Diario Oficial de la Federación, No. de publicación 318/2025, miércoles 26 de noviembre de 2025. Contiene, entre otros, el Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Bienestar 2025-2030 y dicho Programa; oficios y listas de la SHCP; Circular de inhabilitación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; Acuerdo Modificatorio de simplificación de trámites del INSUS (SEDATU); Acuerdo de la Comisión Nacional de Energía sobre metodología tarifaria del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica; Acuerdo General 17/2025 y Sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 33/2025 de la SCJN; tipos de cambio y tasas de Banxico; síntesis de resoluciones del INE; y Avisos judiciales, generales y convocatorias del Servicio Profesional de Carrera

El Programa estructura toda la Política de Bienestar sobre 'padrones de beneficiarios' de escala nacional (decenas de millones de personas: 12.9 millones en la PBPAM, 8.8 millones de personas con discapacidad, etc.) sujetos a 'actualización permanente', 'apertura de nuevos registros', 'inscripción en el padrón', verificación y 'validación de datos' (línea 2.2.1: 'una vez verificados y validados los datos'). Las Gráficas 14 y 15 atribuyen la cobertura al 'Padrón Único de Beneficiarios' y a la 'Dirección General de Validación de Beneficiarios'. La gestión, cruce, depuración (deduplicación), validación de identidad y detección de duplicidades/inelegibilidad en padrones de esta magnitud se realiza, casi sin excepción, mediante procesamiento automatizado de datos y algoritmos de confronta entre bases (CURP, RFC, registros de defunciones, otros padrones). RIESGOS: R2 (sesgo/discriminación) porque la inclusión, exclusión o baja automatizada de personas del padrón decide el acceso a un derecho constitucional (pensiones elevadas a rango constitucional en los artículos 4o. y 2o. CPEUM); errores de confronta o reglas mal calibradas pueden negar el derecho a poblaciones rurales, indígenas, sin documentación completa o con datos inconsistentes, precisamente las más vulnerables. R3 (privacidad) por el tratamiento masivo de datos personales de poblaciones vulnerables sin que el Programa mencione salvaguardas, minimización, límites de retención, ni evaluación de impacto. GAP: el documento no menciona en absoluto el uso de sistemas automatizados, criterios algorítmicos de validación, derecho a impugnación de bajas, ni control del INAI sobre el tratamiento, pese a regular un dominio de altísimo impacto en derechos.

El nuevo programa 'Salud Casa por Casa' (compromiso presidencial número 22) implica recabar, resguardar y monitorear de forma periódica la información médica de millones de derechohabientes de la PBPAM y PBPCD (el indicador 5.1 fija meta de visitar al 95% de los derechohabientes), incluyendo 'diagnósticos integrales de salud' domiciliarios. Esto crea de facto un repositorio nacional de datos de salud sensibles (enfermedades crónicas, salud mental, discapacidad) de poblaciones vulnerables. Aunque el texto no menciona IA, la construcción de expedientes digitales de salud a esta escala conlleva: análisis automatizado para 'monitoreos periódicos', priorización/triaje de atención y posible diagnóstico asistido. RIESGOS: R3 (privacidad) por tratamiento masivo de datos personales sensibles de salud (categoría especialmente protegida) sin que el Programa especifique base de licitud, encriptación, control de acceso, interoperabilidad con otros sistemas, ni régimen de retención; la frase 'de manera segura, respetando la confidencialidad' es un principio genérico sin mecanismos concretos. R1 (errores) si los diagnósticos o triajes domiciliarios se apoyan en herramientas automatizadas sin supervisión médica calificada, pueden producirse falsos negativos/positivos en poblaciones que ya enfrentan barreras de acceso. GAP: ausencia de regulación sobre el ciclo de vida del dato de salud, sobre quién y cómo accede a él, y sobre el uso de cualquier sistema de análisis o apoyo a la decisión clínica.

El Programa focaliza apoyos mediante 'información geoestadística' e índices oficiales (medición de pobreza de INEGI/CONEVAL, índice de marginación de CONAPO, DENUE) y 'criterios de priorización territorial'. La combinación de capas geoestadísticas, índices y padrones para decidir dónde y a quién se prioriza es una forma de analítica de datos territorial que, al escalar, tiende a apoyarse en herramientas automatizadas. RIESGOS: R2 y R3 de nivel medio: la focalización basada en índices puede arrastrar sesgos de medición y dejar fuera a poblaciones mal capturadas por los censos (subregistro indígena, localidades dispersas), y combina datos de múltiples fuentes. A diferencia de H1 y H2, aquí el impacto en derechos es más indirecto (orienta priorización, no niega individualmente el beneficio), por lo que la severidad es menor. GAP: no se prevén controles sobre la calidad/representatividad de los datos geoestadísticos ni sobre la trazabilidad de las decisiones de priorización.

Las convocatorias del Servicio Profesional de Carrera incluidas en la edición establecen como primera etapa del concurso una 'Revisión curricular de forma automatizada' a través de la plataforma TrabajaEn (operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno), que filtra automáticamente a las personas aspirantes a empleo público a partir del cotejo del currículo capturado contra el perfil del puesto (escolaridad, carrera, área y años de experiencia, conforme a los Catálogos de Carreras y de Áreas de Experiencia). Aunque el texto no menciona 'inteligencia artificial', se trata de una decisión automatizada de selección de personal en el sector público que determina quién avanza en un proceso de acceso al empleo, supuesto expresamente listado en la taxonomía (R2: 'Algoritmos de selección de personal en sector público', 'selección automatizada', 'toma de decisiones automatizada'). RIESGOS: R2 (sesgo/discriminación) porque el descarte automatizado puede excluir candidaturas válidas por errores de captura, codificación rígida de equivalencias de carreras/experiencia, o reglas que no reconozcan trayectorias atípicas, sin que las convocatorias prevean criterios públicos de la confronta automatizada ni un mecanismo de revisión humana o impugnación específico de esta etapa I (las inconformidades del Servicio de Carrera operan en etapas posteriores). La severidad es Media: es un filtro determinista de elegibilidad basado en reglas, no un scoring opaco, y afecta acceso a oportunidades de empleo (no un derecho ya adquirido). GAP: las convocatorias no transparentan la lógica de la 'revisión curricular automatizada' ni ofrecen vía de corrección ante un descarte por error de la herramienta. En el contexto mexicano, esto se agrava por la heterogeneidad de denominaciones de títulos y la dependencia de una única plataforma centralizada (TrabajaEn) cuya configuración condiciona el acceso al servicio público en toda la APF.