Diario Oficial de la Federación, Edición Matutina No. 001/2026, Ciudad de México, viernes 2 de enero de 2026

No. de publicación: 001/2026 Ciudad de México, viernes 2 de enero de 2026 CONTENIDO Secretaría de Marina Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Secretaría de Salud Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Procuraduría Federal del Consumidor Procuraduría Agraria Suprema Corte de Justicia de la Nación Banco de México Instituto Nacional Electoral Avisos 2 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 INDICE PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE MARINA Aviso mediante el cual se da a conocer la liga electrónica para consulta del Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Matamoros, Tamaulipas, de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, S.A. de C.V. ............................................................................................... 4 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Aviso de consulta pública del Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009, Que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros, para quedar como Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-157-SEMARNAT-2025, Que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros. ...................................................................... 4 Aviso de demarcación de la zona federal del arroyo Sin Nombre afluente del canal Chiquito, del km 0+002 al km 0+734, Municipio de Tepotzotlán, Estado de México. ............................................ 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Anexo Técnico de Ejecución Específico que celebran la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Hidalgo, con el objeto de conjuntar esfuerzos y coordinarse en la realización de acciones de supervisión para la ejecución del Programa de Infraestructura de Uso Colectivo, Almacenamiento y Aprovechamiento de Agua 2025, del Estado de Hidalgo. .................................. 7 SECRETARIA DE SALUD Aviso mediante el cual se dan a conocer las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana. ........................................................................................................................ 17 Aviso mediante el cual se da a conocer la liga electrónica que redirige al Programa Institucional 2026-2030 del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. ............... 18 SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO Convenio Marco de Coordinación para la distribución y ejercicio de subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Estado de Chiapas y el Municipio de Huixtla. .................................................................................................................. 19 Convenio Marco de Coordinación para la distribución y ejercicio de subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Estado de Chiapas y el Municipio de Tonalá. .................................................................................................................. 28 PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Golfo-Sur, de la Procuraduría Federal del Consumidor. .................................... 37 Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 3 Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Gral. Francisco Villa, de la Procuraduría Federal del Consumidor. .................... 38 Acuerdo por el que se crea el Consejo Editorial de la Revista del Consumidor. .............................. 39 PROCURADURIA AGRARIA Acuerdo por el que se da a conocer el cambio y nuevo domicilio de la Procuraduría Agraria, Organismo Descentralizado Sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como la suspensión a nivel nacional en sus oficinas de representación y residencias de los términos legales, trámites, servicios y recepción de cualquier tipo de documentación, durante el periodo comprendido entre el 2 y el 30 de enero de 2026. .............................................. 42 Acuerdo por el que se delegan facultades a las personas titulares, encargadas u homólogas de las oficinas de representación en las entidades federativas de la Procuraduría Agraria. ................. 44 PODER JUDICIAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 203/2023, así como el Voto Concurrente del señor Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García. .................................................................................................. 45 ORGANISMOS AUTONOMOS BANCO DE MEXICO Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. ........................................................................................................................ 71 Tasas de interés interbancarias de equilibrio. .................................................................................. 71 Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario. ................................ 71 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se atienden los oficios PJF/OAJ/P/033/2025, DGPL-1P2A.-3391 y DGPL-1P2A.-3618, emitidos por el Órgano de Administración Judicial y la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, respectivamente, relacionados con las personas del mismo género que obtuvieron los segundos lugares en número de votos en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, para ocupar diversos cargos vacantes generados posterior a la conclusión del referido proceso electivo. .......................................................................................... 72 AVISOS Judiciales y generales. ..................................................................................................................... 94 El contenido, forma y alcance de los documentos publicados son estricta responsabilidad de su emisor. 4 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE MARINA AVISO mediante el cual se da a conocer la liga electrónica para consulta del Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Matamoros, Tamaulipas, de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, S.A. de C.V. Al margen un logotipo, que dice: Puerto de Matamoros.- Administración Portuaria Integral de Tamaulipas. AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA LIGA ELECTRÓNICA PARA CONSULTA DEL PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO DEL PUERTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. El Director General de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, S.A. de C.V., con fundamento en el artículo 41 de la Ley de Puertos y en su artículo 40 de su Reglamento, así como en la autorización emitida por la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Marina (Oficio núm. DGP.- 0211/2024 de 22 de enero de 2024), informa lo siguiente: 1. Autorización del Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Matamoros, 2023-2028, Tamaulipas. La Dirección General de Puertos comunicó autorizar por un periodo de cinco años, el PMDP del Puerto de Matamoros 2023-2028, concesionado a la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas. 2. Publicación obligatoria. El Título de Concesión publicado en el DOF el día 07 de diciembre de 2001, en la Condicionante Cuadragésima tercera señala la obligatoriedad de publicar el Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Matamoros en el “Diario Oficial de la Federación” para asegurar su adecuada divulgación. 3. Liga electrónica para consulta. De acuerdo con la práctica del DOF, el aviso debe dar a conocer la liga donde los interesados podrán consultar el Programa Maestro de Desarrollo Portuario. Por lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades, servidores públicos y público en general que el Programa Maestro de Desarrollo Portuario ha quedado autorizado y que podrá consultarse, a partir del día siguiente de la publicación de este aviso, en la siguiente liga electrónica: www.dof.gob.mx/2025/SEMAR/PMDP_API_Pto.Matamoros.pdf Atentamente, Se expide este aviso a los 19 días del mes de diciembre del 2025, en Matamoros Tamaulipas, México.- Director General de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, S.A. de C.V., Lic. Gustavo Guzmán Fernández.- Rúbrica. (R.- 571964) SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AVISO de consulta pública del Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT- 2009, Que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros, para quedar como Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-157-SEMARNAT-2025, Que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ILEANA AUGUSTA VILLALOBOS ESTRADA, Subsecretaria de Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales con fundamento en los artículos 1° párrafos primero, segundo y tercero; 4o., párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 Bis, fracciones I, II, Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 5 II Bis, III, IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o., y 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1o., párrafos primero y segundo, fracción V, 2, fracciones III, VI, VIII y IX; 5o., fracciones XXX y XXX Bis 1, 7, fracción III; 12, fracción II, 16, 17, 27, fracciones I, II, V, VI, 32, 33, 40, párrafo primero, 41, 42 último párrafo y 45 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 33 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 10, fracción VIII, 24, 28, 34, 35, fracción V, 38 y Tercero Transitorio de la Ley de Infraestructura de la Calidad; 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 15, fracciones VII y VIII y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y CONSIDERANDO Que el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-157-SEMARNAT-2025, Que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros, se sometió a consideración y fue aprobado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su Cuarta Sesión Ordinaria del día 18 de diciembre de 2025, para someterlo a periodo de consulta pública. Que de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 35 y 38 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, se publica en el Diario Oficial de la Federación, un aviso de consulta pública del Proyecto de la Norma Oficial Mexicana, a efecto de que dentro de los siguientes sesenta días naturales los interesados presenten sus comentarios ante el citado Comité, sito en Avenida Ejército Nacional 223, piso 16, colonia Anáhuac I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11320 o a través del correo electrónico: mineria.dggimar@semarnat.gob.mx Que el texto completo del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-157-SEMARNAT-2025 puede ser consultado en la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad a través del siguiente enlace: https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/proy-nom-y-respuesta-a-comentarios/ Código PROY-NOM-157-SEMARNAT-2025 Titulo Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009, Que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros, para quedar como Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-157-SEMARNAT-2025, Que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros Objetivo Esta Norma Oficial Mexicana establece los elementos y procedimientos que se deben considerar al formular y aplicar los planes de manejo de residuos mineros, con el propósito de promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos, así como alentar su manejo integral a través de nuevos procesos, métodos y tecnologías que sean económica, técnica y ambientalmente factibles. Campo de aplicación Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para quienes generen y posean residuos mineros. La presentación del plan de manejo no exime al generador, ni a los responsables de su ejecución, ni a los terceros poseedores que gestionen los residuos mineros, de tramitar y obtener las autorizaciones correspondientes para llevar a cabo las actividades de manejo integral de los residuos mineros. Existe responsabilidad solidaria por el manejo de residuos mineros entre quien los genera y los posee. Objetivos legítimos de interés público La presente Norma Oficial Mexicana tiene por objetivo legítimo de interés público la protección al medio ambiente, atendiendo las causas que pueden afectar o poner en riesgo al medio ambiente por la falta de especificaciones y características relacionadas con los planes de manejo de residuos mineros y por un inadecuado manejo integral de estos residuos. Síntesis: El Proyecto de Norma Oficial Mexicana establece los elementos y procedimientos que se deben considerar al formular y aplicar los planes de manejo de residuos mineros, con el propósito de promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos, así como alentar su manejo integral a través de nuevos procesos, métodos y tecnologías que sean económica, técnica y ambientalmente factibles. Es de observancia obligatoria para quienes generen y posean residuos mineros. Dicho Proyecto considera los siguientes aspectos: a) Actualización del listado de residuos mineros, excluyendo aquellos que no son exclusivos de los procesos mineros e incluyendo otros residuos propios de la actividad minera. b) Inclusión de la alternativa de un estudio integral en la caracterización de los residuos mineros, generando información detallada y precisa para pronosticar los posibles daños ambientales c) Inclusión de criterios generales de actividades de manejo integral. d) Actualización del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad. Por lo anterior, las especificaciones previstas en el presente Proyecto tienen por objeto promover la elaboración de planes de manejo de residuos mineros que conlleven a la implementación de prácticas que minimicen la generación y busquen la valorización de esos residuos, cuando sea viable. Concordancia con Normas Internacionales Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna Norma Internacional, por no existir esta última al momento de su elaboración. Ciudad de México, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.- La Subsecretaria de Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ileana Augusta Villalobos Estrada.- Rúbrica. 6 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 AVISO de demarcación de la zona federal del arroyo Sin Nombre afluente del canal Chiquito, del km 0+002 al km 0+734, Municipio de Tepotzotlán, Estado de México. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. AVISO DE DEMARCACIÓN DE LA ZONA FEDERAL DEL ARROYO SIN NOMBRE AFLUENTE DEL CANAL CHIQUITO, DEL Km 0+002 AL Km 0+734, MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO. EFRAÍN MORALES LÓPEZ, Director General de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafos primero y décimo sexto y 27 párrafos quinto y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 32 BIS fracciones III, XXIII, XXIV y XLII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2, 3 fracciones I, IX, XI, XX, XLVII y XLVIII, 4, 9 párrafos primero, segundo y tercero letra "a" y quinto fracciones I, VI, XVII, XXXV, XXXVI y LIV, 12 fracciones I y VIII, 113 fracción IV y demás aplicables de la Ley de Aguas Nacionales; 2 fracción IX, 4 fracciones I, II y IV y 14 fracciones I y XV del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 3 letra “B” fracción III y párrafo siguiente del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; 1, 6 párrafo primero, 8 párrafo primero, 13 fracción I, II y III inciso c) del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, hago del conocimiento general que la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en los artículos 9 fracción I, 11 apartado A, fracción VII y 52 fracción IV inciso e) de su Reglamento Interior, reviso y aprobó el plano, incluyendo los trabajos y estudios topográficos, hidrológicos e hidráulicos realizados por el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México para la delimitación de la zona federal del Arroyo Sin Nombre afluente del canal Chiquito, en una longitud 732 metros del km 0+002 al km 0+734; ubicado en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, por lo que se procederá a realizar la demarcación de la zona federal del Arroyo Sin Nombre afluente del canal Chiquito, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 4 párrafo primero y fracción IV del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Lo anterior, en el entendido de que las aguas del Arroyo Sin Nombre afluente del canal Chiquito, son de propiedad nacional por disposición de Ley, al reunir los requisitos que establece el artículo 27 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, están determinadas como propiedad nacional de conformidad con la “Declaración de que las aguas y cauces de los canales, barrancos, arroyos, ríos, lagos y lagunas comprendidos dentro del Valle de México y ligados con las obras del Desagüe, son de propiedad nacional”; de fecha 08 de abril de 1922, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1922. El presente Aviso deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación de la Entidad Federativa correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 4, fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; notificándose simultáneamente en forma personal, a los propietarios colindantes. En términos de lo dispuesto por la fracción IV, inciso b) del artículo 4 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, se levantará acta circunstanciada en la que se asienten los trabajos realizados, los documentos que exhiban los propietarios colindantes y las manifestaciones que realicen; así como la fijación de las mojoneras provisionales que indiquen los linderos de la zona federal del Arroyo Sin Nombre afluente del canal Chiquito en ambas márgenes, en el tramo del km 0+002 al km 0+734, ubicado en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México. Los trabajos técnicos de delimitación, el plano identificado con el numero VM-DT- 2327 y el plano de la poligonal de apoyo VM-DT- 2327 CQS, estarán a disposición de los interesados en las oficinas del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua, sitas en Av. Rio Churubusco 650, Col. Carlos A. Zapata Vela, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 08040; para que, en el término de diez días hábiles contados a partir de la fecha de levantamiento del acta circunstanciada, expongan lo que a su derecho convenga, vencido dicho plazo se resolverá en un término no mayor de quince días hábiles sobre la demarcación correspondiente. Este aviso surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en la Ciudad de México a los 21 días del mes de abril de 2025.- Director General de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López.- Rúbrica. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 7 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL ANEXO Técnico de Ejecución Específico que celebran la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Hidalgo, con el objeto de conjuntar esfuerzos y coordinarse en la realización de acciones de supervisión para la ejecución del Programa de Infraestructura de Uso Colectivo, Almacenamiento y Aprovechamiento de Agua 2025, del Estado de Hidalgo. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Agricultura.- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN ESPECIFICO QUE CELEBRA POR UNA PARTE, LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL REFERIDA EN LO SUBSECUENTE COMO “AGRICULTURA”, POR CONDUCTO DE LA “COORDINACIÓN GENERAL DE EFICIENCIA HÍDRICA AGROALIMENTARIA” EN ADELANTE “CGEHA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. JESÚS ENRIQUE VÁZQUEZ LIZÁRRAGA, COORDINADOR GENERAL DE EFICIENCIA HÍDRICA AGROALIMENTARIA Y EL ING. JOSÉ ARNULFO FLORES VALDEZ, TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA “AGRICULTURA” EN EL ESTADO DE HIDALGO, EN ADELANTE REFERIDO COMO “LA REPRESENTACIÓN ESTATAL DE AGRICULTURA”; Y EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, DENOMINADO EN LO SUCESIVO COMO EL “GOBIERNO DEL ESTADO”, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, REPRESENTADA POR EL MTRO. NAPOLEÓN GONZÁLEZ PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE TITULAR; QUIENES ACTUANDO DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO LAS “PARTES”, CON EL OBJETO DE CONJUNTAR ESFUERZOS Y COORDINARSE EN LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE USO COLECTIVO, ALMACENAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA 2025, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES. ANTECEDENTES I. Que con fecha 04 de marzo del año 2025, se celebró con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, un Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, La Productividad Agropecuaria y La Seguridad Alimentaria 2025-2030, en lo sucesivo identificado como el “CONVENIO DE COORDINACIÓN 2025-2030”, cuyo objeto consiste en establecer las bases de coordinación y cooperación, con el fin de llevar a cabo proyectos, estrategias y acciones conjuntas para el Desarrollo Rural Sustentable en general; así como, las demás iniciativas que en materia de desarrollo agroalimentario se presenten en lo particular, para impulsar a dicho sector en el Estado de Hidalgo. II. Que en su Cláusula Primera del “CONVENIO DE COORDINACIÓN 2025-2030” las “PARTES” se comprometen en establecer las bases de coordinación con el fin de llevar a cabo proyectos, estrategias y acciones conjuntas para el Desarrollo Rural Sustentable, Productividad Agropecuaria y Seguridad Alimentaria en general; así como, las demás iniciativas que en materia de desarrollo agroalimentario se presenten en lo particular, para impulsar a dicho sector en el Estado de Hidalgo. III. Que en su Cláusula Tercera del “CONVENIO DE COORDINACIÓN 2025-2030” se establece que el “GOBIERNO DEL ESTADO” podrá aportar y operar en el “FOFAEH” sin obligación de la contraparte de efectuar aportación alguna, sus programas estatales con ello evitando duplicidad en la entrega de apoyos, en ese sentido se sujetarán a los criterios de las Reglas de Operación de los programas Estatales del Gobierno del Estado, en lo sucesivo las “REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE USO COLECTIVO, ALMACENAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA 2025”, en adelante “Reglas de Operación” que se encuentren vigentes por el “GOBIERNO DEL ESTADO” y demás disposiciones. IV. Que las “PARTES” se comprometieron en la Cláusula Cuarta del “CONVENIO DE COORDINACIÓN 2025-2030”, que podrán suscribir los anexos Técnicos de Ejecución que consideren oportunos para el cumplimiento del objeto del mencionado instrumento, no siendo limitativas las materias que enuncia la Cláusula en mención, considerado en el inciso c) Anexos Técnicos de Ejecución Específicos para ejecutar acciones de los Programas Estatales, en donde se establecerán los objetivos y metas a los que las “PARTES” se sujetarán en el ámbito de su competencia y que realizarán con base en el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para cada ejercicio fiscal. V. Que para efectos del presente instrumento no se aplicarán ni distribuirán recursos federales concurrentes para el Estado de Hidalgo en materia de infraestructura para la captación y almacenamiento de agua, en virtud de no haber sido asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2025, ni se aplicará la mecánica operativa descrita en Reglas de Operación de los Programas de “AGRICULTURA” vigentes para el Ejercicio Fiscal 2025. 8 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 VI. Que el programa de Infraestructura de uso Colectivo, Almacenamiento y Aprovechamiento de Agua 2025, en adelante “ICAAA 2025”, tiene por objetivo otorgar subsidios mediante la construcción de obras de infraestructura para captar, almacenar y aprovechar agua de lluvia, que mejore el nivel socioeconómico de los beneficiarios, promoviendo el uso sustentable de los recursos naturales suelo, agua y vegetación en las actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas. VII. Que las actividades que llevará a cabo el “GOBIERNO DEL ESTADO” en la ejecución del programa “ICAAA 2025”, en su carácter de instancia Ejecutora, se realizarán con base en el presupuesto previsto en el Decreto de Presupuestos de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2025, en adelante “DPEEH 2025” y en las demás disposiciones legales aplicables del “GOBIERNO DEL ESTADO”. Para el presente ejercicio fiscal 2025 el “GOBIERNO DEL ESTADO” destinará para el “ICAAA 2025” un monto de $90,000,000.00 (NOVENTA MILLONES DE PESOS M/N), de los cuales serán depositados en una cuenta única dentro del Fideicomiso de “Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Hidalgo”, en adelante “FOFAEH”, para subsidios a los productores y/o beneficiarios. Del monto señalado el “GOBIERNO DEL ESTADO” destinará la cantidad de $81,900,000.00 (Ochenta y un millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.), para la ejecución de 40 obras de infraestructura y/o proyectos aprobados y autorizados. De la misma manera, el “GOBIERNO DEL ESTADO” destinará la cantidad de $3,600,000.00 (Tres millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), para la elaboración y desarrollo de los proyectos autorizados. El “GOBIERNO DEL ESTADO” destinará la cantidad de $3,870,000.00 (Tres millones ochocientos setenta mil pesos 00/100 M.N.), como gasto de operación para la puesta en marcha de los proyectos del presente Anexo Técnico de Ejecución Especifico. Se destinará para el apoyo a la supervisión interna y externa del programa “ICAAA 2025” la cantidad de $630,000.00 (Seiscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), para realizar trabajos de apoyo para la realización de la supervisión como parte de gasto de operación para la supervisión de las acciones del presente Anexo Técnico de Ejecución Especifico. VIII. Que para la ejecución del presente Anexo Técnico de Ejecución Especifico, se establece que el “GOBIERNO DEL ESTADO” interviene como “Instancia Ejecutora” en el desarrollo y ejecución del programa “ICAAA 2025” y la “CGEHA” como Unidad de Apoyo a la Supervisión, en adelante “UAS” a través de la Oficina de Representación Estatal en adelante “OREF”, cuyas acciones se establecerán en el Plan de Trabajo que formará parte integrante del presente instrumento como “APENDICE”. IX. Que la “CGEHA”, es la unidad administrativa de la “SECRETARIA”, cuyas atribuciones entre otras son promover prácticas para la conservación y aprovechamiento integral del agua y el suelo utilizados en actividades agroalimentarias en territorios de atención prioritaria; proponer criterios en materia de capacitación, asistencia técnica integral, desarrollo tecnológico y transparencia de tecnología en materia de eficiencia hídrica agroalimentaria; fomentar la complementariedad de las acciones y recursos destinados a la eficiencia hídrica agroalimentaria, por los distintos niveles de gobierno, instituciones públicas, privadas, sociales, nacionales o internacionales, y con las personas productoras, mediante la suscripción de instrumentos jurídicos para impulsar una eficiencia hídrica incluyente e integral; dirigir los instrumentos para la correcta ejecución de los programas, componentes y estrategias destinadas a la eficiencia hídrica y energía agroalimentaria; por lo que surge el interés de las “PARTES” para coordinarse en la realización de los trabajos de supervisión técnica de los proyectos y obras del programa “ICAAA 2025”; que serán realizados por la “Instancia Ejecutora” que es el “GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la asesoría técnica y monitoreo del aprovechamiento hídrico, a través del fortalecimiento de los planes y/o programas en el ámbito de su competencia y logro de objetivos de cada una de las “PARTES”. X. Que en la Cláusula Décimo Tercera del “CONVENIO DE COORDINACIÓN 2025-2030”, Las “PARTES” designan como sus representantes para la suscripción de los Anexos Técnicos de Ejecución Especifico a; a) Por la “AGRICULTURA”, a la persona Titular de la Dirección de Oficina de Representación en el Estado de Hidalgo al momento de celebración de los Anexos Técnicos de Ejecución; precisando que a la firma del presente instrumento dicho cargo lo ostenta el C. Ing. José Arnulfo Flores Valdés. b) Por el “GOBIERNO DEL ESTADO”, al Titular de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Hidalgo al momento de celebración de los Anexos Técnicos de Ejecución; precisando que a la firma del presente instrumento dicho cargo lo ostenta el C. Mtro. Napoleón González Pérez. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 9 DECLARACIONES DE LA “CGEHA”: I.I. Que es una Unidad Administrativa de “AGRICULTURA”, en términos de lo dispuesto por los artículos 2, fracción VII y 14 del Reglamento Interior de “AGRICULTURA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de enero de 2025. I.II. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, fracciones I, II, III, IV, V y VI del Reglamento Interior, se encuentra facultado para coordinar el presente Anexo Técnico de Ejecución Especifico. I.III. Que el Ing. Jesús Enrique Vázquez Lizárraga, en su carácter de Coordinador General de Eficiencia Hídrica Agroalimentaria, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Anexo Técnico de Ejecución Especifico de conformidad con los artículos 2, fracción VII, 10, y 14 del Reglamento Interior de “AGRICULTURA”. I.IV. Que señala como domicilio legal para todos los efectos de este instrumento el ubicado en Avenida Municipio Libre 377, piso 3, Ala B, Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03310, de la Ciudad de México. I.V. Que el Titular de la Oficina de Representación de “AGRICULTURA” en el Estado de Hidalgo, el Ing. José Arnulfo Flores Valdés se encuentra facultado para suscribir el presente Anexo Técnico de Ejecución Especifico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, apartado A, fracción XXXVIII, 14, 46, 47, 48 y 49, fracciones I, V y XVI del Reglamento Interior de “AGRICULTURA”, así como lo dispuesto en la Cláusula Décimo Tercera del “CONVENIO DE COORDINACIÖN 2025-2030”; y el oficio no. 133.6.0.1.0.084- 2021 de fecha 18 de octubre de 2021, mediante el cual el Titular de la “AGRICULTURA” lo designo como Titular de la Oficina de la Representación de la “AGRICULTURA” en el Estado de Hidalgo, y I.VI. Que señala como domicilio legal para todos los efectos de este Anexo Técnico de Ejecución Especifico, el ubicado en Carretera. Pachuca-Tulancingo, 104-A, Colonia Felipe Ángeles, Código Postal 42090, Pachuca de Soto, Hidalgo. DEL “GOBIERNO DEL ESTADO”: II.I. De conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la “CONSTITUCIÓN”; artículo 1 de la Constitución Política del Estado Hidalgo, es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado; II.II. Que es de su interés suscribir el presente Anexo Técnico de Ejecución Especifico con “AGRICULTURA”, para la consecución de los objetivos de la planeación nacional, establecer los procedimientos de Coordinación en materia de Desarrollo Rural Sustentable y propiciar la planeación del desarrollo agrícola, pecuario, acuícola y pesquero integral del Estado de Hidalgo; II.III. De conformidad con el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el Gobernador del Estado podrá convenir con el Ejecutivo Federal, Entidades Federativas, Municipios, Entidades de la Administración Pública Paraestatal, con Personas Físicas o Morales de los Sectores Social y Privado, cumplimiento con las formalidades de la ley que en cada caso proceda, la prestación de los servicios, la ejecución de obras o la realización de cualquier otro propósito para el Estado, y el numeral 4 de la citada Ley establece que para el despacho de los asuntos que le competen, se auxiliará de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada que establece esa ley; II.IV. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es una Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado y su Titular, está facultado para suscribir, en el ámbito de su competencia, por delegación expresa del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, convenios y contratos, con excepción de los relativos a adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obras, con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal; instituciones educativas de educación media y superior y organizaciones no Gubernamentales, ejerciendo las atribuciones y obligaciones que al respecto se deriven de dichos instrumentos jurídicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 fracción VII, y 34 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, así como el 11 del Reglamento Interior de dicha Secretaría; II.V. El Mtro. Napoleón González Pérez, con fecha 01 de abril del 2023, fue nombrado por el Lic. Julio Ramón Menchaca Salazar, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, como Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo cual cuenta con todas las facultades por ley necesarias para la celebración del presente instrumento; y II.VI. Señala como domicilio legal el ubicado en: Carretera México-Pachuca km 93.5, Ex-Centro Minero, Edificio 1-A, Colonia Venta Prieta, Código Postal 42080, Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 10 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 CLÁUSULAS PRIMERA. - DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. El objeto del presente Anexo Técnico de Ejecución Especifico consiste en establecer los objetivos y metas a que se sujetaran las “PARTES” en el ámbito de su competencia, para que la “CGEHA” a través de la “OREF” realice la supervisión técnica de los proyectos y obras del programa “ICAAA 2025”, programa ejecutado por el “GOBIERNO DEL ESTADO”, en calidad de “Instancia Ejecutora” en adelante, también referido como “IE”, en términos de las “Reglas de Operación” del programa “ICAAA 2025”. SEGUNDA. - DE LA APORTACIÓN DE LOS RECURSOS. Las “PARTES” acuerdan que para el cumplimiento del objeto establecido en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, no se aplicarán ni distribuirán recursos federales concurrentes para el Estado de Hidalgo, por lo que el desarrollo de las actividades estarán sujetos a la consecución, disponibilidad y suficiencia respectiva de los recursos financieros, humanos, materiales y otros recursos de cada una de ellas, salvo el ejercicio de recursos por parte del “GOBIERNO DEL ESTADO” provenientes del “DPEEH 2025”, para la operación del programa “ICAAA 2025” en el ámbito de su competencia. Los recursos que el “GOBIERNO DEL ESTADO” transfiera al “FOFAEH” no pierden el carácter estatal, toda vez que están sujetos en todo momento a las disposiciones estatales que regulen su aplicación, control y comprobación. TERCERA. – DEL PROYECTO “ICAAA 2025”. Las “PARTES” acuerdan que la “CGEHA” a través de la “OREF” realizará la supervisión técnica de los proyectos y obras del programa “ICAAA 2025” que el “GOBIERNO DEL ESTADO” con el carácter de “IE” realice conforme al programa “ICAAA 2025”. CUARTA. - DEL PLAN DE TRABAJO. Las actividades de supervisión técnica de los proyectos que realizara la “CGEHA” a través de “OREF” objeto del presente instrumento, se llevarán a cabo conforme al programa ejecutado por el “GOBIERNO DEL ESTADO” y al Plan de Trabajo que establecerá el 100% (cien por ciento) de la cobertura de las actividades de proyectos y obras del programa “ICAAA 2025”., el cual forma parte integral del presente instrumento. QUINTA. - NORMATIVIDAD APLICABLE. Las “PARTES” en la consecución del presente instrumento, acuerdan estar a lo dispuesto en las “Reglas de Operación” del programa “ICAAA 2025”, al “CONVENIO DE COORDINACIÓN 2025-2030”, al presente Anexo Técnico y a las metodologías diseñadas emitidas por la “CGEHA” que resulten aplicables. SEXTA. - DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES. El “GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a: I. Ejercer los recursos estatales del programa “ICAAA 2025” con el carácter de “IE”, para la ejecución de las acciones que le corresponden en el ámbito de su competencia; II. Elaborar los proyectos ejecutivos con base en los precios unitarios aprobados por el “Subcomité Técnico ICAAA” así como la integración de los expedientes de acuerdo a los “Reglas de Operación” del programa “ICAAA 2025”. III. Recibir, revisar y validar los documentos que presente la “Unidad de Apoyo a la Supervisión” conforme a lo que las “PARTES” establezcan en este instrumento y los que se deriven del mismo. IV. Revisar y aprobar la documentación legal señalada en las “Reglas de Operación” del programa “ICAAA 2025”. V. Recibir las observaciones que resulten del análisis de la información que efectué la “CGEHA”, de conformidad al presente Anexo Técnico de Ejecución Especifico en términos del Plan de Trabajo. VI. Otorgar las facilidades a la “CGEHA” a través de la “OREF” para que el desarrollo de las actividades objeto de este instrumento se realicen de conformidad con la normatividad aplicable. VII. Hacer constar por escrito a la “CGEHA” a través de la “OREF”, del cumplimiento de las actividades a través de los formatos de cierre finiquito requeridos, los cuales deberán estar debidamente validados y presentarlos ante el Comité Técnico del “FOFAEH”. SEPTIMA. - La “CGEHA” se compromete a: I. Constatar durante la operación del “ICAAA 2025”, si las acciones realizadas por el “GOBIERNO DEL ESTADO”, y/o beneficiarios se apegan a lo establecido en “Reglas de Operación” del programa “ICAAA 2025”, y a los proyectos técnicos autorizados y/o a las normatividades correspondientes, y si existe algún problema operativo que impida su óptimo funcionamiento. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 11 II. Verificar que los estudios y proyectos, así como el diseño de las obras hidráulicas, elaborados por el “GOBIERNO DEL ESTADO”, cuenten con el estudio topográfico con curvas a cada metro como mínimo y la planimetría requerida, estar georreferenciado y deberá abarcar por completo los lugares donde se asentarán las obras; el estudio hidrológico deberá contar con el análisis de escurrimientos diarios y/o mensuales que garanticen el llenado de la olla y el funcionamiento analítico del vaso; en caso de requerirse, se deberán supervisar que se haya realizado la determinación de avenidas máximas para diferentes periodos de retorno y que las obras hidráulicas, cuenten con las memorias de cálculo y sean seguras, económicas y funcionales, acordes a las condiciones del lugar del proyecto, en términos de las “Reglas de Operación” del programa “ICAAA 2025”. OCTAVA. - La “REPRESENTACIÓN ESTATAL DE AGRICULTURA” a través de la “OREF” se compromete a: I. Coordinarse con la “CGEHA” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” en aquellas acciones que sean necesarias para la consecución de las metas y entregables del presente instrumento. NOVENA. - DEL PERSONAL DESIGNADO. Las “PARTES” designan como responsables del seguimiento, ejecución y evaluación de acciones derivadas del presente instrumento, a los funcionarios siguientes: Por la “CGEHA”: La persona Titular de la Coordinación General de Eficiencia Hídrica Agroalimentaria de la “AGRICULTURA”, precisando que a la firma del presente instrumento dicho cargo lo ostenta el C. Ing. Jesús Enrique Vázquez Lizárraga. Por el “GOBIERNO DEL ESTADO”: La persona Titular de la Dirección General de Infraestructura y Maquinaria, precisando que a la firma del presente instrumento dicho cargo lo ostenta el C. Lic. José Alfredo Mendoza Piñón. En estas personas recae la responsabilidad de instrumentar los compromisos del presente documento, así como de realizar los ajustes necesarios para asegurar el cumplimiento del mismo, así como de sus instrumentos derivados. DÉCIMA. - DE LA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD LABORAL. Las “PARTES” acuerdan que este documento y cada uno de los instrumentos que deriven del mismo, no podrán interpretarse de manera alguna como la existencia o surgimiento de una asociación o vínculo de carácter laboral entre las “PARTES”, funcionarios o representantes, por lo que las relaciones laborales se mantendrán en todos los casos entre la “PARTE” contratante y sus respectivos trabajadores y/o colaboradores, aún en los casos de los trabajos realizados conjuntamente y que se efectúen en las instalaciones o con equipo de cualquiera de las “PARTES”. En ningún caso podrá considerarse a la otra “PARTE” como patrón sustituto, quedando esta última, libre de toda responsabilidad en asuntos relacionados con dicho personal, debiendo la “PARTE” que designe al trabajador de que se trate, sacar en paz y a salvo a la otra “PARTE”, en caso de conflictos laborales provocados por el personal de la primera. Por lo que cada una de ellas, es responsable individualmente de su personal en materia: civil, laboral, penal, administrativa, cuotas obrero patronales y sindicales, vivienda, seguridad social, impuestos y demás relativas. DÉCIMO PRIMERA. - DE LA CONFIDENCIALIDAD. Las “PARTES” se obligan a adoptar las medidas necesarias y procedentes a efectos de exigir a su personal la máxima discreción y secreto profesional con respecto a cualquier información perteneciente a la contraparte o algún otro actor involucrado sobre la que llegue a tener acceso con motivo del presente instrumento. DÉCIMO SEGUNDA. - Los elementos específicos que se consideran como información confidencial a los que se refiere la Cláusula Décimo Primera del presente instrumento, se determinan con base en los criterios establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. DÉCIMO TERCERA. - DE LOS DATOS PERSONALES. Para efectos de los dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y de las disposiciones que de ella emanen, las “PARTES” reconocen y aceptan expresamente que la forma y términos en que cualquier información que se considere como datos personales, serán protegidos y tratados de conformidad con lo que establece y se regula en las disposiciones jurídicas aplicables vigentes. 12 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 DÉCIMO CUARTA. DE LA VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES. Las “PARTES” acuerdan que cada uno será responsable de vigilar la ejecución y desarrollo de las acciones en el ámbito de su competencia; la correcta aplicación de los recursos financieros es responsabilidad exclusiva del “GOBIERNO DEL ESTADO”. DÉCIMO QUINTA. - DE LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACCIONES. Las “PARTES” acuerdan incluir en la papelería y material que derive de este instrumento la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” DÉCIMO SEXTA. - DE LAS MODIFICACIONES. Las situaciones no previstas en el presente Anexo Técnico de Ejecución Especifico y, en su caso, las modificaciones o adiciones que se realice, serán pactadas de común acuerdo entre las “PARTES”, y se harán constar por escrito mediante Convenio Modificatorio que al efecto se celebre, el cual surtirá sus efectos a partir del momento de su suscripción. Por lo que deberán concurrir a la firma del Convenio Modificatorio del Representante de la “AGRICULTURA” en el Estado de Hidalgo, así como la persona titular de la “CGEHA”; y por parte del “GOBIERNO DEL ESTADO”, la persona titular de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural en el Estado de Hidalgo. DÉCIMO SEPTIMA. - DE LA PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN. La información derivada de las actividades y trabajos materia del presente instrumento, son propiedad de las “PARTES” y no podrá ser difundida ni proporcionada a terceros ni utilizada para fines distintos a los informes oficiales que se requieran para el cumplimiento de su objeto o derivados de los compromisos adquiridos por las “PARTES” sin autorización expresa del “GOBIERNO DEL ESTADO”. En caso de generarse derechos de propiedad intelectual, las “PARTES” se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Derechos de Autor, Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, sus reglamentos y demás normatividad aplicable. DÉCIMO OCTAVA. - DEL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Sólo por casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente justificados, las “PARTES” podrán dar por terminado el presente Anexo Técnico de Ejecución Especifico mediante notificación por escrito a cada una de las partes exponiendo la motivación correspondiente, por lo menos con treinta (30) días naturales de anticipación. En tal caso, las “PARTES” tomarán las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios, tanto a las mismas como a terceros, en la inteligencia de que las actividades de coordinación iniciadas durante la vigencia del presente instrumento jurídico deberán ser concluidas, salvo que las “PARTES” acuerden expresamente lo contrario. DÉCIMO NOVENA. – DEL CIERRE Y FINIQUITO DEL EJERCICIO. Para la debida ejecución del objeto materia del presente Anexo Técnico de ejecución Especifico, el “GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a ejercer los recursos a través del “FOFAEH”, para los fines indicados, así como aplicar y vigilar la programación, ejecución y desarrollo de las actividades que permitan el logro de las metas establecidas en el APÉNDICE ÚNICO, apartado II “Cuadro de Metas y Montos 2025”. Asimismo, en términos del artículo 56 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, a más tardar el ultimo día hábil de marzo del año 2026, deberá suscribirse un acta de finiquito entre la “CGEHA”, la “OREF”, y el “GOBIERNO DEL ESTADO”, en el que se establezcan: a) Montos de los recursos estatales aplicados; y b) Manifestación por escrito por parte del “GOBIERNO DEL ESTADO” a la “CGEHA” del cumplimiento de las actividades de validación del monitoreo de información agropecuaria realizadas conforme al Plan de Trabajo establecido en el APÉNDICE ÚNICO. VIGÉSIMA. - DE LA VIGENCIA. Las “PARTES” acuerdan que el presente instrumento entrará en vigor en la fecha de su firma y su vigencia presupuestal y cumplimiento de acciones; estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las “PARTES”, lo que será determinado por la suscripción del documento que de por concluida las obligaciones emanadas del mismo. Previa lectura y debidamente enteradas las “PARTES” del contenido y alcance del presente instrumento, lo firman y ratifican en todas sus partes, por quintuplicado, en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a los 03 días del mes de diciembre del año 2025.- Por la CGEHA: el Coordinador General, Ing. Jesús Enrique Vázquez Lizárraga.- Rúbrica.- Por la Representación Estatal de la Agricultura: el Titular de la Oficina, Ing. José Arnulfo Flores Valdéz.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado: el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Hidalgo, Mtro. Napoleón González Pérez.- Rúbrica. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 13 ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN ESPECIFICO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025 DEL ESTADO DE HIDALGO Infraestructura de uso Colectivo, Almacenamiento y Aprovechamiento de Agua Cuadro de Metas y Montos ICAAA 2025 Municipio Concepto de apoyo Metas Programadas Recursos Convenidos (en pesos) Proyecto Unidad Cantidad Benef. Federal Gobierno del Estado Gran Total Alfajayucan Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,700 83 $ - $ 2,046,382.30 $ 2,046,382.30 Almoloya Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,300 70 $ - $ 2,286,367.41 $ 2,286,367.41 Atlapexco Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,500 75 $ - $ 2,030,782.10 $ 2,030,782.10 Atitalaquia Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,700 78 $ - $ 2,098,655.67 $ 2,098,655.67 Atotonilco el Grande Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,450 85 $ - $ 1,938,816.07 $ 1,938,816.07 Apan Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 3,200 70 $ - $ 2,001,881.47 $ 2,001,881.47 Cardonal Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,750 75 $ - $ 1,976,847.89 $ 1,976,847.89 Eloxochitlan Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,700 73 $ - $ 2,015,326.32 $ 2,015,326.32 Emiliano Zapata Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 3,200 82 $ - $ 2,050,771.14 $ 2,050,771.14 14 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 Huasca de Ocampo Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 3,100 85 $ - $ 2,161,187.88 $ 2,161,187.88 Huautla Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,800 75 $ - $ 2,204,082.51 $ 2,204,082.51 Huazalingo Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,750 80 $ - $ 2,104,841.51 $ 2,104,841.51 Huejutla de Reyes Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,850 83 $ - $ 1,831,168.95 $ 1,831,168.95 Huichapan Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 3,100 75 $ - $ 2,254,613.37 $ 2,254,613.37 Ixmiquilpan Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 2 m3 5,750 150 $ - $ 4,135,251.46 $ 4,135,251.46 Jaltocan Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,600 75 $ - $ 1,959,011.03 $ 1,959,011.03 Juárez Hidalgo Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,700 78 $ - $ 1,812,004.81 $ 1,812,004.81 Mineral del Chico Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,500 81 $ - $ 1,861,882.16 $ 1,861,882.16 Mineral del Monte Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,750 75 $ - $ 2,254,613.37 $ 2,254,613.37 Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 15 Molango de Escamilla Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,700 80 $ - $ 2,615,048.16 $ 2,615,048.16 San Agustín Metzquititlan Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,850 84 $ - $ 2,080,513.63 $ 2,080,513.63 San Agustín Tlaxiaca Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,550 70 $ - $ 2,036,267.45 $ 2,036,267.45 San Bartolo Tutotepec Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,700 90 $ - $ 1,977,153.04 $ 1,977,153.04 San Felipe Orizatlán Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,750 75 $ - $ 1,733,733.43 $ 1,733,733.43 Singuilucan Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 3,150 73 $ - $ 2,056,833.85 $ 2,056,833.85 Tecozautla Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 3,200 83 $ - $ 2,194,343.72 $ 2,194,343.72 Tepeapulco Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,500 75 $ - $ 1,910,284.16 $ 1,910,284.16 Tepehuacan de Guerrero Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,350 80 $ - $ 1,815,525.09 $ 1,815,525.09 Tianguistengo Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,550 80 $ - $ 1,893,622.28 $ 1,893,622.28 16 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 Tizayuca Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 5,000 82 $ - $ 2,206,842.57 $ 2,206,842.57 Tlahuiltepa Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 2 m3 5,000 155 $ - $ 4,511,406.11 $ 4,511,406.11 Tlanalapa Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,350 73 $ - $ 1,910,284.16 $ 1,910,284.16 Tlanchinol Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 3,000 70 $ - $ 2,106,842.57 $ 2,106,842.57 Tolcayuca Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,400 70 $ - $ 1,878,059.46 $ 1,878,059.46 Xochicoatlan Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,700 75 $ - $ 2,001,327.92 $ 2,001,327.92 Yahualica Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,600 80 $ - $ 1,989,523.91 $ 1,989,523.91 Zapotlán de Juárez Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,350 73 $ - $ 2,037,725.19 $ 2,037,725.19 Zempoala Capacidad de almacenamiento de agua a construir mediante obras de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua 1 m3 2,650 85 $ - $ 1,920,175.88 $ 1,920,175.88 Elaboración y desarrollo de proyectos técnicos 40 proyectos 110,750 3,101 $ - $ 3,600,000.00 $ 3,600,000.00 SUBTOTAL RECURSO DE INVERSIÓN (95%) $ - $85,500,000.00 $85,500,000.00 Supervisión y seguimiento interno y externo (0.70% sobre el monto de operación) $ - $ 630,000.00 $ 630,000.00 Gobierno del Estado en FOFAEH (4.30% sobre el monto de operación) $ - $ 3,870,000.00 $ 3,870,000.00 SUBTOTAL RECURSOS DE OPERACIÓN (5%) $ - $ 4,500,000.00 $ 4,500,000.00 TOTAL RECURSOS DE PROGRAMA (100%) $ - $90,000,000.00 $90,000,000.00 _________________________________________ Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 17 SECRETARIA DE SALUD AVISO mediante el cual se dan a conocer las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Salud.