cálculo Donde: Pc= Porcentaje de cumplimiento de los proyectos del sector carretero. α=Factor de ponderación para Ejes Prioritarios igual a 0.45 β=Factor de ponderación para conservación periódica igual a 0.35 γ=Factor de ponderación para Caminos Artesanales igual a 0.20 KmcmEP= Kilómetros de Ejes Prioritarios construidos y modernizados en la Cuenca del Río Balsas al periodo de observación KmtEP= Kilómetros totales de Ejes prioritarios programados a construir y modernizar en la Cuenca del Río Balsas KmCCP= Kilómetros de carreteras federales y estatales con conservación periódica en la Cuenca del Río Balsas al periodo de observación KmtCCP= Kilómetros totales de carreteras federales y estatales programados a intervenir con conservación periódica en la Cuenca del Río Balsas KmcCA= Kilómetros de Caminos Artesanales construidos en la Cuenca del Río Balsas al periodo de observación KmtCA= Kilómetros totales de Caminos Artesanales programados a construir en la Cuenca del Río Balsas Observaciones Los valores de las variables KmcmEP, KmCC, y KmcCA representan el total de kilómetros construidos, modernizados y conservados en carreteras y caminos artesanales durante el año de observación, acumulados hasta el año 2030. Los factores de ponderación α, β, y γ se expresan con dos decimales y están determinados en función de la relevancia de los programas presupuestarios a ejecutar durante la actual administración. La suma de estos factores es igual a 1. RELEVANCIA DE LOS FACTORES La relevancia de la construcción y modernización de los Ejes Prioritarios contribuye a una Republica Prospera y mejor conectada, enlazarán ejes troncales y mejorarán la conectividad regional, coadyuvando al desarrollo económico y social de las zonas donde se ubiquen. La preservación del patrimonio vial de nuestro país, a través de acciones de conservación constituye una prioridad estratégica para garantizar la funcionalidad, seguridad y eficiencia de la red carretera nacional, optimiza la conectividad territorial, impulsa el desarrollo regional y asegura el acceso continuo a bienes y servicios. Los Caminos Artesanales mejorarán la conectividad y el acceso a servicios esenciales en comunidades indígenas, con participación directa de la población local a través de un modelo de trabajo comunitario, este programa no solo impulsa el desarrollo de infraestructura básica, sino que también promueve la justicia social, fortalece la cohesión comunitaria y genera empleos en zonas históricamente marginadas, respetando la identidad cultural de cada región. 886 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 Kilómetros de Ejes Prioritarios construidos y modernizados en la Cuenca del Río Balsas al periodo de observación Valor variable 1 N/D Fuente de información variable 1 Dirección General de Carreteras Nombre variable 2 Kilómetros totales de Ejes prioritarios programados a construir y modernizar en la cuenca del Río Balsas Valor variable 2 1,328 Fuente de información variable 2 Dirección General de Carreteras Nombre variable 3 Kilómetros de carreteras federales y estatales conservados en la Cuenca del Río Balsas al periodo de observación Valor variable 3 N/D Fuente de información variable 3 Dirección General de Conservación de Carreteras Dirección General de Carreteras Nombre variable 4 Kilómetros totales de carreteras federales y estatales programados a intervenir con conservación periódica en la Cuenca del Río Balsas Valor variable 4 904 Fuente de información variable 4 Dirección General de Conservación de Carreteras Dirección General de Carreteras Nombre variable 5 Kilómetros de Caminos Artesanales construidos en la cuenca del Río Balsas al periodo de observación Valor variable 5 N/D Fuente de información variable 5 Dirección General de Carreteras Rurales y Artesanales, Nombre variable 6 Kilómetros totales de Caminos Artesanales programados a construir en la cuenca del Río Balsas Valor variable 6 251 Fuente de información variable 6 Dirección General de Carreteras Rurales y Artesanales, Sustitución en método de cálculo VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor N/D No se cuenta con mediciones previas del indicador en el marco de este Programa, por lo que, la primera medición se realizará con datos de los kilómetros construidos, modernizados y conservados de carreteras federales, estatales y caminos artesanales en los estados que integran la cuenca del Río Balsas correspondientes a 2025. Año 2024 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 100 Para cumplir con el 100% (2,483 km) de las obras programadas a realizar en el periodo 2026-2030 en materia de infraestructura carretera es necesario que se asignen los recursos financieros suficientes. Este indicador contribuye al cumplimiento del Compromiso 81, 82, 83 y 91 de los Cien Compromisos para el Segundo Piso de la Transformación, publicados en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D METAS 2026 2027 2028 2029 2030 67 76 86 93 100 Nota: Compromiso 81. Rehabilitación de 4,000 km de carreteras federales. Compromiso 82. Continuará el Programa de Caminos Artesanales. Compromiso 83. Construcción y ampliación de carreteras, caminos y puentes. Compromiso 91. Programa Balsas-Pacífico Sur para las comunidades más pobres de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Edomex. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 887 Indicador Objetivo 6 Indicador 6.1 ELEMENTOS DEL INDICADOR Nombre 6.1 Porcentaje de aportación de las entidades federativas seleccionadas al PIB cultural Objetivo Objetivo 6. Impulsar el desarrollo cultural de la región mediante la recuperación de la memoria histórica, la preservación del patrimonio y el fortalecimiento de las capacidades comunitarias a fin de consolidar la cohesión social y el sentido de pertenencia. Definición o descripción Mide la proporción que representa la producción cultural generada por las entidades federativas seleccionadas respecto al Producto Interno Bruto (PIB) cultural nacional. El indicador cuantifica el peso relativo de cada entidad en la actividad económica cultural del país. Derecho asociado Derecho de acceso y participación en la vida cultural Nivel de desagregación Región Periodicidad o frecuencia de medición Anual Acumulado o periódico Periódico Disponibilidad de la información Noviembre Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de los datos Enero a diciembre Tendencia esperada Ascendente Unidad responsable de reportar el avance Jefatura de la Oficina de la Presidencia Método de cálculo PIBCESi = PIB Cultural de las entidades federativas seleccionadas en el año i PIBCi = PIB Cultural Nacional en el año i PPIBCi =Porcentaje de aportación de las entidades federativas seleccionadas al PIB cultural año i Observaciones Las entidades seleccionadas son: Guerrero; Jalisco; México; Michoacán de Ocampo; Morelos; Oaxaca; Puebla, y Tlaxcala APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE Nombre variable 1 PIB Cultural de las entidades federativas seleccionadas en el año 2023 Valor variable 1 236,975 millones de pesos Fuente de información variable 1 INEGI. Cuenta Satélite de la Cultura de México Nombre variable 2 PIB Cultural Nacional en el año 2023 Valor variable 2 820,962 millones de pesos Fuente de información variable 2 INEGI. Cuenta Satélite de la Cultura de México Sustitución en método de cálculo 28.9= (236,975/820,962) *100 VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS Línea base Nota sobre la línea base Valor 28.9 Año 2023 Meta 2030 Nota sobre la meta 2030 30.0 SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 28.6 29.2 28.5 29.0 29.1 28.9 N/D N/D METAS 2026 2027 2028 2029 2030 29.2 29.5 29.5 30.0 30.0 888 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 9. Lista de dependencias y entidades participantes en el Programa Dependencias 1. Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2. Secretaría de Bienestar 3. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 4. Secretaría de Cultura 5. Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 6. Secretaría de Turismo 7. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 8. Secretaría de la Defensa Nacional 9. Secretaría de Gobernación 10. Secretaría de Marina 11. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 12. Secretaría de las Mujeres 13. Secretaría de Energía 14. Secretaría de Educación Pública 15. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 16. Secretaría de Salud Entidades 1. Alimentación para el Bienestar 2. Comisión Federal de Electricidad 3. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 4. Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte 5. Comisión Nacional Forestal 6. Comisión Nacional del Agua 7. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 8. Comisión Nacional de Vivienda 9. Financiera para el Bienestar 10. Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR) 11. Instituto Mexicano del Seguro Social 12. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 13. Instituto Nacional de Economía Social 14. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 15. Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 16. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 17. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 889 10. Bibliografía y documentos de apoyo 1. Bárcenas, F. (2019). Santa Rosa Caxtlahuaca. Historia, cultura y vida cotidiana. Dirección General de Bibliotecas. UNAM. 2. Bárcenas, F. (2025). Lázaro Cárdenas en la Mixteca. Colegio de San Luis A.C. 3. Cárdenas, C. (2016) Cárdenas por Cárdenas. Debate. 4. Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. CentroGeo. (2025). Indicadores socioeconómicos municipales de pobreza, marginación y rezago social para municipios de atención prioritaria. 5. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2021). Índice de Rezago Social 2020 a nivel localidad: Población total, indicadores, índice y grado de rezago social [Base de datos]. https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.aspx 6. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2021). Medición de la pobreza a nivel municipio 2010-2020 [Base de datos]. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza- municipio-2010-2020.aspx 7. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2021). Grado de accesibilidad carretera pavimentada 2020. https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/comunicadosprensa/Documents/2021/nota_informativa_grad o_accesibilidad_carretera_pavementada_2020.pdf 8. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. (2021, 8 de noviembre). México: Informe de diseño. Informe principal y anexos. Proyecto de Desarrollo Regional y Bienestar de la Cuenca del Balsas (Informe N.º 5857). 9. Green Climate Fund. (2024, 24 de Jun). Consideration of funding proposals. Addendum XI: Funding proposal package for FP236. Basin Approach for Livelihood Sustainability through Adaptation Strategies (BALSAS) (GCF/B.39/02/Add.11). 10. Guio, A.C., Gordon, D., Najera H. & Pomati, M. (2017). Revising the EU material deprivation variables. Luxembourg: European Union, 10, 33408. 11. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). Censo de Población y Vivienda. Principales resultados por localidad (ITER). https://www.inegi.org.mx/app/scitel/doc/descriptor/fd_iter_cpv2020.pdf 12. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH. (2022). Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS). https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2022/ 13. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). Marco Geoestadístico (MG) 14. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID). https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2023/ 15. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/ 16. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (2024). Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. https://catalogo.inpi.gob.mx/. 17. Programa Universitario de Estudios del Desarrollo PUED (2023). “Clasificación de municipios de la Cuenca del Balsas bajo un enfoque de hogar y contextual”, elaborado por el Doctor Héctor Nájera Catalán. Investigador Asociado C. 18. Secretaría de Recursos Hidráulicos, Comisión del Río Balsas. (1968). Aspectos socioeconómica del Sistema de Riego de la Villita, Estados de Guerrero y Michoacán. 19. Secretaría de Salud. (2024). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. ENSANUT. https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2024/index.php. 20. Zárate H. (2001). La Tierra Caliente de Michoacán. Colegio de Michoacán. 890 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 ANEXO ÚNICO. LISTADO DE LOS 726 MUNICIPIOS DEL PRGLCR 2026 -2030 ID CLAVE ENTIDAD MUNICIPIO SUBREGIÓN 1 12012 Guerrero Ayutla de los Libres Amuzgos y Costa Chica 2 12013 Guerrero Azoyú 3 12018 Guerrero Copala 4 12023 Guerrero Cuajinicuilapa 5 12025 Guerrero Cuautepec 6 12030 Guerrero Florencio Villarreal 7 12036 Guerrero Igualapa 8 12039 Guerrero Juan R. Escudero 9 12080 Guerrero Juchitán 10 12082 Guerrero Las Vigas 11 12077 Guerrero Marquelia 12 12083 Guerrero Ñuu Savi 13 12046 Guerrero Ometepec 14 12053 Guerrero San Marcos 15 12085 Guerrero San Nicolás 16 12056 Guerrero Tecoanapa 17 12062 Guerrero Tlacoachistlahuaca 18 12071 Guerrero Xochistlahuaca 19 20056 Oaxaca Mártires de Tacubaya 20 20070 Oaxaca Pinotepa de Don Luis 21 20082 Oaxaca San Agustín Chayuco 22 20090 Oaxaca San Andrés Huaxpaltepec 23 20111 Oaxaca San Antonio Tepetlapa 24 20168 Oaxaca San José Estancia Grande 25 20180 Oaxaca San Juan Bautista Lo de Soto 26 20185 Oaxaca San Juan Cacahuatepec 27 20188 Oaxaca San Juan Colorado 28 20225 Oaxaca San Lorenzo 29 20285 Oaxaca San Miguel Tlacamama 30 20300 Oaxaca San Pedro Amuzgos 31 20302 Oaxaca San Pedro Atoyac 32 20312 Oaxaca San Pedro Jicayán 33 20345 Oaxaca San Sebastián Ixcapa 34 20367 Oaxaca Santa Catarina Mechoacán 35 20402 Oaxaca Santa María Cortijo 36 20414 Oaxaca Santa María Huazolotitlán 37 20415 Oaxaca Santa María Ipalapa 38 20466 Oaxaca Santiago Ixtayutla 39 20467 Oaxaca Santiago Jamiltepec 40 20474 Oaxaca Santiago Llano Grande 41 20482 Oaxaca Santiago Pinotepa Nacional 42 20485 Oaxaca Santiago Tapextla 43 20489 Oaxaca Santiago Tetepec 44 20507 Oaxaca Santo Domingo Armenta 45 20334 Oaxaca Villa de Tututepec Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 891 ID CLAVE ENTIDAD MUNICIPIO SUBREGIÓN 46 12001 Guerrero Acapulco de Juárez Costa de Guerrero y Michoacán 47 12011 Guerrero Atoyac de Álvarez 48 12014 Guerrero Benito Juárez 49 12016 Guerrero Coahuayutla de José María Izazaga 50 12021 Guerrero Coyuca de Benítez 51 12068 Guerrero La Unión de Isidoro Montes de Oca 52 12048 Guerrero Petatlán 53 12057 Guerrero Técpan de Galeana 54 12038 Guerrero Zihuatanejo de Azueta 55 16008 Michoacán de Ocampo Aquila 56 16010 Michoacán de Ocampo Arteaga 57 16014 Michoacán de Ocampo Coahuayana 58 16052 Michoacán de Ocampo Lázaro Cárdenas 59 12002 Guerrero Ahuacuotzingo Guerrero Centro y Norte 60 12006 Guerrero Apaxtla de Castrejón 61 12008 Guerrero Atenango del Río 62 12010 Guerrero Atlixtac 63 12015 Guerrero Buenavista de Cuéllar 64 12028 Guerrero Chilapa de Álvarez 65 12029 Guerrero Chilpancingo de los Bravo 66 12017 Guerrero Cocula 67 12019 Guerrero Copalillo 68 12026 Guerrero Cuetzala del Progreso 69 12075 Guerrero Eduardo Neri 70 12031 Guerrero General Canuto A. Neri 71 12032 Guerrero General Heliodoro Castillo 72 12034 Guerrero Huitzuco de los Figueroa 73 12035 Guerrero Iguala de la Independencia 74 12037 Guerrero Ixcateopan de Cuauhtémoc 75 12079 Guerrero José Joaquín de Herrera 76 12040 Guerrero Leonardo Bravo 77 12042 Guerrero Mártir de Cuilapan 78 12044 Guerrero Mochitlán 79 12047 Guerrero Pedro Ascencio Alquisiras 80 12049 Guerrero Pilcaya 81 12051 Guerrero Quechultenango 82 12055 Guerrero Taxco de Alarcón 83 12058 Guerrero Teloloapan 84 12059 Guerrero Tepecoacuilco de Trujano 85 12060 Guerrero Tetipac 86 12061 Guerrero Tixtla de Guerrero 87 12074 Guerrero Zitlala 88 15107 México Tonatico 89 15117 México Zacualpan 892 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 ID CLAVE ENTIDAD MUNICIPIO SUBREGIÓN 90 15004 México Almoloya de Alquisiras Mazahua - Otomí 91 15007 México Amanalco 92 15008 México Amatepec 93 15021 México Coatepec Harinas 94 15032 México Donato Guerra 95 15040 México Ixtapan de la Sal 96 15041 México Ixtapan del Oro 97 15049 México Joquicingo 98 15123 México Luvianos 99 15052 México Malinalco 100 15063 México Ocuilan 101 15066 México Otzoloapan 102 15077 México San Simón de Guerrero 103 15078 México Santo Tomás 104 15080 México Sultepec 105 15082 México Tejupilco 106 15086 México Temascaltepec 107 15088 México Tenancingo 108 15097 México Texcaltitlán 109 15105 México Tlatlaya 110 15110 México Valle de Bravo 111 15111 México Villa de Allende 112 15113 México Villa Guerrero 113 15114 México Villa Victoria 114 15116 México Zacazonapan 115 15119 México Zumpahuacán 116 16005 Michoacán de Ocampo Angangueo 117 16007 Michoacán de Ocampo Aporo 118 16034 Michoacán de Ocampo Hidalgo 119 16046 Michoacán de Ocampo Juárez 120 16047 Michoacán de Ocampo Jungapeo 121 16061 Michoacán de Ocampo Ocampo 122 16081 Michoacán de Ocampo Susupuato 123 16098 Michoacán de Ocampo Tuxpan 124 16099 Michoacán de Ocampo Tuzantla 125 16112 Michoacán de Ocampo Zitácuaro 126 20174 Oaxaca Ánimas Trujano Mixteca 127 20004 Oaxaca Asunción Cuyotepeji 128 20006 Oaxaca Asunción Nochixtlán 129 20007 Oaxaca Asunción Ocotlán 130 20398 Oaxaca Ayoquezco de Aldama 131 20011 Oaxaca Calihualá 132 20026 Oaxaca Chalcatongo de Hidalgo 133 20013 Oaxaca Ciénega de Zimatlán 134 20015 Oaxaca Coatecas Altas 135 20016 Oaxaca Coicoyán de las Flores 136 20018 Oaxaca Concepción Buenavista 137 20020 Oaxaca Constancia del Rosario 138 20022 Oaxaca Cosoltepec 139 20023 Oaxaca Cuilápam de Guerrero Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 893 ID CLAVE ENTIDAD MUNICIPIO SUBREGIÓN 140 20032 Oaxaca Fresnillo de Trujano 141 20034 Oaxaca Guadalupe de Ramírez 142 20033 Oaxaca Guadalupe Etla 143 20028 Oaxaca Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 144 20039 Oaxaca Heroica Ciudad de Huajuapan de León 145 20397 Oaxaca Heroica Ciudad de Tlaxiaco 146 20549 Oaxaca Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca 147 20238 Oaxaca Heroico San Martín de los Cansecos 148 20065 Oaxaca Ixpantepec Nieves 149 20017 Oaxaca La Compañía 150 20069 Oaxaca La Pe 151 20076 Oaxaca La Reforma 152 20556 Oaxaca La Trinidad Vista Hermosa 153 20045 Oaxaca Magdalena Apasco 154 20046 Oaxaca Magdalena Jaltepec 155 20048 Oaxaca Magdalena Mixtepec 156 20049 Oaxaca Magdalena Ocotlán 157 20050 Oaxaca Magdalena Peñasco 158 20051 Oaxaca Magdalena Teitipac 159 20562 Oaxaca Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz 160 20054 Oaxaca Magdalena Zahuatlán 161 20055 Oaxaca Mariscala de Juárez 162 20037 Oaxaca Mesones Hidalgo 163 20059 Oaxaca Miahuatlán de Porfirio Díaz 164 20061 Oaxaca Monjas 165 20063 Oaxaca Nazareno Etla 166 20067 Oaxaca Oaxaca de Juárez 167 20068 Oaxaca Ocotlán de Morelos 168 20073 Oaxaca Putla Villa de Guerrero 169 20077 Oaxaca Reyes Etla 170 20078 Oaxaca Rojas de Cuauhtémoc 171 20080 Oaxaca San Agustín Amatengo 172 20081 Oaxaca San Agustín Atenango 173 20083 Oaxaca San Agustín de las Juntas 174 20084 Oaxaca San Agustín Etla 175 20086 Oaxaca San Agustín Tlacotepec 176 20087 Oaxaca San Agustín Yatareni 177 20088 Oaxaca San Andrés Cabecera Nueva 178 20089 Oaxaca San Andrés Dinicuiti 179 20091 Oaxaca San Andrés Huayápam 180 20092 Oaxaca San Andrés Ixtlahuaca 894 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 ID CLAVE ENTIDAD MUNICIPIO SUBREGIÓN 181 20093 Oaxaca San Andrés Lagunas 182 20094 Oaxaca San Andrés Nuxiño 183 20096 Oaxaca San Andrés Sinaxtla 184 20099 Oaxaca San Andrés Tepetlapa 185 20101 Oaxaca San Andrés Zabache 186 20102 Oaxaca San Andrés Zautla 187 20103 Oaxaca San Antonino Castillo Velasco 188 20104 Oaxaca San Antonino el Alto 189 20105 Oaxaca San Antonino Monte Verde 190 20106 Oaxaca San Antonio Acutla 191 20107 Oaxaca San Antonio de la Cal 192 20108 Oaxaca San Antonio Huitepec 193 20110 Oaxaca San Antonio Sinicahua 194 20115 Oaxaca San Bartolo Coyotepec 195 20121 Oaxaca San Bartolo Soyaltepec 196 20118 Oaxaca San Bartolomé Quialana 197 20119 Oaxaca San Bartolomé Yucuañe 198 20123 Oaxaca San Bernardo Mixtepec 199 20127 Oaxaca San Cristóbal Amoltepec 200 20129 Oaxaca San Cristóbal Suchixtlahuaca 201 20132 Oaxaca San Dionisio Ocotlán 202 20133 Oaxaca San Esteban Atatlahuca 203 20135 Oaxaca San Felipe Tejalápam 204 20137 Oaxaca San Francisco Cahuacuá 205 20140 Oaxaca San Francisco Chindúa 206 20144 Oaxaca San Francisco Jaltepetongo 207 20145 Oaxaca San Francisco Lachigoló 208 20147 Oaxaca San Francisco Nuxaño 209 20149 Oaxaca San Francisco Sola 210 20150 Oaxaca San Francisco Telixtlahuaca 211 20151 Oaxaca San Francisco Teopan 212 20152 Oaxaca San Francisco Tlapancingo 213 20155 Oaxaca San Ildefonso Sola 214 20157 Oaxaca San Jacinto Amilpas 215 20158 Oaxaca San Jacinto Tlacotepec 216 20159 Oaxaca San Jerónimo Coatlán 217 20160 Oaxaca San Jerónimo Silacayoapilla 218 20550 Oaxaca San Jerónimo Tlacochahuaya 219 20164 Oaxaca San Jorge Nuchita 220 20165 Oaxaca San José Ayuquila 221 20072 Oaxaca San José del Progreso 222 20172 Oaxaca San Juan Achiutla 223 20176 Oaxaca San Juan Bautista Coixtlahuaca Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 895 ID CLAVE ENTIDAD MUNICIPIO SUBREGIÓN 224 20178 Oaxaca San Juan Bautista Guelache 225 20181 Oaxaca San Juan Bautista Suchitepec 226 20183 Oaxaca San Juan Bautista Tlachichilco 227 20192 Oaxaca San Juan Chilateca 228 20186 Oaxaca San Juan Cieneguilla 229 20193 Oaxaca San Juan del Estado 230 20195 Oaxaca San Juan Diuxi 231 20197 Oaxaca San Juan Guelavía 232 20199 Oaxaca San Juan Ihualtepec 233 20202 Oaxaca San Juan Lachao 234 20208 Oaxaca San Juan Mixtepec 235 20210 Oaxaca San Juan Ñumí 236 20213 Oaxaca San Juan Quiahije 237 20215 Oaxaca San Juan Sayultepec 238 20217 Oaxaca San Juan Tamazola 239 20218 Oaxaca San Juan Teita 240 20219 Oaxaca San Juan Teitipac 241 20221 Oaxaca San Juan Teposcolula 242 20224 Oaxaca San Juan Yucuita 243 20227 Oaxaca San Lorenzo Cacaotepec 244 20229 Oaxaca San Lorenzo Texmelúcan 245 20230 Oaxaca San Lorenzo Victoria 246 20233 Oaxaca San Lucas Quiaviní 247 20237 Oaxaca San Marcos Arteaga 248 20239 Oaxaca San Martín Huamelúlpam 249 20240 Oaxaca San Martín Itunyoso 250 20241 Oaxaca San Martín Lachilá 251 20242 Oaxaca San Martín Peras 252 20243 Oaxaca San Martín Tilcajete 253 20245 Oaxaca San Martín Zacatepec 254 20250 Oaxaca San Mateo Etlatongo 255 20251 Oaxaca San Mateo Nejápam 256 20252 Oaxaca San Mateo Peñasco 257 20255 Oaxaca San Mateo Sindihui 258 20256 Oaxaca San Mateo Tlapiltepec 259 20566 Oaxaca San Mateo Yucutindoo 260 20258 Oaxaca San Miguel Achiutla 261 20259 Oaxaca San Miguel Ahuehuetitlán 262 20261 Oaxaca San Miguel Amatitlán 263 20263 Oaxaca San Miguel Coatlán 264 20268 Oaxaca San Miguel Ejutla 265 20269 Oaxaca San Miguel el Grande 266 20271 Oaxaca San Miguel Mixtepec 267 20272 Oaxaca San Miguel Panixtlahuaca 896 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 ID CLAVE ENTIDAD MUNICIPIO SUBREGIÓN 268 20273 Oaxaca San Miguel Peras 269 20274 Oaxaca San Miguel Piedras 270 20281 Oaxaca San Miguel Tecomatlán 271 20283 Oaxaca San Miguel Tequixtepec 272 20284 Oaxaca San Miguel Tilquiápam 273 20286 Oaxaca San Miguel Tlacotepec 274 20287 Oaxaca San Miguel Tulancingo 275 20289 Oaxaca San Nicolás 276 20290 Oaxaca San Nicolás Hidalgo 277 20291 Oaxaca San Pablo Coatlán 278 20292 Oaxaca San Pablo Cuatro Venados 279 20293 Oaxaca San Pablo Etla 280 20294 Oaxaca San Pablo Huitzo 281 20295 Oaxaca San Pablo Huixtepec 282 20297 Oaxaca San Pablo Tijaltepec 283 20298 Oaxaca San Pablo Villa de Mitla 284 20301 Oaxaca San Pedro Apóstol 285 20310 Oaxaca San Pedro Ixtlahuaca 286 20314 Oaxaca San Pedro Juchatengo 287 20315 Oaxaca San Pedro Mártir 288 20317 Oaxaca San Pedro Mártir Yucuxaco 289 20320 Oaxaca San Pedro Molinos 290 20321 Oaxaca San Pedro Nopala 291 20329 Oaxaca San Pedro Teozacoalco 292 20331 Oaxaca San Pedro Tidaá 293 20332 Oaxaca San Pedro Topiltepec 294 20339 Oaxaca San Pedro y San Pablo Teposcolula 295 20340 Oaxaca San Pedro y San Pablo Tequixtepec 296 20341 Oaxaca San Pedro Yucunama 297 20342 Oaxaca San Raymundo Jalpan 298 20343 Oaxaca San Sebastián Abasolo 299 20346 Oaxaca San Sebastián Nicananduta 300 20348 Oaxaca San Sebastián Tecomaxtlahuaca 301 20349 Oaxaca San Sebastián Teitipac 302 20350 Oaxaca San Sebastián Tutla 303 20351 Oaxaca San Simón Almolongas 304 20352 Oaxaca San Simón Zahuatlán 305 20534 Oaxaca San Vicente Coatlán 306 20535 Oaxaca San Vicente Lachixío 307 20536 Oaxaca San Vicente Nuñú 308 20353 Oaxaca Santa Ana 309 20356 Oaxaca Santa Ana del Valle 310 20358 Oaxaca Santa Ana Tlapacoyan 311 20360 Oaxaca Santa Ana Zegache 312 20362 Oaxaca Santa Catarina Cuixtla Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 897 ID CLAVE ENTIDAD MUNICIPIO SUBREGIÓN 313 20364 Oaxaca Santa Catarina Juquila 314 20368 Oaxaca Santa Catarina Minas 315 20369 Oaxaca Santa Catarina Quiané 316 20370 Oaxaca Santa Catarina Tayata 317 20371 Oaxaca Santa Catarina Ticuá 318 20372 Oaxaca Santa Catarina Yosonotú 319 20373 Oaxaca Santa Catarina Zapoquila 320 20375 Oaxaca Santa Cruz Amilpas 321 20376 Oaxaca Santa Cruz de Bravo 322 20377 Oaxaca Santa Cruz Itundujia 323 20378 Oaxaca Santa Cruz Mixtepec 324 20379 Oaxaca Santa Cruz Nundaco 325 20380 Oaxaca Santa Cruz Papalutla 326 20381 Oaxaca Santa Cruz Tacache de Mina 327 20382 Oaxaca Santa Cruz Tacahua 328 20383 Oaxaca Santa Cruz Tayata 329 20384 Oaxaca Santa Cruz Xitla 330 20385 Oaxaca Santa Cruz Xoxocotlán 331 20386 Oaxaca Santa Cruz Zenzontepec 332 20387 Oaxaca Santa Gertrudis 333 20569 Oaxaca Santa Inés de Zaragoza 334 20388 Oaxaca Santa Inés del Monte 335 20389 Oaxaca Santa Inés Yatzeche 336 20390 Oaxaca Santa Lucía del Camino 337 20391 Oaxaca Santa Lucía Miahuatlán 338 20392 Oaxaca Santa Lucía Monteverde 339 20393 Oaxaca Santa Lucía Ocotlán 340 20047 Oaxaca Santa Magdalena Jicotlán 341 20399 Oaxaca Santa María Atzompa 342 20400 Oaxaca Santa María Camotlán 343 20404 Oaxaca Santa María Chachoápam 344 20403 Oaxaca Santa María Coyotepec 345 20408 Oaxaca Santa María del Rosario 346 20409 Oaxaca Santa María del Tule 347 20411 Oaxaca Santa María Guelacé 348 20420 Oaxaca Santa María Lachixío 349 20422 Oaxaca Santa María Nativitas 350 20423 Oaxaca Santa María Nduayaco 351 20426 Oaxaca Santa María Peñoles 352 20429 Oaxaca Santa María Sola 353 20430 Oaxaca Santa María Tataltepec 354 20433 Oaxaca Santa María Temaxcaltepec 355 20444 Oaxaca Santa María Yolotepec 356 20445 Oaxaca Santa María Yosoyúa 357 20446 Oaxaca Santa María Yucuhiti 358 20447 Oaxaca Santa María Zacatepec 898 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 ID CLAVE ENTIDAD MUNICIPIO SUBREGIÓN 359 20448 Oaxaca Santa María Zaniza 360 20450 Oaxaca Santiago Amoltepec 361 20452 Oaxaca Santiago Apóstol 362 20455 Oaxaca Santiago Ayuquililla 363 20456 Oaxaca Santiago Cacaloxtepec 364 20461 Oaxaca Santiago del Río 365 20462 Oaxaca Santiago Huajolotitlán 366 20464 Oaxaca Santiago Ihuitlán Plumas 367 20469 Oaxaca Santiago Juxtlahuaca 368 20475 Oaxaca Santiago Matatlán 369 20476 Oaxaca Santiago Miltepec 370 20477 Oaxaca Santiago Minas 371 20479 Oaxaca Santiago Nejapilla 372 20480 Oaxaca Santiago Nundiche 373 20481 Oaxaca Santiago Nuyoó 374 20483 Oaxaca Santiago Suchilquitongo 375 20484 Oaxaca Santiago Tamazola 376 20487 Oaxaca Santiago Tenango 377 20488 Oaxaca Santiago Tepetlapa 378 20491 Oaxaca Santiago Textitlán 379 20492 Oaxaca Santiago Tilantongo 380 20493 Oaxaca Santiago Tillo 381 20494 Oaxaca Santiago Tlazoyaltepec 382 20497 Oaxaca Santiago Yaitepec 383 20499 Oaxaca Santiago Yolomécatl 384 20500 Oaxaca Santiago Yosondúa 385 20501 Oaxaca Santiago Yucuyachi 386 20510 Oaxaca Santo Domingo Ixcatlán 387 20511 Oaxaca Santo Domingo Nuxaá 388 20516 Oaxaca Santo Domingo Teojomulco 389 20518 Oaxaca Santo Domingo Tlatayápam 390 20519 Oaxaca Santo Domingo Tomaltepec 391 20520 Oaxaca Santo Domingo Tonalá 392 20521 Oaxaca Santo Domingo Tonaltepec 393 20523 Oaxaca Santo Domingo Yanhuitlán 394 20524 Oaxaca Santo Domingo Yodohino 395 20530 Oaxaca Santo Tomás Jalieza 396 20531 Oaxaca Santo Tomás Mazaltepec 397 20532 Oaxaca Santo Tomás Ocotepec 398 20533 Oaxaca Santo Tomás Tamazulapan 399 20526 Oaxaca Santos Reyes Nopala 400 20528 Oaxaca Santos Reyes Tepejillo 401 20529 Oaxaca Santos Reyes Yucuná 402 20537 Oaxaca Silacayoápam 403 20539 Oaxaca Soledad Etla 404 20542 Oaxaca Taniche 405 20543 Oaxaca Tataltepec de Valdés Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 899 ID CLAVE ENTIDAD MUNICIPIO SUBREGIÓN 406 20546 Oaxaca Teotitlán del Valle 407 20547 Oaxaca Teotongo 408 20548 Oaxaca Tepelmeme Villa de Morelos 409 20551 Oaxaca Tlacolula de Matamoros 410 20552 Oaxaca Tlacotepec Plumas 411 20553 Oaxaca Tlalixtac de Cabrera 412 20555 Oaxaca Trinidad Zaachila 413 20405 Oaxaca Villa de Chilapa de Díaz 414 20338 Oaxaca Villa de Etla 415 20459 Oaxaca Villa de Santiago Chazumba 416 20540 Oaxaca Villa de Tamazulápam del Progreso 417 20565 Oaxaca Villa de Zaachila 418 20560 Oaxaca Villa Díaz Ordaz 419 20277 Oaxaca Villa Sola de Vega 420 20486 Oaxaca Villa Tejúpam de la Unión 421 20563 Oaxaca Yogana 422 20564 Oaxaca Yutanduchi de Guerrero 423 20567 Oaxaca Zapotitlán Lagunas 424 20568 Oaxaca Zapotitlán Palmas 425 20570 Oaxaca Zimatlán de Álvarez 426 21135 Puebla San Miguel Ixitlán 427 21003 Puebla Acatlán Mixteca Puebla 428 21009 Puebla Ahuehuetitla 429 21011 Puebla Albino Zertuche 430 21024 Puebla Axutla 431 21047 Puebla Chiautla 432 21055 Puebla Chila 433 21056 Puebla Chila de la Sal 434 21059 Puebla Chinantla 435 21032 Puebla Cohetzala 436 21066 Puebla Guadalupe 437 21073 Puebla Huehuetlán el Chico 438 21081 Puebla Ixcamilpa de Guerrero 439 21087 Puebla Jolalpan 440 21112 Puebla Petlalcingo 441 21113 Puebla Piaxtla 442 21127 Puebla San Jerónimo Xayacatlán 443 21129 Puebla San José Miahuatlán 444 21139 Puebla San Pablo Anicano 445 21141 Puebla San Pedro Yeloixtlahuaca 446 21155 Puebla Tecomatlán 447 21157 Puebla Tehuitzingo 448 21160 Puebla Teotlalco 449 21191 Puebla Tulcingo 450 21196 Puebla Xayacatlán de Bravo 451 21198 Puebla Xicotlán 900 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 ID CLAVE ENTIDAD MUNICIPIO SUBREGIÓN 452 15015 México Atlautla Morelos 453 15034 México Ecatzingo 454 15050 México Juchitepec 455 15068 México Ozumba 456 15094 México Tepetlixpa 457 17001 Morelos Amacuzac 458 17002 Morelos Atlatlahucan 459 17003 Morelos Axochiapan 460 17004 Morelos Ayala 461 17034 Morelos Coatetelco 462 17005 Morelos Coatlán del Río 463 17006 Morelos Cuautla 464 17007 Morelos Cuernavaca 465 17008 Morelos Emiliano Zapata 466 17036 Morelos Hueyapan 467 17009 Morelos Huitzilac 468 17010 Morelos Jantetelco 469 17011 Morelos Jiutepec 470 17012 Morelos Jojutla 471 17013 Morelos Jonacatepec de Leandro Valle 472 17014 Morelos Mazatepec 473 17015 Morelos Miacatlán 474 17016 Morelos Ocuituco 475 17017 Morelos Puente de Ixtla 476 17018 Morelos Temixco 477 17033 Morelos Temoac 478 17019 Morelos Tepalcingo 479 17020 Morelos Tepoztlán 480 17021 Morelos Tetecala 481 17022 Morelos Tetela del Volcán 482 17023 Morelos Tlalnepantla 483 17024 Morelos Tlaltizapán de Zapata 484 17025 Morelos Tlaquiltenango 485 17026 Morelos Tlayacapan 486 17027 Morelos Totolapan 487 17028 Morelos Xochitepec 488 17035 Morelos Xoxocotla 489 17029 Morelos Yautepec 490 17030 Morelos Yecapixtla 491 17031 Morelos Zacatepec 492 17032 Morelos Zacualpan de Amilpas 493 16021 Michoacán de Ocampo Charapan Purépecha 494 16024 Michoacán de Ocampo Cherán 495 16019 Michoacán de Ocampo Cotija 496 16032 Michoacán de Ocampo Erongarícuaro 497 16075 Michoacán de Ocampo Los Reyes 498 16056 Michoacán de Ocampo Nahuatzen 499 16058 Michoacán de Ocampo Nuevo Parangaricutiro 500 16065 Michoacán de Ocampo Paracho Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 901 ID CLAVE ENTIDAD MUNICIPIO SUBREGIÓN 501 16066 Michoacán de Ocampo Pátzcuaro 502 16068 Michoacán de Ocampo Peribán 503 16073 Michoacán de Ocampo Quiroga 504 16079 Michoacán de Ocampo Salvador Escalante 505 16083 Michoacán de Ocampo Tancítaro 506 16087 Michoacán de Ocampo Taretan 507 16090 Michoacán de Ocampo Tingambato 508 16091 Michoacán de Ocampo Tingüindín 509 16095 Michoacán de Ocampo Tocumbo 510 16100 Michoacán de Ocampo Tzintzuntzan 511 16102 Michoacán de Ocampo Uruapan 512 16111 Michoacán de Ocampo Ziracuaretiro 513 21001 Puebla Acajete Región Alto Atoyac 514 21004 Puebla Acatzingo 515 21005 Puebla Acteopan 516 21007 Puebla Ahuatlán 517 21012 Puebla Aljojuca 518 21015 Puebla Amozoc 519 21018 Puebla Atexcal 520 21019 Puebla Atlixco 521 21020 Puebla Atoyatempan 522 21021 Puebla Atzala 523 21022 Puebla Atzitzihuacán 524 21026 Puebla Calpan 525 21045 Puebla Chalchicomula de Sesma 526 21048 Puebla Chiautzingo 527 21051 Puebla Chietla 528 21052 Puebla Chigmecatitlán 529 21031 Puebla Coatzingo 530 21033 Puebla Cohuecan 531 21034 Puebla Coronango 532 21037 Puebla Coyotepec 533 21038 Puebla Cuapiaxtla de Madero 534 21040 Puebla Cuautinchán 535 21041 Puebla Cuautlancingo 536 21042 Puebla Cuayuca de Andrade 537 21044 Puebla Cuyoaco 538 21060 Puebla Domingo Arenas 539 21062 Puebla Epatlán 540 21065 Puebla General Felipe Ángeles 541 21067 Puebla Guadalupe Victoria 542 21069 Puebla Huaquechula 543 21070 Puebla Huatlatlauca 544 21150 Puebla Huehuetlán el Grande 545 21074 Puebla Huejotzingo 546 21079 Puebla Huitziltepec 547 21082 Puebla Ixcaquixtla 548 21083 Puebla Ixtacamaxtitlán 549 21085 Puebla Izúcar de Matamoros 902 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 ID CLAVE ENTIDAD MUNICIPIO SUBREGIÓN 550 21090 Puebla Juan C. Bonilla 551 21092 Puebla Juan N. Méndez 552 21095 Puebla La Magdalena Tlatlauquitepec 553 21093 Puebla Lafragua 554 21094 Puebla Libres 555 21118 Puebla Los Reyes de Juárez 556 21096 Puebla Mazapiltepec de Juárez 557 21097 Puebla Mixtla 558 21098 Puebla Molcaxac 559 21102 Puebla Nealtican 560 21104 Puebla Nopalucan 561 21105 Puebla Ocotepec 562 21106 Puebla Ocoyucan 563 21108 Puebla Oriental 564 21110 Puebla Palmar de Bravo 565 21114 Puebla Puebla 566 21115 Puebla Quecholac 567 21117 Puebla Rafael Lara Grajales 568 21119 Puebla San Andrés Cholula 569 21121 Puebla San Diego la Mesa Tochimiltzingo 570 21122 Puebla San Felipe Teotlalcingo 571 21125 Puebla San Gregorio Atzompa 572 21126 Puebla San Jerónimo Tecuanipan 573 21128 Puebla San José Chiapa 574 21130 Puebla San Juan Atenco 575 21131 Puebla San Juan Atzompa 576 21132 Puebla San Martín Texmelucan 577 21133 Puebla San Martín Totoltepec 578 21134 Puebla San Matías Tlalancaleca 579 21136 Puebla San Miguel Xoxtla 580 21137 Puebla San Nicolás Buenos Aires 581 21138 Puebla San Nicolás de los Ranchos 582 21140 Puebla San Pedro Cholula 583 21142 Puebla San Salvador el Seco 584 21143 Puebla San Salvador el Verde 585 21144 Puebla San Salvador Huixcolotla 586 21146 Puebla Santa Catarina Tlaltempan 587 21147 Puebla Santa Inés Ahuatempan 588 21148 Puebla Santa Isabel Cholula 589 21151 Puebla Santo Tomás Hueyotlipan 590 21152 Puebla Soltepec 591 21153 Puebla Tecali de Herrera 592 21154 Puebla Tecamachalco 593 21159 Puebla Teopantlán 594 21163 Puebla Tepatlaxco de Hidalgo Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 903 ID CLAVE ENTIDAD MUNICIPIO SUBREGIÓN 595 21164 Puebla Tepeaca 596 21165 Puebla Tepemaxalco 597 21166 Puebla Tepeojuma 598 21168 Puebla Tepexco 599 21169 Puebla Tepexi de Rodríguez 600 21170 Puebla Tepeyahualco 601 21171 Puebla Tepeyahualco de Cuauhtémoc 602 21175 Puebla Tianguismanalco 603 21176 Puebla Tilapa 604 21179 Puebla Tlachichuca 605 21180 Puebla Tlahuapan 606 21181 Puebla Tlaltenango 607 21182 Puebla Tlanepantla 608 21185 Puebla Tlapanalá 609 21188 Puebla Tochimilco 610 21189 Puebla Tochtepec 611 21190 Puebla Totoltepec de Guerrero 612 21193 Puebla Tzicatlacoyan 613 21201 Puebla Xochiltepec 614 21203 Puebla Xochitlán Todos Santos 615 21206 Puebla Zacapala 616 29022 Tlaxcala Acuamanala de Miguel Hidalgo 617 29001 Tlaxcala Amaxac de Guerrero 618 29002 Tlaxcala Apetatitlán de Antonio Carvajal 619 29005 Tlaxcala Apizaco 620 29003 Tlaxcala Atlangatepec 621 29004 Tlaxcala Atltzayanca 622 29010 Tlaxcala Chiautempan 623 29018 Tlaxcala Contla de Juan Cuamatzi 624 29008 Tlaxcala Cuapiaxtla 625 29009 Tlaxcala Cuaxomulco 626 29007 Tlaxcala El Carmen Tequexquitla 627 29046 Tlaxcala Emiliano Zapata 628 29012 Tlaxcala Españita 629 29013 Tlaxcala Huamantla 630 29014 Tlaxcala Hueyotlipan 631 29015 Tlaxcala Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 632 29016 Tlaxcala Ixtenco 633 29048 Tlaxcala La Magdalena Tlaltelulco 634 29047 Tlaxcala Lázaro Cárdenas 635 29017 Tlaxcala Mazatecochco de José María Morelos 636 29011 Tlaxcala Muñoz de Domingo Arenas 637 29023 Tlaxcala Natívitas 904 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 ID CLAVE ENTIDAD MUNICIPIO SUBREGIÓN 638 29024 Tlaxcala Panotla 639 29041 Tlaxcala Papalotla de Xicohténcatl 640 29049 Tlaxcala San Damián Texóloc 641 29050 Tlaxcala San Francisco Tetlanohcan 642 29051 Tlaxcala San Jerónimo Zacualpan 643 29052 Tlaxcala San José Teacalco 644 29053 Tlaxcala San Juan Huactzinco 645 29054 Tlaxcala San Lorenzo Axocomanitla 646 29055 Tlaxcala San Lucas Tecopilco 647 29025 Tlaxcala San Pablo del Monte 648 29056 Tlaxcala Santa Ana Nopalucan 649 29057 Tlaxcala Santa Apolonia Teacalco 650 29058 Tlaxcala Santa Catarina Ayometla 651 29059 Tlaxcala Santa Cruz Quilehtla 652 29026 Tlaxcala Santa Cruz Tlaxcala 653 29060 Tlaxcala Santa Isabel Xiloxoxtla 654 29027 Tlaxcala Tenancingo 655 29028 Tlaxcala Teolocholco 656 29019 Tlaxcala Tepetitla de Lardizábal 657 29029 Tlaxcala Tepeyanco 658 29030 Tlaxcala Terrenate 659 29031 Tlaxcala Tetla de la Solidaridad 660 29032 Tlaxcala Tetlatlahuca 661 29033 Tlaxcala Tlaxcala 662 29034 Tlaxcala Tlaxco 663 29035 Tlaxcala Tocatlán 664 29036 Tlaxcala Totolac 665 29038 Tlaxcala Tzompantepec 666 29039 Tlaxcala Xaloztoc 667 29040 Tlaxcala Xaltocan 668 29042 Tlaxcala Xicohtzinco 669 29043 Tlaxcala Yauhquemehcan 670 29044 Tlaxcala Zacatelco 671 29037 Tlaxcala Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos 672 12076 Guerrero Acatepec Región Montaña de Guerrero 673 12004 Guerrero Alcozauca de Guerrero 674 12005 Guerrero Alpoyeca 675 12009 Guerrero Atlamajalcingo del Monte 676 12078 Guerrero Cochoapa el Grande 677 12020 Guerrero Copanatoyac 678 12024 Guerrero Cualác 679 12033 Guerrero Huamuxtitlán 680 12081 Guerrero Iliatenco 681 12041 Guerrero Malinaltepec 682 12043 Guerrero Metlatónoc Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 905 ID CLAVE ENTIDAD MUNICIPIO SUBREGIÓN 683 12045 Guerrero Olinalá 684 12052 Guerrero San Luis Acatlán 685 12084 Guerrero Santa Cruz del Rincón 686 12063 Guerrero Tlacoapa 687 12065 Guerrero Tlalixtaquilla de Maldonado 688 12066 Guerrero Tlapa de Comonfort 689 12069 Guerrero Xalpatláhuac 690 12070 Guerrero Xochihuehuetlán 691 12072 Guerrero Zapotitlán Tablas 692 12003 Guerrero Ajuchitlán del Progreso Tierra Caliente 693 12007 Guerrero Arcelia 694 12022 Guerrero Coyuca de Catalán 695 12027 Guerrero Cutzamala de Pinzón 696 12050 Guerrero Pungarabato 697 12054 Guerrero San Miguel Totolapan 698 12064 Guerrero Tlalchapa 699 12067 Guerrero Tlapehuala 700 12073 Guerrero Zirándaro 701 14049 Jalisco Jilotlán de los Dolores 702 14069 Jalisco Quitupan 703 14056 Jalisco Santa María del Oro 704 16002 Michoacán de Ocampo Aguililla 705 16006 Michoacán de Ocampo Apatzingán 706 16009 Michoacán de Ocampo Ario 707 16012 Michoacán de Ocampo Buenavista 708 16013 Michoacán de Ocampo Carácuaro 709 16026 Michoacán de Ocampo Chinicuila 710 16029 Michoacán de Ocampo Churumuco 711 16015 Michoacán de Ocampo Coalcomán de Vázquez Pallares 712 16033 Michoacán de Ocampo Gabriel Zamora 713 16038 Michoacán de Ocampo Huetamo 714 16035 Michoacán de Ocampo La Huacana 715 16049 Michoacán de Ocampo Madero 716 16055 Michoacán de Ocampo Múgica 717 16057 Michoacán de Ocampo Nocupétaro 718 16059 Michoacán de Ocampo Nuevo Urecho 719 16064 Michoacán de Ocampo Parácuaro 720 16077 Michoacán de Ocampo San Lucas 721 16082 Michoacán de Ocampo Tacámbaro 722 16089 Michoacán de Ocampo Tepalcatepec 723 16092 Michoacán de Ocampo Tiquicheo de Nicolás Romero 724 16096 Michoacán de Ocampo Tumbiscatío 725 16097 Michoacán de Ocampo Turicato 726 16101 Michoacán de Ocampo Tzitzio Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. Marco Geoestadístico (2023). ______________________________________ 906 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 SECRETARIA DE GOBERNACION CONVENIO de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de México, para promover la adopción, el uso y la certificación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) entre los usuarios de la SEMOV EDOMEX. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobernación.- Secretaría de Gobernación. CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN LO SUCESIVO “GOBERNACIÓN”, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIDAD, EN LO SUCESIVO “RENAPO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, FÉLIX ARTURO ARCE VARGAS; POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EN LO SUCESIVO “SEMOV EDOMEX”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA; A QUIENES, AL ACTUAR DE MANERA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: ANTECEDENTES I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en los artículos 1o. y 4o. determina que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ésta y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; dentro de los que se encuentra entre otros, el derecho humano que toda persona tiene a la identidad y a ser registrado de manera inmediata desde su nacimiento; por lo que el Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos dentro del ámbito de su competencia, toda vez que las autoridades que lo integran tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. II. El artículo 36, fracción I de la CPEUM establece como obligación de los ciudadanos de la República inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determine la normativa aplicable, siendo responsabilidad del Estado la organización y el funcionamiento permanente del mismo, así como la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana, servicios de interés público con corresponsabilidad de los ciudadanos en los términos que establezca la ley. III. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) en el artículo 27, fracción VI, dispone como una atribución de “GOBERNACIÓN” la consistente en formular y conducir la política de población e interculturalidad y operar la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población y el Servicio Nacional de Identificación Personal (SNIP); así como compartir la información de dicho sistema con las autoridades competentes en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; además, tiene a su cargo el registro y acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley General de Población (LGP). IV. La LGP establece en su artículo 86 que el Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad y en él se inscribirán a los mexicanos, mediante el Registro Nacional de Ciudadanos; el Registro de Menores de Edad y a los extranjeros, a través del Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana, en términos de lo previsto en el artículo 87 de la LGP. V. Los artículos 88, 89 y 90 de la LGP refieren que el Registro Nacional de Ciudadanos se integra con la información certificada de los mexicanos mayores de 18 años que soliciten su inscripción en los términos establecidos por esa ley y su reglamento; el Registro de Menores de Edad, se conforma con los datos de los mexicanos menores de 18 años, que se recaben a través de los registros civiles y el Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana se integra con la información de carácter migratorio existente en la propia Secretaría de Gobernación. VI. El artículo 91 de la LGP establece que, al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave que se denominará Clave Única de Registro de Población (CURP), la cual servirá para registrarla e identificarla en forma individual, la cual se encuentra integrada por 18 elementos de un código alfanumérico, de los cuales, 16 elementos son extraídos del documento probatorio de identidad de la persona, es decir del acta de nacimiento, carta de naturalización, documento migratorio o certificado de nacionalidad mexicana; y los dos últimos números serán asignados por el Registro Nacional de Población. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 907 El artículo 91 BIS, segundo párrafo, fracción I dispone que “GOBERNACIÓN” llevará a cabo acciones para integrar los datos biométricos de las personas a la CURP mediante, entre otras, la transferencia de los datos biométricos que obren en poder de las autoridades de los tres órdenes de gobierno al Registro Nacional de Población, previa autorización de su titular. El artículo 91 SEXIES establece que la CURP deberá ser empleada en los procesos de validación y autenticación de la identidad de las personas en medios digitales. Así como que todo ente público estará obligado a solicitar la CURP para la prestación de sus trámites y servicios. VII. El artículo 92 de la LGP señala que “GOBERNACIÓN” establecerá las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de Población y coordinará los métodos de identificación y registro de las dependencias de la Administración Pública Federal (APF). VIII. El artículo 94 de la LGP establece que las autoridades de la Federación, de los estados y de los municipios, serán auxiliares de “GOBERNACIÓN” en las funciones que a ésta correspondan en materia de registro de población. IX. El Reglamento de la LGP en su artículo 82 establece que las dependencias y entidades de la APF tienen la obligación de proporcionar al Registro Nacional de Población, cuando éste lo solicite, la información de las personas incorporadas en sus respectivos registros; por lo que “GOBERNACIÓN”, deberá celebrar convenios con las administraciones públicas estatales y municipales, así como con instituciones privadas, para los efectos antes señalados. X. El 23 de octubre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el “Acuerdo para la adopción y uso por la Administración Pública Federal de la Clave Única de Registro de Población”, que en su artículo 1o. establece que la CURP se asignará a todas las personas físicas domiciliadas en el territorio nacional, así como a los nacionales domiciliados en el extranjero y conforme al artículo 3o. la asignación de la misma corresponde a “RENAPO” de “GOBERNACIÓN”. La CURP es la clave única que se emite para las personas mexicanas y extranjeras; su establecimiento y adopción como una clave única homogénea en los registros de personas a cargo de las instituciones públicas, privadas o financieras, constituye un elemento de apoyo para una adecuada política de población. XI. El Programa Sectorial de Gobernación 2025-2030, publicado en el DOF el 03 de septiembre de 2025, en su Objetivo 4, Estrategias 4.4. “Modernizar el registro nacional de población y el SNIP para garantizar el derecho a la identidad”, y 4.5. “Mejorar las capacidades del SNIP para que las personas nacionales y extranjeras accedan al pleno ejercicio de sus derechos”, prevén, entre otras, las líneas de acción 4.4.3. Fortalecer la gestión integral de la CURP, implementando procesos robustos para su asignación, validación, certificación y la permanente actualización de los datos asociados; 4.4.6. Establecer y operar mecanismos continuos de verificación, validación y autenticación de la identidad de las personas, utilizando los datos del RENAPO para certificar fehacientemente la identidad conforme a la ley; 4.4.7 Promover la adopción y uso generalizado de la CURP como identificador único y oficial en todos los niveles de la APF, estatal y municipal, así como en el sector privado y financiero, mediante la emisión de lineamientos operativos y la celebración de convenios; y 4.5.2. Formalizar acuerdos y convenios de colaboración, coordinación y concertación con dependencias federales, estatales, municipales, órganos autónomos, y sectores privado y financiero para la integración del RENAPO, la adopción y validación de la CURP, y la utilización del SNIP. XII. Para el Registro Nacional de Población, es imprescindible la CURP como instrumento fidedigno para la identificación de las personas que componen la población del país, asimismo, es indispensable para que las instituciones públicas, privadas o financieras que integran diversos registros de personas la adopten e intercambien información con “GOBERNACIÓN” que permita su validación de conformidad con lo establecido en los Lineamientos de Operación del Programa Presupuestario E004 Servicios de Registro e Identificación de Población, publicados en el DOF el 19 de febrero de 2026 (LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E004), y demás legislación aplicable en la materia, logrando con ello que las personas ejerciten sus derechos y que la “SEMOV EDOMEX”, agilice los trámites que efectúa, en el ámbito de su competencia; por lo que, la “SEMOV EDOMEX” y “GOBERNACIÓN” concuerdan en celebrar el presente Convenio de Coordinación para los efectos antes señalados. XIII. Por su parte, la CPEUM en el artículo 4, párrafo vigesimoprimero, establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 908 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 XIV. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (CPELSM), prevé en el artículo 5, que el Estado garantizará a toda persona el derecho a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad, sustentabilidad y progresividad. XV. En ese contexto, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, para el despacho de los asuntos de la competencia, se auxiliará, entre otras, de la “SEMOV EDOMEX” que es la dependencia centralizada encargada de planear, formular, dirigir, coordinar, gestionar, evaluar, ejecutar y supervisar las acciones, políticas, programas, protocolos, proyectos y estudios para el desarrollo del sistema integral de movilidad, incluyendo el servicio público de transporte de jurisdicción estatal, sus servicios conexos y los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad, así como el desarrollo y administración de la infraestructura vial primaria y de la regulación de las comunicaciones de jurisdicción local, de conformidad con los artículos 78 de la CPELSM; 1, párrafos primero y segundo, 4, 23, fracción XVI, y 54 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México (LEY ORGÁNICA); y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad (RISM). La “SEMOV EDOMEX” tiene, entre sus atribuciones, las de gestionar la seguridad vial y la movilidad urbana, interurbana, rural e insular, en términos de las disposiciones legales aplicables; otorgar, modificar, revocar, rescatar, sustituir, cancelar o dar por terminadas las concesiones, permisos o autorizaciones, para la prestación del servicio público de pasajeros colectivo, individual, mixto, y el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos; expedir normas y lineamientos en materia de transporte, vialidades, comunicación, movilidad y seguridad vial, que prevén los ordenamientos legales y las disposiciones administrativas; normar, organizar, integrar, operar y actualizar el Registro Público Estatal de Movilidad y el Registro Estatal de Comunicaciones; y tramitar, autorizar y expedir las licencias, permisos y demás autorizaciones para conducir vehículos destinados al transporte en cualquiera de sus modalidades, como se establece en el artículo 55, fracciones IV, XV, XIX, XXVIII y XLVI de la LEY ORGÁNICA. XVI. La Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México y sus Municipios (LMSVEMyM), en los artículos 4, 16, fracción I, inciso b) y 19, prevé el derecho humano a la movilidad, que implica la obligación del Gobierno del Estado de México y de los municipios de realizar un conjunto de acciones que tiendan a procurar su debido ejercicio en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad y contribuir al desarrollo sustentable del Estado de México; que la “SEMOV EDOMEX” es una autoridad en materia de movilidad y que las atribuciones de la persona titular del Poder Ejecutivo en materia de movilidad y seguridad vial, se ejercerán de manera directa o a través de las dependencias y organismos de la administración pública estatal, según se establezca en la LMSVEMyM y sus reglamentos, de cualquier tipo o modalidad. El artículo 9, párrafo primero, numeral 1, de la LMSVEMyM dispone que es competencia de la “SEMOV EDOMEX”, a través de sus unidades administrativas correspondientes, la emisión de las licencias para conducir vehículos automotores de servicio y, por otro lado, obligación de las personas conductoras de vehículos de transporte público y particulares, para operar y conducir vehículos en el Estado de México, obtener, portar consigo y exhibir cuando se le requiera por la autoridad competente, la licencia para conducir o permiso vigente, en cualquiera de sus tipos y modalidades de servicio. En materia de concesiones, la LMSVEMyM dispone en su artículo 2, fracciones XXXIII, 3 fracción III, 11 fracción III, 74 fracciones I, II, III y IV, 78, 79 y 86, que la concesión es el acto administrativo por el cual la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la “SEMOV EDOMEX”, autoriza a sociedades mercantiles mexicanas, constituidas como sociedades anónimas de capital variable, para prestar un servicio público de transporte, en los términos y condiciones que la propia Ley y su reglamentación señalan, que para surtir efectos deberán estar inscritas en el Registro Público Estatal de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte; además, las autoridades en materia de movilidad podrán otorgar concesiones o implementar proyectos de asociación con particulares para el cumplimiento de las atribuciones previstas en esta Ley, así como que, para prestar el servicio de transporte público masivo y colectivo, se requerirá concesión otorgada por el Ejecutivo a través de la “SEMOV EDOMEX”. XVII. El Código Administrativo del Estado de México (CAEM), en los artículos 7.1, 7.4, fracción II y 8.16, fracción III, establece que a la “SEMOV EDOMEX” le corresponden las atribuciones relativas al transporte público y mixto, así como la regulación del servicio de pago tarifario anticipado y la operación de Centros de Gestión y Control Común, de los mismos; y, por otro lado, la obligación de los conductores de vehículos automotores para traer consigo la licencia o el permiso vigente para conducir, y en su caso, Licencia de Chofer para Servicio Público, así como la documentación que autorice la circulación del vehículo. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 909 Asimismo, los artículos 1.1 fracción VI, 7.1, 7.3, 7.4, fracción II, 7.5, fracción I, incisos a) y c), 7.16, 7.19, 7.20, 7.22, 7.32 y 7.33 del CAEM disponen que el transporte de pasajeros colectivo, de alta capacidad o masivo, individual, mixto; el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos; el servicio de pago tarifario anticipado y los Centros de Gestión y Control Común, constituyen un servicio público cuya prestación corresponde al Gobierno del Estado, quien puede prestarlo directamente o a través de concesiones o permisos, que se otorguen sujetos siempre a las necesidades públicas; y cuya cesión de derechos y obligaciones requerirán autorización previa de quien haya otorgado la concesión o permiso. No se podrán ceder, ni en forma alguna gravar, transferir o enajenar los derechos que deriven de las concesiones o permisos a ningún gobierno o estado extranjero; requerirán autorización previa para la constitución de garantías, y no podrán gravarse los bienes del dominio público objeto de la concesión. XVIII. El Reglamento de Tránsito del Estado de México (RTEM), en el artículo 40, párrafos primero y segundo, establece que es competencia de la “SEMOV EDOMEX”, a través de las unidades administrativas correspondientes, la emisión de las licencias para conducir vehículos automotores de servicio particular, permisos provisionales de práctica para conducir vehículos automotores de servicio particular y licencias para conducir vehículos automotores de servicio público en cualquiera de sus diferentes modalidades, expidiendo al efecto, los documentos oficiales correspondientes; y que, a través sus áreas administrativas competentes, expedirá, repondrá y renovará las licencias y permisos provisionales de práctica en cualquiera de sus modalidades, lo que se realizará a petición directa de las personas interesadas, quienes deberán cumplir íntegramente los requisitos establecidos, según corresponda con el tipo de licencia y permiso de que se trate. El artículo 40 Bis, párrafos primero y segundo, del RTEM, además, establece que las licencias para conducir motocicletas y vehículos automotores de servicio particular podrán expedirse en versión digital como documento electrónico adicional al documento físico en términos de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, su Reglamento y las disposiciones jurídicas que al efecto emita la “SEMOV EDOMEX”; para lo cual, las personas interesadas podrán solicitarla a través de la aplicación electrónica para dispositivos móviles que al efecto determine la “SEMOV EDOMEX”, siempre y cuando ya cuenten con una licencia física obtenida en un módulo de expedición de licencias de la “SEMOV EDOMEX”. XIX. Asimismo, el RTEM, en los artículos 15, 16 y 17 establece que, los vehículos automotores se clasifican en: de uso particular, los que están destinados para el transporte de pasajeros, sin lucro alguno; de uso comercial, los destinados al servicio particular de carga o de uso de una negociación mercantil o que en su caso, constituyan un instrumento de trabajo, así como los de transporte de personal y escolares; y de uso o servicio público, el de pasajeros y de carga que opere mediante una concesión, permiso o autorización, con tarifa autorizada, los cuales pueden ser de alquiler, de pasajeros, de carga en general y de carga especializada, de turismo, y de servicio social. Corresponde a la “SEMOV EDOMEX” la autorización y expedición de placas para automotores de servicio público, en cualquiera de sus modalidades, además de que todo vehículo deberá estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades correspondientes, como lo establecen. Para ello, corresponde a la “SEMOV EDOMEX” aprobar las concesiones, permisos o autorizaciones, según corresponda, para la prestación del servicio público de pasajeros colectivo, individual, mixto y el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos, auxiliándose de la Dirección General del Registro Estatal de Transporte Público, la cual entre sus atribuciones se encuentra la de contribuir con las demás unidades administrativas competentes de la “SEMOV EDOMEX” en el otorgamiento, prórroga, modificación, revocación, cancelación y rescate de concesiones y permisos, para la prestación del servicio público de pasajeros colectivo, individual, mixto, así como el de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos. De igual forma, corresponde a la “SEMOV EDOMEX”, determinar el otorgamiento, modificación, revocación, rescate, sustitución, cancelación o terminación de las concesiones, permisos o autorizaciones, según corresponda, para la prestación de estos servicios, auxiliándose de la Subsecretaría de Movilidad y de la Dirección General del Registro Estatal de Transporte Público, como lo disponen los artículos 4, fracciones I y V, 7, fracciones XLII, XLIV, XLVI, XLIX y LX, 10, fracciones III y XVIII, y 14 fracciones II y XXXII del RISM. XX. El Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 prevé en el Eje 3. “Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad”, I. “Diagnóstico y Objetivos” f. “Movilidad segura y de calidad”, Objetivo 3.6. “Brindar una movilidad segura, digna y eficiente”, Estrategia 3.6.4. “Brindar un servicio digno, sin corrupción, protegiendo la integridad de las personas usuarias, mediante un transporte seguro, transparente e incluyente”, la Línea de acción 3.6.4.6. “Renovar los centros de atención para emisión de licencias, autorizaciones, permisos y concesiones, dando una mejor atención y reduciendo tiempos en los trámites de la burocracia”. 910 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 XXI. En ese contexto, para la obtención de licencias de automovilista, motociclista o chofer de servicio particular, permisos provisionales de práctica “A” y “B”, así como la licencia de servicio público y el certificado médico toxicológico en sus cuatro modalidades; la “SEMOV EDOMEX” debe requerir diversos documentos a las personas interesadas, entre ellos la CURP, como lo disponen los artículos 43, incisos A, fracción II, B, fracción II, C, fracción II, 45, fracción II, y 46, fracción II del RTEM. Además, para la expedición de licencias de conducir para el servicio público, para el servicio particular, y de permisos, en sus diferentes modalidades, por primera vez, o para obtener un duplicado o renovación, la “SEMOV EDOMEX” pone a disposición de las personas interesadas el portal https://smovilidad.edomex.gob.mx/citas_internet, en el cual podrán agendar cita para realizar el trámite en el módulo de expedición de licencias de la “SEMOV EDOMEX”; en dicha página electrónica, en la opción Agendar cita, se despliega un formulario que la persona interesada deberá llenar insertando diversos datos, entre ellos su CURP, generándose un folio que permitirá continuar con el proceso. Asimismo, la “SEMOV EDOMEX” utiliza la CURP como mecanismo de validación de identidad de los concesionarios, permisionarios, sus representantes legales o las personas que autoricen, para garantizar la autenticación automatizada de los usuarios en el Sistema de Gestión de Trámites y Servicios del Registro Estatal de Transporte Público que administra la Dirección del Registro Estatal de Transporte Publico de la “SEMOV EDOMEX”, en términos del artículo 14 Bis, fracciones I, III, IX y XIII del RISM. Esta validación es aplicable a todas las modalidades de transporte y habilita el acceso pleno a las funcionalidades del sistema, incluyendo el registro digital, la gestión de trámites (como transferencias de concesiones, registro de beneficiarios y actualización de datos), y la actualización de expedientes, conforme a los procedimientos establecidos en el Manual de Usuario correspondiente. Es por ello que, la “SEMOV EDOMEX” requiere los Servicios CURP que proporciona “RENAPO”, con la finalidad de mejorar los niveles de servicio que proporciona en la expedición de licencias de conducir y en el otorgamiento de concesiones, validando la CURP de las personas que solicitan estos trámites. Para efectos del presente instrumento jurídico, se entenderá por usuarios de la “SEMOV EDOMEX” a las personas físicas que soliciten el otorgamiento de una licencia o permiso de conducir, así como a las personas físicas concesionarias de transporte, representantes legales o apoderados de sociedades mercantiles mexicanas, con fundamento en los artículos 2, fracciones XXXIV y LXII, y 3, fracción III de la LMSVEMyM. Por lo que, con la finalidad de fortalecer a las instituciones públicas, privadas o financieras en el registro e identificación personal, “LAS PARTES” manifiestan su interés en celebrar el presente Convenio de Coordinación, al tenor de las siguientes: DECLARACIONES I. “GOBERNACIÓN”, a través de “RENAPO” declara que: I.1. Es una dependencia de la APF Centralizada, en términos de los artículos 90 de la CPEUM; 1o, 2o, fracción I, 26, fracción I y 27 de la LOAPF; 85 de la LGP y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB), tiene entre sus atribuciones el registro y la acreditación de la identidad de las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero. I.2. En términos del artículo 60, fracciones I, II y III del RISEGOB, “RENAPO” tiene entre sus atribuciones, la organización, integración y administración del Registro Nacional de Población, así como administrar, diseñar y operar el SNIP y asignar y gestionar la CURP. I.3. Félix Arturo Arce Vargas, Director General del Registro Nacional de Población e Identidad, cuenta con facultades para la suscripción del presente instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 3, Apartado A, fracción II, inciso b, numeral 3, 9, fracción V y 60 del RISEGOB. I.4. Señala como domicilio, el ubicado en calle Roma número 41, colonia Juárez, código postal 06600, demarcación territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México. II. La “SEMOV EDOMEX”, declara que: II.1. Es una dependencia de la Administración Pública del Estado de México, de conformidad por lo dispuesto en los artículos 78 de la CPELSM, así como 1, segundo párrafo, 4, 23, fracción XVI y 54 de la LEY ORGÁNICA y tiene como objeto planear, formular, dirigir, coordinar, gestionar, evaluar, ejecutar y supervisar las acciones, políticas, programas, protocolos, proyectos y estudios para el desarrollo del sistema integral de movilidad, incluyendo el servicio público de transporte de jurisdicción estatal, sus servicios conexos y los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad, así como el desarrollo y administración de la infraestructura vial primaria y de la regulación de las comunicaciones de jurisdicción local. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 911 II.2. Su representación para efectos del presente convenio, corresponde a la persona Titular en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la LEY ORGÁNICA; y, 6 y 7, fracción II del RISM. II.3. Juan Hugo de la Rosa García, en su carácter de Secretario de Movilidad, cuenta con facultades para suscribir el presente instrumento, de conformidad con los artículos 143 de la CPELSM; 55, fracciones XXIX, LIV y LVI de la LEY ORGÁNICA; 20, fracciones XI y XXXVII de la LMSVEMyM; 1.5, fracción VI y 1.40 del CAEM; y, 7, fracciones XV, LVII y LXXXIII del RISM. II.4. Acredita su personalidad con el nombramiento de fecha 16 de septiembre de 2023, emitido a su favor por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción XIV de la CPELSM y 10 de la LEY ORGÁNICA, mismo que a la fecha no le han sido revocado, modificado, o limitado en forma alguna ni ha renunciado al cargo. II.5. Señala como domicilio, el ubicado en Avenida Gustavo Baz, número 2160, Colonia La Loma, Código Postal 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. III. “LAS PARTES” declaran que: III.1. Se reconocen mutuamente la existencia y personalidad jurídica con que se ostentan y manifiestan que al momento de la suscripción del presente instrumento jurídico no existen vicios del consentimiento. III.2. Es su voluntad coordinarse de la forma más amplia y respetuosa para el cumplimiento, desarrollo del objeto y las actividades que se deriven del presente Convenio de Coordinación. III.3. Cuentan con los medios necesarios para proporcionarse recíprocamente la asistencia, coordinación y apoyo para la consecución del objeto de este instrumento jurídico al tenor de las siguientes: CLÁUSULAS PRIMERA. OBJETO Establecer la coordinación entre “LAS PARTES” para promover la adopción, el uso y la certificación de la CURP entre los usuarios de la “SEMOV EDOMEX”, descritos en los antecedentes del presente instrumento, con la finalidad que ésta se encuentre en posibilidad de consultar, validar e intercambiar información contenida en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población (BDNCURP) que administra “RENAPO”, en relación a la CURP, o a los datos personales que la conforman y los correspondientes al documento probatorio de identidad que le dieron origen, en términos de los Anexos Técnicos que “RENAPO” determine, conforme lo estipulado en la Cláusula Quinta del presente instrumento jurídico, los LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E004 y demás normativa aplicable en la materia. SEGUNDA. LÍNEAS DE ACCIÓN “LAS PARTES”, acordarán por escrito las acciones de trabajo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, en las cuales, se desarrollarán, de manera enunciativa más no limitativa, las actividades siguientes: I. “RENAPO”, proporcionará a la “SEMOV EDOMEX”, los Servicios Web de CURP a que hace referencia el artículo SEGUNDO, fracción XXX del Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, a efecto que consulte y valide en línea, en tiempo real, los registros contenidos en sus bases de datos y cuente en todo momento con el estatus de la CURP vigente y los datos personales asociados a la misma, ello en estricto apego a sus atribuciones, en términos del Anexo Técnico. II. “RENAPO” verificará los datos que le solicite la “SEMOV EDOMEX”, mediante el proceso de Confrontas a la BDNCURP, a fin de verificar la identidad legal de sus usuarios, en estricto apego a sus atribuciones. III. La “SEMOV EDOMEX”, remitirá a “RENAPO” un archivo con las características que le sean requeridas, el cual contendrá el universo de los registros y remisión cíclica de las consultas de la CURP de sus usuarios, para realizar el proceso de Confronta; tal archivo deberá enviarse una vez suscrito el presente Convenio y posteriormente de manera semestral. IV. La “SEMOV EDOMEX” adoptará la CURP como elemento de identificación individual en los registros de sus usuarios, en los casos que resulte aplicable conforme al presente instrumento jurídico y su Anexo Técnico. 912 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 V. La “SEMOV EDOMEX”, coadyuvará con “RENAPO” para mantener permanentemente actualizadas las bases de datos que integran el Registro Nacional de Población; para ello, la “SEMOV EDOMEX” verificará que la CURP de sus usuarios se encuentre certificada por el Registro Civil; en caso contrario, cuando su proceso técnico-operativo lo permita, orientará a sus usuarios para que acudan ante la Oficialía del Registro Civil que corresponda en alguna de las 32 Entidades Federativas a realizar los trámites procedentes y lograr su certificación. VI. La “SEMOV EDOMEX”, previo consentimiento de los titulares de los datos personales, transferirá a “GOBERNACIÓN”, a través de “RENAPO”, los datos biométricos que obren en la base de datos que administra con motivo del registro de los solicitantes de licencias y del registro de los concesionarios de transporte, a fin de integrarlos a la CURP para la expedición del Documento Nacional de Identificación; con base en el programa de trabajo que de manera coordinada establezcan “LAS PARTES”. VII. La “SEMOV EDOMEX”, como ente auxiliar de “GOBERNACIÓN” en sus funciones de registro de población, realizará las adecuaciones que correspondan a su Aviso de Privacidad, para que previo consentimiento expreso y por escrito, las personas usuarias que soliciten los servicios de la “SEMOV EDOMEX” autoricen la transferencia de los datos biométricos que registre como parte de los servicios que brinda y para la finalidad de integrar el Registro Nacional de Población y expedición del Documento Nacional de Identificación, cumpliendo para ello con la normatividad en materia de protección de datos personales, conforme al programa de trabajo que de manera coordinada establezcan “LAS PARTES” para dicho fin. VIII. “RENAPO”, en cualquier momento de la vigencia del presente instrumento jurídico, realizará verificaciones a las acciones que lleve a cabo la “SEMOV EDOMEX”, respecto del cumplimiento de su objeto. IX. La “SEMOV EDOMEX”, utilizará exclusivamente los Servicios CURP, a través de sus áreas administrativas adscritas, así como por las personas autorizadas para ello, para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación, en apego a sus atribuciones, de conformidad con su estructura orgánica. X. Las demás que sean acordadas por “LAS PARTES” para la consecución del objeto del presente instrumento jurídico. TERCERA. DATOS QUE CONFORMAN LA CURP E INFORMACIÓN QUE INTEGRA LA BDNCURP “RENAPO” hace de conocimiento a la “SEMOV EDOMEX”, que los datos personales que conforman la CURP así como los que integran la BDNCURP derivan de los registros certificados de los hechos y actos del estado civil de las personas, conformados, administrados, suministrados y actualizados por el Registro Civil de cada Entidad Federativa y, las Oficinas Consulares de México, el Instituto Nacional de Migración y la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; específicamente, los de nacimiento, defunción o presunción de muerte, de conformidad con sus atribuciones. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el numeral TERCERO del Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, el cual refiere que la CURP se genera a partir de los datos básicos de la persona (nombre, apellidos, sexo, fecha y lugar de nacimiento) mismos que se encuentran en los documentos probatorios de identidad y tiene la particularidad de asegurar una correspondencia entre claves y personas, por medio de su verificación y validación; por lo que su sustento se basa en la aportación de datos y documentos que, en forma fehaciente, presenta la persona solicitante, los cuales son verificados con la información de la fuente que los expide, por parte del emisor de la CURP. CUARTA. REPRESENTANTES PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES “LAS PARTES” acuerdan que con el objeto de llevar a cabo el cumplimiento del presente instrumento jurídico, se designa como representantes para el seguimiento de las acciones que conforme a atribuciones corresponda, a las personas servidoras públicas siguientes: Por “RENAPO” Por la “SEMOV EDOMEX” 1. La persona Titular de la Coordinación de Registro Poblacional. 2. La persona Titular de la Coordinación Técnica. 3. La persona Titular de la Coordinación de Identidad. 1. La persona Titular de la Coordinación de Informática. 2. La persona Titular de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 913 Las personas representantes designadas participarán dentro del ámbito de su competencia, en la realización de acciones encaminadas al cumplimiento del objeto de este instrumento jurídico. “LAS PARTES” acuerdan que los representantes podrán designar a las personas con el nivel jerárquico inmediato inferior, para que los asistan en las funciones que se les encomienden o en su caso los suplan en sus ausencias, previa comunicación escrita de aceptación por cada una de “LAS PARTES”. “LAS PARTES” se informarán de las designaciones correspondientes, indicando el nombre y cargo de la o las personas servidoras públicas responsables que fungirán como Enlaces respectivamente. En caso de requerir la sustitución de alguno de los Enlaces “LAS PARTES” acuerdan que el cambio que se realice deberá notificarse por escrito a la otra parte, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores al cambio; dicho documento se integrará al presente Convenio de Coordinación, para los efectos administrativos que correspondan, por lo que no será necesaria la suscripción de un convenio modificatorio. QUINTA. ANEXOS TÉCNICOS Para ejecutar las acciones establecidas en el presente instrumento jurídico, “RENAPO” proporcionará a la “SEMOV EDOMEX”, los Anexos Técnicos citados en las Cláusulas Primera y Segunda, mediante los cuales se determinarán las especificaciones de su operación y ejecución, por lo que deberán apegarse a su contenido. Dichos Anexos podrán ser modificados por “RENAPO”, para atender las necesidades técnicas que requiera, para lo cual, notificará los cambios realizados a la “SEMOV EDOMEX”, mediante correo electrónico institucional, al representante legal, a las personas representantes para el seguimiento de las acciones o al Enlace Técnico-Operativo de los Servicios CURP, de manera indistinta. Los Anexos Técnicos modificados sustituirán al anterior y serán parte integrante del presente instrumento jurídico. SEXTA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS “LAS PARTES” se comprometen a determinar las características técnicas, alcances, términos y condiciones en los que se llevarán a cabo las acciones de trabajo que no se contemplen en los Anexos Técnicos, las cuales serán acordadas y definidas por escrito entre “LAS PARTES” a través de las personas representantes para el seguimiento de las acciones y formarán parte integrante del presente Convenio de Coordinación, en cuyo caso se identificarán por versiones de aquél, sin que sea necesaria la celebración de instrumentos jurídicos modificatorios. SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD “LAS PARTES” se comprometen a no difundir, transmitir o publicar por medio oral, escrito, electrónico o cualquier otro medio, en forma parcial o total, la información que sea considerada confidencial o reservada, que resulte del cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás disposiciones que resulten aplicables. Asimismo, a efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio de Coordinación, “LAS PARTES” que llegaren a tener acceso a datos personales cuya responsabilidad recaiga en la otra Parte, por este medio se obligan a: (I) Tratar dichos datos personales únicamente para efectos del desarrollo del presente instrumento jurídico. (II) Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por la otra Parte. (III) Implementar las medidas de seguridad conforme a la LGTAIP, la LGPDPPSO y demás disposiciones aplicables. (IV) Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados. (V) Suprimir los datos personales objeto de tratamiento una vez terminado el Convenio de Coordinación. (VI) Abstenerse de transferir los datos personales a persona física o moral diversa a las que intervienen en la suscripción del presente instrumento jurídico ya sea instituciones del sector público del ámbito federal, estatal y municipal, entendidas como las dependencias, entidades, órganos y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, u órganos autónomos, o a las instituciones nacionales y extranjeras del sector privado o financiero, dentro del territorio nacional o fuera de éste. 914 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 (VII) Abstenerse de autorizar, participar, ejecutar o permitir el uso de los Servicios CURP a ninguna institución del sector público del ámbito federal, estatal y municipal, entendidas como las dependencias, entidades, órganos y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, u órganos autónomos, o a las instituciones nacionales y extranjeras del sector privado o financiero que no intervengan en el presente Convenio de Coordinación. Lo anterior, debido al reconocimiento expreso de que los Servicios CURP son para uso exclusivo de las atribuciones de la “SEMOV EDOMEX”. En caso de que alguna de “LAS PARTES” llegare a tener conocimiento de datos personales diversos a los señalados en el párrafo anterior, que obren en registros, bases de datos o cualquier otro medio que pertenezca a la otra Parte, en este acto ambas se obligan a respetar las disposiciones que sobre los mismos establece la LGTAIP, la LGPDPPSO, según sea el caso, así como los avisos de privacidad de cada una de ellas, en el entendido de que ante la ausencia de consentimiento de los titulares de tales datos personales, deben abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de tratamiento sobre los mismos. La “SEMOV EDOMEX”, deberá informar a “RENAPO” cuando ocurra una vulneración a los datos personales que trata con motivo del objeto del presente instrumento jurídico o cuando detecte que sus servicios de infraestructura o de cómputo han sido vulnerados y pueda ocasionar una sustracción, alteración, daño, pérdida o destrucción de datos y/o de información materia del presente instrumento jurídico. La “SEMOV EDOMEX”, previo a la transmisión de la información de los datos personales de sus usuarios, deberá comunicar a “RENAPO” el aviso de privacidad y dar a conocer la finalidad a la que se encuentra sujeto el tratamiento de los datos que posee, para cumplir con las obligaciones que le corresponden conforme al Capítulo II del Título Segundo de la LGPDPPSO. La “SEMOV EDOMEX”, deberá abstenerse de compartir la contraseña de consulta de la información contenida en la BDNCURP o cualquier documentación técnica que “RENAPO” le proporcione para operar los Servicios CURP, a persona distinta a aquel servidor público de la “SEMOV EDOMEX”, al que se le proporcionó, por lo que será responsabilidad de ésta el uso adecuado de la misma para que, en todo momento, se protejan los datos personales a los que tenga acceso. Las obligaciones contempladas en esta Cláusula permanecerán vigentes y serán exigibles aún en el caso de que “LAS PARTES” dieran por terminado el presente Convenio de Coordinación. OCTAVA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL “LAS PARTES” acuerdan que apoyarán los programas y acciones que se implementen para el cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, con sus respectivos recursos humanos, materiales y en la medida de su respectiva disponibilidad presupuestaria. NOVENA. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL “LAS PARTES” acuerdan reconocerse recíprocamente la titularidad de los derechos de autor y de propiedad industrial que cada una tiene sobre patentes, marcas, modelos, dibujos industriales y derechos de autor, por lo que se obligan a mantenerlos vigentes durante la ejecución de este Convenio de Coordinación y pactan desde ahora, que los derechos que deriven de la ejecución del mismo, pertenecerán a la Parte que los genere; asimismo corresponderá a la Parte cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de publicación y dar el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo. Si la producción se realiza conjuntamente los derechos corresponderán a “LAS PARTES”, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. DÉCIMA. CESIÓN DE DERECHOS Ninguna de “LAS PARTES”, podrá ceder, transferir, enajenar o gravar por ningún acto jurídico a terceras personas, los derechos y obligaciones derivadas de la suscripción del presente instrumento jurídico. DÉCIMA PRIMERA. AVISOS Y COMUNICACIONES “LAS PARTES” convienen que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que realicen con motivo de la ejecución del objeto del presente instrumento jurídico, se llevarán a cabo por escrito, en los domicilios establecidos para tal efecto en las declaraciones o a través del correo electrónico institucional que sea reconocido y acreditado expresamente por “LAS PARTES”, con acuse de recibo en todos los casos para que sea válida su exigibilidad como medio de notificación. En caso de que “LAS PARTES” cambien su domicilio, deberán notificarlo por escrito con acuse de recibo a la otra Parte, con 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda que surta efecto el cambio. Sin este aviso, todas las comunicaciones se entenderán válidamente hechas en los domicilios señalados por “LAS PARTES”. Para efectos de lo anterior, se observará lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 915 DÉCIMA SEGUNDA. RELACIÓN LABORAL El personal que cada una de “LAS PARTES” comisione, designe o contrate para la instrumentación, ejecución y operación de cualquier actividad relacionada con el presente Convenio de Coordinación, permanecerá en todo momento bajo la subordinación, dirección y dependencia de la Parte que lo designó o contrató, por lo que en ningún momento existirá relación laboral o administrativa alguna entre una Parte y el personal designado o contratado por la otra, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; independientemente de que dicho personal preste sus servicios fuera de las instalaciones de la Parte que lo designó o contrató, o preste dichos servicios en las instalaciones de la otra Parte, por lo que desde ahora queda deslindada de cualquier responsabilidad que por estos conceptos se le pretendiese fincar en materia administrativa, civil, laboral, penal, fiscal, judicial, sindical o de cualquier otra índole y deberá, la institución que contrató al trabajador de que se trate, sacar en paz y a salvo a la otra Parte. DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES El presente instrumento jurídico podrá modificarse o contar con adiciones de manera total o parcial durante su vigencia por acuerdo de “LAS PARTES”, a petición expresa y por escrito que cualquiera de ellas dirija a la otra a través de los representantes designados en la Cláusula Cuarta, con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha que se proponga la modificación o adición, en los términos previstos en el mismo. Lo anterior se realizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio, el cual formará parte integrante del presente Acuerdo de Voluntades y obligará a los signatarios, a instrumentar las acciones conducentes para su debido cumplimiento. DÉCIMA CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR En el caso de que se suscite un caso fortuito o fuerza mayor y derivado de ello se actualice la imposibilidad de la continuidad del presente instrumento, “LAS PARTES” podrán darlo por terminado anticipadamente, previa notificación que por escrito se formule a la otra Parte. En caso de que se encuentre en ejecución cualquiera de los compromisos que se refieren en el presente Convenio, “LAS PARTES” tomarán todas las medidas pertinentes para su conclusión, sin causar perjuicio a la otra o a la ciudadanía, por lo que se obligan a colaborar en forma recíproca. La Parte afectada deberá notificarlo a la otra tan pronto como le sea posible, así como tratar de tomar las previsiones que se requieran para remediar la situación. Una vez que cesen los efectos del acto o del hecho que haya propiciado el retraso o incumplimiento referido, inmediatamente se informará a la otra Parte y se restaurará la ejecución del presente instrumento jurídico en la forma y términos que acuerden “LAS PARTES”. DÉCIMA QUINTA. VIGENCIA El presente instrumento jurídico tendrá una vigencia a partir de su suscripción y hasta el 30 de septiembre de 2030. “LAS PARTES” acuerdan que, en un término que no exceda de 6 (seis) meses contados a partir de la conclusión de la vigencia del presente convenio, realizarán las acciones necesarias para su renovación. En caso contrario, se darán por terminados todos sus efectos. “LAS PARTES” acuerdan dejar sin efectos el Convenio de Coordinación celebrado entre “GOBERNACIÓN”, a través de “RENAPO” y la “SEMOV EDOMEX” el 23 de agosto de 2024. DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS Procederá la suspensión temporal o definitiva del uso y acceso de los Servicios CURP, de manera inmediata, cuando sobrevengan los siguientes supuestos: 3. Suspensión temporal: A. Que “RENAPO” detecte que la “SEMOV EDOMEX”, realiza alguna actividad anormal en la consulta de datos de registro de personas, que derive de indicios fundados, tales como: I. Se presuma el uso inadecuado de los Servicios CURP, es decir, de manera enunciativa y no limitativa, que la “SEMOV EDOMEX”, utilice los Servicios CURP para un objeto distinto por el cual se suscribe el presente Convenio de Coordinación. II. Incremento en el consumo de consultas promedio sin previo aviso. III. Uso de los Servicios CURP con fines de lucro. 916 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 IV. Ejecución de ataques por actividad sospechosa (una ocurrencia identificada en el estado de un sistema, servicio o red, indicando una posible violación de la seguridad de la información, política o falla de los controles, o una situación previamente desconocida que puede ser relevante para la seguridad), hackeo, vulneración, venta o duplicidad de algún tercero. V. Se identifique un incumplimiento de políticas de seguridad (de seguridad informática, de control de acceso y de protección de datos personales), o controles administrativos (políticas, procedimientos y/o manuales), físicos (acceso restringido a los servidores o activos tecnológicos que se conectarán a “RENAPO”) y lógicos (control de acceso, contraseñas robustas y/o activos técnicos actualizados). VI. Periodo de inactividad de los Servicios CURP de 30 (treinta) días naturales. VII. Por actividad sospechosa (una ocurrencia identificada en el estado de un sistema, servicio o red, indicando una posible violación de la seguridad de la información, política o falla de los controles, o una situación previamente desconocida que puede ser relevante para la seguridad) que pueda impactar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información o infraestructura de “RENAPO”. En caso de que la actividad anormal se haya debido a un hackeo o vulneración en la infraestructura o servicios de cómputo de la “SEMOV EDOMEX”, éste deberá acreditar que no existió dolo en un uso anormal de los Servicios CURP y la suspensión de los mismos se levantará hasta en tanto la “SEMOV EDOMEX”, acredite a plena satisfacción de “RENAPO” que ha corregido la vulneración a su infraestructura y que ha reforzado sus medidas de seguridad técnicas y administrativas que eviten cualquier daño, sustracción, robo o mal uso de los datos de CURP. B. Que “RENAPO”, detecte que la “SEMOV EDOMEX”, ha incumplido alguna línea de acción o compromiso contraído en el presente instrumento jurídico, que ponga en riesgo la protección de los datos personales. C. Que “RENAPO”, derivado del monitoreo que realice al consumo de los Servicios CURP, detecte de parte de la “SEMOV EDOMEX”, un consumo inusual de los Servicios CURP que pongan en riesgo la protección de los datos personales. En cualquiera de los supuestos anteriores, la notificación de suspensión temporal se notificará a la “SEMOV EDOMEX”, mediante correo electrónico institucional, ya sea al representante legal, a las personas representantes para el seguimiento de las acciones o al Enlace Técnico-Operativo de los Servicios CURP; la suspensión temporal estará vigente hasta que la “SEMOV EDOMEX” compruebe ante “RENAPO” que su actuar no fue malintencionado y se descarte su responsabilidad, resarciendo el estado que guardaban los Servicios CURP o los compromisos contraídos en el presente instrumento jurídico hasta antes de haber decretado la suspensión de los Servicios CURP; procediéndose a la reactivación de los mismos. 2. Suspensión definitiva: I. Se presuma la tercerización por parte de la “SEMOV EDOMEX”, (subcontratar o externalizar trabajos o servicios con terceros) en el uso o acceso a los Servicios CURP, con o sin fines de lucro. II. La “SEMOV EDOMEX”, incumpla con cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico y se compruebe su responsabilidad. III. Se compruebe que la “SEMOV EDOMEX”, utiliza los Servicios CURP para algún beneficio o lucro a su favor. IV. Se compruebe que la “SEMOV EDOMEX”, utiliza los Servicios CURP en favor de un tercero o permita el uso o acceso a ellos sin autorización de “RENAPO”, es decir, de manera enunciativa y no limitativa, que la “SEMOV EDOMEX”, utilice los Servicios CURP que le fueron proporcionados para realizar consultas a nombre y por cuenta de otras instituciones que no sean parte del presente instrumento jurídico; permita que dichas instituciones tengan acceso a los Servicios CURP y realicen un tratamiento indebido de la información, en términos de lo estipulado en el artículo 3, fracción XXXI de la LGPDPPSO; o comparta la contraseña de consulta que le proporcione “RENAPO” para operarlo. V. Se compruebe que la “SEMOV EDOMEX”, utiliza los Servicios CURP para un fin distinto al autorizado y/o proporciona los resultados de la consulta y/o comparte las credenciales de acceso que se le otorgaron para ejecutar los mismos, por cualquier medio, a terceras personas, ya sea morales del sector público del ámbito federal, estatal y municipal, entendidas como las dependencias, entidades, órganos y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, u órganos autónomos, o a las nacionales y extranjeras del sector privado o financiero, y a las personas físicas a las que “RENAPO” no les haya otorgado ninguna autorización. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 917 VI. Se compruebe que la “SEMOV EDOMEX”, utiliza la consulta de la CURP o de los datos que se derivan de ella, para fines distintos a los estrictamente previstos en sus atribuciones o no se cumpla con la restricción de confidencialidad o reserva y no difusión de la información intercambiada, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables al respecto. VII. Se compruebe que existió una vulneración grave en la confidencialidad de los datos personales por parte de la “SEMOV EDOMEX”. VIII. Ante una controversia derivada del contenido de la presente Cláusula y que no exista acuerdo entre “LAS PARTES” que la resuelva, se estará a lo dispuesto en la Cláusula Décima Novena de este Convenio de Coordinación. La notificación de suspensión definitiva se realizará a la “SEMOV EDOMEX” mediante correo electrónico institucional, ya sea al representante legal, a las personas designadas como representantes para el seguimiento de las acciones o al Enlace Técnico-Operativo de los Servicios CURP. DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA “LAS PARTES” acuerdan que cualquiera de ellas podrá dar por terminada su participación en el presente Convenio de Coordinación, lo que traerá como consecuencia la inactivación permanente del acceso a los Servicios CURP y contraseña de la consulta objeto del presente instrumento jurídico. La terminación se hará mediante notificación escrita con al menos 30 (treinta) días naturales anteriores a la fecha en que se pretenda dar por terminado el presente instrumento jurídico; en caso de existir actividades que estén en proceso de ejecución con motivo del cumplimiento del presente instrumento jurídico, se les dará continuidad hasta su conclusión. Son causales para la terminación anticipada de este Convenio de Coordinación, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes: I. Por presentarse cualquiera de las causales de suspensión definitiva, previstas en la Cláusula Décima Sexta, numeral 2. II. Que cualquiera de “LAS PARTES”, a través de los firmantes en el presente instrumento jurídico y/o de las personas representantes para el seguimiento de las acciones, expresamente soliciten dar por terminado el presente Convenio de Coordinación. III. Suscrito el instrumento jurídico, cualquiera que sea su vigencia, y la “SEMOV EDOMEX”, no haya hecho las gestiones para operar los Servicios CURP, en un término mayor a tres meses. La terminación anticipada de este instrumento jurídico será independiente a las consecuencias legales, tanto penales como civiles, que pudieran derivarse de dicha acción y se deslindará a “RENAPO” y al personal de éste, desde ahora, de cualquier responsabilidad que por estos conceptos se le pretendiese fincar en materia administrativa, civil, laboral, penal, fiscal, judicial, sindical o de cualquier otra índole y la “SEMOV EDOMEX”, deberá sacar en paz y a salvo a “RENAPO”. DÉCIMA OCTAVA. PUBLICACIÓN El presente Convenio de Coordinación se publicará en el DOF, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Planeación, y en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, en términos de lo establecido en el artículo 5, fracción III de la Ley del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. DÉCIMA NOVENA. INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS “LAS PARTES” están de acuerdo en que el presente instrumento jurídico es producto de la buena fe, por lo cual los conflictos que llegasen a presentarse por cuanto hace a su interpretación, formalización, ejecución, operación o cumplimiento serán resueltos de común acuerdo a través de las personas representantes para el seguimiento de las acciones a que se refiere la Cláusula Cuarta, sin transgredir lo dispuesto en la legislación aplicable. En el supuesto de que subsista discrepancia, “LAS PARTES” están de acuerdo en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México y renuncian expresamente a cualquier otro fuero o legislación que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa. Leído que fue por “LAS PARTES” el presente instrumento jurídico y enteradas de su contenido, valor y alcance legal, lo firman al margen de cada una de las páginas y al calce en cinco ejemplares en la Ciudad de México el 03 de marzo de 2026.