Diario Oficial de la Federación, No. de publicación 132/2026, viernes 22 de mayo de 2026 (Edición Matutina), que incluye, entre otros: Convenios FASP 2026 (Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas); Acuerdos SHCP; listado de Prestadores de Servicios Digitales; NOM-174-SEMARNAT-2026; formatos CNE; Acuerdo de simplificación de la Secretaría de Economía en actividades extractivas; Anexos Técnicos SENASICA de vigilancia epidemiológica; Convenios de Salud, Mujeres, SNDIF; Convenio SEDATU de Modernización de Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; Decreto del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029; Sentencia de la Controversia Constitucional 104/2025; y Acuerdos del Consejo General del INE sobre el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores (Coahuila) y sobre tiempos en radio y televisión

El Acuerdo del Consejo General del INE describe el uso operativo y EXPLÍCITO de sistemas biométricos automatizados sobre el Padrón Electoral de Coahuila (2,501,847 registros) y la Lista Nominal (2,497,551). El texto refiere expresamente 'herramientas multibiométricas', la comparación de registros 'por elementos biométricos o por confronta visual en gabinete' (num. 27.b) y, para el análisis de duplicados de la LNER, que 'se aplicó la tecnología de comparación biométrica por huella dactilar e imagen facial' (num. 30.a). Se trata, por tanto, de reconocimiento facial y dactilar automatizado a escala masiva sobre datos personales sensibles de millones de personas. RIESGOS: R3 (Privacy/biométrico): es el caso paradigmático de procesamiento masivo de datos biométricos (huella dactilar + imagen facial) sobre toda la ciudadanía registrada. Aunque el INE invoca protocolos de seguridad (LAVE, cifrado de archivos, borrado seguro) y la finalidad legítima de evitar duplicidades, el documento no describe la metodología técnica del cotejo biométrico, su tasa de error, ni mecanismos de auditoría independiente del algoritmo de matching. R1 (Malfunctions): los falsos positivos/negativos del cotejo biométrico tienen consecuencias directas: bajas del Padrón, exclusiones de la Lista Nominal e incluso denuncias penales por 'usurpación de identidad' (se reportan 3 casos por usurpación y 20 por datos personales irregulares). Un emparejamiento biométrico erróneo puede privar a una persona de su derecho al voto o exponerla a un proceso penal. El texto reconoce salvaguardas humanas (verificación en gabinete y visita domiciliaria 'antes de afectar la base de datos', y el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales), pero no fija estándares de exactitud mínima ni umbrales de confianza del sistema. R2 (Discrimination/automated processing): son decisiones automatizadas/semiautomatizadas sobre el acceso a un derecho fundamental (sufragio) a partir de tratamiento de datos. Los sistemas de reconocimiento facial documentadamente presentan sesgos diferenciados por fenotipo, edad y calidad de imagen, lo que en contexto mexicano puede afectar de forma desigual a poblaciones indígenas, afromexicanas o de mayor edad. R9 (Vigilancia/integración de bases de datos): el Acuerdo describe no solo el cotejo biométrico interno, sino también el cruce sistemático del Padrón con registros externos del Estado: convenios con Registros Civiles y Tribunales Superiores de Justicia (fallecidos y suspensión de derechos político-electorales por notificación judicial), avisos de la SRE por pérdida de la nacionalidad, y la presentación de denuncias penales por usurpación de identidad detectada biométricamente (num. 27.c, 28, 29). La conjunción de una base biométrica poblacional (huella + rostro de millones de personas) con interconexión a otras bases gubernamentales y consecuencias penales constituye, conforme a la taxonomía, integración de bases de datos gubernamentales de alto potencial de vigilancia, aunque aquí su finalidad declarada sea la depuración registral y exista control político-partidista (CNV/CLV/CDV). El riesgo es la ausencia de límites técnicos y de auditoría que impidan la reutilización o expansión de estas capacidades más allá del fin electoral. GAPS: el Acuerdo no transparenta (1) el proveedor ni la arquitectura del sistema multibiométrico; (2) las tasas de falso match/falso no-match aceptadas; (3) auditorías de equidad/sesgo del reconocimiento facial; (4) retención y reutilización de las plantillas biométricas. El marco se apoya en la LGIPE y el Reglamento de Elecciones, anteriores al despliegue intensivo de IA biométrica.

Dos Acuerdos de simplificación administrativa (Secretaría de Economía en minería y Secretaría de Cultura/INBAL) se sustentan en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos e invocan, como principios rectores, la 'automatización', 'interoperabilidad de sistemas institucionales', 'neutralidad tecnológica', 'soberanía tecnológica', 'ciberseguridad' y la 'transformación digital' del gobierno, coordinada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización. Estos son eufemismos burocráticos típicos detrás de los cuales suele desplegarse automatización y, potencialmente, IA (clasificación automática de trámites, validación documental, ventanillas digitales). RIESGOS: R7 (Labor Displacement): la 'modernización administrativa' y 'optimización/automatización de procesos' a escala de toda la APF puede implicar reducción o reasignación de plazas de servidores públicos dedicados a la gestión manual de trámites; el documento no menciona impacto laboral ni reconversión. R1 (Malfunctions): si la digitalización incorpora validación o resolución automatizada de trámites (concesiones mineras, copias certificadas, etc.), errores del sistema podrían denegar o tramitar indebidamente actos administrativos sin supervisión humana clara. GAP: ni la Ley invocada ni los Acuerdos especifican si las herramientas de automatización/IA quedan sujetas a evaluación de impacto, supervisión humana obligatoria o auditoría; tampoco delimitan el papel de la nueva Agencia de Transformación Digital respecto del uso de IA en el gobierno. Es un gap de gobernanza algorítmica del Estado, de prioridad media por tratarse de principios y mandatos generales más que de un sistema concreto en operación.

El Convenio SEDATU-Chiapas financia la modernización registral y catastral mediante 'la incorporación de nuevas tecnologías para la mejora de sus procesos' y la 'interconexión e interoperabilidad' de la información de la propiedad de los tres órdenes de gobierno con la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral. Constituye una concentración e integración masiva de datos personales y patrimoniales (titularidad de inmuebles, geolocalización catastral). RIESGO R3 (Privacy): la consolidación interoperable de padrones registrales y catastrales habilita inferencias y perfilamiento patrimonial; aunque el convenio no describe analítica de datos ni IA, las plataformas de este tipo suelen incorporar geoanalítica, detección automatizada de inconsistencias o cruces masivos de datos. El instrumento no menciona salvaguardas de protección de datos personales, minimización ni límites de uso secundario. GAP: ausencia de previsiones de privacidad por diseño, control de accesos y auditoría sobre el cruce de bases de datos registrales/catastrales interoperables. Prioridad media: es un mandato de integración de datos sin descripción de uso de IA en operación.