- Secretaría de Salud. DAVID KERSHENOBICH STALNIKOWITZ, Secretario de Salud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6° fracciones VII, X y XI, 7° fracciones I, II Bis, XIII, XIII Bis y XV, 66, 111 fracciones I, II y III, 112, 113, 114, 115, 215 y 307 de la Ley General de Salud; 3°, 5°, 18, 19, 27, 59 fracción II de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible; 3° fracción III de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; 4° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; así como 6° y 7° fracción XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y CONSIDERANDO Que la Secretaría de Salud, por conducto de su Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública y con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dirigió desde 2023 un comité de expertos conformado por personas especialistas y la contribución de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Economía, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, del Instituto Nacional de Salud Pública, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, del Instituto Nacional de Perinatología, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Procuraduría Federal del Consumidor, así como del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud, de la Academia Nacional de Medicina, del Centro de Investigación y Docencia Económica, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, y de las representaciones de la Sociedad Civil Organizada ContraPeso, El Poder del Consumidor, Ethos: Laboratorio de Políticas Públicas, Proyecto La Guajolota y Salud Crítica. Que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios, son recomendaciones contextuales y multinivel que permiten a los gobiernos definir qué constituye una dieta saludable dentro de sistemas alimentarios sostenibles, alinear las políticas y los programas relacionados con los alimentos, y apoyar a la población para que adopte patrones y prácticas alimentarias más saludables y más sostenibles, que favorezcan, entre otros resultados, la sostenibilidad ambiental y la equidad socioeconómica. Que El Comité, en el marco de la Hoja de Ruta Nacional para la Transformación del Sistema Agroalimentario Mexicano de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas, generó en 2023 las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana, las cuales se constituyen como una herramienta para orientar políticas públicas de alimentación, nutrición, salud y protección social para adoptar y mantener una alimentación saludable y sostenible. Que el 17 de abril de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible cuyo objeto es reglamentar del derecho a la alimentación adecuada, en los términos establecidos en los artículos 4o., tercer párrafo; 27, fracción XX, segundo párrafo y 73, fracción XXIX-E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que el 15 de abril 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que establece el Eje general 2 “Desarrollo con bienestar y humanismo” Objetivo 2.1 lo relativo a Fortalecer la red de protección social para garantizar la inclusión social y económica de toda la población, con especial atención a los grupos de vulnerabilidad; asimismo en el Eje General 4 “Desarrollo sustentable” Objetivo 4.1 se dispone lo relativo al Fortalecimiento de la seguridad y la soberanía energética, promoviendo la autosuficiencia con un enfoque sustentable que garantice el acceso equitativo a la energía y reduzca la dependencia del exterior. Que el 04 de septiembre de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el PROGRAMA Sectorial de Salud 2025-2030, en cuyas estrategias 4.1 y 4.2 se establece lo concerniente a “Fortalecer la Seguridad Alimentaria como Determinante de la Salud” y “Fortalecer las políticas de promoción de la salud, y asistencia social con la finalidad de contribuir al desarrollo de estilos de vida saludables en particular en población vulnerable”. 18 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 Que en el marco del Día Mundial de la Alimentación 2025, la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional en consenso con el Instituto Nacional de Salud Pública, emitió una segunda edición de las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana. He tenido a bien emitir el siguiente: "AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS GUÍAS ALIMENTARIAS SALUDABLES Y SOSTENIBLES PARA LA POBLACIÓN MEXICANA" Nombre de la disposición: Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana Fecha de emisión: 16 de octubre de 2025. Medio de consulta: La versión íntegra está disponible en las siguientes direcciones electrónicas: Página web institucional: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1030919/GUIASALIMENTARIAS2025C.pdf Liga Adicional: www.dof.gob.mx/2025/SS/GUIASALIMENTARIAS2025.pdf Lo anterior en cumplimiento a la normatividad antes mencionada, así como al artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con el último párrafo del artículo segundo del "ACUERDO que modifica al diverso por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican, publicado el 10 de agosto de 2010 y su modificación publicada el 21 de agosto de 2012.", respecto a la identificación de la norma para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en la normateca". Dado en la Ciudad de México, a los 10 días de diciembre de 2025.- El Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz.- Rúbrica. AVISO mediante el cual se da a conocer la liga electrónica que redirige al Programa Institucional 2026-2030 del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Al margen un logotipo que dice: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. ÁNGEL ANTONIO ARAUZ GÓNGORA, Titular en funciones, en mi carácter de Director General del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, y en cumplimiento de las disposiciones presidenciales establecidas en el artículo 6 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como con fundamento en el artículo 58 de la Ley de las Entidades Paraestatales, en los artículos 13 y 14 del Estatuto Orgánico Institucional, así como el Acuerdo número E-03/2025-1 de la Junta de Gobierno, mediante el cual fue aprobado el Programa Institucional 2025-2030 del Instituto de Salud, he tenido a bien emitir el siguiente: AVISO MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA DE LA PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2026-2030 DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ Se da a conocer a las autoridades, personas servidoras públicas y público en general, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, los hipervínculos electrónicos para consulta del Programa Institucional 2026-2030 del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, el cual tiene por objeto dar seguimiento a las acciones encaminadas a cumplir con la misión, visión y objetivos que la actual gestión ha definido como prioritarios para los próximos cinco años. Denominación: Programa Institucional 2026-2030 del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Emisor: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Fecha de emisión: 30 de septiembre de 2025. Medio de consulta: El documento está publicado para su difusión y consulta en el sitio de internet en las siguientes ligas: http://www.innn.salud.gob.mx/2025/SALUD/PIINNNMVS_2025__2030.pdf https://www.dof.gob.mx/2025/SALUD/PIINNNMVS_2025__2030.pdf Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2025.- Director General del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Dr. Ángel Antonio Arauz Góngora.- Rúbrica. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 19 SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO CONVENIO Marco de Coordinación para la distribución y ejercicio de subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Estado de Chiapas y el Municipio de Huixtla. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Desarrollo Territorial.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.- Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2025 VERTIENTE OBRAS COMUNITARIAS OC-04: CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN Vertiente Obras Comunitarias 0C-04 Convenio Marco de Coordinación Estado de Chiapas, Municipio de Huixtla CMC/VOC/PMU/020/2025 Convenio Marco de Coordinación para la distribución y ejercicio de subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en lo sucesivo “LA SEDATU”, representada en este acto por el Dr. Víctor Hugo Hofmann Aguirre, Titular de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda; el Lic. Irving Mauricio Villa Villanueva, Titular de la Dirección General de Obras Comunitarias y Área Responsable de la Vertiente Obras Comunitarias; y por otra parte, el Gobierno del Estado de Chiapas, en lo sucesivo “EL ESTADO”, representado por la Secretaría de Infraestructura, a través de la Mtra. Anakaren Gómez Zuart, en su carácter de Secretaria de dicha dependencia; así como, el Ayuntamiento del Municipio de Huixtla, Estado de Chiapas, en lo sucesivo EL MUNICIPIO”, representado por el C. Regulo Palomeque Sánchez, en su carácter de Presidente Constitucional Municipal, quien actúa en compañía del C. Juan Manuel Alvarado Arrazola, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Huixtla, Chiapas; a quienes en conjunto se les denominará “LAS PARTES”, al tenor de los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes: ANTECEDENTES 1. Que el artículo 26, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) establece la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 2. Que el artículo 134 de la Constitución establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 3. Que el artículo 28 de la Ley de Planeación establece que las acciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los programas que de éste emanen, deberán especificar las acciones que serán objeto de coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas o de concertación con los grupos sociales interesados; por tanto, en términos del artículo 33 de la misma Ley, se podrá convenir con los Gobiernos Locales la participación que corresponda a los Municipios, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan. 4. Que el artículo 41, fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que a “LA SEDATU” le corresponde promover y ejecutar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y comunitario en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado. 5. Que el artículo 4, fracción I, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, reconoce el derecho a la ciudad como un principio rector de la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, y lo define como la obligación del Estado de 20 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centros de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia. 6. Que de igual forma el artículo 6, fracción VIII de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano dispone que la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para uso comunitario y para la movilidad es considerado una causa de utilidad pública. 7. Que el artículo 8, fracciones IX y XIII de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano señala que “LA SEDATU” tiene atribuciones para promover y ejecutar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el Desarrollo Regional, Urbano y Rural, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y las Demarcaciones Territoriales, y con la participación de los sectores social y privado, impulsando el acceso de todos y todas a los servicios, beneficios y prosperidad que ofrecen las ciudades; así como coordinar sus actuaciones con las entidades federativas y los Municipios, con la participación de los sectores social y privado, en la realización de acciones e inversiones para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el Desarrollo Urbano de los Centros de Población, mediante la celebración de convenios y acuerdos. 8. Que los artículos 2, fracción LIII; 74 y 75, fracción VII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señalan que los subsidios son asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a través de las Dependencias y Entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las Entidades Federativas o Municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general, que serán ministrados por las Dependencias y Entidades, para evitar la duplicidad en el ejercicio de los recursos y reducir los gastos administrativos. 9. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025 (Presupuesto de Egresos), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2024, contempla entre los programas presupuestarios del Ramo Administrativo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”, al Programa de Mejoramiento Urbano, en lo sucesivo "EL PROGRAMA". 10. Que de conformidad con los artículos 3 fracción XXI y 28 del Presupuesto de Egresos, el 5 de febrero de 2025, fueron publicadas, en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, para el ejercicio fiscal 2025, en lo sucesivo “LAS REGLAS”. 11. Que “EL PROGRAMA” tiene una cobertura a nivel nacional, cuya población potencial y objetivo son las personas que residen en los asentamientos humanos dentro del territorio mexicano con algún grado de habitabilidad inadecuado. 12. Que el numeral 4.2 de “LAS REGLAS” señala que la Vertiente Obras Comunitarias consiste asignar subsidios a comunidades organizadas para la ejecución de los tipos de apoyo, a efecto de contribuir a mejorar el acceso e inclusión de las personas a servicios artísticos, culturales, deportivos, turísticos, de descanso, de esparcimiento, de desarrollo comunitario, entre otros; a través del diseño, construcción, renovación o ampliación de equipamiento y espacio público, incluyendo asistencia técnica que permita la correcta ejecución de los tipos de apoyo. 13. “LAS REGLAS”, en su numeral “13.5 Coordinación institucional”, establecen que, con el propósito de propiciar la sinergia con otros Programas públicos y privados para el ordenamiento territorial, el desarrollo regional y comunitario en las localidades, municipios, demarcaciones territoriales y entidades federativas en las que interviene el Programa, "LA SEDATU" promoverá la coordinación de esfuerzos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, con instituciones y organismos privados; así como de la sociedad civil. Para ello, en su caso, se suscribirán los instrumentos jurídicos de coordinación correspondientes. 14. De conformidad con lo establecido en “LAS REGLAS”, el Comité de Validación de “EL PROGRAMA” ha autorizado el Informe Técnico de Justificación y Viabilidad para el otorgamiento del subsidio, concerniente al Municipio de Huixtla, Chiapas, mismo que contienen la cartera de acciones o proyectos susceptibles a recibir recursos de “EL PROGRAMA”. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 21 15. Que “EL PROGRAMA”, es un instrumento congruente con los Tratados Internacionales a los que México se ha adherido, como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con el objetivo 11 denominado Ciudades y Comunidades Sostenibles, el cual establece: "Lograr que las Ciudades y los Asentamientos Humanos sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles"; en específico las metas 11.1; 11.3; 11.7; 11.a y 11.b, resaltan la importancia de asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, así como de mejorar los barrios marginales; de aumentar la urbanización inclusiva, sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los Asentamientos Humanos; de proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y la niñez, las personas mayores de edad y las personas con discapacidad; de apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo Nacional y regional y, finalmente, de aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres. DECLARACIONES I. Declara “LA SEDATU” por conducto de su representante, que: I.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad a los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1°; 2°; fracción I; 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. I.2. Entre sus atribuciones están las de: “Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal competentes y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los Gobiernos en las Entidades Federativas y Municipales para la realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privado”; “Promover y concertar programa de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano y, apoyar su ejecución, con la participación de los Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipales, así como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia una planeación sustentable y de integración”, y “Promover y ejecutar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y comunitario, en coordinación con los Gobiernos Estatales y Municipales y con la participación de los sectores social y privado”, de conformidad con lo establecido en el artículo 41, fracciones X, XIII y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. I.3. Su representante, el Dr. Víctor Hugo Hofmann Aguirre, Titular de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, cuenta con atribuciones para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, apartado A, fracción I, inciso b, 7, fracciones XI y XII, y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como en el numeral 11.2, fracción VII de “LAS REGLAS”. I.4. El Lic. Irving Mauricio Villa Villanueva, Titular de la Dirección General de Obras Comunitarias y Área Responsable de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”, en lo sucesivo “EL ÁREA RESPONSABLE” cuenta con atribuciones para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con lo señalado en los artículos 2, apartado A, fracción III, inciso h), 9, fracciones IV, VI y XXVI, y 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; así como en el numeral 11.4 fracción II, inciso i) de “LAS REGLAS”. I.5. Para efectos de este Convenio, señala como su domicilio el ubicado en Avenida Nuevo León número 210, Colonia Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06I00, Ciudad de México. 22 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 II. Declara “EL ESTADO” por conducto de su representante, que: II.1. El Estado de Chiapas, es una entidad libre y soberana en lo que se refiere a su régimen interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los artículos 40, 42, fracción I, 43, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 16, 77 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. II.2. Que la Secretaría de Infraestructura del Gobierno de Chiapas, que participa en la suscripción del presente Convenio, es una dependencia de la Administración Pública Centralizada Local, de conformidad con lo establecido en los artículos 60, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y 2, fracción I; 30, fracción VI y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. II.3. Que la Mtra. Anakaren Gómez Zuart, en su carácter de Secretaria de Infraestructura del Gobierno de Chiapas tiene facultades para suscribir el presente instrumento jurídico, de conformidad con el nombramiento emitido por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, el Dr. Oscar Eduardo Ramirez Aguilar, de fecha 08 de diciembre de 2024, mismo que a la fecha no ha sido revocado ni modificado, por lo que cuenta con la atribución para suscribir el presente convenio, en término de los artículos 11, 13, 23, 30, fracción VI y 36, fracciones XII, XXIV y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; y 1, fracción III, 7, 15 y 16 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas. II.3. Para efectos del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado en Unidad Administrativa edificio "A", colonia Maya en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Código Postal 29010. III. "EL MUNICIPIO" declara por conducto de su representante, lo siguiente: III.1. Es una institución de derecho público, que posee personalidad jurídica y patrimonio propio, con libertad para administrar su hacienda, de conformidad con los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 80, 81, 82 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. III.2. El C. Regulo Palomeque Sánchez, Presidente Municipal Constitucional de Huixtla, en el Estado de Chiapas está plenamente facultado para suscribir el presente Convenio, de conformidad con los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y 32, 38, 55 y 57 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; así como los numerales 7.5.4 y 11.6 de “LAS REGLAS”. III.3. El C. Juan Manuel Alvarado Arrazola, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de Huixtla, Estado de Chiapas, cuenta con facultades suficientes para asistir al Presidente Municipal en términos de los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y, 78 y 80 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, en la suscripción del presente Convenio. III.4. Para efectos del presente Convenio, señalan como su domicilio el ubicado en Av. Central Norte y Calle Francisco I. Madero No. 1, Centro C.P. 30640 Huixtla, Chiapas. IV. Declaran “LAS PARTES” que: IV.1. En la celebración del presente acto jurídico no existe error, dolo o mala fe, por lo que es celebrado de manera voluntaria, y reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen sus respectivos representantes. IV.2. Una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que comparece cada una de “LAS PARTES”; es su voluntad celebrar el presente Convenio Marco de Coordinación. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 23 Con base en los antecedentes y declaraciones de este instrumento y con fundamento en los artículos 26, apartado A; 90 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°; 2°; 17 Bis, 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 28 y 33 de la Ley de Planeación; 4; 8; 9; 48; 49; 50 y 51 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 70, fracción XV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1; 7, fracciones XI y XII; 2, fracción I, 9, 18 y 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; las disposiciones contenidas en “LAS REGLAS”, y demás disposiciones jurídicas aplicables, “LAS PARTES” celebran el presente Convenio Marco de Coordinación, al tenor de las siguientes: CLÁUSULAS PRIMERA. OBJETO El objeto del presente Convenio Marco de Coordinación es reconocer y aceptar la ejecución de “EL PROGRAMA” en "EL MUNICIPIO", coordinando acciones, voluntades y capacidades entre "LAS PARTES" a fin de establecer las bases y los mecanismos para la distribución y ejercicio de los subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA” para el ejercicio fiscal 2025, así como coadyuvar en el ámbito de sus respectivas competencias para que se ejecuten los tipos de apoyo y, en su caso, se activen los proyectos que deriven de las modalidades de dicha Vertiente, a los cuales, en los sucesivo se les denominará como " LOS PROYECTOS" en beneficio de la población. Los recursos financieros que, en su caso, aporte “LA SEDATU” son subsidios que no pierden su carácter federal y que provienen del Ramo Administrativo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”, asignados a la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”. Estos subsidios estarán sujetos, en todo momento, a la disponibilidad presupuestal de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”. SEGUNDA. EJECUCIÓN ESPECÍFICA DE LOS TIPOS DE APOYO DE LA VERTIENTE OBRAS COMUNITARIAS DE “EL PROGRAMA” La implementación y ejecución de “EL PROGRAMA” se dará de conformidad con la mecánica operativa de la Vertiente Obras Comunitarias, por lo cual, en su oportunidad se llevará a cabo la formalización de los instrumentos jurídicos específicos aplicables, acorde a lo establecido en “LAS REGLAS”, en los que se establecerá la información correspondiente a los tipos de apoyo que serán otorgados, a través de subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”; y en los cuales aplicará el contenido de los apartados de este Convenio Marco de Coordinación, conforme a la normativa aplicable. “LAS PARTES” convienen que para la ejecución de los tipos de apoyo que sean otorgados, a través de subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”, se deberán formalizar desde los instrumentos jurídicos aplicables, hasta la suscripción del Acta de Término, en la que se hace constar la entrega recepción de los trabajos realizados conforme al formato (VOC-08), disponible para consulta en el micrositio de "EL PROGRAMA" https://mimexicolate.gob.mx/, obligándose "EL MUNICIPIO" o, de ser procedente, “EL ESTADO”, a realizar las acciones que resulten necesarias para recibirlas y, en su caso, activarlas, administrarlas y conservarlas, conforme a la normativa aplicable. TERCERA. NORMATIVIDAD Para la ejecución de "LOS PROYECTOS" que sean apoyados con subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”, “LAS PARTES” convienen que se sujetarán, en lo aplicable, a lo establecido en “LAS REGLAS”, el presente Convenio Marco de Coordinación, los instrumentos jurídicos específicos aplicables a la Vertiente Obras Comunitarias, así como a las demás disposiciones jurídicas federales y locales aplicables. CUARTA. INSTANCIA EJECUTORA DE “LOS PROYECTOS” En los Convenios de Coordinación Específicos o los instrumentos jurídicos aplicables, se señalará la Instancia Ejecutora de “LOS PROYECTOS” que serán subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”, es decir, el Comité de Obras Comunitarias respectivo; el cual tendrá las obligaciones y responsabilidades que se establecen en “LAS REGLAS” y demás normativa aplicable. 24 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 QUINTA. RESPONSABILIDADES DE “LA SEDATU” a. Suscribir los instrumentos jurídicos que correspondan, de acuerdo con las disposiciones aplicables, así como dar cumplimiento a lo convenido; b. Otorgar subsidios federales para la ejecución de "EL PROGRAMA" en "EL MUNICIPIO"; c. Evaluar y, en su caso, aprobar, los tipos de apoyo presentados para apoyar a "EL MUNICIPIO" conforme a lo previsto en “LAS REGLAS” y demás normativa aplicable; d. Promover, integrar y dar seguimiento a las actividades en materia de contraloría social; entre otras conformando y capacitando a los comités de contraloría social, ajustándose al esquema de operación, la guía operativa y el programa anual de trabajo en la materia determinado por "EL PROGRAMA", y validados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el apoyo que corresponde de “LAS PARTES”; e. Solicitar el apoyo o intervención de “EL ESTADO” o “EL MUNICIPIO”, cuando así se requiera para la correcta ejecución, recepción o activación de las obras, proyectos o acciones que sean otorgados mediante subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”; f. Las demás que resulten necesarias para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio, y aquellas que resulten aplicables conforme a lo que señalan "LAS REGLAS", y demás normativa aplicable. SEXTA. RESPONSABILIDADES DE “EL ESTADO” Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco de Coordinación, "EL ESTADO" asume los siguientes compromisos: a. Suscribir los instrumentos jurídicos que correspondan, de acuerdo con las disposiciones aplicables, así como dar cumplimiento a lo convenido; b. Apoyar en el ámbito de sus competencias para el cumplimiento de los objetivos y metas de "EL PROGRAMA"; c. Apoyar, de ser procedente, a “LA SEDATU”, “EL MUNICIPIO” o la Instancia Ejecutora, en el ámbito de su competencia, en lo relativo a la ejecución, recepción, activación u operación de los tipos de apoyo consistentes en subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA” que, en su caso, sean aprobados en beneficio de la población de "EL MUNICIPIO"; d. Coadyuvar, en caso de que resulte necesario y en el ámbito de sus competencias, en la gestión de exención del pago de derechos de dictámenes, licencias, permisos o trámites que resulten necesarios, en beneficio de la población de "EL MUNICIPIO", conforme a lo que disponga la normativa aplicable; e. Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos de "EL PROGRAMA" de conformidad a lo dispuesto en "LAS REGLAS", en el ámbito de sus competencias; f. Las demás que resulten necesarias en el ámbito de su competencia para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio, en términos de la normativa aplicable. SÉPTIMA. RESPONSABILIDADES DE "EL MUNICIPIO" Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco de Coordinación, "EL MUNICIPIO" tiene las siguientes obligaciones: a. Suscribir los instrumentos jurídicos que correspondan, de acuerdo con las disposiciones aplicables, así como dar cumplimiento a lo convenido; b. Apoyar con las gestiones necesarias para que se cumpla con la normativa aplicable en materia de protección civil, reglamentos de construcción, Normas Oficiales Mexicanas o cualquier otra relacionada con las obras comunitarias, acciones o proyectos que deriven de tipos de apoyo de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”; c. En su caso, emitir las autorizaciones, licencias de construcción, dictámenes de factibilidad entre otros, de las obras, acciones o proyectos correspondientes a tipos de apoyo de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA” que se ejecuten en "EL MUNICIPIO" de conformidad con la normativa aplicable, así como cubrir o exentar la totalidad de los costos asociados a estos conceptos; Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 25 d. Promover, en el ámbito de su competencia, las acciones que resulten necesarias para salvaguardar y vigilar la correcta ejecución de “LOS PROYECTOS”, así como contribuir a su administración y conservación, y a la generación y preservación del orden público y la paz social de las mismas, en términos de la normativa aplicable; e. Apoyar, de ser procedente, a “LA SEDATU”, “EL ESTADO” o la Instancia Ejecutora, en el ámbito de su competencia, en lo relativo a la ejecución, recepción, activación u operación de los tipos de apoyo consistentes en subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA” que, en su caso, sean aprobados en beneficio de la población de "EL MUNICIPIO"; f. Facilitar mecanismos de cooperación con las autoridades para que las obras, acciones o proyectos que deriven de los tipos de apoyo otorgados en el marco de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA” que, en su caso, sean aprobados en favor de la población de "EL MUNICIPIO", cuenten con el mobiliario y equipamiento adecuado para su correcto funcionamiento en beneficio de la comunidad, y g. Las demás que resulten necesarias para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio y aquellas que establezca “LA SEDATU”, “LAS REGLAS” y las demás disposiciones aplicables. OCTAVA. CONTROL Y FISCALIZACIÓN El ejercicio de los recursos federales de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA” está sujeto a las disposiciones federales aplicables y podrán ser auditados por las siguientes instancias, conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias: el Órgano Interno de Control en “LA SEDATU”, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la Federación y demás que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes. NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO “LAS PARTES” acuerdan que, atendiendo que el presente instrumento observa el principio de la buena fe; de común acuerdo podrán convenir la terminación anticipada del mismo. El presente Convenio se podrá dar por terminado de manera anticipada por la existencia de alguna de las siguientes causas: a. De presentarse caso fortuito, entendiéndose éste por un acontecimiento de la naturaleza; b. Por fuerza mayor, entendiéndose un hecho humanamente inevitable, y c. Por cumplimiento anticipado del objeto del presente Convenio. Asimismo, “LA SEDATU” podrá, en cualquier momento, terminar anticipadamente el presente instrumento jurídico, sin que medie resolución judicial, sin responsabilidad alguna, y sin que resulte necesaria la autorización de otra de “LAS PARTES”, cuando cualquiera de las mismas no cumpla en tiempo y forma con los compromisos pactados en este Convenio Marco de Coordinación, o de presentarse alguna circunstancia prevista en “LAS REGLAS”, y demás normativa aplicable, para tal efecto. DÉCIMA. CESIÓN DE DERECHOS. “LAS PARTES” acuerdan que no podrán ceder en forma total o parcial los derechos y obligaciones establecidos o los que deriven del presente instrumento jurídico. DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES De considerarse procedente, el presente Convenio Marco de Coordinación se podrá modificar de común acuerdo por “LAS PARTES”, conforme a los preceptos y lineamientos que lo originan, dichas modificaciones deberán constar por escrito. DÉCIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS “LAS PARTES” manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y para resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio Marco de Coordinación; asimismo, convienen en sujetarse para todo lo no previsto en el mismo, a lo dispuesto en los instrumentos legales y normativos señalados en la CLÁUSULA TERCERA de este Convenio. 26 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio Marco de Coordinación, que no puedan ser resueltas de común acuerdo entre “LAS PARTES”, conocerán los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México. DÉCIMA TERCERA. DIFUSIÓN “LAS PARTES” serán responsables, en el respectivo ámbito de sus competencias, de que durante la ejecución de las obras, acciones o proyectos apoyados con subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”, se cumplan las disposiciones, estrategias y programas en materia de difusión, que se encuentren señaladas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2025, “LAS REGLAS”, y demás normativa aplicable. La publicidad, la información, la papelería y la documentación oficial relativa a las acciones realizadas deberá identificarse con el escudo nacional en los términos que establece la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2025, e incluir la siguiente leyenda “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. DÉCIMA CUARTA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR En caso de generarse derechos de propiedad intelectual con motivo de las actividades que se lleven a cabo en el marco de este Convenio, así como del diseño y la ejecución de las obras, acciones o proyectos apoyados con subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”, "LAS PARTES" se obligan a reconocerse mutuamente o a las Instancias Ejecutoras, los créditos correspondientes y ajustarse a lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor, su Reglamento y demás normatividad aplicable. Asimismo, "LAS PARTES" convienen que la propiedad intelectual y los derechos de autor resultantes de las actividades que desarrollen conjuntamente corresponderá a la parte que haya producido o, en su caso, a todas ellas en proporción a sus aportaciones. Los derechos de autor de carácter patrimonial que se deriven del presente Convenio le corresponderán a la parte que haya participado o que haya aportado recursos para su realización, la cual, únicamente quedará obligada a otorgarle los créditos correspondientes por su autoría y colaboración a la otra parte. DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL “LAS PARTES”, serán responsables a que durante la ejecución de las obras, acciones o proyectos apoyados con subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”, se cumplan las disposiciones señaladas en “LAS REGLAS”, en materia de contraloría social; así como lo señalado en los Lineamientos vigentes emitidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para promover las acciones necesarias que permitan la efectividad de la vigilancia ciudadana, bajo el Esquema o Esquemas validados por la misma dependencia. DÉCIMA SEXTA. RELACIÓN LABORAL "LAS PARTES" convienen que el personal aportado por cada una para la realización de las obras, acciones o proyectos apoyados con subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto, y en ningún caso serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos de la otra. DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES “LAS PARTES” acuerdan guardar y proteger la información reservada y/o confidencial que generen, obtengan, adquieran, transformen o se encuentre en su posesión, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como cualquier otro ordenamiento jurídico vigente en la materia, incluyendo, desde luego, los supuestos de confidencialidad y reserva estipulados en los citados ordenamientos, de considerarse procedente. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 27 “LAS PARTES”, en sus respectivos ámbitos de competencia serán responsables, en obtener el consentimiento de los titulares de datos personales y/o datos personales sensibles de conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable, que se obtengan con motivo del cumplimiento del objeto del presente Convenio. “LAS PARTES”, en sus respectivos ámbitos de competencia se obligan a realizar los avisos de privacidad correspondientes, de conformidad con la mencionada Ley, y obtener las autorizaciones correspondientes para transferir dichos datos a la otra parte, cuando así sea necesario en términos de la legislación aplicable. “LAS PARTES”, en sus respectivos ámbitos de competencia serán responsables del manejo, almacenamiento y protección de los datos personales, y los datos personales sensibles que obtengan con motivo del cumplimiento del presente Convenio. DÉCIMA OCTAVA. INTEGRIDAD “LAS PARTES”, se comprometen a actuar bajo los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, honestidad, e integridad, y a cumplir con todas las disposiciones en materia de responsabilidades de servidores públicos, previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal Federal y su legislación local. “LAS PARTES”, se comprometen a que, las personas servidoras públicas adscritas a éstas ofrezcan, prometan, entreguen, autoricen, soliciten o acepten alguna ventaja indebida, económica o de otro tipo (o insinuado que lo harán o podrían hacerlo en el futuro) relacionada de algún modo con el presente instrumento o con los que deriven del mismo; y que habrán adoptado medidas razonables para evitar que lo lleven a cabo terceros, sujetos a su control o influencia significativa. Para esos efectos, el alcance del objeto de este Convenio Marco de Coordinación se limita al necesario para cumplir con los fines y conducción normal de las actividades de cada una de “LAS PARTES”. DÉCIMA NOVENA. ANTICORRUPCIÓN “LAS PARTES” se comprometen a no llevar a cabo acto de corrupción alguno, por lo que pactan que será causal de suspensión o terminación de la relación derivada del presente Convenio, el conocimiento de que la otra parte ha actuado en violación a la legislación aplicable en materia de anticorrupción, en particular al involucrarse o tolerar algún acto de corrupción o ser utilizada como conducto para cometerlo. Para esos efectos, el alcance del objeto del presente instrumento jurídico se limita al necesario para cumplir con los fines y conducción normal de las actividades de cada una de “LAS PARTES”. VIGÉSIMA. DOMICILIOS “LAS PARTES” señalan como sus domicilios convencionales para toda clase de avisos, comunicaciones, notificaciones y en general para todo lo relacionado con el presente Convenio Marco de Coordinación, los señalados en sus respectivas declaraciones. Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado por escrito, dirigido a “LAS PARTES”, con acuse de recibo, por lo menos con 10 (diez) días hábiles de anticipación a la fecha en que deba surtir efectos el cambio. Sin este aviso, todas las comunicaciones se entenderán como válidamente hechas en los domicilios aquí señalados. VIGÉSIMA PRIMERA. VIGENCIA El presente instrumento estará vigente a partir del día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2025. Enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, firman el presente Convenio Marco de Coordinación, en cinco tantos, en la Ciudad de México, a los 30 días del mes de mayo de 2025, acordando su publicación en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo 36 de la Ley de Planeación.- Por la SEDATU: Subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, Dr. Víctor Hugo Hofmann Aguirre.- Rúbrica.- Director General de Obras Comunitarias, Lic. Irving Mauricio Villa Villanueva.- Rúbrica.- Por el Estado: Secretaria de Infraestructura, Mtra. Anakaren Gómez Zuart.- Rúbrica.- Por el Municipio: Presidente Municipal Constitucional de Huixtla, Chiapas, C. Regulo Palomeque Sánchez.- Rúbrica.- Secretario del Ayuntamiento de Huixtla, Chiapas, C. Juan Manuel Alvarado Arrazola.- Rúbrica. 28 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 CONVENIO Marco de Coordinación para la distribución y ejercicio de subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Estado de Chiapas y el Municipio de Tonalá. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Desarrollo Territorial.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.- Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2025 VERTIENTE OBRAS COMUNITARIAS OC-04: CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN Vertiente Obras Comunitarias 0C-04 Convenio Marco de Coordinación Estado de Chiapas, Municipio de Tonalá CMC/VOC/PMU/021/2025 Convenio Marco de Coordinación para la distribución y ejercicio de subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias del Programa de Mejoramiento Urbano, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en lo sucesivo “LA SEDATU”, representada en este acto por el Dr. Víctor Hugo Hofmann Aguirre, Titular de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda; el Lic. Irving Mauricio Villa Villanueva, Titular de la Dirección General de Obras Comunitarias y Área Responsable de la Vertiente Obras Comunitarias; y por otra parte, el Gobierno del Estado de Chiapas, en lo sucesivo “EL ESTADO”, representado por la Secretaría de Infraestructura, a través de la Mtra. Anakaren Gómez Zuart, en su carácter de Secretaria de dicha dependencia; así como, el Ayuntamiento del Municipio de Tonalá, Chiapas, Estado de Chiapas, en lo sucesivo “EL MUNICIPIO”, representado por el C. Manuel de Jesús Narcia Coutiño, en su carácter de Presidente Constitucional Municipal, quien actúa en compañía de la C. Guadalupe Vázquez De los Santos, en su carácter de Secretaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Tonalá, Chiapas; a quienes en conjunto se les denominará “LAS PARTES”, al tenor de los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes: ANTECEDENTES 1. Que el artículo 26, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) establece la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 2. Que el artículo 134 de la Constitución establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 3. Que el artículo 28 de la Ley de Planeación establece que las acciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los programas que de éste emanen, deberán especificar las acciones que serán objeto de coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas o de concertación con los grupos sociales interesados; por tanto, en términos del artículo 33 de la misma Ley, se podrá convenir con los Gobiernos Locales la participación que corresponda a los Municipios, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan. 4. Que el artículo 41, fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que a “LA SEDATU” le corresponde promover y ejecutar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y comunitario en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado. 5. Que el artículo 4, fracción I, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, reconoce el derecho a la ciudad como un principio rector de la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, y lo define como la obligación del Estado de garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centros de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 29 6. Que de igual forma el artículo 6, fracción VIII de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano dispone que la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para uso comunitario y para la movilidad es considerado una causa de utilidad pública. 7. Que el artículo 8, fracciones IX y XIII de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano señala que “LA SEDATU” tiene atribuciones para promover y ejecutar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el Desarrollo Regional, Urbano y Rural, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y las Demarcaciones Territoriales, y con la participación de los sectores social y privado, impulsando el acceso de todos y todas a los servicios, beneficios y prosperidad que ofrecen las ciudades; así como coordinar sus actuaciones con las entidades federativas y los Municipios, con la participación de los sectores social y privado, en la realización de acciones e inversiones para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el Desarrollo Urbano de los Centros de Población, mediante la celebración de convenios y acuerdos. 8. Que los artículos 2, fracción LIII; 74 y 75, fracción VII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señalan que los subsidios son asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a través de las Dependencias y Entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las Entidades Federativas o Municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general, que serán ministrados por las Dependencias y Entidades, para evitar la duplicidad en el ejercicio de los recursos y reducir los gastos administrativos. 9. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025 (Presupuesto de Egresos), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2024, contempla entre los programas presupuestarios del Ramo Administrativo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”, al Programa de Mejoramiento Urbano, en lo sucesivo "EL PROGRAMA". 10. Que de conformidad con los artículos 3 fracción XXI y 28 del Presupuesto de Egresos, el 5 de febrero de 2025, fueron publicadas, en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, para el ejercicio fiscal 2025, en lo sucesivo “LAS REGLAS”. 11. Que “EL PROGRAMA” tiene una cobertura a nivel nacional, cuya población potencial y objetivo son las personas que residen en los asentamientos humanos dentro del territorio mexicano con algún grado de habitabilidad inadecuado. 12. Que el numeral 4.2 de “LAS REGLAS” señala que la Vertiente Obras Comunitarias consiste asignar subsidios a comunidades organizadas para la ejecución de los tipos de apoyo, a efecto de contribuir a mejorar el acceso e inclusión de las personas a servicios artísticos, culturales, deportivos, turísticos, de descanso, de esparcimiento, de desarrollo comunitario, entre otros; a través del diseño, construcción, renovación o ampliación de equipamiento y espacio público, incluyendo asistencia técnica que permita la correcta ejecución de los tipos de apoyo. 13. “LAS REGLAS”, en su numeral “13.5 Coordinación institucional”, establecen que, con el propósito de propiciar la sinergia con otros Programas públicos y privados para el ordenamiento territorial, el desarrollo regional y comunitario en las localidades, municipios, demarcaciones territoriales y entidades federativas en las que interviene el Programa, "LA SEDATU" promoverá la coordinación de esfuerzos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, con instituciones y organismos privados; así como de la sociedad civil. Para ello, en su caso, se suscribirán los instrumentos jurídicos de coordinación correspondientes. 14. De conformidad con lo establecido en “LAS REGLAS”, el Comité de Validación de “EL PROGRAMA” ha autorizado el Informe Técnico de Justificación y Viabilidad para el otorgamiento del subsidio, concerniente al Municipio de Tonalá, Chiapas, mismo que contienen la cartera de acciones o proyectos susceptibles a recibir recursos de “EL PROGRAMA”. 15. Que “EL PROGRAMA”, es un instrumento congruente con los Tratados Internacionales a los que México se ha adherido, como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con el objetivo 11 denominado Ciudades y Comunidades Sostenibles, el cual establece: "Lograr que las Ciudades y los Asentamientos Humanos sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles"; en 30 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 específico las metas 11.1; 11.3; 11.7; 11.a y 11.b, resaltan la importancia de asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, así como de mejorar los barrios marginales; de aumentar la urbanización inclusiva, sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los Asentamientos Humanos; de proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y la niñez, las personas mayores de edad y las personas con discapacidad; de apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo Nacional y regional y, finalmente, de aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres. DECLARACIONES I. Declara “LA SEDATU” por conducto de su representante, que: I.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad a los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1°; 2°; fracción I; 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. I.2. Entre sus atribuciones están las de: “Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal competentes y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los Gobiernos en las Entidades Federativas y Municipales para la realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privado”; “Promover y concertar programa de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano y, apoyar su ejecución, con la participación de los Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipales, así como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia una planeación sustentable y de integración”, y “Promover y ejecutar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y comunitario, en coordinación con los Gobiernos Estatales y Municipales y con la participación de los sectores social y privado”, de conformidad con lo establecido en el artículo 41, fracciones X, XIII y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. I.3. Su representante, el Dr. Víctor Hugo Hofmann Aguirre, Titular de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, cuenta con atribuciones para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, apartado A, fracción I, inciso b, 7, fracciones XI y XII, y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como en el numeral 11.2, fracción VII de “LAS REGLAS”. I.4. El Lic. Irving Mauricio Villa Villanueva, Titular de la Dirección General de Obras Comunitarias y Área Responsable de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”, en lo sucesivo “EL ÁREA RESPONSABLE” cuenta con atribuciones para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con lo señalado en los artículos 2, apartado A, fracción III, inciso h), 9, fracciones IV, VI y XXVI, y 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; así como en el numeral 11.4 fracción II, inciso i) de “LAS REGLAS”. I.5. Para efectos de este Convenio, señala como su domicilio el ubicado en Avenida Nuevo León número 210, Colonia Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06I00, Ciudad de México. II. Declara “EL ESTADO” por conducto de su representante, que: II.1. El Estado de Chiapas, es una entidad libre y soberana en lo que se refiere a su régimen interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los artículos 40, 42, fracción I, 43, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 16, 77 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 31 II.2. Que la Secretaría de Infraestructura del Gobierno de Chiapas, que participa en la suscripción del presente Convenio, es una dependencia de la Administración Pública Centralizada Local, de conformidad con lo establecido en los artículos 60, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y 2, fracción I; 30, fracción VI y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. II.3. Que la Mtra. Anakaren Gómez Zuart, en su carácter de Secretaria de Infraestructura del Gobierno de Chiapas tiene facultades para suscribir el presente instrumento jurídico, de conformidad con el nombramiento emitido por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, el Dr. Oscar Eduardo Ramirez Aguilar, de fecha 08 de diciembre de 2024, mismo que a la fecha no ha sido revocado ni modificado, por lo que cuenta con la atribución para suscribir el presente convenio, en término de los artículos 11, 13, 23, 30, fracción VI y 36, fracciones XII, XXIV y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; y 1, fracción III, 7, 15 y 16 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas. II.3. Para efectos del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado en Unidad Administrativa edificio "A", colonia Maya en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Código Postal 29010. III. "EL MUNICIPIO" declara por conducto de su representante, lo siguiente: III.1. Es una institución de derecho público, que posee personalidad jurídica y patrimonio propio, con libertad para administrar su hacienda, de conformidad con los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 80, 81, 82 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. III.2. El C. Manuel de Jesús Narcia Coutiño, Presidente Municipal Constitucional de Tonalá, en el Estado de Chiapas está plenamente facultado para suscribir el presente Convenio, de conformidad con los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y 32, 38, 55 y 57 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; así como los numerales 7.5.4 y 11.6 de “LAS REGLAS”. III.3. La C. Guadalupe Vázquez De los Santos, en su carácter de Secretaria del Ayuntamiento de Tonalá, Estado de Chiapas, cuenta con facultades suficientes para asistir al Presidente Municipal en términos de los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y, 78 y 80 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, en la suscripción del presente Convenio. III.4. Para efectos del presente Convenio, señalan como su domicilio el ubicado en Av. Hidalgo S/N. Col. Centro C.P. 30500, Tonalá, Chiapas. IV. Declaran “LAS PARTES” que: IV.1. En la celebración del presente acto jurídico no existe error, dolo o mala fe, por lo que es celebrado de manera voluntaria, y reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen sus respectivos representantes. IV.2. Una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que comparece cada una de “LAS PARTES”; es su voluntad celebrar el presente Convenio Marco de Coordinación. Con base en los antecedentes y declaraciones de este instrumento y con fundamento en los artículos 26, apartado A; 90 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°; 2°; 17 Bis, 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 28 y 33 de la Ley de Planeación; 4; 8; 9; 48; 49; 50 y 51 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 70, fracción XV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1; 7, fracciones XI y XII; 2, fracción I, 9, 18 y 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; las disposiciones contenidas en “LAS REGLAS”, y demás disposiciones jurídicas aplicables, “LAS PARTES” celebran el presente Convenio Marco de Coordinación, al tenor de las siguientes: 32 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 CLÁUSULAS PRIMERA. OBJETO El objeto del presente Convenio Marco de Coordinación es reconocer y aceptar la ejecución de “EL PROGRAMA” en "EL MUNICIPIO", coordinando acciones, voluntades y capacidades entre "LAS PARTES" a fin de establecer las bases y los mecanismos para la distribución y ejercicio de los subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA” para el ejercicio fiscal 2025, así como coadyuvar en el ámbito de sus respectivas competencias para que se ejecuten los tipos de apoyo y, en su caso, se activen los proyectos que deriven de las modalidades de dicha Vertiente, a los cuales, en los sucesivo se les denominará como " LOS PROYECTOS" en beneficio de la población. Los recursos financieros que, en su caso, aporte “LA SEDATU” son subsidios que no pierden su carácter federal y que provienen del Ramo Administrativo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”, asignados a la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”. Estos subsidios estarán sujetos, en todo momento, a la disponibilidad presupuestal de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”. SEGUNDA. EJECUCIÓN ESPECÍFICA DE LOS TIPOS DE APOYO DE LA VERTIENTE OBRAS COMUNITARIAS DE “EL PROGRAMA” La implementación y ejecución de “EL PROGRAMA” se dará de conformidad con la mecánica operativa de la Vertiente Obras Comunitarias, por lo cual, en su oportunidad se llevará a cabo la formalización de los instrumentos jurídicos específicos aplicables, acorde a lo establecido en “LAS REGLAS”, en los que se establecerá la información correspondiente a los tipos de apoyo que serán otorgados, a través de subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”; y en los cuales aplicará el contenido de los apartados de este Convenio Marco de Coordinación, conforme a la normativa aplicable. “LAS PARTES” convienen que para la ejecución de los tipos de apoyo que sean otorgados, a través de subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”, se deberán formalizar desde los instrumentos jurídicos aplicables, hasta la suscripción del Acta de Término, en la que se hace constar la entrega recepción de los trabajos realizados conforme al formato (VOC-08), disponible para consulta en el micrositio de "EL PROGRAMA" https://mimexicolate.gob.mx/, obligándose "EL MUNICIPIO" o, de ser procedente, “EL ESTADO”, a realizar las acciones que resulten necesarias para recibirlas y, en su caso, activarlas, administrarlas y conservarlas, conforme a la normativa aplicable. TERCERA. NORMATIVIDAD Para la ejecución de "LOS PROYECTOS" que sean apoyados con subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”, “LAS PARTES” convienen que se sujetarán, en lo aplicable, a lo establecido en “LAS REGLAS”, el presente Convenio Marco de Coordinación, los instrumentos jurídicos específicos aplicables a la Vertiente Obras Comunitarias, así como a las demás disposiciones jurídicas federales y locales aplicables. CUARTA. INSTANCIA EJECUTORA DE “LOS PROYECTOS” En los Convenios de Coordinación Específicos o los instrumentos jurídicos aplicables, se señalará la Instancia Ejecutora de “LOS PROYECTOS” que serán subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”, es decir, el Comité de Obras Comunitarias respectivo; el cual tendrá las obligaciones y responsabilidades que se establecen en “LAS REGLAS” y demás normativa aplicable. QUINTA. RESPONSABILIDADES DE “LA SEDATU” a. Suscribir los instrumentos jurídicos que correspondan, de acuerdo con las disposiciones aplicables, así como dar cumplimiento a lo convenido; b. Otorgar subsidios federales para la ejecución de "EL PROGRAMA" en "EL MUNICIPIO"; c. Evaluar y, en su caso, aprobar, los tipos de apoyo presentados para apoyar a "EL MUNICIPIO" conforme a lo previsto en “LAS REGLAS” y demás normativa aplicable; Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 33 d. Promover, integrar y dar seguimiento a las actividades en materia de contraloría social; entre otras conformando y capacitando a los comités de contraloría social, ajustándose al esquema de operación, la guía operativa y el programa anual de trabajo en la materia determinado por "EL PROGRAMA", y validados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el apoyo que corresponde de “LAS PARTES”; e. Solicitar el apoyo o intervención de “EL ESTADO” o “EL MUNICIPIO”, cuando así se requiera para la correcta ejecución, recepción o activación de las obras, proyectos o acciones que sean otorgados mediante subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”; f. Las demás que resulten necesarias para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio, y aquellas que resulten aplicables conforme a lo que señalan "LAS REGLAS", y demás normativa aplicable. SEXTA. RESPONSABILIDADES DE “EL ESTADO” Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco de Coordinación, "EL ESTADO" asume los siguientes compromisos: a. Suscribir los instrumentos jurídicos que correspondan, de acuerdo con las disposiciones aplicables, así como dar cumplimiento a lo convenido; b. Apoyar en el ámbito de sus competencias para el cumplimiento de los objetivos y metas de "EL PROGRAMA"; c. Apoyar, de ser procedente, a “LA SEDATU”, “EL MUNICIPIO” o la Instancia Ejecutora, en el ámbito de su competencia, en lo relativo a la ejecución, recepción, activación u operación de los tipos de apoyo consistentes en subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA” que, en su caso, sean aprobados en beneficio de la población de "EL MUNICIPIO"; d. Coadyuvar, en caso de que resulte necesario y en el ámbito de sus competencias, en la gestión de exención del pago de derechos de dictámenes, licencias, permisos o trámites que resulten necesarios, en beneficio de la población de "EL MUNICIPIO", conforme a lo que disponga la normativa aplicable; e. Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos de "EL PROGRAMA" de conformidad a lo dispuesto en "LAS REGLAS", en el ámbito de sus competencias; f. Las demás que resulten necesarias en el ámbito de su competencia para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio, en términos de la normativa aplicable. SÉPTIMA. RESPONSABILIDADES DE "EL MUNICIPIO" Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco de Coordinación, "EL MUNICIPIO" tiene las siguientes obligaciones: a. Suscribir los instrumentos jurídicos que correspondan, de acuerdo con las disposiciones aplicables, así como dar cumplimiento a lo convenido; b. Apoyar con las gestiones necesarias para que se cumpla con la normativa aplicable en materia de protección civil, reglamentos de construcción, Normas Oficiales Mexicanas o cualquier otra relacionada con las obras comunitarias, acciones o proyectos que deriven de tipos de apoyo de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”; c. En su caso, emitir las autorizaciones, licencias de construcción, dictámenes de factibilidad entre otros, de las obras, acciones o proyectos correspondientes a tipos de apoyo de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA” que se ejecuten en "EL MUNICIPIO" de conformidad con la normativa aplicable, así como cubrir o exentar la totalidad de los costos asociados a estos conceptos; d. Promover, en el ámbito de su competencia, las acciones que resulten necesarias para salvaguardar y vigilar la correcta ejecución de “LOS PROYECTOS”, así como contribuir a su administración y conservación, y a la generación y preservación del orden público y la paz social de las mismas, en términos de la normativa aplicable; 34 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 e. Apoyar, de ser procedente, a “LA SEDATU”, “EL ESTADO” o la Instancia Ejecutora, en el ámbito de su competencia, en lo relativo a la ejecución, recepción, activación u operación de los tipos de apoyo consistentes en subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA” que, en su caso, sean aprobados en beneficio de la población de "EL MUNICIPIO"; f. Facilitar mecanismos de cooperación con las autoridades para que las obras, acciones o proyectos que deriven de los tipos de apoyo otorgados en el marco de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA” que, en su caso, sean aprobados en favor de la población de "EL MUNICIPIO", cuenten con el mobiliario y equipamiento adecuado para su correcto funcionamiento en beneficio de la comunidad, y g. Las demás que resulten necesarias para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio y aquellas que establezca “LA SEDATU”, “LAS REGLAS” y las demás disposiciones aplicables. OCTAVA. CONTROL Y FISCALIZACIÓN El ejercicio de los recursos federales de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA” está sujeto a las disposiciones federales aplicables y podrán ser auditados por las siguientes instancias, conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias: el Órgano Interno de Control en “LA SEDATU”, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la Federación y demás que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes. NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO “LAS PARTES” acuerdan que, atendiendo que el presente instrumento observa el principio de la buena fe; de común acuerdo podrán convenir la terminación anticipada del mismo. El presente Convenio se podrá dar por terminado de manera anticipada por la existencia de alguna de las siguientes causas: a. De presentarse caso fortuito, entendiéndose éste por un acontecimiento de la naturaleza; b. Por fuerza mayor, entendiéndose un hecho humanamente inevitable, y c. Por cumplimiento anticipado del objeto del presente Convenio. Asimismo, “LA SEDATU” podrá, en cualquier momento, terminar anticipadamente el presente instrumento jurídico, sin que medie resolución judicial, sin responsabilidad alguna, y sin que resulte necesaria la autorización de otra de “LAS PARTES”, cuando cualquiera de las mismas no cumpla en tiempo y forma con los compromisos pactados en este Convenio Marco de Coordinación, o de presentarse alguna circunstancia prevista en “LAS REGLAS”, y demás normativa aplicable, para tal efecto. DÉCIMA. CESIÓN DE DERECHOS. “LAS PARTES” acuerdan que no podrán ceder en forma total o parcial los derechos y obligaciones establecidos o los que deriven del presente instrumento jurídico. DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES De considerarse procedente, el presente Convenio Marco de Coordinación se podrá modificar de común acuerdo por “LAS PARTES”, conforme a los preceptos y lineamientos que lo originan, dichas modificaciones deberán constar por escrito. DÉCIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS “LAS PARTES” manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y para resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio Marco de Coordinación; asimismo, convienen en sujetarse para todo lo no previsto en el mismo, a lo dispuesto en los instrumentos legales y normativos señalados en la CLÁUSULA TERCERA de este Convenio. De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio Marco de Coordinación, que no puedan ser resueltas de común acuerdo entre “LAS PARTES”, conocerán los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 35 DÉCIMA TERCERA. DIFUSIÓN “LAS PARTES” serán responsables, en el respectivo ámbito de sus competencias, de que durante la ejecución de las obras, acciones o proyectos apoyados con subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”, se cumplan las disposiciones, estrategias y programas en materia de difusión, que se encuentren señaladas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2025, “LAS REGLAS”, y demás normativa aplicable. La publicidad, la información, la papelería y la documentación oficial relativa a las acciones realizadas deberá identificarse con el escudo nacional en los términos que establece la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2025, e incluir la siguiente leyenda “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. DÉCIMA CUARTA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR En caso de generarse derechos de propiedad intelectual con motivo de las actividades que se lleven a cabo en el marco de este Convenio, así como del diseño y la ejecución de las obras, acciones o proyectos apoyados con subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”, "LAS PARTES" se obligan a reconocerse mutuamente o a las Instancias Ejecutoras, los créditos correspondientes y ajustarse a lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor, su Reglamento y demás normatividad aplicable. Asimismo, "LAS PARTES" convienen que la propiedad intelectual y los derechos de autor resultantes de las actividades que desarrollen conjuntamente corresponderá a la parte que haya producido o, en su caso, a todas ellas en proporción a sus aportaciones. Los derechos de autor de carácter patrimonial que se deriven del presente Convenio le corresponderán a la parte que haya participado o que haya aportado recursos para su realización, la cual, únicamente quedará obligada a otorgarle los créditos correspondientes por su autoría y colaboración a la otra parte. DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL “LAS PARTES”, serán responsables a que durante la ejecución de las obras, acciones o proyectos apoyados con subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”, se cumplan las disposiciones señaladas en “LAS REGLAS”, en materia de contraloría social; así como lo señalado en los Lineamientos vigentes emitidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para promover las acciones necesarias que permitan la efectividad de la vigilancia ciudadana, bajo el Esquema o Esquemas validados por la misma dependencia. DÉCIMA SEXTA. RELACIÓN LABORAL "LAS PARTES" convienen que el personal aportado por cada una para la realización de las obras, acciones o proyectos apoyados con subsidios de la Vertiente Obras Comunitarias de “EL PROGRAMA”, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto, y en ningún caso serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos de la otra. DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES “LAS PARTES” acuerdan guardar y proteger la información reservada y/o confidencial que generen, obtengan, adquieran, transformen o se encuentre en su posesión, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como cualquier otro ordenamiento jurídico vigente en la materia, incluyendo, desde luego, los supuestos de confidencialidad y reserva estipulados en los citados ordenamientos, de considerarse procedente. “LAS PARTES”, en sus respectivos ámbitos de competencia serán responsables, en obtener el consentimiento de los titulares de datos personales y/o datos personales sensibles de conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable, que se obtengan con motivo del cumplimiento del objeto del presente Convenio. 36 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 “LAS PARTES”, en sus respectivos ámbitos de competencia se obligan a realizar los avisos de privacidad correspondientes, de conformidad con la mencionada Ley, y obtener las autorizaciones correspondientes para transferir dichos datos a la otra parte, cuando así sea necesario en términos de la legislación aplicable. “LAS PARTES”, en sus respectivos ámbitos de competencia serán responsables del manejo, almacenamiento y protección de los datos personales, y los datos personales sensibles que obtengan con motivo del cumplimiento del presente Convenio. DÉCIMA OCTAVA. INTEGRIDAD “LAS PARTES”, se comprometen a actuar bajo los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, honestidad, e integridad, y a cumplir con todas las disposiciones en materia de responsabilidades de servidores públicos, previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal Federal y su legislación local. “LAS PARTES”, se comprometen a que, las personas servidoras públicas adscritas a éstas ofrezcan, prometan, entreguen, autoricen, soliciten o acepten alguna ventaja indebida, económica o de otro tipo (o insinuado que lo harán o podrían hacerlo en el futuro) relacionada de algún modo con el presente instrumento o con los que deriven del mismo; y que habrán adoptado medidas razonables para evitar que lo lleven a cabo terceros, sujetos a su control o influencia significativa. Para esos efectos, el alcance del objeto de este Convenio Marco de Coordinación se limita al necesario para cumplir con los fines y conducción normal de las actividades de cada una de “LAS PARTES”. DÉCIMA NOVENA. ANTICORRUPCIÓN “LAS PARTES” se comprometen a no llevar a cabo acto de corrupción alguno, por lo que pactan que será causal de suspensión o terminación de la relación derivada del presente Convenio, el conocimiento de que la otra parte ha actuado en violación a la legislación aplicable en materia de anticorrupción, en particular al involucrarse o tolerar algún acto de corrupción o ser utilizada como conducto para cometerlo. Para esos efectos, el alcance del objeto del presente instrumento jurídico se limita al necesario para cumplir con los fines y conducción normal de las actividades de cada una de “LAS PARTES”. VIGÉSIMA. DOMICILIOS “LAS PARTES” señalan como sus domicilios convencionales para toda clase de avisos, comunicaciones, notificaciones y en general para todo lo relacionado con el presente Convenio Marco de Coordinación, los señalados en sus respectivas declaraciones. Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser notificado por escrito, dirigido a “LAS PARTES”, con acuse de recibo, por lo menos con 10 (diez) días hábiles de anticipación a la fecha en que deba surtir efectos el cambio. Sin este aviso, todas las comunicaciones se entenderán como válidamente hechas en los domicilios aquí señalados. VIGÉSIMA PRIMERA. VIGENCIA El presente instrumento estará vigente a partir del día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2025. Enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, firman el presente Convenio Marco de Coordinación, en cinco tantos, en la Ciudad de México, a los 08 días del mes de mayo de 2025, acordando su publicación en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo 36 de la Ley de Planeación.- Por la SEDATU: Subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, Dr. Víctor Hugo Hofmann Aguirre.- Rúbrica.- Director General de Obras Comunitarias, Lic. Irving Mauricio Villa Villanueva.- Rúbrica.- Por el Estado: Secretaria de Infraestructura, Mtra. Anakaren Gómez Zuart.- Rúbrica.- Por el Municipio: Presidente Municipal Constitucional de Tonalá, Chiapas, C. Manuel de Jesús Narcia Coutiño.- Rúbrica.- Secretaria del Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, Guadalupe Vázquez de los Santos.- Rúbrica. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 37 PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR ACUERDO por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Golfo-Sur, de la Procuraduría Federal del Consumidor. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Economía.- Secretaría de Economía.- Procuraduría Federal del Consumidor.- Oficina del Procurador. ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, ZONA GOLFO-SUR, DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LICENCIADO CÉSAR IVÁN ESCALANTE RUIZ, Procurador Federal del Consumidor, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20, 21, 22 y 27 fracciones III y XI de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3, 4, fracción XXIX, 9 primer párrafo, fracción III del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; 13, fracción IV del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, y CONSIDERANDO I. Que la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. II. De acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Administración Pública Federal debe contar con oficinas para los trámites que se lleven a cabo ante la misma, a efecto de brindar certeza jurídica a los interesados sobre el lugar donde se realizarán la recepción de escritos, consulta de expedientes, notificaciones, audiencias y se substanciarán los procedimientos administrativos. III. Que el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dispone que los actos administrativos de carácter general, tales como decretos, acuerdos y circulares, entre otros, cuyo objeto sea establecer obligaciones específicas, deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos. IV. Que en términos del artículo 42, primer párrafo de la Ley antes citada, los escritos dirigidos a la Administración Pública Federal deben presentarse directamente en sus oficinas autorizadas para tal efecto. V. Que mediante oficio PFC/DGODC/GSU/2333/2025, del 18 de diciembre de 2025, el M.A. Luis Enrique Mendoza López, Director de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Golfo-Sur, de esta Procuraduría, dio a conocer el cambio de domicilio de esa Oficina de Defensa del Consumidor, a partir del 01 de enero de 2026. Por lo anterior, con el fin de dar certeza y seguridad jurídica al público en general, sobre el domicilio en donde deberán presentar escritos dirigidos a la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Golfo-Sur, de la Procuraduría Federal del Consumidor, he tenido a bien emitir el siguiente: ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, ZONA GOLFO-SUR, DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PRIMERO.- Se comunica a las autoridades de cualquier ámbito y materia, personas servidoras públicas, así como al público en general, para todos los efectos legales a que haya lugar que, a partir del 01 de enero de 2026, el domicilio de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Golfo-Sur, de la Procuraduría Federal del Consumidor, será el inmueble ubicado en Calle Paseo Usumacinta número 608, esquina con calle Francisco Sarabia, Colonia Gil y Sáenz, Código Postal 86080, Municipio de Centro, Tabasco. SEGUNDO.- A partir del 01 de enero de 2026, toda la correspondencia, notificaciones, acuerdos, citatorios, trámites, requerimientos, servicios, procedimientos administrativos y cualquier otra diligencia que guarde relación con los asuntos cuya competencia sea de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Golfo-Sur, de la Procuraduría Federal del Consumidor, deberá entregarse y realizarse en el domicilio indicado en el numeral que antecede. TRANSITORIO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, a 18 de diciembre del 2025.- El Procurador Federal del Consumidor, Licenciado César Iván Escalante Ruiz.- Rúbrica. (R.- 571961) 38 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 ACUERDO por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Gral. Francisco Villa, de la Procuraduría Federal del Consumidor. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Economía.- Secretaría de Economía.- Procuraduría Federal del Consumidor.- Oficina del Procurador. ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, ZONA GRAL. FRANCISCO VILLA, DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LICENCIADO CÉSAR IVÁN ESCALANTE RUIZ, Procurador Federal del Consumidor, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20, 21, 22 y 27 fracciones III y XI de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3, 4, fracción XXIX, 9 primer párrafo, fracción III del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; 13, fracción XXVIII del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, y CONSIDERANDO I. Que la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. II. De acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Administración Pública Federal debe contar con oficinas para los trámites que se lleven a cabo ante la misma, a efecto de brindar certeza jurídica a los interesados sobre el lugar donde se realizarán la recepción de escritos, consulta de expedientes, notificaciones, audiencias y se substanciarán los procedimientos administrativos. III. Que el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dispone que los actos administrativos de carácter general, tales como decretos, acuerdos y circulares, entre otros, cuyo objeto sea establecer obligaciones específicas, deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos. IV. Que en términos del artículo 42, primer párrafo de la Ley antes citada, los escritos dirigidos a la Administración Pública Federal deben presentarse directamente en sus oficinas autorizadas para tal efecto. V. Que mediante oficio PFC/DGODC/GFV/0553/2025, del 17 de diciembre de 2025, el Lic. José Carlos Arellano Banda, Director de Zona de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Gral. Francisco Villa, de esta Procuraduría dio a conocer el cambio de domicilio de esa Oficina de Defensa del Consumidor, a partir del 01 de enero de 2026. Por lo anterior, con el fin de dar certeza y seguridad jurídica al público en general, sobre el domicilio en donde deberán presentar escritos dirigidos a la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Gral. Francisco Villa, de la Procuraduría Federal del Consumidor, he tenido a bien emitir el siguiente: ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, ZONA GRAL. FRANCISCO VILLA, DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PRIMERO.- Se comunica a las autoridades de cualquier ámbito y materia, personas servidoras públicas, así como al público en general, para todos los efectos legales a que haya lugar que, a partir del 01 de enero de 2026, el domicilio de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Gral. Francisco Villa, de la Procuraduría Federal del Consumidor, será el ubicado en Calle Aquiles Serdán Poniente número 109, Planta Baja, Col. Zona Centro, C.P. 34000, Durango, Durango. SEGUNDO.- A partir del 01 de enero de 2026, toda la correspondencia, notificaciones, acuerdos, citatorios, trámites, requerimientos, servicios, procedimientos administrativos y cualquier otra diligencia que guarde relación con los asuntos cuya competencia sea de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Gral. Francisco Villa, de la Procuraduría Federal del Consumidor, deberán entregarse y realizarse en el domicilio indicado en el numeral que antecede. TRANSITORIO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, a 18 de diciembre del 2025.- El Procurador Federal del Consumidor, Licenciado César Iván Escalante Ruiz.- Rúbrica. (R.- 571960) Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 39 ACUERDO por el que se crea el Consejo Editorial de la Revista del Consumidor. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Economía.- Secretaría de Economía.- Procuraduría Federal del Consumidor.- Oficina del Procurador. ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA DEL CONSUMIDOR LICENCIADO CÉSAR IVÁN ESCALANTE RUIZ, Procurador Federal del Consumidor, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, 22, 24, 27, fracciones IX, XI y XII, así como, 31 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 9, fracción III del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, y CONSIDERANDO Que la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses de las personas consumidoras y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre las personas proveedoras y consumidoras, conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Que la Procuraduría Federal del Consumidor, tiene como uno de sus principales objetivos el fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, entendido como aquél que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin de que las personas consumidoras estén en la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo y los derechos que los asisten; Que para cumplir con este propósito, elaborará contenidos y materiales educativos e informativos en materia de consumo, a fin de ponerlos a disposición del público por los medios a su alcance, incluyendo su distribución en los establecimientos de las y los proveedores, previo acuerdo con estos. Que, para lograr los objetivos antes indicados, esta Procuraduría Federal del Consumidor cuenta con la Revista del Consumidor como su principal medio de difusión de sus contenidos y materiales educativos para promover la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios con información adecuada y clara, así como para promover y proteger los derechos y cultura de las personas consumidoras; Que el 4 de noviembre de 2025, el Procurador Federal del Consumidor encabezo una reunión de trabajo con expertos en diversas materias, en la que expuso los antecedentes y funcionamiento de la Revista del Consumidor, así como el proyecto para formalizar el Consejo Editorial. Que el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dispone que los actos administrativos de carácter general, tales como decretos, acuerdos y circulares, entre otros, cuyo objeto sea establecer obligaciones específicas, deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos. Por lo anterior, con el propósito de garantizar que los contenidos que se publiquen en la Revista del Consumidor cuenten con información técnica, científica, objetiva, fehaciente, veraz y comprobable, además de que cumplan con la Ley Federal de Protección del Consumidor, normas oficiales mexicanas, normas internacionales, estándares, y demás normativa aplicable, asimismo, sean redactados de manera clara y sencilla, con un lenguaje incluyente y no sexista, a efecto de llegar a la generalidad de la población, y que forman parte de la política editorial para la Revista del Consumidor, he tenido a bien emitir el siguiente: ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA DEL CONSUMIDOR PRIMERO.- Se crea el Consejo Editorial de la Revista del Consumidor como un órgano colegiado interdisciplinario que tiene por objeto proponer, revisar, opinar y promover la difusión de los contenidos y materiales que se integrarán en cada número de la Revista del Consumidor, cuidando que estos se apeguen a la política editorial establecida. SEGUNDO.- El Consejo Editorial de la Revista del Consumidor se integrará de la siguiente manera: I. Presidencia. Fungirá en el cargo la persona titular de la Secretaría de Economía o quien ésta designe. II. Secretaría Técnica. Recaerá en la persona titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. 40 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 III. Secretaría Ejecutiva. Será la persona titular o encargada de la Coordinación General de Educación y Divulgación. IV. Personas Consejeras: Se integrará con un mínimo de 8 y máximo 15 personas con trayectoria y prestigio, reconocidas en los ámbitos editorial, científico, cultural o en la promoción de los derechos de las personas consumidoras. Cada una de las personas integrantes del Consejo Editorial contará con derecho a voz y voto. La persona que funja en el encargo de la presidencia tendrá voto de calidad. La participación en el Consejo Editorial por parte de las Personas Consejeras tendrá el carácter de honorífico, por lo que su colaboración no estará sujeta a remuneración o retribución económica alguna por parte de esta Procuraduría. TERCERO.- El encargo de las Personas Consejeras durará 3 años y podrá renovarse por un periodo igual en una sola ocasión. La solicitud para renovar el periodo, así como las propuestas de nuevas Personas Consejeras se presentarán a la Presidencia con un mes de anticipación a la conclusión del periodo, quién la someterá a votación del Consejo Editorial, siempre procurando mantener la equidad de género. CUARTO.- Las Personas Consejeras podrán ser sustituidas o removidas de su cargo antes de la conclusión de su periodo, en los siguientes casos: I. Dejar de asistir en forma injustificada a tres sesiones consecutivas o seis aisladas en un plazo de dos años; II. Renunciar expresamente. QUINTO.- Las suplencias de las personas del Consejo Editorial de la Revista del Consumidor, serán de la siguiente manera: I. La persona Titular de la Presidencia, o quien ésta designe, será suplida por la persona Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor; II. La Secretaría Técnica será suplida por la persona Titular de la Coordinación General de Educación y Divulgación de la Procuraduría Federal del Consumidor; III. La Secretaría Ejecutiva será suplida por la persona que ésta designe; IV. Las Personas Consejeras no podrán ser suplidas en sus ausencias, pero estarán en la posibilidad de remitir sus comentarios por escrito a la Secretaría Técnica para ser considerados en la respectiva sesión. SEXTO.- El Consejo Editorial de la Revista del Consumidor, previo consenso, podrá invitar a sus sesiones ordinarias o extraordinarias a una o más personas especialistas que le brinden asesoría en temas o áreas de conocimiento que se consideren necesarias, las cuales contarán con derecho a voz pero sin voto. SÉPTIMO.- El Consejo Editorial de la Revista del Consumidor sesionará de manera ordinaria tres veces en el año de forma cuatrimestral, además de las reuniones extraordinarias que se estimen necesarias. Dichas sesiones se llevarán a cabo de forma presencial o por medios de comunicación remota, cuando así lo amerite, previa convocatoria comunicada por la persona que funge como titular de la Secretaría Técnica. La convocatoria deberá ser comunicada por escrito, a través de cualquier medio de comunicación disponible con un mínimo de 10 días naturales de anticipación a la fecha de su celebración, y se acompañará del proyecto de orden del día que será objeto de revisión. OCTAVO.- Para la celebración de sesiones se deberá contar con un quorum del 50 % más uno de las y los integrantes del Consejo Editorial y se dará una tolerancia de 15 minutos para su inicio después de la hora señalada. De contar con el quorum necesario, se dará inicio a la sesión; en caso contrario, la persona titular de la Secretaría Técnica deberá proceder a levantar un acta, dejando constancia de las personas asistentes. A continuación, se dará inicio a la sesión por el voto de la mayoría de las Personas Consejeras presentes. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 41 Se levantará minuta de cada sesión con la finalidad de dejar constancia de los aspectos tratados en la misma. NOVENO.- Las decisiones serán tomadas por consenso de las personas integrantes del Consejo Editorial, en aras de garantizar que los materiales y contenidos sean pertinentes y estén apegados a la normatividad aplicable y en observancia de la política editorial establecida. En el supuesto de existir dudas razonables respecto de un contenido o material, éste se podrá enviar a reserva para revisión y discusión en una sesión posterior. DÉCIMO. El Consejo Editorial tendrá las funciones siguientes: I. Elaborar y aprobar sus Reglas de Operación y Funcionamiento II. Determinar y emitir la política editorial de la Revista del Consumidor; III. Opinar sobre los temas prioritarios en materia de consumo, dentro de las publicaciones de la Revista del Consumidor, con el objeto de informar y fomentar la educación de las personas consumidoras, respecto a los bienes productos y servicios; IV. Promover el consumo informado, razonable, sustentable y saludable, en la población consumidora; V. Garantizar que la Revista del Consumidor cuente con altos estándares de calidad, actualización en su contenido, asegurando una publicación constructiva y eficaz; VI. Fomentar y divulgar los derechos de las personas consumidoras. VII. Opinar sobre posibles tirajes, formatos, coleccionables, plataformas y estrategias de difusión a partir de un análisis de detección de necesidades editoriales; VIII. Promover la inclusión sistemática de información técnica derivada de los estudios y análisis de productos y servicios realizados a través del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, de modo que las y los lectores cuenten con datos verificables, comparativos y útiles para la toma de decisiones de consumo. IX. Proponer la publicación de recomendaciones, sugerencias de productos y servicios, alertas de riesgos y mejores prácticas de consumo, así como fomentar la difusión de información sobre derechos de las personas consumidoras en un lenguaje accesible, incluyente y no sexista. X. Discutir, proponer la publicación de diversos materiales distintos a la revista, y las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto de su creación. DÉCIMO PRIMERO.- Las Reglas de operación y funcionamiento, así como la Política Editorial de la Revista del Consumidor, aprobadas por el Consejo Editorial surtirán sus efectos una vez publicadas en el apartado correspondiente del portal institucional de la Procuraduría Federal del Consumidor. DÉCIMO SEGUNDO.- El Consejo Editorial contará con una Junta Editorial, que se reunirá cada mes, con la finalidad de revisar los contenidos de la Revista del Consumidor del mes siguiente; en apego a la convocatoria, así como a los criterios establecidos por el Consejo Editorial en la correspondiente Política Editorial. La Junta Editorial será presidida por la persona titular de la Procuraduría Federal del Consumidor; la Secretaría Técnica recaerá en la persona titular de la Coordinación General de Educación y Divulgación o quien tenga el encargo; serán integrantes permanentes las personas titulares de las Subprocuradurías, Coordinaciones Generales, y las personas titulares de la Dirección General de Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, la Dirección General de Difusión y de la Dirección Editorial. TRANSITORIO Único. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, a 22 de diciembre del 2025.- El Procurador Federal del Consumidor, Licenciado César Iván Escalante Ruiz.- Rúbrica. (R.- 571962) 42 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 PROCURADURIA AGRARIA ACUERDO por el que se da a conocer el cambio y nuevo domicilio de la Procuraduría Agraria, Organismo Descentralizado Sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como la suspensión a nivel nacional en sus oficinas de representación y residencias de los términos legales, trámites, servicios y recepción de cualquier tipo de documentación, durante el periodo comprendido entre el 2 y el 30 de enero de 2026. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Desarrollo Territorial.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.- Procuraduría Agraria. VÍCTOR SUÁREZ CARRERA, Procurador Agrario, con fundamento en los artículos 27, fracción XIX, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 134 y 144, fracciones II, V y VIII de la Ley Agraria; 1, 4, 28 y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 8, 12, fracciones I y VII, del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, y CONSIDERANDO Que en términos de lo señalado en el artículo 134 de la Ley Agraria, la Procuraduría Agraria (PA) es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Que el artículo 144, fracciones II y VIII de la Ley Agraria, señalan que el Procurador Agrario es el representante legal de la PA, quien dirige y coordina las funciones de ésta conforme a las atribuciones que dicha ley, sus reglamentos y otras leyes le señalen; Que el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) ordena que los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, entre otros, que tengan por objeto establecer obligaciones específicas, que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que produzcan efectos jurídicos; Que conforme a los artículos 28 y 42 de la LFPA, las actuaciones y diligencias se practicarán en días hábiles, así como que los escritos dirigidos a la Administración Pública Federal deberán presentarse directamente en sus oficinas autorizadas para tales efectos, a fin de dotar al interesado del pleno conocimiento del lugar en donde habrán de llevarse a cabo la recepción de correspondencia, tramites y servicios, notificaciones, diligencias y demás procedimientos administrativos; Que el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria (RIPA) en sus artículos 2 y 8, establecen que la PA tiene a su cargo funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, mediante acciones de orientación, asesoría, gestión administrativa, representación legal, conciliación y capacitación y, para el desahogo de los asuntos de su competencia, cuenta con diversas unidades administrativas; Que el artículo 12, fracción VII del RIPA establece como atribución del Procurador Agrario el expedir los acuerdos, lineamientos, normas internas, manuales, criterios y demás disposiciones que se requieran para el debido ejercicio de las atribuciones que la Ley Agraria, el citado Reglamento y otras disposiciones jurídicas le confieren a la PA; Que en atención a que para el año 2026, el ejercicio del presupuesto se regirá por criterios de máxima austeridad, resulta indispensable adoptar medidas orientadas a reducir los costos de arrendamiento, optimizar el uso de los espacios físicos, disminuir los gastos de operación y concentrar las oficinas en inmuebles federales, con el propósito de fortalecer la gestión administrativa y consolidar los servicios que brinda la PA; Que debido a lo anterior es necesario implementar las labores preparatorias para el cambio de instalaciones y la reubicación de las diversas unidades administrativas de la PA en nuevos inmuebles, lo cual implica realizar actividades de traslado, adecuación e instalación de infraestructura, mobiliario, sistemas informáticos, entre otros, indispensables para asegurar la continuidad y calidad de los servicios institucionales; Que dichas acciones implican, de manera temporal, la imposibilidad material de desarrollar con normalidad las funciones de las unidades administrativas involucradas, por lo que resulta procedente establecer la suspensión temporal de labores durante el periodo en que se lleven a cabo los trabajos de mudanza correspondientes; Que la suspensión temporal de labores implicará que no corran los plazos y términos de ley para efectos de las diligencias, requerimientos, informes, actuaciones o procedimientos ante los diversos órganos jurisdiccionales, ministeriales, administrativos o fiscalizadores, inclusive y demás autoridades en los que la PA es parte, y Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 43 Que con la finalidad de brindar certeza jurídica y dar a conocer a las autoridades jurisdiccionales y administrativas, así como al público en general el domicilio en donde se recibirá en las oficinas centrales toda clase de correspondencia, notificaciones, actuaciones judiciales, promociones, escritos, trámites y demás documentos relacionados con los asuntos de la competencia de la Procuraduría Agraria, así como la suspensión a nivel nacional en sus Oficinas de Representación y Residencias de los términos legales, trámites, servicios y recepción de cualquier tipo de documentación, he tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CAMBIO Y NUEVO DOMICILIO DE LA PROCURADURÍA AGRARIA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, ASÍ COMO LA SUSPENSIÓN A NIVEL NACIONAL EN SUS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y RESIDENCIAS DE LOS TÉRMINOS LEGALES, TRÁMITES, SERVICIOS Y RECEPCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTACIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 Y EL 30 DE ENERO DE 2026 PRIMERO.- Se informa al público en general, así como a todas las autoridades jurisdiccionales, administrativas y demás autoridades el cambio de domicilio de las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria, por lo que a partir del día 2 de enero de 2026, el nuevo domicilio oficial es el ubicado en Avenida Juárez número 92, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06000, Ciudad de México, pisos 5 y 6 para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Lo anterior, a efecto de que los trámites, servicios, correspondencia, escritos, documentos, diligencias, notificaciones, acuerdos, citaciones, requerimientos, atención al público y demás asuntos en ejercicio de sus atribuciones reglamentarias, relacionadas con la Procuraduría Agraria, a partir del 3 de febrero de 2026 se realicen en el domicilio antes señalado, respectivamente. SEGUNDO.- Debido al cambio de domicilio oficial señalado en el numeral PRIMERO del presente Acuerdo, durante el periodo del 2 al 30 de enero de 2026, se suspenderán a nivel nacional todos los trámites y servicios que brinda la Procuraduría Agraria en todas sus unidades administrativas, incluidas las Oficinas de Representación en las Entidades Federativas y residencias, así como la recepción de cualquier tipo de documentación, correspondencia, diligencias, notificaciones, requerimientos, citaciones y demás asuntos. Por lo que durante el periodo señalado en el párrafo anterior, no correrán los plazos ni términos respecto de los procedimientos o trámites judiciales, jurisdiccionales o administrativos, incluyendo la práctica de trámites y servicios, actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollen ante ellos, como son: la recepción de documentos e informes, acuerdos, inicio, substanciación, audiencias, entrevistas, resoluciones, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de información o documentos y medios de impugnación, de forma física o electrónica. Como consecuencia de lo anterior y para los efectos legales y administrativos en el cómputo de los términos y plazos legales, no deberán contarse como hábiles los días citados en el presente numeral. TERCERO.- A partir del 3 de febrero de 2026 se reanudará la recepción de cualquier tipo de documentación y la realización de los trámites y servicios que se brindan en las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria, en el domicilio señalado en el numeral PRIMERO del presente Acuerdo, y en las Oficinas de Representación de las Entidades Federativas y Residencias a nivel nacional, en los domicilios que se actualizarán en el oficio circular que para tal efecto se emita, el cual podrá ser consultado en la Normateca Interna de la Procuraduría Agraria en la página electrónica siguiente: http://www.pa.gob.mx/normatecapa/oficios.html, reanudándose los plazos y términos respecto de los procedimientos o trámites judiciales, jurisdiccionales o administrativos, y de solicitudes en materia de acceso a la información. No obstante, en caso de ser necesario por caso fortuito o fuerza mayor, se podrá ampliar el periodo de suspensión mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. CUARTO.- El presente Acuerdo no suspende las labores de las personas servidoras públicas en las oficinas centrales ni en las Oficinas de Representación en las Entidades Federativas y Residencias. TRANSITORIO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Fíjese este Acuerdo en lugar visible tanto en oficinas centrales, como en las Oficinas de Representación en las Entidades Federativas y Residencias de la Procuraduría Agraria. Ciudad de México, a 22 de diciembre de 2025.- El Procurador Agrario, Víctor Suárez Carrera.- Rúbrica. (R.- 571984) 44 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 ACUERDO por el que se delegan facultades a las personas titulares, encargadas u homólogas de las oficinas de representación en las entidades federativas de la Procuraduría Agraria. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Desarrollo Territorial.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.- Procuraduría Agraria. VÍCTOR SUÁREZ CARRERA, Procurador Agrario, con fundamento en los artículos 27, fracción XIX, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 134, 144, fracciones I, II y VII de la Ley Agraria; 2, 8, 11, 12, fracciones I y VII, así como 13 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, y CONSIDERANDO Que en términos de lo señalado en el artículo 134 de la Ley Agraria, la Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Que el artículo 144, fracciones I, II y VII de la Ley Agraria, señala que el Procurador Agrario es el representante legal de la Procuraduría Agraria, quien dirige y coordina las funciones de ésta conforme a las atribuciones que dicha ley, sus reglamentos y otras leyes le señalen, así como que puede delegar sus facultades en los servidores públicos subalternos que su reglamento interior señale; Que el artículo 11 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria señala que la persona titular de la Procuraduría Agraria, para la mejor organización y desarrollo del trabajo, podrá delegar cualquiera de sus facultades en las personas servidoras públicas subalternas, con excepción de aquellas que por disposición legal o reglamentaria sean indelegables, sin perjuicio de su ejercicio directo. Para efectos de lo anterior, expedirá los acuerdos delegatorios respectivos, mismos que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación; Que el artículo 12, fracción VII del referido Reglamento establece como atribución de la persona titular de la Procuraduría Agraria el expedir los acuerdos, lineamientos, normas internas, manuales, criterios y demás disposiciones que se requieran para el debido ejercicio de las atribuciones que la Ley Agraria, el citado reglamento y otras disposiciones jurídicas le confieren a dicho organismo; Que con el propósito de fortalecer y agilizar la operatividad institucional y asegurar el ejercicio ordenado, eficaz y oportuno de las funciones administrativas inherentes a la Procuraduría Agraria, resulta necesario establecer los mecanismos internos que permitan facultar a las personas servidoras públicas indicadas para realizar los actos que se describen, garantizando así la adecuada gestión, atención y seguimiento de los asuntos administrativos del organismo; Que en razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES A LAS PERSONAS TITULARES, ENCARGADAS U HOMÓLOGAS DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA PRIMERO.- Se delega en las personas titulares, encargadas u homólogas de las Oficinas de Representación en las Entidades Federativas de la Procuraduría Agraria, la facultad de suscribir contratos, convenios y demás actos jurídicos que celebre dicho organismo descentralizado, los cuales deben ser validados jurídicamente por los Subrepresentantes Jurídicos, encargados del despacho u homólogos. SEGUNDO.- La facultad que se delega por virtud del presente Acuerdo se deberá ejercer con sujeción a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables vigentes, sin perjuicio de su ejercicio directo por parte de las Unidades Administrativas de la Procuraduría Agraria, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. TERCERO.- Los servidores públicos a que refiere el numeral Primero, deberán remitir un ejemplar del instrumento jurídico formalizado a la Dirección General Jurídica y de Representación Agraria, para su registro, guarda y custodia. Además, mantendrán informada del ejercicio de dicha facultad a la Coordinación General de Oficinas de Representación, la cual rendirá un informe semestral a la Secretaría General sobre el estatus que guardan los instrumentos y actos jurídicos que se suscriban o celebren. CUARTO.- Las unidades administrativas de la Procuraduría Agraria, en el ámbito de sus respectivas atribuciones en las materias a que se refiere el presente Acuerdo, podrán, en su caso, orientar y asesorar a las personas servidoras públicas facultadas para su debida aplicación e instrumentación. TRANSITORIOS ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2025.- El Procurador Agrario, Víctor Suárez Carrera.- Rúbrica. (R.- 571983) Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 45 PODER JUDICIAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 203/2023, así como el Voto Concurrente del señor Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 203/2023 PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA COTEJÓ SECRETARIO: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO ÍNDICE TEMÁTICO APARTADO CRITERIO Y DECISIÓN PÁGS. I. COMPETENCIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto. 8 II. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA. Los conceptos de invalidez están dirigidos a combatir el artículo 243 Ter 1, párrafos primero, exclusivamente en la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad”, y último, únicamente en las porciones normativas “incapaces” y “señalada en el párrafo anterior”, del Código Penal del Estado de Yucatán. 8-9 III. OPORTUNIDAD. La demanda fue presentada oportunamente. 10 IV. LEGITIMACIÓN. La demanda fue presentada por parte legitimada. 10-12 V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. No se actualiza causal de improcedencia alguna. Sólo se sostiene que el hecho de que el Ejecutivo local hubiera señalado que “únicamente promulgó y ordenó la publicación del decreto que contiene las porciones normativas del ordenamiento impugnado”, no le exime de responder por sus actos en esta acción de inconstitucionalidad. 12-13 VI. ESTUDIO DE FONDO. El estudio de fondo se divide en los tres apartados siguientes: 13-48 VI.1. Consideraciones metodológicas. Únicamente es un apartado en el que se advierte que hay dos bloques argumentativos que serán estudiados en los dos apartados siguientes. 13-15 VI.2. Alegada violación de los derechos de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. Es infundado el concepto de invalidez hecho valer en torno a que el artículo 243 Ter 1, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Yucatán es inconstitucional en la porción normativa “incapaces”. Es verdad que el término “incapaces” parte de una concepción rebasada de la discapacidad, incluso es un término que admite un reproche por parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en este caso en específico no actualiza un motivo de inconstitucionalidad, pues el vocablo no regula los derechos de las personas con discapacidad, sino que se trata de un tipo penal que busca sancionar con mayor gravedad a la persona que cometa el delito de “terapias de conversión” en contra de personas en situación de vulnerabilidad. En este caso, el término “incapaces” se usa exclusivamente como una forma de remisión a la legislación civil en la que aún pudiera existir una declaración de incapacidad o interdicción —cuya existencia y constitucionalidad no forman parte de la litis de esta acción de inconstitucionalidad—. 