- Por Gobernación: el Director General del Registro Nacional de Población e Identidad, Félix Arturo Arce Vargas.- Rúbrica.- Por la SEMOV EDOMEX: el Secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García.- Rúbrica. 918 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ACUERDO General por el que se establecen acciones de simplificación y mejora administrativa para trámites que se realizan ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, fracción XIV y 24 de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, así como 4, fracciones XXXVI y XXXVIII; 14; 16, fracciones I y XVII de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y CONSIDERANDO Que, el artículo 25, párrafo último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, así como buenas prácticas regulatorias, para contribuir al desarrollo y bienestar de la población; Que, los artículos 2, fracciones VIII y IX y 6 de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos disponen la obligación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno de garantizar los objetivos de dicha Ley y regir su actuación bajo principios orientados a la simplificación, certeza jurídica, transparencia, innovación y centralidad de la persona; Que, la referida Ley prevé que los trámites y servicios podrán ser simplificados mediante acuerdos generales, incluyendo la habilitación de herramientas o medios digitales, la reducción de plazos, la eliminación de requisitos y costos burocráticos de cualquier tipo y la implementación de otras acciones de mejora administrativa; Que, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene por objeto supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, así como requerir la información necesaria para el ejercicio de sus facultades, en términos de la Ley, y Que, en cumplimiento a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, la Comisión estima necesario emitir el presente Acuerdo General, para eliminar trámites duplicados, simplificar procesos y fusionar diversos procedimientos en materia de información periódica, registros y obligaciones en materia de PLD/FT, por lo que ha resuelto expedir el siguiente: ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES DE SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA ADMINISTRATIVA PARA TRÁMITES QUE SE REALIZAN ANTE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ARTÍCULO PRIMERO. - Se elimina la obligación de presentar de manera física, en lo conducente, los siguientes requisitos; sin perjuicio de que la información indispensable deba proporcionarse a través de los formularios electrónicos correspondientes, según proceda, a efecto de garantizar la adecuada sustanciación de los trámites. No. Homoclave Nombre del trámite Requisitos eliminados 1 CNBV-28-024-A Cuenta SITI PLD/FT. Modalidad: Sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas; centros cambiarios; transmisores de dinero; asesores en inversión. Requisitos eliminados 1. Acta constitutiva. 2. Escrito Libre de solicitud. Eliminación de registros de requisitos duplicados en el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios: 1. Acta constitutiva. 2. Escrito Libre de solicitud. 3. Identificación oficial (INE o pasaporte). 4. Comprobante de domicilio. 5.Carta de conformidad con el procedimiento de uso y notificaciones. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 919 2 CNBV-30-004 Cuenta SITI PLD/FT. 1. Escrito Libre. 2. Acta constitutiva. 3 CNBV-28-015 Transmisión de acciones por más del 2% del capital social pagado. 1. La información de los accionistas que transmitan acciones por más del dos por ciento de su capital social pagado. 4 CNBV-19-039-A Transmisión de acciones por más del 2% del capital social pagado. 1. Registro Federal de Contribuyente. 2. Nombre. 3. Fecha de inscripción de la transmisión. 4. Porcentaje de tenencia accionaria. 5. Clave Única de Registro (CURP). ARTÍCULO SEGUNDO. - Se implementan acciones de simplificación respecto de los trámites que se enlistan a continuación: No. Homoclave del trámite Nombre del trámite Mejora implementada Requisitos 1 CNBV-28-024-A Cuenta SITI PLD/FT. Modalidad: Sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas; centros cambiarios; transmisores de dinero; asesores en inversión. Fusión de los trámites con homoclaves: CNBV-28-024-A CNBV-30-004 CNBV-2025-016-004-A Para quedar como: Cuenta SITI PLD/FT. Se unifica con la siguiente homoclave: CNBV-2026-001 1. Formulario electrónico. 2. Identificación oficial. 3. Comprobante de domicilio. 4. Escrito de Designación del Oficial de Cumplimiento. En caso de no ser Asesor en Inversiones que sea persona física, adicionalmente deberá adjuntar la siguiente documentación: 5. Acta de la sesión del Consejo de Administración o del Comité de Comunicación y Control, según sea el caso, en donde se designe al representante u Oficial de Cumplimiento. 2 CNBV-30-004 Cuenta SITI PLD/FT. 3 CNBV-2025-016-004-A Cuenta SITI PLD/FT. 4 CNBV-28-015 Transmisión de acciones por más del 2% del capital social pagado. Fusión de los trámites con homoclaves: CNBV-28-015 CNBV-19-039-A Para quedar como: Transmisión de acciones por más del 2% del capital social pagado. Se unifica con la siguiente homoclave: CNBV-2026-002 1. Formulario electrónico. 5 CNBV-19-039-A Transmisión de acciones por más del 2% del capital social pagado. ARTÍCULO TERCERO. - Se elimina del Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios el registro de las siguientes homoclaves, con el objetivo de mantener un único registro de trámite vigente, claro y estandarizado, evitando así duplicidades. Asimismo, dichas homoclaves no podrán registrarse nuevamente en el Portal, a fin de preservar la condición antes descrita. 920 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Lo anterior, con el propósito de mejorar la eficiencia operativa de la gestión institucional, reduciendo cargas administrativas, otorgar certeza jurídica e implementar buenas prácticas regulatorias, de conformidad con los artículos 3 fracción IX; 6 fracciones II y VII, y 34 fracción III de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. No. Homoclave Nombre del trámite 1 CNBV-2021-016-086-A Remitir el manual de cumplimiento. Modalidad: Instituciones de Tecnología Financiera. 2 CNBV-2021-016-087-A Información de la integración de las estructuras internas. Modalidad: Instituciones de Tecnología Financiera. 3 CNBV-2021-016-088-A Presentación de informe de auditoría interna, o bien, de un tercero independiente para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 4 CNBV-2021-016-089-A Reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales, Inusuales de 24 horas e Internas Preocupantes. Modalidad: Instituciones de Tecnología Financiera. 5 CNBV-12-001-L Información trimestral periódica que deberán enviar las instituciones de Banca Múltiple. Modalidad: Información trimestral, dentro de los 25 días naturales siguientes al mes que corresponda. 6 CNBV-12-028-A Presentación de información mensual periódica que deberán enviar las sociedades financieras populares. Modalidad: Información mensual, el último día del mes inmediato siguiente al que corresponda. 7 CNBV-12-030-A Responsables del envío de información periódica que deberán enviar las sociedades financieras populares. Modalidad: Notificación de los responsables de la información. 8 CNBV-12-029-A Presentación de información trimestral periódica que deberán enviar las Sociedades Financieras Populares. Modalidad: Información trimestral a más tardar el último día del mes inmediato siguiente al que corresponda. 9 CNBV-2023-016-021-A Remitir la información cuantitativa sobre tus operaciones, canales, tipo de clientes, tipo de productos y servicios, así como las zonas geográficas en donde opera. Modalidad: uniones de crédito, almacenes generales de depósito. 10 CNBV-16-038 Registro de centros cambiarios y transmisores de dinero. Modalidad: Inscribir a las sociedades con objeto que realicen las operaciones de cambio de divisas y transmisión de fondos conforme a Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 11 CNBV-16-039 Registro público de asesores en inversiones. 12 CNBV-2021-016-085-A Cuenta SITI PLD/FT. Modalidad: Instituciones de Tecnología Financiera. 13 CNBV-2021-016-073-A Aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la suscripción del convenio para intercambiar información entre entidades financieras que formen parte del mismo grupo financiero. 14 CNBV-2021-016-104-A Aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el convenio suscrito entre una Entidad Financiera Extranjera con una institución de tecnología financiera, para realizar intercambio de información. Modalidad: Instituciones de Tecnología Financiera. 15 CNBV-2021-016-090-A Informe cuando las entidades tengan impedimento legal o de hecho para aplicar las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en oficinas ubicadas en territorio nacional o extranjero. Modalidad: Instituciones de Tecnología Financiera. 16 CNBV-2021-016-092-A Reporte de Operaciones en efectivo en moneda extranjera. 17 CNBV-2021-016-096-A Reporte de Transferencias Internacionales. 18 CNBV-2021-016-101-A Reporte de Transmisión de Dinero. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 921 ARTÍCULO CUARTO.- Se eliminan los trámites que se señalan a continuación, derivado de la disposición tercera, de la “Circular 4/2019 dirigida a las Instituciones de Crédito e Instituciones de Tecnología Financiera relativa Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito e Instituciones de Tecnología Financiera en las operaciones que realicen con Activos Virtuales”, la cual establece que las Instituciones Financieras no están autorizadas a celebrar ni ofrecer al público operaciones con activos virtuales, si no que, solo podrán celebrar operaciones con activos virtuales que correspondan a operaciones internas, previa autorización del Banco de México. No. Homoclave Nombre del trámite 1 CNBV-2019-016-011-A Reporte de Operaciones con Activos Virtuales. Modalidad: Instituciones de crédito. 2 CNBV-2021-016-091-A Reportes de Operaciones con Activos Virtuales. ARTÍCULO QUINTO. - Para los trámites con homoclave: “CNBV-2026-001 denominado Cuenta SITI PLD/FT” y; “CNBV-2026-002 denominado Transmisión de acciones por más del 2% del capital social pagado”; se realizarán a través del Portal SITI PLD/FT. ARTÍCULO SEXTO. - Para el trámite con homoclave: “CNBV-2026-001: denominado Cuenta SITI PLD/FT”; con el objeto de disminuir el costo burocrático que las personas solicitantes asumen, el documento denominado “Carta de conformidad con el procedimiento de uso y notificaciones”; será emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del Portal SITI PLD/FT. Dicho documento estará disponible una vez validada la información y documentación proporcionada. Este deberá ser descargado, firmado de manera autógrafa y adjuntado a través de ese Portal por las personas solicitantes. TRANSITORIOS PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. - Los trámites ingresados con anterioridad a la publicación del presente Acuerdo se resolverán conforme a la normatividad aplicable vigente al momento de su presentación. TERCERO. - La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con el presente Acuerdo, no solicitará requisitos adicionales a los previstos en este, ni documentación que obre en sus archivos físicos o electrónicos, o copias simples. CUARTO. - La Comisión Nacional Bancaria y de Valores modificará la información que resulte necesaria en las fichas de trámites inscritas en el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. QUINTO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizará las gestiones conducentes, a fin de que se haga del conocimiento de las autoridades competentes la necesidad de realizar las adecuaciones correspondientes en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera; las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y; el Instructivo para el llenado y envío de la información de la designación, revocación y cambio del representante u oficial de cumplimiento a través de medios electrónicos, así como para trámite de la cuenta única SITI/PLD; vinculados con el presente Acuerdo general, dentro del plazo máximo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del mismo. Este plazo se establece conforme a lo previsto en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con el propósito de garantizar la coherencia y armonización de las disposiciones, así como la actualización de los marcos normativos que resulten modificados o afectados por las reformas y disposiciones aquí previstas, por lo que, en tanto que se modifiquen dichos instrumentos normativos, se estará a lo dispuesto en este Acuerdo general. Atentamente Ciudad de México, a 8 de mayo de 2026.- Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ángel Cabrera Mendoza.- Rúbrica. 922 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno y escuchando la opinión del Banco de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 98 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 4, fracciones II, IV, XXXVI y XXXVIII, y 16, fracciones I y VI de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y CONSIDERANDO Que en noviembre de 2015 el Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board), realizó una consulta al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, derivado de la cual se estableció el estándar internacional denominado Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC), con la finalidad de asegurar que las instituciones de crédito de importancia sistémica global cuenten con recursos suficientes para absorber pérdidas durante un proceso de resolución, esto a través de la constitución de reservas a través de instrumentos de capital o de deuda que cumplan con determinadas características, evitando con ello la exposición de los recursos públicos en procesos de resolución; Que, en dicho estándar internacional se determinó que las instituciones de crédito de importancia sistémica global deben mantener instrumentos elegibles de TLAC por al menos el 10% de sus Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales y el 3.75% de sus Activos Ajustados, previendo además la discrecionalidad de las autoridades nacionales para reconocer compromisos prefinanciados por el propio sector financiero destinados a la recapitalización de las instituciones de crédito de importancia sistémica global en caso de resolución, lo que puede dar lugar a una disminución del requerimiento hasta por un monto equivalente al 3.5% de los Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales; Que, el 18 de junio de 2021 mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito”, se implementó el estándar TLAC a fin de que las instituciones de crédito de importancia sistémica local integraran dicho estándar de manera gradual hasta su completa implementación en el 2025; por lo cual al cierre de dicho periodo, el capital neto y los instrumentos elegibles de TLAC de las instituciones debían cubrir el máximo entre el 6.5% de los activos ponderados sujetos a riesgo totales y el 3.75% de los activos ajustados, y Que, derivado de lo anterior, se vuelve necesario realizar precisiones en el cálculo del TLAC a fin de que se contemple un descuento equivalente al 3.5% de los APSRT tanto a la restricción del 10% de los Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales, como al requerimiento de 3.75% de los Activos Ajustados, en favor de las instituciones de banca múltiple de importancia sistémica local, a fin de realizar una correcta aplicación del estándar; ha resuelto expedir la siguiente: RESOLUCIÓN QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 2 Bis 117 ñ de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005 y sus respectivas modificaciones, para quedar como sigue: “Artículo 2 Bis 117 ñ.- . . . Donde: = Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales = Activos Ajustados . . . . . .” TRANSITORIOS PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación, salvo por lo previsto en el siguiente artículo Segundo Transitorio. SEGUNDO.- Las Instituciones de Banca Múltiple de Importancia Sistémica Local deberán calcular el Suplemento al Capital Neto conforme al Artículo 2 Bis 117 ñ de la presente Resolución modificatoria a más tardar al cierre del cuarto mes subsecuente a la entrada en vigor de la presente resolución. Atentamente Ciudad de México, a 8 de mayo de 2026.- Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ángel Cabrera Mendoza.- Rúbrica. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 923 OFICIO mediante el cual se modifican los términos de la autorización para organizarse y operar como institución de fondos de pago electrónico, otorgada a Clip AI, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico, antes Pocketgroup Technologies, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- Vicepresidencia de Normatividad.- Dirección General de Autorizaciones Especializadas.- Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B.- Dirección General de Supervisión de Instituciones de Tecnología Financiera.- Oficio No. 311-752141/2025. ASUNTO: SE MODIFICAN LOS TÉRMINOS DE LA AUTORIZACIÓN PARA ORGANIZARSE Y OPERAR DE ESA INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO. CLIP AI, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO, NO. 24, PISO PH, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. AT’N.: C. ERNESTO TALAMÁS VELÁZQUEZ REPRESENTANTE LEGAL Hacemos referencia al escrito presentado en esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión) el 24 de febrero de 2026, a través del correo institucional autorizacionfintech@cnbv.gob.mx, de conformidad con lo previsto en el “Acuerdo por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante ésta, durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de julio de 2020, por virtud del cual Clip AI, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico (Clip AI o Entidad), antes Pocketgroup Technologies, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico (Swap), remitió el instrumento público 343,658, de fecha 21 de enero de 2026, otorgado ante la fe del notario público número 6 de esta Ciudad, el licenciado Claudio Juan Ramón Hernández de Rubín, inscrito en el Registro Público de Comercio de la localidad el 23 de febrero de 2026 bajo el folio mercantil electrónico número 526349, en el que se hace constar el referido cambio de su denominación social. Por lo anterior, en atención a su escrito, con fundamento en los artículos 11, 12, 22 y 25 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), se modifica la base PRIMERA de la autorización que le fue otorgada a Swap para organizarse y operar como una institución de fondos de pago electrónico mediante el oficio P056/2021 de fecha 29 de marzo de 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2022, para quedar en los siguientes términos: PRIMERA.- La denominación de la sociedad será Clip AI, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico. SEGUNDA.- […] TERCERA.- […] CUARTA.- […] QUINTA.- […] SEXTA.- […] SÉPTIMA.- […] OCTAVA.- […] El presente oficio se emite con fundamento en las disposiciones legales antes invocadas, así como en ejercicio de las facultades conferidas a esta Comisión en los artículos 142 y 145, fracción IV de la LRITF; 1, 3, fracción V, 4, fracciones I, apartado B y II, apartado B, numerales 22) y 32), 14, 35, fracciones I, inciso b), III y último párrafo, 45, fracción I, 61, segundo párrafo, en correlación con el 64, primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el DOF el 28 de febrero de 2022; y los artículos 1, fracción III y 3, fracción IV del Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el DOF el 18 de abril de 2022 y modificado mediante Acuerdo publicado en el referido Diario el 17 de agosto de 2023, así como 20 de junio de 2025. Atentamente Ciudad de México, a 22 de abril de 2026.- Directora General de Autorizaciones Especializadas, Lic. Brenda Amparo Menes Cárdenas.- Rúbrica.- Coordinadora de Instituciones de Tecnología Financiera y Modelos Novedosos A, Mtra. Valeria Varela Iraola.- Rúbrica.- Coordinadora de Instituciones de Tecnología Financiera y Modelos Novedosos F, Lic. Mariela Martínez Rodríguez.- Rúbrica. 924 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 SECRETARIA ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas públicas del Estado, a la Fiscalía General de la República, a las entidades federativas y sus municipios, así como a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Musa del Pacífico, S.A. de C.V. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Buen Gobierno.- Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.- Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social.- Área de Responsabilidades.- Expediente No. PISI-A-NC-DS-0012/2025. CIRCULAR No. SABG/OICGYR/AR/2886/2026 CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO, A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO A LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DEBERÁN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA EMPRESA MUSA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO, FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PRESENTES Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 11, 26, fracción I, 26 Bis, fracción II, 27, 28, fracción II, 59, 60, fracción IV, 61 y 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 04 de enero del 2000, y sus modificaciones posteriores vigentes hasta el 16 de abril de 2025, conforme a lo previsto en los Transitorios Sexto y Séptimo del Decreto por el que se expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana; de la Ley de Economía Social y Solidaridad y de la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicado el 16 de abril de 2025 en el DOF; 50, 114, fracción III y 115 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente a la fecha de los hechos, en relación con el Transitorio Décimo Tercero del Decreto por el que se expide el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público publicado el 18 de diciembre de 2025 en el DOF; 1, 2, 3, 13, 15, 19, 28, 35, 36, 38, 50, 56, 60, párrafo tercero, 70, fracciones II y VI, 72 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 18, 26, 37, fracciones XL, XLI y XLIV y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Transitorios Cuarto y Quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado el 28 de noviembre de 2024 en el DOF; 62, primer párrafo de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1, 2, apartado B, fracción I, inciso c), 69, fracción III, 72, 75, fracción XII, y Transitorio Sexto del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2024; 83, párrafos Primero, Segundo, Tercero, Sexto y Octavo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet (ahora ComprasMX); 1, fracción LXXXVIII del Acuerdo por el que se determina la organización y coordinación de los Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades; y en Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 925 cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo Tercero de la Resolución de fecha 22 de abril de 2026, que se dictó en el expediente de sanción número PISI-A-NC-DS-0012/2025, en el que se concluyó el procedimiento administrativo incoado a la empresa MUSA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., determinándose imponerle las sanciones de INHABILITACIÓN POR EL PLAZO DE 1 (UN) AÑO 3 (TRES) MESES para que por sí misma o a través de interpósita persona no pueda presentar propuestas ni celebrar contrato alguno de los regulados sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos y servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como la multa impuesta en el Resolutivo Segundo de la citada resolución. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el Resolutivo Quinto de la multicitada resolución, esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al que se publique la presente Circular en el DOF, deberán abstenerse de recibir propuestas y/o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha empresa, de manera directa o a través de interpósita persona, por el plazo de 1 (UN) AÑO 3 (TRES) MESES. En caso de que, el día que se cumpla el plazo de la inhabilitación, la empresa MUSA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., no haya pagado la multa impuesta antes citada, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente de la misma, para lo cual, se acreditará que ha pagado la multa que se impuso, presentando ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno el documento probatorio del pago correspondiente, a fin de que se elimine el registro de la sancionada en el portal Compras MX (antes CompraNet), sin que sea necesaria la publicación de algún otro comunicado, conforme a lo previsto en los artículos 60, antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente a la fecha de los hechos, de conformidad con los Transitorios Sexto y Séptimo del Decreto por el que se expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana; de la Ley de Economía Social y Social y Solidaria y de la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicado el 16 de abril de 2025 en el DOF, y 113 de su Reglamento vigente a la fecha de los hechos, en relación con el Transitorio Décimo Tercero del Decreto por el que se expide el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el DOF el 18 de diciembre de 2025. En virtud de lo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente Circular, en términos del artículo 112 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente a la fecha de los hechos, en relación con el Transitorio Décimo Tercero del Decreto por el que se expide el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el DOF el 18 de diciembre de 2025. Las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deben cumplir con lo señalado en esta Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. Atentamente Ciudad de México, a 11 de mayo de 2026.- Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Lic. Alberto Mociñoz Gutiérrez.- Rúbrica. 926 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL CONVENIO de Revisión Integral del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.- Coordinación General de Conciliación Colectiva.- Dirección de Contratos-Ley.- Expediente 12/212/ (72) / 11 legajo 80. CONVENIO DE REVISIÓN INTEGRAL DEL CONTRATO LEY DE LA INDUSTRIA TEXTIL DEL RAMO DE LA SEDA Y TODA CLASE DE FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS En la Ciudad de México, a las CATORCE HORAS DEL DÍA SEIS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS, ante el Presidente de la Convención licenciado Francisco Luis Sáenz García, Coordinador General de Conciliación Colectiva; Guillermo Rosales Vázquez, Director de Contratos Ley y el licenciado Roberto Ramírez Muñoz, Conciliador, por una parte, los integrantes de la Convención Revisora en su ASPECTO INTEGRAL del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas, por el SECTOR OBRERO los señores: Fermín Lara Jiménez; Miguel Ángel Tapia Dávila, Fidel Agustín Moreno García, Juan Benítez Pérez, Sergio Piña Duran, Marcial Serna Luevano, Oscar Frías Ibarra, Oscar Viveros Ortega, Alfredo González Gallegos, Sergio Mendoza Bautista, Mauricio Escobar Villafuerte, Tiburcio Mondragón Rojo, Jorge Atilano Gaspar, Adolfo Ramírez Leal, Luis Manuel Mendoza Miranda, Gildardo Ortega Cruz, Jorge Armando García Vega, Mario Monroy Mancilla, José Andrés Rodrigo Cervantes Ruiz, Mario Carrilo Ortíz, Carlos Álvarez Estrella, J. Eliseo Huerta Meneses, Oscar Armando Morales Bahena, Rodolfo Martínez Andrade, Federico García Garrido, Gerardo Guerrero Ramos, Ernesto Hernández Ortiz, Florencio Sánchez Sánchez, Antonio Loza Galván, Pablo Martínez Vázquez, Magdalena Alvarado Argueta, Adrián García S., Salvador Quintana Olvera, María del Refugio Pérez Pérez, Gabino Cruz Noguez, Jerónimo Sánchez Jiménez, Jeovanni Michell Serrano Ángeles, Domingo Alonso Saavedra, Teodoro Hernández Granados, José Heriberto Gómez Ortiz, Jazmin Peña Osorio, Abilene Tenorio García, Jorge Guadalupe Arellano, Quirino Ruiz Bautista, María Laura Trejo Hernández, Edgar Mishell Coronel Ruiz, Salvador Ávila Ginori, Iván Romero Pimentel, Jesús Adán Calletano de Aquino y Carlos Alberto Vega Huerta y por el SECTOR PATRONAL, los señores CC. Octavio Carbajal Bustamante, Mario Emilio Carbajal Trillo, Fernando Yllanes Martínez, Alejandro Fernández Suarez, Merari Magaña Medina, Julio César González González, Jaime Gustavo Ruiz Orci, Candida Vanesa Alfeiran Risso y Aarón Marquez Pérez, quienes manifiestan que después de realizar diversas platicas conciliatorias ante este Centro Federal, han llegado a un acuerdo mediante el cual dan por revisado en su aspecto INTEGRAL el Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas y al efecto celebran un convenio al tenor de las siguientes: CLÁUSULAS PRIMERA. Los comparecientes se reconocen recíprocamente la personalidad bajo su más estricta responsabilidad con que se ostentan y ratifican para los efectos legales correspondientes, manifestando que representan a más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y a los patrones quienes tienen a su servicio a tales trabajadores de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas. SEGUNDA. Las partes dan por revisado en su aspecto integral el Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas, para los efectos del artículo 419 de la Ley Federal del Trabajo y convienen que a partir del primer turno del 9 de febrero de 2026 se incrementen los salarios de los trabajadores sindicalizados al servicio de la industria, ya sean fijos, a destajo, por tarea, por eficiencia y derivados de convenios singulares superiores, así como de los llamados "banderazos" donde los hubiere en un 6.5% (SEIS PUNTO CINCO POR CIENTO), sobre los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2025. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 927 Por otro lado, y por acuerdo de las partes, a partir del primer turno del nueve de febrero de 2026, el salario mínimo en esta rama de la industria a que se refiere el artículo 39 del Contrato Ley, será de $317.58 diarios (trescientos diecisiete pesos 58/100 M/N). TERCERA. Las partes han convenido en incrementar en 0.5% (PUNTO CINCO POR CIENTO) la prestación relativa al Fondo de Ahorro únicamente a los trabajadores que ingresaron a partir del 9 de febrero de 2010 en los términos y condiciones que se precisan en la cláusula 52 Bis del Contrato Ley que se revisa a partir de la vigencia de este convenio, para quedar dicho concepto en 2% (DOS POR CIENTO), conservando el resto de la cláusula la misma redacción. CUARTA. Las partes ratifican el presente convenio ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para los efectos del articulo 419 en relación con los artículos 33, 34, 390 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, solicitando de dicha autoridad que lo apruebe, dándole los efectos inherentes a una sentencia ejecutoriada. QUINTA. Con el objeto de incorporar al texto del Contrato Ley las modificaciones establecidas en este convenio y en particular las señaladas en la cláusula segunda y tercera, se crea una Comisión Mixta de Ordenación y Estilo, la que además queda facultada para actualizar las tarifas del Contrato Ley que se revisa con el incremento pactado, para lo cual el Sector Obrero designa a los CC. Marcial Serna Luevano, Oscar Frías Ibarra, Sergio Piña Durán, Oscar Viveros Ortega, Alfredo González Gallegos, Sergio Mendoza Bautista y Fidel Agustín Moreno García, conjunta o separadamente; por el Sector Patronal los CC. Licenciados Octavio Carvajal Bustamante, Mario Emilio Carvajal Trillo, Fernando Yllanes Martínez, Alejandro Fernández Suárez y Aarón Marquez Pérez también conjunta o separadamente. SEXTA. Las partes solicitan a la Coordinación General de Conciliación Colectiva del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se remita el presente convenio a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación para los efectos de lo dispuesto en el artículo 414 de la Ley Federal del Trabajo. SÉPTIMA. En vista de lo convenido en las cláusulas que anteceden, el sector obrero se da por satisfecho de los pliegos de peticiones que presentó a través de emplazamientos a huelga con motivo de la presente revisión y por tanto los sindicatos se obligan a desistirse de los mismos a su entero perjuicio. OCTAVA. Las partes solicitan se dé cuenta al Pleno de la Convención Revisora del Contrato Ley con el presente Convenio para los efectos reglamentarios. LEÍDO. Que fue por las partes el presente Convenio e impuestas del contenido y alcance legal de sus Cláusulas manifestaron su entera y lisa conformidad con el mismo firmándolo al margen como expresión de sus respectivas voluntades y al calce los CC. Funcionarios que actúan. Presidente de la Convención, Lic. Francisco Luis Saénz García.- Rúbrica.- Director de Contratos Ley, Mtro. Guillermo Rosales Vázquez.- Rúbrica. Atento al contenido del convenio se aprueba por parte del Conciliador, toda vez que se cumple con el principio de legalidad en virtud de que no contiene renuncia de derechos de los trabajadores; lo anterior para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 684-F, fracción VI y VII de la Ley Federal del Trabajo, el Conciliador, da fe y certifica que en el presente documento se encuentran plasmados los acuerdos a los que llegaron las partes. Así lo proveyó y firma Lic. Roberto Ramírez Muñoz Conciliador del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.- Rúbrica. 928 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 ACTA de instalación de la Convención Revisora en su aspecto integral del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.- Coordinación General de Conciliación Colectiva.- Dirección de Contratos- Ley.- Expediente 12/212/ (72) / 11 legajo 80. ACTA DE INSTALACIÓN DE LA CONVENCIÓN REVISORA EN SU ASPECTO INTEGRAL DEL CONTRATO LEY DE LA INDUSTRIA TEXTIL DEL RAMO DE LA SEDA Y TODA CLASE DE FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS En la Ciudad de México, a las once horas del veintinueve de enero de dos mil veintiséis, día y hora señalado en la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 419 fracciones I y III de la Ley Federal del Trabajo, se procedió a la instalación de la Convención Obrero Patronal Revisora en su forma Integral del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas. En acatamiento al artículo 411 de la ley de la materia, ante la presencia del licenciado Francisco Luis Sáenz García Coordinador General de Conciliación Colectiva y el maestro Guillermo Rosales Vázquez, Director de Contratos Ley, se reunieron en las instalaciones del citado Centro Federal, los Delegados Obreros y Patronales acreditados para asistir a la Convención Revisora del Contrato Ley referido. En uso de la voz, Guillermo Rosales Vázquez, Director de Contratos Ley, leyó el Oficio CFCRL/DG/016/2026, en el que con fundamento en el artículo 411 de la Ley Federal del Trabajo, el licenciado Alfredo Domínguez Marrufo, Director General del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, designó para presidir los trabajos de la Convención al licenciado Francisco Luis Sáenz García, Coordinador General de Conciliación Colectiva. Según lista de asistencia, se encontraron presentes las personas que han sido acreditadas como Delegados Obreros y Patronales. De inmediato en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 406, 419 y 419 bis de la Ley Federal del Trabajo, la Convención procedió a designar a los Escrutadores, para constatar la presencia de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y patrones afectos al Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas, designándose por el Sector Obrero: a los CC. Oscar Frías Ibarra y Fidel Agustín Moreno Garcia; por el Sector Patronal: a los CC. Mario E. Carvajal Trillo y Alejandro Fernández Suárez. Con el objeto de que los escrutadores pudieran llevar a cabo el recuento de los presentes, se declaró un receso y al reanudarse la sesión en uso de la palabra comunicaron que tomando en cuenta el informe rendido por la Coordinación General de Registro de Asociaciones de fecha tres de diciembre de dos mil veinticinco, en este momento se encontraban representadas más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y los patrones que tienen a su servicio a dichos trabajadores, por lo que procedía la instalación de la Convención. En uso de la palabra el C. FERMÍN LARA JIMÉNEZ, Secretario General del Sindicato Nacional Mártires de San ángel de la Industria Textil, de la Confección, del Plástico y sus Derivados, Almacenes, Similares y Conexos de la República Mexicana y en representación del sector obrero manifestó: Muchas gracias a la autoridad por recibirnos. Estamos presentes en tiempo y forma en cumplimiento a la convocatoria de este Centro Federal. En esta ocasión solicitamos el incremento salarial general, la nivelación de los salarios mínimos de este Contrato Ley ya que han sido rebasados por el salario mínimo general, así como la mejora de prestaciones económico sociales para los trabajadores de nuevo ingreso, cuya desigualdad frente a los trabajadores de mayor antigüedad genera problemas de retención de personal. Solicitamos como siempre el apoyo de las autoridades que nos acompañan, para el buen desarrollo de este proceso, es cuanto. En uso de la palabra MIGUEL ÁNGEL TAPIA DÁVILA, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil, de la Confección, Similares y Conexos de la República Mexicana y en representación del sector obrero manifestó: Agradecemos a la autoridad su atención. Solicitamos la revisión del tabulador de Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 929 salarios por especialidad y categoría, ya que diversas categorías se han acercado al salario mínimo general, lo que desincentiva la movilidad interna. Es necesario diferenciar los salarios conforme a la responsabilidad de cada puesto y homologar las condiciones de los trabajadores de nuevo ingreso con las de los de mayor antigüedad. Estamos abiertos a escuchar las propuestas del sector patronal. En uso de la palabra OCTAVIO CARVAJAL BUSTAMANTE en representación del sector patronal manifestó lo siguiente: Muchas gracias a la autoridad por conducir estos trabajos. Reconocemos la necesidad de la revisión, pero no podemos sustraernos de la realidad económica que vivimos. El incremento sostenido del salario mínimo general ha generado una presión importante sobre quienes cumplimos cabalmente nuestras obligaciones contractuales, a diferencia de empresas de la misma rama que las eluden. Nos comprometeremos únicamente a lo que podemos cumplir y manifestamos toda nuestra voluntad de diálogo para llegar a un entendimiento viable para ambas partes. En uso de la palabra MARIO EMILIO CARVAJAL TRILLO en representación del sector patronal manifestó lo siguiente: Agradecemos a la autoridad su orientación. Hemos tomado conocimiento del pliego petitorio y lo estamos analizando para formular una propuesta concreta. El vencimiento del contrato está para el próximo 8 de febrero y confiamos en que con la voluntad y el acompañamiento de la autoridad llegaremos a una solución satisfactoria. En uso de la palabra FERNANDO YLLANES MARTÍNEZ en representación del sector patronal manifestó lo siguiente: Me uno a los agradecimientos a la autoridad por la conducción de estos trabajos. El sector patronal está dispuesto a participar activamente en este proceso de revisión. Acto seguido el licenciado FRANCISCO LUIS SÁENZ GARCÍA, Coordinador General de Conciliación Colectiva del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y Presidente de la Convención, hizo la declaratoria siguiente: Una vez escuchados los argumentos tanto del sector obrero, como del sector industrial, siendo las once horas con cincuenta minutos del día veintinueve de enero de dos mil veintiséis, declaro formalmente instalada la Convención Revisora en su aspecto Integral del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas. Efectuando un receso se procedió al nombramiento por la representación obrera y patronal de las siguientes Comisiones: a) Secretarios de la Mesa Directiva; b) Comisión Dictaminadora de Credenciales; c) Comisión Redactora del Reglamento Interior de Labores y d) Comisión de Orden y Estilo, mismas que fueron aprobadas por la asamblea. Por último, el licenciado Francisco Luis Sáenz García, Presidente de la Convención, exhortó a la Comisión del Reglamento Interior de Labores de la Convención Obrero Patronal Revisora en su aspecto integral del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas, a iniciar sus actividades de inmediato. Hecho lo anterior, el licenciado Francisco Luis Sáenz García, declaró de forma permanente los trabajos de la Convención, para lo cual se difirió la sesión acordándose celebrar una reunión plenaria ante este Centro Laboral el día seis de febrero del dos mil veintiséis a las once horas. Para constancia se levanta la presente acta a las doce horas con treinta minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiséis, después de leída y aprobada en sus términos, es firmada al calce por el licenciado Francisco Luis Sáenz García Presidente de la Convención Revisora en su aspecto integral del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas, Guillermo Rosales Vázquez, Director de Contratos Ley, dando fe el licenciado Roberto Ramírez Muñoz Conciliador adscrito a la Coordinación General de Conciliación Colectiva del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Doy Fe. Presidente de la Convención, Lic. Francisco Luis Sáenz García.- Rúbrica.- Director de Contratos Ley, Lic. Guillermo Rosales Vázquez.- Rúbrica.- Conciliador, Lic. Roberto Ramírez Muñoz.- Rúbrica. 930 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 ACTA de Clausura de la Convención Revisora en su aspecto integral del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.- Coordinación General de Conciliación Colectiva.- Dirección de Contratos- Ley.- Expediente 12/212/ (72) / 11 legajo 80. ACTA DE CLAUSURA DE LA CONVENCIÓN REVISORA EN SU ASPECTO INTEGRAL DEL CONTRATO LEY DE LA INDUSTRIA TEXTIL DEL RAMO DE LA SEDA Y TODA CLASE DE FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS En la Ciudad de México, a las once horas del seis de febrero de dos mil veintiséis, en acatamiento al artículo 411 de la Ley Federal del Trabajo, ante la presencia del licenciado Francisco Luis Sáenz García, Presidente de la Convención revisora en su aspecto integral del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de la Seda y Toda Clase de Fibras Artificiales y Sintéticas, Guillermo Rosales Vázquez, Director de Contratos Ley y el licenciado Roberto Ramírez Muñoz, Conciliador, se reunieron en las instalaciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los Delegados Sindicales y Patronales acreditados en la Convención, y habiéndose verificado el quórum legal se procedió al desarrollo y continuación de los trabajos en Asamblea Plenaria bajo el siguiente: ORDEN DE DÍA: I. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. II. Uso de la voz tanto al sector obrero como patronal, con la finalidad de que manifiesten sus posturas respecto de esta Revisión Integral del Contrato Ley que nos ocupa. III. Asuntos Generales. I. En el desahogo del primer punto del orden del día, se procedió a leer el acta de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiséis, siendo aprobada en sus términos. II.- En el desahogo del segundo punto del orden del día, se dio cuenta a los integrantes de la Convención, de un convenio de esta misma fecha, el cual consta de tres fojas útiles tamaño carta, escritas únicamente por el anverso, mismo que fue aprobado en todas y cada una de sus partes por unanimidad de los presentes. III. En el desahogo del tercer punto del orden del día no hubo ningún asunto general que tratar por lo que a continuación, se levantó la sesión plenaria, haciendo el Presidente de la Convención la siguiente declaratoria: “HOY SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS, DECLARO SOLEMNEMENTE CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE LA CONVENCIÓN OBRERO PATRONAL REVISORA EN SU ASPECTO INTEGRAL DEL CONTRATO LEY DE LA INDUSTRIA TEXTIL DEL RAMO DE LA SEDA Y TODA CLASE DE FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS”. Para constancia se levanta la presente acta a las quince horas del seis de febrero de dos mil veintiséis, después de leída y aprobada en sus términos, es firmada al calce por el Presidente de la Convención Licenciado Francisco Luis Sáenz García, Guillermo Rosales Vázquez, Director de Contratos Ley, dando fe el Licenciado Roberto Ramírez Muñoz Conciliador adscrito a la Coordinación General de Conciliación Colectiva del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Doy Fe. Presidente de la Convención, Lic. Francisco Luis Sáenz García.- Rúbrica.- Director de Contratos Ley, Mtro. Guillermo Rosales Vázquez.- Rúbrica.- Conciliador, Lic. Roberto Ramírez Muñoz.- Rúbrica. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 931 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CONVENIO de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del DIF Ciudad de México, para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en movilidad en 2026, conforme al Acuerdo que autoriza la habilitación de espacios de alojamiento y cuidados alternativos para NNA en contexto de migración, publicados el 17 de febrero de 2021 y el 9 de julio de 2025, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Salud.- Secretaría de Salud.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. CONVENIO DE COORDINACIÓN No. SNDIF/DGAJ-C/0101/2026 CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL DIF CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MOVILIDAD EN 2026, CONFORME AL ACUERDO QUE AUTORIZA LA HABILITACIÓN DE ESPACIOS DE ALOJAMIENTO Y CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NNA EN CONTEXTO DE MIGRACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE FEBRERO DE 2021 Y EL 9 DE JULIO DE 2025, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN ADELANTE EL "SNDIF", A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y FOMENTO A POLÍTICAS PARA LA PRIMERA INFANCIA, FAMILIAS Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, REFERIDA EN ADELANTE COMO "DGCFPPIFPSV", REPRESENTADA POR LA LCDA. ROSALÍA TOSTADO BENÍTEZ, DIRECTORA GENERAL, ASISTIDA POR LA LCDA. YENI FERNANDA NERI RESÉNDIZ, DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL Y, POR LA OTRA, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ADELANTE REFERIDO COMO EL "SEDIF", REPRESENTADO POR LA LCDA. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ, DIRECTORA GENERAL, ASISTIDA POR EL LIC. RAFAEL BUSTAMANTE MARTÍNEZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA LCDA. MARÍA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ NAVA, DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: ANTECEDENTES I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en sus artículos 1°, párrafos primero y tercero y, 4º, párrafo noveno, que en este país, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; asimismo, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, pues este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. II. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, ratificada por el Estado mexicano el 21 de septiembre de 1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, señala en su artículo 3º, que en todas las medidas concernientes a los niños, que toman las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá, será el interés superior de la niñez. Esta Convención también establece, en su artículo 4º, la obligación para que los Estados parte adopten las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la misma. III. El 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo sucesivo la "Ley General", que tiene por objeto el reconocer a Niñas, Niños y Adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Específicamente en relación a la niñez migrante, la "Ley General" establece, en su artículo 89, las medidas especiales de protección que las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios correspondientes a Niñas, Niños y Adolescentes en situación de migración, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria, teniendo el principio del interés superior de la niñez como la consideración primordial que se tomará en cuenta durante el 932 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos, asimismo, refiere, en su artículo 94, que, para garantizar la protección integral de los derechos, los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF, concurrente y/o coincidentemente, habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a Niñas, Niños y Adolescentes migrantes, asimismo, conforme al artículo 117, fracción XI, en relación con el artículo 118, fracción XII, y el artículo 119, fracción IX, los órdenes de gobierno deben coordinarse para la implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de dicha Ley. IV. De igual forma, la "Ley General" establece en su artículo 120, fracciones II y III, que son atribuciones del "SNDIF", entre otras: impulsar la cooperación y coordinación de las autoridades del orden federal, de las entidades federativas, del municipio y de las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección y restitución de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estableciendo los mecanismos necesarios para ello y celebrar convenios de colaboración con los sistemas de las entidades federativas y los sistemas municipales, así como con organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social. V. El 11 de noviembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en materia de infancia migrante. En este sentido, la Ley de Migración establece, en sus artículos 95, 98, 99 y 112, que ninguna Niña, Niño o Adolescente, deberá ingresar en una estación migratoria y que se otorgará de inmediato por el Instituto Nacional de Migración en adelante el "INM", como medida de carácter temporal, la condición de estancia de visitante por razones humanitarias, misma que no estará sujeta a la presentación de documentación ni pago de derecho alguno. Siendo que el "SNDIF", cuenta con la atribución de participar y reforzar las acciones de coordinación para la implementación de la política nacional de atención a la niñez en contexto de migración, ello se hará mediante ayudas focalizadas a los grupos de Niñas, Niños y Adolescentes, acompañados, no acompañados y separados, mediante mecanismos de otorgamiento de recursos para financiar los Proyectos, enfocados principalmente en el fortalecimiento de la operación de Centros de Asistencia Social y Establecimientos Asistenciales, así como de su infraestructura de alojamiento temporal, acogimiento residencial, cuidados alternativos y acciones de intervención de retornos asistidos, y las que corresponden a la participación de las Procuradurías Federal y Local de Protección en materia de representación jurídica y restitución de derechos, para la atención de Niñas, Niños y Adolescentes migrantes acompañados y no acompañados, a través del mantenimiento, el reacondicionamiento, la habilitación, la ampliación, la remodelación, la rehabilitación, el equipamiento y/o el reequipamiento de espacios de alojamiento u otras estrategias de trabajo que resulten relevantes para mitigar la situación de vulnerabilidad de los NNA migrantes, así como el otorgamiento de cuidados de hidratación, alimentación, higiene, atención sanitaria, entre otros, hasta en tanto se resuelve su situación migratoria en el procedimiento administrativo migratorio y, en su caso, cuando así corresponda al interés superior de la niñez, los correspondientes retornos asistidos o en su caso realizar los acompañamientos para aquellos casos en que se detecte que la niñez migrante requiera de alguna protección complementaria y/o la representación jurídica para la obtención de la condición de refugiado o asilo político. VI. El 17 de febrero de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se autoriza la habilitación de espacios de alojamiento para los cuidados alternativos y/o acogimiento residencial de Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de migración, así como de los días inhábiles requeridos para los actos administrativos correspondientes a dicha protección, en adelante el “ACUERDO”, instrumento que regula la habilitación formal y la operación continua de espacios destinados a la atención de Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de migración por parte de los Sistemas DIF. VII. Que, tratándose de un sector vulnerable de la población en México como los son las jornaleras y jornaleros agrícolas, podrá advertirse que el mercado laboral en el sector primario es complejo, siendo donde interactúa, la oferta de la mano de obra necesitada y la demanda de las empresas agrícolas. Es importante plantear que las jornaleras y jornaleros de los que se refiere son mexicanos, por lo tanto, el marco jurídico establecido en el país garantiza el respeto a sus derechos sociales, laborales y económicos a ellos y a sus familias que con su trabajo pretenden tener mejores condiciones de vida. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en sus artículos 2, 3, 4 y el 123, entre otros, los derechos de identidad e inclusión, educación, vivienda, salud, un medio ambiente adecuado, pero principalmente los derechos laborales. La Ley Federal del Trabajo en su contenido menciona la regulación que debe regir a los jornaleros agrícolas, respecto a las actividades que desarrollan en el campo por los preceptos de jornada, salario mínimo, trabajo de menores y mujeres. Motivo de lo anterior, se tiene que las hijas e hijos de madres y padres jornaleras y jornaleros, tienen el derecho a ser sujetos de asistencia social, en espacios que brinden la atención adecuada, hasta en tanto sus padres cumplen con su jornada laboral. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 933 VIII. Que, el artículo 3.º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores las define como aquellas de 60 años o más que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional sin embargo, en la metodología de la medición de la pobreza desarrollada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) quedan definidas como la población que tiene 65 años o más pues, según la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a partir de esa edad es que se tiene acceso a las prestaciones del seguro por vejez. En 2020, según el Censo de Población y Vivienda, México contaba con 10.3 millones de personas adultas mayores, 4.7 millones eran hombres y 5.6 millones eran mujeres. En 2022, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), había 12.6 millones de personas adultas mayores, de los cuales 5.6 millones eran hombres y 7.0 millones eran mujeres. De estas, 4.5 millones de personas adultas mayores estaban en situación de pobreza en 2018, equivalente a 43.2 %, proporción que en 2022 pasó a 31.1 %, es decir, a 3.9 millones de personas, lo que hace necesario que el Estado mexicano fortalezca la acciones en materia de acceso a servicios de asistencia social dirigidas a la población adulta mayor. IX. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay aproximadamente 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa un 4.9% de la población total del país, de las cuales aproximadamente el 53% son mujeres y el 47% son hombres, en el mismo censo se precisa que, en México residen aproximadamente 29.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años y de esta población, poco más de 580 mil (2.0%) presenta alguna discapacidad, por lo que de la misma forma los Sistemas DIF se encuentran ante una oportunidad para procurar la atención de las necesidades de personas sujetas de asistencia social, como lo son las personas con algún tipo de discapacidad. X. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto del "SNDIF" informó mediante oficio No. 272 000 00/0731/2025 el presupuesto asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ese Sistema Nacional, en donde se establece la asignación del Apoyo para el fortalecimiento de las acciones institucionales en materia de atención a las personas sujetas de la Asistencia Social, que ameriten la intervención inmediata de los Sistemas Nacional, Estatales, y Municipales, para el Desarrollo Integral de la Familia, Procuraduría Federal, Local u otra Institución Gubernamental. XI. Con fecha 23 de junio de 2021, se celebró la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del "SNDIF", en donde mediante Acuerdo 03/EXT.01/2021 se aprobó la emisión y publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Criterios para la Asignación y Transferencia de Apoyos para el Fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia integrados en el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública en materia de sus Acciones de Intervención relativas a la Niñez en contexto de migración y a la población sujeta de asistencia social en adelante "Criterios", cuyo objeto fue establecer las bases para la transferencia de subsidios y/o Apoyos del SNDIF a los SEDIF/SMDIF, Procuraduría Federal, Local u otra Institución Gubernamental a efecto de impulsar el fortalecimiento de operación, así como, de la infraestructura para el alojamiento temporal, acogimiento residencial, cuidados alternativos y acciones de intervención en retornos asistidos de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de migración y de sus familiares acompañantes El 20 de abril de 2022, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifica la denominación y se reforma y adiciona en su contenido el Acuerdo por el que se expiden los Criterios para la transferencia de apoyos para el fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia integrados en el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública en materia de sus acciones de intervención relativas a la niñez migrante. Por otra parte, el 29 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un extracto de la modificación, reforma y adición al Acuerdo por el que expiden los Criterios para la asignación y transferencia de apoyos para el fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia integrados en el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública en materia de sus acciones de intervención relativas a la niñez en contexto de migración El 30 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un extracto de la modificación, reforma y adición al Acuerdo de modificación de los Criterios para la asignación y transferencia de apoyos para el fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia integrados en el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública en materia de sus acciones de intervención relativas a la niñez en contexto de migración, para quedar como sigue: Criterios para la asignación y transferencia de apoyos para el fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia integrados en el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública en materia de sus acciones de intervención relativas a la niñez y adolescencia, incluidas las que se encuentran en contexto de migración y a la población sujeta de asistencia social. 934 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Finalmente, el 26 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un extracto de la modificación, reforma y adición al "Acuerdo" por el que se expiden los "Criterios para la Asignación y Transferencia de Apoyos para el Fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia que forman parte del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública, en Materia de sus Acciones de Intervención Dirigidas a la Población Sujeta de Asistencia Social". Esta modificación tiene como objetivo establecer las bases para la transferencia de subsidios a los SEDIF, Municipios, Procuradurías de Protección en el orden local e Instituciones Gubernamentales, con el fin de impulsar el fortalecimiento de la infraestructura, operación y el uso de establecimientos asistenciales, así como, espacios habilitados para la atención integral de personas sujetas de asistencia social. Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan sujetar sus compromisos conforme a las siguientes: DECLARACIONES I. Declara el "SNDIF": I.1 Que es un organismo público descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios, normado por la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 7 de febrero de 1984 y 2 de septiembre de 2004, respectivamente, así como lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2024. I.2 Que tiene entre sus objetivos la promoción y coordinación de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables; y que, entre sus atribuciones y funciones, actúa en coordinación con entidades y dependencias federales, locales y municipales en el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios, y la realización de acciones en la materia. I.3 Que dentro de su estructura orgánica, cuenta con la "DGCFPPIFPSV" unidad administrativa que forma parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable "UAPV", y que dentro de sus atribuciones, se encuentran las de diseñar, gestionar o coordinar las políticas públicas y las acciones concernientes a los servicios de asistencia social, que se consideren primordiales para el beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente de NNA en situación de migración acompañados y no acompañados, conforme a lo previsto en la normatividad aplicable, así como apoyar, en el marco de sus atribuciones, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y coadyuvar con los sectores público, privado y social en la atención integral de NNA y personas en situación de vulnerabilidad. Para efectos administrativos y normativos, se establece que la Dirección General de Proyectos Especiales de Atención a Población Vulnerable, señalada en el artículo 28 del Estatuto Orgánico del SNDIF publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2024, corresponde a la misma Unidad Administrativa que la Dirección General de Coordinación y Fomento a Políticas para la Primera Infancia, Familias y Población en Situación de Vulnerabilidad. Dicha equivalencia se reconoce en virtud del trámite de cambio de denominación actualmente en proceso, conforme a lo señalado en la Circular 270.000.00/0005/2025 de fecha 11 de febrero de 2025 emitida por la Titular de la Unidad de Administración y Finanzas del SNDIF, por lo que cualquier referencia a ambas denominaciones deberá entenderse como la establecida en el artículo 28 del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2024. I.4 Que con fecha 5 de febrero de 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que la Jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable delega en la persona Titular de la Dirección General de Coordinación y Fomento a Políticas para la Primera Infancia, Familias y Población en Situación de Vulnerabilidad diversas facultades estatutarias, por lo que esa Dirección General cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Coordinación y obligarse al cumplimiento del mismo. Por todo lo anterior, el presente Convenio de Coordinación se firma con fundamento en el artículo primero del Acuerdo, artículos 24 fracciones II, IX y XXI, 28 fracciones IX, IX bis, XVII y XVIII del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2024. I.5 Que de conformidad con el oficio No. 272 000 00 / 0194 / 2026 emitido por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, cuenta con suficiencia presupuestal con cargo a la partida 43801 "Subsidios a Entidades Federativas y Municipios" del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, vigente. I.6 Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 de los “Criterios”, se establece que el Comité de Proyectos, en adelante el “Comité”, es el Órgano colegiado encargado de aprobar los proyectos previamente revisados por la “DGCFPPIFPSV” para la transferencia de recursos presentados por los solicitantes y que cumplan los requisitos establecidos en los “Criterios” y en la respectiva convocatoria. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 935 I.7 Que su Registro Federal de Contribuyentes, expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el alfanumérico: SND7701134L0. I.8 Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación, manifiesta que su domicilio es el ubicado en Av. Emiliano Zapata, Núm. 340, Col. Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Convenio de Coordinación. II. Declara el "SEDIF": II.1 Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, el cual fue creado mediante el Decreto por el que se crea un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio que se denomina Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, de fecha 3 de julio del año 1997. II.2 Que, de conformidad con el artículo 2 de su Decreto de Creación y con el Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, entre sus objetivos principales se encuentran: promover y prestar servicios de asistencia social, promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de los menores de edad, así como operar establecimientos de asistencia social, en la Ciudad de México. II.3 Que dentro de su estructura orgánica, cuenta con la Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, quien tiene a su cargo las atribuciones de fomentar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad de México, ordenar, fundamentar y motivar, la aplicación de medidas urgentes de protección especial, cuando exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes que habitan o transitan en la entidad; así como promover, impulsar y suscribir convenios de participación y colaboración, con los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. II.4 Que dentro de su estructura orgánica, cuenta con la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, quien tiene a su cargo las atribuciones de celebrar toda clase de contratos, convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos contemplados en la normatividad vigente, relativos a adquisiciones, arrendamientos, obras y prestación de servicios, en materia civil, administrativa, mercantil, laboral. Así como conocer, iniciar, substanciar, agotar y resolver los procedimientos de rescisión administrativa, terminación anticipada, suspensión temporal y definitiva de los contratos, convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que haya celebrado en nombre y representación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, adicionalmente podrá efectuar la ejecución de las garantías de cumplimiento de los contratos y administrar y supervisar las funciones, proyectos, bienes y servicios informáticos de las diversas áreas del Organismo. II.5 Que la Licda. Beatriz Rojas Martínez, fue nombrada Titular de la Dirección General del DIF de la Ciudad de México, el 05 de octubre de 2024, de conformidad con el nombramiento emitido por la Lic. Clara Marina Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones III y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, Apartado J, 32, Apartado C, numeral 1, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3, fracciones I, III, XII y XV, 7, párrafo primero, 10, fracción V, 11, fracción II, 12, 13, párrafo primero, 44, fracción I, 45, 50, 52, 54, y 74 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 4, fracción III, 13, 14 y 15 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; 3, fracción I, 13 y 15, fracción V del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por lo que cuenta con las facultades para actuar en representación del organismo. II.6 Que su Registro Federal de Contribuyentes, expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el alfanumérico: SDI970703ID7. II.7 Que, para los efectos de este Convenio de Coordinación, señala como su domicilio el ubicado en Calle San Francisco, número 1374, Colonia Tlacoquemécatl del Valle, Código Postal. 03200, Benito Juárez, Ciudad de México. II.8 Que, proporciona el correo electrónico direccion.general@dif.cdmx.gob.mx, en el cual, de acuerdo con las condiciones específicas podrá ser notificado de cualquier circunstancia derivada de la suscripción del presente instrumento. III. Declaran conjuntamente "LAS PARTES": III.1 Que se reconocen la personalidad jurídica y capacidad legal con la que se ostentan sus representantes, mismas que al momento de suscribir el presente Convenio de Coordinación, no les han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna. 936 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 III.2 Que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Coordinación en términos de los artículos 28, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Planeación, 75, 82, 83 y demás relativos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que en su suscripción no existe error, dolo, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que vulnere su libre voluntad y pueda ser causa de nulidad. III.3 Que reconocen la certeza y validez de las declaraciones contenidas en este instrumento y están conformes con las mismas. Una vez declarado lo anterior, "LAS PARTES" convienen sujetar su colaboración en términos de las siguientes: CLÁUSULAS PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio de Coordinación es establecer las bases y procedimientos de coordinación entre "LAS PARTES" para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios y la ejecución del Proyecto denominado “Fortalecimiento de las capacidades institucionales del DIF Ciudad de México, para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en movilidad en 2026, conforme al Acuerdo que autoriza la habilitación de espacios de alojamiento y cuidados alternativos para NNA en contexto de migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2021 y el 9 de julio de 2025”, en el Estado de Campeche, aprobado mediante el Acuerdo SNDIF/CP/AC/2026/SE- 02/002, identificado con número de clave del proyecto PROY-CC-2026-058 por el Comité de Proyectos del “SNDIF” en el marco de la "Ley General", Ley de Asistencia Social, Ley de Migración, los "Criterios" y la demás normatividad aplicable. SEGUNDA. ALCANCES. "LAS PARTES" acuerdan que el Proyecto, forma parte integrante de este instrumento. El Proyecto que se realice con este recurso, no podrá ser cedido, concesionado, modificado, ni enajenado para su operación y deberá aplicarse únicamente en el Centro Asistencial autorizado, en términos de los "Criterios", y en la Dirección Administrativa y Postal que se indica en el presente Convenio de Coordinación. TERCERA. CUENTA BANCARIA. Los recursos que proporcione el "SNDIF" se ejercerán por medio de una cuenta bancaria productiva que el "SEDIF" se obliga a abrir de manera especial y exclusiva para la administración de los recursos federales materia del presente instrumento, a través de su Secretaría de Finanzas o su equivalente en la entidad federativa, con el fin de que se distinga contablemente su origen e identifique que las erogaciones correspondan a los fines del Proyecto, de conformidad con lo señalado en el quinto párrafo del artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El “SEDIF” deberá entregar al "SNDIF" la documentación establecida en el numeral 10, fracción II de los “Criterios”, para efectos de la asignación y aportación de los recursos federales con carácter de subsidios, la cual formará parte de este Convenio de Coordinación como Anexo. La Secretaría de Finanzas o su equivalente en la entidad federativa, deberá emitir el recibo correspondiente al ingreso de los recursos transferidos por el "SNDIF", mismo que deberá remitirse a más tardar en los siguientes cinco (5) días hábiles al "SNDIF", posteriores a su recepción de conformidad con lo establecido en los "Criterios", como en el presente Convenio de Coordinación y deberá contener lo siguiente: I. Estar expedido a nombre del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. II. Contener el Registro Federal de Contribuyentes: SND7701134L0. III. Incluir la fecha de emisión, fecha de recepción de los recursos, nombre del Proyecto y el importe de la ministración. CUARTA. VISITAS DE CAMPO CON FINES INFORMATIVOS E INFORMES DE AVANCE DE PROYECTOS DEL "SNDIF". "LAS PARTES" están de acuerdo, que la “DGCFPPIFPSV” solicite información y/o realice visitas aleatorias de monitoreo al establecimiento asistencial, o espacio en donde se desarrolla el proyecto, con el fin de conocer el estado que guarda el mismo. Dichas visitas tendrán un carácter exclusivamente de monitoreo y no constituirán actos de supervisión, inspección o auditoría. Así mismo, las visitas podrán realizarse de manera presencial o a través de medios remotos o virtuales. El "SEDIF" remitirá a la “DGCFPPIFPSV”, informes trimestrales en medio electrónico, dos (2) días hábiles posteriores a que se cuente con la información validada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), de conformidad con las fechas que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Los informes deberán incluir entre otra información, los avances físicos, de metas y financieros. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 937 La “DGCFPPIFPSV” revisará el informe final de avances, físicos, de metas y financieros, [este último de conformidad con el Sistema de Recursos Federales Transferidos establecido por la SHCP], remitidos por los Beneficiarios de forma electrónica a la “DGCFPPIFPSV”, de acuerdo a las fechas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. QUINTA. OBLIGACIONES DEL "SNDIF": I. Asignar y aportar los recursos federales con carácter de subsidios, por la cantidad total de $9,342,038,65 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.), misma que se otorgará de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y posterior a la firma de este instrumento, previa documentación que para tal efecto proporcione el "SEDIF", los recursos señalados en la presente cláusula serán destinados única y exclusivamente para el desarrollo del Proyecto autorizado por el “Comité” y agregado como anexo al presente Convenio de Coordinación. II. Determinar, a través de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Unidad de Administración y Finanzas, el mecanismo por el cual se proporcionará la cantidad que se menciona en la fracción I de la presente cláusula, de conformidad con las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en términos de la normatividad vigente en la materia. III. Dar seguimiento al proyecto en los términos de la cláusula anterior a través de la "DGCFPPIFPSV", sobre la ejecución del mismo. IV. En general, cumplir en todo momento con las disposiciones contenidas en los "Criterios". SEXTA. OBLIGACIONES DEL "SEDIF": I. Recibir y canalizar los recursos señalados en el presente Convenio de Coordinación, así como supervisar la ejecución y desarrollo de las actividades objeto del presente instrumento y que se realicen de acuerdo con lo señalado en los "Criterios" y demás normatividad aplicable. II. Aplicar en su totalidad los recursos señalados en este Convenio de Coordinación, garantizando la liberación expedita de los mismos, los cuales deberán destinarse, única y exclusivamente para los fines del Proyecto autorizado, debiendo cumplir con la normatividad de la entidad federativa en materia de Protección Civil. Asimismo, se deberán llevar a cabo todas las acciones tendientes a la verificación y comprobación de la correcta aplicación de los recursos presupuestarios asignados. III. Solicitar a la Secretaría de Finanzas u homóloga de la entidad federativa, recursos presupuestarios para mantener en operación el funcionamiento de los Proyectos señalados para los ejercicios fiscales subsecuentes. IV. Aceptar y facilitar la realización de toda clase de visitas de campo o reuniones de trabajo por parte del personal adscrito a la "DGCFPPIFPSV" y/o a quien ésta designe, debidamente identificado; así como brindar oportunamente la documentación o información de los requerimientos que le sean formulados ya sea por el "SNDIF" y/o por parte de los diversos Órganos de Fiscalización. V. Asumir los compromisos de atender las recomendaciones al modelo de atención y cuidados en los Centros de Asistencia Social y Establecimientos Asistenciales y a los modelos para diagnósticos de derechos vulnerados, planes de restitución, medidas de protección que le sean emitidas por unidades administrativas del "SNDIF”. VI. Los informes de avance de los Proyectos se harán de manera trimestral, así como el informe final, este último deberá entregarse en la misma fecha que corresponda al cuarto informe trimestral referido en la cláusula cuarta, segundo párrafo, de este mismo instrumento, debiendo contar con los comprobantes fiscales impresos y archivos electrónicos que amparen la adquisición y servicios para dar cumplimiento a las metas de acuerdo con el Proyecto, en términos de las disposiciones fiscales vigentes. VII. Administrar los recursos que reciban, así como comprobar, verificar y justificar, el destino del gasto de los recursos otorgados ante las instancias fiscalizadoras correspondientes, así como hacerse responsable de las sanciones acreditables en caso de que se le dé un uso distinto a ese recurso. VIII. En los eventos y actividades realizadas en el marco del Proyecto, ha de señalar expresamente que éste, forma parte del fondo de los Apoyos para la operación y habilitación de los Centros de Asistencia Social, Centros de Servicios de Cuidados, Establecimientos Asistenciales y Lugares Habilitados en términos de los "Criterios"; así como divulgar la participación y apoyo del Gobierno Federal a través del "SNDIF". 938 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 IX. Cumplir estricta y puntualmente con el contenido, alcances, objetivos y adquisiciones establecidos en el presente Convenio de Coordinación, el cual podrá modificar la composición de los porcentajes entre vertientes del proyecto, siempre que las características financieras de que se trate lo ameriten y siempre que dichas modificaciones, estén debidamente justificadas por el “SEDIF”, revisadas y autorizadas previamente por la "DGCFPPIFPSV", de conformidad con el numeral 18 fracción II de los "Criterios". X. Derivado de la asignación y aplicación de los recursos financieros que haya solicitado, fortalecer la operación de la infraestructura (solo en los casos previstos en los “Criterios”, a través, del mantenimiento, el reacondicionamiento, la habilitación, la ampliación, la remodelación, la rehabilitación, el equipamiento y/o el reequipamiento de espacios de alojamiento para la población sujeta de asistencia social. XI. Contar con un control de los gastos correspondientes al recurso recibido a través del fondo de apoyo para la ejecución del proyecto aprobado, así como obtener comprobantes fiscales de todo lo ejercido con los recursos del fondo que se otorgan en virtud de la suscripción de este instrumento. Los comprobantes fiscales deberán estar sujetos a lo establecido por el Código Fiscal de la Federación, para el caso, en que sean requeridos por autoridad competente. XII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos federales presupuestarios no comprobados o no devengados, al 31 de diciembre de 2026, incluyendo los rendimientos financieros generados, en las cuentas utilizadas para tal efecto, ya sean receptoras o ejecutoras, a más tardar el 15 de enero de 2027, sin necesidad de requerimiento previo por parte del “SNDIF”, en los términos que ordena el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y/o la normatividad aplicable; debiendo informarlo al "SNDIF", a través de la "DGCFPPIFPSV", de manera escrita así como estados de cuenta y/o reportes emitidos por la Institución Bancaria de conformidad con los "Criterios" y la normatividad aplicable en la materia, 05 días posteriores al reintegro mencionado. El “SEDIF” debe solicitar por escrito a la "DGCFPPIFPSV", las líneas de captura, correspondientes a los reintegros señalados en el párrafo que antecede. Dichas líneas de captura deberán estar liquidadas dentro del plazo establecido e informar a la "DGCFPPIFPSV", y al ámbito local que corresponda, cuando haya realizado los reintegros correspondientes. Los recursos deberán estar debidamente devengados y/o comprometidos a más tardar el 31 de diciembre de 2026, por lo que la "DGCFPPIFPSV" recibirá los informes finales acorde al proyecto aprobado en el término establecido en la fracción VI de la presente clausula. XIII. No ceder a terceras personas físicas o morales, los derechos y obligaciones derivadas de este Convenio de Coordinación. XIV. Responder de los defectos y vicios que pudieran tener, por inobservancia o negligencia, de los trabajos de infraestructura realizados durante el Proyecto, así como asumir la responsabilidad con terceros y sus respectivas indemnizaciones. XV. No establecer ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos y abstenerse de efectuar actividades político-partidistas, así como abstenerse de realizar proselitismo o propaganda con fines religiosos. XVI. Ser responsable del manejo, guarda y custodia de los materiales, insumos y recursos humanos necesarios para la ejecución del proyecto. XVII. Solventar las observaciones y requerimientos realizados por la "DGCFPPIFPSV", derivados de la revisión de los Informes señalados en la presente cláusula en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles contados a partir de que se le notifique al correo electrónico proporcionado por el "SEDIF" para tal efecto. XVIII. Responder de las comprobaciones periódicas y finales necesarias, que les sean requeridas por las instancias fiscalizadoras correspondientes, de los recursos federales transferidos en calidad de Subsidio. XIX. Reportar los avances correspondientes en el SRFT de la SHCP de acuerdo con las fechas establecidas y en cumplimiento a los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 939 XX. Llevar a cabo el registro de personas atendidas en el establecimiento asistencial beneficiado, conforme a los artículos 29, fracción III de la Ley de Migración; 111, fracción II de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 17, fracción VII; y 32, fracción VII del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y/o a través del medio que determine la "DGCFPPIFPSV". XXI. En los casos específicos en que los proyectos aprobados contemplen: Centros de Asistencia Social; Establecimientos Asistenciales; Centros de Servicios de Cuidados; y/o Lugares Habilitados y que brinden atención, alojamiento, cuidados alternativos y/o acogimiento residencial, que consideren la atención de población sujeta de asistencia social en días y horas inhábiles, y que se configure como una causa justificada para habilitar dichos días inhábiles para ello requeridos, deberán realizar la habilitación de las horas y días considerados como inhábiles por el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y en correlación a lo establecido en los artículos 4 y 30, segundo párrafo, de dicha Ley; atendiendo a la normativa de procedimiento administrativo correspondiente en cada Entidad Federativa, garantizando en todo momento la prestación continua e ininterrumpida de los servicios inherentes a su operación, durante las veinticuatro horas del día, todos los días de la semana, conforme a la naturaleza de acogimiento residencial y protección integral. Por cuanto hace a los Centros de Asistencia Social, Establecimientos Asistenciales, Centros de Servicios de Cuidados y/o Lugares Habilitados que contemplen la atención, alojamiento, cuidados alternativos y/o acogimiento residencial de niñas, niños y adolescentes en contexto de migración, deberán contar con la autorización, habilitación y condiciones necesarias para la atención integral y protección de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de migración, observando en todo momento el principio del interés superior de la niñez, los estándares de protección especializada, sujetándose de manera obligatoria a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se autoriza la habilitación de espacios de alojamiento para los cuidados alternativos y/o acogimiento residencial de niñas, niños y adolescentes en contexto de migración, así como de los días inhábiles requeridos para los actos administrativos correspondientes a dicha protección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2021, debiendo operar bajo el mismo esquema de continuidad. XXII. Garantizar el adecuado funcionamiento de los Establecimientos Asistenciales y espacios destinados a la atención de personas sujetas de asistencia social, observando lo dispuesto en los artículos 2, 37 y 39 de la Ley General de Protección Civil, así como en los artículos 74 y 75 de su Reglamento, y demás normas oficiales mexicanas aplicables en la materia, a fin de que los establecimientos asistenciales cuenten con las condiciones adecuadas de seguridad y protección civil, implementando, manteniendo o fortaleciendo las medidas, equipamiento y acciones necesarias para la prevención, mitigación y control de riesgos, independientemente de la vertiente de los recursos autorizados en el marco del presente instrumento. XXIII. Contar con el Reglamento Interno del Establecimiento Asistencial, el cual deberá contemplar, de manera enunciativa más no limitativa, el régimen de disciplina y funcionamiento operativo, contando con la validación previa de la “PFPNNA”. Lo anterior, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 111, fracción IV de la “Ley General”, así como por la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para Niñas, Niños y Adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, o aquella que la substituya. SÉPTIMA. COMPROMISOS CONJUNTOS DE "LAS PARTES". Para dar cumplimiento al objeto y alcances del presente Convenio de Coordinación se comprometen a: I. Realizar los procedimientos administrativos cuando así se requiera, en estricto apego a la Ley de Asistencia Social, Ley de Migración, la “Ley General”, los Planes de Restitución de Derechos que emita la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y/o las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la demás normatividad aplicable vigente. II. Actuar atendiendo al principio de interés superior de la niñez. III. Los Centros de Asistencia Social, Establecimientos Asistenciales, Centros de Servicios de Cuidados y/o Lugares Habilitados que participen en la ejecución del presente Convenio de Coordinación deberán sujetarse de manera obligatoria, a lo dispuesto en el “ACUERDO” y a las demás disposiciones normativas aplicables en la materia, cuando se traten de Proyectos que contemplen la atención, alojamiento, cuidados alternativos y/o acogimiento residencial de Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de migración. IV. Atender los requerimientos, auditorías, recomendaciones y observaciones que determinen las instancias fiscalizadoras. 940 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 OCTAVA. DESIGNACIÓN DE LOS ENLACES. "LAS PARTES" convienen designar como enlaces del presente Convenio de Coordinación, a las siguientes personas: a) Por el “SNDIF” a través de la “DGCFPPIFPSV” o a quien ésta designe. b) Por el “SEDIF”, a través de la persona titular de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, o a quien ésta designe. Los enlaces deberán contar con capacidad de decisión por cada parte, mismos que estarán pendientes del cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación, así como de quienes serán responsables de atender los requerimientos que realicen “LAS PARTES”. NOVENA. VIGENCIA. La vigencia del presente Convenio de Coordinación será a partir de su fecha de suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2026. DÉCIMA. MODIFICACIONES. En caso de ser necesario, el presente Convenio de Coordinación podrá ser modificado o adicionado durante su vigencia, mediante la celebración del Convenio Modificatorio respectivo, "LAS PARTES" acuerdan que estas modificaciones procederán siempre que se hagan por escrito. Las modificaciones o adiciones pasarán a formar parte integrante de este instrumento. DÉCIMA PRIMERA. CASO FORTUITO. Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, en especial los que provoquen la suspensión de las actividades que se realicen con motivo del cumplimiento del presente Convenio de Coordinación, por lo que una vez que desaparezcan las causas que suscitaron su interrupción, se procederá a reanudar las acciones en la forma y términos acordados por "LAS PARTES". DÉCIMA SEGUNDA. RESCISIÓN. "LAS PARTES" están de acuerdo en que serán causas de rescisión sin responsabilidad para el "SNDIF", las siguientes: I. Cuando la “DGCFPPIFPSV” tenga conocimiento, durante la revisión de los informes trimestrales de avances financieros físicos y de metas de los Proyectos, que el “SEDIF” no realizó la comprobación del cumplimiento de las metas u objetivos o no justificó el retraso de dichos proyectos, le requerirá que subsane el incumplimiento, en caso de no hacerlo, la “DGCFPPIFPSV” rescindirá el Convenio de Coordinación. II. Que el “SEDIF” no acepte la realización de visitas de campo cuando así lo soliciten el "SNDIF", los Órganos Fiscalizadores Federales competentes o cualquier otra autoridad competente o autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos. III. Que el “SEDIF” no entregue a la "DGCFPPIFPSV" los informes y la documentación que acredite los avances y la conclusión de los compromisos y conceptos del Proyecto, en los tiempos establecidos en el presente convenio de coordinación. IV. Cuando el órgano de fiscalización detecte desviaciones o incumplimientos en el ejercicio de los apoyos, y sean notificados a la “DGCFPPIFPSV”. El "SEDIF" acepta que, ante la rescisión operará la cancelación de la entrega de los apoyos, y reintegrará a la Tesorería de la Federación, los recursos otorgados o su parte proporcional, según corresponda, así como los intereses y rendimientos generados, tal y como está asentado en los párrafos segundo y tercero de la fracción XII de la Cláusula Sexta, sin perjuicio de que el "SNDIF" dé vista a las autoridades competentes, respecto de las responsabilidades que pudieran actualizarse. La rescisión a la que se refiere esta cláusula se realizará sin necesidad de declaración judicial previa, sólo bastará con la notificación que haga el "SNDIF" en ese sentido, por la causal que corresponda. DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. "LAS PARTES" podrán dar por terminado anticipadamente el presente instrumento, mediante el convenio respectivo, suscrito por quienes en éste actúan, cuando así lo solicite cualquiera de “LAS PARTES”, mediante escrito libre que contenga una manifestación explícita de que se desea terminar anticipadamente el presente Convenio de Coordinación, con los datos generales de la parte que así lo desea, por lo menos con 30 (treinta) días hábiles de antelación, en el entendido de que las actividades que se encuentren en ejecución, deberán ser concluidas salvo acuerdo en contrario. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 941 Así mismo, dado que las obligaciones y facultades establecidas por la normatividad materia del presente Convenio de Coordinación, no se interrumpen debido a la terminación del presente instrumento, las acciones que desplieguen "LAS PARTES" deberán de realizarse en estricta observancia de dichas normas y de las demás relativas en la materia. En este caso el "SEDIF" deberá realizar la devolución a la Tesorería de la Federación de los recursos no devengados a la fecha en que se presente la terminación, así como de sus posibles rendimientos, tal y como está asentado en los párrafos segundo y tercero de la fracción XII de la Cláusula Sexta. DÉCIMA CUARTA. COMUNICACIONES. Los avisos y comunicaciones entre "LAS PARTES", deberán realizarse por escrito debidamente signado por las personas que firman el presente instrumento o por conducto de las personas designadas como enlaces de seguimiento, por medio electrónico o por la vía más expedita de la cual obre constancia. DÉCIMA QUINTA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. "LAS PARTES" se obligan a respetar el principio de confidencialidad y reserva, respecto de la información que manejen o lleguen a producir con motivo del presente instrumento, así como a tratarla en estricto apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad que en materia aplique. Derivado de lo anterior, "LAS PARTES" están conformes en que, para publicar información y documentos relacionados con el objeto del presente instrumento, se deberá contar con el consentimiento y aprobación de cada una de ellas. DÉCIMA SEXTA. RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" convienen en que el personal seleccionado para la realización y cumplimiento del objeto del presente instrumento se entenderá relacionado exclusivamente con aquélla que lo contrató. Por ende, asumirán su responsabilidad por este concepto y en ningún caso serán considerados patrones solidarios o sustitutos, aclarando que cada una de "LAS PARTES" que intervienen en este Convenio de Coordinación, afrontará la responsabilidad que derive de las relaciones de trabajo que se establezcan con sus trabajadores. DÉCIMA SÉPTIMA. USO DE LOGOTIPOS. "LAS PARTES" acuerdan que se podrá usar el nombre y logotipo de cada una de ellas, sólo en los casos relacionados con las actividades derivadas del presente Convenio de Coordinación y sujetos a consentimiento previo y por escrito de cada una de "LAS PARTES". El nombre, logo y emblema de cualquiera de ellas podrán reproducirse únicamente de la manera que se estipule en el presente instrumento o acuerdo establecido para ello. DÉCIMA OCTAVA. EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDADES. "LAS PARTES" realizarán las actividades y procedimientos específicos que tengan a bien establecer de manera profesional y bajo su más estricta responsabilidad, sin que ello implique una relación de subordinación de cualquier parte hacia la otra. DÉCIMA NOVENA. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. "LAS PARTES" manifiestan que el presente Convenio de Coordinación es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones posibles para el debido cumplimiento de éste, en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o ejecución, respecto de asuntos que no se encuentren expresamente previstos en las cláusulas correspondientes, "LAS PARTES" resolverán conforme al numeral 19 de los "Criterios". En caso de persistir controversia para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, así como para aquello que no esté expresamente estipulado, "LAS PARTES" se someterán a la aplicación de las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México. VIGÉSIMA. PUBLICACIÓN. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley de Planeación y 224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en atención a los criterios de transparencia y rendición de cuentas, el presente Convenio de Coordinación será publicado en el Diario Oficial de la Federación. Leído el presente por "LAS PARTES" y conocedoras de su fuerza y alcance legal, lo firman en la Ciudad de México, el 30 de abril de 2026, en seis ejemplares originales.- Por el SNDIF: Directora General de Coordinación y Fomento a Políticas para la Primera Infancia, Familias y Población en Situación de Vulnerabilidad, Lcda. Rosalía Tostado Benítez.- Rúbrica.- Asistencia: Directora de Seguimiento a la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, Lcda. Yeni Fernanda Neri Reséndiz.- Rúbrica.- Por el SEDIF: Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, Licda. Beatriz Rojas Martínez.- Rúbrica.- Asistencia: Director Ejecutivo de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, Lic. Rafael Bustamante Martínez.- Rúbrica.- Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas, Lcda. María Concepción Hernández Nava.- Rúbrica. 942 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 CONVENIO de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, para el fortalecimiento para niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana, 2026, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Salud.- Secretaría de Salud.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. CONVENIO DE COORDINACIÓN No. SNDIF/DGAJ-C/069/2026 CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA EL FORTALECIMIENTO PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA, 2026, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN ADELANTE EL "SNDIF", A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y FOMENTO A POLÍTICAS PARA LA PRIMERA INFANCIA, FAMILIAS Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, REFERIDA EN ADELANTE COMO "DGCFPPIFPSV", REPRESENTADA POR LA LCDA. ROSALÍA TOSTADO BENÍTEZ, DIRECTORA GENERAL, ASISTIDA POR LA LCDA. YENI FERNANDA NERI RESÉNDIZ, DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL Y, POR LA OTRA, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS, EN ADELANTE REFERIDO COMO EL "SEDIF", REPRESENTADO POR EL LIC. JORGE ERIK ALQUICIRA CEDILLO, DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR LA MTRA. KENIA LUGO DELGADO, PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA; A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: ANTECEDENTES I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en sus artículos 1°, párrafos primero y tercero y, 4º, párrafo noveno, que en este país, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; asimismo, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, pues este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. II. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, ratificada por el Estado mexicano el 21 de septiembre de 1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, señala en su artículo 3º, que en todas las medidas concernientes a los niños, que toman las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá, será el interés superior de la niñez. Esta Convención también establece, en su artículo 4º, la obligación para que los Estados parte adopten las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la misma. III. El 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo sucesivo la "Ley General", que tiene por objeto el reconocer a Niñas, Niños y Adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Específicamente en relación a la niñez migrante, la "Ley General" establece, en su artículo 89, las medidas especiales de protección que las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios correspondientes a Niñas, Niños y Adolescentes en situación de migración, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria, teniendo el principio del interés superior de la niñez como la consideración primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos, asimismo, refiere, en su artículo 94, que, para garantizar la protección integral de los derechos, los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF, concurrente y/o coincidentemente, habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a Niñas, Niños y Adolescentes migrantes, asimismo, conforme al artículo 117, fracción XI, en relación con el artículo 118, fracción XII, y el artículo 119, fracción IX, los órdenes de gobierno deben coordinarse para la implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de dicha Ley. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 943 IV. De igual forma, la "Ley General" establece en su artículo 120, fracciones II y III, que son atribuciones del "SNDIF", entre otras: impulsar la cooperación y coordinación de las autoridades del orden federal, de las entidades federativas, del municipio y de las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección y restitución de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estableciendo los mecanismos necesarios para ello y celebrar convenios de colaboración con los sistemas de las entidades federativas y los sistemas municipales, así como con organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social. V. El 11 de noviembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en materia de infancia migrante. En este sentido, la Ley de Migración establece, en sus artículos 95, 98, 99 y 112, que ninguna niña, niño o adolescente, deberá ingresar en una estación migratoria y que se otorgará de inmediato por el Instituto Nacional de Migración en adelante el "INM", como medida de carácter temporal, la condición de estancia de visitante por razones humanitarias, misma que no estará sujeta a la presentación de documentación ni pago de derecho alguno. Siendo que el "SNDIF", cuenta con la atribución de participar y reforzar las acciones de coordinación para la implementación de la política nacional de atención a la niñez en contexto de migración, ello se hará mediante ayudas focalizadas a los grupos de Niñas, Niños y Adolescentes, acompañados, no acompañados y separados, mediante mecanismos de otorgamiento de recursos para financiar los Proyectos, enfocados principalmente en el fortalecimiento de la operación de Centros de Asistencia Social y Establecimientos Asistenciales, así como de su infraestructura de alojamiento temporal, acogimiento residencial, cuidados alternativos y acciones de intervención de retornos asistidos, y las que corresponden a la participación de las Procuradurías Federal y Local de Protección en materia de representación jurídica y restitución de derechos, para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados, a través del mantenimiento, el reacondicionamiento, la habilitación, la ampliación, la remodelación, la rehabilitación, el equipamiento y/o el reequipamiento de espacios de alojamiento u otras estrategias de trabajo que resulten relevantes para mitigar la situación de vulnerabilidad de los NNA migrantes, así como el otorgamiento de cuidados de hidratación, alimentación, higiene, atención sanitaria, entre otros, hasta en tanto se resuelve su situación migratoria en el procedimiento administrativo migratorio y, en su caso, cuando así corresponda al interés superior de la niñez, los correspondientes retornos asistidos o en su caso realizar los acompañamientos para aquellos casos en que se detecte que la niñez migrante requiera de alguna protección complementaria y/o la representación jurídica para la obtención de la condición de refugiado o asilo político. VI. El 17 de febrero de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se autoriza la habilitación de espacios de alojamiento para los cuidados alternativos y/o acogimiento residencial de Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de migración, así como de los días inhábiles requeridos para los actos administrativos correspondientes a dicha protección, en adelante el “ACUERDO”, instrumento que regula la habilitación formal y la operación continua de espacios destinados a la atención de Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de migración por parte de los Sistemas DIF. VII. Que, tratándose de un sector vulnerable de la población en México como los son las jornaleras y jornaleros agrícolas, podrá advertirse que el mercado laboral en el sector primario es complejo, siendo donde interactúa, la oferta de la mano de obra necesitada y la demanda de las empresas agrícolas. Es importante plantear que las jornaleras y jornaleros de los que se refiere son mexicanos, por lo tanto, el marco jurídico establecido en el país garantiza el respeto a sus derechos sociales, laborales y económicos a ellos y a sus familias que con su trabajo pretenden tener mejores condiciones de vida. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en sus artículos 2, 3, 4 y el 123, entre otros, los derechos de identidad e inclusión, educación, vivienda, salud, un medio ambiente adecuado, pero principalmente los derechos laborales. La Ley Federal del Trabajo en su contenido menciona la regulación que debe regir a los jornaleros agrícolas, respecto a las actividades que desarrollan en el campo por los preceptos de jornada, salario mínimo, trabajo de menores y mujeres. Motivo de lo anterior, se tiene que las hijas e hijos de madres y padres jornaleras y jornaleros, tienen el derecho a ser sujetos de asistencia social, en espacios que brinden la atención adecuada, hasta en tanto sus padres cumplen con su jornada laboral. 944 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 VIII. Que, el artículo 3.º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores las define como aquellas de 60 años o más que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional sin embargo, en la metodología de la medición de la pobreza desarrollada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) quedan definidas como la población que tiene 65 años o más pues, según la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a partir de esa edad es que se tiene acceso a las prestaciones del seguro por vejez. En 2020, según el Censo de Población y Vivienda, México contaba con 10.3 millones de personas adultas mayores, 4.7 millones eran hombres y 5.6 millones eran mujeres. En 2022, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), había 12.6 millones de personas adultas mayores, de los cuales 5.6 millones eran hombres y 7.0 millones eran mujeres. De estas, 4.5 millones de personas adultas mayores estaban en situación de pobreza en 2018, equivalente a 43.2 %, proporción que en 2022 pasó a 31.1 %, es decir, a 3.9 millones de personas, lo que hace necesario que el Estado mexicano fortalezca la acciones en materia de acceso a servicios de asistencia social dirigidas a la población adulta mayor. IX. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay aproximadamente 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa un 4.9% de la población total del país, de las cuales aproximadamente el 53% son mujeres y el 47% son hombres, en el mismo censo se precisa que, en México residen aproximadamente 29.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años y de esta población, poco más de 580 mil (2.0%) presenta alguna discapacidad, por lo que de la misma forma los Sistemas DIF se encuentran ante una oportunidad para procurar la atención de las necesidades de personas sujetas de asistencia social, como lo son las personas con algún tipo de discapacidad. X. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto del "SNDIF" informó mediante oficio No. 272 000 00/0731/2025 el presupuesto asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ese Sistema Nacional, en donde se establece la asignación del Apoyo para el fortalecimiento de las acciones institucionales en materia de atención a las personas sujetas de la Asistencia Social, que ameriten la intervención inmediata de los Sistemas Nacional, Estatales, y Municipales, para el Desarrollo Integral de la Familia, Procuraduría Federal, Local u otra Institución Gubernamental. XI. Con fecha 23 de junio de 2021, se celebró la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del "SNDIF", en donde mediante Acuerdo 03/EXT.01/2021 se aprobó la emisión y publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Criterios para la Asignación y Transferencia de Apoyos para el Fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia integrados en el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública en materia de sus Acciones de Intervención relativas a la Niñez en contexto de migración y a la población sujeta de asistencia social en adelante "Criterios", cuyo objeto fue establecer las bases para la transferencia de subsidios y/o Apoyos del SNDIF a los SEDIF/SMDIF, Procuraduría Federal, Local u otra Institución Gubernamental a efecto de impulsar el fortalecimiento de operación, así como, de la infraestructura para el alojamiento temporal, acogimiento residencial, cuidados alternativos y acciones de intervención en retornos asistidos de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de migración y de sus familiares acompañantes El 20 de abril de 2022, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifica la denominación y se reforma y adiciona en su contenido el Acuerdo por el que se expiden los Criterios para la transferencia de apoyos para el fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia integrados en el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública en materia de sus acciones de intervención relativas a la niñez migrante. Por otra parte, el 29 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un extracto de la modificación, reforma y adición al Acuerdo por el que expiden los Criterios para la asignación y transferencia de apoyos para el fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia integrados en el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública en materia de sus acciones de intervención relativas a la niñez en contexto de migración El 30 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un extracto de la modificación, reforma y adición al Acuerdo de modificación de los Criterios para la asignación y transferencia de apoyos para el fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia integrados en el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública en materia de sus acciones de intervención relativas a la niñez en contexto de migración, para quedar como sigue: Criterios para la asignación y transferencia de apoyos para el fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia integrados en el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública en materia de sus acciones de intervención relativas a la niñez y adolescencia, incluidas las que se encuentran en contexto de migración y a la población sujeta de asistencia social. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 945 Finalmente, el 26 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un extracto de la modificación, reforma y adición al "Acuerdo" por el que se expiden los "Criterios para la Asignación y Transferencia de Apoyos para el Fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia que forman parte del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública, en Materia de sus Acciones de Intervención Dirigidas a la Población Sujeta de Asistencia Social". Esta modificación tiene como objetivo establecer las bases para la transferencia de subsidios a los SEDIF, Municipios, Procuradurías de Protección en el orden local e Instituciones Gubernamentales, con el fin de impulsar el fortalecimiento de la infraestructura, operación y el uso de establecimientos asistenciales, así como, espacios habilitados para la atención integral de personas sujetas de asistencia social. Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan sujetar sus compromisos conforme a las siguientes: DECLARACIONES I. Declara el "SNDIF": I.1 Que es un organismo público descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios, normado por la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 7 de febrero de 1984 y 2 de septiembre de 2004, respectivamente, así como lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2024. I.2 Que tiene entre sus objetivos la promoción y coordinación de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables; y que, entre sus atribuciones y funciones, actúa en coordinación con entidades y dependencias federales, locales y municipales en el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios, y la realización de acciones en la materia. I.3 Que dentro de su estructura orgánica, cuenta con la "DGCFPPIFPSV" unidad administrativa que forma parte de la Unidad de Atención a Población Vulnerable "UAPV", y que dentro de sus atribuciones, se encuentran las de diseñar, gestionar o coordinar las políticas públicas y las acciones concernientes a los servicios de asistencia social, que se consideren primordiales para el beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente de NNA en situación de migración acompañados y no acompañados, conforme a lo previsto en la normatividad aplicable, así como apoyar, en el marco de sus atribuciones, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y coadyuvar con los sectores público, privado y social en la atención integral de NNA y personas en situación de vulnerabilidad. Para efectos administrativos y normativos, se establece que la Dirección General de Proyectos Especiales de Atención a Población Vulnerable, señalada en el artículo 28 del Estatuto Orgánico del SNDIF publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2024, corresponde a la misma Unidad Administrativa que la Dirección General de Coordinación y Fomento a Políticas para la Primera Infancia, Familias y Población en Situación de Vulnerabilidad. Dicha equivalencia se reconoce en virtud del trámite de cambio de denominación actualmente en proceso, conforme a lo señalado en la Circular 270.000.00/0005/2025 de fecha 11 de febrero de 2025 emitida por la Titular de la Unidad de Administración y Finanzas del SNDIF, por lo que cualquier referencia a ambas denominaciones deberá entenderse como la establecida en el artículo 28 del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2024. I.4 Que con fecha 5 de febrero de 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que la Jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable delega en la persona Titular de la Dirección General de Coordinación y Fomento a Políticas para la Primera Infancia, Familias y Población en Situación de Vulnerabilidad diversas facultades estatutarias, por lo que esa Dirección General cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Coordinación y obligarse al cumplimiento del mismo. Por todo lo anterior, el presente Convenio se firma con fundamento en el artículo primero del Acuerdo, artículos 24 fracciones II, IX y XXI, 28 fracciones IX, IX bis, XVII y XVIII del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2024. I.5 Que de conformidad con el oficio No. 272 000 00/0213/2026 emitido por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, cuenta con suficiencia presupuestal con cargo a la partida 43801 "Subsidios a Entidades Federativas y Municipios" del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, vigente. 946 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 I.6 Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 de los “Criterios”, se establece que el Comité de Proyectos, en adelante el “Comité”, es el Órgano colegiado encargado de aprobar los proyectos previamente revisados por la “DGCFPPIFPSV” para la transferencia de recursos presentados por los solicitantes y que cumplan los requisitos establecidos en los “Criterios” y en la respectiva convocatoria. I.7 Que su Registro Federal de Contribuyentes, expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el alfanumérico: SND7701134L0. I.8 Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación, manifiesta que su domicilio es el ubicado en Av. Emiliano Zapata, Número 340, Col. Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Convenio de Coordinación. II. Declara el "SEDIF": II.1 Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo establecido en los artículos 46, 78 y 104 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; 15 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, y 6 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos. II.2 Que de conformidad con los artículos 6,7 y 8 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Estado de Morelos, entre sus objetivos se encuentran: cumplir con los objetivos contemplados en el artículo 16 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana del Estado de Morelos; y Establecer relaciones de coordinación o colaboración con las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, de la Administración Pública Centralizada o Paraestatal y los sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de interés común en materia de Asistencia Social. II.3 Que, dentro de su estructura orgánica, cuenta con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Morelos, la cual cuenta con las atribuciones contempladas en el artículo 35 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos; y de más relativas y aplicables. II.4 Que el Lic. Jorge Erik Alquicira Cedillo, fue nombrado Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, a partir del 17 de febrero de 2025, de conformidad con el nombramiento emitido por la C. Margarita González Saravia Calderón, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, con fundamento en los artículos 70 fracción IV y 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y los artículos 3, 6, 9 fracción VIII, 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; el artículo 29 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos; y el artículo 21 del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, por lo que cuenta con las facultades para actuar en representación del organismo II.5 Que su Registro Federal de Contribuyentes, expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el alfanumérico: SDI820427TH6. II.6 Que, para los efectos de este Convenio de Coordinación, señala como su domicilio el ubicado en Calle Las Quintas #15, Col. Cantarranas, C.P. 62448, Cuernavaca, Morelos. II.7 Que, proporciona el correo electrónico direcciongeneral@difmorelos.com, en el cual, de acuerdo con las condiciones específicas podrá ser notificado de cualquier circunstancia derivada de la suscripción del presente instrumento. III. Declaran conjuntamente "LAS PARTES": III.1 Que se reconocen la personalidad jurídica y capacidad legal con la que se ostentan sus representantes, mismas que al momento de suscribir el presente Convenio de Coordinación, no les han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna. III.2 Que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Coordinación en términos de los artículos 28, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Planeación, 75, 82, 83 y demás relativos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que en su suscripción no existe error, dolo, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que vulnere su libre voluntad y pueda ser causa de nulidad. III.3 Que reconocen la certeza y validez de las declaraciones contenidas en este instrumento y están conformes con las mismas. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 947 Una vez declarado lo anterior, "LAS PARTES" convienen sujetar su colaboración en términos de las siguientes: CLÁUSULAS PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio de Coordinación es establecer las bases y procedimientos de coordinación entre "LAS PARTES" para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios y la ejecución del Proyecto denominado “FORTALECIMIENTO PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA, 2026”, en el Estado de Morelos, aprobado mediante Acuerdo SNDIF/CP/AC/2026/SE-01/003, identificado con número de clave del proyecto PROY-CC-2026-026por el Comité de Proyectos del “SNDIF” en el marco de la "Ley General", Ley de Asistencia Social, Ley de Migración, los "Criterios" y la demás normatividad aplicable. SEGUNDA. ALCANCES. "LAS PARTES" acuerdan que el Proyecto, forma parte integrante de este instrumento. El Proyecto que se realice con este recurso, no podrá ser cedido, concesionado, modificado, ni enajenado para su operación y deberá aplicarse únicamente en el Centro Asistencial autorizado, en términos de los "Criterios", y en la Dirección Administrativa y Postal que se indica en el presente Convenio de Coordinación. TERCERA. CUENTA BANCARIA. Los recursos que proporcione el "SNDIF" se ejercerán por medio de una cuenta bancaria productiva que el "SEDIF" se obliga a abrir de manera especial y exclusiva para la administración de los recursos federales materia del presente instrumento, a través de su Secretaría de Finanzas o su equivalente en la entidad federativa, con el fin de que se distinga contablemente su origen e identifique que las erogaciones correspondan a los fines del Proyecto, de conformidad con lo señalado en el quinto párrafo del artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El “SEDIF” deberá entregar al "SNDIF" la documentación establecida en el numeral 10, fracción II de los “Criterios”, para efectos de la asignación y aportación de los recursos federales con carácter de subsidios, la cual formará parte de este Convenio de Coordinación como Anexo. La Secretaría de Finanzas o su equivalente en la entidad federativa, deberá emitir el recibo correspondiente al ingreso de los recursos transferidos por el "SNDIF", mismo que deberá remitirse a más tardar en los siguientes cinco (5) días hábiles al "SNDIF", posteriores a su recepción de conformidad con lo establecido en los "Criterios", como en el presente Convenio de Coordinación y deberá contener lo siguiente: I. Estar expedido a nombre del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. II. Contener el Registro Federal de Contribuyentes: SND7701134L0. III. Incluir la fecha de emisión, fecha de recepción de los recursos, nombre del Proyecto y el importe de la ministración. CUARTA. VISITAS DE CAMPO CON FINES INFORMATIVOS E INFORMES DE AVANCE DE PROYECTOS DEL "SNDIF". "LAS PARTES" están de acuerdo, que la “DGCFPPIFPSV” solicite información y/o realice visitas aleatorias de monitoreo al establecimiento asistencial, o espacio en donde se desarrolla el proyecto, con el fin de conocer el estado que guarda el mismo. Dichas visitas tendrán un carácter exclusivamente de monitoreo y no constituirán actos de supervisión, inspección o auditoría. Así mismo, las visitas podrán realizarse de manera presencial o a través de medios remotos o virtuales; El "SEDIF" remitirá a la “DGCFPPIFPSV”, informes trimestrales en medio electrónico, dos (2) días hábiles posteriores a que se cuente con la información validada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), de conformidad con las fechas que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Los informes deberán incluir entre otra información, los avances físicos, de metas y financieros. La “DGCFPPIFPSV” revisará el informe final de avances, físicos, de metas y financieros, [este último de conformidad con el Sistema de Recursos Federales Transferidos establecido por la SHCP], remitidos por los Beneficiarios de forma electrónica a la “DGCFPPIFPSV”, de acuerdo a las fechas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 948 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 QUINTA. OBLIGACIONES DEL "SNDIF": I. Asignar y aportar los recursos federales con carácter de subsidios, por la cantidad total de $1,966,778.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), misma que se otorgará de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y posterior a la firma de este instrumento, previa documentación que para tal efecto proporcione el "SEDIF", los recursos señalados en la presente cláusula serán destinados única y exclusivamente para el desarrollo del Proyecto autorizado por el “Comité” y agregado como anexo al presente Convenio de Coordinación. II. Determinar, a través de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Unidad de Administración y Finanzas, el mecanismo por el cual se proporcionará la cantidad que se menciona en la fracción I de la presente cláusula, de conformidad con las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en términos de la normatividad vigente en la materia. III. Dar seguimiento al proyecto en los términos de la cláusula anterior a través de la "DGCFPPIFPSV", sobre la ejecución del mismo. IV. En general, cumplir en todo momento con las disposiciones contenidas en los "Criterios". SEXTA. OBLIGACIONES DEL "SEDIF": I. Recibir y canalizar los recursos señalados en el presente Convenio de Coordinación, así como supervisar la ejecución y desarrollo de las actividades objeto del presente instrumento y que se realicen de acuerdo con lo señalado en los "Criterios" y demás normatividad aplicable. II. Aplicar en su totalidad los recursos señalados en este Convenio de Coordinación, garantizando la liberación expedita de los mismos, los cuales deberán destinarse, única y exclusivamente para los fines del Proyecto autorizado, debiendo cumplir con la normatividad de la entidad federativa en materia de Protección Civil. Asimismo, se deberán llevar a cabo todas las acciones tendientes a la verificación y comprobación de la correcta aplicación de los recursos presupuestarios asignados. III. Solicitar a la Secretaría de Finanzas u homóloga de la entidad federativa, recursos presupuestarios para mantener en operación el funcionamiento de los Proyectos señalados para los ejercicios fiscales subsecuentes. IV. Aceptar y facilitar la realización de toda clase de visitas de campo o reuniones de trabajo por parte del personal adscrito a la "DGCFPPIFPSV" y/o a quien esta designe, debidamente identificado; así como brindar oportunamente la documentación o información de los requerimientos que le sean formulados ya sea por el "SNDIF" y/o por parte de los diversos Órganos de Fiscalización. V. Asumir los compromisos de atender las recomendaciones al modelo de atención y cuidados en los Centros de Asistencia Social y Establecimientos Asistenciales y a los modelos para diagnósticos de derechos vulnerados, planes de restitución, medidas de protección que le sean emitas por unidades administrativas del "SNDIF”. VI. Los informes de avance de los Proyectos se harán de manera trimestral, así como el informe final, este último deberá entregarse en la misma fecha que corresponda al cuarto informe trimestral referido en la cláusula cuarta, segundo párrafo, de este mismo instrumento, debiendo contar con los comprobantes fiscales impresos y archivos electrónicos que amparen la adquisición y servicios para dar cumplimiento a las metas de acuerdo con el Proyecto, en términos de las disposiciones fiscales vigentes. VII. Administrar los recursos que reciban, así como comprobar, verificar y justificar, el destino del gasto de los recursos otorgados ante las instancias fiscalizadoras correspondientes, así como hacerse responsable de las sanciones acreditables en caso de que se le dé un uso distinto a ese recurso. VIII. En los eventos y actividades realizadas en el marco del Proyecto, ha de señalar expresamente que éste, forma parte del fondo de los Apoyos para la operación y habilitación de los Centros de Asistencia Social, Centros de Servicios de Cuidados, Establecimientos Asistenciales y Lugares Habilitados en términos de los "Criterios"; así como divulgar la participación y apoyo del Gobierno Federal a través del "SNDIF". Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 949 IX. Cumplir estricta y puntualmente con el contenido, alcances, objetivos y adquisiciones establecidos en el presente Convenio de Coordinación, el cual podrá modificar la composición de los porcentajes entre vertientes del proyecto, siempre que las características financieras de que se trate lo ameriten y siempre que dichas modificaciones, estén debidamente justificadas por el “SEDIF”, revisadas y autorizadas previamente por la "DGCFPPIFPSV", de conformidad con el numeral 18 fracción II de los "Criterios". X. Derivado de la asignación y aplicación de los recursos financieros que haya solicitado, fortalecer la operación de la infraestructura (solo en los casos previstos en los “Criterios”), a través, del mantenimiento, el reacondicionamiento, la habilitación, la ampliación, la remodelación, la rehabilitación, el equipamiento y/o el reequipamiento de espacios de alojamiento para la población sujeta de asistencia social. XI. Contar con un control de los gastos correspondientes al recurso recibido a través del fondo de apoyo para la ejecución del proyecto aprobado, así como obtener comprobantes fiscales de todo lo ejercido con los recursos del fondo que se otorgan en virtud de la suscripción de este instrumento. Los comprobantes fiscales deberán estar sujetos a lo establecido por el Código Fiscal de la Federación, para el caso, en que sean requeridos por autoridad competente. XII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos federales presupuestarios no comprobados o no devengados, al 31 de diciembre de 2026, incluyendo los rendimientos financieros generados, en las cuentas utilizadas para tal efecto, ya sean receptoras o ejecutoras, a más tardar el 15 de enero de 2027, sin necesidad de requerimiento previo por parte del “SNDIF”, en los términos que ordena el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y/o la normatividad aplicable; debiendo informarlo al "SNDIF", a través de la "DGCFPPIFPSV", de manera escrita así como estados de cuenta y/o reportes emitidos por la Institución Bancaria de conformidad con los "Criterios" y la normatividad aplicable en la materia, 05 días posteriores al reintegro mencionado. El “SEDIF” debe solicitar por escrito a la "DGCFPPIFPSV", las líneas de captura, correspondientes a los reintegros señalados en el párrafo que antecede. Dichas líneas de captura deberán estar liquidadas dentro del plazo establecido e informar a la "DGCFPPIFPSV", y al ámbito local que corresponda, cuando haya realizado los reintegros correspondientes. Los recursos deberán estar debidamente devengados y/o comprometidos a más tardar el 31 de diciembre de 2026, por lo que la "DGCFPPIFPSV" recibirá los informes finales acorde al proyecto aprobado en el término establecido en la fracción VI de la presente clausula. XIII. No ceder a terceras personas físicas o morales, los derechos y obligaciones derivadas de este Convenio de Coordinación. XIV. Responder de los defectos y vicios que pudieran tener, por inobservancia o negligencia, de los trabajos de infraestructura realizados durante el Proyecto, así como asumir la responsabilidad con terceros y sus respectivas indemnizaciones. XV. No establecer ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos y abstenerse de efectuar actividades político-partidistas, así como abstenerse de realizar proselitismo o propaganda con fines religiosos. XVI. Ser responsable del manejo, guarda y custodia de los materiales, insumos y recursos humanos necesarios para la ejecución del proyecto. XVII. Solventar las observaciones y requerimientos realizados por la "DGCFPPIFPSV", derivados de la revisión de los Informes señalados en la presente cláusula en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles contados a partir de que se le notifique al correo electrónico proporcionado por el "SEDIF" para tal efecto. XVIII. Responder de las comprobaciones periódicas y finales necesarias, que les sean requeridas por las instancias fiscalizadoras correspondientes, de los recursos federales transferidos en calidad de Subsidio. 950 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 XIX. Reportar los avances correspondientes en el SRFT de la SHCP de acuerdo con las fechas establecidas y en cumplimiento a los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. XX. Llevar a cabo el registro de personas atendidas en el establecimiento asistencial beneficiado, a través del medio que determine la "DGCFPPIFPSV". XXI. Garantizar que los Centros de Asistencia Social, Establecimientos Asistenciales, Centros de Servicios de Cuidados y/o Lugares Habilitados que participen en la ejecución del presente Convenio de Coordinación y que contemplen la atención, alojamiento, cuidados alternativos y/o acogimiento residencial de niñas, niños y adolescentes en contexto de migración, cuenten con la autorización, habilitación y condiciones necesarias para la atención integral y protección de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de migración, observando en todo momento el principio del interés superior de la niñez, los estándares de protección especializada y deberán sujetarse de manera obligatoria a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se autoriza la habilitación de espacios de alojamiento para los cuidados alternativos y/o acogimiento residencial de Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de migración, así como de los días inhábiles requeridos para los actos administrativos correspondientes a dicha protección, publicado en el Diario oficial de la Federación el 17 de febrero de 2021. XXII. Garantizar el adecuado funcionamiento de los Establecimientos Asistenciales y espacios destinados a la atención de personas sujetas de asistencia social, observando lo dispuesto en los artículos 2, 37 y 39 de la Ley General de Protección Civil, así como en los artículos 74 y 75 de su Reglamento, y demás normas oficiales mexicanas aplicables en la materia, a fin de que los establecimientos asistenciales cuenten con las condiciones adecuadas de seguridad y protección civil, implementando, manteniendo o fortaleciendo las medidas, equipamiento y acciones necesarias para la prevención, mitigación y control de riesgos, independientemente de la vertiente de los recursos autorizados en el marco del presente instrumento. XXIII. Contar con el Reglamento Interno del Establecimiento Asistencial, el cual deberá contemplar, de manera enunciativa más no limitativa, el régimen de disciplina y funcionamiento operativo, contando con la validación previa de la “PFPNNA”. Lo anterior, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 111, fracción IV de la “Ley General”, así como por la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para Niñas, Niños y Adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, o aquella que la substituya. SÉPTIMA. COMPROMISOS CONJUNTOS DE "LAS PARTES". Para dar cumplimiento al objeto y alcances del presente Convenio de Coordinación se comprometen a: I. Realizar los procedimientos administrativos cuando así se requiera, en estricto apego a la Ley de Asistencia Social, Ley de Migración, la “Ley General”, los Planes de Restitución de Derechos que emita la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y/o las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la demás normatividad aplicable vigente. II. Actuar atendiendo al principio de interés superior de la niñez. III. Los Centros de Asistencia Social, Establecimientos Asistenciales, Centros de Servicios de Cuidados y/o Lugares Habilitados que participen en la ejecución del presente Convenio de Coordinación deberán sujetarse de manera obligatoria, a lo dispuesto en el “ACUERDO” y a las demás disposiciones normativas aplicables en la materia, cuando se traten de Proyectos que contemplen la atención, alojamiento, cuidados alternativos y/o acogimiento residencial de Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de migración. IV. Atender los requerimientos, auditorias, recomendaciones y observaciones que determinen las instancias fiscalizadoras. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 951 OCTAVA. DESIGNACIÓN DE LOS ENLACES. "LAS PARTES" convienen designar como enlaces del presente Convenio de Coordinación, a las siguientes personas: a) Por el “SNDIF” a través de la “DGCFPPIFPSV” o a quien ésta designe. b) Por el “SEDIF”, a través dela persona titular de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, o a quien ésta designe. Los enlaces deberán contar con capacidad de decisión por cada parte, mismos que estarán pendientes del cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación, así como de quienes serán responsables de atender los requerimientos que realicen “LAS PARTES”. NOVENA. VIGENCIA. La vigencia del presente Convenio de Coordinación será a partir de su fecha de suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2026. DÉCIMA. MODIFICACIONES. En caso de ser necesario, el presente Convenio de Coordinación podrá ser modificado o adicionado durante su vigencia, mediante la celebración del Convenio Modificatorio respectivo, "LAS PARTES" acuerdan que estas modificaciones procederán siempre que se hagan por escrito. Las modificaciones o adiciones pasarán a formar parte integrante de este instrumento. DÉCIMA PRIMERA. CASO FORTUITO. Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, en especial los que provoquen la suspensión de las actividades que se realicen con motivo del cumplimiento del presente Convenio de Coordinación, por lo que una vez que desaparezcan las causas que suscitaron su interrupción, se procederá a reanudar las acciones en la forma y términos acordados por "LAS PARTES". DÉCIMA SEGUNDA. RESCISIÓN. "LAS PARTES" están de acuerdo en que serán causas de rescisión sin responsabilidad para el "SNDIF", las siguientes: I. Cuando la “DGCFPPIFPSV” tenga conocimiento, durante la revisión de los informes trimestrales de avances financieros físicos y de metas de los Proyectos, que el “SEDIF” no realizó la comprobación del cumplimiento de las metas u objetivos o no justificó el retraso de dichos proyectos, le requerirá que subsane el incumplimiento, en caso de no hacerlo, la “DGCFPPIFPSV” rescindirá el Convenio de Coordinación. II. Que el “SEDIF” no acepte la realización de visitas de campo cuando así lo soliciten el "SNDIF", los Órganos Fiscalizadores Federales competentes o cualquier otra autoridad competente o autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos. III. Que el “SEDIF” no entregue a la "DGCFPPIFPSV" los informes y la documentación que acredite los avances y la conclusión de los compromisos y conceptos del Proyecto, en los tiempos establecidos en el presente convenio de coordinación. IV. Cuando el órgano de fiscalización detecte desviaciones o incumplimientos en el ejercicio de los apoyos, y sean notificados a la “DGCFPPIFPSV”. El "SEDIF" acepta que, ante la rescisión operará la cancelación de la entrega de los apoyos, y reintegrará a la Tesorería de la Federación, los recursos otorgados o su parte proporcional, según corresponda, así como los intereses y rendimientos generados, tal y como está asentado en los párrafos segundo y tercero de la fracción XII de la Cláusula Sexta, sin perjuicio de que el "SNDIF" dé vista a las autoridades competentes, respecto de las responsabilidades que pudieran actualizarse. La rescisión a la que se refiere esta cláusula se realizará sin necesidad de declaración judicial previa, sólo bastará con la notificación que haga el "SNDIF" en ese sentido, por la causal que corresponda. DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. "LAS PARTES" podrán dar por terminado anticipadamente el presente instrumento, mediante el convenio respectivo, suscrito por quienes en éste actúan, cuando así lo solicite cualquiera de “LAS PARTES”, mediante escrito libre que contenga una manifestación explícita de que se desea terminar anticipadamente el presente Convenio de Coordinación, con los datos generales de la parte que así lo desea, por lo menos con 30 (treinta) días hábiles de antelación, en el entendido de que las actividades que se encuentren en ejecución, deberán ser concluidas salvo acuerdo en contrario. 952 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Así mismo, dado que las obligaciones y facultades establecidas por la normatividad materia del presente Convenio de Coordinación, no se interrumpen debido a la terminación del presente instrumento, las acciones que desplieguen "LAS PARTES" deberán de realizarse en estricta observancia de dichas normas y de las demás relativas en la materia. En este caso el "SEDIF" deberá realizar la devolución a la Tesorería de la Federación de los recursos no devengados a la fecha en que se presente la terminación, así como de sus posibles rendimientos, tal y como está asentado en los párrafos segundo y tercero de la fracción XII de la Cláusula Sexta. DÉCIMA CUARTA. COMUNICACIONES. Los avisos y comunicaciones entre "LAS PARTES", deberán realizarse por escrito debidamente signado por las personas que firman el presente instrumento o por conducto de las personas designadas como enlaces de seguimiento, por medio electrónico o por la vía más expedita de la cual obre constancia. DÉCIMA QUINTA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. "LAS PARTES" se obligan a respetar el principio de confidencialidad y reserva, respecto de la información que manejen o lleguen a producir con motivo del presente instrumento, así como a tratarla en estricto apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad que en materia aplique. Derivado de lo anterior, "LAS PARTES" están conformes en que, para publicar información y documentos relacionados con el objeto del presente instrumento, se deberá contar con el consentimiento y aprobación de cada una de ellas. DÉCIMA SEXTA. RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" convienen en que el personal seleccionado para la realización y cumplimiento del objeto del presente instrumento se entenderá relacionado exclusivamente con aquélla que lo contrató. Por ende, asumirán su responsabilidad por este concepto y en ningún caso serán considerados patrones solidarios o sustitutos, aclarando que cada una de "LAS PARTES" que intervienen en este Convenio de Coordinación, afrontará la responsabilidad que derive de las relaciones de trabajo que se establezcan con sus trabajadores. DÉCIMA SÉPTIMA. USO DE LOGOTIPOS. "LAS PARTES" acuerdan que se podrá usar el nombre y logotipo de cada una de ellas, sólo en los casos relacionados con las actividades derivadas del presente Convenio de Coordinación y sujetos a consentimiento previo y por escrito de cada una de "LAS PARTES". El nombre, logo y emblema de cualquiera de ellas podrán reproducirse únicamente de la manera que se estipule en el presente instrumento o acuerdo establecido para ello. DÉCIMA OCTAVA. EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDADES. "LAS PARTES" realizarán las actividades y procedimientos específicos que tengan a bien establecer de manera profesional y bajo su más estricta responsabilidad, sin que ello implique una relación de subordinación de cualquier parte hacia la otra. DÉCIMA NOVENA. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. "LAS PARTES" manifiestan que el presente Convenio de Coordinación es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones posibles para el debido cumplimiento de éste, en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o ejecución, respecto de asuntos que no se encuentren expresamente previstos en las cláusulas correspondientes, "LAS PARTES" resolverán conforme al numeral 19 de los "Criterios". En caso de persistir controversia para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, así como para aquello que no esté expresamente estipulado, "LAS PARTES" se someterán a la aplicación de las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México. VIGÉSIMA. PUBLICACIÓN. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley de Planeación y 224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en atención a los criterios de transparencia y rendición de cuentas, el presente Convenio de Coordinación será publicado en el Diario Oficial de la Federación. Leído el presente por "LAS PARTES" y conocedoras de su fuerza y alcance legal, lo firman en la Ciudad de México, el 16 de abril de 2026, en seis ejemplares originales.- Por el SNDIF: Directora General de Coordinación y Fomento a Políticas para la Primera Infancia, Familias y Población en Situación de Vulnerabilidad, Lcda. Rosalía Tostado Benítez.- Rúbrica.- Asistencia: Directora de Seguimiento a la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, Lcda. Yeni Fernanda Neri Reséndiz.- Rúbrica.- Por el SEDIF: Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, Lic. Jorge Erik Alquicira Cedillo.- Rúbrica.- Asistido: Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, Mtra. Kenia Lugo Delgado.- Rúbrica. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 953 PODER JUDICIAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 155/2024. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 155/2024 PROMOVENTE: PODER EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA PONENTE: MINISTRO IRVING ESPINOSA BETANZO SECRETARIA: CONSTANZA HERNÁNDEZ CARRILLO COLABORADORA: YURENI JUDIT RUIZ CERVANTES ÍNDICE TEMÁTICO Apartado Criterio y decisión Págs. I. COMPETENCIA El Tribunal Pleno es competente para conocer del presente asunto. 9 II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS Se tiene por impugnado el artículo 4 de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua. 10 III. OPORTUNIDAD El escrito inicial es oportuno. 10 IV. LEGITIMACIÓN El escrito inicial fue presentado por parte legitimada. 11 V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO La causal de improcedencia planteada por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua debe desestimarse 12 VI. ESTUDIO DE FONDO Este Tribunal Pleno propone declarar la invalidez del artículo 4 de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua derivado de que, ha sido criterio de este Alto Tribunal que los Congresos de las entidades federativas no cuentan con atribuciones para definir cuándo o cómo deben aplicarse supletoriamente las leyes generales. 13 VII. EFECTOS Se declara la invalidez del artículo 4 de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua, emitida mediante Decreto número LXVII/EXLEY/0881/2024 XIII P.E., publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el 24 de agosto de 2024. 22 VIII. DECISIÓN PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 4 de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua, expedida mediante Decreto número LXVII/EXLEY/0881/2024 XIII P.E., publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de agosto de dos mil veinticuatro. TERCERO. La declaración de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Chihuahua. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 23 954 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 155/2024 PROMOVENTE: PODER EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA VISTO BUENO SR. MINISTRO PONENTE: MINISTRO IRVING ESPINOSA BETANZO COTEJÓ SECRETARIA: CONSTANZA HERNÁNDEZ CARRILLO COLABORADORA: YURENI JUDIT RUIZ CERVANTES Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente: SENTENCIA Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 155/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, en contra del artículo 4 de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el veinticuatro de agosto de dos mil veinticuatro, mediante Decreto no. LXVII/EXLEY/0881/2024 XIII P.E. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA 1. Presentación del escrito inicial. Por escrito presentado el 23 de septiembre de 2024 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, en su carácter de entonces Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 24 de agosto de 2024, mediante Decreto No. LXVII/EXLEY/0881/2024 XIII P.E. La promovente señaló como órganos encargados de su emisión y promulgación al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, ambos del estado de Chihuahua. 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La promovente señaló como preceptos violados, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Conceptos de invalidez. La parte accionante expuso en su único concepto de invalidez, lo siguiente: a. El artículo 4 del decreto impugnado, que establece la supletoriedad de las disposiciones contenidas en los tratados internacionales que en la materia haya suscrito el Estado Mexicano, así como de las leyes federales y del marco normativo estatal aplicable, viola los principios de seguridad jurídica y legalidad tutelados por los artículos 14 y 16 constitucionales. b. El Congreso del Estado de Chihuahua establece en el artículo 4 de la ley impugnada un esquema de aplicación supletoria distinto al previsto en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pues dicho ordenamiento dispone en su artículo 1 que sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. c. La Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 184/20201, advirtió que, si bien el artículo 73 de la Constitución faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno y distribuya la competencia entre ellos, dicha ley constituye el fundamento de validez de la norma local, por lo que no puede ser al mismo tiempo supletoria, ya que es de observancia general en todo el territorio nacional y de aplicación directa para todas las entidades federativas. d. En ese sentido, las legislaturas locales no pueden regular la supletoriedad de leyes que son de observancia general en toda la República Mexicana, ni de normas con diverso ámbito de aplicación. Las entidades federativas no están facultadas para establecer un régimen de supletoriedad respecto de leyes generales o nacionales, pues son estas las que definen el contenido de las leyes locales. Además, el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar en determinadas materias, como ocurre en el caso, en materia de salubridad general. Tales consideraciones han sido reiteradas en las acciones de inconstitucionalidad 27/20222 y 169/20223. 1 Resuelto en sesión de 18 de mayo de 2021, por unanimidad de 11 votos. 2 Resuelta en sesión 7 de marzo de 2023, por unanimidad de 11 votos. 3 Resuelta en sesión de 12 de febrero de 2024, por unanimidad de 11 votos. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 955 e. Asimismo, se recuerda que la Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 113/2021 y su acumulada 115/20214, estableció que la aplicación supletoria de una ley respecto de otra es la relación que surge para integrar una omisión en la propia ley o para interpretar sus disposiciones, de modo que se complementen con otras normas o principios generales contenidos en leyes diversas. Por ello, debe declararse la invalidez del artículo 4 del decreto impugnado, al prever un marco de supletoriedad distinto al contenido en la norma general y de menor jerarquía, vulnerando los principios de legalidad y seguridad jurídica. 4. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante acuerdo de 23 de septiembre de 2024, se ordenó formar y registrar el expediente con el número 155/2024 y se ordenó turnar el asunto al entonces ministro Javier Laynez Potisek, para que instruyera en el procedimiento correspondiente. 5. Admisión y trámite. Por auto de 11 de octubre de 2024, el ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron la norma impugnada para que rindieran sus respectivos informes y requirió a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua. En cuanto al primero, ordenó enviar copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se haya aprobado y en las que conste la votación de los integrantes del órgano legislativo, así como las documentales relativas al proceder de consulta a personas con discapacidad. Por lo que respecta al segundo, solicitó un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial del Estado en el que se haya publicado el decreto cuya invalidez se reclama. Finalmente, corrió traslado a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación corresponda. 6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. El titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua emitió su informe en contestación a la demanda, en los siguientes términos: a. En cuanto a la norma cuya invalidez se reclama, se argumenta que su examen, discusión y aprobación son facultades conferidas a dicho poder, conforme a lo establecido en el artículo 64, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. b. En relación con lo señalado por la accionante, respecto a que se establece un esquema de supletoriedad distinto al previsto en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se sostiene que dicha ley general resulta omisa al no contemplar la supletoriedad en relación con los tratados internacionales, lo cual genera un contenido deficiente al no incorporar el principio de máxima protección para los grupos vulnerables, que constituyen precisamente el objeto primordial de dicha ley. c. En ese sentido, si el órgano legislativo nacional carece de competencia para desarrollar en una ley todos los avances en materia de derechos humanos, resulta necesario que normas como los tratados internacionales regulen dichos aspectos, a fin de evitar vacíos jurídicos. Entonces, si se considera que ciertos derechos humanos están previstos en el texto constitucional pero no representan la totalidad de los actualmente reconocidos, se puede afirmar que, en los casos en que la Constitución sea omisa, los tratados internacionales que amplíen el contenido de los derechos expresamente reconocidos en el pacto federal deben operar con carácter supletorio. d. Finalmente, se explica que, al analizar en qué casos puede operar la supletoriedad en una ley, la Suprema Corte ha señalado los motivos que la justifican. En este caso, resalta la omisión de la Ley General al no contemplarla, por lo que no se trata de impugnar el contenido del artículo 133 de la Constitución Federal, sino de ampliar el marco jurídico mediante la incorporación de fuentes internacionales, como lo son los tratados internacionales. e. Como consecuencia, otorgar jerarquía normativa superior o igual a las leyes internas supondría una ruptura con dos principios fundamentales, consistentes en los compromisos internacionales asumidos por México y la armonización del derecho interno con el internacional. Por ello, el Congreso local considera que se refuerza la idea (ahora respaldada con argumentos propios del derecho internacional) de que los tratados internacionales deben mantener su superioridad jerárquica respecto de las leyes federales y generales. 4 Resuelta en sesión de11 de abril de 2023, por unanimidad de 10 votos. 956 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Mediante escrito presentado el 8 de noviembre de 2024, la Subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en representación del titular de dicho poder, rindió el informe solicitado en el siguiente sentido: a. Es cierto que, en uso de las facultades conferidas por el artículo 93, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se promulgó y publicó en el Periódico Oficial de dicho estado, el 24 de agosto de 2024, el Decreto Legislativo LXVII/EXLEY/0882/2024, por medio del cual se expidió la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua. b. Sin embargo, los actos impugnados no son atribuibles al Poder Ejecutivo, pues se refieren al proceso legislativo llevado a cabo por la Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado, y el accionante no dirige alguno de sus argumentos a la promulgación o publicación del decreto impugnado, actos que sí son propios del Poder Ejecutivo. c. Además, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, vinculada con el artículo 19, fracción VIII, ya que el promovente no señaló vicios propios sobre la promulgación y publicación del decreto impugnado. d. Por otro lado, como contestación al único concepto de invalidez hecho valer, se destaca que el artículo impugnado busca establecer un marco normativo para garantizar la atención y protección de un grupo vulnerable, cumpliendo así con el mandato constitucional de promover el bienestar de las personas con discapacidad, consagrado en el artículo 4 de la Constitución. e. Adicionalmente, la supuesta ambigüedad del artículo impugnado, en cuanto a la aplicación de normativas locales, federales o internacionales, no implica vulneración alguna a los principios de legalidad y seguridad jurídica. Por el contrario, la ley permite una interpretación integral que considera la diversidad de contextos y situaciones que pueden surgir en la atención a estas personas. f. Finalmente, debe declararse infundado el concepto de invalidez, en virtud de que el argumento relativo a la supuesta ambigüedad atribuida a la norma, que presuntamente debilita los principios de seguridad jurídica y legalidad, ignora el contexto y la finalidad protectora del ordenamiento, que busca precisamente garantizar la protección y el respeto de los derechos de un grupo vulnerable. 8. Alegatos. Mediante escrito presentado el 27 de enero de 2025, el delegado de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos presentó alegatos a nombre de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, en el siguiente sentido: a. Respecto de los argumentos vertidos por la autoridad promulgadora del Estado de Chihuahua, mediante los cuales pretende hacer valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, dichos planteamientos resultan infundados, toda vez que el Congreso local, al establecer en el artículo impugnado que, en lo no previsto por la ley, serán de aplicación supletoria las disposiciones normativas contenidas en los tratados internacionales y en las leyes federales, actúa en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al no establecer los elementos que integran la infracción de manera clara y precisa. Ello, debido a que tales elementos dependen de la perspectiva social y de la apreciación subjetiva del operador de la norma, por lo que los razonamientos deben analizarse en el estudio de fondo. b. En cuanto a las manifestaciones del órgano legislativo local, también se estiman infundadas, ya que el hecho de sostener que se cumplieron todos los requisitos legales para la aprobación y expedición de las normas tildadas de inconstitucionales no desvirtúa la violación que la norma impugnada genera a los principios de legalidad y seguridad jurídica, protegidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. c. Por lo que hace al único concepto de invalidez, se reitera que no es constitucionalmente válido establecer un régimen de supletoriedad respecto de leyes generales, pues las legislaturas locales no pueden regular la supletoriedad de leyes de observancia general en la República Mexicana ni de normas con diverso ámbito de aplicación, ya que carecen de facultades para ello. Por tanto, la Suprema Corte debe declarar la invalidez del artículo impugnado. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 957 9. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de 3 de marzo de 2025, el ministro instructor ordenó agregar al expediente los alegatos formulados y, en virtud de haber transcurrido el plazo legal concedido a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chihuahua, así como a la Fiscalía General de la República, sin que se hubiera constancia de que hubieran realizado presentación electrónica o impresa, se cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente. I. COMPETENCIA 10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c)5, de la Constitución General y 16, fracción I6, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que la entonces Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal planteó la posible contradicción entre un artículo de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua y la Constitución Política del país. II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS 11. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal cuestionó la validez del artículo 4 de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua, emitida mediante Decreto número LXVII/EXLEY/0881/2024 XIII P.E., publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el 24 de agosto de 2024. El artículo impugnado es del contenido siguiente: Artículo 4. En lo no previsto por esta Ley, será de aplicación supletoria las disposiciones normativas contenidas en los Tratados Internacionales que en la materia haya suscrito el Estado Mexicano; las leyes federales y el marco normativo del Estado que sea aplicable. III. OPORTUNIDAD 12. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente. 13. En este caso, el Decreto número LXVII/EXLE/0881/2024 por el que se expidió la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el sábado 24 de agosto de 2024; por lo tanto, el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad transcurrió del domingo 25 de agosto al lunes 23 de septiembre de 2024. Consecuentemente, si el escrito mediante el cual la entonces Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal promovió la presente acción de inconstitucionalidad se presentó el lunes 23 de septiembre de 2024 en la Oficina de Certificación y Correspondencia de este Alto Tribunal, se concluye que fue presentada de manera oportuna. IV. LEGITIMACIÓN 14. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso c)7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero o Consejera Jurídica del Gobierno, puede promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter federal o de las entidades federativas. Asimismo, conforme al artículo 59, en relación con el diverso 11, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional8, las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. 5 Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (…) II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: (…) c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas; 6 Artículo 16. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá: I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La admisión de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas generales no dará lugar en ningún caso a la suspensión de la norma cuestionada; (…) 7 Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (…) II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: (…) c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas; (…) 8 Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II. Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. 958 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 15. Ahora, en términos del artículo 90 de la Constitución Federal y del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2001, corresponde a la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal su representación legal. Por tanto, si quien suscribió la acción de inconstitucionalidad fue María Estela Ríos González, en su carácter de entonces Consejera Jurídica, cuya personalidad acreditó con copia certificada del nombramiento otorgado por el entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es claro que la accionante cuenta con la legitimación necesaria para promover el presente asunto. V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 16. El Poder Ejecutivo señaló en su informe que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción II9, de la Ley Reglamentaria de la materia, vinculada con el artículo 19, fracción VIII10, ya que el promovente no señaló vicios propios relacionados con la promulgación y publicación del decreto impugnado. Así, sostiene que los actos impugnados no son atribuibles al Poder Ejecutivo, pues se refieren al proceso legislativo llevado a cabo por la Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado. 17. Al respecto, dicho argumento se desestima, toda vez que en el proceso legislativo de las normas impugnadas interviene necesariamente el Poder Ejecutivo, pues al promulgarlas y publicarlas les otorga plena validez y eficacia. Esto se sustenta en la jurisprudencia P.J. 38/2010, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.”11. 18. Finalmente, este Tribunal Pleno no advierte de oficio la actualización de alguna otra causa de improcedencia, por lo que procede al estudio de fondo del asunto. VI. ESTUDIO DE FONDO 19. Corresponde a este Tribunal Pleno determinar si el artículo 4 de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua se ajusta o no a los parámetros de constitucionalidad; en caso contrario, deberá declararse su invalidez. 20. De manera preliminar, y dado que se trata de una cuestión que se relaciona con los temas que serán analizados, se precisa que la aplicación supletoria de una ley respecto de otra constituye la relación que permite integrar omisiones en un ordenamiento o interpretar sus disposiciones a la luz de normas o principios generales contenidos en leyes distintas. Conforme al criterio de este Alto Tribunal, para que proceda la supletoriedad, deben cumplirse los siguientes requisitos12: a. El ordenamiento legal por suplir debe señalar expresamente esa posibilidad, precisando la ley o normas que pueden aplicarse, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, a otros. b. La ley por suplir no debe contemplar la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, debe desarrollarlas o regularlas deficientemente. c. Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de un diverso ordenamiento para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d. Las normas aplicables supletoriamente no deben contrariar el ordenamiento legal, sino que deben ser congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate13. 9 Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: (…) II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; (…) 10 Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (…) VIII. Cuando de la demanda se advierta que no se hacen valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (…) 11 Registro digital:164865; Instancia: Pleno; Novena Época; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 38/2010; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Abril de 2010, página 1419. 12 Véase la acción de inconstitucionalidad 27/2022, resuelta en sesión 7 de marzo de 2023, por unanimidad de 11 votos. 13 Tesis 2a./J. 34/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1065, registro digital 2003161, de rubro “SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE”. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 959 21. Establecido lo anterior, este Tribunal Pleno dará respuesta al concepto de invalidez planteado por la Consejería Jurídica, por el que combate el artículo 4 de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua, de redacción siguiente: Artículo 4. En lo no previsto por esta Ley, serán de aplicación supletoria las disposiciones normativas contenidas en los Tratados Internacionales que en la materia haya suscrito el Estado Mexicano; las leyes federales y el marco normativo del Estado que sea aplicable. 22. Al respecto, se recuerda que la accionante adujo, esencialmente, que el artículo 4 bajo estudio transgrede los derechos a la seguridad jurídica y a la legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al establecer la supletoriedad con las “disposiciones normativas contenidas en los Tratados Internacionales que en la materia haya suscrito el Estado Mexicano; las leyes federales y el marco normativo del estado que sea aplicable”. Esto, porque considera que tal supletoriedad no es congruente con la Constitución, pues el Congreso del Estado de Chihuahua no se encuentra habilitado para determinar la aplicación supletoria de leyes que son de observancia directa en toda la Nación, planteamiento que se aborda a continuación. i) Estudio de la porción normativa “las disposiciones normativas contenidas en los Tratados Internacionales que en la materia haya suscrito el Estado Mexicano” del artículo 4 de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua 23. En primer lugar, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera fundado el concepto de invalidez planteado en relación con la supletoriedad de los tratados internacionales. Al respecto, se recuerda que, al resolver la acción de inconstitucionalidad 184/2020, este Tribunal Pleno determinó que las entidades federativas carecen de facultades para regular en materia de tratados internacionales. En efecto, en dicho precedente se señaló que la Constitución Federal no establece margen de regulación alguno a las entidades federativas que les permita considerar dichas disposiciones como supletorias de las normas locales que expiden. 24. Para llegar a dicha conclusión, el Tribunal Pleno se basó en las siguientes consideraciones: i. Para el reconocimiento de los tratados internacionales en el Estado Mexicano, estos deben celebrarse por el Presidente de la República y aprobarse por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en ejercicio de sus facultades constitucionales14. ii. El artículo 1° de la Constitución15 establece que todas las personas deben gozar de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin que su ejercicio pueda restringirse ni suspenderse salvo en los casos previstos en la propia Constitución. iii. Asimismo, dicho numeral prevé que las normas relativas a derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución Federal y a los tratados internacionales de la materia, favoreciendo siempre la protección más amplia a las personas. iv. También dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que implica prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. v. Por otro lado, el artículo 133 de la Constitución16 declara que los tratados internacionales son Ley Suprema de la Unión y ordena expresamente a los juzgadores de los Estados ajustar sus actos a dichos tratados, aun frente a disposiciones en contrario contenidas en las constituciones o leyes de las entidades federativas. 14 Dichas facultades se encuentran establecidas en los artículos 76, fracción I, y 89, fracción X, ambos de la Constitución Federal, que a la letra establecen: Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: […] Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: […] X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 15 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 16 Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. 960 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 vi. Además, el artículo 120 constitucional17 prevé que los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales; interpretación que, de forma sistemática, se extiende al cumplimiento de los tratados internacionales, al formar estos parte de la Ley Suprema de la Unión. vii. Finalmente, el artículo 117, fracción I, de la Constitución18 establece que en ningún caso las entidades federativas pueden celebrar tratados con potencias extranjeras. En caso de hacerlo, lo estipulado en dichos instrumentos carecería de fuerza de ley para los habitantes de la entidad federativa, pues únicamente el Presidente de la República y el Senado tienen facultades constitucionales para celebrar y aprobar tratados internacionales. 25. En ese sentido, como se sostuvo en el precedente referido, al tomar en consideración que los tratados internacionales integran la Ley Suprema de la Unión y, por ende, son de aplicación directa, se concluye que el legislador del Estado de Chihuahua se encontraba impedido para establecer que los mismos funcionaran como disposiciones supletorias de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua. Con base en lo precedente, es fundado el concepto de la accionante, en torno a la invalidez del artículo 4, en la porción normativa “las disposiciones normativas contenidas en los Tratados Internacionales que en la materia haya suscrito el Estado Mexicano”, de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua. ii) Estudio de la porción normativa “las leyes federales y el marco normativo del Estado que sea aplicable” del artículo 4 de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua 26. En segundo lugar, se reitera que la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal también solicitó que se declare la invalidez del artículo 4, en la porción normativa “las leyes federales y el marco normativo del Estado que sea aplicable”, de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua. Sostiene que el precepto impugnado genera confusión en los gobernados y operadores de la norma, pues resulta ambiguo respecto de cuál ley debe aplicarse en un caso concreto, al no establecer el parámetro que debe considerarse para determinar qué disposición resulta aplicable y por qué debe ser la ley local en determinada materia, la ley estatal, la ley federal, la ley general o los tratados internacionales. Esa indeterminación, afirma, vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución. 27. Asimismo, considera que el Congreso del Estado de Chihuahua estableció en el artículo 4 de la ley impugnada un esquema de aplicación supletoria distinto al previsto en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 1 establece que sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Además, la accionante argumenta que las legislaturas locales no pueden regular la supletoriedad de leyes que son de observancia general en toda la República Mexicana ni de normas con diverso ámbito de aplicación. En consecuencia, sostiene que las entidades federativas no están facultadas para establecer un régimen de supletoriedad respecto de leyes generales o nacionales, pues estas son las que definen el contenido de las leyes locales. 28. Al respecto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte considera fundado el concepto de invalidez planteado por la Consejera Jurídica respecto a la supletoriedad de las leyes federales y el marco normativo del Estado que sea aplicable. Ello es así porque, en primer término, la porción normativa relativa a la supletoriedad del “marco normativo del Estado que sea aplicable”, al no precisar qué ordenamientos podrían operar con tal carácter, coloca a las personas gobernadas y a las y los operadores jurídicos en un estado de incertidumbre incompatible con los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución19; máxime que dentro de ese marco normativo aplicable en la entidad federativa se encuentran leyes generales que, como se expondrá, tampoco pueden establecerse como supletorias en una ley local. 29. En segundo término, este Tribunal Pleno considera que el legislador del Estado de Chihuahua carece de competencia para establecer reglas de supletoriedad respecto de leyes federales o generales. Ello es así porque dichas normas son expedidas por el Congreso de la Unión en ejercicio de facultades expresas en la Constitución, por lo que corresponde a éste determinar su régimen de aplicación y supletoriedad. En consecuencia, las entidades federativas no pueden regular la supletoriedad de tales leyes, pues rebasa el ámbito de su competencia constitucional. 17 Artículo 120. Los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales. 18 Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras. 19 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los respetan las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que emitan generan certidumbre en los gobernados sobre las consecuencias jurídicas que producirán y tratándose de normas que confieren alguna facultad a una autoridad acotan, en la medida necesaria y razonable, tal atribución, impidiéndole actuar arbitraria o caprichosamente. Véase, entre otros, la jurisprudencia 2a./J. 106/2017 (10a.) de la entonces Segunda Sala. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 961 30. Esta conclusión ha sido reiteradamente sostenida por este Alto Tribunal, al afirmar, por ejemplo, que las entidades federativas no cuentan con atribuciones para definir cuándo o cómo deben aplicarse supletoriamente las leyes generales. Tal determinación, por recaer sobre normas que operan como parámetro de validez de las leyes locales, forma parte de la competencia exclusiva del Congreso de la Unión. 31. Así, en la acción de inconstitucionalidad 22/2015 y su acumulada 23/201520, esta Suprema Corte analizó el artículo 2 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas, que preveía como supletoria la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. En ese precedente se determinó que el Congreso local no podía establecer dicha supletoriedad, al tratarse de una ley general cuyo contenido deriva de facultades exclusivas del Congreso de la Unión. De manera similar, en la acción de inconstitucionalidad 79/201921, al revisar el artículo 6 de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas del Estado de Tabasco, este Tribunal declaró la invalidez de la porción normativa que preveía como supletoria la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y por extensión, la referencia a la Ley General de Víctimas, al constatar que ambas leyes generales no pueden ser consideradas supletorias por disposición del legislador local. 32. Por su parte, en la acción de inconstitucionalidad 128/201922, este Pleno invalidó diversas porciones del artículo 6 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Chiapas, al advertir que la Ley General correspondiente no podía ser prevista como supletoria por un congreso estatal, dado que la materia es regulada por el Congreso de la Unión conforme al artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal. En el mismo sentido, al resolver la acción de inconstitucionalidad 104/201923, se declaró la invalidez de ciertas porciones del artículo 6 de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas del Estado de Baja California Sur y se reiteró que las leyes generales, por constituir parámetro de validez de las normas locales, no pueden ser configuradas como supletorias por los congresos estatales. 33. Asimismo, en la acción de inconstitucionalidad 184/202024, este Tribunal Pleno analizó la regularidad del artículo 5 de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, que preveía supletoriedad de la Ley General de Víctimas, y confirmó nuevamente la imposibilidad constitucional de que las entidades federativas establezcan tal régimen. Este criterio fue posteriormente reiterado en las acciones de inconstitucionalidad 27/202225 y 150/202426. 34. Con base en lo precedente, este Tribunal Pleno considera que los criterios recién expuestos resultan aplicables al presente asunto, para determinar la inconstitucionalidad del artículo 4 de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua, en la porción normativa analizada en este apartado27. Ello es así porque la expedición de leyes federales y generales corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión; en consecuencia, las entidades federativas quedaron privadas de la atribución que, en términos del artículo 124 de la Constitución Federal, anteriormente detentaban para legislar sobre tales materias, limitándose únicamente a las facultades que, conforme al régimen de concurrencia y coordinación, les haya otorgado expresamente el legislador federal, para el caso de las leyes generales. 35. Así, aunque la intención del legislador del Estado de Chihuahua parece ser la de transmitir una idea de articulación normativa, lo cierto es que la confusión en la que incurre (al equiparar una relación de competencia y de validez constitucional con una de supletoriedad) termina por distorsionar el propio sistema. En consecuencia, también resulta fundado el concepto de invalidez formulado por la accionante respecto de la porción normativa “las leyes federales y el marco normativo del Estado que sea aplicable” del artículo 4 de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua. 20 Resuelta en sesión de 4 de junio de 2018. 21 Resuelta en sesión de 23 de abril de 2020. 22 Resuelta en sesión de 21 de julio de 2020. 23 Resuelta en sesión de 18 de enero de 2021. 24 Resuelta en sesión de 18 de mayo de 2021. 25 Resuelta en sesión 7 de marzo de 2023, por unanimidad de 11 votos. 26 Resuelta en sesión de 29 de septiembre de 2025, por unanimidad de 9 votos. 27 Al respecto, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece, en su artículo 1, que sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. A su vez, el artículo 3 dispone que su cumplimiento corresponde, entre otros, a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a personas con discapacidad. En este sentido, dicha Ley General traza las bases para promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su inclusión a la sociedad en condiciones de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 962 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 36. Por todo lo anterior, en términos de lo expuesto, lo procedente es declarar la invalidez del artículo 4 de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua, emitida mediante Decreto número LXVII/EXLEY/0881/2024 XIII P.E., publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el 24 de agosto de 2024, por ser contraria a los derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad. VII. EFECTOS 37. De conformidad con los artículos 41, fracción IV28, y 7329 de la Ley Reglamentaria de la materia, las sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad deberán establecer sus alcances y efectos, y fijar con precisión las normas o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia. 38. Declaratoria de invalidez: En atención a las consideraciones desarrolladas en el apartado precedente, se declara la invalidez del artículo 4 de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua, emitida mediante Decreto número LXVII/EXLEY/0881/2024 XIII P.E., publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el 24 de agosto de 2024. 39. Fecha a partir de la cual surtirá efectos la declaratoria general de invalidez: De conformidad con las conclusiones alcanzadas en esta resolución, la invalidez del artículo 4 de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta ejecutoria al Congreso del Estado de Chihuahua. VIII. DECISIÓN 40. Por lo antes expuesto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve: PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 4 de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua, expedida mediante Decreto número LXVII/EXLEY/0881/2024 XIII P.E., publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de agosto de dos mil veinticuatro. TERCERO. La declaración de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Chihuahua. CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, gírense los oficios correspondientes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de ocho votos de las personas ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía con precisiones y Presidente Aguilar Ortiz. El señor ministro Arístides Rodrigo Guerrero García no asistió a la sesión de seis de enero de dos mil veintiséis por gozar de vacaciones, al haber integrado la Comisión de Receso correspondiente el segundo período de sesiones de dos mil veinticinco. El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos. Firman los señores Ministros Presidente y el Ponente, con el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Presidente, Ministro Hugo Aguilar Ortiz.- Firmado electrónicamente.- Ponente, Ministro Irving Espinosa Betanzo.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Licenciado Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente. DANIEL ÁLVAREZ TOLEDO, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CERTIFICA Que la presente copia fotostática constante de quince fojas útiles en las que se cuenta esta certificación, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente de la sentencia emitida en la acción de inconstitucionalidad 155/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Consejería Jurídica, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión de seis de enero de dos mil veintiséis. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a diez de abril de dos mil veintiséis.- Rúbrica. 28 Artículo 41. Las sentencias deberán contener: (…) IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales, actos u omisiones respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada; (…). 29 Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley. Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 963 BANCO DE MEXICO TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- ''2026, Año de Margarita Maza Parada''. TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $17.3477 M.N. (diecisiete pesos con tres mil cuatrocientos setenta y siete diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país. Atentamente, Ciudad de México, a 15 de mayo de 2026.- BANCO DE MÉXICO: Gerente de Disposiciones de Banca Central, Lic. Luis Manuel Rivas Gómez.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Nacionales, Lic. José Andrés Jiménez Guerra.- Rúbrica.- Subgerente de Instrumentación de Operaciones Internacionales, Lic. Luis Murray Arriaga.- Rúbrica.- Subgerente de Información de Mercados, Lic. Andrea Pérez de Celis López.- Rúbrica. TASAS de interés interbancarias de equilibrio. Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- ''2026, Año de Margarita Maza Parada''. TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIAS DE EQUILIBRIO El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o y 10 del Reglamento Interior del Banco de México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio en moneda nacional (TIIE) a plazo de 28 días obtenida el día de hoy, fue de 6.7458%; a plazo de 91 días obtenida el día de hoy, fue de 6.7829%; y a plazo de 182 días obtenida el día de hoy, fue de 6.8370%. Ciudad de México, a 15 de mayo de 2026.- BANCO DE MÉXICO: Gerente de Disposiciones de Banca Central, Lic. Luis Manuel Rivas Gómez.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Nacionales, Lic. José Andrés Jiménez Guerra.- Rúbrica.- Subgerente de Instrumentación de Operaciones Internacionales, Lic. Luis Murray Arriaga.- Rúbrica.- Subgerente de Información de Mercados, Lic. Andrea Pérez de Celis López.- Rúbrica. TASA de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario. Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- ''2026, Año de Margarita Maza Parada''. TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO DE FONDEO A UN DÍA HÁBIL BANCARIO El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o y 10 del Reglamento Interior del Banco de México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo a un día hábil bancario en moneda nacional determinada el día de hoy, fue de 6.49 por ciento. Ciudad de México, a 14 de mayo de 2026.- BANCO DE MÉXICO: Gerente de Disposiciones de Banca Central, Lic. Luis Manuel Rivas Gómez.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Nacionales, Lic. José Andrés Jiménez Guerra.- Rúbrica.- Subgerente de Instrumentación de Operaciones Internacionales, Lic. Luis Murray Arriaga.- Rúbrica.- Subgerente de Información de Mercados, Lic. Andrea Pérez de Celis López.- Rúbrica. 964 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 SECCION DE AVISOS AVISOS JUDICIALES Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas EDICTO A LA TERCERA INTERESADA DENICE LORENA LÓPEZ SOLÍS Se hace de su conocimiento que Rolando Paredes Robles, promovió juicio de amparo directo en contra de la resolución de diez de junio de dos mil veinticinco, dictada por la autoridad responsable Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en el toca penal 127-A-1P01/2010. Asimismo, la demanda fue registrada con el número de amparo directo 694/2025, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Lo que se comunica a usted para su emplazamiento al juicio de amparo, por lo que queda a su disposición en el Tribunal en cita una copia de la demanda, así también para que dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación, formule alegatos o promueva amparo adhesivo, si así conviniere a sus intereses. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintitrés de marzo de dos mil veintiséis. El Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito Luis Antonio Galeazzi Sol Rúbrica. (R.- 575144) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito Monterrey, Nuevo León EDICTO: Emplazamiento a los terceros interesados Daniel Mendieta Martell, Félix Salinas; González, José Máximo Maldonado Muñoz, Santos Hernández Asunción, Felipe González Valdez (Mirasol Sánchez Cruz esposa), Leonardo Rosas Castillo (María Martínez Urbina esposa). En el juicio de amparo 108/2024, promovido por Luis Miguel Reyes García, contra la Primera Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León, en la sentencia definitiva de ocho de diciembre del dos mil veintiuno, dentro del Toca en Definitiva 30/2021, al desconocerse su domicilio, el veintiocho de mayo del dos mil veinticinco, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso c), se ordenó su emplazamiento por edictos, que se publicarán por tres veces, de siete en siete días naturales, en el Diario Oficial de la Federación, se les hace saber que deben presentarse dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación de tales edictos, ante este tribunal colegiado, sito en Diagonal Santa Engracia 221 poniente, lomas de San Francisco a hacer valer su derecho, apercibidos que de no hacerlo se continuará el juicio y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les harán por lista. Monterrey, Nuevo León a veintisiete de marzo de dos mil veintiséis. El Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey David Gerardo López Fernández Rúbrica. (R.- 575155) Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 965 Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos EDICTO CORPORACIÓN EMPRESARIAL ROSETE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. En los autos del juicio ordinario laboral 178/2025 del índice de este Tribunal, promovido por Manuel Ramirez Salazar, se ordenó emplazar por medio de edictos ante la imposibilidad de localizar su domicilio, los que se publicarán, en el diario oficial de la federación y en un periódico de circulación nacional, por dos veces con un lapso de al menos tres días hábiles entre uno y otro, así como en los estrados del tribunal y se le hace saber que debe comparecer dentro del término de treinta días hábiles ante este tribunal a presentar su contestación, ofrecer pruebas y formular convención en términos del artículo 873-A de la Ley de la materia. Atentamente Coatzacoalcos Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil veintiséis. Secretaria de Instrucción del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos María Reyna Morales Ramírez Rúbrica. (R.- 575163) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito Morelia, Mich. EDICTO. GABRIELA ALEJANDRA RANGEL TENA Y JOB SARAY URETA CORNEJO En el lugar en que se encuentren les hago saber que: En los autos del juicio de amparo directo 58/2026, promovido por José Eduardo Piñón Cornejo, contra actos de la Segunda Sala Unitaria Penal Región Morelia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, radicado en este Tribunal Colegiado en Materia Penal, se les ha señalado como tercero interesados, y como se desconoce su domicilio actual, por auto de veinte de marzo de dos mil veintiséis, este órgano colegiado determinó emplazarlos por edictos, que deberán publicarse por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación, haciéndoseles saber que podrán presentarse en este Tribunal a defender sus derechos de considerarlo necesario, dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, apercibidos que de no hacerlo las posteriores notificaciones se les harán por lista de acuerdos que se fijen en los estrados de este órgano, siguiendo los lineamientos establecidos en el numeral 29, de la Ley de Amparo, quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos del mismo, copia simple de la demanda de amparo que se trata. Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de 2026. El Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito Ramón Sánchez Magaña Rúbrica. (R.- 575168) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México EDICTOS Al margen de un sello con el escudo nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, trece de marzo de dos mil veintiséis. En los autos del juicio de amparo 615/2025, promovido por Rolando Martínez Ordoñez, por propio derecho y en representación de su hija de iniciales B.M.S., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Quinto de lo Familiar de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; con fecha veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco, se dictó un auto por el que se ordenó notificar a la tercera interesada María Fernanda Sánchez Sánchez, por edictos, que se publicarán por tres veces, de tres en tres días en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que comparezca a este juicio a deducir sus derechos en el plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al en que se efectúe la última publicación, quedando en esta secretaría a su disposición, copia autorizada de la demanda de amparo, escrito de desahogo de prevención y auto admisorio, apercibida que de no apersonarse al 966 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 presente juicio, de no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones o un usuario que esté registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, se harán por lista en términos de lo dispuesto por el inciso a), de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo. Asimismo, se señalaron las doce horas con treinta minutos del diez de abril de dos mil veintiséis, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, esto en acatamiento al acuerdo de veinte de febrero del año en curso. Se procede a hacer una relación suscinta de la demanda de amparo, donde el quejoso señaló como autoridades responsables al Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Quinto de lo Familiar de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y como tercera interesada a María Fernanda Sánchez Sánchez, precisando como acto reclamado el emplazamiento que se le practicó al juicio de controversia del orden familiar, alimentos, guarda y custodia 1318/2023. La Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México Josefina Torres Barrón Rúbrica. (R.- 574454) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito Morelia, Mich. EDICTO. GLORIA GARCÍA SANTANA En el lugar en que se encuentren les hago saber que: En los autos del juicio de amparo directo 68/2026, promovido por Pablo Mondragón Torres, contra actos de la Sala Unitaria Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, región Zitácuaro, radicado en este Tribunal Colegiado en Materia Penal, se le ha señalado como tercera interesada, y como se desconoce su domicilio actual, por auto de veintisiete de marzo de dos mil veintiséis, este órgano colegiado determinó emplazarla por edictos, que deberán publicarse por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación, haciéndosele saber que podrá presentarse en este Tribunal a defender sus derechos de considerarlo necesario, dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, apercibida que de no hacerlo las posteriores notificaciones se le harán por lista de acuerdos que se fijen en los estrados de este órgano, siguiendo los lineamientos establecidos en el numeral 29, de la Ley de Amparo, quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos del mismo, copia simple de la demanda de amparo que se trata. Morelia, Michoacán, veintisiete de marzo de 2026. El Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito Ramón Sánchez Magaña Rúbrica. (R.- 575171) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito Morelia, Mich. EDICTO. JORGE ARROYO BERROSPE Y GUADALUPE ARROYO BERROSPE En el lugar en que se encuentren les hago saber que: En los autos del juicio de amparo directo 231/2025, promovido por Luis Fernando Villaseñor, contra actos de la Sala Unitaria en Materia Penal, región Zamora, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, radicado en este Tribunal Colegiado en Materia Penal, se les ha señalado como terceros interesados, y como se desconoce su domicilio actual, por auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiséis, este órgano colegiado determinó emplazarlas por edictos, que deberán publicarse por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación, haciéndoseles saber que podrán presentarse en este Tribunal a defender sus derechos de considerarlo necesario, dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, apercibidos que de no hacerlo las posteriores notificaciones se les harán por lista de acuerdos que se fijen en los estrados de este órgano, siguiendo los lineamientos establecidos en el numeral 29, de la Ley de Amparo, quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos del mismo, copia simple de la demanda de amparo que se trata. Morelia, Michoacán, veintiséis de marzo de 2026. El Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito Ramón Sánchez Magaña Rúbrica. (R.- 575175) Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 967 Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito Monterrey, Nuevo León EDICTO: Emplazamiento a los terceros interesados Daniel Mendieta Martell, Félix Salinas; González, José Máximo Maldonado Muñoz, Santos Hernández Asunción, Felipe González Valdez (Mirasol Sánchez Cruz esposa), Leonardo Rosas Castillo (María Martínez Urbina esposa). En el juicio de amparo 158/2023, promovido por Agustín Villanueva Rodríguez, contra la Primera Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León, en la sentencia definitiva de ocho de diciembre del dos mil veintiuno, dentro del Toca en Definitiva 30/2021, al desconocerse su domicilio, el veintiocho de mayo del dos mil veinticinco, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso c), se ordenó su emplazamiento por edictos, que se publicarán por tres veces, de siete en siete días naturales, en el Diario Oficial de la Federación, se les hace saber que deben presentarse dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación de tales edictos, ante este tribunal colegiado, sito en Diagonal Santa Engracia 221 poniente, lomas de San Francisco a hacer valer su derecho, apercibidos que de no hacerlo se continuará el juicio y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les harán por lista. Monterrey, Nuevo León a veintisiete de marzo de dos mil veintiséis. El Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey David Gerardo López Fernández Rúbrica. (R.- 575179) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca EDICTO En el proceso penal 7/2024-I-P instruido contra JESÚS MANUEL MARTÍNEZ HERRERA y otros, por el delito delincuencia organizada y otros, los testigos LUCIO JAVIER TORRES MORALES, EDGAR JONATHAN MARTÍNEZ RASCÓN, SARA MIRIAM LÓPEZ CAMPOS, JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ PÉREZ, PABLO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y ÁNGEL DEL CARMEN RODRÍGUEZ ZAVALA, deberán comparecer debidamente identificados en las instalaciones que ocupa este juzgado, sito en Avenida Doctor Nicolás San Juan, número 104, colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, sexto piso, código postal 50010, a las TRECE HORAS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS, para llevar a cabo una audiencia de carácter judicial ordenada a su cargo. Atentamente Toluca, Estado de México, 07 de abril de 2026. Por Acuerdo del Juez, firma el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca Licenciado Moisés García Barreto Rúbrica. (R.- 575197) Estados Unidos Mexicanos Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco Puente Grande, Jal. EDICTO Al margen, el Escudo Nacional, con la leyenda que dice: Estados Unidos Mexicanos. Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, Puente Grande, Jal. En acatamiento al acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiséis, del juicio de amparo 1002/2025- IV del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, promovido por Rosa Elvira Farías Gómez, contra actos del Juez Décimo Segundo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco y otra autoridad, de quienes reclamó el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta dentro de la continuación de la audiencia inicial, celebrada el veintiocho de agosto de dos mil veinticinco, dentro de la carpeta administrativa 2142/2022, derivada de la carpeta de investigación 13641/2022. 968 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Juicio de amparo en el cual Rosa Elvira Farías Gómez, fue señalada como tercera interesada y se ordena su emplazamiento por medio de edictos por ignorarse su domicilio, en términos del artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, a efecto de que se apersone al mismo y señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo así, las ulteriores y aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, en el entendido que se deja a su disposición la copia de traslado de la demanda de amparo en la secretaría correspondiente de este juzgado; hágase del conocimiento que se fijaron las doce horas con treinta y cuatro minutos del veintidós de abril de dos mil veintiséis, para la audiencia constitucional. Se le informa que debe presentarse dentro del término de treinta días, contado a partir del siguiente al de la última publicación. Atentamente Puente Grande, Jalisco, 25 de marzo de 2026. Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco Lic. José García Franco Rúbrica. (R.- 574714) Estados Unidos Mexicanos Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco EDICTO: JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL ESTADO DE JALISCO. En el juicio de amparo indirecto 1543/2025, promovido por Xóchitl Esmeralda Vadillo Coss y León por propio derecho y en representación de sus menores hijos I.S.V.C.Y.L., N.A.M.V. y G.A.M.V.; se ordena emplazar al tercero interesado Alejandro Medina Ortiz, haciéndosele saber que cuenta con TREINTA DÍAS, contados a partir de la última publicación de edictos, para que comparezca ante este juzgado de Distrito a defender sus derechos y señale domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las posteriores, se le harán por lista que se fije en los estrados, lo anterior toda vez que la quejosa promovió demanda de amparo en contra la negativa a realizar el requerimiento de pago de alimentos y otros, por parte del Juez Civil de Primera Instancia del Trigésimo Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en el municipio de Zapotlanejo, en el juicio de origen 417/2024, de conformidad al artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Zapopan, Jalisco, seis de marzo de dos mil veintiséis. Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco Rubén Páez Díaz Rúbrica. (R.- 575414) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado Xalapa-Equez., Veracruz EDICTO. Grant Morimura Sunderland, se hace saber que en este juzgado, está radicado el juicio de amparo 503/2025, promovido por Palma Méndez Moreno, donde tiene carácter de tercero interesado, al desconocer su domicilio, en 26 de marzo de 2026, se ordenó emplazarlo por edictos publicándose tres veces de siete en siete días hábiles, en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico Excélsior y en los estrados de este Juzgado, dejando en la Secretaría copia de la demanda de amparo; también tiene expedito su derecho de comparecer a este juzgado, dentro de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente de la última publicación; pasado el término, y no comparecer por sí, o por apoderado quien lo represente, se seguirá el juicio, practicándole las notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados; el acto reclamado es la resolución de 13 de mayo de 2025, dictada por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en el expediente 1321/2023/III; para la celebración de la audiencia constitucional están señaladas las diez horas con treinta minutos del siete de mayo de dos mil veintiséis. Atentamente El Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz Lic. Diego Francisco Chias Rodríguez Rúbrica. (R.- 575415) Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 969 Estados Unidos Mexicanos Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco EDICTO: JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL ESTADO DE JALISCO. En el juicio de amparo indirecto 930/2024, promovido por Xóchitl Esmeralda Vadillo Coss y León por propio derecho y en representación de sus menores hijos I.S.V.C.Y.L., N.A.M.V. y G.A.M.V.; se ordena emplazar al tercero interesado Alejandro Medina Ortiz, haciéndosele saber que cuenta con TREINTA DÍAS, contados a partir de la última publicación de edictos, para que comparezca ante este juzgado de Distrito a defender sus derechos y señale domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las posteriores, se le harán por lista que se fije en los estrados, lo anterior toda vez que la quejosa promovió demanda de amparo en contra de la fijación de la pensión alimenticia que fue acordada en auto de veintidós de octubre de dos mil veinticuatro y otro, por parte del Juez Civil de Primera Instancia del Trigésimo Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en el municipio de Zapotlanejo, en el juicio de origen 417/2024, de conformidad al artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Zapopan, Jalisco, seis de marzo de dos mil veintiséis. Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco Rubén Páez Díaz Rúbrica. (R.- 575421) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis EDICTO Al margen un sello con el escudo nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis. Con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2°, se notifica a Griselda Verdugo Audeves, emplazándola con carácter de tercera interesada, de la demanda de amparo promovida por Onorio Cruz Quevedo, registrada bajo el expediente 866/2024, contra actos del Juez de Control del Poder Judicial en el Estado de Baja California Norte, con residencia Tijuana y otras autoridades. Haciéndole saber que se señalaron las diez horas con cuarenta minutos del seis de mayo de dos mil veintiséis, para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, que si es su voluntad deberá comparecer ante este juzgado, dentro del término de treinta días, contado a partir del día siguiente al de su última publicación, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos que se fijará en los estrados de este juzgado. Atentamente Los Mochis, Sinaloa, ocho de abril de dos mil veintiséis. El Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa Lic. Tomás Alberto Ramírez Mendívil Rúbrica. (R.- 575432) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México EDICTO AL MARGEN. EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.- JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Personas terceras interesadas: Guillermina Muñoz Soto, Abigail Armenta Armas y Víctor Manuel Matute González. En el juicio de amparo 1035/2025-VII-B, promovido por Mario Alberto Hernández Rivas, contra actos de la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; al tener el carácter de personas terceras interesadas Guillermina Muñoz Soto, Abigail Armenta Armas y Víctor Manuel Matute González, y desconocerse su domicilio actual, con fundamento en el 970 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; así como en el artículo 209, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se ordena su emplazamiento al juicio 1035/2025-VII-B por edictos, los que se publicarán por tres veces, de tres en tres días, en el Diario Oficial de la Federación, haciendo de su conocimiento que en la Secretaría de este Juzgado queda a su disposición copia simple de la demanda de amparo y, que cuentan con un término de treinta días, contado a partir de la última publicación de estos edictos, para que acudan a éste órgano constitucional, a hacer valer sus derechos, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán por medio de lista que se publica en este Juzgado, conforme lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Materia. Atentamente Ciudad de México a 10 de abril de 2026. El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México Víctor Armando Olmedo Lobato Rúbrica. (R.- 575355) Estados Unidos Mexicanos Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana EDICTO Emplazamiento a María Cristina Cadena Álvarez. En los autos del juicio de amparo 744/2025-B-1 promovido por Jessica Guadalupe Duarte Verduzco, en su carácter de albacea de la sucesión a nombre de Francisco Ramón Duarte Domínguez, contra actos del juez Cuarto Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad y otra autoridad, en el que medularmente reclama: la falta de legal y/o ilegal emplazamiento dentro del juicio sumario civil 113/2017, del índice del juez ordenador responsable, en relación con el inmueble identificado como lote número 5, manzana 1, de la colonia Francisco Villa, San Antonio de los Buenos, con una superficie de 221.72 metros cuadrados, así como todas y a cada una de las actuaciones posteriores al citado emplazamiento. Se ordenó emplazar a la persona tercero interesada María Cristina Cadena Álvarez, por EDICTOS haciéndole saber que podrá presentarse dentro de treinta días contados al siguiente de la última publicación, apercibida que de no hacerlo, las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por lista en los estrados de este juzgado en términos del artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo. En el entendido que se encuentran señaladas las diez horas con catorce minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintiséis, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio; sin que ello impida que llegada la fecha constituya un impedimento para la publicación de los edictos, ya que este órgano jurisdiccional vigilará que no se deje en estado de indefensión a la tercero interesada de referencia. Atentamente Tijuana, B.C., 09 de marzo de 2026. Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana Bernadette Ballesteros Sesma Rúbrica. (R.- 575558) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Ciudad de México “EDICTOS” En los autos del juicio de amparo directo civil D.C. 529/2025-I, promovido por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), contra actos del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión Telecomunicaciones del Primer Circuito y de la Jueza Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, consistente en la sentencia de veintiséis de junio de dos mil veinticinco, dictada en el toca 128/2025, deducido del juicio especial de fianzas, expediente 79/2022, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, promovido por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), contra Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable Grupo Financiero Aserta, actualmente Aseguradora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta, y quien se tuvo por tercera llamada a juicio a Francisco García Ramírez Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable; por auto de cinco de diciembre de dos mil veinticinco, se ordenó emplazar por edictos a la tercera interesada Francisco García Ramírez Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, haciéndole saber que se puede apersonar dentro del término de treinta días. Ciudad de México, a nueve de abril de dos mil veintiséis. El Secretario de Acuerdos del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Lic. Gabriel Saldaña Meneses Rúbrica. (R.- 575584) Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 971 Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato EDICTO. Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Decimoprimero de Distrito en Guanajuato, con residencia en León. En el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, se encuentra radicado el juicio de amparo 1465/2024, promovido por Baldemar Partido Silva, contra actos de la Agencia del Ministerio Público 03 de la Unidad de Tramitación Común, Región A; y otras autoridades en el que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo y 36 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de aplicación supletoria, se ordena emplazar a la persona tercera interesada Francisco Zúñiga Ramírez, por medio de edictos que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República; en el entendido que el referido tercero interesado deberá comparecer a juicio dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contado a partir del siguiente al de la última publicación, por apoderado o gestor que pueda representarlo. Asimismo, se le hace saber que en el plazo de tres días, deberá designar domicilio para oír notificaciones en esta ciudad y que, en caso de no hacerlo, las subsecuentes se le harán por medio de lista que se fije en los estrados, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo que se hace constar para los fines legales consiguientes. “2026, Año de Margarita Maza Parada” León, Guanajuato, a 08 de abril de 2026. Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato María Milagros Quiroz Mendoza Rúbrica. (R.- 575589) Estados Unidos Mexicanos Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco Juicio de Amparo 1809/2025-I EDICTO: Mediante auto de 8 de septiembre de 2025, dictado en el juicio de amparo 1809/2025, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por COMISARIO EJIDAL DEL EJIDO LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito XXXVIII, así como de la Delegación del registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, donde señaló como acto reclamado: Todo lo actuado en el juicio agrario sucesorio 309/2025, así como la resolución definitiva pronunciada en el mismo y las órdenes de ejecución, bajo el argumento de que no se le dio intervención al mismo; así como, la inscripción de la sentencia definitiva y el contenido de la constancia de vigencia de derechos de 22 de agosto de 2024 con la cual se dio trámite al juicio agrario. Asimismo, se señaló como tercera interesada a Héctor Cárdenas Orozco y mediante acuerdo de 2 de marzo de 2026, se ordenó su emplazamiento por medio de edictos a costa de la persona quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) y c), de la Ley de Amparo; además se le hace saber la radicación del juicio y que puede comparecer a defender sus derechos dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación del presente; queda a su disposición en la Secretaría, copia de la demanda, escrito aclaratorio, auto admisorio, y auto de 2 de marzo de 2026; apercibida que de no hacerlo, se seguirá el procedimiento, y las subsecuentes notificaciones, se harán por lista, en términos del citado numeral. Zapopan, Jalisco, 23 de marzo de 2026. Secretaria de Juzgado Fátima Adaneli Montoya Sierra Rúbrica. (R.- 575697) Estados Unidos Mexicanos Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca EDICTO DHC Diseños en Construcción y Desarrollos Estructurales, Sociedad Anónima de Capital Variable; Daniel Alejandro Colin Delgado, director DHC; Israel Castro; Jaime Colin Valdez, dueño DHC y Luis Ruiz “N”, gerente general de DHC En el lugar en que se encuentre hago saber a usted que: en los autos del Procedimiento Ordinario Laboral 230/2025, promovido por Ángel Bahena Andrés, en el que demanda de DHC Diseños en Construcción y Desarrollos Estructurales, Sociedad Anónima de Capital Variable; Daniel Alejandro Colin Delgado, director DHC; Israel Castro; Jaime Colin Valdez, dueño DHC; Luis Ruiz “N”, gerente general de DHC; la reinstalación y diversas prestaciones laborales, se les ha señalado como demandados y como se desconoce su domicilio actual, en acuerdo de siete de abril de dos mil veintiséis se ordenó emplazarlo por edictos que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el Boletín Judicial, los cuales se realizarán por dos veces, con un lapso de tres días hábiles entre uno y otro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 712, párrafos 972 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 cuarto y quinto, de la Ley Federal del Trabajo, haciéndole saber que podrá presentarse de manera personal o por conducto de apoderado, para la defensa de sus intereses, si así fuera su deseo, ante este Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con domicilio en calle Tamaulipas número dos, colonia Chapultepec, código postal 62450, Cuernavaca, Morelos, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la última publicación de los edictos; a recoger las copias de traslado para comparecer a juicio si a sus intereses conviene, a señalar domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, dar contestación a la demanda, ofrezca pruebas, objete las de su contraria y, en su caso, reconvenga al actor, si así conviniera a sus intereses; con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se harán a través del boletín judicial. Atentamente Cuernavaca, Morelos, 7 de abril de 2026. La Secretaria Instructora del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca Suemy Loza Trujillo Rúbrica. (R.- 575410) Estados Unidos Mexicanos Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en Querétaro, Qro. EDICTO DE EMPLAZAMIENTO Jacqueline Alicia Flores Mendoza y/o Jaqueline Alicia Flores Mendoza, dado que se ignora su domicilio, se le emplaza por este medio al juicio de amparo directo civil 172/2025, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro, promovido por Cesar Ayala Mendoza, contra la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, dictada en el expediente 2671/2021, por el Juez Tercero Menor Civil del Distrito Judicial de Querétaro, donde le resulta el carácter de persona tercera interesada, por lo que dentro del término de treinta días, contados a partir de la última publicación de este edicto, que deberá publicarse tres veces, de siete en siete días hábiles, en el “Diario Oficial de la Federación” y en el Periódico “El Universal”, podrán comparecer al juicio referido, por sí, o por conducto de su representante legal, apercibido que de no hacerlo, éste seguirá su secuela procesal y las siguientes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Órgano copia simple de la demanda de amparo. Atentamente Querétaro, Querétaro, veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco. Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito Carlos Alberto leal González Rúbrica. (R.- 575705) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Cd. Juárez EDICTO. Juicio de amparo 1001/2025-II, del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, promovido por María Cristina Dávila Figueroa, por sí, contra actos de la Juez Segundo Civil por Audiencias y Actuario Adscrito a la Oficina Central de Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos del Distrito Judicial Bravos, el veintitrés de marzo de dos mil veintiséis, ordenó emplazar a la tercera interesada Deutsche Bank México, Sociedad Anónima Institución De Banca Múltiple División Fiduciaria Como Fiduciario En El Contrato De Fideicomiso Empresarial F/342, por edictos, conforme el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, síntesis: “..AUTORIDADES: JUEZ SEGUNDO CIVIL POR AUDIENCIAS y ACTUARIO ADSCRITO.. ACTOS. Todas las actuaciones incluyendo la orden de desalojo del inmueble ubicado en Vinnera número 1503 en esta ciudad en el expediente 1176/2024…orden de desalojo o entrega material del inmueble, orden de lanzamiento y todas las actuaciones judiciales anteriores y que deriven del proceso judicial… la orden de emplazamiento y ejecución material, Preceptos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales..”. Se hace saber a la tercera interesada, que la audiencia constitucional se fijó a las 10:10 horas del 25 de mayo de 2026. Además, quedando copia de la demanda a recoger en el juzgado, tiene 30 días, contados a partir de la última publicación de los edictos, para acudir a señalar lugar para recibir notificaciones y hacer valer sus derechos, apercibido que de no hacerlo, las siguientes, aun las personales, se le practicarán por medio de la lista de acuerdos. Ciudad Juárez, Chihuahua, 20 de abril de 2026. Titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua Juez Gabriel Galván Morales Rúbrica. (R.- 575710) Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 973 Estados Unidos Mexicanos Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún EDICTO Emplazamiento a: Kansa Consulting Group, sociedad anónima de capital variable. Se le hace saber que en este órgano jurisdiccional se tramita el juicio laboral 168/2025 promovido por Marlene del Carmen Martínez Caceres por su propio derecho, en donde le reclama la indemnización constitucional y otras prestaciones. Se ordenó emplazar al demandado por medio de edictos que serán publicados dos veces, con un lapso de tres días entre uno y otro, en el Diario Oficial de la Federación, en un periódico de mayor circulación en la República, en un periódico local de amplia circulación del Estado de Quintana Roo y en el Portal del Órgano de Administración Judicial, haciéndole saber que deberá presentarse ante este tribunal, dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación, para hacer valer lo que a su derecho convenga, apercibido que de no realizar manifestación alguna, se le tendrá por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por perdido su derecho a ofrecer pruebas y, en su caso, a formular reconvención. Asimismo, deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la sede de este Tribunal, apercibida que, de no hacerlo, las notificaciones personales se realizarán por boletín. Doy fe. Cancún, Quintana Roo, 14 de abril de 2026. Secretaria Instructora del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún Mireya Ortiz Landaverde Rúbrica. (R.- 575715) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Centro de Justicia Penal Federal en Los Mochis, Sinaloa EDICTO: Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, en Los Mochis. Declaratoria de abandono 6/2024, promovida por Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula III, del Equipo de Investigación y Litigación 3, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, derivada de la carpeta de investigación FED/SON/NAVO/0003318/2021, se ordena citar a quien le asista el carácter de interesado sobre el bien asegurado consistente en: 1. INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO EN CALLE JAMAY NÚMERO 2026, ENTRE CALLES PARIS Y ESCUINAPA, DE LA COLONIA LAS ESPIGAS, CIUDAD OBREGÓN, SONORA, EN COORDENADAS GEOGRÁFICAS LAT. 27.468632, LONG. -109.964051; y se hace del conocimiento que se señalaron las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTISÉIS, para la celebración de la audiencia, a fin de que comparezcan acompañados de su abogado, cuando menos una hora antes de la señalada, con identificación oficial vigente, en las instalaciones del Centro de Justicia ubicado en Boulevard Antonio Rosales esquina con Zacarías Ochoa Camacho y calle Álamo, en Los Mochis, Sinaloa, Código Postal 81228, número telefónico 6678465760. Los Mochis, Sinaloa, a diez de abril de 2026. Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado Sinaloa, con residencia en Los Mochis Anahí Bringas Espinoza Rúbrica. (R.- 575716) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana EDICTO Emplazamiento del tercero interesado Javier Alberto Covarrubias Juárez. En el juicio de amparo número 639/2025-B, promovido por Delmy Xiomara Ochoa Vásquez, por si y en representación de sus hijos menores de edad de identidades reservadas C.A.C.O y S.P.C.O, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y de otras autoridades, cuyos actos reclamados lo constituyen: “la falta de llamamiento al juicio especial hipotecario 1187/2022, del índice del Juez responsable, promovido por el aquí tercero interesado, Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en contra de José Alberto Cornejo Burgoin, así como todo lo actuado en el mismo, y sus consecuencias y la inscripción de la sentencia dictada por el Juez responsable, 974 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 como título de propiedad del tercero interesado, ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en esta ciudad, bajo la partida 5789652, respecto del bien inmueble materia de la litis; así como la generación de la partida correspondiente.”; por lo que se ordenó emplazar al tercero interesado Javier Alberto Covarrubias Juárez, por edictos, haciéndole saber que podrá presentarse dentro de treinta días contados al siguiente de la última publicación, apercibido que de no hacerlo, las posteriores notificaciones le surtirán efectos por lista en los estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se le informa que queda a su disposición en este juzgado, copia de la demanda, del auto admisorio, del escrito de ampliación de demanda y del auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco. Atentamente Tijuana, Baja California, dieciséis de abril de dos mil veintiséis. Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California Gerardo Castillo Riedel Rúbrica. (R.- 575704) Estados Unidos Mexicanos Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito San Andrés Cholula, Puebla EDICTO A FABIOLA FUENTES LÓPEZ, por propio derecho y como posible representante legal de quien en vida se llamó ALEJANDRO ISAAC FUENTES RAMÍREZ (tercero interesado). En el juicio de amparo directo 101/2025, promovido por ALEJANDRO NAVARRO ENRÍQUEZ, contra la sentencia de diez de febrero de dos mil veintiuno, dictada por la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca 977/2016 relativo al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia pronunciada en el proceso 160/2015 del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, instruido por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, usted tiene el carácter de parte tercera interesada dentro del presente asunto, atento a su condición de agraviada por los referidos delitos y al desconocerse su domicilio actual se ha dispuesto emplazarla por edictos, en términos del artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Queda a su disposición en la actuaría de este tribunal copia simple de la demanda de amparo; deberá presentarse ante este órgano colegiado a deducir los derechos que le corresponde -alegatos o amparo adhesivo- dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación; en caso contrario, las subsecuentes notificaciones se le realizarán por lista, como lo dispone el diverso 26, fracción III, de la ley de la materia. Atentamente San Andrés Cholula, Puebla, a quince de abril de dos mil veintiséis. Magistrada Presidenta Norma Angélica Delgadillo Rodríguez Rúbrica. (R.- 575717) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Centro de Justicia Penal Federal en Los Mochis, Sinaloa EDICTO: Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, en Los Mochis. Declaratoria de abandono 3/2025, promovida por Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula B-III-2, en Los Mochis, Sinaloa, derivada de la carpeta de investigación FED/SIN/MOCH/00000868/2024, se ordena citar a quien le asista el carácter de interesado sobre el bien asegurado consistente en: 1. UN VEHÍCULO TIPO CAMIÓN, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 4400, DOS PUERTAS, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UK-20-538 DEL ESTADO DE SINALOA, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 3HTMKAAN38N681501, CORRESPONDENTE A UN VEHÍCULO DE ORIGEN NACIONAL Y AÑO MODELO 2008; y se hace del conocimiento que se señalaron las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTISÉIS, para la celebración de la audiencia, a fin de que comparezcan acompañados de su abogado, cuando menos una hora antes de la señalada, con identificación oficial vigente, en las instalaciones del Centro de Justicia ubicado en Boulevard Antonio Rosales esquina con Zacarías Ochoa Camacho y calle Álamo, en Los Mochis, Sinaloa, Código Postal 81228, número telefónico 6678465760. Los Mochis, Sinaloa, a quince de abril de 2026. Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado Sinaloa, con residencia en Los Mochis Anahí Bringas Espinoza Rúbrica. (R.- 575719) Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 975 Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Centro de Justicia Penal Federal en Los Mochis, Sinaloa EDICTO: Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, en Los Mochis. Declaratoria de abandono 4/2025, promovida por Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I, del Equipo de Investigación y Litigación 3, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, derivada de la carpeta de investigación FED/SON/COB/0001314/2023, se ordena citar a quien le asista el carácter de interesado sobre el bien asegurado consistente en: 1. UNA MOTOCICLETA MARCA ITALIKA DE COLOR NEGRO, MARCA ITALIKA, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE 3SCPFTEE1L1103631, 2. UNA MOTOCICLETA MARCA ITALIKA DE COLOR NEGRO, MARCA ITALIKA, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE 3SCK2AEN5M1043803.; y se hace del conocimiento que se señalaron las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS, para la celebración de la audiencia, a fin de que comparezcan acompañados de su abogado, cuando menos una hora antes de la señalada, con identificación oficial vigente, en las instalaciones del Centro de Justicia ubicado en Boulevard Antonio Rosales esquina con Zacarías Ochoa Camacho y calle Álamo, en Los Mochis, Sinaloa, Código Postal 81228, número telefónico 6678465760. Los Mochis, Sinaloa, a quince de abril de 2026. Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado Sinaloa, con residencia en Los Mochis Anahí Bringas Espinoza Rúbrica. (R.- 575721) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Centro de Justicia Penal Federal en Los Mochis, Sinaloa EDICTO: Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, en Los Mochis. Declaratoria de abandono 1/2025, promovida por Agente del Ministerio Público de la Federación, Fiscal Titular de la Célula 5 del Equipo de Investigación y Litigación III, de la Unidad Investigación y Litigación B, en Guasave, Sinaloa, derivada de la carpeta de investigación FED/SIN/GUAS/0000896/2023, se ordena citar a quien le asista el carácter de interesado sobre el bien asegurado consistente en: 1. un vehículo tipo pick up, marca Ford, línea super Dutty F350, color blanco, año modelo 2017, con placas de circulación del estado de Sinaloa UJ42883, con número de identificación vehicular 1FDWF3G62HEB72514, y 2. un vehículo tipo cuatrimoto, color rojo con negro, marca honda, año modelo 2021, con número de serie 1HFTE4G28M4600204; y se hace del conocimiento que se señalaron las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTISÉIS, para la celebración de la audiencia, a fin de que comparezcan acompañados de su abogado, cuando menos una hora antes de la señalada, con identificación oficial vigente, en las instalaciones del Centro de Justicia ubicado en Boulevard Antonio Rosales esquina con Zacarías Ochoa Camacho y calle Álamo, en Los Mochis, Sinaloa, Código Postal 81228, número telefónico 6678465760. Los Mochis, Sinaloa, a quince de abril de 2026. Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado Sinaloa, con residencia en Los Mochis Anahí Bringas Espinoza Rúbrica. (R.- 575723) Estados Unidos Mexicanos Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito Hermosillo, Sonora EDICTO En cumplimiento a lo ordenado por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiséis, por el suscrito Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, Sonora, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se emplaza a juicio por medio de los presentes edictos a la tercero interesada Western Fish Company y/o Western Fish Company Inc., en el Juicio de Amparo Directo Laboral 191/2025, promovido por Carlos Alberto Zazueta Razo, Fernando Javier Zazueta Razo y Froylán Adolfo Saucedo Suano, contra el laudo de veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro dictado por la Junta Especial Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en el expediente 885/2006, quien deberá presentarse ante este Tribunal Colegiado, ubicado en Calle Juan Antonio Ruibal Corella ciento setenta y cinco, colonia La Manga de esta ciudad, dentro del término de treinta días 976 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 hábiles, contado a partir del día siguiente hábil al de la última publicación del presente edicto; asimismo, se hace del conocimiento de la tercero interesada Western Fish Company y/o Western Fish Company Inc., que en caso de no comparecer por conducto de su apoderado o gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio de amparo y las ulteriores notificaciones, incluso las de carácter personal se verificarán por medio de lista electrónica, así como en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación de conformidad con el numeral 29 de la Ley de Amparo y por estrados. Queda a su disposición en la secretaría de acuerdos de este Tribunal copia simple de la demanda de amparo. Para ser publicado tres veces, de siete en siete días hábiles, en el Diario Oficial de la Federación, y en el periódico Excelsior o El Universal. Hermosillo, Sonora, a 25 de marzo de 2026. El Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito Magistrado Genaro Antonio Valerio Pinillos Rúbrica. (R.- 575709) Estados Unidos Mexicanos Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco EDICTO: JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL ESTADO DE JALISCO. En el juicio de amparo indirecto 1744/2025, promovido por TERESA DE JESÚS ALCARAZ VILLALVAZO o TERESA DE JESÚS ALCARAZ VILLALVAZO DE TRIBBLE; se ordena emplazar a las terceras interesadas MARÍA TERESA MACIEL ALCARAZ y ANA VICTORIA RÍOS MACIEL, haciéndoseles saber que cuentan con TREINTA DÍAS, contados a partir de la última publicación de edictos, para que comparezcan ante este juzgado de Distrito a defender sus derechos y señalen domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones, apercibidas que de no hacerlo, las posteriores, se les harán por lista que se fije en los estrados; lo anterior, toda vez que el quejoso promovió demanda de amparo en contra del emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio 596/2021, del índice del Juzgado Cuarto en Materia Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, de conformidad al artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Zapopan, Jalisco, trece de abril de dos mil veintiséis. Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco María Isabel Orozco Ruiz Rúbrica. (R.- 575727) Estados Unidos Mexicanos Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan M4-S EDICTO Tercero interesado: Servicios de Capital Inteligente, S.I.I, Sociedad Anónima de Capital Variable. En los autos del juicio de amparo número 104/2025, promovido por Norma Edith Mendoza Álvarez, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco; y otra, con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordenó emplazar este medio a Servicios de Capital Inteligente, S.I.I, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien debe presentarse dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación, a hacer valer sus derechos en el presente juicio; apercibido que, de no hacerlo, por sí, por su apoderado o por gestor que pueda representarlo, se seguirá el procedimiento en sus etapas, haciéndose las subsecuentes notificaciones por lista, que se fije en los estrados de este Juzgado, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, copia de la demanda de amparo. Zapopan, Jalisco; nueve de abril de dos mil veinticinco. La Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco Jesús Janet Rodríguez Barrera Rúbrica. (R.- 575729) Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 977 Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito EDICTO En los autos del juicio de amparo número D.C. 486/2024 promovido por BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO 1301, por conducto de su mandataria judicial, Tania Chávez Chavarría, contra actos del Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, se ordenó emplazar por edictos a la tercera interesada HERMELINDA MELCHOR GARCÍA, a quien se le concede un término de treinta días contados a partir de la última publicación para que comparezca a juicio a hacer valer sus derechos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibida que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal, se practicarán por medio de lista. Atentamente Ciudad de México, a 21 de abril de 2026. Secretario de Acuerdos Lic. Armando Esparza Márquez Rúbrica. (R.- 575734) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Quinto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León EDICTO Dentro del juicio de amparo número 553/2025-3, promovido por Luis Irineo Ramos López, por proveído de ocho de octubre de dos mil veinticinco, se ordenó emplazar a los terceros interesados Sergio Manrique Ramos y Leonor Cecilia Pérez Cuevas, “La resolución de veintiuno de marzo del dos mil veinticinco, en el expediente laboral 06481/i/02/2004 del índice de Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; demanda que se admitió a trámite el veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, registrada con el número de expediente 553/2025-3. Actualmente, está fijada las diez horas con cincuenta minutos del siete de mayo de dos mil veintiséis, para la audiencia constitucional.” Monterrey, Nuevo León a 16 de abril del 2026. El Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León Lic. Alejandro Tovar Álvarez Rúbrica. (R.- 575866) Estados Unidos Mexicanos Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan EDICTO En el juicio de amparo 974/2024 que promueve Matilde Aguilar Madrigal, en representación de la NNA de iniciales J.A.M.G., contra actos del Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y otras autoridades, consistente en la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, emitida dentro de los auto del toca civil 399/2024 y su ejecución dentro de los autos del juicio 469/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Décimo Cuarto Partido Judicial del Estado de Jalisco, por la que se modificó la pensión alimenticia provisional en favor de la niña J. A. M. G.; se ordena notificar por edictos a Giovanni Benigno Magaña Ceballos, en su carácter de tercero Interesado, a efecto de presentarse dentro de los próximos 30 días, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco con sede en Zapopan, ubicado en Anillo Periférico Poniente Manuel Gómez Morín, # 7727, edificio X1, piso 3, 978 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 fraccionamiento Ciudad Judicial, en Zapopan, Jalisco, código postal 45010, a efecto de ser emplazado bajo términos artículo 27, fracción III, inciso b) y c), de la Ley de Amparo y 209 Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de aplicación supletoria, quedando copia de demanda a su disposición en este Juzgado, apercibido que de no comparecer, seguirá juicio en rebeldía y las subsecuentes notificaciones, aún carácter personal, se practicarán por lista acuerdos, como dispone numeral 27, fracción III, de la ley de la materia. Publíquese 3 veces de 7 en 7 días en el Diario Oficial de la Federación, y periódico de mayor circulación en la República, así como en los estrados del Juzgado. Zapopan, Jalisco, a 15 de abril de 2026. Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan Licenciada Mónica Esmeralda Enríquez Enríquez Rúbrica. (R.- 575726) Estados Unidos Mexicanos Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero Acapulco Sección de Amparo Acapulco, Gro. EDICTO. “Tercero interesado Servipavos y Pollos de Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable” “En el lugar en que se encuentre hago saber a usted que: en los autos de Juicio Amparo Indirecto 279/2025, promovido por Tania Perez Puente, por su propio derecho, con actos de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad en cumplimiento al auto de nueve de abril de dos mil veintiséis, dictado por la Jueza Sexta Distrito Estado Guerrero, se hace conocimiento que le resulta el carácter de tercero interesado, en términos artículo 5°, fracción III, de ley de amparo y 209 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aplicado supletoriamente, se mandó emplazar por edictos a juicio, si a su interés conviniere se apersone, debiéndose presentar este juzgado federal, ubicado Boulevard de las Naciones número 640, Granja 39, Fracción “A”, Fraccionamiento Granjas del Marqués, código postal 39890, Acapulco, Guerrero, deducir derechos dentro de término TREINTA DÍAS, a partir siguiente última publicación del presente edicto; apercibido de no comparecer lapso indicado, ulteriores notificaciones personales surtirán efectos por lista que se publique en estrados de este órgano control constitucional.” En la inteligencia que este juzgado ha señalado las diez horas con cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil veintiséis, celebración audiencia constitucional, queda disposición en secretaría juzgado copia demanda amparo.” Para su publicación por tres veces, de tres en tres días hábiles en el Diario Oficial de la Federación, se expide la presente en la ciudad de Acapulco, Guerrero, al nueve de abril de dos mil veintiséis.- Doy fe. La Secretaria de Juzgado adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero Lic. Diana Laura González Ramírez Rúbrica. (R.- 575875) Estados Unidos Mexicanos Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito Ciudad Judicial Federal Zapopan, Jalisco EDICTOS TERCERO INTERESADO: José Arturo Ledezma Rojas En el juicio de amparo directo 1314/2025, promovido por Ma. Guadalupe Hernández Castro, contra el acto de la Junta Especial Número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, consistente en el laudo aprobado el siete de marzo de dos mil veinticinco, dictado en el juicio laboral 2268/2021. Por tanto, se ordena emplazar por edictos a José Arturo Ledezma Rojas, bajo los términos del artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, a efecto de presentarse, ante esta autoridad, dentro del término de quince días, contado a partir del día siguiente al de la última publicación del edicto, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 181 y 182 de la ley de la materia. Zapopan, Jalisco, diecisiete de abril de dos mil veintiséis. El Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito Licenciado Aarón Efraín Silva de Anda Rúbrica. (R.- 575877) Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 979 Estados Unidos Mexicanos Juzgado Segundo de Distrito Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas EDICTOS Enlaces Empresariales S.A. de C.V., por conducto de quien legalmente lo represente, así como Emilio Agustín Orduña Morga y Jesús Manuel Escobedo Tovilla. DONDE SE ENCUENTREN En el juicio de amparo 2744/2025, promovido por Emilio Ochoa Álvarez y Javier Ángel Becerra Gamboa, por auto de nueve de abril de dos mil veintiséis, se ordenó emplazarlos al citado juicio, como en efecto lo hago, por medio de edictos que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana, para que dentro del término de veinte días, contados a partir del siguiente al de la última notificación, se apersone a este juicio en su carácter de parte tercera interesada ante este Juzgado, en la que además, quedará a su disposición copia simple de la demanda de amparo, el auto admisorio, haciéndole de su conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las ONCE HORAS DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS. Y PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES, DE SIETE EN SIETE DÍAS, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA REPÚBLICA, EXPIDO EL PRESENTE EN LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, CHIAPAS, A DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS. Atentamente Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas Karla Alejandra Robles Chacon Rúbrica. (R.- 575880) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito Toluca, México EDICTOS. José Quintana Lara. Se hace de su conocimiento que Rodolfo Guillermo Chacón Giacomán, promueve juicio de amparo al que por turno tocó conocer a este órgano jurisdiccional, bajo el número de amparo directo 814/2025, en contra de la sentencia de nueve de octubre de dos mil veinticinco, dictada por la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca 385/2025, y su ejecución, atribuible al Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez. Que por auto de veinte de marzo de dos mil veintiséis, este Tribunal Colegiado ordenó el emplazamiento por edictos del tercero interesado José Quintana Lara, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de treinta días hábiles contados del siguiente al de la última publicación de los edictos, apercibido de que si pasado dicho término no comparece, se seguirá el juicio, haciéndole las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que publica este tribunal diariamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la inteligencia de que las copias simples de la demanda de amparo quedan a su disposición en el local de este órgano jurisdiccional. Para su publicación por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación en la República Mexicana. Se expiden los presentes el ocho de abril de dos mil veintiséis. La Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito Lic. Reyna Ileana Vela Alemán Rúbrica. (R.- 575883) Estados Unidos Mexicanos Sexto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez EDICTO PARA EMPLAZAR A: Leyvam Limpieza, Sociedad Anónima de Capital Variable. En el juicio ordinario laboral 343/2023, que se tramita ante este Tribunal Laboral Federal, Guadalupe Elsa Bolaños Juárez y Andrea Adamari López Bolaños demandaron el cumplimiento del contrato individual de trabajo y, como consecuencia, su reinstalación en el empleo, así como el pago de diversas prestaciones accesorias a Ganaderos Productores de Leche Pura, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable; y Leyvam Limpieza, Sociedad Anónima de Capital Variable. La demanda fue admitida, en acuerdo de 28 de junio de 2023. En proveído de 26 de enero de 2026, ante la imposibilidad de localizar el domicilio únicamente de Leyvam Limpieza, Sociedad Anónima de Capital Variable, se ordenó emplazarla por medio de edictos, que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, por dos veces, con un lapso de tres días hábiles entre uno y otro, a fin de que dentro del plazo de 30 días hábiles, la aludida demandada acuda al local que ocupa este Tribunal Laboral Federal a contestar la demanda; con la aclaración de que la notificación 980 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 realizada de esta forma surte sus efectos a partir del día siguiente de la última publicación. Se indica que queda a su disposición la copia de traslado de la demanda y anexos, para su debida instrucción en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, ubicado en Avenida 16 de Septiembre 784, Alce Blanco, 53370, Naucalpan de Juárez, Estado de México. En el entendido de que, en caso de no comparecer y no dar contestación a la demanda, dentro del plazo establecido, se tendrán por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto en la ley, así como por perdido su derecho para ofrecer pruebas y, en su caso, para formular reconvención, sin perjuicio de que antes de la audiencia preliminar pueda ofrecer pruebas en contrario. Finalmente, se previene a la citada demandada para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro de la residencia de este Tribunal, pues de no hacerlo así, las posteriores notificaciones se realizarán por boletín. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 16 de abril de 2026. Secretario Instructor adscrito al Sexto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez Javier Gálvez Delgado Rúbrica. (R.- 575743) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora Cd. Obregón EDICTO: JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA. En cumplimiento a lo ordenado en auto de diecisiete de febrero de dos mil veintiséis, dictado en el juicio oral mercantil 1515/2025, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, se ordenó el emplazamiento de los demandados Agropecuaria Esthercita, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada y Jesús Ramón Chávez Pablos, en el juicio seguido en su contra por BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, haciéndole saber que la parte actora reclama: A). LA DECLARACIÓN JUDICIAL que se tenga por vencido anticipadamente el CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE de fecha 11 de mayo del 2023 celebrado entre mi representada BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO como EL BANCO y AGROPECUARIA ESTHERCITA, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA como EL CLIENTE y el señor JESUS RAMON CHAVEZ PABLOS como OBLIGADO SOLIDARIO, con motivo del incumplimiento en que incurrió el cliente en sus obligaciones de pago a partir del 05 de noviembre del 2024, haciéndose exigible en una sola exhibición la totalidad del capital adeudado y sus intereses, de conformidad con lo establecido en la cláusula DECIMA CUARTA del Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente, documento que se exhibe como base de la acción, cantidades que serán cuantificadas en ejecución de sentencia,; B). El pago de la cantidad de $5,845,705.56 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 56/100 M.N.) cantidad líquida y exigible cuantificada al día 14 de febrero del 2025 que se integra por los conceptos de: 1.- Saldo de capital como suerte principal $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 m.n.) 2.- Intereses ordinarios $398,500.00 (trescientos noventa y ocho mil quinientos pesos 00/100 m.n.) y 3.- Intereses moratorios $447,205.56 (cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos cinco pesos 56/100 m.n.), según se hace constar en el estado de cuenta certificado con cifras al 14 de febrero del 2025, en virtud del incumplimiento en las obligaciones de pago contraídas por los demandados a partir del 05 de noviembre del 2024 en cuanto al pago del capital, a partir del 09 de mayo del 2024 en cuanto al pago de intereses ordinarios y a partir del 06 de noviembre del 2024 en cuanto al pago de intereses moratorios, haciéndose exigible en una sola exhibición la totalidad de capital adeudado e intereses ordinarios y moratorios de acuerdo al estado de cuenta que se exhibe para determinar saldo de capital a cargo del deudor por los conceptos a que se refiere y a fecha determinada; C) El pago de la cantidad que resulte por concepto de intereses moratorios a cargo de los demandados conforme a lo convenido en la cláusula SEPTIMA del Contrato de apertura de crédito en cuenta corriente que se acompaña como base de la acción y que se generen a partir del 15 de febrero 2025 hasta en tanto haga pago total de la suerte principal señalada en la prestación anterior, cantidades que serán cuantificadas y actualizadas oportunamente en el incidente respectivo de ejecución de sentencia; D). El pago de los gastos y costas que el presente Juicio origine hasta su total solución. Asimismo, se hace del conocimiento de los citados demandados que deberán comparecer a este órgano jurisdiccional dentro del término de treinta días contados desde el día siguiente al de la última publicación de edictos, a efecto de señalar domicilio en Ciudad Obregón, Sonora, donde oír y recibir notificaciones, apercibidos que pasado este término, si no comparecen por si o por apoderado que pueda representarlos, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por lista que se fijará en los estrados de este juzgado de Distrito. Ciudad Obregón, Sonora, 17 de febrero de 2026. El Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora Héctor Jesús Carrillo Zamora Rúbrica. (R.- 575069) Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 981 Estados Unidos Mexicanos Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco Puente Grande, Jal. EDICTO. Al margen, el Escudo Nacional, con la leyenda que dice: Estados Unidos Mexicanos. Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, Puente Grande, Jal. En el juicio de amparo 818/2025-V y su acumulado 829/2025, promovidos por José Ernesto Flores Ibarra y Omar Arturo Muñoz Ochoa, contra los actos que reclaman del Juez Décimo Primero de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes y de otras autoridades, se ordena el emplazamiento de la persona moral tercera interesada Altura Residencial Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado legal Rubén Torres Bustamante, por medio de edictos por ignorarse su domicilio, lo anterior, en términos del artículo 30, fracción ll de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; a efecto de que se apersone al mismo por sí o por representante legal dentro de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación, para hacer valer sus derechos en el presente juicio y señale domicilio para oír y recibir notificaciones la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Apercibida que de no hacerlo así, las ulteriores y aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en el entendido, que queda a su disposición la copia de traslado de la demanda de amparo en la secretaría correspondiente de este juzgado; hágase del conocimiento que se fijaron las diez horas con cuarenta y cinco minutos del once de mayo de dos mil veintiséis, para la audiencia constitucional. Atentamente Puente Grande, Jalisco, nueve de abril de dos mil veintiséis. Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de en Materia Penal en el Estado de Jalisco Raymundo Sarabia Castellanos Rúbrica. (R.- 575083) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México - EDICTO - AL MARGEN, EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. En los autos del juicio de amparo 1353/2025-III y su acumulado 1396/2025 III, promovido por Francisco Abel Lima Contreras, en su carácter de apoderada de la quejosa Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, contra actos de la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por auto de catorce de abril de dos mil veintiséis, se desprende que se agotó la investigación correspondiente y al desconocer el domicilio actual de la tercera interesada Claudia Vega Armenta; con fundamento en los artículos 27, fracción III, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se ordenó su emplazamiento al presente sumario por medio de edictos que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, lo anterior para que en el término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, la tercera interesada ocurra ante este Órgano de justicia y hagan valer su derecho, por lo que se le hace de su conocimiento que ante la secretaria de este juzgado quedan a su disposición copia simple de la demanda de amparo, apercibida que en caso de no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, éstas se le hará por medio de lista. En consecuencia, se hace la relación sucinta de la demanda, en la que Francisco Abel Lima Contreras, en su carácter de apoderada de la quejosa Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, contra actos de la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, reclamando la sentencia de apelación dictada el 2 de octubre de 2025 por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro del toca número 1880/2024/2. Atentamente Ciudad de México, a 20 de abril de 2026. Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México Lic. Rafael Enrique Domínguez Bolaños Rúbrica. (R.- 575573) 982 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México “2026, Año de Margarita Maza Parada” EDICTO. JUICIO DE AMPARO 1381/2025. Emplazamiento al tercero interesado: Jovan Israel Banda Barragán En el juicio de amparo 1381/2025, del índice del juzgado al rubro citado, promovido por Comercializadora y Prestadora de Servicios DOZA, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra actos de la Séptima Sala de lo Civil y del Juez Sexto de lo Civil de Proceso Escrito y Extinción de Dominio, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el que se reclama la resolución de veinte de octubre de dos mil veinticinco, dictada por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 1228/2025/2, que confirmó el proveído de nueve de julio de dos mil veinticinco, emitido en el juicio especial hipotecario expediente 676/2019, mismo que fue admitido mediante acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco. Debido a que no se pudo obtener un domicilio en donde localizar a Jovan Israel Banda Barragán, por auto de diecisiete de abril de dos mil veintiséis, se ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicarán tres veces, de tres en tres días hábiles, en el Diario Oficial de la Federación; esto es, que entre cada una de las publicaciones mediarán dos días hábiles, para que la siguiente publicación se realice al tercer día hábil; por lo que se hace de su conocimiento que deberá presentarse a esta instancia constitucional dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación; apercibido que de no hacerlo en dicho término y omita designar domicilio procesal en la jurisdicción de este juzgado, se le harán las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista. Atentamente Ciudad de México, veintidós de abril de dos mil veintiséis. La Secretaria del Juzgado Dalma Nayely Terrero Hernández Rúbrica. (R.- 575736) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz EDICTO Al margen, un sello con el escudo nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON SEDE EN LA PAZ. Tres Californias Servicios Aéreos, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; Calafia Tours, Sociedad Anónima de Capital Variable; Calafia Airlines, Sociedad Anónima de Capital Variable y Aéreo Calafia, Sociedad Anónima de Capital Variable, se les hace de su conocimiento que en el juicio ordinario laboral 74/2024, promovido por Nicolás González Espinoza, se dictó un acuerdo para emplazarlos a juicio por medio del presente edicto, para que se apersonen dentro del plazo de treinta y ocho días hábiles contados a partir del siguiente al de la última publicación de este edicto, en el entendido de que deben presentarse en el domicilio de este órgano jurisdiccional ubicado en calle Concha Nácar, número 4520, entre Mar Caribe, Caracol y Calle Sin Nombre, Edificio “B”, Nivel 3, Ala B, colonia El Conchalito, código postal 23090, La Paz, Baja California Sur, por medio de apoderado o representante legal. Apercibidos que en caso de no comparecer y no dar contestación a la demanda dentro del plazo establecido, se tendrán por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por perdido su derecho a ofrecer pruebas y en su caso a formular reconvención, ello sin perjuicio de que antes de la audiencia preliminar pueda ofrecer pruebas para demostrar que el actor no era trabajador o que no son ciertos los hechos afirmados por la parte actora; también, que de no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia este órgano federal o de no comparecer, se le harán las subsecuentes notificaciones por medio de boletín. Quedan a su disposición en el local que ocupa este tribunal, las copias de traslado correspondiente. La Paz Baja California Sur, diecisiete de abril de dos mil veintiséis. Secretaria Instructora del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz Valeria González Cuevas Rúbrica. (R.- 575879) Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 983 Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz EDICTO Al margen, un sello con el escudo nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON SEDE EN LA PAZ. Mario Salinas y Armando Vargas Castro, se les hace de su conocimiento que en el juicio ordinario laboral 5/2026, promovido por Ángeles Yandira Viridiana Casas Cota, se dictó un acuerdo para emplazarlos a juicio por medio del presente edicto, para que se apersonen dentro del plazo de treinta y ocho días hábiles contados a partir del siguiente al de la última publicación de este edicto, en el entendido de que deben presentarse en el domicilio de este órgano jurisdiccional ubicado en calle Concha Nácar, número 4520, entre Mar Caribe, Caracol y Calle Sin Nombre, Edificio “B”, Nivel 3, Ala B, colonia El Conchalito, código postal 23090, La Paz, Baja California Sur, por medio de apoderado o representante legal. Apercibido d,e que en caso de no comparecer y no dar contestación a la demanda dentro del plazo establecido, se tendrán por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por perdido su derecho a ofrecer pruebas y en su caso a formular reconvención, ello sin perjuicio de que antes de la audiencia preliminar pueda ofrecer pruebas para demostrar que el actor no era trabajador o que no son ciertos los hechos afirmados por la parte actora; también, que de no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia este órgano federal o de no comparecer, se le harán las subsecuentes notificaciones por medio de boletín. Quedan a su disposición en el local que ocupa este tribunal, las copias de traslado correspondiente. La Paz Baja California Sur, catorce de abril de dos mil veintiséis. Secretaria Instructora del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz Valeria González Cuevas Rúbrica. (R.- 575884) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz EDICTO Al margen, un sello con el escudo nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON SEDE EN LA PAZ. Tda Telecomunicaciones, Sociedad Anónima de Capital Variable y Global Marketing, Sociedad Anónima de Capital Variable, se les hace de su conocimiento que en el juicio ordinario laboral 230/2025, promovido por Víctor Hugo Nieto Pérez, se dictó un acuerdo para emplazarlos a juicio por medio del presente edicto, para que se apersonen dentro del término de treinta y ocho días hábiles contados a partir de siguiente al de la última publicación de este edicto, en el entendido de que debe presentarse en el domicilio de este órgano jurisdiccional calle Concha Nácar, número 4520, entre Mar Caribe, Caracol y Calle Sin Nombre, Edificio “B”, Nivel 3, Ala B, colonia El Conchalito, código postal 23090, La Paz, Baja California Sur, por medio de apoderado o representante legal. Apercibidas que en caso de no comparecer y no dar contestación a la demanda, dentro del plazo establecido, se tendrán por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por perdido su derecho a ofrecer pruebas y en su caso a formular reconvención, ello sin perjuicio de que antes de la audiencia preliminar puedan ofrecer pruebas, para demostrar que el actor no era trabajador o que no son ciertos los hechos afirmados por la parte actora; también que de no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia este órgano federal o de no comparecer, se le harán las subsecuentes notificaciones por medio de boletín. Quedan a su disposición en el local que ocupa este tribunal, las copias de traslado correspondiente. La Paz Baja California Sur, diecisiete de abril de dos mil veintiséis. Secretaria Instructora del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz Valeria González Cuevas Rúbrica. (R.- 575885) 984 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana EDICTO PARA PUBLICIDAD DE SENTENCIA QUE DECLARA EL ESTADO DE QUIEBRA En los autos del concurso mercantil 13200/2025-VII, mediante sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiséis, se declaró de plano el estado de quiebra a la comerciante Interlatin, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable; y por ende suspendida la capacidad de ejercicio de la fallida, respecto de los bienes y derechos que integran su masa, que serán administrados por el síndico, quien contará con las más amplias facultades de dominio que en derecho procedan; se ordenó a la comerciante, a sus administradores, gerentes y dependientes, entregar al especialista la posesión y administración de los bienes y derechos que integran la masa, con excepción de los inalienables, inembargables e imprescriptibles; las personas que tengan en su posesión bienes de la quebrada, deberán entregarlas al síndico, incluyendo depositarios de bienes embargados; se prohibió a los deudores de la comerciante pagar o entregar bienes sin autorización del síndico, con apercibimiento de doble pago en caso de desobediencia; se ordenó al síndico iniciar inmediatamente las diligencias de ocupación, mediante inventario de libros, papeles, documentos, medios electrónicos de almacenamiento y proceso de información, existencia en caja y todos los bienes de la quebrada, que se encuentren en posesión de ella o de otra persona. Se designó como síndico a Francisco Gómez Ibarra Ontiveros, con domicilio para el cumplimiento de obligaciones a su cargo en Américas número 1930, piso 2, interior 7, colonia Country Club, Guadalajara, Jalisco. Se ordenó al síndico proceder a la enajenación de los bienes y derechos que integran la masa. La publicación de éste edicto surte efectos de notificación para quienes aún no hayan sido notificados en alguna forma diferente, ordenada en la propia sentencia. Se expide el presente edicto, en cumplimiento a lo ordenado en sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiséis. Ciudad de México, treinta de marzo de dos mil veintiséis. El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana José Alejandro Reséndiz Fragoso Rúbrica. (R.- 575929) Estados Unidos Mexicanos Juzgado Primero de Distrito Hermosillo, Sonora EDICTO 1. Ángel Gustavo López Romandía En el juicio de amparo 1492/2025, promovido por Alma Delia Acosta Reyes, reclama al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, el ilegal emplazamiento a juicio, el lanzamiento ejecutado el diecinueve de junio de dos mil veinticinco, así como todas las actuaciones llevadas a cabo en el expediente 1218/2016, del índice de la responsable Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. El doce de diciembre del dos mil veinticinco, se ordenó emplazar a la persona tercera interesada, por medio de edictos en términos del artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, por lo que se le hace de su conocimiento que deberá presentarse ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora ubicado en calle Doctor Paliza esquina con Londres número 44, colonia Centenario, en Hermosillo, Sonora, dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación, para hacer valer sus derechos y señalar domicilio para recibir notificaciones personales en el lugar de residencia de este juzgado, apercibida que de no hacerlo se continuará el juicio y las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se les hará por medio de lista. Queda a su disposición en este órgano jurisdiccional copia simple de la demanda de amparo. Atentamente Hermosillo, Sonora, seis de mayo de dos mil veintiséis. El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora José Enrique Ayala García Rúbrica. (R.- 575954) Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 985 Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México EDICTOS AL MARGEN DE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISEIS. EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NÚMERO 1187/2025-II, PROMOVIDO POR PROMOVIDO POR MARIANA ROCHA JASSO, CONTRA ACTOS DE LA CUARTA SALA FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y OTRA, CON FECHA CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS, SE DICTÓ UN AUTO POR EL QUE SE ORDENA EMPLAZAR A LOS TERCEROS INTERESADOS MARÍA ANNEKEN ROMAY ANDRESEN, ROGELIO ROMAY ANDRESEN Y ASTRID MARÍA DEL CARMEN ROMAY ANDRESEN, POR MEDIO DE EDICTOS, QUE SE PUBLICARAN TRES VECES CONCECUTIVAS, DE SIETE EN SIETE DÍAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y EN UN PERIÓDICO LOCAL DE MAYOR CIRCULACIÓN, A FIN DE QUE COMPAREZCAN A ESTE JUICIO A DEDUCIR SUS DERECHOS EN EL TERMINO DE TREINTA DÍAS CONTADOS, A PARTIR DEL SIGUIENTE AL EN QUE SE EFECTÚE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, QUEDANDO EN ESTA SECRETARIA A SU DISPOSICIÓN, COPIA SIMPLE DE LA DEMANDA Y DEMÁS ANEXOS EXHIBIDOS, APERCIBIDOS QUE DE NO APERSONARSE AL PRESENTE JUICIO, LAS ULTERIORES NOTIFICACIONES SE LE PRACTICARÁN POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. EN ACATAMIENTO AL AUTO DE MERITO, SE PROCEDE A HACER UNA RELACIÓN SUCINTA DE LA DEMANDA, DONDE LA PARTE QUEJOSA SEÑALO COMO ACTO RELCAMADO LO SIGUIENTE: La sentencia de fecha 17 de octubre de 2025, dictada por la cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, dentro de los tocas 335/2023, 336/2023, 337/2023 y 338/2023. Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México Lic. Martín Contreras García Rúbrica. (R.- 575965) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito EDICTOS AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En el expediente de amparo directo D.C. 94/2026, del índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en auto de veintinueve de abril de dos mil veintiséis, se ordena el emplazamiento por edictos del tercero interesado Bernardo Valdés Basáñez al juicio de amparo directo promovido por Carlos Enrique López Araiza Genis en contra de la sentencia definitiva de diez de diciembre de dos mil veinticinco, emitida por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los autos de los tocas 319/2025/7, 319/2025/9 y 319/2025/10, derivados del juicio ordinario civil 41/2021, seguido ante el Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México (autoridad ejecutora). En el entendido que el tercero interesado deberá comparecer, ante el tribunal de amparo a deducir sus derechos en el término de treinta días, contado a partir del día siguiente al en que se efectúe la última publicación de los edictos, dejando a su disposición en la secretaría de acuerdos copia simple de la demanda de amparo, con el apercibimiento que de no apersonarse, las ulteriores notificaciones que se ordenen a su nombre se efectuarán por lista, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo. Ciudad de México, ocho de mayo de dos mil veintiséis. Secretaria de Acuerdos Lic. Virginia Hernández Santamaría Rúbrica. (R.- 575978) 986 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco Amparo 1876/2025 EDICTO: Por este medio, en cumplimiento a lo ordenado en auto de seis de abril de dos mil veintiséis, dictado en el juicio de amparo número 1876/2025, promovido por “Patrimonio”, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, por conducto de su Apoderado General Judicial para Pleitos y Cobranzas de la persona moral quejosa Jaime Rodrigo González Siordia, contra los actos reclamados por el Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, se emplaza a juicio a Rosa María León Candelario, Miguel Medina Villarruel y Mónica Rocío Carmona Pérez, con el carácter de terceros interesados, en virtud de que se desconoce su domicilio. Lo anterior, de conformidad con el artículo 315 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. A fin de hacerle saber la radicación del juicio, quedan a su disposición, en la Secretaría de este Órgano Judicial, copia simple de la demanda de garantías y sus anexos. Se le hace saber que cuentan con el plazo de treinta días, contados a partir de día siguiente al de la última publicación del presente edicto para que concurra a este juzgado a hacer valer lo que a su interés conviniere y señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Se le apercibe que de incumplir esto último, las ulteriores notificaciones, aun las de carácter personal se le harán por lista. Se hace de su conocimiento que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ABRIL PRÓXIMO, para la celebración de la audiencia constitucional. Atentamente Zapopan, Jalisco, 08 de abril de 2026. El Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco Lic. Miguel Alejandro Hermosillo Navarro Rúbrica. (R.- 575984) AVISO Se informa que para la inserción de documentos en el Diario Oficial de la Federación, se deberán cubrir los siguientes requisitos: • Escrito dirigido al Coordinador del Diario Oficial de la Federación, solicitando la publicación del documento, fundando y motivando su petición conforme a la normatividad aplicable, con dos copias legibles. • Documento a publicar en papel membretado que contenga lugar y fecha de expedición, cargo, nombre y firma autógrafa de la autoridad emisora, sin alteraciones, en original y dos copias legibles. • Versión electrónica del documento a publicar, en formato Word, contenida en un solo archivo, correctamente identificado. • Comprobante de Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales realizado ante cualquier institución bancaria o vía internet mediante el esquema de pago electrónico e5cinco del SAT, con la clave de referencia 014001743 y la cadena de la dependencia 22010010000000. El pago deberá realizarse invariablemente a nombre del solicitante de la publicación, en caso de personas físicas y a nombre del ente público u organización, en caso de personas morales. El comprobante de pago se presenta en original y copia simple. El original del pago queda bajo resguardo de esta Coordinación del Diario Oficial de la Federación. Nota: No se aceptarán recibos bancarios ilegibles; con anotaciones o alteraciones; con pegamento o cinta adhesiva; cortados o rotos; pegados en hojas adicionales; perforados; con sellos diferentes a los de las instituciones bancarias. Todos los documentos originales, entregados al Diario Oficial de la Federación, quedarán resguardados en sus archivos. Las solicitudes de publicación de licitaciones para Concursos de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, así como los Concursos a Plazas Vacantes del Servicio Profesional de Carrera, se podrán tramitar a través de la herramienta “Solicitud de publicación de documentos en el Diario Oficial de la Federación a través de medios remotos”, para lo cual además de presentar en archivo electrónico el documento a publicar, el pago correspondiente (sólo en convocatorias para licitaciones públicas) y la e.firma de la autoridad emisora del documento, deberá contar con el usuario y contraseña que proporciona la Coordinación del Diario Oficial de la Federación. Por ningún motivo se dará trámite a las solicitudes que no cumplan los requisitos antes señalados. Teléfonos: 55 50 93 32 00 y 55 51 28 00 00, extensiones 35078 y 35079. Atentamente Diario Oficial de la Federación Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 987 Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México EDICTO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA GACETA O PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y EN EL PORTAL DE INTERNET DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Se comunica a las personas que tengan derecho sobre los vehículos consistentes en: 1.- Tractocamión marca International, tres ejes, modelo 9100i 6x4 SBA, color blanco, número económico 02, con placas de circulación 45-EN-1S del Servicio Público Federal Arrendamiento Fronterizo, con motor Detroit serie 60 numero: 06R0653234, y número de identificación vehicular (NIV/VIN) 1HSCBAMR42J033884, de origen extranjero, año modelo 2002; y, 2.- Semirremolque tanque cilíndrico marca Visusa, dos ejes, color blanco, número económico 52, con placas de circulación 42-UF-8Z, del Servicio Público Federal Remolque, con número de identificación vehicular (NIV/VIN) 3S9ST3224LV022778, de origen nacional y año modelo 2020, lo siguiente: Que en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, se radicó el expediente relativo al Juicio de Extinción de Dominio 45/2025 promovido por los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Fiscalía Especial en Materia de Extinción de Dominio, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional en la Fiscalía General de la República, en contra de Fernando Eduardo García Pérez, con el carácter de demandado, así como de María Eugenia Huerta Mendoza y Olsimex Transportes y Logística Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable con el carácter de personas afectadas, por considerar que no se acreditó la legitima procedencia de los vehículos referidos. Las personas que se crean con derecho sobre el bien señalado, deberán presentarse ante este Juzgado de Distrito, ubicado en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, en San Lázaro, Eduardo Molina, número dos, acceso once, nivel de plaza, colonia del Parque, código postal 15960, Ciudad de México, dentro del término de treinta días hábiles, contado a partir del día siguiente a la publicación del último edicto, a acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga. Se hace de su conocimiento que se concedió la medida cautelar de aseguramiento precautorio de los vehículos afectos. Expedidos en nueve tantos en Ciudad de México, el veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco. Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México María Guadalupe Salcedo Prado Rúbrica. (E.- 000964) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México EDICTO AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSERTO: “Se comunica al demandado Javier Pérez Ruiz, que en este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, mediante proveído de doce de mayo de dos mil veinticinco, admitió a trámite la demanda de extinción de dominio promovida por Agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Fiscalía Especial en Materia de Extinción de 988 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Dominio, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional en la Fiscalía General de la República, en su contra, se registró con el número 13/2025, consistente esencialmente en: “se admite la demanda en la vía y forma propuesta por la parte actora respecto del bien sobre el cual se ejerce la acción de extinción de dominio es el numerario por la cantidad de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), respecto del cual la actora considera no se ha acreditado la legitima procedencia, y se encuentra vinculado con actividades relacionadas con una investigación respecto del hecho…”, asimismo, en cumplimiento al auto de veintisiete de abril de dos mil veintiséis, De conformidad con los artículos 86, 88 fracción II, y 193 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se ordena emplazar a Javier Pérez Ruiz, al presente juicio, por medio de edictos, en calidad de demandado, en razón de los efectos universales del presente juicio, los cuales deberán publicarse por tres veces consecutivas en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, y por internet, en la página de la Fiscalía General de la República, a fin de hacer accesible el conocimiento de la notificación al demandado Javier Pérez Ruiz; quien deberá comparecer -presentarse- ante este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, ubicado en Eduardo Molina, número 2, acceso 5, planta baja, colonia Del Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15960, en la Ciudad de México, dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes, contado a partir de cuando haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar contestación a la demanda y expresar lo que a su derecho convenga. Se hace del conocimiento al demandado, que las copias de traslado correspondientes quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado. EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS. Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México Jannete López Rojano Rúbrica. (E.- 000965) Michoacán Poder Judicial Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán EDICTO Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán. En acatamiento a lo ordenado en auto de fecha 12 doce de marzo de este año, dictado dentro de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Familiar número 104/2026, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, sobre declaración de ausencia por desaparición de Abelardo Moreno Tapia, promovidas por Juan Moreno Tapia por propio derecho; se llama a cualquier persona que tenga interés jurídico en el procedimiento de declaración especial de ausencia de la persona mencionada en líneas procedentes, para que comparezcan ante el juzgado actuante, a manifestar lo que a sus intereses convenga y para los efectos legales correspondientes. Puruándiro, Michoacán, a 17 diecisiete de marzo de 2026 dos mil veintiséis. La Secretaria de Acuerdos Lic. María del Refugio Delgado Bocanegra Rúbrica. (E.- 000963) AVISO Se comunica que para la publicación de estados financieros se requiere que éstos sean capturados en cualquier procesador de textos Word y presentados en medios impreso y electrónico. Atentamente Diario Oficial de la Federación Lunes 18 de mayo de 2026 DIARIO OFICIAL 989 Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México Juicio de Extinción de Dominio 8/2026 PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN O EN LA GACETA O EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y QUERÉTARO; Y, POR INTERNET, EN LA PÁGINA DE LA FISCALÍA. E D I C T O AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSERTO: “Se comunica a toda persona afectada que considere tener interés jurídico sobre el bien mueble materia de la acción de extinción de dominio, que en este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con Competencia en la República Mexicana y Especializada en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, mediante proveído de doce de febrero de dos mil veintiséis, se admitió a trámite la demanda de extinción de dominio promovida por Nancy Crisbel López Aguirre, José Luis Ramos Salinas, Ismael Moisés Varela San Juan y Serghio Agustín Posadas Bernal, Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritas a la Fiscalía Especial en Materia de Extinción de Dominio, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República, señalando como persona afectada a cualquier persona que tenga un derecho sobre el bien mueble objeto de la acción de extinción de dominio; se registró con el número 8/2026, en la cual se ejerce la acción de extinción de dominio (vía y forma propuesta por la parte actora), cuyas pretensiones, son: A) La declaración judicial de que ha sido procedente la acción de extinción de dominio, respecto del bien de carácter patrimonial objeto de la presente acción, consistente en: Camión marca International tipo Tanque, color blanco, con placas de circulación 02BD-6G. con número de identificación vehicular 3HTWYAHT8GN090770, modelo 2016. B) La declaración judicial de extinción de dominio consistente en la pérdida de los derechos de propiedad que le corresponde al propietario y/o poseedor del bien mueble materia de la Litis, sin contraprestación ni compensación alguna, bien que se aplicará a favor del Gobierno Federal. C) Como consecuencia de lo anterior, una vez que cause ejecutoria la sentencia que llegue a dictarse en el presente asunto, girar atento oficio al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), para los efectos legales conducentes. Asimismo, en cumplimiento a los autos de DOCE Y DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS, con fundamento en los artículos 86 y 193, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se ordena el emplazamiento al presente juicio, por medio de edictos, a cualquier persona afectada que tenga un derecho sobre el bien mueble objeto de la acción de extinción de dominio, en razón de los efectos universales del presente juicio, los cuales deberán publicarse por tres veces consecutivas en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta o en el Periódico Oficial del Gobierno de los Estados de Jalisco y Querétaro; y, por Internet, en la página de la Fiscalía, para lo cual se procederá a realizar una relación sucinta de la demanda y del presente auto, a fin de hacer accesible el conocimiento de la notificación a toda persona afectada que considere tener interés jurídico sobre el bien materia de la acción de extinción de dominio; quien deberá comparecer ante este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, ubicado en Edificio sede del Poder Judicial de la Federación, en San Lázaro, Eduardo Molina No. 2, Colonia del Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, código postal 15960, dentro del término de treinta días hábiles siguientes, contado a partir de cuando haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga.-- - COPIAS DE TRASLADO. Se hace del conocimiento a toda persona afectada, que las copias de traslado correspondientes quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.---. ESTRADOS. Fíjese en los estrados de este órgano jurisdiccional una reproducción sucinta del auto que admitió a trámite la demanda por todo el tiempo que dure el emplazamiento ordenado en el presente acuerdo--- (…) PORTAL DE INTERNET DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Asimismo, la parte actora, deberá llevar a cabo la publicación de la notificación por, medio de edicto, a cualquier persona que tenga un derecho sobre el bien objeto de la acción de extinción de dominio, en razón de los efectos universales del presente juicio, a través del sitio especial habilitado en el portal de internet que para el efecto ha fijado la Fiscalía General de la República; esto es, en la página de internet http://www.gob.mx/fgr. Finalmente, se comunica a la persona afectada, que en caso de tener domicilio en alguna otra entidad federativa, se deja a su disposición el directorio de delegaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública, visible en la página: https://www.ifdp.cjf.gob.mx/paginas/subInstituto.htm?pageName=informacion%2Fdelegaciones.htm Lo anterior, para que en caso de así requerirlo, acuda a solicitar el servicio de asesoría jurídica (…)”. EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS. Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana y Especializada en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México Karin Marín Jasso Rúbrica. (E.- 000966) 990 DIARIO OFICIAL Lunes 18 de mayo de 2026 Diario Oficial de la Federación Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Directorio Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos Claudia Sheinbaum Pardo Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez Subsecretario de Gobernación César Alejandro Yáñez Centeno Cabrera Titular de la Unidad de Gobierno Sergio Tonatiuh Ramírez Guevara Coordinador del Diario Oficial de la Federación Alejandro López González Cuotas por derecho de publicación: Oficinas ubicadas en: Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, demarcación territorial Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México. Tel. 55 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios. Página web: www.dof.gob.mx Esta edición consta de 990 páginas 1/8 de plana.................. $ 2,843.00 4/8 plana ...................... $ 11,372.00 1 plana ......................... $ 22,744.00