Diario Oficial de la Federación, No. de publicación 331/2025, Ciudad de México, miércoles 10 de diciembre de 2025 (Edición Matutina)

Las convocatorias del Servicio Profesional de Carrera publicadas en esta edición establecen como primera etapa del concurso una 'Revisión curricular de forma automatizada' mediante la plataforma TrabajaEn. Aunque no se menciona 'inteligencia artificial', se trata de un filtrado automatizado de personas aspirantes a empleo público que decide quién avanza en el proceso de selección, escenario clásico de decisiones automatizadas sobre acceso a oportunidades laborales. R2 (Discrimination & Bias): Todo cribado curricular automatizado puede reproducir sesgos según los criterios y reglas que codifique (correspondencia exacta de carrera, años de experiencia, palabras clave), excluyendo perfiles válidos o sobre-representando ciertos grupos. No se describe la lógica del filtro, ni mecanismos de auditoría de equidad, ni proceso de impugnación específico para descartes automáticos. R1 (Malfunctions & Errors / automation bias): Las propias convocatorias establecen mecanismos de descarte AUTOMÁTICO operados por el sistema TrabajaEn: la revisión curricular se realiza 'en forma automática', el sistema 'procederá al descarte' cuando el puntaje sea inferior al mínimo, y cualquier inconsistencia u omisión de datos (CURP, RFC, nombre) será 'motivo de descarte automático'. Estos descartes los ejecuta el sistema sin que se describa una verificación humana previa; además, la revisión de exámenes 'sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación... sin que implique la entrega de los reactivos' y 'en ningún caso procederá la revisión respecto del contenido de los criterios de evaluación', lo que limita la capacidad de impugnar errores del sistema. Un error de cotejo o de captura puede expulsar a una persona aspirante de un concurso público sin remedio efectivo (automation bias). R7 (Labor Displacement / automatización de funciones): Es automatización de una función previamente humana (revisión de requisitos) en el propio sector gobierno; el riesgo aquí es menor y de tipo procedimental, pero ilustra la sustitución silenciosa de criterio humano por reglas codificadas. GAP REGULATORIO: La convocatoria no transparenta el algoritmo o las reglas de cribado, no establece tasa de error aceptable, ni un canal explícito de revisión humana ante un descarte automatizado en la Etapa I. En el contexto mexicano, donde TrabajaEn es la puerta de entrada masiva al empleo público federal, la opacidad de este filtro afecta a un gran número de personas. El nivel de evidencia es 'implícito débil': la 'revisión automatizada' actual probablemente es un cotejo de reglas simples, no IA avanzada, pero el marco normativo debería anticipar su evolución hacia perfilamiento o scoring.

El Acuerdo de simplificación de trámites del INAH condiciona la reducción de plazos a que entre en operación una 'plataforma digital institucional' que permita la 'gestión automatizada de los trámites'. Es un eufemismo administrativo ('plataforma digital', 'gestión automatizada') que anticipa la automatización de la resolución de trámites de patrimonio cultural (autorizaciones de obra en zonas arqueológicas, conservación-restauración de bienes muebles, etc.). R1 (Malfunctions & Errors): Si la 'gestión automatizada' incluyera resolución o pre-evaluación automatizada de trámites con alto contenido técnico-patrimonial, errores del sistema podrían traducirse en autorizaciones o negativas indebidas sobre bienes culturales irreemplazables. El Acuerdo no especifica si la automatización se limita a flujo/seguimiento (bajo riesgo) o alcanza la decisión sustantiva (mayor riesgo). GAP REGULATORIO: No se establece la obligación de supervisión humana calificada en las resoluciones que afecten patrimonio cultural, ni salvaguardas sobre la calidad técnica cuando opere la plataforma. El nivel de evidencia es 'implícito débil': nada indica uso de IA, pero el documento abre la puerta a automatización de decisiones en un dominio sensible. El propio Acuerdo reconoce el riesgo al advertir que la reducción de plazos no debe comprometer 'la calidad técnica, jurídica ni patrimonial de las resoluciones'.