15-31 46 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 Dicho de otra forma, el hecho de que hubiera incluido el término “incapaces” no puede ser invalidado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se estarían poniendo en riesgo los derechos de las personas que, conforme a la legislación civil, contaran con alguna declaración de incapacidad y sean víctimas del delito vinculado con las terapias de conversión. VI.3. Violación de los principios de seguridad jurídica y legalidad en su vertiente de taxatividad. El estudio se divide en dos sub-apartados, de modo que se da respuesta a los planteamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los que sostiene que el artículo 243 Ter 1, del Código Penal del Estado de Yucatán es inconstitucional en la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad” contenida en el párrafo primero, así como en la porción del párrafo tercero que dice “señalada en el párrafo anterior”, por tratarse de enunciados normativos cuyo contenido es contrario a los principios de seguridad jurídica y taxatividad penal. VI.3.1 Análisis de la porción “el libre desarrollo de la personalidad,” del artículo 243 Ter 1. Son fundados los planteamientos hechos valer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues el concepto “libre desarrollo de la personalidad,” es de tal amplitud que incurre en una lesión al principio de taxatividad. Este concepto, al referirse a la totalidad de manifestaciones y decisiones individuales sobre la vida propia, pone a disposición de los operadores de procuración e impartición de justicia un catálogo indeterminado, vago e impreciso, que sólo puede generar confusiones en su reconocimiento y protección; de ahí que su inclusión como elemento de un tipo penal es contrario a los estándares de taxatividad que se exigen en la jurisprudencia de este Alto Tribunal. Por tanto, este Tribunal Pleno estima que este tramo argumentativo de la acción de inconstitucional es fundado, lo que lleva a declarar la invalidez del artículo 243 Ter 1, párrafo primero, exclusivamente en la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad,” del Código Penal del Estado de Yucatán. VI.3.2. Análisis de la porción “la pena señalada en el párrafo anterior se aumentará en una mitad más”, del artículo 243 Ter 1. Se considera que es infundado el concepto de invalidez, ya que si bien la porción normativa pareciera estar mal redactada al señalar en el párrafo tercero que “la pena señalada en el párrafo anterior se aumentará en una mitad más”, lo cierto es que esa redacción no rompe con el principio de taxatividad en materia penal. Cuando al párrafo último del artículo 243 Ter 1 se refiere que si la conducta se lleva a cabo en “agravio de menores de edad, incapaces, adultos mayores, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena señalada en el párrafo anterior [párrafo segundo] se aumentará en una mitad más”, es evidente que únicamente hace una remisión al monto de la pena del segundo párrafo (de dos a seis años de prisión) con la finalidad de tomar esa pena como base de referencia para el cálculo de la pena que se impondrá en caso de actualizarse la agravante del tercer párrafo. 31-48 Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 47 Es importante aclarar que esa referencia al párrafo segundo se hace exclusivamente para establecer la base de la pena sobre la que se calculará la sanción agravada del párrafo último, sin que pueda interpretarse que para acreditar esa agravante, sea necesario que se cumplan, también y simultáneamente, los elementos del tipo penal agravado del párrafo segundo. De esta manera, los párrafos segundo y último, del artículo 243 Ter 1, contienen dos calificativas del delito relacionado con las “terapias de conversión” que son distintos e independientes, de manera que la lectura textual de la norma impugnada permite advertir que la agravante del tipo penal cumple con el mandato de taxatividad en materia punitiva y, por tanto, no es posible advertir que lo hecho por el legislador fuera inconstitucional. VII. EFECTOS. VII.1. Declaratoria de invalidez: Se declara la invalidez del artículo 243 Ter 1, párrafo primero, exclusivamente en la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad,” del Código Penal del Estado de Yucatán, adicionado mediante Decreto 667/2023 publicado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de esa entidad federativa. VII.2. Fecha a partir de la cual surtirá efectos la declaratoria general de invalidez: Esta resolución y la declaratoria de invalidez surtirán sus efectos retroactivos al nueve de septiembre de dos mil veintitrés en que entró en vigor la norma impugnada, a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Yucatán. VII.3. Notificaciones: Para el eficaz cumplimiento de esta sentencia, además del Congreso del Estado de Yucatán y las Partes, también deberá notificarse al Poder Ejecutivo local, al Tribunal Superior de Justicia del Estado y a la Fiscalía General de esa entidad federativa, así como a los Tribunales Colegiados en Materia Penal y de Apelación del Décimo Cuarto Circuito, al Centro de Justicia Penal Federal y a los Juzgados de Distrito del Estado de Yucatán. 48-49 VIII. DECISIÓN. PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 243 Ter 1, párrafo último, en sus porciones normativas ‘incapaces’ y ‘señalada en el párrafo anterior’, del Código Penal del Estado de Yucatán, adicionado mediante el Decreto 667/2023, publicado en el Diario Oficial de dicha entidad federativa el ocho de septiembre de dos mil veintitrés. TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 243 Ter 1, párrafo primero, en su porción normativa ‘el libre desarrollo de la personalidad’, del referido Código Penal del Estado de Yucatán. CUARTO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá efectos retroactivos al nueve de septiembre de dos mil veintitrés, a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Yucatán, en los términos precisados en el apartado VII de esta determinación. QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 49-53 48 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 203/2023 PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS VISTO BUENO SRA. MINISTRA PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA COTEJÓ SECRETARIO: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de septiembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente: SENTENCIA Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 203/2023, promovida en contra del artículo 243 Ter 1, párrafos primero, en la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad”, y último, en las porciones normativas “incapaces” y “señalada en el párrafo anterior”, del Código Penal del Estado de Yucatán, adicionadas mediante Decreto 667/2023 publicado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de esa entidad federativa. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. 1. Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Mediante escrito depositado el nueve de octubre de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, quien se ostenta como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán, planteando la invalidez del artículo 243 Ter 1, párrafos primero, en la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad”, y último, en las porciones normativas “incapaces” y “señalada en el párrafo anterior”, del Código Penal del Estado de Yucatán, adicionado mediante Decreto 667/2023, publicado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de esa entidad federativa. 2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alegó vulnerados los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1º, 4, 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 3. Al respecto, expuso los conceptos de invalidez siguientes: a. Primero. Violaciones al derecho de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. La Comisión accionante sostiene el artículo 243 Ter 1, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Yucatán es inconstitucional en la porción normativa “incapaces”, debido a que a través de esta norma se genera un mensaje estigmatizador en contra de las personas con discapacidad que resulta discriminatorio. En efecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que la porción normativa impugnada es inconstitucional por establecer que la pena aplicable del delito relacionado con las “terapias de conversión” será agravada cuando la conducta punible se lleve a cabo en contra de personas “incapaces”. A juicio de la parte accionante, el vocablo “incapaces” es un término discriminatorio que el legislador local empleó indebidamente para dirigirse a las personas con alguna discapacidad, incluso en forma contraria al modelo social de la discapacidad y a la dignidad humana reconocido en la Constitución Federal y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En síntesis, considera que el término “incapaces” refuerza el estereotipo de que las personas con alguna discapacidad no tienen personalidad jurídica propia y no pueden gobernarse ni obligarse por sí mismas a manifestar su voluntad. Así, el lenguaje utilizado por el legislador yucateco es discriminatorio y estigmatizante, pues su redacción denota que a partir de una discapacidad se le puede negar la capacidad jurídica para ejercer los derechos de las personas que viven con esa discapacidad. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 49 b. Segundo. Violaciones a los principios de seguridad jurídica y taxatividad en materia penal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acusa que el artículo 243 Ter 1, del Código Penal del Estado de Yucatán es inconstitucional en la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad” contenida en el párrafo primero, así como en la porción del párrafo tercero que dice “señalada en el párrafo anterior”, por tratarse de enunciados normativos cuyo contenido es contrario a los principios de seguridad jurídica y taxatividad penal. En el primer escenario, la Comisión accionante sostiene que en el párrafo primero del artículo 243 Ter 1, se establece la descripción del tipo penal y su sanción, de manera que en este párrafo primero se contempla una pena de prisión y multa a quien imparta, obligue, permita, consienta o aplique sobre una persona terapia, método, tratamiento o actos tendientes a anular, obstaculizar, modificar, menoscabar o reprimir el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión o manifestación de género de la víctima. A juicio de la accionante, la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad” genera incertidumbre jurídica acerca del alcance de la prohibición contenida en la norma. Incluso, señala que esta porción tiene unos alcances muy amplios que permitirían castigar otras conductas no relacionadas con la orientación sexual y las expresiones de género. De este modo, la expresión “el libre desarrollo de la personalidad” puede acarrear una multiplicidad de supuestos o hipótesis que desbordan los objetivos perseguidos por el legislador, pues el derecho al libre desarrollo de la personalidad protege, entre otras, la libertad de contraer o no matrimonio, los derechos reproductivos y sexuales, el derecho a escoger la apariencia personal, el derecho a elegir profesión o actividad laboral, entre otros relacionados con la manera en la que una persona deseas proyectarse y vivir su vida. En esa línea argumentativa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la porción “el libre desarrollo de la personalidad” es demasiado amplia y permitiría sancionar penalmente cualquier conducta que atente contra ese derecho, lo cual podría derivar en una transgresión del principio de última ratio del derecho penal. En el segundo escenario, la Comisión accionante refiere que en el párrafo tercero se contempla una agravante del delito, la cual sanciona con una pena mayor a la persona que cometa el ilícito en agravio de menores de edad, “incapaces”, adultos mayores, sujetos privados de libertad o personas que no pudieran oponer resistencia a ser sometida a una terapia de conversión; no obstante, el problema que advierte en esta agravante, es que al referirse que la pena “señalada en el párrafo anterior” se aumentará en una mitad más se genera confusión respecto al entendimiento de este párrafo. En concreto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que este párrafo último admite dos interpretaciones distintas: Una primera, consistente en que para sancionar a quienes cometen el delito en contra de personas en situación de vulnerabilidad es necesario que se aplique la agravante del párrafo segundo del artículo 243 Ter 1, con independencia de si el sujeto activo del delito es o no una de las personas contempladas en el referido párrafo segundo; y Una segunda interpretación, consistente en que para sancionar a quien cometa el delito en contra de personas en situación de vulnerabilidad es necesario que el sujeto activo del delito sea invariablemente una de las personas contempladas en el párrafo segundo, es decir, que se trate de la madre, padre, tutora, tutor, curador, parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, personas profesionales de la salud, psicólogo, psiquiatra o ministro de culto. Por tanto, al existir al menos dos posibles interpretaciones del sistema normativo, la Comisión accionante considera que no hay certeza sobre la pena que correspondería a este escenario ni sobre los elementos necesarios para acreditar los casos en los que el delito amerita una pena agravada; de ahí que debe declararse inconstitucional la porción normativa “señalada en el párrafo anterior” prevista en el párrafo último del artículo 243 Ter 1, impugnado. 4. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de once de octubre de dos mil veintitrés, la entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el escrito de demanda y sus anexos; ordenó formar el expediente físico y electrónico de la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 203/2023, y lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que fungiera como instructor del procedimiento. 50 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 5. El dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, el entonces Ministro instructor reconoció personalidad a la parte promovente y admitió a trámite la demanda, ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Yucatán para que rindieran su informe, requiriendo al primero de ellos para que enviara copia certificada o un ejemplar del Diario Oficial de la entidad. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que, en su caso, manifestara lo que a su representación correspondiera. 6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. Por escrito recibido el seis de diciembre de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, por conducto de su Consejero Jurídico, acompañó copia certificada del Diario Oficial de dicha entidad en el que obra la publicación de la norma impugnada, y rindió su informe en el que manifestó que el Poder Ejecutivo del Estado “únicamente promulgó y ordenó la publicación del decreto que contiene las porciones normativas del ordenamiento impugnado”. 7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Yucatán. Por escrito recibido el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Poder Legislativo del Estado de Yucatán, por conducto del Diputado Érik José Rihani González, quien se ostentó como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, acompañó las copias certificadas de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada y rindió su informe, en los términos siguientes: a. Con relación al primer concepto de invalidez, manifestó que el objetivo primordial de la reforma impugnada es combatir y disuadir las denominadas “terapias de conversión” o “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y de Identidad de Género [ECOSIG por sus siglas]”, que representa una práctica antisocial en detrimento del tejido social en la entidad federativa. Por tanto, considera que se respetaron los derechos de igualdad, no discriminación, seguridad jurídica, y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, con las agravantes contempladas en la norma impugnada. Asimismo, refiere que el término de “incapaces” utilizado en la norma controvertida, protege a las personas consideradas como incapaces conforme a la legislación yucateca, grupo en situación de vulnerabilidad, que precisa protección con mayor atención, dada su condición un poco más vulnerable que la de las personas con discapacidad. Así, del contenido del dictamen se advierte que el término utilizado es el de “incapaces”, no así el de personas con discapacidad. b. Por otra parte, con relación al segundo concepto de invalidez, sostiene que la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad es una medida que persigue un fin legítimo que guarda congruencia con los postulados de la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México es parte. En este sentido, considera que en uso de las facultades de libertad configurativa de la que son titulares las entidades federativas, las legislaturas locales pueden libremente determinar a qué conductas le corresponden una sanción, y en qué casos opera una agravante para ese tipo penal establecido. 8. Alegatos. Mediante acuerdo de ocho de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo a las partes formulando oportunamente alegatos, los cuales son valorados por este Alto Tribunal. 9. Pedimento de la Fiscalía General de la República. Dicha institución no emitió opinión en el presente asunto. 10. Cierre de instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo y previo acuerdo de cierre de instrucción, se recibió el expediente en la ponencia del entonces Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 11. Returno. Mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil veinticuatro, la otrora Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó el returno del expediente, con motivo de la ausencia definitiva del Ministro —ahora en retiro— Luis María Aguilar Morales, a la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 51 I. COMPETENCIA. 12. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g)1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2 y 16, fracción I3, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre un ordenamiento estatal y la Constitución Federal, así como de tratados internacionales. II. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA. 13. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4, deben fijarse las normas generales que serán objeto de estudio en la presente acción de inconstitucionalidad. 14. De la lectura de la demanda presentada por la Comisión accionante, se advierte que sus conceptos de invalidez están dirigidos a combatir el artículo 243 Ter 1, párrafos primero, exclusivamente en la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad”, y último, únicamente en las porciones normativas “incapaces” y “señalada en el párrafo anterior”, del Código Penal del Estado de Yucatán, modificadas mediante Decreto 667/2023 publicado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de esa entidad federativa. Su contenido es el siguiente: “Artículo 243 Ter 1.- Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión y de cien hasta doscientos días multa a quien imparta, obligue, permita, consienta o aplique sobre una persona terapia, método, tratamiento o actos tendientes a anular, obstaculizar, modificar, menoscabar o reprimir el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión o manifestación de género de la víctima mediante violencia física, moral o psicoemocional que atenten contra la dignidad humana, aunque no cause daño físico o angustia psicológica. Se aumentará al doble la sanción a que refiere el presente artículo cuando el sujeto activo sea la madre, padre, tutora o tutor, curador, parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra o ministro de culto. Si la conducta se lleva a cabo en agravio de menores de edad, incapaces, adultos mayores, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena señalada en el párrafo anterior se aumentará en una mitad más.” [Énfasis en la parte impugnada]. 1 Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (…) II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. (…) g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. (…). 2 “ARTICULO 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles”. 3 “Artículo 16. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá: I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La admisión de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas generales no dará lugar en ningún caso a la suspensión de la norma cuestionada; (…)”. 4 “Artículo 41. Las sentencias deberán contener: I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; (…).”. 52 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 III. OPORTUNIDAD. 15. Conforme al artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal5, el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente, precisando que, como regla general, si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. 16. En este caso el Decreto 667/2023 fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo comenzó el sábado nueve de septiembre y concluyó el domingo ocho de octubre de dos mil veintitrés, de manera que la demanda podía presentarse hasta el lunes nueve de octubre de la misma anualidad, por ser el día hábil siguiente. 17. Consecuentemente, si el escrito inicial de demanda fue depositado en el buzón judicial de este Alto Tribunal el lunes nueve de octubre de dos mil veintitrés, entonces, es evidente que su presentación fue oportuna. IV. LEGITIMACIÓN. 18. La acción fue promovida por parte legitimada. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de las entidades federativas que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 19. En el presente caso, la Comisión accionante sostiene, en términos generales, que diversas porciones normativas del artículo 243 Ter 1, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Yucatán, son contrarias a los derechos humanos de igualdad, no discriminación, a la seguridad jurídica, así como violatorias del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal. 20. En este sentido, es claro que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un planteamiento de constitucionalidad en el que acusa que una norma local es violatoria de los derechos humanos, de ahí que ese órgano constitucional cuenta con la legitimación necesaria para promover este medio de control abstracto de constitucionalidad. 21. Asimismo, se acredita la personería de quien acude en nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 22. El artículo 11, párrafo primero6, en relación con el diverso 597, ambos de la Ley Reglamentaria de la Materia disponen que las partes deberán comparecer por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. 23. La demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cargo que acredita con una copia certificada de su nombramiento expedido por la Mesa Directiva del Senado de la República el doce de noviembre de dos mil diecinueve, por un periodo de cinco años, que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro. 24. Por su parte, el artículo 15, fracciones I y XI8, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el 189 de su Reglamento Interno disponen como facultad del Presidente de dicho organismo ejercer su representación legal y, específicamente, promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política del país o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, de ahí que la referida funcionaria cuenta con la atribución legal para promover esta acción de inconstitucionalidad. 5 “Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. (…)” 6 “Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. (…).” 7 “Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II.” 8 “Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I. Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional; (…) XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, y (…).” 9 “Artículo 18. La Presidencia es el órgano ejecutivo de la Comisión Nacional. Está a cargo de un presidente, al cual le corresponde ejercer, de acuerdo con lo establecido en la Ley, las funciones directivas de la Comisión Nacional y su representación legal.” Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 53 V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 25. El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán manifestó en su informe que “únicamente promulgó y ordenó la publicación del decreto que contiene las porciones normativas del ordenamiento impugnado”. 26. En este sentido, si bien el Poder Ejecutivo local no lo señaló expresamente, es evidente que su intención era invocar una causal de improcedencia en la presente acción de inconstitucionalidad. 27. Sin embargo, a pesar de que en los conceptos de invalidez formulados en contra del decreto impugnado no se hicieron valer violaciones en el procedimiento legislativo, no es posible decretar la improcedencia de la acción en contra de estos actos y por esta autoridad, toda vez que esta cuestión no constituye una causa de improcedencia en términos del artículo 19 de la Ley Reglamentaria que rige a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, aunado a que su estudio involucra el estudio de fondo del asunto. 28. Al respecto, este Tribunal Pleno ya se ha pronunciado al emitir la jurisprudencia de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES”10, en la que concluye que la circunstancia de que el Poder Ejecutivo tenga injerencia en el proceso de creación de las normas generales para otorgarles plena validez y eficacia hace que se encuentre invariablemente implicado en la emisión del Decreto impugnado, por lo que debe responder por sus actos. 29. Luego, al no haberse hecho valer alguna causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento diverso al analizado, ni advertirse de oficio alguna por este Alto Tribunal, se procede al estudio de los conceptos de invalidez planteados. VI. ESTUDIO DE FONDO. VI.1. Consideraciones metodológicas. 30. La norma impugnada es del tenor siguiente: “ARTÍCULO 243 Ter 1. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión y de cien hasta doscientos días multa a quien imparta, obligue, permita, consienta o aplique sobre una persona terapia, método, tratamiento o actos tendientes a anular, obstaculizar, modificar, menoscabar o reprimir el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión o manifestación de género de la víctima mediante violencia física, moral o psicoemocional que atenten contra la dignidad humana, aunque no cause daño físico o angustia psicológica. Se aumentará al doble la sanción a que refiere el presente artículo cuando el sujeto activo sea la madre, padre, tutora o tutor, curador, parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra o ministro de culto. Si la conducta se lleva a cabo en agravio de menores de edad, incapaces, adultos mayores, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena señalada en el párrafo anterior se aumentará en una mitad más”. [Las porciones subrayadas son las que se impugnan en esta acción de inconstitucionalidad]. 31. Como se puede advertir de los antecedentes de esta acción de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace valer dos bloques argumentativos en contra de la norma referida: a. En el primero se acusa la inconstitucionalidad del artículo 243 Ter 1, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Yucatán, en la porción normativa “incapaces”, al estimar que a través de esta norma se genera un mensaje estigmatizador en contra de las personas con discapacidad que resulta discriminatorio; y b. En el segundo bloque argumentativo se acusa la inconstitucionalidad del artículo 243 Ter 1, del Código Penal del Estado de Yucatán en las porciones normativas “el libre desarrollo de la personalidad,” y “señalada en el párrafo anterior”, por ser contrarias a los principios de seguridad jurídica y taxatividad penal. 10 Registro 164865. [J]; Novena Época; Pleno; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Abril de 2010; Pág. 1419. P./J. 38/2010. 54 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 32. De este modo, para dar contestación a los planteamientos de inconstitucionalidad hechos valer, a continuación, se realiza el estudio de fondo en dos apartados distintos, atendiendo al contenido de los conceptos de invalidez planteados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de manera que se seguirá el siguiente orden: APARTADO CONTENIDO DE LA IMPUGNACIÓN CONCEPTOS DE INVALIDEZ VI.2. Alegada violación de los derechos de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. Análisis de la porción normativa “incapaces”, prevista en el artículo 243 Ter 1, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Yucatán. Estudio del primer concepto de invalidez planteado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. VI.3. Violación de los principios de seguridad jurídica y legalidad en su vertiente de taxatividad. Análisis de las porciones normativas “el libre desarrollo de la personalidad,” y “señalada en el párrafo anterior”, contenidas en los párrafos primero y tercero, respectivamente, del artículo 243 Ter 1, del Código Penal del Estado de Yucatán. Análisis del segundo concepto de invalidez planteado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. VI.2. Alegada violación de los derechos de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. 33. Como se adelantó en páginas previas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene el artículo 243 Ter 1, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Yucatán es inconstitucional en la porción normativa “incapaces”, debido a que esta norma genera un mensaje estigmatizador y discriminatorio en contra de las personas con discapacidad. 34. El principal motivo de inconstitucionalidad radica en que la norma impugnada contempla una agravante del delito relacionado con las “terapias de conversión” en los casos en los que la conducta punible se lleve a cabo en personas “incapaces”. 35. Así, se refiere que el vocablo “incapaces” es un término discriminatorio que el legislador local empleó indebidamente para dirigirse a las personas con alguna discapacidad, incluso en forma contraria al modelo social de la discapacidad y a la dignidad humana que se reconoce en la Constitución Federal y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 36. En suma, que el término “incapaces” refuerza el estereotipo de que las personas con alguna discapacidad no tienen personalidad jurídica propia y no pueden gobernarse ni obligarse por sí mismas a manifestar su voluntad. 37. Al respecto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el concepto de invalidez es infundado, como a continuación se explica. 38. Este Tribunal Pleno ha sostenido en una gran variedad de precedentes —entre los cuales destaca la acción de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 97/201411— que el principio de igualdad jurídica reconocido en el artículo 1°, párrafos primero y quinto de la Constitución Federal12, así como en los numerales 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos13; 2 y 26 del Pacto 11 Acción de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 97/2014, resueltas por el Pleno en sesión de 11 de agosto de 2016, por mayoría de 9 votos de la Ministra y los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena (ponente), Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo con salvedades, Piña Hernández por motivos diferentes, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del análisis de accesibilidad, movilidad limitada y requisitos para la reexpedición de permisos o licencias a personas con incapacidad física o mental, en su sección B, consistente en declarar la invalidez del artículo 69, fracción II, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 12 “Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (…) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 13 “Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. “Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”. “Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 55 Internacional de Derechos Civiles y Políticos14; 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales15; II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre16; así como 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos17, es un derecho humano que es expresado a través de un principio adjetivo consistente en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante. 39. Este derecho, a su vez, se expresa normativamente a través de distintas modalidades o facetas, principalmente a partir de una prohibición de discriminar. 40. De este modo, el principio de no discriminación consiste en que ninguna persona podrá ser excluida del goce de un derecho humano ni deberá de ser tratada de manera distinta a otra que presente similares características o condiciones jurídicamente relevantes; especialmente cuando tal diferenciación tenga como motivos el origen étnico, nacional o social, el género, la edad, las discapacidades, las preferencias sexuales, el estado civil, la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, la posición económica o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas. 41. Importa destacar que el contenido de este derecho no está delimitado a que deba ser respetado, protegido y salvaguardado únicamente por cierto órgano jurídico o por algún tipo de autoridad. La igualdad jurídica, como principio en sentido estricto, se configura como un mandato de optimización que incluye conductas obligatorias y prohibidas con condiciones de aplicación carentes de delimitación. 42. De este modo, siguiendo lo dispuesto en la mencionada acción de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 97/2014 —en la que se reitera, a su vez, lo sostenido en la acción de inconstitucionalidad 33/2015—, el derecho humano a la igualdad desde una dimensión adjetiva se configura conceptualmente en dos modalidades: a. La igualdad formal o de derecho; y b. La igualdad sustantiva o de hecho. 43. La primera (igualdad formal o de derecho) es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que consiste en el control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. 44. La segunda modalidad (igualdad sustantiva o de hecho) radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva a que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos. 45. Esta modalidad del principio de igualdad jurídica impone a las distintas autoridades del Estado la obligación de llevar a cabo ciertos actos que tiendan a obtener tal correspondencia de oportunidades entre los distintos grupos sociales y sus integrantes y el resto de la población (incluyendo a las personas con discapacidad); por ende, se cumple a través de una serie de medidas de carácter administrativo, legislativo o de cualquier otra índole que tengan como finalidad última evitar que se siga dando la diferenciación injustificada o la discriminación sistemática, así como revertir los efectos de la marginación histórica y/o estructural del grupo social relevante. 14 “Artículo 2.1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. “Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 15 “Artículo 2.2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 16 “Artículo II. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”. 17 “Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. “Artículo 24. Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. 56 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 46. Precisamente, en las referidas acciones de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 97/2014 y 33/2015, este Tribunal Pleno ha sentado el contenido y alcances de los derechos de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. 47. En estos precedentes se ha destacado que la Constitución Federal protege expresamente a las personas con discapacidad y establece un vínculo entre el principio de no discriminación y las capacidades como una categoría expresa de protección, en términos del párrafo último del artículo 1º constitucional. 48. Asimismo, se reiteró que la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en su artículo primero, prevé que la discapacidad es “una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”. 49. En el mismo tratado se dice que la “discriminación contra las personas con discapacidad” debe ser entendida como “toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”. 50. Igualmente, se destacó que, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una persona con discapacidad es aquella que presenta “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 51. De este modo, un acto de discriminación por motivos de discapacidad es “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo”. 52. En esta línea jurisprudencial se hizo énfasis en que la comunidad internacional ha venido construyendo y evolucionando el entendimiento global sobre los derechos de las personas con discapacidad. 53. Así, en un principio se contaba con algunos instrumentos internacionales como la “Declaración de los Derechos del Retrasado Mental” (1971), la “Declaración de los Derechos de los Impedidos” (1975), los “Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental” (1991), y las “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad” (1993). En todos esos instrumentos se puede advertir que la perspectiva global se alejaba del actual modelo social de la discapacidad, en el que actualmente se sostiene que la discapacidad no es una enfermedad sino una condición que no define a la persona. 54. Tal como lo ha sostenido este Tribunal Constitucional —originalmente por la extinta Primera Sala en el amparo en revisión 410/20102, que fue reiterado por este Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 97/2014 y 33/2015— el modelo social tiene como premisa básica que la discapacidad no es una enfermedad. 55. En esos precedentes se recordó que desde mayo de dos mil uno, la Organización Mundial de la Salud emitió la “Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud”, en la cual ya no se emplea el término enfermedad y la discapacidad es clasificada como un estado de salud. Previamente, en la “Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías”, emitida en mil novecientos ochenta, se señalaba que una discapacidad era una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen considerado como normal, ello como una consecuencia de una enfermedad. 56. Esta evolución lingüística y cultural —continúan los precedentes referidos— se ha reflejado en los diversos modelos que se han empleado para estudiar el ámbito de la discapacidad y su concepción ha ido modificándose en el paso del tiempo, de manera que originalmente se hablaba de un modelo de prescindencia en el que las causas de la discapacidad tenían un motivo religioso y más tarde a un inacabado esquema rehabilitador, individual o médico, en el que el fin era normalizar a la persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que tiene. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 57 57. Esta cadena evolutiva de los modelos de la discapacidad se encuentra más acabada a partir del modelo social de la discapacidad, que fue introducido en la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y en este modelo se propugna que las causas de las discapacidades son sociales. 58. Bajo el modelo social de la discapacidad es posible afirmar que lo que genera la discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona, por lo que las medidas que propone se encuentran dirigidas a aminorar tales barreras. Las limitaciones son producidas por las deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados que aseguren que las necesidades de las personas con discapacidad son tomadas en consideración. 59. Este esquema se encuentra relacionado con el pleno reconocimiento de derechos fundamentales, como el respeto a la dignidad con independencia de cualquier diversidad funcional, la igualdad y la libertad personal —aspecto que incluye la toma de decisiones—, teniendo como objeto la inclusión social basada en la vida independiente, la no discriminación y la accesibilidad universal —en actividades económicas, políticas, sociales y culturales—. 60. A la luz del modelo social, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales. En tal virtud, la deficiencia individual y no la física o la mental es la que ocasiona una diversidad funcional que, al ponerse en contacto con una barrera social, produce una discapacidad. 61. En los precedentes narrados se concluyó que el modelo social de la discapacidad se fundamenta en la diversidad del ser humano, sin que ello implique el desconocimiento del principio de igualdad. Si se parte de la base de que no todas las personas son iguales y, por el contrario, se reconoce la diversidad de las personas —tanto en su aspecto individual como en el contexto en el que se desenvuelven— es posible concluir que una normativa que simplemente prohíba la discriminación no puede propiciar, necesariamente, una igualdad de facto, ya que las premisas de las cuales parte la norma distan mucho entre sí. De ahí que sea necesario adoptar medidas más eficaces para lograr la igualdad formal y sustantiva. 62. Es importante señalar que en el amparo en revisión 1368/201518 y en el amparo directo en revisión 44/201819 la entonces Primera Sala sostuvo la inconstitucionalidad del sistema normativo que regula el estado de interdicción en la Ciudad de México y en el Estado de México, respectivamente, sin que fuera posible una interpretación conforme, pues esa interpretación vulneraría los derechos de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. 63. En esos casos, el sistema de interdicción considerado inconstitucional implicaba que una vez demostrada que una persona tenía una discapacidad, podía ser declarada en estado de interdicción, de manera que se le consideraba legalmente incapaz y, consecuentemente, su capacidad de ejercicio era restringida en diversas dimensiones 64. En esos supuestos, la supresión de la capacidad jurídica de las personas fue entendida como una sustitución completa de la voluntad de la persona con discapacidad —ya que las normas inconstitucionales determinaban que las personas incapaces sólo podrán ejercer sus derechos mediante sus representantes. 65. Esa medida se consideró un claro ejemplo del modelo de sustitución de la voluntad y, al tomar en cuenta las características y condiciones individuales de la persona, niega como premisa general que todas las personas tienen derecho a la capacidad jurídica. 66. Además de lo anterior, en aquellos precedentes la otrora Primera Sala sostuvo el criterio —que este Tribunal Pleno comparte— por el que todo ordenamiento jurídico debe reconocer en todo momento que las personas con discapacidad son sujetos de derechos con plena personalidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas. 18 Amparo en revisión 1368/2015, resuelto por la Primera Sala, en sesión de 13 de marzo de 2019, por unanimidad de 5 votos de la Ministra y los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, quien se reserva su derecho a formular voto concurrente, Luis María Aguilar Morales, quien se reserva su derecho a formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reserva su derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y Juan Luis González Alcántara Carrancá (Presidente). 19 Amparo directo en revisión 44/2018, resuelto por la Primera Sala en sesión de 13 de marzo de 2019, por unanimidad de 5 votos de los señores Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales precisó que vota a favor del proyecto, pero con algunas salvedades en las consideraciones, Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente) quien se reserva su derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. 58 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 67. Se sostuvo que la regulación jurídica internacional y nacional sobre personas con discapacidad tiene como última finalidad evitar la discriminación y propiciar la inclusión, por lo que el análisis de toda normativa que aborde el tema de las personas con discapacidad debe hacerse siempre desde la perspectiva de los principios de igualdad y no discriminación20, en el entendido de que esos principios son transversales y deben ser el eje en la interpretación que se haga de las normas que incidan en los derechos de las personas con discapacidad, sin que una interpretación conforme pudiera salvar la constitucionalidad de normas discriminatorias. 68. Siguiendo los criterios de la extinta Primera Sala, y del Tribunal Pleno sostuvieron que es importante optar por la invalidez de una norma inconstitucional en lugar de intentar salvarla mediante interpretación conforme, pues la norma discriminatoria continuaría existiendo en su redacción, aun siendo discriminatoria, y por ello contraría al artículo 1º constitucional y a las obligaciones internacionales contraídas por México en cuanto a no discriminar con base en categorías sospechosas. 69. Entonces, si se considera que una norma es discriminatoria, la interpretación conforme no repara dicha discriminación porque lo que buscan las personas discriminadas es la cesación de la constante afectación. En otras palabras, se busca suprimir el estado de discriminación creado por el mensaje transmitido por la norma. 70. Ahora bien, en los precedentes citados —amparo en revisión 1368/2015 y amparo directo en revisión 44/2018—, la entonces Primera Sala consideró que no era posible hacer una interpretación conforme para salvar la constitucionalidad de la regulación sobre la interdicción, pues se estimó que esa figura es violatoria del derecho a la igualdad y no discriminación. 71. En el caso de la regulación de la interdicción se apuntaló el criterio sobre la prohibición de discriminación de las personas con discapacidad, de modo que se puede afirmar que todo sistema normativo que tenga como efecto suprimir los derechos de las personas con discapacidad es inconstitucional, y esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra obligada a declarar la invalidez de ese tipo de normas discriminatorias y, adicionalmente, debe buscar la supresión del mensaje estigmatizador. 72. En este contexto, tal como lo afirma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toda regulación que sea contraria al modelo social de la discapacidad sería inconstitucional. 73. En el caso específico que ahora se analiza en esta acción de inconstitucionalidad, la Comisión accionante acusa la inconstitucionalidad del artículo 243 Ter 1, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Yucatán, en la porción normativa “incapaces”, al estimar que a través de esta norma se genera un mensaje estigmatizador en contra de las personas con discapacidad que resulta discriminatorio. 74. Al respecto, tal como se ha referido en las páginas anteriores, el modelo social de la discapacidad busca erradicar los actos y normas que contienen alguna forma de discriminación. 75. De este modo, en la línea de precedentes que se ha narrado, ha quedado claro que un acto de discriminación por motivos de discapacidad es “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo”. 76. En el caso del artículo 243 Ter 1, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Yucatán, impugnado, la otrora Segunda Sala no advirtió que el legislador haya incurrido en una violación constitucional por incluir el término “incapaces”, pues no lo hizo en un contexto en el que se regulen la definición o alcances de una declaración de incapacidad. 20 Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1a. VI/2013 (10a.), Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 1, página 630, registro: 2002513, de rubro y texto: “DISCAPACIDAD. EL ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES EN LA MATERIA DEBE REALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. La regulación jurídica tanto nacional como internacional que sobre personas con discapacidad se ha desarrollado, tiene como finalidad última evitar la discriminación hacia ese sector social y, en consecuencia, propiciar la igualdad entre individuos. Así, las normas en materia de discapacidad no pueden deslindarse de dichos propósitos jurídicos, por lo que el análisis de tales disposiciones debe realizarse a la luz de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.” Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 59 77. El objeto primordial del artículo 243 Ter 1, del Código Penal del Estado de Yucatán es sancionar con pena de multa y prisión a aquella persona que imparta, obligue, permita, consienta o aplique sobre una persona las denominadas “terapias de conversión”, que la propia norma penal entiende como aquellas terapias, métodos, tratamientos o actos tendientes a anular, obstaculizar, modificar, menoscabar o reprimir el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión o manifestación de género de la víctima mediante violencia física, moral o psicoemocional que atenten contra la dignidad humana, aunque no cause daño físico o angustia psicológica. 78. Para complementar el tipo penal anterior —sobre las terapias de conversión—, el legislador yucateco previó dos modalidades de agravante: una atendiendo a las especificidades del sujeto activo del delito y la otra vinculada con las características de especial vulnerabilidad de las víctimas de este delito. 79. De este modo, en el párrafo segundo del artículo 243 Ter 1 se establece que la pena básica se aumentará al doble, en los casos en los que el delito hubiera sido cometido por la madre, padre, tutora o tutor, curador, parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra o ministro de culto. 80. Mientras que en el párrafo último se contempla que la pena se aumentará en una mitad más, cuando la conducta se hubiera cometido en contra de personas menores de edad, “incapaces”, adultos mayores, sujetos privados de libertad o, en general, contra personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse. 81. Como puede advertirse, el legislador no se encuentra definiendo ni regulando directamente derechos de las personas con discapacidad —de ahí, incluso, que el análisis de constitucionalidad de esta norma no exigía que se hubiera consultado a este colectivo—. En este caso, así como en cualquier norma penal, lo que el legislador hizo fue hacer uso de sus amplias facultades para dirigir la política criminal y sancionar los hechos que considera constitutivos de un reproche penal. 82. De este modo, el legislador consideró necesario imponer sanciones penales a aquellas personas que impartan, obliguen, permitan, consientan o apliquen sobre una persona las denominadas “terapias de conversión”; por tanto, es claro que la intención del legislador yucateco es criminalizar la proliferación y actividad de los centros y personas que emplean determinados métodos o mecanismos con el objeto de modular o modificar la orientación sexual y de género de una persona —cuya existencia es absolutamente discriminatoria—. 83. Así, con la intención de precisar los elementos del tipo penal y con el objetivo de sancionar con mayor gravedad a las personas que cometen estos delitos en contra de los grupos más vulnerables, el legislador estableció una pena mayor para las personas que cometen el delito en contra de: a. Menores de edad; b. Incapaces; c. Adultos mayores; d. Sujetos privados de libertad; o e. Personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse. 84. Es verdad que el término “incapaces” parte de una concepción rebasada de la discapacidad, incluso es un término que admite un reproche por parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en este caso en específico no actualiza un motivo de inconstitucionalidad, pues el vocablo se usa exclusivamente como una forma de remisión a la legislación civil en la que aún pudiera existir una declaración de incapacidad o interdicción —cuya existencia y constitucionalidad no forman parte de la litis de esta acción de inconstitucionalidad—. 85. Dicho de otra forma, el legislador yucateco podría optar por alguna fórmula más conteste con el modelo social de la discapacidad, pero el hecho de que hubiera incluido el término “incapaces” no puede ser invalidado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se estarían poniendo en riesgo los derechos de las personas que, conforme a la legislación civil, contaran con alguna declaración de incapacidad y sean víctimas del delito vinculado con las terapias de conversión. 86. Por ejemplo, existe la posibilidad —y esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no prejuzga sobre la constitucionalidad de estas figuras— de que alguna persona hubiera sido víctima del delito de terapias de conversión y, adicionalmente, se encuentre sujeto a un procedimiento de interdicción o a una declaratoria de pérdida de la capacidad jurídica. 60 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 87. Si este Alto Tribunal considerara que es inconstitucional que el legislador penal hubiera sancionado con mayor gravedad a quien cometa el delito en contra de esas personas, lejos de proteger sus derechos a no ser discriminados y, con el pretexto de destruir un mensaje estigmatizador, se les estaría dejando en indefensión a toda persona con una discapacidad, lo cual no sería constitucionalmente posible. 88. Incluso, esta decisión orbita en la misma línea que la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación citada en el amparo en revisión 1368/2015 y en el amparo directo en revisión 44/2018 —resueltos por la entonces Primera Sala— en los que se sostuvo que las normas pueden funcionar como medios textuales a través de los cuales se configuran mensajes que conllevan un juicio de valor que puede ser negativo. 89. En esos precedentes, se consideró que la norma enviaba un mensaje estigmatizador y discriminador, debido a que en el caso de la interdicción se consideró que la norma envía un mensaje de que la discapacidad es un padecimiento que sólo puede ser “tratado” o “mitigado” mediante medidas extremas como la restricción absoluta de la capacidad de ejercicio; es decir, la norma no se limitó al uso indebido de un término o vocablo, se trató de un caso en el que las palabras rebasaron el papel y generaron situaciones perniciosas en la vida real de las personas, lo cual no sucede en el caso de la norma penal impugnada. 90. Por el contrario, lejos de advertirse un mensaje estigmatizador, la norma impugnada permite fortalecer la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad. 91. Incluso, es relevante señalar que en ocasiones anteriores, este Tribunal Pleno ha reconocido la validez de normas que emplean términos inadecuados —que en otros contextos serían discriminatorios— cuando no se traducen en una disminución o vulneración de derechos. 92. Por ejemplo, al resolver la acción de inconstitucionalidad 154/202321 esta Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la validez del artículo 610, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el que se empleó el término “menor”. 93. En ese caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostuvo que el vocablo “menor” era discriminatorio, pues era equiparable a considerar que las niñas, niños y adolescentes tienen una condición de incapacidad que limita su autonomía. 94. Al respecto, este Tribunal Pleno sostuvo que ese argumento era infundado, pues cuando la legislación hizo alusión a un “menor”, lo hizo en forma descriptiva de una circunstancia, es decir, para hacer referencia al estado de una persona en los primeros años de su vida. 95. Asimismo, este Pleno reconoció que emplear el término “menor” como sinónimo de “menor de edad” puede ser discriminatorio si se asocia con el hecho de que anteriormente a las personas que no habían alcanzado la mayoría de edad se les consideraba carentes de capacidad plena para el ejercicio de sus derechos. No obstante, en el caso del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, este Alto Tribunal sostuvo que emplear el término “menor” no era inconstitucional —en ese caso específico— porque no se estaba desconociendo el derecho de las niñas, niños y adolescentes, a ser reconocidos como sujetos de derecho con autonomía progresiva ni se advertía alguna restricción que, aunada al lenguaje, implicara el desconocimiento específico de algún derecho. 96. En este caso sucede algo similar, pues tal como se ha relatado en páginas previas, la legislación penal para el Estado de Yucatán hizo un uso inadecuado del lenguaje al emplear el término “incapaces”, pero ese lenguaje, si bien reprochable y poco acertado, en el caso específico y en el contexto de la norma penal, no es suficiente para ser expulsado del ordenamiento impugnado, pues el vocablo se usa exclusivamente como una forma de remisión a la legislación civil en la que aún pudiera existir una declaración de incapacidad o interdicción y, de esta manera, sancionar penalmente a aquellas personas que incurran en la conducta típica descrita en la norma penal —delito relacionado con terapias de conversión— en contra de grupos en situación de especial vulnerabilidad. 97. En síntesis, a pesar de que el término “incapaces” debe desterrarse del ordenamiento mexicano, en este caso en particular, no resulta inconstitucional, pues lejos de implicar una disminución de derechos de las personas con alguna discapacidad, la legislación penal busca protegerles del delito vinculado con las terapias de conversión. 21 Acción de inconstitucionalidad 154/2023, resuelta por el Pleno en sesión de 13 de agosto de 2024, por unanimidad de 9 votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá separándose de los párrafos 95, 96 y 97, Esquivel Mossa por consideraciones adicionales, Aguilar Morales separándose de los párrafos 95, 96 y 97, Pardo Rebolledo (Ponente), Batres Guadarrama, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández separándose de los párrafos 91 y 100 y por consideraciones distintas, respecto a reconocer la validez del artículo 610, fracción II, en su porción normativa ‘el mismo menor’, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 61 98. En virtud de lo anterior, es infundado el concepto de invalidez planteado en esta acción de inconstitucionalidad. VI.3. Violación de los principios de seguridad jurídica y legalidad en su vertiente de taxatividad. 99. Como se adelantó en los antecedentes de esta acción de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que el artículo 243 Ter 1, del Código Penal del Estado de Yucatán es inconstitucional en la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad,” contenida en el párrafo primero, así como en la porción del párrafo tercero que dice “señalada en el párrafo anterior”, por tratarse de enunciados normativos cuyo contenido es contrario a los principios de seguridad jurídica y taxatividad penal. 100. En este sentido, a fin de dar respuesta a estos planteamientos, a continuación se expondrá el parámetro de validez constitucional con relación al principio de seguridad jurídica y de taxatividad en materia penal y, posteriormente, se analizarán las dos porciones normativas impugnadas, a la luz de ese parámetro. 101. De acuerdo con el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación22, el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad consiste en que las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara, limitada e inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales y, además, incluye la imposibilidad de imponer penas por analogía o por mayoría de razón y la prohibición de tipos penales ambiguos. 102. Es decir, la descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación, por lo que el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que, para salvaguardar el principio de exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. Dicho de otro modo, la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella23. 103. La importancia del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad no sólo radica en evitar la arbitrariedad en la aplicación de una norma, sino que los ordenamientos penales deben cumplir una función motivadora contra la realización de delitos y para ello es imprescindible que las conductas punibles estén descritas con exactitud y claridad, pues no puede evitarse aquello que no se tiene posibilidad de conocer con certeza24. 104. El mandato de taxatividad implica un grado de determinación de la conducta típica que permita afirmar que lo que es objeto de prohibición puede ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma. La garantía de legalidad en materia penal no queda cumplida con una tipificación confusa o incompleta que obligue a los justiciables a realizar labores de interpretación o de integración25. 105. A la luz del parámetro anterior, a continuación se hará el estudio particular de las dos porciones normativas impugnadas. VI.3.1 Análisis de la porción “el libre desarrollo de la personalidad,” del artículo 243 Ter 1. 106. La Comisión accionante sostiene que en el párrafo primero, del artículo 243 Ter 1, se establece la descripción del tipo penal y su sanción, de manera que en este párrafo primero se contempla una pena de prisión y multa a quien imparta, obligue, permita, consienta o aplique sobre una persona terapia, método, tratamiento o actos tendientes a anular, obstaculizar, modificar, menoscabar o reprimir el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión o manifestación de género de la víctima. 107. El problema con esta norma, según lo relata la accionante, es que la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad,” es muy amplia y genera incertidumbre jurídica acerca del alcance de la prohibición contenida en la norma. Incluso, señala que esta porción tiene unos alcances muy amplios que permitirían castigar otras conductas no relacionadas con la orientación sexual y las expresiones de género. 22 Jurisprudencia P./J. 33/2009 de rubro: “NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN CONFORME O INTEGRADORA”. 23 Jurisprudencia 1a./J. 54/2014 (10a.) de rubro: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS”. 24 Amparo directo en revisión 2943/2011. 25 Amparo directo en revisión 2943/2011. 62 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 108. A juicio de este Tribunal Constitucional ese argumento es fundado, pues el concepto “libre desarrollo de la personalidad” es de tal amplitud que incurre en una lesión al principio de taxatividad, tal como se explicará en las siguientes líneas. 109. En el contexto de los principios que conforman el derecho punitivo, la lectura de la porción normativa impugnada conduce a cuestionar ¿Qué es el libre desarrollo de la personalidad? y responder si se trata de una expresión cabal y limitada cuyo entendimiento en el ámbito penal puede entenderse referida a un universo bien definido o, si, por el contrario, es un concepto de tal amplitud que rebasa los limites propios de la asignatura a la que pertenece. 110. De acuerdo con el contenido del artículo 243 Ter 1 impugnado, es claro que la intención del legislador local al adicionar esta norma en el ámbito penal, fue inhibir y sancionar la conducta consistente en impartir, obligar, permitir, consentir o aplicar sobre una persona, alguna terapia, método, tratamiento o actos tendentes a anular, obstaculizar, modificar, menoscabar o reprimir el libre desarrollo de la personalidad, la orientación sexual, la identidad sexual, y la expresión o manifestación de género, mediante violencia física, moral o psicoemocional que atenten contra la dignidad humana, aunque no cause daño físico o angustia psicológica. 111. Así, desde un punto de vista abstracto, el bien jurídico que subyace como ámbito de protección de la norma es la libre autodeterminación de las personas, es decir la noción más pura de libertad, consistente en ser quien se quiere ser, conforme al plan de vida personal. 112. Dicho de otro modo, el delito relacionado con las “terapias de conversión” es, por sí mismo, un tipo penal encargado de proteger el derecho al libre desarrollo de su personalidad, con que cuenta cualquier individuo. 113. Con la finalidad de proporcionar una adecuada protección a ese bien jurídico, el legislador local adicionó el tipo penal relacionado con las “terapias de conversión”, el cual incorpora diversos elementos normativos que se refieren, precisamente, a los ámbitos individuales y personalísimos que son objeto de protección en este delito, a saber: el libre desarrollo de la personalidad, la orientación sexual, la identidad sexual, y la expresión o manifestación de género. 114. Como se puede advertir, el enunciado normativo impugnado es uno de los ámbitos protegidos por este tipo penal, pero no el único, de manera que necesario analizar —desde la línea argumentativa de la Comisión accionante— si es constitucionalmente válido que el legislador local hubiera incluido el concepto de “libre desarrollo de la personalidad” como uno de los elementos del tipo penal, específicamente partiendo de un análisis sobre la taxatividad de esa porción normativa. 115. Para ese efecto, es importante partir de la base de que el concepto de “libre desarrollo de la personalidad” es uno de los múltiples fines de protección de la norma penal en estudio. Dicho de otro modo, desde un plano abstracto, para analizar la constitucionalidad de la norma impugnada, este Tribunal Constitucional debe revisar la racionalidad legislativa de incluir una multiplicidad de conceptos con el fin de identificar si no existe una sobre-calificación normativa, o si pueden generarse problemas prácticos en la identificación cotidiana de cada espectro de protección por parte de los operadores del sistema de procuración e impartición de justicia. 116. En el actual estado de cosas del sistema jurídico mexicano se entiende por libre desarrollo de la personalidad a aquella libertad de la más alta valía y que permite la elección en forma libre y autónoma del proyecto de vida de cada quien26, es decir, aquella capacidad de elegir y materializar libremente los planes de vida e ideales de excelencia humana, sin la intervención injustificada de terceros27, de tal 26 Tal como se sostiene en la tesis del Pleno número P. LXVI/2009, de rubro y texto: “DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente”. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 7, Registro digital: 165822. 27 Ver la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a. CXX/2019 (10a.), de rubro y texto: “TATUAJES. SU USO ESTÁ PROTEGIDO, POR REGLA GENERAL, POR EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. El derecho al libre desarrollo de la personalidad deriva del principio de autonomía personal, y consiste en la capacidad de elegir y materializar libremente planes de vida e ideales de excelencia humana, sin la intervención injustificada de terceros. Este derecho incluye, entre otras cosas, la elección de la apariencia personal, pues se trata de un aspecto de la individualidad que se desea proyectar ante los demás. La libertad de expresión es el derecho a expresar, buscar, recibir, transmitir y difundir libremente, ideas, informaciones y opiniones. Este derecho está vinculado estrechamente con la autonomía personal, pues se trata de un bien Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 63 manera que se trata de un derecho fundamental que tiene la vocación de proteger las decisiones individuales sobre la vida propia, tanto en aquello que se hace como lo que corresponde a la vida privada de las personas28. 117. Como se puede apreciar, el concepto “libre desarrollo de la personalidad” es un elemento concebido en nuestro sistema jurídico como una prerrogativa del ser humano, es decir, se trata de un derecho fundamental que, por su propia naturaleza, entraña un concepto de textura amplia y que puede estar vinculado con diversos elementos y diversas materializaciones pues, como su propia definición lo establece, se refiere por completo a todas las decisiones concomitantes a la elección en forma libre y autónoma del proyecto de vida, o dicho de otra manera, a todas las facetas a través de las cuales el ser humano desarrolla la vida propia. 118. En este orden de ideas, este Tribunal Pleno advierte que un primer vicio de la norma impugnada se revela al acercarse a la revisión del significado de “libre desarrollo de la personalidad”, pues como puede apreciarse, se trata de un elemento con múltiples excepciones, de modo tal que el enunciado jurídico presenta un significado tan amplio que permite abarcar y referirse a todas y cada una de las facetas del desarrollo personal de los seres humanos. 119. Si bien pareciera que la inclusión del concepto “libre desarrollo de la personalidad” tiene fines loables, sustentados en un interés por parte del legislador local de brindar el marco de protección más amplio, lo cierto es que desde este primer acercamiento, es constitucionalmente inadmisible pues su valorización punitiva puede generar problemas en su aplicación, pues se trata de un término que no es claro, limitado e inequívoco, justamente porque las manifestaciones del plan de vida de una persona pueden ser ilimitadas y sería imposible recoger todas las posibles definiciones y alcances de este concepto en la vida de las personas. 120. Cuando se habla del “libre desarrollo de la personalidad” es importante tener en cuenta que se habla de un universo tan amplio, cuya inclusión normativa supone la posibilidad de su aplicación para una infinidad de casos que se alejan del centro de protección y se extienden a un espacio no contemplado por el legislador como una de las premisas para tipificar la conducta en comento. 121. Este concepto, al referirse a la totalidad de manifestaciones y decisiones individuales sobre la vida propia, pone a disposición de los operadores de procuración e impartición de justicia un catálogo indeterminado, vago e impreciso, que sólo puede generar confusiones en su reconocimiento y protección. No es posible desdoblar los alcances de un derecho humano y canalizarlos a través de un solo tipo penal, no sólo por la complejidad de la experiencia humana, sino también porque incluso no es el mecanismo más idóneo de protección para las víctimas que reconozca la complejidad y multiplicidad de las conductas ilícitas que pueden lesionarlos. 122. De los alcances de la expresión en cuestión, también se pone de relieve un segundo problema que aleja al concepto del respeto del principio de taxatividad, propio de su notable amplitud, y que consiste en que, si el libre desarrollo de la personalidad comprende todas las facetas de la autodeterminación de cada persona, luego entonces también incluye aquellas que están desagregadas de forma independiente en el tipo penal al que pertenece el elemento cuestionado por la accionante. necesario para ejercerla, pero tiene también una especial conexión con la realización de diversos bienes colectivos, como la democracia o la generación y transmisión del conocimiento, de aquí que se le reconozca un peso especial en las democracias constitucionales. Una forma de expresar la individualidad es mediante el uso de tatuajes, pues el uso de éstos en lugares visibles constituye un acto deliberado de expresión de su significado, que puede consistir en ideas, opiniones, convicciones, informaciones, etc. En este sentido, el uso de tatuajes está protegido, por regla general, por los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, por lo que no debe ser motivo para discriminar a sus portadores”. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 331, Registro digital: 2021265. 28 Tal como se advierte en la tesis jurisprudencial de la Primera Sala número 1a./J. 4/2019 (10a.), de rubro y texto siguientes: “DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA. La libertad ‘indefinida’ que es tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad complementa las otras libertades más específicas, tales como la libertad de conciencia o la libertad de expresión, puesto que su función es salvaguardar la ‘esfera personal’ que no se encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas. En este sentido, este derecho es especialmente importante frente a las nuevas amenazas a la libertad individual que se presentan en la actualidad. Ahora bien, la doctrina especializada señala que el libre desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna. Desde el punto de vista externo, el derecho da cobertura a una genérica ‘libertad de acción’ que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho protege una ‘esfera de privacidad’ del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal. Al respecto, si bien en un plano conceptual puede trazarse esta distinción entre los aspectos externos e internos, resulta complicado adscribir los casos de ejercicio de este derecho a una sola de estas dimensiones. Ello es así, porque las acciones que realizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal suponen la decisión de llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones sobre aspectos que en principio sólo incumben al individuo normalmente requieren de ciertas acciones para materializarlas. En todo caso, parece que se trata de una cuestión de énfasis. Así, mientras que hay situaciones en las que el aspecto más relevante de la autonomía personal se aprecia en la acción realizada, existen otras situaciones en las que el ejercicio de la autonomía se observa más claramente a través de la decisión adoptada por la persona”. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 491, Registro digital: 2019357. 64 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 123. Es decir, la inclusión del concepto libre desarrollo de la personalidad, necesariamente comprende lo propio de la orientación sexual, la identidad sexual y de género, así como las expresiones y manifestaciones sexo-genéricas, por ser inherentes del plan de vida de cada persona. Esto revela que respecto de estos tres ámbitos existe una doble calificación o doble consideración que se aleja de los requerimientos penales que fueron establecidos en el primer apartado de esta consideración, pues utiliza tanto el género como la especie para definir los elementos normativos, lo cual produce incertidumbre sobre cómo se debe tener por demostrada la afectación y la consecuente fundamentación precisa de cada acto propio del proceso penal. 124. De la mano de lo anterior, cualquier lesión a esos tres universos recién mencionados supone simultáneamente una afectación al bien jurídico en general (justamente por la incorrecta inclusión, en simultáneo y en el mismo nivel jurídico, tanto del género como de la especie). Esto no puede ser considerado como una bondad de la norma, sino un obstáculo para considerar a la norma como clara, limitada e inequívoca. 125. La inclusión de una expresión de tal magnitud y referida a un universo tan amplio que redunda sobre otros ámbitos ya considerados en la norma, es un obstáculo, más que una herramienta útil para los operadores de procuración e impartición de justicia, que necesariamente tendrían que acudir a otras fuentes y a establecer un sistema indeterminado de casuística para concluir si se trata o no de una afectación al libre desarrollo de la personalidad de aquellas que son de interés para el tipo penal en particular. 126. Lo anterior conduce a revelar otra problemática que enfatiza la amplia naturaleza del concepto en análisis, pues históricamente los ordenamientos criminales han contemplado amplios capítulos para definir las conductas que agravian tal bien jurídico protegido, entre los que tradicionalmente se han encontrado las agresiones sexuales, el acoso sexual, la trata de personas, la corrupción de menores, entre muchos otros de naturaleza análoga. Dicho esto, no podría considerarse que el concepto “libre desarrollo de la personalidad” se encuentre adecuadamente delimitado desde la perspectiva del principio de taxatividad, sobre todo porque se trata de un elemento cuya amplitud y ductilidad se encuentra en la cara opuesta de la lógica penal en la que deben definirse con claridad y especificidad los tipos penales para cada problemática en particular. 127. Si bien es cierto que en todos los casos los operadores de procuración e impartición de justicia están sujetos (en el diseño constitucional y legal) a realizar una valoración profesional y objetiva de los hechos y los elementos de prueba concomitantes para tomar una decisión en torno a si se cumplen a cabalidad todos los extremos de la norma, en este caso no existen límites ni fronteras claras sobre cómo contener un universo tan amplio y vago. 128. Esta última línea de razonamiento coloca de forma natural el último punto por el cual se considera que el concepto “libre desarrollo de la personalidad” no se ajusta con el parámetro constitucional de taxatividad en materia punitiva, consistente en el hecho de que su inclusión no responde ni a los fines por los cuales se creó la norma ni al ámbito de protección que se busca tutelar. 129. Esto es, si en términos de la exposición de motivos el origen del tipo penal es inhibir y, en su caso, sancionar el fenómeno social denominado “terapias de conversión”, es innecesario para lograr ese objetivo —incluso, problemático— incluir en el texto legal un elemento normativo ajeno al detonante de la política criminal que subyace al acto legislativo. 130. Por tanto, este Tribunal Pleno estima que este tramo argumentativo de la acción de inconstitucional es fundado, lo que lleva a declarar la invalidez del artículo 243 Ter 1, párrafo primero, exclusivamente en la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad,” del Código Penal del Estado de Yucatán. VI.3.2. Análisis de la porción “la pena señalada en el párrafo anterior se aumentará en una mitad más”, del artículo 243 Ter 1. 131. Finalmente, la Comisión accionante refiere que en el párrafo tercero se contempla una agravante del delito, la cual sanciona con una pena mayor a la persona que cometa el ilícito en agravio de menores de edad, “incapaces”, adultos mayores, sujetos privados de libertad o personas que no pudieran oponer resistencia a ser sometida a una terapia de conversión; no obstante, el problema que advierte en esta agravante, es que al referirse que la pena “señalada en el párrafo anterior” se aumentará en una mitad más, se genera confusión respecto al entendimiento de este párrafo. 132. En concreto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que este último párrafo admite dos interpretaciones distintas: Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 65 a. Una primera, consistente en que para sancionar a quienes cometen el delito en contra de personas en situación de vulnerabilidad es necesario que se aplique la agravante del párrafo segundo del artículo 243 Ter 1, con independencia de si el sujeto activo del delito es o no una de las personas contempladas en el referido párrafo segundo; y b. Una segunda interpretación, consistente en que para sancionar a quien cometa el delito en contra de personas en situación de vulnerabilidad es necesario que el sujeto activo del delito sea invariablemente una de las personas contempladas en el párrafo segundo, es decir, que se trate de la madre, padre, tutora, tutor, curador, parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, personas profesionales de la salud, psicólogo, psiquiatra o ministro de culto. En otras palabras, que para actualizar la agravante del párrafo tercero, sería necesario que el sujeto activo sea uno de los contemplados en el párrafo segundo y, simultáneamente, que el sujeto pasivo del delito sea una de las personas protegidas en el párrafo tercero. 133. Por tanto, al existir al menos dos posibles interpretaciones del sistema normativo, la Comisión accionante considera que no hay certeza sobre la pena que correspondería a este escenario ni sobre los elementos necesarios para acreditar los casos en los que el delito amerita una pena agravada; de ahí que sostiene que debe declararse inconstitucional la porción normativa “señalada en el párrafo anterior” prevista en el párrafo último del artículo 243 Ter 1, impugnado. 134. Como se puede advertir, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la norma impugnada está deficientemente redactada, de modo tal que los operadores jurídicos y las personas en general, no cuentan con bases claras y suficientes para conocer eficazmente cuáles son los elementos que actualizan las agravantes del delito relacionado con las “terapias de conversión”. Es decir, se acusa que la norma impugnada vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. 135. Al respecto, este Tribunal Pleno considera que el concepto de invalidez planteado es infundado, toda vez que la norma impugnada —aún cuando presentara una mala redacción— cuenta con los elementos necesarios para transmitir, con toda claridad y sin necesidad de acudir a alguna técnica de interpretación distinta a una lectura textual del enunciado jurídico, las conductas y los requisitos que actualizarían, en su caso, las agravantes del delito relacionado con las “terapias de conversión”. 136. En principio, debe recordarse que el principio de legalidad en materia penal exige que las normas que contienen tipos penales y sus sanciones sean respetuosas del principio de taxatividad. Es decir, que las conductas punibles y sus sanciones se encuentren descritas con toda claridad. 137. Además, de acuerdo con el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal29, en los juicios de orden penal está prohibido imponer penas por analogía y por mayoría de razón. Esto se traduce en un mandato constitucional para que el legislador penal establezca en ley, con toda claridad y precisión, las conductas penalmente reprochables y las sanciones correspondientes. 138. Por supuesto, también contiene una pauta hermenéutica puntual: tratándose de tipos penales y sus sanciones, los operadores jurídicos deben partir de una interpretación estricta del texto legal, sin que puedan realizar labores de interpretación o de integración más allá de la lectura textual o gramatical del enunciado jurídico. 139. Es importante señalar que el artículo 243 Ter 1, del Código Penal del Estado de Yucatán, constituye un sistema punitivo que guarda coherencia interna en todos sus elementos e, incluso, desde una lectura estrictamente textual y gramatical, se encuentra redactado con la claridad necesaria para entender la conducta criminal que se considera reprochable, así como la pena correspondiente y los elementos que actualizarían, en su caso, que se imponga una pena calificada. 140. Como se puede apreciar del propio artículo 243 Ter 1, del Código Penal del Estado de Yucatán y de la exposición de motivos del decreto por el que se adicionó ese precepto, el legislador estatal consideró necesario criminalizar las denominadas “terapias de conversión” mediante las cuales se ha estigmatizado y perseguido a las personas de la diversidad sexo-genérica y colectivos LGBTTTIQ al someterlas a supuestos tratamientos médicos en los que, incluso, se ha llegado al extremo de privar de la libertad y torturar a las personas con el supuesto objetivo de “corregir” la orientación sexual y la identidad de género. 29 “Artículo 14.- (…) En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. (…)”. 66 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 141. Para ese efecto, el legislador yucateco delineó el artículo 243 Ter 1, a partir de tres párrafos que deben ser leídos en forma literal y a través de un orden lógico secuencial. 142. Así, en el párrafo primero del artículo 243 Ter 1, del Código Penal del Estado de Yucatán se sanciona con una pena de prisión de uno a tres años y multa de cien hasta doscientos días de multa a aquella persona que imparta, obligue, permita, consienta o aplique sobre una persona las denominadas “terapias de conversión”, que la propia norma penal entiende como aquellas terapias, métodos, tratamientos o actos tendientes a anular, obstaculizar, modificar, menoscabar o reprimir el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión o manifestación de género de la víctima mediante violencia física, moral o psicoemocional que atenten contra la dignidad humana, aunque no cause daño físico o angustia psicológica. 143. Este es el tipo penal básico y, salvo el alegato de violación al principio de taxatividad que se analizó en el sub-apartado anterior con relación a la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad,” el resto de la norma no fue cuestionada y no presenta problema alguno. 144. En este párrafo primero se delimitan los elementos de la conducta delictiva y la sanción que deberá ser impuesta en caso de actualizar el tipo penal básico de “terapias de conversión”. Al tratarse del tipo penal básico, en él se establecen las conductas genéricas que se consideran penalmente reprochables, de manera que el sujeto activo del delito lo será cualquier persona que incurra en las conductas señaladas en la norma. 145. En complemento al tipo básico, el legislador estatal consideró que existen dos supuestos en los que el reproche penal debe ser mayor. Para ese efecto, en el artículo 243 Ter 1, se incluyeron dos párrafos adicionales que contienen dos agravantes del delito relacionado con las “terapias de conversión”: una atendiendo a las especificidades del sujeto activo del delito y la otra vinculada con las características de especial vulnerabilidad de las víctimas de este delito. 146. De este modo, en el párrafo segundo del artículo 243 Ter 1 se establece que la pena básica se aumentará al doble, en los casos en los que el delito hubiera sido cometido por la madre, padre, tutora o tutor, curador, parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra o ministro de culto. 147. El texto legal del párrafo segundo es claro y no presenta mayor problema: se trata de una agravante del tipo penal básico, en el que atiende a la calidad del sujeto activo del delito. En este sentido, cuando se trata de sujetos calificados los que cometen el delito, la pena se aumentará al doble de la prevista del tipo penal básico —en el caso, sería una pena de dos a seis años de prisión—. 148. Mientras que en el párrafo último del artículo 243 Ter 1, se contempla una agravante del tipo penal básico que atiende a la especial situación de vulneración que puede presentar la víctima cuando la conducta se hubiera cometido en contra de personas menores de edad, “incapaces”, adultos mayores, sujetos privados de libertad o, en general, contra personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse. 149. En esta agravante prevista en el párrafo último del artículo 243 Ter 1, se especifica que en esos supuestos, “la pena señalada en el párrafo anterior se aumentará en una mitad más”. 150. A juicio de este Tribunal Constitucional, la norma es clara y no admite posibles interpretaciones ni amerita de técnica de integración alguna —como lo cuestiona la Comisión Nacional de los Derechos Humanos—. 151. Por el contrario, una lectura textual del enunciado normativo es suficiente para entender, con toda claridad, que los elementos del tipo agravado se encuentran perfectamente descritos en el párrafo último del artículo 243 Ter 1, y que es, precisamente, en este último párrafo en el que se establece que la pena que se debería imponer a quien cometa el delito en contra de las personas en situación de vulnerabilidad a las que se alude en este párrafo último, será una pena calificada que consiste en aumentar en una mitad más la pena señalada en el párrafo anterior. 152. Es importante precisar que cuando en el último párrafo se refiere que “la pena señalada en el párrafo anterior se aumentará en una mitad más”, eso no significa que para actualizar este tipo penal agravado, sea necesario acreditar simultáneamente los elementos de la diversa agravante descritas en el párrafo segundo (en las que se exige un sujeto activo calificado) y los elementos de la agravante del párrafo último (en las que se impone una pena calificada cuando el delito sea en contra de víctimas en situación de vulnerabilidad). Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 67 153. Se insiste, una lectura estrictamente textual del sistema punitivo en comento sólo podría llevar a sostener que el artículo 243 Ter 1 contempla tres supuestos distintos que no se traslapan entre sí, sino que se complementan en forma independiente. 154. De este modo, el párrafo primero prevé un tipo penal básico con una pena de uno a tres años de prisión; mientras que en el párrafo segundo se contempla un tipo penal agravado para el que se establece una pena de prisión del doble de la pena genérica, de manera que podría imponerse una pena privativa de libertad de dos a seis años; y en el párrafo último se presenta una agravante distinta para la cual se enlistan en forma de numerus clausus (como un catálogo cerrado) cuáles son los supuestos penales que configuran la agravante del último párrafo. 155. En este sentido, este Tribunal Constitucional no podría interpretar el texto penal para complicar o endurecer los elementos del tipo penal agravado de modo tal que resultara más difícil o imposible actualizar los casos en los que el Estado debe sancionar penalmente a quien comete un ilícito penal —mucho menos en detrimento de las víctimas—. 156. Esto conduce, invariablemente, a sostener que cuando en el párrafo último del artículo 243 Ter 1 se refiere que si la conducta se lleva a cabo en “agravio de menores de edad, incapaces, adultos mayores, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena señalada en el párrafo anterior [párrafo segundo] se aumentará en una mitad más”, es evidente que únicamente hace una remisión al monto de la pena del párrafo segundo (de dos a seis años de prisión) con la finalidad de tomar esa pena como base de referencia para el cálculo de la pena que se impondrá en caso de actualizarse la agravante del párrafo tercero. 157. Adicionalmente, es importante aclarar que esa referencia al párrafo segundo se hace exclusivamente para establecer la base de la pena sobre la que se calculará la sanción agravada del párrafo último, sin que pueda interpretarse que para acreditar esa agravante, sea necesario que se cumplan, también y simultáneamente, los elementos del tipo penal agravado del párrafo segundo. 158. De esta manera, los párrafos segundo y último, del artículo 243 Ter 1, contienen dos calificativas del delito relacionado con las “terapias de conversión” que son distintos e independientes. 159. Así, para que una persona se encuentre incursa en el supuesto del tipo penal agravado, es necesario que se actualicen los siguientes elementos: a. Que una persona cometa la conducta delictiva, es decir, que imparta, obligue, permita, consienta o aplique sobre una persona terapia, método, tratamiento o actos tendientes a anular, obstaculizar, modificar, menoscabar o reprimir la orientación sexual, identidad sexual, expresión o manifestación de género de la víctima mediante violencia física, moral o psicoemocional que atenten contra la dignidad humana, aunque no cause daño físico o angustia psicológica; y b. Que la persona que cometió la conducta anterior lo haya hecho en agravio de menores de edad, incapaces, adultos mayores, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse. c. Cumpliendo los elementos anteriores, para el cálculo de la pena de prisión, los operadores jurídicos competentes deberán tomar como base de referencia la pena contemplada para el supuesto del párrafo segundo (que establece límites de prisión de dos a seis años), de modo tal que, cuando el delito se cometa en agravio de víctimas con especial situación de vulnerabilidad, la pena aumente hasta en una mitad más, lo que trae como resultado que puedan imponerse penas calificadas de un mínimo de tres y un máximo de nueve años de prisión). d. Se insiste, la actualización de la agravante prevista en el párrafo último (cuando la víctima sea una de las personas en situación de vulnerabilidad), es irrelevante para la imposición de la sanción, si el sujeto activo del delito coincide o no con el listado de personas contempladas en el párrafo segundo (en el que se sanciona en forma calificada cuando el victimario sea madre, padre, tutora o tutor, curador, parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra o ministro de culto). 160. Explicado lo anterior, este Tribunal Pleno no advierte que el artículo 243 Ter 1, párrafo último, presente el vicio de inconstitucionalidad acusado. Asimismo, la lectura textual de la norma impugnada permite advertir que la agravante del tipo penal cumple con el mandato de taxatividad en materia punitiva y, por tanto, no es posible advertir que lo hecho por el legislador fuera inconstitucional, máxime que esto sólo operaría en perjuicio de los fines penales y de la debida reparación integral de las posibles víctimas en favor de las cuales se configuró esta agravante: menores de edad, incapaces, adultos mayores, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse. 68 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 161. Por tanto, es infundado este concepto de invalidez. VII. EFECTOS. 162. El artículo 73, en relación con los diversos 41, 43, 44 y 45 de la Ley Reglamentaria de la materia, señalan que las sentencias deben contener los alcances y efectos de éstas, así como fijar con precisión los órganos obligados a cumplirla, las normas generales respecto de las cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Además, se debe fijar la fecha a partir de la cual la sentencia producirá sus efectos. VII. 1. Declaratoria de invalidez: En atención a las consideraciones desarrolladas en el apartado precedente, se declara la invalidez del artículo 243 Ter 1, párrafo primero, exclusivamente en la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad,” del Código Penal del Estado de Yucatán, adicionado mediante Decreto 667/2023 publicado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de esa entidad federativa. VII.2. Fecha a partir de la cual surtirá efectos la declaratoria general de invalidez: Conforme a lo dispuesto por el artículo 45, párrafo primero, de la ley Reglamentaria, esta resolución y la declaratoria de invalidez surtirán sus efectos retroactivos al nueve de septiembre de dos mil veintitrés en que entró en vigor la norma impugnada, a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Yucatán. VII.3. Notificaciones: Finalmente, para el eficaz cumplimiento de esta sentencia, además del Congreso del Estado de Yucatán y las Partes, también deberá notificarse al Poder Ejecutivo local, al Tribunal Superior de Justicia del Estado y a la Fiscalía General de esa entidad federativa, a los Tribunales Colegiado en Materia Penal y de Apelación del Décimo Cuarto Circuito, al Centro de Justicia Penal Federal y a los Juzgados de Distrito del Estado de Yucatán. VIII. DECISIÓN. Por lo antes expuesto y fundado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve: PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 243 Ter 1, párrafo último, en sus porciones normativas ‘incapaces’ y ‘señalada en el párrafo anterior’, del Código Penal del Estado de Yucatán, adicionado mediante el Decreto 667/2023, publicado en el Diario Oficial de dicha entidad federativa el ocho de septiembre de dos mil veintitrés. TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 243 Ter 1, párrafo primero, en su porción normativa ‘el libre desarrollo de la personalidad’, del referido Código Penal del Estado de Yucatán. CUARTO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá efectos retroactivos al nueve de septiembre de dos mil veintitrés, a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Yucatán, en los términos precisados en el apartado VII de esta determinación. QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Notifíquese mediante oficio a las partes, así como al Poder Ejecutivo, Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General, todos del Estado de Yucatán, a los Tribunales Colegiado en Materia Penal y de Apelación del Décimo Cuarto Circuito, al Centro de Justicia Penal Federal y a los Juzgados de Distrito del Estado de Yucatán y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: En relación con el punto resolutivo primero: Se aprobó por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz, respecto de los apartados del I al V relativos, respectivamente, a la competencia, precisión de la norma reclamada, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia y sobreseimiento. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 69 En relación con el punto resolutivo segundo: Se aprobó por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su tema 1, denominado “Consideraciones metodológicas”. Se aprobó por mayoría de cinco votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su tema 2, denominado “Alegada violación de los derechos de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad”, consistente en reconocer la validez del artículo 243 Ter 1, párrafo último, en su porción normativa ‘incapaces’, del Código Penal del Estado de Yucatán. Las personas Ministras Batres Guadarrama, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz votaron en contra. Sometida a votación la propuesta del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su tema 3, denominado “Violación de los principios de seguridad jurídica y legalidad en su vertiente de taxatividad”, en su parte 2, consistente en reconocer la validez del artículo 243 Ter 1, párrafo último, en su porción normativa ‘señalada en el párrafo anterior’, del Código Penal del Estado de Yucatán, se aprobó por mayoría de ocho votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía y Guerrero García. El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz votó parcialmente a favor. En relación con el punto resolutivo tercero: Se aprobó por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf con consideraciones adicionales, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su tema 3, denominado “Violación de los principios de seguridad jurídica y legalidad en su vertiente de taxatividad”, en su parte 1, consistente en declarar la invalidez del artículo 243 Ter 1, párrafo primero, en su porción normativa ‘el libre desarrollo de la personalidad’, del Código Penal del Estado de Yucatán. El señor Ministro Guerrero García anunció voto concurrente genérico. En relación con el punto resolutivo cuarto: Se aprobó por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz, respecto del apartado VII, relativo a los efectos, consistente en 1) determinar que la declaratoria de invalidez decretada surta efectos retroactivos al nueve de septiembre de dos mil veintitrés, a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Yucatán y 2) determinar que, para el eficaz cumplimiento de esta sentencia, también deberá notificarse a diversas autoridades locales y federales. En relación con el punto resolutivo quinto: Se aprobó por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz. El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos. Firman el señor Ministro Presidente y la señora Ministra Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Presidente, Ministro Hugo Aguilar Ortiz.- Firmado electrónicamente.- Ponente, Ministra Yasmín Esquivel Mossa.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente. EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de treinta y dos fojas útiles, en las que se cuenta esta certificación, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente de la sentencia emitida en la acción de inconstitucionalidad 203/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del treinta de septiembre de dos mil veinticinco. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a tres de diciembre de dos mil veinticinco.- Rúbrica. 70 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 El objetivo del presente voto es expresar las razones por las cuales, de manera respetuosa, considero que el término de “personas con discapacidad” es el más adecuado para referirse a este grupo cuando se pretende proteger y garantizar sus derechos. A mi parecer, el uso de otros términos que sugieren que estas personas no pueden tomar decisiones sobre sí mismas o sobre su propia vida es profundamente estigmatizante, porque impone una presunción de inferioridad biológica o fisiológica sobre ellas. PRIMERO. Razones que me llevaron a votar en contra de validar el término “incapaces”. En la presente acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Pleno determinó validar el término “incapaces” 2, bajo el argumento de que su invalidez podría generar un mayor perjuicio a las personas con discapacidad, al impedir que se impusiera la agravante a quien las sometiera a alguna terapia de conversión. Si bien coincido en que este vacío normativo podría colocarlas en desprotección, considero que la solución más armónica era invalidar esta porción normativa, pero vincular al Legislatura local de Yucatán para que subsanara esta deficiencia en un plazo de doce meses e incluyera un término acorde al modelo social de discapacidad. Como lo señalé durante la sesión en la que se discutió este asunto, esta previsión normativa contraviene el artículo 8° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad respecto de este grupo, luchar contra los estereotipos y prejuicios nocivos que persisten en todos los ámbitos, y promover la toma de conciencia sobre sus capacidades y aportaciones. En el mismo sentido, el Comité de Expertos de la Convención ha sido particularmente enfático en que es necesario expulsar términos como “incapacidad” o “incapaces” de las leyes estatales. Este tipo de lenguaje no sólo es incompatible con el enfoque de derechos humanos que la Convención promueve, sino que también refuerza visiones paternalistas que sustituyen la voluntad y la autonomía de las personas con discapacidad, en clara contravención del artículo 12 de este mismo instrumento normativo. Por ello, si bien coincido en que la norma impugnada pretende proteger de forma reforzada a las personas con discapacidad al reconocer que la vulneración a sus derechos puede agravarse con la imposición de las terapias de conversión. Esto en virtud de que sus posibilidades de resistencia o defensa se ven significativamente reducidas, pues con frecuencia dependen precisamente de quienes las someten a estas prácticas para la toma de decisiones sobre su vida y su cuerpo. Me parece inaceptable que este tipo de expresiones sigan existiendo en las leyes estatales, porque desconocen que las personas con discapacidad son autónomas y plenamente capaces de tomar las decisiones que consideren mejores para ellas mismas, siempre que cuenten con los ajustes y apoyos necesarios para ejercer sus derechos. SEGUNDO. Conclusión. El lenguaje construye la realidad y tiene un gran potencial simbólico. La selección de las palabras no es una mera decisión semántica, ya que influye en el modo en que las personas perciben el mundo, contribuye a reforzar o desarticular relaciones de poder y de dominación, así como a reproducir o eliminar estereotipos y prejuicios de raza, clase, género, edad y discapacidad. Por ello, como tribunal constitucional tenemos la obligación de eliminar de nuestras leyes cualquier expresión que mantenga una visión asistencialista o paternalista sobre las personas con discapacidad y de impulsar un lenguaje jurídico que respete su autonomía y su capacidad para tomar decisiones por sí mismas. Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente. EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de dos fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente del voto concurrente que formula el señor Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, en relación con la sentencia del treinta de septiembre de dos mil veinticinco, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 203/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a tres de diciembre de dos mil veinticinco.- Rúbrica. 1 En relación con la acción de inconstitucionalidad 203/2023. 2 Artículo 243 Ter 1. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión y de cien hasta doscientos días multa a quien imparta, obligue, permita, consienta o aplique sobre una persona terapia, método, tratamiento o actos tendientes a anular, obstaculizar, modificar, menoscabar o reprimir el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión o manifestación de género de la víctima mediante violencia física, moral o psicoemocional que atenten contra la dignidad humana, aunque no cause daño físico o angustia psicológica. (…) Si la conducta se lleva a cabo en agravio de menores de edad, incapaces, adultos mayores, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena señalada en el párrafo anterior se aumentará en una mitad más. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 71 BANCO DE MEXICO TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- ''2025, Año de la Mujer Indígena''. TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.0012 M.N. (dieciocho pesos con doce diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país. Atentamente, Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2025.- BANCO DE MÉXICO: Gerente de Operaciones Nacionales, Lic. José Andrés Jiménez Guerra.- Rúbrica.- Gerente de Disposiciones de Banca Central, Lic. Luis Manuel Rivas Gómez.- Rúbrica.- Gerente de Análisis de Mercados Nacionales, Lic. Dafne Ramos Ruiz.- Rúbrica.- Subgerente de Instrumentación de Operaciones Internacionales, Lic. Luis Murray Arriaga.- Rúbrica. TASAS de interés interbancarias de equilibrio. Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- "2025, Año de la Mujer Indígena". TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIAS DE EQUILIBRIO El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o y 10 del Reglamento Interior del Banco de México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio en moneda nacional (TIIE) a plazo de 28 días obtenida el día de hoy, fue de 7.3790%; a plazo de 91 días obtenida el día de hoy, fue de 7.4237%; y a plazo de 182 días obtenida el día de hoy, fue de 7.4890%. Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2025.- BANCO DE MÉXICO: Gerente de Disposiciones de Banca Central, Lic. Luis Manuel Rivas Gómez.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Nacionales, Lic. José Andrés Jiménez Guerra.- Rúbrica.- Subgerente de Instrumentación de Operaciones Internacionales, Lic. Luis Murray Arriaga.- Rúbrica.- Gerente de Análisis de Mercados Nacionales, Lic. Dafne Ramos Ruiz.- Rúbrica. TASA de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario. Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- "2025, Año de la Mujer Indígena". TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO DE FONDEO A UN DÍA HÁBIL BANCARIO El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o y 10 del Reglamento Interior del Banco de México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo a un día hábil bancario en moneda nacional determinada el día de hoy, fue de 7.12 por ciento. Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2025.- BANCO DE MÉXICO: Gerente de Disposiciones de Banca Central, Lic. Luis Manuel Rivas Gómez.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Nacionales, Lic. José Andrés Jiménez Guerra.- Rúbrica.- Subgerente de Instrumentación de Operaciones Internacionales, Lic. Luis Murray Arriaga.- Rúbrica.- Gerente de Análisis de Mercados Nacionales, Lic. Dafne Ramos Ruiz.- Rúbrica. 72 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se atienden los oficios PJF/OAJ/P/033/2025, DGPL-1P2A.-3391 y DGPL-1P2A.-3618, emitidos por el Órgano de Administración Judicial y la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, respectivamente, relacionados con las personas del mismo género que obtuvieron los segundos lugares en número de votos en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, para ocupar diversos cargos vacantes generados posterior a la conclusión del referido proceso electivo. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG1426/2025. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE ATIENDEN LOS OFICIOS PJF/OAJ/P/033/2025, DGPL-1P2A.-3391 Y DGPL-1P2A.-3618, EMITIDOS POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, RESPECTIVAMENTE, RELACIONADOS CON LAS PERSONAS DEL MISMO GÉNERO QUE OBTUVIERON LOS SEGUNDOS LUGARES EN NÚMERO DE VOTOS EN EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2024-2025, PARA OCUPAR DIVERSOS CARGOS VACANTES GENERADOS POSTERIOR A LA CONCLUSIÓN DEL REFERIDO PROCESO ELECTIVO GLOSARIO Consejo General/CG Consejo General del Instituto Nacional Electoral Constitución/CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CJE Circuito Judicial Electoral DJE Distrito Judicial Electoral DOF Diario Oficial de la Federación Instituto/INE Instituto Nacional Electoral LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales LOPJF Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación OAJ Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación PEEPJF 2024-2025 Proceso Electoral Extraordinario para la elección de los diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 PJF Poder Judicial de la Federación SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ANTECEDENTES I. Decreto de Reforma Constitucional del PJF. El 15 de septiembre de 2024, se publicó en el DOF el Decreto que modificó la CPEUM, en materia de elección del PJF; cuya entrada en vigor fue al día siguiente de la publicación. Dicha reforma se centró en que todas las personas juzgadoras del país se elijan por el voto de la ciudadanía. II. Reforma y adición al reglamento de sesiones del Consejo General. El 19 de septiembre de 2024, en sesión extraordinaria del Consejo General fue aprobado el Acuerdo INE/CG2239/2024, por el que se reformó y adicionó su reglamento de sesiones, toda vez que el artículo segundo transitorio del Decreto aludido en el antecedente anterior estableció que las consejerías del Poder Legislativo y las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General, no podrían participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas con el PEEPJF 2024-2025. III. Reforma a la LGIPE. El 14 de octubre de 2024, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la LGIPE, en materia de elección de personas juzgadoras del PJF, el cual entró en vigor el 15 de octubre del mismo año. Entre las modificaciones destaca la incorporación del Libro Noveno, en el que se establecen los lineamientos relativos a la organización, los requisitos y los procedimientos que deberán observarse en la selección e integración de los miembros del Poder Judicial, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, asignando además competencias específicas al INE para la supervisión de estos procesos. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 73 IV. Acuerdo INE/CG65/2025, por el que se aprueban criterios de paridad. En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 10 de febrero de 2025, mediante el referido acuerdo, se determinaron los criterios para garantizar el principio constitucional de paridad de género en el PEEPJF 2024-2025. V. Criterio 8 de 8. En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 24 de abril de 2025, a través del Acuerdo INE/CG382/2025, se aprobó el procedimiento a seguir para constatar que las personas candidatas a cargos en el PEEPJF 2024-2025, no hayan incurrido en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 38, fracciones V, VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o del artículo 442 bis, en relación con el 456, numeral 1, inciso c), fracción III de la LGIPE. VI. Revisión a requisitos de elegibilidad. Mediante Acuerdo INE/CG392/2025, este Consejo General emitió respuesta a los Presidentes de las Mesas Directivas de las Cámara de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, en relación con la solicitud de cancelación de candidaturas de personas postuladas para ocupar un cargo en el PEEPJF 2024-2025, en la cual, se determinó que, a partir de su publicación del citado Acuerdo, cualquier persona podría presentar información relacionada con el presunto incumplimiento de algún requisito de elegibilidad de las personas candidatas registradas en el referido proceso electivo, además se estableció el mecanismo para la recepción de dichos señalamientos, los cuales debían realizarse por escrito o vía correo electrónico ante las oficinas del Instituto o sus órganos desconcentrados, acompañando la documentación o información que acredite de manera fehaciente el presunto incumplimiento. En caso de no contar con pruebas documentales, se podría indicar la autoridad competente ante la cual formular el requerimiento correspondiente. VII. Jornada electoral. Con fecha 01 de junio de 2025, se llevó a cabo la jornada electoral, para la elección de diversos cargos, entre ellos, el de Magistradas y Magistrados de Circuito. VIII. Cómputos distritales. Con fecha 01 de junio de 2025, en punto de las 18:00 horas, dio inicio la sesión permanente de cómputos distritales para la elección de diversos cargos, entre ellos, el de Magistradas y Magistrados de Circuito. IX. Solicitud de sumatoria total de votos y listados definitivos. Mediante oficio INE/DEAJ/13075/2025 de fecha 11 de junio de 2025, fue solicitado a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la sumatoria total de votos de la elección, así como los listados definitivos de candidaturas que resultaron electas en el marco del PEEPJF 2024-2025. X. Cómputos de entidad federativa. Con fecha 12 de junio de 2025, dio inicio el proceso de cómputo de la votación obtenida en los 32 Consejos Locales de este Instituto, entre ellos los de Magistradas y Magistrados de Circuito. XI. Resultados de los cómputos finales realizado por la DEOE. Mediante correo electrónico recibido el 15 de junio de 2025 a la 13:21 horas, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos el desglose total de los cómputos nacionales, total de los votos no computados, el resultado de restar los votos no computados al total de los cómputos nacionales, así como los listados definitivos de candidaturas que resultaron electas en el marco del PEEPJF 2024-2025. XII. Sumatoria Nacional, asignación, declaración de validez y entrega de constancias de mayoría a las candidaturas a magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito. El 15 de junio en sesión extraordinaria permanente de este Consejo General y reanudada el 26 de junio siguiente se aprobó el INE/CG571/2025, por el que se emitió la sumatoria nacional de la elección de mérito y se realizó la asignación a las personas que obtuvieron el mayor número de votos en forma paritaria. Mientras que el diverso acuerdo INE/CG572/2025, declaró la validez y entrega de constancias a las candidaturas ganadoras. XIII. Sumatoria Nacional, asignación, declaración de validez y entrega de constancias de mayoría a las candidaturas a juezas y jueces de juzgados de Distrito. El 15 de junio en sesión extraordinaria permanente de este Consejo General y reanudada el 26 de junio siguiente se aprobó el INE/CG573/2025, por el que se emitió la sumatoria nacional de la elección de mérito y se realizó la asignación a las personas que obtuvieron el mayor número de votos en forma paritaria. Mientras que el diverso acuerdo INE/CG574/2025, declaró la validez y entrega de constancias a las candidaturas ganadoras. 74 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 XIV. Aprobación de Acuerdo INE/CG1008/2025. Con fecha 18 de agosto de 2025, en sesión extraordinaria de este Consejo General, se dio cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF, recaída en el expediente SUP-JDC-2326/2025, derivado de la consulta presentada por Mónica Calles Miramontes, inherente a una serie de cuestionamientos cuyo punto medular radicó en el mecanismo para ocupar las vacancias previstas en el artículo 98 de la CPEUM. XV. Medios de impugnación relacionados con la sumatoria nacional y declaración de validez de la elección, y resolución de la Sala Superior del TEPJF. Diversas personas que ostentaron el carácter de candidaturas para los cargos de Magistraturas de Circuito, así como de Juezas y Jueces de Distrito, presentaron sendos medios de impugnación a fin de controvertir la asignación de cargos, declaratoria de validez de la elección y la entrega de constancias referidas. De manera que, entre el 31 de julio y el 28 de agosto del 2025, se resolvieron diversos Juicios de Inconformidad, en los que se resolvió revocar los acuerdos impugnados y ordenar entregar las constancias respectivas. En ese sentido, este Consejo General emitió sendos acuerdos de cumplimiento, mismos que fueron aprobados los días 18, 28 y 31 de agosto de 2025, al tenor siguiente: Tipo de cargo Temática Acuerdo aprobado Magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito Promedio general de ocho puntos o su equivalente INE/CG1005/2025 Promedio de nueve puntos o su equivalente de especialidad INE/CG1004/2025 Aplicación del principio constitucional de paridad de género INE/CG1006/2025 Votación inviable recibida en una casilla INE/CG1007/2025 Promedio de ocho puntos o su equivalente INE/CG1113/2025 Promedio de nueve puntos o su equivalente de especialidad INE/CG1114/2025 Aplicación del principio constitucional de paridad de género INE/CG1115/2025 Promedio de nueve puntos o su equivalente de especialidad INE/CG1139/2025 Aplicación del principio constitucional de paridad de género INE/CG1140/2025 Votación inviable recibida en casilla y nulidad en varias casillas INE/CG1141/2025 Juezas y Jueces de Distrito Promedio de nueve puntos o su equivalente de especialidad INE/CG1001/2025 Promedio general de ocho puntos o su equivalente INE/CG1002/2025 Aplicación del principio constitucional de paridad de género INE/CG1003/2025 Promedio de ocho puntos o su equivalente INE/CG1116/2025 Promedio de nueve puntos o su equivalente de especialidad INE/CG1117/2025 Aplicación del principio constitucional de paridad de género INE/CG1118/2025 Votación inviable recibida en una casilla INE/CG1019/2025 Aplicación del principio constitucional de paridad de género INE/CG1142/2025 Con lo anterior, se tuvieron por concluidos los trabajos de este Instituto en su ejercicio de autoridad administrativa electoral, en el marco del PEEPJF 2024-2025. XVI. Toma de protesta de candidaturas electas. El 1º de septiembre de 2025, se llevó a cabo la sesión solemne de la Cámara de Senadores para la toma de protesta a las personas electas en el marco del PEEPJF 2024-2025. XVII. Emisión de acuerdo AG-POAJ-008/2025. Con fecha 12 de septiembre de 2025, fue emitido el Acuerdo General referido, del Pleno del OAJ por el que se adscriben a las personas electas en el PEEPJF 2024-2025, asimismo, se comisionan, reubican y readscriben, a personas funcionarias de los Órganos Jurisdiccionales, se designan y, en su caso, prorrogan a personas secretarias en funciones de Personas Juzgadoras. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 75 En ese sentido, el punto de Acuerdo cuarto señala expresamente, lo siguiente: “[…] Cuarto. Comisiona a 12 personas magistradas electas que integrarán los Plenos Regionales; consecuentemente designa a las personas secretarias habilitadas para realizar funciones jurisdiccionales, hasta en tanto las personas magistradas electas que obtuvieron el segundo lugar de la votación ocupen sus lugares. Se instruye dar vista al Instituto Nacional Electoral, para los efectos conducentes, respecto de las vacancias que se generaron. […]” Dicho Acuerdo fue publicado en el DOF el 14 de septiembre de 2025. XVIII. Recepción de oficio No. PJF/OAJ/P/033/2025. El 24 de septiembre de 2025, el OAJ a través del oficio de cuenta solicitó a este Consejo General extender las constancias respectivas a las personas que hayan obtenido los segundos lugares en votación respecto de las vacantes generadas por las magistraturas que fueron comisionadas a los Plenos Regionales, y una vez hecho lo anterior, informar al Senado de la República a efecto de que rindan la protesta constitucional. XIX. Recepción de oficio No. DGPL-1P2A.-3391. Con fecha 11 de noviembre de 2025, fue recibido ante la oficialía de partes común de este Instituto el oficio de cuenta, mismo que es dirigido a la Consejera Presidenta de este Consejo General, y signado por la Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, Presidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo Federal. Mediante dicha comunicación, se da cuenta de la recepción del diverso oficio PJF/OAJ/P/047/2025 mediante el cual, el Presidente del OAJ informó sobre la aprobación y publicación en el DOF del diverso acuerdo descrito en el antecedente XVI, del presente instrumento, y solicita se informe a esa Cámara Alta quienes serán las 12 personas del mismos género que hayan obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección de los cargos que quedaron vacantes, mismas que serán convocadas a efecto de que rindan su protesta constitucional ante el Senado de la República. XX. Oficio INE/SE/3570/2025. El 21 de noviembre de 2025, la Secretaría Ejecutiva informó a la Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, la recepción de diversos escritos de personas que fueron candidatas en el PEEPJF 2024-2025, donde piden la expedición de constancias que acrediten su segundo lugar de votación y, en su caso, la definición sobre un posible derecho a cubrir vacantes, para tales efectos, se solicitó a esa Cámara Alta que se analizara la procedencia para que el Consejo General del INE entregue las constancias de segundos lugares, como ganadores del cargo electivo requerido por cada persona candidata referida. XXI. Oficio número LXVI/DGAJ/1295/2025. El 26 de noviembre de 2025, el Mtro. Luis Genaro Vásquez Rodríguez, Director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores, informó que, por instrucciones de Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República y en atención al Oficio INE/SE/3570/2025, este Consejo General, deberá informar los resultados de la elección judicial, sobre la persona del mismo género que obtuvo el segundo lugar de conformidad con el artículo 98 de la CPEUM. XXII. Oficio INE/SE/3571/2025. El 21 de noviembre de 2025, la Secretaría Ejecutiva informó al Mtro. Néstor Vargas Solano Presidente del OAJ la recepción de diversos escritos de personas que fueron candidatas en el PEEPJF 2024-2025, donde piden la expedición de constancias que acrediten su segundo lugar de votación y, en su caso, la definición sobre un posible derecho a cubrir vacantes, para tales efectos, se solicitó a ese Órgano la determinación institucional respecto de la procedencia de dichas peticiones así como analizar la procedencia para que el Consejo General del INE entregue las constancias de segundos lugares, como ganadores del cargo electivo requerido por cada persona candidata enunciada. Del oficio descrito, a la fecha de la aprobación del presente acuerdo, no se cuenta con respuesta por parte del OAJ. 76 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 XXIII. Recepción de oficio No. DGPL-1P2A.-3618. Con fecha 21 de noviembre de 2025, fue recibido ante la oficialía de partes común de este Instituto el oficio de cuenta, mismo que es dirigido a la Consejera Presidenta de este Consejo General, y signado por la Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, Presidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo Federal. Mediante dicha comunicación, se da cuenta de que en sesión plenaria del Senado de la República celebrada en esa misma fecha, se aprobó el dictamen de la Comisión de Justicia con punto de acuerdo en relación con la renuncia del C. Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, como Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande. Por lo que solicita le sea informado quién es la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección del cargo que quedó vacante, así como la copia de la constancia de asignación que ese Instituto Nacional Electoral expida en favor de la persona juzgadora que se trate, la cual será convocada a efecto de que rinda su protesta constitucional correspondiente ante el Senado de la República para desempeñarse por el periodo que resta al encargo. CONSIDERACIONES Primero. Competencia De conformidad con los artículos 44, numeral 1 incisos gg) y jj); 504, numeral 1, fracciones XVI, 533, numeral 2, y 534, numeral 1 de la LGIPE; 5, numeral 1, inciso y) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, este Consejo General es competente para atender los oficios PJF/OAJ/P/033/2025, DGPL-1P2A.-3391 y DGPL-1P2A.-3618, emitidos por el OAJ y la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, respectivamente, relacionados con las personas del mismo género que obtuvieron los segundos lugares en número de votos en el PEEPJF 2024-2025, para ocupar diversos cargos vacantes generados posterior a la conclusión del referido proceso electivo. Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación Marco normativo general 1. Función estatal, naturaleza jurídica y principios rectores del INE. El artículo 41, párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, así como Apartado B, inciso a) de la CPEUM en correlación con los artículos 29, 30, numeral 2, y 31, numeral 1, de la LGIPE, establecen que el Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y la ciudadanía, en los términos que ordene la Ley; que tiene facultades y atribuciones en los procesos electorales federales y en los locales, máxime cuando estos son concurrentes. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con perspectiva de género. Es la autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 2. Fines del Instituto. El artículo 30, numeral 1,incisos a), c), d), e), f) y h) de la LGIPE establece como fines del INE, contribuir al desarrollo de la vida democrática; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos electorales locales; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 3. Naturaleza del Consejo General. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, numeral 1, inciso a) y 35, numeral 1 de la LGIPE, así como 4 numeral 1, fracción I, apartado A, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, se considera que el CG, es el órgano superior de dirección y uno de los Órganos Centrales del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del INE y que en su desempeño aplicará la perspectiva de género. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 77 4. Integración del Consejo General. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafo segundo de la CPEUM y 36, numeral 1 de la LGIPE, el CG será su órgano superior de dirección y se integrará por una consejera o consejero Presidente, diez consejeras y/o consejeros electorales, las consejeras y/o consejeros del Poder Legislativo, las personas representantes de los partidos políticos y una o un Secretario Ejecutivo. No obstante, lo anterior, el artículo transitorio segundo, párrafo quinto de la reforma constitucional en materia del PJF publicada en el DOF el 15 de septiembre de 2024, estableció que las y los consejeros del Poder Legislativo y las y los representantes de los partidos políticos ante este CG no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas al PEEPJF 2024-2025. Por lo que, mediante Acuerdo INE/CG2239/2024, se reformó y adicionó en el Reglamento de Sesiones en el artículo 4, numeral 1, tercer párrafo donde se estableció que exclusivamente en las sesiones extraordinarias y extraordinarias urgentes que se celebren para tratar asuntos relacionados con los procesos para renovar cargos del PJF, el CG se integrará únicamente por una Presidencia, diez Consejerías Electorales, con derecho de voz y voto, y una Secretaría Ejecutiva, con derecho de voz. 5. Atribuciones del Consejo General. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, numeral 1 incisos gg) y jj); 504, numeral 1, fracciones II y XVI, 533, numeral 1 de la LGIPE; 5, numeral 1, inciso y) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; en correlación a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución, en materia de reforma del PJF, mencionan, entre otras atribuciones las de aprobar y expedir los reglamentos, lineamientos y acuerdos para ejercer las facultades previstas en el Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución; emitir y aprobar los lineamientos o acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del PEEPJF 2024-2025 y para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables para los procesos electorales federales, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género; una vez que se realice la sumatoria final, asignar los cargos por materia de especialización entre las candidaturas que hayan obtenido el mayor número de votos, observando la paridad de género, y publicar los resultados de la elección; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en la LGIPE o en otra legislación aplicable. Marco normativo específico De la elección de los cargos de Juzgados de Distrito y Magistraturas de Circuito 6. El artículo 96 de la CPEUM, dispone que las Juezas y Jueces de Distrito así como Magistradas y Magistrados de Circuito, entre otros, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda. 7. El Decreto de Reforma a que hace alusión el primer antecedente de este Acuerdo, en su artículo transitorio segundo, primer párrafo dispone entre otros aspectos, que en la elección del PEEPJF 2024-2025, se elegirán la mitad de los cargos de Juezas y Jueces de Distrito así como de Magistradas y Magistrados de Circuito. 8. En ese tenor, el párrafo sexto del artículo transitorio segundo ya referido, entre otras cuestiones estableció que se garantizará que las y los votantes asienten en la boleta la candidatura de su elección conforme a lo siguiente: e) Para Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito podrán elegir hasta cinco mujeres y hasta cinco hombres. De este modo, para el PEEPJF 2024-2025 la ciudadanía estuvo en posibilidad de contar con una boleta, en la que tuvieron la oportunidad de elegir hasta diez candidaturas conforme al Circuito Judicial Electoral y/o Distrito Judicial Electoral que corresponda. 9. Por su parte, el artículo 498, numerales 1 y 7, de la LGIPE, establece las etapas que conforman los procesos de elección de personas juzgadoras del PJF: a) Preparación de la elección; b) Convocatoria y postulación de candidaturas; c) Jornada electoral; 78 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 d) Cómputos y sumatoria; e) Asignación de cargos, y f) La entrega de constancias de mayoría y declaración de validez de la elección. Siendo que los referidos comicios concluirán una vez que se resuelvan todos los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de estos, y una vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral o la SCJN, aprueben el dictamen que contenga el cómputo final de la elección. De la aplicación del principio constitucional de paridad de género 10. En el ámbito nacional, el artículo 1° de la CPEUM, establece la obligación para todas las autoridades de garantizar el goce y ejercicio más amplio de los derechos reconocidos tanto en la norma constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. 11. Asimismo, el referido ordenamiento señala en su artículo 35, fracción II, que son derechos de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo la calidad que establezca la ley. 12. Paralelo a lo anterior, el artículo 498, numeral 6 de la LGIPE, señala que la etapa de asignación de cargos inicia con la identificación por el Instituto de las candidaturas que hayan obtenido el mayor número de votos y la asignación de estas en cada cargo, en función de su especialización por materia y alternando entre mujeres y hombres, y concluye con la entrega por el Instituto de las constancias de mayoría a las candidaturas que resulten ganadoras y la emisión de la declaración de validez respectiva. En relación con lo anterior, el segundo transitorio, párrafos primero y sexto, inciso e) del Decreto de reforma Constitucional en materia de renovación de cargos del PJF, establece que en 2025 se elegirán, entre otros cargos, la mitad de los cargos de Juezas y Jueces de Distrito así como de Magistradas y Magistrados de Circuito, por lo que las boletas electorales deberán garantizar que las y los votantes asienten la candidatura de su elección, pudiendo elegir hasta cinco mujeres y hasta cinco hombres. 13. En ese tenor, adicionalmente al parámetro constitucional y legal para hacer efectivo el principio de paridad en la asignación de cargos del PJF, este Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG65/2025, en el que se establecieron esquemas para la asignación de candidaturas en consonancia con el principio constitucional de paridad de género. En dicho Acuerdo, de manera específica para los cargos de Juezas y Jueces de Distrito así como de Magistradas y Magistrados de Circuito, se establecieron los siguientes criterios: Criterio 2: Asignación de cargos de magistraturas de circuito y juzgados de distrito en circuitos judiciales cuyo marco geográfico se conforma por dos o más distritos judiciales electorales. Para el caso de las magistraturas de circuito y juzgados de distrito, de los circuitos judiciales cuyo marco geográfico se conforma por dos o más distritos judiciales electorales se seguirán los siguientes criterios para la asignación de cargos: 1. Se conformarán dos listas, una de mujeres y otra de hombres, separados por especialidad en cada distrito judicial electoral, las cuales se ordenarán conforme al número de votos obtenidos, en orden descendente. 2. La asignación se realizará de manera alternada entre las mujeres y los hombres más votados en el distrito judicial electoral por especialidad, iniciando en todos los casos por mujer. 3. En los distritos judiciales electorales que consideren una sola vacante de determinada especialidad podrá ser asignado inicialmente el hombre o la mujer con el mayor número de votos obtenidos, salvo en aquellos casos en los que se asigne un mayor número de hombres en los cargos que conforman el distrito judicial electoral. En este supuesto, el espacio será asignado a la mujer que hubiera obtenido el mayor número de votos en la especialidad correspondiente. Esta regla no se aplicará en el caso de que una mujer haya obtenido el mayor número de votos en la especialidad con una sola vacante dentro del circuito judicial. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 79 4. Una vez realizada la asignación de cargos en los distritos judiciales electorales, el INE verificará que se cumpla el principio de paridad de género en cada especialidad del circuito judicial. En aquellos casos en los que exista un mayor número de hombres en los cargos por especialidad que conforman el circuito electoral, se procederá a asignar a las mujeres que hubieran obtenido el mayor número de votos en proporción a los recibidos en su distrito judicial electoral hasta alcanzar la paridad en la especialidad del circuito electoral correspondiente. 5. La distribución de mujeres y hombres electos por cada circuito y distrito judicial debe ser paritaria, en su vertiente horizontal, es decir, del total de especialidades de cada distrito, como de manera vertical, a saber, del total de vacantes de cada especialidad dentro del circuito judicial, a fin de que en la totalidad del circuito judicial se garantice la paridad de género. 6. En ningún circuito o distrito judicial podrán resultar electos más hombres que mujeres, más allá de una diferencia de uno considerando los números nones, sin embargo, en el caso de que resulten electas más mujeres que hombres, sí podrá haber una distancia de más de uno, en cumplimiento al principio de paridad flexible. Criterio 3: Asignación de cargos de magistraturas de circuito y juzgados de distrito en circuitos judiciales cuyo marco geográfico se conforma por un solo distrito judicial electoral con un número par de cargos y dos especialidades con una sola vacante Para el caso de las magistraturas de circuito y juzgadores de distrito de circuitos judiciales cuyo marco geográfico se conforma por un solo distrito judicial electoral con un número par de cargos y dos especialidades con una sola vacante serán aplicables los siguientes criterios: 1. Se conformarán dos listas, una de mujeres y otra de hombres, separados por especialidad en el distrito judicial electoral, las cuales se ordenarán conforme al número de votos obtenidos, en orden descendente. 2. La asignación se realizará de manera alternada entre las mujeres y los hombres más votados en el distrito judicial electoral por especialidad, iniciando en todos los casos por mujer. 3. En las dos especialidades con una sola vacante podrá ser asignado inicialmente el hombre o la mujer con el mayor número de votos obtenidos, salvo que se asigne un mayor número de hombres en los cargos que conforman el distrito judicial electoral. En este supuesto, el espacio será asignado a la mujer que hubiera obtenido el mayor número de votos en la especialidad correspondiente para alcanzar la paridad en el distrito judicial electoral y el circuito judicial. Esta regla no se aplicará en el caso de que una mujer haya obtenido el mayor número de votos en la o las especialidades con una sola vacante dentro del circuito judicial. 4. En la totalidad del circuito judicial deberá garantizarse la paridad de género. 5. No podrán resultar electos más hombres que mujeres, más allá de una diferencia de uno considerando los números nones, sin embargo, en el caso de que resulten electas más mujeres que hombres, sí podrá haber una distancia de más de uno, en cumplimiento al principio de paridad flexible. Criterio 4: Asignación de cargos de magistraturas de circuito y juzgados de distrito en circuitos judiciales cuyo marco geográfico se conforma por un solo distrito judicial electoral y tres especialidades con una sola vacante Para el caso de las magistraturas de circuito y juzgadores de distrito de circuitos judiciales cuyo marco geográfico se conforma por un solo distrito judicial electoral y tres especialidades con una sola vacante serán aplicables los siguientes criterios: 1. Se conformarán dos listas, una de mujeres y otra de hombres, separados por especialidad en el distrito judicial electoral, las cuales se ordenarán conforme al número de votos obtenidos, en orden descendente. 2. La asignación se realizará de manera alternada entre las mujeres y los hombres más votados en el distrito judicial electoral por especialidad, iniciando en todos los casos por mujer. 80 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 3. En las tres especialidades con una sola vacante podrá ser asignado inicialmente el hombre o la mujer con el mayor número de votos obtenidos, salvo que en estos cargos se asigne exclusivamente a hombres. De ser el caso, al menos, uno de estos espacios será asignado a la mujer que hubiera obtenido el mayor número de votos en la especialidad correspondiente para alcanzar la paridad en el distrito judicial electoral y el circuito judicial. Esta regla no se aplicará en el caso de que una mujer haya obtenido el mayor número de votos en la o las especialidades con una sola vacante dentro del circuito judicial. 4. En la totalidad del circuito judicial deberá garantizarse la paridad de género. 5. No podrán resultar electos más hombres que mujeres, más allá de una diferencia de uno considerando los números nones, sin embargo, en el caso de que resulten electas más mujeres que hombres, sí podrá haber una distancia de más de uno, en cumplimiento al principio de paridad flexible. 14. Es conveniente mencionar que dicho Acuerdo fue analizado y confirmado por la Sala Superior del TEPJF en autos del expediente SUP-JDC-1284/2025 y Acumulados. Del cumplimiento a los requisitos de elegibilidad 15. A manera de preámbulo, convine precisar que el artículo 37, inciso C) de la CPEUM, establece que la ciudadanía mexicana se pierde en los siguientes casos: I. Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros; II. Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, sin permiso del Ejecutivo Federal; III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. El Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras; IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente; V. Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y VI. En los demás casos que fijan las leyes. 16. Es de señalar que el artículo 38 de la CPEUM, dispone que los derechos o prerrogativas de la ciudadanía mexicana se suspende por las siguientes razones: I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley; II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; III. Durante la extinción de una pena corporal; IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes; V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión, y VII. Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 81 Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación. Lo anterior es relevante, tomando en consideración que, para el PEEPJF 2024-2025, dichos requisitos fueron vigentes para las candidaturas que podían ser susceptibles de asignación de cargo por haber obtenido mayoría de votos, o bien, derivado de ajustes resultado de la aplicación del principio constitucional de paridad. Sin pasar por desapercibido, que las candidaturas debieron cumplir adicionalmente con los requisitos dispuestos por el Poder Reformador de la Constitución. 17. El artículo 97 de la CPEUM dispone que, para ser electa a los cargos de Jueza o Juez de Distrito, así como de Magistrada o Magistrado de Circuito se necesita: I. Tener ciudadanía mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; II. Contar el día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de esta Constitución con título de licenciatura en derecho expedido legalmente y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Para el caso de Magistrada y Magistrado de Circuito deberá contar además con práctica profesional de al menos tres años en un área jurídica afín a su candidatura; III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad; IV. Haber residido en el país durante el año anterior al día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de esta Constitución, y V. No haber sido persona titular de una Secretaría de Estado, Fiscal General de la República, senadora o senador, diputada o diputado federal, ni persona titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de esta Constitución. De la asignación de candidaturas a cargo del Instituto Nacional Electoral 18. La fracción IV, del artículo 96 de la CPEUM, dispone que el Instituto efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. También declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del TEPJF o al Pleno de la SCJN para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas aspirantes electas tomarán protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo. 19. De manera que el artículo 503, numeral 1, de la LGIPE, señala que el Instituto es la autoridad responsable de la organización, desarrollo y cómputo de la elección de personas juzgadoras del PJF, y en el cumplimiento de sus atribuciones, garantizará la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, así como la paridad de género. 20. El artículo 498, numeral 1, inciso d) de la LGIPE, dispone que, para los efectos de la misma, el proceso de elección de las personas juzgadoras del PJF comprende, entre otras, la etapa de cómputos y sumatoria. 21. Así, el artículo 498, numeral 5, de la LGIPE, dispone que la etapa de cómputos y sumatoria inicia con la remisión de la documentación y los expedientes electorales a los Consejos Distritales, y concluye con la sumatoria de los cómputos de la elección que realice el Consejo General. 82 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 22. En ese tenor, el artículo 498 numerales 1, inciso e), y 6 de la LGIPE, señala que para los efectos de esa Ley, el proceso de elección de las personas juzgadoras del PJF comprenderá entre otros, la etapa de asignación de cargos, misma que iniciará con la identificación por el Instituto de las candidaturas que hayan obtenido el mayor número de votos y la asignación de estas en cada cargo, en función de su especialización por materia y alternando entre mujeres y hombres, y concluye con la entrega por el Instituto de las constancias de mayoría a las candidaturas que resulten ganadoras y la emisión de la declaración de validez respectiva. 23. El artículo 531 de la LGIPE, prevé que los Consejos Distritales realizarán el cómputo de las boletas o las actas que contengan las votaciones de las elecciones de personas juzgadoras, a partir de la llegada del primer paquete y concluirá hasta que se reciba y compute el último paquete. 24. El artículo 532, numerales 1 y 2 de la LGIPE, establecen que, concluidos los cómputos de cada elección, el Consejo Distrital emitirá a cada candidatura ganadora una Constancia de Resultados, misma que contendrá los votos obtenidos dentro del Consejo Distrital respectivo. Siendo que una vez que se hayan computado la totalidad de las elecciones por parte de los Consejos Distritales, con auxilio de los Consejos Locales, se remitirán a este Consejo General para que proceda a realizar la sumatoria por tipo de elección. 25. Es de resaltar que en el subnumeral “1.1 Conclusión de los cómputos distritales” del numeral “1. Acciones Previas” del apartado D. Cómputos Nacionales, de los Lineamientos para la preparación y desarrollo de los Cómputos Distritales, de Entidad Federativa, Circunscripción Plurinominal y Nacionales del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, se prevé que a la conclusión de los cómputos de Entidad Federativa y de Circunscripción Plurinominal, las Presidencias de los Consejos Locales remitirán los expedientes digitales de las seis elecciones al Consejo General. 26. Así, en el numeral “2. Cómputos Nacionales”, del apartado D de los Lineamientos referidos, se estableció que el cómputo nacional de las elecciones se determinaría a partir de los resultados obtenidos durante los cómputos distritales realizados por los 300 Consejos Distritales y, en su caso, los resultados que se agregaran durante los cómputos de los 32 Consejos Locales. Asimismo, se estableció que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral coadyuvaría con la Secretaría Ejecutiva en la obtención de la sumatoria total de votos emitidos por las candidaturas de cada elección, a partir de la información contenida en el Sistema de Cómputos Distritales del PEEPJF 2024-2025. En ese sentido, los cómputos nacionales se sujetaron a las siguientes reglas: “… a) La Secretaría del Consejo General informará a este órgano colegiado sobre la conclusión de las sesiones de cómputos en los 300 Consejos Distritales y 32 Consejos Locales. b) La suma de esos resultados constituirá el cómputo nacional de la votación total emitida. c) Conforme la votación obtenida, se pondrá a consideración del CG lo siguiente: … v. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se efectúa el cómputo nacional, se declara la validez de la elección de Magistradas y Magistrados de los 32 Circuitos Judiciales, y se asignan las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras. vi. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se efectúa el cómputo nacional, se declara la validez de la elección de Juezas y Jueces de Distrito por Circuito Judicial, y se asignan las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras. …” 27. El artículo 533, numeral 1, de la misma LGIPE, dispone que una vez que el CG realice la sumatoria final, procederá a asignar los cargos por materia de especialización entre las candidaturas que hayan obtenido el mayor número de votos, observando la paridad de género, y publicará los resultados de la elección. Lo cual tuvo lugar mediante los Acuerdos INE/CG571/2025 e INE/CG573/2025, tal como se detalla en el apartado de antecedentes del presente instrumento. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 83 De las vacancias generadas posterior a la toma de protesta de las candidaturas electas en el PEEPJF 2024-2025. 28. El artículo 231 de la LOPJF, en consonancia a lo dispuesto en el artículo 98, primer párrafo de la Constitución, disponen que cuando la falta de una Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrada o Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistrada o Magistrado del Tribunal Electoral, Magistrada o Magistrado de Circuito y Jueza o Juez de Distrito excediere de un mes sin licencia o dicha falta se deba a su defunción, renuncia o cualquier causa de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo; en caso de declinación o imposibilidad, seguirá en orden de prelación la persona que haya obtenido mayor votación. El Senado de la República tomará protesta a la persona sustituta para desempeñarse por el periodo que reste al encargo. 29. Por su parte, el artículo 232 de la LOPJF, en consonancia a lo establecido en el artículo 98, segundo párrafo de la CPEUM, disponen que las renuncias de las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral, solamente procederán por causas graves; serán aprobadas por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. 30. En ese sentido, el artículo 76, fracción VII de la Constitución, establece entre otros aspectos, que es facultad exclusiva del Senado de la República otorgar o negar las solicitudes de licencia o renuncia de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación conforme al artículo 98 de esta Constitución y en los términos que establezcan las leyes. 31. El artículo 94, párrafos segundo y sexto de la CPEUM dispone entre otros aspectos, que la administración del PJF estará a cargo de un OAJ, en los términos que, conforme a las bases que señala la Constitución, y establezcan las leyes, de manera que, determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito. 32. Por su parte, el artículo 100, párrafo décimo segundo de la CPEUM, establece que el OAJ contará con independencia técnica y de gestión, y será responsable de la administración y carrera judicial del PJF. Tendrá a su cargo la determinación del número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito; el ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño; la inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo del Poder Judicial; y las demás que establezcan las leyes. 33. En ese sentido, de los artículos 70 de la LOPJF, establecen que el OAJ contará con independencia técnica y de gestión, tendrá a su cargo la administración de todos los órganos del PJF, y velará por su buen funcionamiento, autonomía, independencia, imparcialidad y legitimidad. 34. El artículo 38 de la LOPJF, menciona que los Plenos Regionales se integrarán por tres Magistradas o Magistrados de Circuito designados por el OAJ de entre las personas que hubiesen obtenido mayor votación en los cargos para Magistrada y Magistrado de Circuito en la elección que corresponda, indicando que para suplir a la Magistrada o Magistrado de Circuito designado para integrar el Pleno Regional, ocupará su lugar la persona del mismo género que haya obtenido un segundo lugar en el número de votos en la elección para ese cargo. 35. Por su parte, el artículo 80, fracción XXI, establece que es atribución del OAJ, recibir las renuncias que presenten las y los Magistrados de Circuito y las y los Jueces de Distrito e informarlas al Senado de la República para los efectos del artículo 76, fracción VIII de la CPEUM. Tercero. Acceso territorial a la justicia, elementos creados por el Consejo de la Judicatura Federal en el marco del PEEPJF 2024-2025 36. En términos de lo dispuesto por el artículo 41, párrafo tercero, base V, apartado B de la CPEUM, corresponde al Instituto Nacional Electoral, para los procesos electorales federales y locales, en los términos que establecen la misma Constitución y las leyes, la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales. 84 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 37. Para lo anterior, en el marco del actual proceso electivo, resultó relevante lo dispuesto por el Legislador Ordinario en el artículo 511, numeral 1 de la LGIPE, en el que se establece que en el mes de diciembre del año previo al de la elección, el órgano de administración judicial remitiría al Instituto la división del territorio nacional por circuito judicial o circunscripción plurinominal, indicando la entidad o las entidades federativas que abarcan, así como el número y materia de los Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación o Juzgados de Distrito que tengan residencia en cada circuito judicial, y la sede de las salas regionales del Tribunal Electoral. De manera que fue previsto que en caso de que el órgano de administración judicial no remitiera dicha información, el Instituto determinaría lo conducente con la información pública que dispusiera. 38. Adicionalmente, el artículo 210 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos de dicha Ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos y regiones que mediante acuerdos generales determinará el Órgano de Administración Judicial. En cada uno de los circuitos, el Órgano de Administración Judicial establecerá mediante acuerdos generales, el número de Tribunales Colegiados de Circuito, Colegiados de Apelación y de Juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. En cada región funcionará un pleno regional con jurisdicción sobre los circuitos que le correspondan. 39. Por su parte, el artículo 211 de esa misma Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone que cada uno de los circuitos a que se refiere el artículo 210 referido, comprenderá los distritos judiciales cuyo número y límites territoriales determine el Órgano de Administración Judicial mediante acuerdos generales. 40. Por lo anterior, es relevante mencionar que en el contexto del desarrollo del PEEPJF 2024-2025, el Consejo de la Judicatura Federal no emitió pronunciamiento respecto a las definiciones adoptadas por este Consejo General relacionadas con el Marco Geográfico Electoral a través del diverso INE/CG62/2025, descrito en el antecedente XIII del presente instrumento. 41. Así, en congruencia con los principios de legalidad y objetividad, rectores en el ejercicio de la función electoral, es que este Consejo General, en ejercicio de las atribuciones delegadas en la CPEUM y LGIPE para la organización del proceso electivo, determinó viable la aplicación de la configuración vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, prevista en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del referido Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. De lo anterior, se tiene que la instrumentación del PEEPJF 2024-2025 teniendo como base el número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales del Consejo de la Judicatura Federal guarda congruencia con el derecho constitucional de la ciudadanía mexicana a votar y ser votado para todos los cargos de elección popular, con las cualidades que establezca la ley. Además, lo descrito en el párrafo que antecede, guarda estrecha vinculación con los principios de objetividad y certeza, rectores en la función electoral, mismos que disponen la obligación de que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. 42. Por lo anterior, es claro para este Consejo General que la información pública existente definida en el referido Acuerdo General 3/2013, tuvo como resultado generar certeza y el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales de la ciudadanía, tanto en su derecho de voto activo como de voto pasivo, esto es, que la ciudadanía ejerciera su derecho al voto según su visión de democracia para la integración del PJF, y por otro lado, que las personas candidatas tuvieran certeza respecto al electorado ante el cual, tuviera que posicionarse. 43. Corolario lo anterior, sobre la base de la distribución y al número de la jurisdicción territorial y especialización por Materia de las Magistraturas de Circuito y juezas y jueces de Distrito emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, dichos aspectos constituyeron un insumo determinante para la organización y puesta en marcha del PEEPJF 2024-2025. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 85 Del desarrollo y organización del PEEPJF 2024-2025 44. En el marco del PEEPJF 2024-2025, este Consejo General tuvo a bien considerar necesario establecer aspectos sustantivos concretos en virtud de lo novedoso del proceso electivo referido, mismos que tuvieron como finalidad, robustecer los principios de certeza y objetividad en las acciones de este Instituto. En ese tenor, dichos aspectos sustantivos, son los siguientes: A) Del Marco Geográfico Electoral 45. Con el objetivo de implementar el PEEPJF 2024-2025, se establecieron los elementos necesarios para definir el marco de las atribuciones de la autoridad administrativa electoral, y en particular a la revisión y análisis de alternativas para la armonización de la geografía que utiliza el PJF y el Marco Geográfico Electoral que utiliza el Instituto en la organización de los Procesos Electorales Federales y Procesos Electorales Locales para la elección de cargos. 46. En este sentido, dentro de las acciones que realizó este Instituto para la correcta organización del PEEPJF 2024-2025, se encuentra la definición del Marco Geográfico Electoral a fin de poder determinar el ámbito territorial en que se distribuiría a la ciudadanía para su participación en las elecciones extraordinarias del domingo 1° de junio de 2025, buscando en todo momento que se votara en igualdad de circunstancias entre todo el electorado, con la finalidad de garantizar sus derechos fundamentales; ello, en términos del artículo 23, numeral 1, inciso a) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. B) De los cómputos y sus resultados 47. En ese mismo sentido, en el contexto del PEEPJF 2024-2025, y de conformidad con las facultades propias de este Instituto mandatadas en la LGIPE, el Consejo General determinó, mediante el Acuerdo INE/CG2240/2024, las directrices para la integración de los Consejos Locales para dicho proceso, ratificando aquellas que fueron designadas para el proceso anterior de 2023-2024, a través del Acuerdo INE/CG540/2023. 48. En obediencia a los mandatos judiciales emitidos por la Sala Superior del TEPJF (SUP-AG-632/2024 Y SUP-AG 760/2024 Y SUP-AG- 764/2024 ACUMULADOS), este Instituto estuvo en aptitudes de dar continuidad al proceso electoral vigente. 49. Las resoluciones antes citadas disponían que era constitucionalmente inviable detener la implementación de los procedimientos electorales a cargo de las autoridades electorales, puesto el mandado constitucional les imponía la atribución de ejecutarlo. Asimismo, la Sala enfatizó que ninguna autoridad, poder u órgano del Estado pueden suspender, limitar, condicionar o restringir las actividades inherentes al proceso electivo señalado. 50. En ese tenor, se llevó a cabo la conformación de los Consejos Locales, Distritales, y en su caso, Municipales, cuya labor fue toral para desahogar a buen puerto los cómputos que derivaron del PEEPJF 2024-2025, conviene precisar que este Consejo General estableció el marco aplicable de conformidad con los mandatos Constitucional y legal, así como la reglamentación y acuerdos emitidos, que debieron observarse desde la generación de resultados distritales por ámbito electivo hasta la emisión de la declaración formal de validez de las elecciones y la entrega de constancias mayoría. 51. En ese contexto, este Consejo General, mediante el Acuerdo INE/CG210/2025, determinó la aprobación de los Lineamientos para la preparación y desarrollo de los Cómputos Distritales, de Entidad Federativa, Circunscripción Plurinominal y Nacionales del PEEPJF 2024-2025. 52. En ese tenor, en los referidos lineamientos se establecieron directrices generales para realizar la suma de los resultados obtenidos de cada una de las elecciones durante los cómputos distritales, de entidad federativa, de circunscripción y nacionales que, en lo posible, armonizan sus procedimientos con las disposiciones para el desarrollo de los cómputos de las elecciones federales contenidas en la LGIPE y el Reglamento de Elecciones. 53. De manera que, durante el PEEPJF 2024-2025 y al término de la jornada electoral del primero de junio de 2025, el INE dispuso lo necesario para ajustar su actuación a lo establecido en los artículos 530, numeral 1 y 531, numeral 1, de la LGIPE, pues una vez que terminó la elección, los Consejos Distritales iniciaron los cómputos de las elecciones del PJF a partir de la llegada del primer paquete, actividad que concluyó el 9 de junio del año en cita. Conforme lo ordenado en ley, los cómputos se dieron en el siguiente orden: 86 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 a) Ministras y Ministros de la SCJN b) Magistradas y Magistrados del TDJ c) Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del TEPJF d) Magistradas y Magistrados de las Salas Regionales del TEPJF e) Magistradas y Magistrados de Circuito Judicial f) Juezas y Jueces de Distrito 54. Luego de los resultados de los cómputos, se advirtieron posibles conductas antijurídicas y hallazgos diversos pues en los cómputos distritales de los cargos para integrar la SCJN, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las Salas Regionales del TEPJF, así como los Tribunales Colegiados y de Apelación de Circuito y los Juzgados de Distrito, se encontraron situaciones atípicas e ilegales que se apartan de los extremos establecidos por las normas electorales. De manera agregada, los siguientes casos se relacionaron con la verificación de los supuestos abajo listados: 1. Casillas seccionales que registraron una participación ciudadana igual o superior al 100% de su listado nominal sin justificación alguna de registro de dicha participación. Corresponde al listado de casillas en las que se registró el 100% o más de participación ciudadana, excluyendo a las casillas que recibieron votantes de secciones en las que no se instaló casilla, o por tratarse de casillas especiales. 2. Casillas seccionales donde se hubiera identificado “boletas sin dobleces”. Corresponde al listado de las casillas registradas en el Sistema de Cómputos Distritales, de Entidad Federativa, Circunscripción Plurinominal y Nacional con el distintivo de “boletas sin marcas de dobleces”, para la elección de Tribunales Colegiados. Durante el desarrollo de los cómputos distritales, al identificarse boletas que no mostraban marcas de haber sido dobladas para su depósito en las urnas; se capturaba una marca para la casilla correspondiente, asignándole el distintivo de “boletas sin dobleces” en el Sistema de Cómputos Distritales, de Entidad Federativa, Circunscripción Plurinominal y Nacional, como parte del procedimiento, el resultado de dicho registro corresponde al listado 3. Casillas seccionales donde se hubiera emitido un voto único a candidatura con diversas agravantes “Casillas Zapato”, aunado a que estos casos no contengan los listados nominales. Corresponde al listado de las casillas en las que se identificó que todos los votos fueron emitidos a favor de una candidatura. Adicionalmente, de estas casillas se identificó si se encontraban en alguno de los siguientes supuestos:  Tener registro de incidentes en el SIJE relacionados con el “acarreo” y compra de votos.  Casillas en las que las juntas ejecutivas identificaron votos con marcas con la misma caligrafía.  Casillas en las que las juntas ejecutivas no recuperaron los cuadernillos del Listado Nominal. 4. Casillas seccionales con incidentes no resueltos registrados en el SIJE que, de haber sido advertida la presencia de personas empleando “acordeones”, su disuasión para cesar esa conducta no hay sido eficaz. Corresponde al listado de casillas con algún tipo de incidente relacionado con el uso o distribución de acordeones que no fueron resueltos (13 casos). 5. Casillas seccionales con participación superior al 50% y en cuya votación se presuma la imposibilidad temporal de dicha participación. 55. Los casos que se refieren en este punto, dieron cuenta de la comisión de conductas apartadas de la norma y de los principios de la función electoral, y que, al existir estas irregularidades graves detectadas en la etapa de cómputos, llevaron a esta autoridad a formarse la firme convicción respecto de la inviabilidad de sumar al cómputo nacional los sufragios que se detectaron precisamente con estas inconsistencias, pues su carácter viciado y antijurídico impide a este órgano garante su consideración en la agregación de los resultados producto de la sumatoria nacional. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 87 56. Con ello, esta autoridad electoral buscó atajar los efectos de estas conductas y, más aún, que estas tuvieran un impacto en los resultados, pues por su carácter viciado, fue inviable sumarlos al cómputo nacional. SUMA DE LA VOTACIÓN DE SUFRAGIOS CON INCONSISTENCIAS DE LA ELECCIÓN DE PERSONAS JUZGADORAS DE DISTRITO Supuesto 1 2 3 4 5 CASILLAS POR SUPUESTO 14 581 0 13 328 TOTAL, CASILLAS 878 TOTAL, VOTACIÓN INVIABLE 3,419,402 Nota: 838 casillas presentan 1 supuesto y 49 casillas presentan 2 supuestos SUMA DE LA VOTACIÓN DE SUFRAGIOS CON INCONSISTENCIAS DE LA ELECCIÓN DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO Supuesto 1 2 3 4 5 CASILLAS POR SUPUESTO 12 569 0 13 328 TOTAL, CASILLAS 878 TOTAL, VOTACIÓN INVIABLE 3,209,146 Nota: 834 casillas presentan 1 supuesto y 44 casillas presentan 2 supuestos 57. Debido al cúmulo de argumentos antes descritos, y los supuestos referidos en la tabla previa, fue que este CG sostuvo la inviabilidad de sumar al cómputo nacional los votos de las casillas consignadas en cada uno de los cinco supuestos anteriores para la elección de juezas y jueces de distrito, así como de magistradas y magistrados de circuito. 58. En suma, se estimó que las conductas verificadas comprometieron de forma sustantiva el derecho al sufragio, así como los principios de legalidad, equidad, autenticidad y certeza electoral, toda vez que con éstas se acreditó la existencia de incidentes graves y dolosos, en los cuales se presentaron acciones para inducir, alterar o sustituir la voluntad del electorado y con los que se vulneró la cadena de custodia de los paquetes electorales, de manera que, esta autoridad cuenta con elementos de prueba claros y objetivos para determinar inviable la suma de estos sufragios a la sumatoria nacional de la elección de Juezas y Jueces de Distrito así como de Magistradas y Magistrados de Circuito. VOTOS OBTENIDOS”, “VOTOS INVIABLES” Y “VOTOS OBTENIDOS DESPUÉS DE DESCONTAR LOS VOTOS INVIABLES” de Juezas y Jueces de Distrito Votos obtenidos Votos inviables Votos obtenidos final 104,988,353 3,419,402 101,568,951 VOTOS OBTENIDOS”, “VOTOS INVIABLES” Y “VOTOS OBTENIDOS DESPUÉS DE DESCONTAR LOS VOTOS INVIABLES” de Magistraturas de Circuito Votos obtenidos Votos inviables Votos obtenidos final 107,833,943 3,209,146 104,624,797 59. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96, numeral IV, de la Constitución, 495, numeral 1; 498, numeral 1; inciso d), y 5; 503, numeral 1; 504, numeral 2; 511, numeral 2; 529; 530; numeral 1, inciso a), 531, numeral 1 y 532 de la LGIPE, garantizando la debida ejecución de las actividades en el marco del PEEPJF 2024-2025. 60. Lo anterior es así, sin pasar por desapercibido que a través de diversas resoluciones emitidas por la Sala Superior del TEPJF la sumatoria nacional de ambas elecciones fue modificada, tal como ha quedado debidamente acreditado en el apartado de antecedentes del presente instrumento. 88 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 C) Revisión de requisitos de elegibilidad y procedimiento “8 de 8”. 61. El Consejo General del INE, en ejercicio de sus atribuciones y conforme al artículo 97 de la CPEUM, verificó el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas ganadoras a Magistradas y Magistrados de Circuito en el PEEPJF 2024-2025. La revisión se realizó previa a la aprobación del Acuerdo INE/CG573/2025. Esta verificación se sustentó en la documentación oficial de cada persona candidata proporcionó y en la metodología definida por el Instituto, en congruencia con criterios previos de la Sala Superior. Lo anterior se corrobora con los criterios dispuestos por el TEPJF, mismo que en sentencias como SUP-JE-171/2025 y SUP-JDC-1852/2025, confirmó que el INE es competente para realizar dicha revisión al momento de la asignación y antes de declarar la validez, aun cuando los Comités de Evaluación ya hubiesen intervenido en la etapa previa. Así, la actividad incluyó la verificación de requisitos constitucionales y legales sobre aspectos como nacionalidad, edad, antigüedad profesional, experiencia jurisdiccional, trayectoria académica, no pertenencia a estado eclesiástico, no inhabilitación para el servicio público, así como otros requisitos específicos previstos en la convocatoria emitida por el Senado de la República. A la par, se evaluó el cumplimiento de las reglas de paridad, conforme a los criterios detallados en el Acuerdo INE/CG65/2025, con un análisis pormenorizado por circuito, distrito judicial y especialidad. 62. Asimismo, el INE, mediante el procedimiento aprobado en el Acuerdo INE/CG382/2025 y a través de un Grupo Interdisciplinario (GI) coordinado por la Secretaría Ejecutiva e integrado por diversas áreas centrales y órganos desconcentrados, llevó a cabo la verificación integral de que las candidaturas electas a juzgadoras del PEEPJF 2024-2025 no se ubicaran en los supuestos de inelegibilidad previstos en el artículo 38, fracciones V, VI y VII, de la CPEUM, ni incurrieran en las infracciones contempladas en los artículos 442 Bis y 456, numeral 1, inciso c), fracción III, de la LGIPE. Para ello, el INE analizó información proveniente de autoridades competentes, ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y de la documentación oficial entregada por las propias candidaturas, incluyendo cartas bajo protesta de decir verdad, constancias académicas y profesionales, así como certificaciones emitidas por registros y tribunales. Con base en la compulsa y valoración técnica de la información, se concluyó que las personas electas cumplían con los requisitos de elegibilidad, con excepción de dos casos cuya resolución quedó pendiente por no contarse aún con todos los elementos requeridos. 63. En ese sentido, el INE no solo cumplió con su deber legal de garantizar que las personas electas cumplieran con todos los requisitos constitucionales y legales, sino que lo hizo mediante un procedimiento sistemático, documentado y transparente. Esta actuación permitió asegurar, que el proceso de asignación y declaratoria de validez se llevara a cabo con plena certeza jurídica, equidad en la contienda y respeto absoluto a los principios rectores de la función electoral. Cuarto. Respecto a las vacancias informadas a los cargos de Magistraturas de Circuito y Juzgados de Distrito 64. En el primer caso, es claro para este Consejo General que mediante los oficios PJF/OAJ/P/033/2025, de fecha 24 de septiembre de 2025, y DGPL-1P2A.-3391, de fecha 11 de noviembre de la misma anualidad, emitidos por el OAJ, y por la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, respectivamente, en los que esencialmente, solicitan se les informe de las personas del mismo género que hayan obtenido los segundos lugares en votación en el PEEPJF 2024-2025 respecto de las vacantes generadas por las magistraturas que fueron comisionadas a los Plenos Regionales, y se remitan las copias de las constancias de asignación que este Instituto expida en favor de dichas personas juzgadoras. 65. Lo anterior, teniendo como base la emisión del Acuerdo AG-POAJ-008/2025, del Pleno del OAJ, por el que se adscriben a las personas electas en el PEEPJF 2024-2025, asimismo, se comisionan, reubican y readscriben, a personas funcionarias de los Órganos Jurisdiccionales, se designan y, en su caso, prorrogan a personas secretarias en funciones de Personas Juzgadoras, determinó entre otro aspectos, comisionar a 12 personas magistradas electas que integrarán los Plenos Regionales; por lo que consecuentemente se designó a las personas secretarias habilitadas para realizar funciones jurisdiccionales, hasta en tanto las personas magistradas electas que obtuvieron el segundo lugar de la votación ocupen sus lugares Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 89 66. Así, se tiene que las 12 personas comisionadas son las siguientes: No. Nombre Adscripción de origen Comisión a Pleno Regional 1 Sandoval Mendoza Mayra 2° Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México 2 Petriz Herrera Virginia 1° Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México 3 Saloma Palacios Mónica 1° Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México 4 Orantes López Jorge Alberto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México 5 Flores Vega Mariana 1° Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz Pleno Regional en Materia Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México 6 Pérez Medina Diana Elda 1° Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito Pleno Regional en Materia Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México 7 Curiel Sandoval Verónica Alejandra 1° Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México 8 Leyva Guzmán Angélica Iveth 2° Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México 9 Leetch San Pedro Miguel Ernesto 3° Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México 10 Ramos Santillán Rodolfo Alejandro Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México 11 Nambo Huerta Vanessa Heidi 1° Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México 12 Salazar López Antonio 1° Tribunal Colegiado de Trabajo del Segundo Circuito Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México 67. En el segundo caso, tal como ha quedado debidamente descrito en el apartado de antecedentes de este instrumento, se tiene que mediante DGPL-1P2A.-3618, signado por la Presidencia de la Mesa Directiva del senado de la república, informó a la Presidencia de este Consejo General de la vacancia del cargo de Juzgado de Distrito, tal como se precisa: No. Nombre Adscripción Motivo de vacancia 1 Adrián Guadalupe Aguirre Hernández Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande. Renuncia 68. Así mismo, solicita de este Instituto se le informe de la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en votación respecto de la vacante generada, y se remita la copia de la constancia de asignación que este Instituto expida en favor de dicha persona juzgadora. 90 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 Quinto. Improcedencia de realizar entrega de las constancias posterior a la toma de protesta de las candidaturas electas en el PEEPJF 2024-2025 69. El artículo 56 numeral 1, inciso e) de la LGIPE, establece como una obligación de DEOE el recabar la documentación necesaria e integrar los expedientes a fin de que el Consejo General efectúe los cómputos conforme a la LGIPE. 70. El artículo 532, numerales 1 y 2 de la LGIPE, establecen que, concluidos los cómputos de cada elección, el Consejo Distrital emitirá a cada candidatura ganadora una Constancia de Resultados, misma que contendrá los votos obtenidos dentro del Consejo Distrital respectivo. Siendo que una vez que se hayan computado la totalidad de las elecciones por parte de los Consejos Distritales, con auxilio de los Consejos Locales, se remitirán a este Consejo General para que proceda a realizar la sumatoria por tipo de elección. 71. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 533 numerales 1, 2, y 3 de la LGIPE, es claro que el Legislador Ordinario delimitó que una vez realizada la sumatoria final por parte de este Consejo General, procederá a asignar los cargos por materia de especialización entre las candidaturas que hayan obtenido el mayor número de votos, observando la paridad de género, y publicará los resultados de la elección; en este sentido el Instituto hará entrega de las constancias de mayoría a las candidaturas que resulten ganadoras y emitirá la declaración de validez respectiva, y una vez emitida la declaración de validez de la elección, el Instituto comunicará los resultados a la Sala Superior o a la SCJN, según corresponda. En ese contexto, el artículo 534, numerales 1 y 2 de la LGIPE, mencionan que este Consejo General entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que resulten ganadoras y emitirá la declaración de validez de la elección respectiva, hecho lo anterior, el Instituto comunicará los resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral o a la SCJN, según corresponda. 72. El diverso 535 de la LGIPE, prevé que las personas juzgadoras federales electas deberán tomar protesta ante el Senado de la República el día en que se instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, que en el caso que nos ocupa ocurrió el 1° de septiembre de 2025. Por lo tanto, el INE, como autoridad electoral administrativa, en el marco de los procesos electorales para la renovación del PJF tiene atribuciones claramente delimitadas por la Constitución y la legislación electoral, entre las cuales no se encuentra la de reconocer formalmente y hacer entrega de constancias a quienes no hayan obtenido el triunfo en un proceso electoral concreto. Puesto que de hacerlo, se generarían implicaciones jurídicas, formales y materiales, como la necesidad de declarar oficialmente los segundos lugares con base en criterios de votación, cargo, especialidad y género, revisar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad de candidatos que no fueron electos; de manera que emitir constancias sin sustento legal, y en su caso, comunicar dichos actos al Senado de la República y al OAJ, implicaría vulnerar el principio de legalidad, toda vez que esta acción excedería la esfera competencial y de atribuciones del Instituto, lo cual, tendría como resultado adyacente, comprometer el cumplimiento del principio de certeza en el proceso electoral. En ese sentido, los Lineamientos para la preparación y desarrollo de los Cómputos Distritales, de Entidad Federativa, Circunscripción Plurinominal y Nacionales del PEEPJF 2024-2025, prevén que la DEOE coadyuvará con la Secretaría Ejecutiva en la obtención de la sumatoria total de votos emitidos por las candidaturas de cada elección, a partir de la información contenida en el Sistema de Cómputos Distritales del PEEPJF 2024-2025. 73. Así, el numeral 2, del apartado D. de los referidos Lineamientos, establece las reglas de los cómputos nacionales, delimitando que conforme a la votación obtenida, se pondrá a consideración de este Consejo General el Acuerdo por el que se efectúa el cómputo nacional, se declara la validez de la elección de los cargos de elección popular y se asignan las constancias de mayoría a las candidaturas que obtuvieron el mayor número de votos; y se entregarán las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras. Ahora bien, si bien es cierto que los sendos oficios objeto del presente instrumento sustentan la petición a este Instituto para la designación de segundos lugares con base en lo dispuesto en los artículos 98 de la CPEUM y 38 de la LOPJF, este Consejo General estima necesario brindar certeza respecto a la ausencia de atribuciones en dichos preceptos para actuar de conformidad a lo solicitado. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 91 74. Lo anterior es así, porque del contenido de los preceptos citados, se tiene que el Legislador estableció con claridad procedimiento que deberá llevarse a cabo en caso de producirse una vacancia en concreto, y definió que el Senado de la República es la instancia que tomará protesta a la persona sustituta para desempeñarse por el periodo que reste al encargo. Por lo tanto, es claro que el Legislador ordinario determinó no vincular al INE para este tipo de casos en los que se tratan de vacantes generadas posterior a la toma de protesta de las candidaturas electas en el proceso electoral para la renovación del PJF, que en el caso, al tratarse del PEEPJF 2024-2025, la toma de protesta ocurrió el 01 de septiembre de 2025, de manera que al no tratarse de un hecho vinculado a un proceso electoral, cualquier actividad del Instituto que tienda a tener incidencia, se encuentra fuera de su ámbito de competencia. Lo anterior se confirma de acuerdo a lo establecido en el artículo 498 de la LGIPE, en el que de las etapas e instancias a cargo de este tipo de procesos electorales, no se contempla que el Consejo General cuente con atribuciones de entregar constancias a los segundos lugares en un proceso electoral, y tampoco se prevé que se entreguen constancias de participación que incluyan el lugar que se ocupó en la votación, por lo que resulta ser jurídicamente inviable la expedición de este tipo de constancias, ya que tal y como ha sido precisado, dicha facultad no está contemplada en el marco normativo que rige a este órgano. Por lo que, es claro que el marco jurídico constitucional y legal que rigen la organización de los procesos electorales para la renovación del PJF, únicamente prevé la entrega de constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, y que es corroborable en el penúltimo párrafo del artículo segundo del régimen transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM, en materia de reforma del Poder Judicial, en relación con el 498, numeral 1, inciso f) de la LGIPE. Sin que se advierta previsión expresa para entregar constancias a las personas que obtuvieron los segundos o cualquier otro lugar en los resultados de la votación. 75. En ese sentido, la autoridad que cuenta con autonomía técnica y de gestión al interior del PJF, es el OAJ, para realizar designaciones y resolver sobre las adscripciones de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, de conformidad con los artículos 70 y 80 fracciones V y IX de la LOPJF. Función que se materializó a través del Acuerdo General del OAJ, publicado el 14 de septiembre de 2025, sin que, en las adscripciones, comisiones, reubicaciones y readscripciones, a personas funcionarias de los Órganos Jurisdiccionales electas hubiese intervenido este Instituto, hecho notorio que constituye un precedente de la ruta que siguió el OAJ y que encuentra asidero jurídico en el artículo 98 de la CPEUM, 80 fracciones V y IX de la LOPJF. A contrario sensu, la entrega de constancias de segundos lugares o cualquier otra posición obtenida en el PEEPJF 2024-2025, con efectos jurídicos fuera del proceso electoral, que trasciendan en la composición del PJF, no se encuentra prevista en las disposiciones constitucionales ni legales que dieron vida al nuevo modelo para integrar el PJF, por lo que un acto de esta índole pudiera interpretarse como la interferencia injustificada de este Instituto en el ámbito judicial. 76. Es de destacar que el artículo 497 de la LGIPE, define al proceso electoral de personas juzgadoras del PJF, como el conjunto de actos jurídicos y administrativos, ordenados por la CPEUM y la LGIPE, que son ejecutados por las autoridades electorales, los Poderes de la Unión y la ciudadanía, con el propósito de garantizar la renovación periódica y legítima de las personas juzgadoras del Poder Judicial. 77. Esta definición implica que todas las acciones emprendidas por el INE en este ámbito se encuentran amparadas por el marco legal electoral vigente, y deben ceñirse estrictamente a los tiempos, formas y procedimientos previamente establecidos, por lo que este Instituto debe tomar en consideración y apegarse al principio de definitividad que rige la materia electoral, el cual mandata que no existe la posibilidad jurídica para retrotraerse a las etapas electorales una vez que éstas han concluido. De manera que no es jurídicamente válido realizar actos de manera retroactiva, ni tampoco ejecutar acciones que no estén previstas en la legislación aplicable. 78. De conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la falta de una Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrada o Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistrada o Magistrado del Tribunal Electoral, Magistrada o Magistrado de Circuito y Jueza o Juez de Distrito excediere de un mes sin licencia o dicha falta se deba a su defunción, renuncia o cualquier causa 92 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo; en caso de declinación o imposibilidad, seguirá en orden de prelación la persona que haya obtenido mayor votación. El Senado de la República tomará protesta a la persona sustituta para desempeñarse por el periodo que reste al encargo. Conforme a los principios de certeza y definitividad, resulta necesario que este Consejo General, apruebe un acuerdo mediante el cual, remita el listado con los resultados de las votaciones correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial Federal, con los nombres de las candidaturas en orden de prelación conforme a la votación obtenida por tipo de elección y cargo al que aspiraron, circunscripción, entidad, distrito judicial electoral y especialidad, al Órgano de Administración Judicial y al Senado con la finalidad de proporcionar los insumos en materia electoral que requieren el OAJ y el Senado de la República para ejercer los actos correspondientes en el ámbito de sus atribuciones y en su caso asignar las vacancias que correspondan. 79. Así, con dicha medida se garantiza lo establecido en los artículos 23, párrafo 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales señalan como derecho de la ciudadanía ser elegida en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad del electorado. De manera que sea el OAJ y el Senado de la República las instancias que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las definiciones que correspondan, y se realice la toma de protesta de las personas respectivas según el género y número de votación obtenida según sea el caso. Lo anterior, acentúa la libre manifestación de la voluntad del electorado constituye uno de los pilares esenciales de la democracia, al permitir que la ciudadanía elija directamente al candidato que consideren más idóneo para ocupar un cargo de elección popular, fortaleciendo el ejercicio del derecho fundamental de participación política, consagrado en el artículo 35 fracción II de la CPEUM, este derecho no se limita al acto de votar, sino que implica la posibilidad de incidir en la conformación de los poderes públicos, incluyendo el PJF, cuando así lo establece el marco normativo. 80. Por lo tanto, la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas garantiza que la designación de las personas juzgadoras responda a la voluntad ciudadana, lo que a su vez otorga legitimidad democrática a quienes ejercerán funciones jurisdiccionales. Esta legitimidad no solo proviene del cumplimiento de requisitos legales, sino del respaldo popular, por lo que al respetar la libertad del sufragio y canalizarla hacia la integración de órganos judiciales, se refuerza la confianza en las instituciones, se promueve la transparencia y se consolida el principio de soberanía popular como fundamento del Estado democrático de derecho. Lo anterior, permite una actuación del INE que sea acorde a sus atribuciones formalmente dispuestas y permita colaborar con las instancias solicitantes con estricto apego a la ley, respetando los límites de su competencia y asegurando que cada etapa del proceso electoral relacionada con la integración del Poder Judicial se lleve a cabo conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, tal como lo mandata el artículo 41 constitucional. 81. A lo antes expuesto, sirve de apoyo las siguientes tesis: a) Tesis P./J. 60/20011, relativa al principio de certeza el cual consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades, de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que la actuación de las autoridades electorales está sujeta. b) Jurisprudencia 1/20022, referente a que el proceso electoral de una entidad federativa concluye hasta que la Sala Superior del TEPJF resuelve el último de los juicios de revisión constitucional electoral o para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 1 Criterio contenido en la tesis P./J. 60/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro “MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIOS RECTORES. EN LAS CONSTITUCIONES Y LEYES DE LOS ESTADOS DEBE GARANTIZARSE, ENTRE OTROS, EL DE CERTEZA EN EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN ELECTORAL”, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 752, registro digital 189935, consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/189935 2 Criterio contenido en la Jurisprudencia 1/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro “PROCESO ELECTORAL. CONCLUYE HASTA QUE EL ÚLTIMO ACTO O RESOLUCIÓN DE LA ETAPA DE RESULTADOS ADQUIERE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)” publicado en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 56 y 57, consultable en: https://www.te.gob.mx/ius2021/#/1-2002 Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 93 promovidos para impugnar los actos o resoluciones de las autoridades electorales, emitidos al final de la etapa de resultados, en virtud de que las ejecutorias que se dictan en los referidos juicios son las que proporcionan realmente la certeza de que dichos actos impugnados han adquirido definitividad. c) Tesis XII/20013, relativa a la aplicación del principio de definitividad previsto en el artículo 41 de la Constitución, únicamente a los actos y resoluciones emitidos por las autoridades encargadas de organizar las elecciones. Este principio busca garantizar que el proceso electoral avance ordenadamente y dentro de los plazos legales, permitiendo el ejercicio del derecho al voto activo y pasivo. Por ello, la definitividad sólo recae en los actos propios de cada etapa del proceso electoral y no puede invocarse respecto de actos provenientes de autoridades ajenas a la función electoral o de los partidos políticos. 82. Del marco normativo y los criterios señalados, se concluye que se deberá cumplir con lo establecido en la CPEUM, específicamente en su artículo 98, en correlación con los artículos 12 y 231 de la LOPJF, mismos que hacen hincapié en que, ante la falta de una Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrada o Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistrada o Magistrado del Tribunal Electoral, Magistrada o Magistrado de Circuito y Jueza o Juez de Distrito excediere de un mes sin licencia o dicha falta se deba a su defunción, renuncia o cualquier causa de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo. Por lo que, en caso de declinación o imposibilidad, seguirá en orden de prelación la persona que haya obtenido mayor votación, de conformidad a los listados finales de votación obtenida proporcionados por este Instituto, a fin de que el Senado de la República tome protesta a la persona sustituta para desempeñarse por el periodo que reste al encargo. Finalmente, al tenor de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas con antelación, este Consejo General emite el siguiente: ACUERDO PRIMERO. Se atienden los oficios PJF/OAJ/P/033/2025, DGPL-1P2A.-3391 y DGPL-1P2A.-3618, emitidos por el Órgano de Administración Judicial y la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República. SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine los trabajos necesarios con la finalidad de conformar el listado con los resultados de las votaciones correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial Federal, con los nombres de las candidaturas en orden de prelación conforme a la elección obtenida por tipo de elección y cargo al que aspiraron, circunscripción, entidad, distrito judicial electoral y especialidad, y se someta a este órgano colegiado para su remisión al Órgano de Administración Judicial y al Senado con la finalidad de dar certeza y viabilidad material a los supuestos normativos del primer párrafo del artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo por conducto de la Secretaría Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos a los titulares de los Poderes de la Unión y al Órgano de Administración Judicial. CUARTO. Publíquense el presente Acuerdo y su anexo en la Gaceta Electoral, en el portal electrónico del Instituto Nacional Electoral, así como en el Diario Oficial de la Federación. El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 27 de noviembre de 2025, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Maestro Arturo Castillo Loza, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Maestro Jorge Montaño Ventura, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y de la Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala; no estando presente durante el desarrollo de la sesión, la Consejera Electoral, Maestra Rita Bell López Vences. La Consejera Presidenta del Consejo General, Lic. Guadalupe Taddei Zavala.- Rúbrica.- La Secretaria del Consejo General, Dra. Claudia Arlett Espino.- Rúbrica. 3 Criterio contenido en la Tesis XII/2001, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro “PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SÓLO OPERA RESPECTO DE ACTOS O RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE ORGANIZAR LAS ELECCIONES.” publicado en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 121 y 122, consultable en: https://www.te.gob.mx/ius2021/#/ 94 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 SECCION DE AVISOS AVISOS JUDICIALES Estados Unidos Mexicanos Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la Ciudad de México EDICTOS En los autos del juicio de amparo directo DC.396/2025 promovido por Suministros Integrales de Insumos, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de David González Alvarado y Carlos Iván Hernández Pérez, contra la sentencia definitiva de nueve de mayo de dos mil veinticinco, dictada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, en el cuaderno auxiliar 25/2025, en colaboración con el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, en el toca 2046/2024; en proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, se ordenó emplazar por medio de edictos a la tercera interesada, Grupo Asemicos, Sociedad Anónima de Capital Variable, los cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana, por tres veces, de siete en siete días. Dicha sociedad mercantil cuenta con el plazo de veinte días, contados a partir de la última publicación, para comparecer a la sede del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a deducir sus derechos. Atentamente Ciudad de México, veinte de octubre de dos mil veinticinco. El Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Lic. Armando Lozano Enciso Rúbrica. (R.- 571208) Estados Unidos Mexicanos Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana EDICTO Emplazamiento a sucesión a bienes de Roberto Estudillo Alvarado por conducto de su albacea Roberto Francisco Estudillo, en términos del artículo 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En los autos del juicio de amparo 195/2025, promovido por Filiberto Suárez Aguilar y Filiberto Arturo Suárez Mendoza, en el cual reclama: Acto Reclamado: Actos que afectan a personas extrañas a juicio. La ejecución de la orden de desajoloro derivada del juicio sucesorio intestamentario, fuera de procedimiento y sin llamarlos a juicio. En el entendido que se encuentran señaladas las diez horas con nueve minutos del diez de diciembre de dos mil veinticinco, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio; sin que ello impida que llegada la fecha constituya un impedimento para la publicación de los edictos, ya que este órgano jurisdiccional vigilará que no se deje en estado de indefensión al tercero interesado de referencia. Atentamente Tijuana, B.C., 8 de diciembre de 2025. Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana Marco Antonio Granados Medina Rúbrica. (R.- 571583) Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 95 Estados Unidos Mexicanos Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito en Querétaro, Qro. EDICTO DAVID GARCÍA FIGUEROA. En razón de ignorar su domicilio, por este medio se le notifica el inicio del juicio de amparo directo tramitado bajo el número 360/2025, promovido por Credix GS, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, por conducto de su delegado fiduciario José Manuel Ortega Espinosa, en contra de la sentencia de dos de enero de dos mil veinticinco, dictada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, en los autos del toca civil 1169/2025, de su índice; emplazándolo por este conducto, para que dentro del plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la última publicación de este edicto, comparezca al juicio de amparo de mérito, apercibiéndolos que de no hacerlo, este se seguirá conforme a derecho y las subsecuentes notificaciones se les harán por lista que se fije en los estrados de este Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos, las copias simples de traslado. Atentamente Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco. Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito Licenciado Domingo Pérez Arias Rúbrica. (R.- 571660) Estados Unidos Mexicanos Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en el Estado de Jalisco EDICTO Terceros interesados: Sindicato de Trabajadores y Empleados en Centros Comerciales y sus Anexos del Estado de Jalisco y Chistian Axel Bernal Pérez. En el juicio de amparo 1117/2025, promovido por Banco Santander México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por conducto de su apoderado David Noé Montes Rodríguez, contra actos del Presidente de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y otras autoridades, de quienes reclama: La omisión de llamarle al procedimiento de remate, la orden de adjudicación, así como la orden de escrituración del inmueble ubicado en la finca urbana marcada con el número 5689, de la calle Tomás Balcázar (antes Alazán Tostado Norte o Alazán Norte), Lote letra “A”, de la manzana 50, colonia Paseos del Sol, en Zapopan, Jalisco; ello dentro del juicio laboral 3545/2020/2-C. Por tanto, se ordena emplazar por edictos al Sindicato de Trabajadores y Empleados en Centros Comerciales y sus Anexos del Estado de Jalisco así como Christian Axel Bernal Pérez, a efecto de que se presenten dentro de los próximos treinta días ante esta autoridad, bajo los términos del artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Zapopan, Jalisco; ocho de diciembre de dos mil veinticinco. La Jueza Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en el Estado de Jalisco Karla Ruesga Solano Rúbrica. (R.- 571781) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México “2025, Año de la Mujer Indígena” EDICTO TERCERA INTERESADA: CLARA GRANADOS MELÉNDEZ. EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO APARECE UN SELLO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SECCIÓN AMPAROS, MESA IX, JUICIO DE AMPARO 919/2025, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. En los autos del juicio de amparo 919/2025, promovido por Rosario Granados Meléndez; contra actos de la Tercera Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia y del Juez Quinto Familiar, ambos de la Ciudad de México, en el que reclama la resolución de quince de agosto de dos mil veinticinco dictada en el toca 907/2025/1, mediante la cual confirmó el auto de veinticinco de abril de este año dictado en el procedimiento de jurisdicción voluntaria (declaración de estado de interdicción Ignacia Meléndez Ramos) 2554/2024, en el que negó declarar firme los proveídos de treinta de mayo de dos mil doce y nueve de agosto de dos mil trece, hasta en tanto se resolviera el incidente de rendición de cuentas. 96 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 Hágase el emplazamiento a juicio de la tercera interesada Clara Granados Meléndez, por medio de edictos, los que deberán publicarse tres veces de tres en tres días hábiles en el Diario Oficial de la Federación; haciéndole del conocimiento a dicho sujeto procesal que deberá presentarse en este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, sito en el acceso tres, primer nivel del Edifico Sede del Poder Judicial de la Federación de San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número dos, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, dentro del término de quince días contado a partir del siguiente al de la última publicación y señale domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta ciudad, con apercibimiento que de no hacerlo, se le harán las subsecuentes notificaciones por medio de lista. Se expide el presente edicto, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de doce de noviembre del año en curso. Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2025. Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México Selene Martínez Jiménez Rúbrica. (R.- 571753) Estados Unidos Mexicanos Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito EDICTO En el juicio de amparo 517/2025, promovido por Isidro Montalvo Uscanga, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otra autoridad; se emitió un acuerdo para hacer saber a la tercera interesada Constructora Venner Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quien legalmente la represente, que dentro de los treinta días siguientes deberá comparecer debidamente identificado en las instalaciones que ocupa este Tribunal, sito en Avenida Doctor Nicolás San Juan, Número 104, Colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, código postal 50010, para ser debidamente emplazado al juicio de referencia. Atentamente Toluca, Estado de México, 19 de noviembre de 2025. Por Acuerdo del Magistrado Presidente, firma la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en Toluca Licenciada Yamily Vázquez Camacho Rúbrica. (R.- 571783) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan EDICTO: Para emplazar Vicente Tinta Gálvez Juicio de amparo 640/2025 Amparo indirecto 640/2025, promovido por Teresa Hernández Rodríguez albacea de la Sucesión a bienes de Andrea Tinta Cumplido, actos reclamados: La omisión de reconocerle la personería con la que comparece al juicio 55/2011 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Segundo Partido Judicial en el Estado de Jalisco, audiencia constitucional: once horas con quince minutos del nueve de diciembre de dos mil veinticinco; deberá comparecer dentro de los treinta días hábiles, para que acudan a este Juzgado de Distrito, y, y se les corra traslado con la demanda de amparo a efecto de que defienda sus derechos, con el apercibimiento de que no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las personales se harán por lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Atentamente Zapopan, Jalisco, 24 de noviembre de 2025. La Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco Sabrina Dueñas Aguirre Rúbrica. (R.- 571851) Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 97 Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado 6o de Distrito en el Estado de Tabasco Villahermosa, Tabasco EDICTO MARÍA DEL CARMEN CALCÁNEO CONTRERAS (Tercera interesada) En vía de notificación se comunica que en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, se tramita el juicio de amparo 1101/2025-I, promovido por Grupo Inmobiliario Mavico, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra un acto del Juez de Oralidad Mercantil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, consistente en el acuerdo de siete de julio de dos mil veinticinco, dictado en el expediente 523/2024, de su índice. Mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil veinticinco, se admitió la demanda, y la audiencia constitucional se encuentra señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del dieciséis de enero de dos mil veintiséis. En acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinticinco, se ordenó emplazar a dicha parte a través de edictos, por ignorarse su domicilio. Asimismo, requiérase a la tercera interesada para que señale dentro del plazo de tres días contado a partir de la última publicación, domicilio en esta ciudad para oír y recibir citas y notificaciones; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le efectuarán por medio de lista, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se expide este edicto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los de mayor circulación en la República Mexicana, por tres veces de siete en siete días, y se fija en los estrados de este juzgado por el tiempo del emplazamiento. Se hace saber a la referida tercera interesada que deberá comparecer a este Juzgado, sito en Adolfo Ruiz Cortines número 917, colonia Centro, en Villahermosa, Tabasco, en un plazo de treinta días a partir del día siguiente al de la última publicación, a recoger copia de traslado y comparecer a juicio si así le conviniere. Villahermosa, Tabasco, nueve de diciembre de dos mil veinticinco. La Secretaria de Juzgado Orgarelly Hernández Reyes Rúbrica. (R.- 571798) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana EDICTO Primera notificación a juicio al tercero interesado Pendulum Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. En el Juicio de Amparo 638/2025-4D, promovido por María Isabel González Gutiérrez y Luis Miguel Peñuñuri Castro, contra actos del Juez Quinto Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y otra autoridad, se ordenó la primera notificación a juicio de Pendulum Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por EDICTOS, haciéndole saber que deberá apersonarse en el presente juicio de amparo, con el carácter de tercero interesado dentro de los treinta días siguientes, contados a partir de la última publicación, deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; si pasado dicho plazo no lo hiciere, las ulteriores notificaciones de este juicio le surtirán efectos por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Hágasele saber que la audiencia constitucional en este juicio se encuentra señalada a las diez horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinticinco, así como que en la Secretaría de este Juzgado quedarán a su disposición, copia de la demanda de amparo que dio origen a este juicio. Tijuana, Baja California, 26 de noviembre de 2025. Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana Daniela García Marín Rúbrica. (R.- 571968) AVISO Se comunica que para la publicación de estados financieros se requiere que éstos sean capturados en cualquier procesador de textos Word y presentados en medios impreso y electrónico. Atentamente Diario Oficial de la Federación 98 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco EDICTOS PARA EMPLAZAR A: SALVADOR MAYORGA MOTA Y MARÍA GUADALUPE DURÁN DURÁN. En el juicio de amparo 34/2025, promovido por María de los Ángeles Heded Maldonado, contra el acto que reclama del Juez Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Poder Judicial del Estado de Jalisco, consistente en el auto de fecha treinta de agosto de dos mil veinticuatro, dictado en el expediente de origen 711/2016; por tanto, se ordena emplazarlos por medio de edictos para que comparezcan en treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación; apercibidos que de no comparecer por sí, por apoderado o gestor, las ulteriores notificaciones les serán practicadas por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijaron las once horas con treinta y cuatro minutos del veintiuno de enero de dos mil veintiséis. Zapopan, Jalisco, ocho de diciembre de dos mil veinticinco. José Juan Rosales Hernández Rúbrica. (R.- 571858) Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito Monterrey, Nuevo León Actuaciones EDICTOS Constancio Hernández, y/o Constancio Hernández Rivera. En el lugar en que se encuentren hago saber a ustedes que: en los autos del juicio de amparo directo civil 732/2025, promovido por Edward Chien Chi Chien, apoderado de Tsu Yang Jimmy Chien, contra la sentencia definitiva de treinta de julio de dos mil veinticinco, dictada por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca de apelación 178/2025, radicado en este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, se le ha señalado como tercero interesado y como se desconoce su domicilio actual, por acuerdo de catorce de noviembre de este año, se ordenó emplazarlo por edictos, en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico “El Porvenir”, haciéndole saber que podrá presentarse en este Tribunal Colegiado a defender sus derechos de considerarlo necesario, dentro de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación, apercibido que de no hacerlo las posteriores notificaciones se le harán por lista de acuerdos, que se fije en los estrados de este Órgano, quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos del mismo copia simple de la demanda de amparo. Monterrey, Nuevo León; 20 de noviembre de 2025. El Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito Lic. Juan Carlos Ortegón de la Fuente Rúbrica. (R.- 571927) DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Conmutador: 55 50 93 32 00 Coordinación de Inserciones: Exts. 35078 y 35079 Coordinación de Avisos y Licitaciones: Ext. 35084 Subdirección de Producción: Ext. 35007 Venta de ejemplares: Exts. 35125 y 35045 Servicios al público e informática: Ext. 35012 Domicilio: Río Amazonas No. 62 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 Ciudad de México Horarios de Atención Inserciones en el Diario Oficial de la Federación: de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 99 Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Ciudad de México D.C. 599/2025 “2025, Año de la Mujer Indígena” EDICTO En los autos del juicio de amparo directo D.C 599/2025, promovido por HSBC México, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero HSBC, división fiduciaria, como fiduciario en el fideicomiso irrevocable número F/253936, a través de su representante Patrimonio sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, por conducto de su apoderado legal Juan Manuel Garibay Mota, contra actos del Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó un acuerdo que a la letra dice: “Ciudad de México, cinco de noviembre de dos mil veinticinco. “…se ordena emplazar por medio de edictos a la parte tercera interesada Fernando Hernández Velasco también conocido como Fernando Hernández Velazco, a costa de la parte quejosa, mismos que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación… ...en los edictos que se elaboren para emplazar a la parte tercera interesada Fernando Hernández Velasco también conocido como Fernando Hernández Velazco, hágasele saber que deberá acudir al juicio en un plazo de treinta días contados a partir del siguiente a la última publicación, una vez hecho lo anterior o transcurrido ese plazo, contará con el término de quince días para formular alegatos o presentar amparo adhesivo, ante este Tribunal Colegiado, lo anterior con fundamento en los artículos 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 181 de la Ley de Amparo.” La Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Yazmín Giselle Osorio Lecona Rúbrica. (R.- 571201) Estados Unidos Mexicanos Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana EDICTO Emplazamiento a la persona tercera interesada sucesión a bienes de Roberto Estudillo Alvarado por conducto de su albacea Roberto Francisco Estudillo Esquivel, en términos del artículo 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En los autos del juicio de amparo 278/2025-D4 promovido por Manuel Gerardo Bejarano Cabello, en el que reclama: la orden de desalojo de su propiedad descrita como: lote 5, de la manzana 5, colonia Moderna, delegación La Rumorosa, en Tecate, Baja California, y a su vez no se escriture a favor de tercera persona; asimismo, reclama la cancelación del registro o clave catastral de su propiedad sin notificación alguna de procedimiento administrativo, misma clave catastral que se puso a nombre de Roberto estudillo Alvarado. Se ordenó emplazar a persona tercera interesada sucesión a bienes de Roberto Estudillo Alvarado por conducto de su albacea Roberto Francisco Estudillo Esquivel, por EDICTOS haciéndole saber que podrá presentarse dentro de treinta días contados al siguiente de la última publicación, apercibido que de no hacerlo, las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por lista en los estrados de este juzgado en términos del artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo. En el entendido que se encuentran señaladas las diez horas con treinta y dos minutos del veinte de enero de dos mil veintiséis, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio; sin que ello impida que llegada la fecha constituya un impedimento para la publicación de los edictos, ya que este órgano jurisdiccional vigilará que no se deje en estado de indefensión a las personas terceras interesadas de referencia. Atentamente Tijuana, Baja California, 24 de diciembre de 2025. Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana Alejandra Parra Galván Rúbrica. (R.- 571971) 100 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Tercero de Distrito en el Estado Cancún, Q. Roo EDICTOS En los autos del juicio de amparo 601/2025-VI, promovido por INMOBILIARIA PUGA GARCÍA, S.A. DE C.V., por conducto de su apoderado legal Ramón Arturo Escobedo Ramírez, contra los actos que reclama del Titular del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial De Cancún, Quintana Roo y otras autoridades, consistentes en A) la cancelación de la inscripción realizada en el folio registral 55170 el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, que ampara su propiedad del bien inmueble ubicado en calle Valle de Bravo (ahora calle Tepatitlán) número de casa 27, lote 5, manzana 4, supermanzana 45 de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, B) La determinación de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada en autos del juicio especial hipotecario 2588/1999, en la que se tuvo por admitido el incidente de falta de legitimación en la ejecución, C) La notificación del proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada en autos del juicio especial hipotecario 2588/1999, efectuada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, D). La sentencia dictada el veinte de junio de dos mil dieciocho, en autos del toca civil 92/2018 derivado del juicio especial hipotecario 2588/1999, y todo lo ahí actuado y E) La notificación del proveído de ocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada en autos del juicio especial hipotecario 2588/1999, efectuada el diez de agosto de dos mil dieciocho. En cumplimiento a lo ordenado en proveído de trece de noviembre de dos mil veinticinco, se ordenó emplazar por esta vía a la tercera interesada Karla Abiud Valdovinos. Hágasele saber a la referida tercera interesada, que deberá presentarse ante este juzgado dentro del término de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de la última publicación de los presentes edictos, quedando a su disposición en la secretaría de este juzgado, copia del traslado de la demanda, apercibida que de no comparecer dentro del término señalado las ulteriores notificaciones del presente juicio, aun las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. Expidiéndose el presente edicto para su publicación por tres veces de siete en siete días y ser efectuadas en días hábiles; en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 239 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el artículo 27, Fracción III, Inciso c), segundo párrafo, de la Ley de Amparo. La publicación de los edictos deberá realizarse en el día séptimo después de cada publicación, (es decir procurando que entre cada divulgación hayan pasado seis días); y que las publicaciones citadas, sean en un día hábil. Por último, hágasele saber a dicha tercera interesada que la audiencia constitucional se encuentra fijada para tener verificativo a las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco. Atentamente Cancún, Quintana Roo, a 27 de noviembre de 2025. Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo Giulissa Guadalupe Echeverria Ojeda Rúbrica. (R.- 571643) AVISO Se comunica que las cuotas por derechos de publicación a partir del 1 de enero de 2026, son las siguientes: 1/8 de plana $ 2,843.00 2/8 de plana $ 5,686.00 3/8 de plana $ 8,529.00 4/8 de plana $ 11,372.00 6/8 de plana $ 17,058.00 1 plana $ 22,744.00 1 4/8 planas $ 34,116.00 2 planas $ 45,488.00 Los Recibos Bancarios de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales por concepto de publicación únicamente son vigentes durante el ejercicio fiscal en que fueron generados, por lo que no podrán presentarse comprobantes de pago realizados en 2025 o anteriores para solicitar la prestación de un servicio en 2026. Atentamente Diario Oficial de la Federación Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 101 Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan EDICTO: Para emplazar José Guadalupe Tinta Gálvez Juicio de amparo 640/2025 Amparo indirecto 640/2025, promovido por Teresa Hernández Rodríguez albacea de la Sucesión a bienes de Andrea Tinta Cumplido, actos reclamados: La omisión de reconocerle la personería con la que comparece al juicio 55/2011 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Segundo Partido Judicial en el Estado de Jalisco, audiencia constitucional: once horas con quince minutos del nueve de diciembre de dos mil veinticinco; deberá comparecer dentro de los treinta días hábiles, para que acudan a este Juzgado de Distrito, y, y se les corra traslado con la demanda de amparo a efecto de que defienda sus derechos, con el apercibimiento de que no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las personales se harán por lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Atentamente Zapopan, Jalisco, 24 de noviembre de 2025. La Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco Sabrina Dueñas Aguirre Rúbrica. (R.- 571852) AVISOS GENERALES Estados Unidos Mexicanos Querétaro, Querétaro Fiscalía General del Estado de Querétaro Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica NOTIFICACIÓN POR EDICTOS Con fundamento en los artículos 82 fracción III, 83, 229, 230, 231 y 232 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cumplimiento a lo resuelto por un Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro, en funciones de Juez del Control, mediante resolución del 22 de octubre de dos mil veinticinco; se notifica al propietario y/o interesado, que el vehículo Marca Tesla, tipo Cybertruk, color negro, modelo 2024, serie 7G2CEHED6RA005334, se encuentra asegurado como bien objeto material del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dentro del número único de causa CI/QRO/32109/2025, solicitado por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. El vehículo permanecerá en resguardo de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, con las medidas de seguridad y control pertinentes, quedando a disposición del propietario y/o interesado el registro de aseguramiento para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se le apercibe al propietario, interesado o su representante legal, que deberá abstenerse de ejercer actos de dominio sobre el bien asegurado y que de no manifestar lo que a su derecho convenga en un término de noventa días naturales siguientes a la notificación, el bien causará abandono a favor del Gobierno del Estado de Querétaro, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Querétaro, Querétaro, 01 de diciembre de 2025. Fiscal Acusador Especializado, encargado de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción Licenciado Roberto García Muñiz Rúbrica. (R.- 571972) 102 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 Estados Unidos Mexicanos Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana PUBLICACIÓN DE SANCIÓN El ocho de diciembre de dos mil veinticinco, en el expediente administrativo número DGSP/DELC/PAS/053/2025, que obra en los archivos de la Dirección General de Seguridad Privada, se impuso a la prestadora de servicios de seguridad privada SEGURIDAD PRIVADA Y TRASLADO DE VALORES ELITE, S.A. DE C.V., con número de Registro Federal Permanente DGSP/186-23/4894 y domicilio ubicado en PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 215, PISO 11, INTERIOR 1101, COLONIA PASEO DE LAS LOMAS, CÓDIGO POSTAL 01330, ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO, las siguientes sanciones: 1) AMONESTACIÓN con difusión pública en la página de internet de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, prevista en el artículo 42 fracción I de la Ley Federal de Seguridad Privada y 60 fracción I de su Reglamento, 2) MULTA tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) prevista en el artículo 42 fracción II de la misma Ley, vigentes en el año de la comisión de la infracción (2025) consistente en $113.14 (ciento trece pesos 14/100 M.N.) dando un total de $339,420.00 (trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.), de conformidad con lo establecido en la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización y el artículo 42 fracciones I y II de la Ley Federal de Seguridad Privada y 3) SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA AUTORIZACIÓN POR UN MES, prevista en el artículo 42 fracción III inciso a) de la Ley Federal de Seguridad Privada, la cual se llevará a cabo en el ESTABLECIMIENTO DONDE EL PRESTADOR DE SERVICIOS TIENE LOCALIZADO SU DOMICILIO MATRIZ Y SUCURSALES sito en: PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 215, PISO 11, INTERIOR 1101, COLONIA PASEO DE LAS LOMAS, CÓDIGO POSTAL 01330, ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO. Lo anterior; toda vez que omitió informar al encargado de la oficina matriz con el puesto de Directivo y omitió registrar el alta de la sucursal ubicada en 6A PONIENTE SUR 870, BARRIO SAN PASCUALITO, C.P. 29000, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, y al encargado de dicha sucursal, con el puesto de administrativo, sin embargo, subsanó ambos supuestos, posterior a la visita de verificación; omitió registrar el alta de un administrativo, sin embargo, subsanó posterior a la visita de verificación; omitió registrar el alta de una administrativa; y omitió registrar el alta de un operativo, en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública; omitió registrar la baja de 12 fornituras; omitió registrar el alta de 03 unidades de uniformes, y 01 modelo de uniforme, sin embargo, subsanó posterior a la visita de verificación lo correspondiente a dichos uniformes; omitió contar con una superficie de por lo menos un metro cuadrado que especifique como datos: nombre, razón social o denominación del Prestador de Servicios; logotipo o emblema del mismo; número o registro de autorización, revalidación o modificación para prestar sus servicios; domicilio, horario de atención al público y sus números telefónicos; la credencial laboral de una persona administrativa carecía de su firma y la firma del prestador de servicios o su representante legal; sin embargo, subsanó la omisión después de la visita de verificación; la credencial laboral de un operativo no contaba con su firma y los datos de la Cédula Única de Identificación Personal; además, dicho elemento no portaba en un lugar visible y durante la prestación del servicio su Cédula de Identificación Personal, y no vestía el uniforme registrado en la Dirección General de Seguridad Privada; sin embargo, subsanó la omisión después de la visita de verificación; omitió proporcionar los DC-3 en la modalidad III) SEGURIDAD PRIVADA EN EL TRASLADO DE BIENES O VALORES SUBMODALIDAD, B) VIGILANCIA y en materia de Derechos Humanos de 10 elementos operativos; omitió capacitar en la modalidad III) SEGURIDAD PRIVADA EN EL TRASLADO DE BIENES O VALORES SUBMODALIDAD, B) VIGILANCIA y en materia de Derechos Humanos a 03 elementos operativos; subsanando únicamente respecto a uno de ellos, la capacitación en Derechos Humanos; omitió presentar la solicitud de registro de dos agentes capacitadores (formato DC-5) quienes otorgaron capacitación al personal operativo, así como constancia de registro y acuse de recibo emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; por lo que incumple con los artículos 5 fracción IV; 12 fracciones IV, IX, X, XI y XII; 13; 25 fracción V; 28 fracción III y IV; 29; 32 fracciones III, IV, XVI y XXV; 33 fracción III de la Ley federal de Seguridad Privada y 19 fracciones III y VIII; 20 último párrafo; 23 fracciones IV, VI y XII; 27 fracción VII; 28 fracción IV; 30; 32; 33 fracción IV; 34; 41; 42 y 53 fracción II, del Reglamento de la Ley federal de Seguridad Privada. Así lo resolvió y firma el Director General de Seguridad Privada, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ciudad de México, a diecisiete de diciembre de 2025. Director General de Seguridad Privada Enrique Martínez Garza Rúbrica. (R.- 571970) Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 103 Estados Unidos Mexicanos Secretaría de Hacienda y Crédito Público Lotería Nacional ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL SEXTO TRANSITORIO DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LOTERÍA NACIONAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 18 DE ENERO DE 2022 El Consejo Directivo de Lotería Nacional con fundamento en los artículos 15 segundo párrafo y 58 fracción VIII de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y OCTAVO fracción II del “Decreto por el que se modifica la denominación del organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública y se reforma el Decreto por el que se crea el organismo descentralizado Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, publicado el 24 de febrero de 1978.” publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de marzo de 2020, así como los artículos 14 y 49 del Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, y CONSIDERANDO Que derivado del proceso de desincorporación, por fusión, de Lotería Nacional para la Asistencia Pública con Pronósticos para la Asistencia Pública, ahora Lotería Nacional, y con la emisión del Acuerdo por el que se expidió el Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2022, mismo que, en su artículo 3° establece las bases de organización y funcionamiento de Lotería Nacional, así como el ámbito de competencia, atribuciones y facultades del Consejo Directivo, Dirección General y de las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos; de Administración y Finanzas; de Ventas y Operaciones, y de Nuevos Negocios, Mercadotecnia y Publicidad, así como el registro y aprobación de la estructura orgánica de Lotería Nacional de fecha 1° de enero de 2025. Que durante el presente año se han realizado diversas gestiones administrativas ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con la finalidad de alinear los procesos y funciones de los servidores públicos con la estructura orgánica autorizada, ello en el marco del Programa de Redimensionamiento de la Administración Pública Federal y del propio proceso de fusión. Que dicha encomienda se encuentra en un estatus muy cercano a su conclusión, en virtud de requerir únicamente la validación oficial por parte de la Dependencia competente, tal situación justificó la aprobación del Consejo Directivo de Lotería Nacional para modificar el plazo de actualización de la normatividad de la Entidad a más tardar el día 31 de marzo de 2026, situación prevista en el Sexto Transitorio del Estatuto Orgánico de Lotería Nacional. Que a efecto de que Lotería Nacional pueda continuar con el cumplimiento de su objeto y fin dentro de un marco de legalidad que regule las actividades y procedimientos de los servidores públicos que auxilian para ello, mediante el Acuerdo Tercero de la Sesión Extraordinaria XIII de fecha 23 de diciembre de 2025, el Consejo Directivo de Lotería Nacional aprobó modificar el Sexto Transitorio del Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 18 de enero de 2022, razón por la que se emite el siguiente: ACUERDO por el que se aprueba la modificación del Sexto Transitorio del Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de enero de 2022, para quedar como sigue: “Estatuto Orgánico de Lotería Nacional” TRANSITORIOS “… SEXTO. Todas las áreas administrativas y sustantivas de la Entidad deberán actualizar la normatividad interna, en congruencia con el presente Estatuto, a más tardar el 31 de marzo de 2026. En este sentido la normatividad interna de Lotería Nacional y de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública seguirá vigente, en tanto concluyen los procesos administrativos relacionados con la estructura orgánica y la normatividad interna por parte de las autoridades competentes.” TRANSITORIO Único.- La presente modificación al Estatuto Orgánico de Lotería Nacional entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2025. Directora General de Lotería Nacional Mtra. Olivia Salomón Vibaldo Rúbrica. (R.- 571965) 104 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 Estados Unidos Mexicanos Secretaría de Hacienda y Crédito Público Lotería Nacional ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE SORTEOS TRADICIONALES DE LOTERÍA NACIONAL El Consejo Directivo de Lotería Nacional con fundamento en los artículos OCTAVO fracción II y NOVENO del Decreto por el que se modifica la denominación del organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública y se reforma el Decreto por el que se crea el organismo descentralizado Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, publicado el 24 de febrero de 1978, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2020, y 14 del Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, el Consejo Directivo aprobó el “REGLAMENTO DE SORTEOS TRADICIONALES DE LOTERÍA NACIONAL” y CONSIDERANDO Que, los sorteos tradicionales que actualmente celebra Lotería Nacional se llevan a cabo aún bajo la normativa denominada Bases Generales de Sorteos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día 08 de septiembre de 2011, y con motivo de la fusión por desincorporación de Lotería Nacional para la Asistencia Pública con Pronósticos para la Asistencia Pública, así como de la creación del organismo Público Descentralizado denominado Lotería Nacional, además de la expedición del Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de enero de 2022, se requiere la actualización de las disposiciones administrativas vinculadas con la celebración de los sorteos tradicionales. Que, Lotería Nacional de conformidad con lo previsto por el artículo SEXTO TRANSITORIO de su Estatuto Orgánico vigente, inició los trámites administrativos correspondientes para la adecuación de la normativa acorde a su objeto y fin, en particular, la preparación y celebración de los sorteos tradicionales; situación que motivó la elaboración de una propuesta en la que se consolide la normativa de Sorteos Tradicionales de Lotería Nacional en un solo instrumento jurídico que regule específicamente los procedimientos de operación de cada uno de los sorteos. En el Reglamento de Sorteos Tradicionales de Lotería Nacional se establecen los procedimientos, criterios y responsabilidades que deben observarse en la organización y su desarrollo, asegurando que todas las etapas se realicen conforme a la normatividad aplicable y bajo los principios de legalidad, imparcialidad, certeza y transparencia, permitiendo estandarizar los procesos operativos y administrativos, reduciendo riesgos, evitando discrecionalidad y fortaleciendo los mecanismos de control interno. Por las razones expuestas, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos OCTAVO fracción II y NOVENO del Decreto por el que se modifica la denominación del organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública y se reforma el Decreto por el que se crea el organismo descentralizado Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, publicado el 24 de febrero de 1978, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2020, y 14 del Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, el Consejo Directivo aprobó el presente “REGLAMENTO DE SORTEOS TRADICIONALES DE LOTERÍA NACIONAL”. En ese tenor, con fundamento en los artículos 27 y 28 fracción II del Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, se da cumplimiento a lo ordenado por el Consejo Directivo de Lotería Nacional y se emite el siguiente: ACUERDO por el que se expide el REGLAMENTO DE SORTEOS TRADICIONALES DE LOTERÍA NACIONAL CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las reglas específicas para la organización, preparación, celebración, supervisión y documentación de los sorteos tradicionales que realiza la Lotería Nacional, garantizando su desarrollo ordenado, transparente y conforme a la normativa vigente. Artículo 2. Para efectos de este Reglamento, en plural o singular, se entenderá por: a) Billete. El documento físico o electrónico al portador que sirve únicamente para identificar a su tenedor como participante en el sorteo señalado en el mismo, en caso de que sea electrónico su tenedor podrá obtener un comprobante de participación impreso. b) Bolas de números y premios. bolas de madera de maple americano, de 2.0 centímetros de diámetro con una tolerancia de +/- .03 milímetros y 1.935 centímetros de largo, con una perforación de .5 centímetros de diámetro al hilo de la madera, pasando de un lado al otro, con numeración y logotipo de Lotería Nacional, grabación a laser o a golpe, tinta negra para los números y premios y roja para los premios principales, con un peso de 3.0 gramos y tolerancia de +/- .8. c) Bolas de signos. Bola de madera con una circunferencia de 5.5 (cinco punto cinco) centímetros y un peso de 65 (sesenta y cinco) gramos +- (más menos) 5 (cinco) gramos, con una perforación en el centro, de diversos colores para diferenciar los signos del zodiaco. d) Calendario de Sorteos y Estructuras de Premios. Documento aprobado y autorizado por el Consejo Directivo que contiene el programa semestral que detalla, el nombre, número y tipo de sorteo, fecha de celebración, emisión, número de series, valor de la Fracción, importe del premio mayor por serie, Estructura de Premios y monto total de la emisión, así como otros elementos que se consideren necesarios. e) Caso fortuito. Acontecimiento natural, inevitable, previsible o imprevisible que impide en forma absoluta el cumplimiento de la obligación. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 105 f) Cilindro que contiene los Signos del Zodiaco. Instrumento cilíndrico de latón, con medidas específicas para contener los doce signos zodiacales. g) Consejo. El Consejo Directivo de Lotería Nacional. h) Constancia de participación. Archivo electrónico, en el que se plasman los datos de identificación de la participación del concursante de un concurso o sorteo determinado por Lotería Nacional. Este archivo electrónico es enviado al dispositivo electrónico que el concursante utilizó para participar. El concursante tendrá acceso para consulta e impresión de dicho archivo. Tanto el documento digital como la impresión de este, constituye un documento al portador comprendido en el artículo 6° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y no un título de crédito, ya que sirve únicamente para identificar a su tenedor. Dicho documento consigna un contrato de adhesión y solo tendrá efectos probatorios cuando se corrobore que los códigos de seguridad y las numeraciones contenidas en él sean legítimos. i) Decreto. DECRETO por el que se modifica la denominación del organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública y se reforma el Decreto por el que se crea el organismo descentralizado Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, publicado el 24 de febrero de 1978, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2020. j) Emisión. Es la cantidad total de billetes que Lotería Nacional genera para la distribución y venta del sorteo. k) Entidad. Lotería Nacional l) Estructura de Premios. Es la forma en que se detalla el reparto de premios y reintegros de cada sorteo, y que estará definida en el Calendario de Sorteos y Estructuras de Premios, autorizado por el Consejo. m) Fracción, vigésimo o cachito. Una de las 20 (veinte) partes que conforman una Serie y a su vez representa una de las 20 (veinte) partes de un premio. n) Fuerza mayor. El hecho del hombre previsible o imprevisible, pero inevitable que impide también en forma absoluta el cumplimiento de la obligación. o) Incidencia. Suceso o acción que se presente previo o durante la celebración del sorteo, que derive de un actuar de naturaleza humano, que afecte el desarrollo normal de las actividades, la cual se hará constar en el formato prestablecido para formar parte integral del acta respectiva. p) Premio. La retribución en efectivo o en especie que obtiene el ganador de un juego con apuesta, pronóstico o sorteo. q) Premio Directo. Se otorga de conformidad a la Estructura de Premios, con una cantidad específica determinada para cada Sorteo. r) Premio Mayor, Primer Premio o Premio Principal. Se utiliza indistintamente para referir el Premio de mayor importe ofrecido en cada Sorteo. s) Reintegro. Es el premio consistente en la restitución equivalente al importe del precio del Billete. t) Reparto de premios. Es la cantidad de premios y reintegros que se ofrecen en los diferentes tipos de sorteos de la entidad. u) Repartible. Es el valor total de premios y reintegros dividido entre el valor total de la emisión expresado en porcentaje. v) Serie. Es el número de veces que se repite un número, puede ser una, dos o más, según el tipo de sorteo y que puede o no fraccionarse en 20 (veinte) partes iguales. w) Sorteo. La actividad en la que los poseedores o titulares de un billete o boleto mediante la selección previa de un número, combinación de números o cualquier otro símbolo, obtienen el derecho a participar en un procedimiento previamente estipulado y aprobado por el Consejo Directivo, conforme al cual se determina al azar un número, combinación de números, símbolo o símbolos que generan uno o varios ganadores de un premio. x) Tipo de Sorteo. Denominación de los Sorteos con características de celebración y forma de participación propias en ellos. y) Válvula: Instrumento de latón utilizado para extraer una a una, las bolitas de las esferas ya sea de cazuela chica para contener una bola de números o premios o grande para contener una bola del signo. Artículo 3. Los sorteos se celebrarán en cualquiera de los inmuebles propiedad de la Entidad, sin perjuicio de realizarlos en alguna otra sede que determine Lotería Nacional dentro del Territorio de la República Mexicana, acorde a la programación, horario y desarrollo de los sorteos autorizados por el Consejo Directivo y a los procedimientos establecidos en el presente Reglamento. En caso de que la Entidad llegase a modificar el domicilio, lo hará del conocimiento del público, a través de su sitio web y/o en medios de comunicación masiva. La celebración de los sorteos será, preferentemente a partir de las 20:00 horas (Hora del Centro de México). Por caso fortuito o fuerza mayor se podrá posponer o suspender la celebración de los sorteos con la autorización de la persona titular de la Subdirección General de Ventas y Operaciones. Los Sorteos serán públicos y en su caso, se deberán respetar los protocolos establecidos en materia de protección civil y sanitarios vigentes. Artículo 4. Los sorteos serán celebrados en presencia de un presídium que estará integrado por las siguientes personas servidoras públicas: a) La persona titular de la Dirección General, o la persona servidora pública que para tal efecto designe. b) La persona titular de la Subdirección General de Ventas y Operaciones, o la persona servidora pública que para tal efecto designe. c) La persona titular de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, o la persona servidora pública que para tal efecto designe. 106 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 d) La persona titular del Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional, o la persona servidora pública que para tal efecto designe. En los sorteos se contará con la participación de una persona Inspectora designada por la Secretaría de Gobernación; si por caso fortuito o fuerza mayor no acudiera al evento, el sorteo tendrá verificativo y se levantará el acta acorde con lo previsto por el artículo 17 del presente Reglamento. Asimismo, podrán asistir a la celebración del sorteo, invitados especiales que se relacionen con el motivo del billete. Artículo 5. El Consejo Directivo será el encargado de autorizar el Calendario de Sorteos y Estructuras de Premios. Artículo 6. De forma enunciativa, los Sorteos tradicionales, se denominan en los siguientes tipos: a) Mayor; b) Superior; c) Especial; d) Magno; e) Sorteo Gordo de Lotería Nacional; f) Aniversario; g) Zodiaco, y h) Zodiaco Especial. Los demás que, a solicitud de la Dirección General o de la Subdirección General de Ventas y Operaciones, apruebe el Consejo Directivo, que se celebren con el mismo instrumental y procedimiento similar a lo descrito en el Artículo 10 del presente instrumento. Artículo 7. Lotería Nacional emitirá Billetes como títulos representativos de la participación de sus tenedores en el Sorteo que celebre, debiendo contener los siguientes datos: a) El nombre de Lotería Nacional; b) El número de identificación del Billete y en su caso los símbolos correspondientes; c) Número de Fracción; d) Contraseña de validación; e) Nombre, número y tipo de Sorteo al que pertenece; f) La fecha de celebración del Sorteo; g) El importe del Premio Principal por Sorteo; h) El importe de venta de la Fracción o del Billete; i) Serie a la que pertenece, en su caso; j) La Emisión de Billetes por Serie; k) El término de la caducidad para el cobro de los premios; l) La firma en facsímil de la persona que Presida el Consejo Directivo y de la persona titular de la Dirección General de Lotería Nacional; m) Extracto de la Estructura de Premios, y n) Los demás elementos digitales, electrónicos o similares de seguridad e identificación para legitimar la autenticidad del Billete. Para el caso de Billetes electrónicos del Sorteo, se emitirá una Constancia de participación, la cual incluirá por lo menos los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y k) del presente artículo; además deberá contener una leyenda que remita a los términos y condiciones de participación electrónica del Sorteo, disposiciones que se encontrarán publicadas en la página electrónica de Lotería Nacional. Artículo 8. En ningún caso las personas menores de edad podrán participar con la compra de billetes, o constancias de participación electrónicas, ganar ni cobrar un premio en los sorteos que celebre la Entidad. No podrán participar con la compra de billetes o constancias de participación electrónicas, ganar ni cobrar premios derivados de los sorteos tradicionales, las personas servidoras públicas trabajadoras de Lotería Nacional, que participen directamente en la organización y celebración de los eventos, así como en la producción, distribución y comercialización de los billetes, y en la colaboración directa e indirecta de los mismos, adscritas a cualquiera de las Subdirecciones Generales de la Entidad. Artículo 9. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada no se haya registrado la participación de Billetes electrónicos comercializados en el Sistema de Captación de Transacciones, el titular del Billete electrónico tendrá derecho a la devolución del importe efectivamente pagado. CAPÍTULO II DEL INSTRUMENTAL Y LOS PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LOS SORTEOS TRADICIONALES Artículo 10. El desarrollo de los Sorteos Tradicionales se llevará a cabo mediante el instrumental y procedimiento que a continuación se describen: 1. Instrumental A. Esfera de Números. Esfera conformada con varillas de latón, con estructura de hierro forjado y base de madera, que se acciona mecánicamente para girar sobre su eje, con capacidad máxima para 100,000 (cien mil) bolas de números o menos, con válvula de cazuela chica. B. Esfera de Premios. Esfera conformada con varillas de latón, con estructura de hierro forjado y base de madera, que se acciona manualmente para girar sobre su eje, con capacidad máxima para 5,000 (cinco mil) bolas, con válvula de cazuela chica que identifican los Premios Directos señalados en los puntos 1, 2, y 3 inciso a) del artículo 11 de este Reglamento. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 107 C. Esfera de Signos. Esfera conformada con varillas de latón, con estructura de hierro forjado y base de madera, que se acciona manualmente para girar sobre su eje, que contiene las Bolas de signos, con Válvula de cazuela grande. D. Ábaco de Números. Instrumento de latón con 10 varillas de acero inoxidable que puede contener hasta 500 bolas de madera. E. Ábaco Central. Instrumento de latón con 150 varillas de acero inoxidable con forma y dimensiones específicas para contener 750 bolas de números y 750 bolas de premios. F. Ábaco Central Zodiaco. Instrumento de latón con 132 varillas de acero inoxidable con forma y dimensiones específicas para contener 600 bolas de números, 600 bolas de premios y doce Bolas de signos. 2. Procedimiento Para asignar los premios señalados en los puntos 1, 2, y 3 inciso a) del artículo 11 del presente Reglamento, se extraerá en primer término una Bola de la esfera “A”, que corresponde al número de Billete en ella impreso, la bola que en simultánea extracción se haga de la esfera de “B” corresponderá al premio y así sucesivamente. La asignación de los Premios Directos a que se refiere el punto 3, del inciso b) del artículo 11 citado, se hará en segundo término, mediante la extracción sucesiva de las Bolas de la esfera “A”. Lotería Nacional podrá no incluir dentro de la Esfera de premios, las Bolas de premios que lleven impreso, en forma individual, cada uno de los Premios Directos señalados en el punto 3, inciso b) del artículo 11 citado. En este caso se hará el sorteo en dos etapas conforme a lo siguiente: La primera etapa estará compuesta por la asignación de los Premios señalados en los puntos 1, 2 y 3 inciso a) del artículo 11 citado. La segunda etapa se conformará por Premios Directos contemplados en el punto 3, inciso b) del artículo 11 citado. El resto de los premios, se determinarán en la forma que se precisa en el artículo 11 del presente Reglamento. Tratándose de los Sorteos Zodiaco y Zodiaco Especial se estará a lo siguiente: a) Los premios se asignarán, una vez que las Esferas se hagan girar en la forma que señalan los artículos 13 y 14, mediante la extracción de una Bola de la esfera “A” de signos. A cada signo le corresponderá la doceava parte de la cantidad de premios directos especificados en la estructura aprobada por el Consejo Directivo. b) Se extraerán las Bolas de la esfera “B” números y las Bolas de la esfera “C” de premios contemplados en el punto 1, 2 inciso a) y b) del artículo 11 del presente Reglamento, determinándose así, en cada caso, primero el número y luego el importe del premio que le corresponde a dicha combinación. c) Esta operación se repetirá hasta completar la totalidad de los 12 (doce) signos del zodíaco (o de acuerdo con la cantidad de signos que se especifiquen en la Estructura de Premios) con sus respectivos números y premios. Artículo 11. En cada Sorteo se hará un Reparto de premios y Reintegros por Serie, equivalente cuando menos al 50% (cincuenta por ciento) del valor de la Emisión de Billetes por Serie. Este Reparto de premios comprenderá: 1. Un Premio Mayor equivalente cuando menos a dos mil veces el importe de cada uno de los Billetes de que conste la Serie. 2. Podrá incluirse en el Reparto de premios un segundo y un tercer Premio Principal, equivalentes respectivamente a cuando menos mil y quinientas veces el importe de cada uno de los Billetes de que conste la Serie. 3. Premios Directos sin incluir los Premios Principales y cuyo número será determinado por Lotería Nacional, debiendo contener dichos premios en los Repartos de premios: a) Premios equivalentes cuando mucho a cuatrocientas y cuando menos a seis veces el importe de cada uno de los Billetes de que conste la Serie; estos premios podrán contener cantidades iguales o diferentes, y b) Premios equivalentes hasta cinco veces el importe de cada uno de los Billetes de que conste la Serie. Cada uno de estos premios deberá ser invariablemente por cantidades iguales. 4. Premios por terminación a los Billetes cuyos últimos cuatro, tres y dos dígitos resulten iguales al del que obtenga el Premio Mayor y, en su caso, aquéllos cuyos últimos cuatro dígitos sean iguales al del segundo premio. 5. Podrán incluirse también premios por aproximación a los números inmediatos anterior y posterior al Premio Mayor y, en su caso, a los del segundo y tercer Premio y a todos los números comprendidos dentro de la centena del Premio Mayor y, en su caso, a los del segundo y tercer, Premio. Cuando el número que obtenga cualesquiera de los Premios Principales termine en doble cero (00), los premios correspondientes a las 97 (noventa y siete) aproximaciones se repartirán entre los 97 (noventa y siete) números anteriores a la aproximación inmediata anterior de dichos premios. Cuando el número que obtenga cualquiera de los Premios Principales termine en cero uno (01), los premios correspondientes a las 97 (noventa y siete) aproximaciones se repartirán entre los 97 (noventa y siete) números que sigan al inmediato posterior de dichos premios. Cuando el número 1 (uno), o sea, el primero de la Emisión, obtenga un Premio Principal, la aproximación inmediata anterior corresponderá al último número de la Emisión. 108 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 Cuando el último número de la Emisión obtenga un Premio Principal, la aproximación inmediata posterior recaerá en el 1 (uno), o sea, el primer número de la Emisión. También podrán incluirse en el Reparto de premios, premios por aproximación a los números comprendidos en las dos centenas posteriores y anteriores a la centena en que se encuentre contenido el número de Billete que obtuvo el primer premio, segundo premio y, en su caso, tercer Premios Principales, observando para su aplicación las condiciones referidas dentro de este mismo apartado para el caso en el que los Premios Principales terminen en 00 (doble cero), en 01 (cero uno), o correspondan al número inicial o final de la Serie del Sorteo que se trate. 6. Reintegros para los números cuya última cifra sea igual a la última del primer, segundo y tercer premio, según el tipo de sorteo y con base a su estructura de premios. Tratándose del Reparto de premios y Reintegros de los Sorteos Zodiaco y Zodiaco Especial, se estará a lo siguiente: 1. Un Premio Mayor equivalente cuando menos a dos mil veces el importe de cada uno de los Billetes de que conste la Serie. 2. Premios Directos sin incluir los Premios Principales y cuyo número será determinado por Lotería Nacional, debiendo contener dichos premios en los Repartos de premios: a) Premios equivalentes cuando mucho a cuatrocientas y cuando menos a seis veces el importe de cada uno de los Billetes de que conste la Serie; estos premios podrán contener cantidades iguales o diferentes y b) Premios equivalentes hasta cinco veces el importe de cada uno de los Billetes de que conste la Serie. Cada uno de estos premios deberá ser invariablemente por cantidades iguales. 3. Podrán incluirse también premios por aproximación a los números inmediatos anterior y posterior al Premio Mayor. 4. Premios por aproximación a los cuatro últimos dígitos del Premio Mayor con cualquier signo del zodiaco excluyendo al del Premio Mayor y a los números anterior y posterior. 5. Premios por terminación a los cuatro últimos dígitos que sean iguales a las cuatro últimas del Premio Mayor, con cualquier signo. 6. Premios por terminación a los Billetes cuyos últimos tres dígitos resulten iguales a las del Premio Mayor de cualquier signo 7. Premios por terminación a los Billetes cuyos últimos dos dígitos resulten iguales a las del Premio Mayor de cualquier signo. 8. Reintegros para los números cuyo último digito sea igual al último del Premio Mayor, con cualquier signo. (excluyendo las cuatro, tres y dos cifras). 9. Reintegros para el signo igual al del Premio Mayor con cualquiera que sea el último digito. (excluyendo la premiada). Cuando el número 0000 (cero, cero, cero, cero), es decir, el primero de la Emisión, obtenga el Premio Mayor, la aproximación inmediata anterior corresponderá al número 9999 (nueve, nueve, nueve, nueve) y la inmediata posterior al número 0001 (cero, cero, cero, uno). Cuando el número 9999 (nueve, nueve, nueve, nueve), es decir, el último de la Emisión obtenga el Premio Mayor, la aproximación inmediata posterior será el número 0000 (cero, cero, cero, cero), o sea el primero de la Emisión. Cuando el número 0001 (cero, cero, cero, uno), obtenga el Premio Mayor, la aproximación inmediata anterior será el número 0000 (cero, cero, cero, cero), es decir el primero de la Emisión. En virtud del Reparto de premios, un Billete podrá obtener más de un premio, además de Reintegro. Artículo 12. El día señalado para la celebración de un Sorteo, estarán colocados en exhibición a partir de las 08:00 (ocho) horas, (hora del Centro de México) los Ábacos que contengan en secuencia las Bolas de números. Para el caso del sorteo zodiaco y zodiaco especial, El día señalado para la celebración de un Sorteo, se colocarán en exhibición cuando menos 2 (dos) horas antes del inicio del Sorteo los ábacos que contengan en secuencia las bolas de números, los ábacos que contengan las bolas de premios y el cilindro que contenga las bolas de signos. Cada Ábaco estará protegido con un candado que asegure las varillas que contengan las Bolas de números y las Bolas de premios. Para el caso del sorteo Zodiaco y Zodiaco Especial, el cilindro también estará protegido con un candado. Los Ábacos que contengan en secuencia las Bolas de números estarán amparados por una tarjeta de responsabilidad que señale el Sorteo a que se refiere, la fecha, Emisión, la numeración inicial y final de las Bolas de números, el número del Ábaco, el nombre de las personas servidoras públicas que llenó y revisó cada Ábaco, así como su adscripción y firma. Los Ábacos que contengan las Bolas de premios estarán amparados por el tarjetón de reparto de premios que señale el Sorteo a que se refiere, la fecha, Emisión, los Premios Directos, los nombres de las personas servidoras públicas que llenó y revisó cada Ábaco, así como su adscripción y firma. Una vez vaciados los Ábacos como se señala en el artículo siguiente, se retirarán las tarjetas de responsabilidad y el tarjetón de reparto de premios, documentales que serán acomodadas en orden progresivo por el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional, hasta completar la totalidad de las Tarjetas de Responsabilidad, que amparan la emisión del sorteo. Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 109 Artículo 13. Cuando menos 1 (una) hora antes del inicio del Sorteo, se dará un timbrazo, que indique el inicio del vaciado y se abrirán los Ábacos que contengan las Bolas de números y se procederá a su vaciado en la Esfera “A”, misma que se hará girar durante un tiempo mínimo de 30 (treinta) minutos para revolverlas. Tratándose de los Sorteos del Zodiaco y Zodiaco Especial, cuando menos media hora antes del inicio del Sorteo, se dará un timbrazo para proceder al vaciado de los Ábacos que contengan las Bolas de números, en la Esfera “B” de números y se procederá a girar durante un tiempo mínimo de 20 (veinte) minutos para revolverlas. Artículo 14. Cuando menos 15 (quince) minutos antes del inicio del Sorteo, se abrirán los Ábacos que contengan las Bolas de premios a repartir y se procederá a su vaciado en la Esfera de premios “B”, misma que se hará girar por un tiempo mínimo de 10 (diez) minutos, para revolverlas. Tratándose de los Sorteos Zodiaco o Zodiaco Especial, cuando menos 15 (quince) minutos antes del inicio del Sorteo, se abrirán los Ábacos que contengan las Bolas de premios a repartir y se procederá a su vaciado en la Esfera de premios “C”, misma que se hará girar por un tiempo mínimo de 10 (diez) minutos, para revolverlas y cuando menos 10 (diez) minutos antes del Sorteo, se procederá al vaciado del cilindro que contenga las Bolas de signos en la Esfera “A” de signos, y se procederá a girar dicha Esfera durante un tiempo mínimo de 5 (cinco) minutos, para revolverlas. Artículo 15. Concluidos los actos de preparación del Sorteo, se dará el timbrazo inicial del Sorteo, preferentemente, a partir de las 20:00 horas (hora del centro de México), retirando los candados que aseguran las válvulas de las esferas y se accionará en primer término, la Esfera de números “A” y, en segundo, la Esfera de premios “B”. Tratándose de los Sorteos Zodiaco o Zodiaco Especial, concluidos los actos de preparación del Sorteo, se dará el timbrazo inicial del Sorteo, preferentemente, a partir de las 20:00 horas (hora del centro de México), retirando los candados que aseguran las válvulas de las esferas y se accionará en primer término, la Esfera de signos “A”, en segundo término, la Esfera de números “B” y, en tercero, la Esfera de premios “C”. Un equipo compuesto por 10 (diez) o más “niños gritones”, se turnará en grupos de cinco o más durante el transcurso del Sorteo, para extraer simultáneamente de ambas esferas, las Bolas de números y las Bolas de premios. Tratándose de los Sorteos Zodiaco o Zodiaco Especial, para extraer de la Esfera de Signos, una Bola de signo y simultáneamente de las Esferas de número y de premios, las Bolas de números y las Bolas de premios. En el orden que sean extraídas las Bolas de números y las Bolas de premios de sus Esferas se colocarán como el azar determinó, en un Ábaco Central situado entre ambas Esferas de tal suerte que, las personas servidoras públicas designadas para tomar nota de los números ganadores y de los Premios Directos que les correspondan, puedan cerciorarse de que fueron debidamente cantados por los “niños gritones”. Tratándose de los Premios Principales, el número de Billete ganador se gritará 2 (dos) veces, se repetirán sus dígitos y el monto del premio, antes de su inserción en la varilla respectiva del Ábaco central. En los Sorteos Zodiaco o Zodiaco Especial, en el orden que sean extraídas las Bolas de signos, las Bolas de números y las Bolas de premios de sus esferas, se colocarán como el azar determinó, en un Ábaco Central situado entre las Esferas, de tal suerte que las personas servidoras públicas designadas que toman nota de los signos, números ganadores y los Premios Directos que les correspondan, puedan cerciorarse de que fueron debidamente cantados por los “niños gritones”. Tratándose de los Premios Principales, el número de Billete ganador se gritará 2 (dos) veces y se repetirá el signo, sus dígitos y el monto del premio, antes de su inserción en la varilla respectiva del Ábaco central. Asimismo, deberá colocarse en la sede, en donde se celebre el Sorteo, algún medio que permita comunicar a los presentes los Premios Principales y los Premios Directos de mayor monto a repartir, y en el que se anotarán los números ganadores en el orden en que sean cantados. Artículo 16. Al final de cada Sorteo se dará nuevamente un timbrazo para indicar su conclusión. Lotería Nacional a través de la persona servidora pública Titular de la Subdirección General de Ventas y Operaciones o la persona servidora pública en la que delegue, conforme al Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, la atribución de la responsabilidad de la celebración del sorteo resolverá cualquier incidencia que surja durante las actividades que conforma el proceso del vaciado de ábacos y durante la celebración del sorteo. El Sorteo podrá o no ser videograbado y transmitido en vivo por los medios de comunicación que Lotería Nacional designe. CAPÍTULO III DEL ACTA DE SORTEOS Y COTEJO DE PREMIOS Artículo 17. Al concluir el sorteo, la persona servidora pública Titular de la Subdirección General de Ventas y Operaciones o la persona servidora pública en la que delegue, conforme al Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, la atribución de la responsabilidad de la celebración del sorteo integrará y suscribirá las actas correspondientes al procedimiento de vaciado de ábacos y celebración del evento, y recabará la firma de las personas servidoras públicas previstas en el artículo 4 del presente Reglamento para su resguardo físico y digital conforme a los lineamientos institucionales de control documental. 110 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 El acta correspondiente al Procedimiento del Vaciado de Ábacos contendrá lo previsto en los Artículos 13 y 14 del presente Reglamento, y los hechos que afecten el procedimiento del vaciado de ábacos (casos fortuitos o de fuerza mayor que impliquen la suspensión o cancelación del procedimiento del vaciado de ábacos). El acta de Celebración del Sorteo contendrá los elementos de convicción recabados a lo largo del Sorteo (casos fortuitos o de fuerza mayor que impliquen la suspensión o cancelación del sorteo), en la que se harán constar los números de Billetes que obtuvieron los premios principales de conformidad con el artículo 15 párrafos sexto y octavo del presente Reglamento. Artículo 18. Al terminar el Sorteo se hará el cotejo de los números, premios y signos contenidos en el ábaco central y se publicarán en la lista oficial de premios de Lotería Nacional, la cual será publicada en la página electrónica www.loterianacional.gob.mx CAPÍTULO IV DEL PAGO DE PREMIOS Artículo 19. El pago de los premios y reintegros se hará únicamente contra la presentación y entrega física de Billetes y Constancias de Participación premiadas o con derecho a Reintegro, en su caso, una vez que se haya verificado la autenticidad de estos. El tenedor del Billete o Constancia de Participación premiados, con excepción de los ganadores de Reintegros, deberá presentar original de una identificación oficial vigente, debiendo ser exclusivamente credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial emitida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, o cartilla militar. Al hacerse el pago de los Billetes premiados se efectuará la retención de los impuestos correspondientes que establezca la legislación fiscal. A partir del siguiente día hábil a la fecha de celebración del sorteo correspondiente, Lotería Nacional procederá al pago de los premios. Cualquiera que sea el importe del premio podrán hacerlo efectivo en las oficinas de Lotería Nacional (sedes Insurgentes y Reforma) o en las instituciones bancarias que ésta señale y que se harán del conocimiento del público, a través de su sitio web y/o en medios de comunicación masiva. Artículo 20. La entrega de los premios sólo podrá suspenderse por orden expresa de la autoridad judicial o cuando lo determine Lotería Nacional por alguna causa justificada. No se cubrirá el importe de los premios cuando los datos consignados en el Billete o Constancia de Participación no coincidan íntegramente con los de sus registros, y/o carezcan de los datos a que se refiere el artículo 7 del presente Reglamento o, se encuentren mutilados, alterados o maltratados en forma tal que haga imposible la comprobación de su legalidad o autenticidad. Asimismo, no se pagará el premio a personas menores de edad, ni a las personas servidoras públicas que se indican en el artículo 8 de este Reglamento, en caso de que la Entidad llegase a comprobar dicho supuesto no realizará el pago del premio y cancelará el billete presentado a cobro. Artículo 21. El derecho para cobrar el premio o reintegro derivado de la participación de un sorteo a través de la compra de un billete o constancia de participación caducará en 60 (sesenta) días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Decreto. CAPÍTULO V DISPOSICIONES FINALES Artículo 22. Para todo aquello que no se encuentra contemplado en el presente Reglamento se aplicará en primer término lo previsto en el Decreto y, en su caso, la opinión de las personas servidoras públicas indicadas en los incisos a), b) y c) del artículo 4 del presente Reglamento para una resolución. TRANSITORIOS Primero. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se abroga el “Acuerdo por el que se dan a conocer las Bases Generales de Sorteos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 08 de septiembre de 2011.” Tercero. Los sorteos que se celebren previo a la entrada en vigor del presente Reglamento, les serán aplicables las Bases Generales de Sorteos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 08 de septiembre de 2011. Cuarto. Se dejan sin efectos los Reglamentos de Sorteos “Tradicional” y “Zodiaco o por Signos” presentados ante el Consejo Directivo en la Sesión Ordinaria 2 celebrada el 17 de junio de 2022. Quinto. Se derogan todas aquellas disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que sean contrarias a lo establecido en el presente Reglamento. El Consejo Directivo de Lotería Nacional aprobó el presente Reglamento de Sorteos Tradicionales de Lotería Nacional mediante Acuerdo Décimo, de la Sesión Ordinaria 4 del Consejo Directivo de Lotería Nacional, celebrada el día 12 de diciembre de 2025. Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2025. Directora General de Lotería Nacional Mtra. Olivia Salomón Vibaldo Rúbrica. (R.- 571966) Viernes 2 de enero de 2026 DIARIO OFICIAL 111 2 de Enero Aniversario de la muerte de Margarita Maza, en 1871 Margarita Eustaquia Maza Parada nació en la ciudad de Oaxaca el 28 de marzo de 1826. Sus padres adoptivos fueron Antonio Maza, de origen genovés, y la oaxaqueña Petra Parada, quienes, debido a su buena posición económica, le brindaron una educación esmerada, en la cual pudo aprender a leer, escribir, contar y coser. En 1843, a los 17 años, contrajo matrimonio con el licenciado Benito Juárez, quien estaba dedicado al servicio de su bufete de abogados, pero contaba con un largo historial laboral, juez de Primera Instancia en Materia Civil y de Hacienda. A partir de este suceso, comenzó una nueva etapa en su vida, marcada por altibajos y momentos decisivos. Por un lado, formó una familia y se convirtió en una fiel colaboradora, compartiendo las ideas liberales y republicanas de su esposo. Por otro lado, enfrentó las diversas desventuras de un país que luchaba por sobrevivir. Uno de los primeros retos que atravesó fue, en 1853, cuando Benito Juárez fue detenido y desterrado del país por orden de Antonio López de Santa Anna. En ese difícil momento, Margarita tuvo que cuidar y sostener económicamente a sus hijos. En ese año, Margarita también fue perseguida por José María Cobos, quien intentó apresarla al considerarla una amenaza política por su vínculo con Juárez. Ante este suceso, tuvo que abandonar Oaxaca con sus hijos para mantenerse oculta y a salvo. En esa travesía, recorrió varios kilómetros a pie y a lomos de mula, enfrentando el hambre, el cansancio y los peligros por terrenos desconocidos. Meses después, logró reencontrarse con Juárez a su regreso de Estados Unidos. Durante la Guerra de Reforma, Margarita se dedicó a comunicar y buscar apoyo para la causa republicana. Al estallar la guerra contra la intervención francesa, encabezó un comité en la Ciudad de México para conseguir y administrar suministros para los hospitales de sangre del Ejército de Oriente. Más tarde, durante el Segundo Imperio, a lado de sus hijos, acompañó a Benito por el norte hasta que, en 1864, buscó asilo en Estados Unidos. En aquel lugar, como esposa del presidente de la República mexicana, asistió a diferentes eventos públicos y diplomáticos en Washington D.C., por lo cual generó una opinión favorable a la causa republicana en México. Todo ello lo realizó pese a las dificultades económicas que tuvo que sortear ni dejar de aconsejar e infundir ánimo a su marido a través de sus correspondencias. Al triunfo de la República sobre el imperio, en 1867, Margarita regresó con sus hijos a México y asumió un papel destacado en la ayuda a los más necesitados, siendo elegida presidenta de la Junta de Beneficencia del Hospicio de Pobres. En 1868, gestionó suministros para el Hospital de Dementes de San Hipólito. Pero, tras varias recaías por su enfermedad y un dolor emocional crónico por las constantes pérdidas de sus hijos, falleció el 2 de enero de 1871 y fue sepultada en el panteón de San Fernando en la Ciudad de México. Día de luto y solemne para la Nación. La Bandera Nacional deberá izarse a media asta. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 112 DIARIO OFICIAL Viernes 2 de enero de 2026 Diario Oficial de la Federación Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Directorio Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos Claudia Sheinbaum Pardo Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez Subsecretario de Gobernación César Alejandro Yáñez Centeno Cabrera Titular de la Unidad de Gobierno Sergio Tonatiuh Ramírez Guevara Coordinador del Diario Oficial de la Federación Alejandro López González Cuotas por derecho de publicación: Oficinas ubicadas en: Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, demarcación territorial Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México. Tel. 55 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios. Página web: www.dof.gob.mx Esta edición consta de 112 páginas 1/8 de plana.................. $ 2,843.00 4/8 plana ...................... $ 11,372.00 1 plana ......................... $ 22,744.00